Un grupo de diputados opositores, encabezados por Romina del Plá, presentaron un proyecto de resolución para que la ministra de Seguridad dé explicaciones sobre los hechos ocurridos por las fuerzas federales.
El bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad presentó un proyecto de resolución, acompañado con la firma de otros diputados, solicitando la interpelación “inmediata” a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que dé explicaciones respecto de la “brutal represión” desatada los días 31 de enero y 1° de febrero por las fuerzas federales a su cargo “contra jubilados, asambleas populares, docentes y manifestantes, incluso hacia periodistas y sobre un conjunto de diputados que salieron del recinto a pedir que se frene la represión”.
Al respecto, la diputada nacional Romina Del Plá sostuvo que “Patricia Bullrich debe dar explicaciones de la represión brutal que ordenó frente al reclamo de miles que se manifestaban contra la Ley Ómnibus”.
“Presentamos el pedido de interpelación porque es un atropello a la libertad de expresión y a la libertad de protesta, que están amparados no solo por la Constitución Nacional, sino por tratados internacionales. La ministra considera que puede suprimir a palos el derecho del pueblo a manifestarse No se puede dejar pasar este atropello”, explicó sobre la iniciativa.
Asimismo, enfatizó: “Bullrich debe hacerse presente y dar explicaciones de lo desmesurado y demencial que fue el despliegue de cuatro fuerzas de seguridad que brutalmente reprimieron a los manifestantes que se encontraban de manera totalmente pacífica, debe explicar la represión a las y los jubilados, a las y los trabajadores de la prensa. Fue tan demencial el operativo represivo que el día viernes, ya con la ley ómnibus aprobada en general, reprimieron un festival de la cultura que se desarrollaba en la vereda y tiraron gas pimienta a los jubilados. Una vergüenza nacional”.
La iniciativa es acompañada por Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca, Christian Castillo, Carlos Daniel Castañeto, María Eugenia Alianiello y Eduardo Leandro Toniolli.
Por último, la diputada bonaerense señaló que “la movilización de estos días mostró que la ministra volvió a fracasar con su protocolo antipiqute. No pueden hacerla pasar la ley y el DNU, si no es reprimiendo a las y los trabajadores y encarcelando a dirigentes de organizaciones populares, como es el caso de los dirigentes mendocinos Víctor Da Vila y a Martín Rodríguez”.
“Desde el Partido Obrero en el FIT-U repudiamos la represión y todo intento de atropellos a los derechos conquistados, particularmente el derecho a la protesta y exigimos la libertad inmediata de todos los presos por manifestarse y la de nuestro compañero Martín Rodríguez”, expresó.
Proyecto de Resolución Pedido de informes a Bullrich.EXPTE N°5171-D-2023pdfEl organismo bonaerense monitoreó el despliegue y uso de la violencia por parte de las fuerzas durante las manifestaciones en torno al tratamiento de la ley Bases y busca impedir la reiteración de estos hechos.
Durante los tres días en que la Cámara de Diputados discutía la ley “Bases”, las fuerzas de seguridad federales y de CABA montaron en las inmediaciones del Congreso un verdadero operativo represivo que terminó con 23 detenciones arbitrarias, al menos 285 personas con lesiones producidas por los golpes con tonfas, disparos con postas de gomas y gases lanzados indiscriminadamente contra manifestantes; y al menos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos sufrieron agresiones policiales.
En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, junto al Comité Nacional de Prevención de la tortura y el Mecanismo de CABA, la Comisión Provincial por la Memoria monitoreó el despliegue y uso de la violencia por parte de las fuerzas y presentó un informe a la Cámara de Diputados reclamando que se tomen medidas para impedir la reiteración de estos hechos.
Asimismo, se solicita que las modificaciones que se proponen para el Código Penal, previstas para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa, no sean aprobadas toda vez que consolidarán legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social, y se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días un ejercicio arbitrario, abusivo y violento contrario a la ley y los pactos internacionales vigentes.
Frente a una ciudadanía que se manifestó de manera pacífica frente al Congreso, el gobierno nacional montó un desproporcionado e irracional operativo de seguridad para aplicar el protocolo antipiquetes, con el objeto de liberar las vías de circulación. Sin embargo, el registro de los hechos de represión demuestra, según se sostiene en el informe, que las fuerzas de seguridad actuaron por fuera de cualquier margen razonable, incluso atacando personas que estaban en las veredas o la plaza, y violando todas las recomendaciones de la normativa nacional e internacional en materia de protesta social.
La represión “brutal” desatada en estas tres jornadas y las declaraciones públicas de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, “dan cuenta de que las fuerzas de seguridad están siendo ordenadas para la consecución de fines políticos partidarios, a través de la puesta en marcha de dispositivos represivos que buscan cercenar la posibilidad de manifestarse y protestar ante las autoridades, un derecho que es garantía del funcionamiento democrático”, según se sostine.
El monitoreo del despliegue de las fuerzas durante esos tres días de manifestaciones frente al Congreso; es un dispositivo interinstitucional de control, enmarcado en la ley nacional 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura; relevó una gran cantidad de hechos de violencia contra manifestantes, ocasionados principalmente por el uso indiscriminado de gas pimienta u otros químicos, disparos de armas de fuego con postas de goma y golpes con palos, bastones o “tonfas”, por parte de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GN), Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la información de la posta sanitaria ubicada en la zona del Congreso, durante esos tres días al menos 285 personas sufrieron diferentes tipos de lesiones por la represión.
Durante el primer día de la manifestación, más de 150 personas fueron atendidas por los gases que generaron quemaduras químicas con un dolor severo y lesión de tipo urente. En ese sentido, se observó el empleo direccionado de manera intencional y a corta distancia contra el rostro, generando gran impacto en la vista y vías respiratorias.
En la movilización del 1° de febrero, la represión fue liderada particularmente por el Grupo de Motorizada de la Policía Federal que avanzó contra las y los manifestantes, incluso por encima de la vereda y la plaza, disparando con postas de goma de manera indiscriminada.
Durante esa jornada, desde la posta sanitaria informaron la atención de alrededor de 70 personas con heridas producidas por los impactos con postas de goma, muchas de estas encima de la cintura, incluyendo cuello y ojos, esto es, en zonas que está expresamente prohibido disparar por los protocolos de actuación de la fuerza pública y normativas nacionales e internacionales.
De todas ellas, 10 personas fueron indicadas como código amarillo por su gravedad.
También se atendieron personas por cuadros de afección respiratoria, quemaduras en la piel, traumas en clavícula, testículo, manos y varios esguinces.
A una persona un perdigón le perforó al lado de carótida, a otras les impactaron en oídos. Varias personas heridas por arriba de las tetillas. Un jubilado debió ser trasladado por el SAME a un hospital. También se relevaron casos de gas pimienta aplicados en la boca.
El 2 de febrero el dispositivo sanitario atendió 65 personas: 48 de ellas afectadas por gases químicos, 5 con broncoespasmos u obstrucción de vías respiratorias ocasionados por estos productos, 6 personas con cortes en la cara, frente o cabeza y otras 6 con traumatismos en tobillos y muñecas, todas lesiones producidas por golpes con tonfas o palos.
El informe de la CPM presentado a la Cámara de Diputados, también señala con preocupación el ataque, en el marco de la represión, a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.
Esta situación es particularmente grave y contraria a todas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que resalta el papel fundamental de los medios de comunicación en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en protestas sociales y el de los organismos de derechos humanos para la documentación y registro de la violencia estatal.
El caso más grave es el del abogado del CeProDH Matías Aufieri que recibió un disparo en el ojo y fue intervenido quirúrgicamente. Por otra parte, la directora general de la CPM Sandra Raggio recibió el impacto de seis postas de goma, el secretario ejecutivo de la CPM Roberto Cipriano García y el coordinador del área de seguridad y justicia Rodrigo Pomares fueron alcanzados por los gases y la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura Rocío Alconada Alfonsín recibió un puntapié de un policía motorizado. En estos casos, las cuatro personas fueron agredidas cuando estaban cumpliendo la tarea de monitoreo y lo hacían con la identificación correspondiente.
Por otra parte, durante el dispositivo represivo montado en estos tres días se produjeron aprehensiones policiales arbitrarias; todas ellas encuadradas en los tipos penales de atentado y resistencia a la autoridad, y en algunos casos se agregó el delito de lesiones.
De acuerdo a lo informado judicialmente fueron 14 las personas detenidas, sin embargo, la ministra de Seguridad de Nación y su par de CABA Waldo Wolff declararon públicamente que fueron 31 las detenciones.
En un hecho de enorme gravedad institucional, más de 48 horas después de los hechos las autoridades ejecutivas no respondieron sobre esta diferencia. O hay detenidos sin intervención judicial o hay poca rigurosidad en la construcción de la información que se difunde; en ambos casos resulta grave desde el punto de vista institucional.
“El extendido uso de las detenciones arbitrarias mediante el empleo de figuras penales como resistencia a la autoridad, que permite amplios márgenes de arbitrariedad a las fuerzas de seguridad en el contexto de una protesta, debe alertar a todo el sistema político porque constituye una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación y participación política, que solo pueden utilizarse de modo muy excepcional y está sujeto a un mayor nivel de escrutinio”, se manifiesta en el documento elevado.
Al mismo tiempo, se advierte que “de aprobarse el capítulo de la ley Bases que propone modificaciones en el Código Penal previstas para las figuras de atentado, resistencia a la autoridad y legítima defensa, se consolidarán legalmente restricciones severas al derecho a la protesta social y se darán atribuciones sin el debido control a fuerzas de seguridad que han demostrado en estos días –como se describe en el informe-, un ejercicio arbitrario, abusivo y violento, contrario a la ley y los pactos internacionales vigentes”.
Por último, el informe de la CPM también subraya que, en distintas instancias del despliegue policial, se identificó a personal policial de las distintas fuerzas federales y de la Ciudad portando sus armas de fuego reglamentarias con sus respectivos cargadores, “en otra clara y alarmante desobediencia de la normativa nacional y las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos”.
Al respecto, la CIDH expresó que “la ley debe disponer claramente las circunstancias que justifican el uso de la fuerza en el marco de las protestas, así como el nivel de fuerza aceptable para tratar con diversas amenazas. Particularmente, los Estados deben implementar mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones”.
“Justamente la prohibición de portar armas de fuego y munición de plomo por los funcionarios que entran en contacto con los manifestantes, se ha probado como la mejor medida de prevención de la violencia letal y la ocurrencia de muertes, razón por la cual ambas deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas sociales. A esto se suma que varios de estos agentes no portan con su gafete de identificación”, se agregó.
“Entendemos que atento a las graves violaciones a los derechos humanos constatadas y aquellas que puedan devenir del funcionamiento desproporcionado del operativo de seguridad implementado a los efectos del debate parlamentario de la ley Bases es preciso adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos hechos, teniendo en cuenta que se continuará con el tratamiento de la ley mencionada en los próximos días; todo ello considerando su afectación al Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país”, reclama finalmente la CPM en el informe presentado ante el presidente e integrantes de la Cámara de Diputados de Nación.
El diputado electo por La Libertad Avanza expresó que la palabra represión “ha sido muy mal usada y tiene poco prestigio”. Elogió a Victoria Villarruel y reivindicó la idea de “guerra” en los ’70.
El diputado nacional electo por La Libertad Avanza en la provincia de Tucumán, Ricardo Bussi, afirmó este miércoles que el nuevo gobierno -sea cual sea- no podrá comenzar si no es aplicando un ajuste y, en ese marco, habló de la posibilidad de que se usen las Fuerzas Armadas para “imponer orden”.
Para el líder de Fuerza Republicana, hay que “actuar rápido, (Mauricio) Macri fracasó por la lentitud de sus decisiones”. “Hay que recortar los gastos superfluos, innecesarios, eso no implica dejar gente en la calle, sino administrar con mucha responsabilidad”, sostuvo.
“Se viene difícil para todos, sea quién sea, en algún momento hay que pagar la fiesta”, expresó en declaraciones a Radio Delta y puso como ejemplo que el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, “mandó a retirar el Presupuesto de (su antecesor Juan) Manzur y vuelve a presentarlo con el 16% de recorte. Si eso lo hace un peronista, imagínate un liberal”.
Para el legislador, “es absolutamente necesario recortar el gasto público, a fin de que podamos bajar los impuestos y ser merecedores de inversiones privadas que multipliquen ofertas de trabajo”.
El dirigente aliado de Javier Milei admitió estar “seguro que va a haber problemas, porque la cuestión hoy pasa por el ajuste, si no tenemos ajuste no podemos ni empezar”. Y, al ser consultado sobre si habría represión frente a las protestas que traería el ajuste, respondió: “Sí, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y tiene que actuar en beneficio de la comunidad”.
“Espero que esto no se empiece a titular con que yo estoy por la represión. Pero el Estado es el que maneja las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas. Bueno, tendrá que utilizar esas herramientas para imponer orden”, manifestó el tucumano que ha hecho campaña con un spot a favor de la portación de armas.
Además, consideró que la palabra represión “ha sido muy mal usada y tiene poco prestigio”. “El Estado tiene que prevenir y reprimir, ¿sino para qué está el Estado?”, sumó.
Por otra parte, el hijo de Antonio Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad, elogió a Victoria Villarruel. “Es un cuadro político impresionante, estoy encantado en que ella sea la candidata a vicepresidenta”, resaltó.
Al afirmar que comparte la visión con ella sobre lo sucedido en la última dictadura, recordó que su padre “murió preso; estuvo siete años preso, vio cómo sus camaradas también morían presos, y esto sin nunca haber visto juzgar a la otra parte del problema. Nunca juzgaron a los que iniciaron este proceso tan violento”.
Al igual que lo hizo Milei en el debate previo a las elecciones generales, y que fue cuestionado por reproducir las palabras de Emilio Massera, Bussi opinó que “hubo excesos, por supuesto, y son absolutamente condenables” pero “en las guerras siempre hay excesos” y mencionó que está “estudiando el caso de la guerra Rusia y Ucrania”.
“No, de ninguna manera”, contestó cuando se le preguntó si no cree que hubo un plan sistemático de represión.
Por otra parte, en referencia a las críticas del espacio libertario a la figura de Raúl Alfonsín, el diputado electo indicó que “no” lo quieren “por la hiperinflación”. A pesar de que su fuerza promueve la dolarización, aseguró que “los libertarios somos muy cuidadosos de la moneda nacional y el gobierno de Alfonsín tuvo una hiperinflación espantosa. Lo que extraña es que el radicalismo no reconozca eso”.
Por Eduardo Valdés. El diputado nacional refuta los argumentos brindados por Javier Milei durante el debate presidencial.
Los cuestionamientos del candidato de LLA al número de víctimas del Terrorismo de Estado ya fueron desmentidos en 1978, en un informe del Archivo de Seguridad de Estados Unidos, realizado con datos obtenidos por sus espías en el marco del Plan Cóndor. Los numerosos casos ignorados en el documento. El rol de la prensa argentina.
Una nota del diario Clarín del 25 de marzo de 2006 titula: “Un informe de Estados Unidos asegura que hubo 22.000 desaparecidos” (https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/informe-eeuu-dice-22000-desaparecidos_0_BkJz8qrJ0Kx.html). El documento al que hace referencia el diario también refleja cómo el exjefe de la diplomacia norteamericana Henry Kissinger, durante la presidencia de Gerald Ford, alentaba a los militares argentinos a que “lo que tengan que hacer, háganlo rápido”, en una referencia directa a la represión.
La documentación afirma que la arenga de Kissinger sucedió 48 horas después del golpe de Estado, es decir el 26 de marzo de 1976.
Ese informe, al que refiere la nota, fue dado a conocer por Estados Unidos al cumplirse en la Argentina el 30° aniversario del golpe cívico-militar.
La misma información surge del diario La Nación en una nota fechada el 24 de marzo de 2006 y firmada por el periodista Hugo Alconada Mon, por entonces corresponsal del diario en Washington (https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitio-22000-crimenesnid791532/?gclid=EAIaIQobChMIq4OjjJrYgQMVAsaRCh2jYwKIEAAYASAAEgIlSfD_BwE).
El número de 22.000 desaparecidos, al que refiere el informe dado a conocer en Estados Unidos y que publican ambos diarios, corresponde al año 1978 y surge del Archivo de Seguridad Nacional que conserva la Georgetown University.
Ese informe, que salió a la luz recién en 2006, fue realizado a partir de información suministrada por integrantes del Batallón 601 del Ejército a agentes de inteligencia que operaban de incógnito en la Argentina como parte del Plan Cóndor.
Lo mismo ratifica el periodista norteamericano John Dinges en su libro “Los años del Cóndor”, obra que narra el operativo de coordinación represiva llevado adelante en distintos países durante aquellos años.
Sin embargo, además, existe otro documento del Departamento de Estado al que hace alusión Hugo Alconada Mon en su artículo de 2006. El mismo se adjudica al entonces consejero político de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Tex Harris, en donde al año 1979 elevó 13.500 denuncias sobre desaparición de personas en nuestro país al Departamento de Estado del gobierno de EEUU. Todos estos datos, sigue diciendo el diario La Nación según consigna el documento, surgen a días de la final de la Copa del Mundo de fútbol del año 1978.
Por entonces, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, envió a Buenos Aires al diplomático David Newsom, número tres del Departamento de Estado norteamericano, para comunicarle al dictador Jorge Rafael Videla que sólo levantaría las sanciones económicas si revelaba el destino de los desaparecidos, si se juzgaba o se liberaba a los detenidos sin proceso, y si invitaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a hacer una inspección en el país. La visita de la CIDH se concretó en 1979, tras la cual elaboró un duro informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina.
El informe de la CIDH fue un gran golpe a la imagen de la dictadura en el exterior en tanto visibilizó en todo el mundo aquello que los militares que habían ocupado de manera violenta e ilegal el poder se esforzaban en ocultar.
La acción de Jimmy Carter al frente de la Casa Blanca fue de suma trascendencia para detener el accionar de la dictadura argentina, y sin dudas contribuyó a que la cantidad de vidas que cobardemente destruyó el gobierno de facto no fuera mayor.
Este tema es, quizás, el más sensible a la unidad de la familia argentina.
Aporto estos datos que son de países y medios de comunicación que alinean el pensamiento de los votantes de La Libertad Avanza. No me interesa tener razón, sino contribuir a la verdad histórica con información oficial de países de indudable militancia “occidental y cristiana”, para que nadie me acuse de “ideologizar” el debate. Estos números reflejan lo sucedido en la Argentina a agosto de 1978 y, según se lee, corresponden a una sola de las fuerzas que actuaron en la represión: el Ejército. En esos 22.000 no se incluye lo sucedido en la órbita de la Armada ni en las dependencias de la Fuerza Aérea. Tampoco están los casos denunciados por los organismos de Derechos Humanos de nuestro país, que hablan de 30.000.
2.795 días tuvo la dictadura iniciada el 24 marzo del 1976 y finalizada el 10 de diciembre del 1983. Los datos de Estados Unidos y de los diarios La Nación y Clarín abarcan sólo los primeros 800 días de dictadura. Faltaban todavía 1.995 días para llegar a la asunción de Raúl Alfonsín. Tanto los 22.000 desaparecidos que reza Clarín a partir del informe del Archivo de Seguridad Nacional estadounidense como los otros números que aporta el periodista Alconada Mon en La Nación vinculados al Batallón 601 de inteligencia y al diplomático Ted Harris, difieren respecto al número de 8.753 desaparecidos que lanzó el candidato presidencial Javier Milei en el debate presidencial de Santiago del Estero, abarcando los siete años de dictadura.
Seguramente, y lo digo con humildad, es más factible en proporcionalidad y proyección que, en 2.795 días de dictadura, se haya llegado a la cifra de 30.000 que a lo que planteó el candidato de La Libertad Avanza.
Nos merecemos poner a disposición todos los números que tengamos para que Nunca Más haya, no ya 30.000 ni 8.000, sino ni un solo muerto ni desaparecido por sus ideas políticas, ya sea que piensen como Milei o que piensen como Valdés.
“Siento que he salido del infierno”, dijo Jorge Luis Borges al enterarse lo que había sucedido durante la dictadura militar, ante lo cual pidió que no quedara impune.
El Comité Nobel galardonó a un argentino con el Premio Nobel de la Paz por el calvario y la lucha de Adolfo Pérez Esquivel contra la dictadura en el año 1980, quien confesó que estuvo a punto de ser subido a los vuelos de la muerte, y la Unesco declaró recientemente a la Escuela de Mecánica de la Armada, actual Museo de la Memoria, como Patrimonio de la Humanidad como la muestra más cabal del terrorismo de Estado, al mismo nivel de crueldad de los que pasaron por los demás sitios que han sido declarados: Auschwitz, campo de concentración y exterminio creado por el régimen nazi; Hiroshima (bomba atómica); la isla de Goreé, en Senegal, donde capturaban a hombres y mujeres libres para convertirlos en esclavos; Robben Island, donde estuvo preso Nelson Mandela; el Puente del Barrio Viejo en Bosnia, y el Muelle de Valongo en Brasil, principal puerto de esclavos en América. Todos estos sitios, al igual que la exESMA, ya están bajo el resguardo de la Unesco.
Sueño con una Argentina unida en los temas esenciales que hacen a nuestra convivencia y, en ese sueño, incluyo a las nuevas manifestaciones de la política.
Felices los que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para hacerlos realidad.
*Enlace de nota en La Nación:
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitio-22000-crimenes-nid791532/?gclid=EAIaIQobChMIq4OjjJrYgQMVAsaRCh2jYwKIEAAYASAAEgIlSfD_BwE
*Enlace de nota en Clarín:
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/informe-eeuu-dice-22000-desaparecidos_0_BkJz8qrJ0Kx.html
El senador oficialista Sergio Leavy presentó un proyecto de declaración exhortando al gobernador de la provincia de Jujuy a convocar al diálogo y a respetar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse.
El senador nacional Sergio Leavy (FdT – Salta) presentó un proyecto de declaración para que la Cámara alta exprese “un enérgico repudio a los hechos de represión y violencia institucional sucedidos en la provincia de Jujuy durante el proceso de reforma de la Constitución Provincial y en el marco de los reclamos salariales de docentes y personal de la salud, que han derivado en un severo conflicto, afectando a toda la sociedad jujeña en su conjunto y especialmente a las comunidades originarias”.
En el texto del proyecto de Leavy, también se “exhorta al gobernador de la provincia de Jujuy a convocar al diálogo, a respetar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse, a expresar libremente sus opiniones y a peticionar ante las autoridades sin limitaciones irrazonables”.
En los fundamentos del texto legislativo, se indica que “la represión brutal llevada a cabo, así como la privación injusta de la libertad de los docentes y trabajadores, merece el repudio de todos los partidos políticos y de las fuerzas democráticas. Estas acciones buscan intimidar a los trabajadores y coartar su legítimo y elemental derecho a la protesta y peticionar ante las autoridades, un derecho que está salvaguardado por los principios básicos de nuestra organización constitucional”.
En el proyecto también se hace referencia a las recomendaciones del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno, no solo a la violencia frente a las manifestaciones de docentes, personal de salud y representantes de pueblos originarios, sino también a algunas de las disposiciones del texto de la reforma constitucional provincial aprobada.
Al respecto, el legislador salteño se expresó en el mismo sentido en sus redes sociales y también firmando el comunicado emitido por el Partido de la Victoria nacional, en donde señalan: “Con profunda preocupación vemos que, a 40 años de la recuperación de la Democracia, por primera vez una reforma constitucional promueve un texto profundamente regresivo en materia de Derechos Humanos”.
PD_REPUDIO_JUJUY-1Legisladores de esos sectores hablaron de “cacería” perpetrada en esa provincia, cargaron contra el gobernador y hablaron de violenta represión de la policía jujeña.
Los graves incidentes registrados en la provincia de Jujuy generaron una fuerte reacción en el oficialismo y la izquierda. En el Congreso de la Nación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, sostuvo este martes que “la represión debe ser repudiada siempre, pero sobre todo debe ser desterrada como práctica política. Estamos transitando los 40 años de democracia, nuestra Patria no merece esto”.
Desde Jujuy, el senador nacional del interbloque Unidad Federal Guillermo Snopek, que tiene una enemistad de vieja data con el gobernador Gerardo Morales, tuiteó: “DETENGAN ESTA CACERÍA. El gobierno tiene que cesar de manera urgente con la represión, derogar la ilegítima Constitución y llamar a un plebiscito para comenzar un proceso de diálogo político y social”. Y luego, dirigiéndose al mandatario lanzó: “Hacete cargo sinvergüenza. Sos el único responsable de reprimir a nuestro pueblo, de haber manipulado nuestra Constitución y de hambrear a Jujuy desde hace años”.
Presente en Jujuy, el diputado oficialista y líder del Bloque Piquetero Juan Marino denunció que “Morales está reprimiendo la masiva movilización a la legislatura. El pueblo jujeño sigue en pie de lucha contra la reforma inconstitucional de la Constitución provincial. ¡Abajo la represión! ¡Arriba el jujeñazo!”
La diputada Mónica Macha sostuvo que “Morales quiere destruir al pueblo jujeño. Reprime a las comunidades, saquea sus tierras y saca una constitución antidemocrática”, y alertó: “Jujuy es el laboratorio de lo que quiere el macrismo para el país”.
Por su parte, el senador provincial bonaerense Omar Plaini tuiteó: “Lo que pasa en #Jujuy es de una gravedad institucional extrema. Es imperiosa una respuesta inmediata del Gobierno Nacional y de la CGT. Gerardo Morales es un hombre que ejerce acciones dictatoriales en el marco de un país democrático. BASTA DE REPRESIÓN!!! #JujuyResiste”.
Desde la Legislatura porteña, la kirchnerista Victoria Montenegro expresó: “Represión y sangre, como lo hicieron en el 2001. Este es el concepto que Juntos por el Cambio tiene de la ‘Paz social’ y es lo que quieren hacer a lo largo y ancho del país. Morales es un ser nefasto, ya lo sabemos, pero los diputados que se dicen peronistas y lo acompañaron, son peores. Yo de Morales no espero nada, pero del peronismo espero más coherencia y acompañamiento al pueblo que lucha”.
Y añadió: “A 40 años de haber recuperado la democracia no podemos permitir que un feudo se crea con derecho a pisotear la Constitución nacional. Fuerza Jujuy!”.
También presente en Jujuy, el legislador porteño del Partido Obrero Gabriel Solano señaló: “lo de Gerardo Morales en Jujuy es una dictadura. Abajo ya la represión #MoralesDictador”.
Por su parte, la diputada nacional jujeña Leila Chaher afirmó que “es el mismo Gerardo Morales quien está provocando este estado de violencia en Jujuy. Acá una vecina muestra como es la propia policía y los infiltrados que rompen locales en la ciudad. Esto tiene que frenar YA!”.
“Ahora en #Jujuy con 22 cortes de ruta activos, un banderazo de docentes masivo, vallas, y represión. Así juró la Reforma de la Constitución (de la cual no sabemos finalmente cuál es su texto)
Gerardo Morales”, agregó Chaher en otro tuit, y remató: “Eso no es Democracia, es Totalitarismo”.
El senador oficialista señaló que “a 40 años de la Democracia, Salta se convierte en un paradigma antidemocrático aprobando una ley que coarta las manifestaciones”.
A raíz de la represión realizada en contra de docentes salteños, que se manifestaron en la provincia, el senador nacional Sergio Leavy (FdT) presentó un proyecto de declaración para que el Senado exprese un enérgico repudio al accionar del Gobierno y la Justicia de la provincia de Salta por ordenar dichos operativos, durante el 24 y 25 de mayo.
“Luego de un mes y medio de manifestaciones y paros de docentes y personal de la salud, en Salta, la semana pasada se produjeron violentas represiones hacia trabajadores y trabajadoras en el marco de los reclamos por recomposición salarial. Los manifestantes que reclamaban en la zona conocida como ex peaje de Aunor, vivieron momentos de angustia y tensión durante la mencionada represión, la cual tuvo como corolario 19 docentes detenidos, heridos y corridas sobre la ruta 9”, argumentó el salteño.
En los fundamentos del proyecto de Leavy se expresa “un absoluto rechazo y condena hacia la metodología abusiva y represiva empleada por el gobierno de la provincia de Salta, a través de los órganos que se encuentran bajo su directa o indirecta influencia, para reprimir las justas protestas sociales en pos de visibilizar y reclamar por legítimas demandas salariales del sector docente y de la salud pública de la provincia”.
Además, la iniciativa “exhorta al Gobernador de la provincia de Salta a respetar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse, expresar libremente sus opiniones y peticionar por sus derechos laborales”, en el marco del tratamiento de un proyecto de ley anti manifestaciones que se acaba de aprobar en el Senado provincial.
“A las puertas de la celebración de 40 años de la Democracia, Salta se está convirtiendo en un paradigma antidemocrático, autoritario y regresivo, siendo la única provincia en todo el país que aprobó en menos de una semana un proyecto de ley para coartar el derecho a manifestarse en el marco del ejercicio de los derechos laborales y sociales”, expresó el oficialista.
A través de su partido, el influyente diputado del oficialismo expresó su reprobación por el proceder de las autoridades con una comunidad mapuche.
“El camino es el diálogo: no a la estigmatización ni a la violencia”, expresó este sábado el Partido Solidario que preside el diputado nacional Carlos Heller, al analizar lo sucedido esta semana en Villa Mascardi, donde el Gobierno nacional intervino a través de sus fuerzas de seguridad para desalojar a una comunidad mapuche de tierras usurpadas.
Para el PSol, “la defensa irrestricta de los Derechos Humanos es una tradición social y política que nos constituye. Es parte irrenunciable de nuestra identidad”.
Por eso, señala el partido de Heller a través de un comunicado, “la represión a los pueblos originarios en Villa Mascardi, en Río Negro, es un hecho que reprobamos y que no se debiera naturalizar”.
“Impulsamos el rápido esclarecimiento de las situaciones donde hubo vulneración de los derechos de niños y mujeres”, expresa el PSOL, que proclama de manera enfática: “No a los desalojos violentos promovidos por sectores económicos especulativos”.
Asimismo consideran “imprescindible generar canales institucionales de diálogo donde estén representados los gobiernos nacionales y provinciales junto a representantes de los pueblos originarios, entre otros actores involucrados en el conflicto”.
El comunicado, que también lleva la firma de Juan Carlos Junio, secretario general del PSol, concluye expresando que “el camino no es el de la estigmatización, la violencia y la marginación. El camino es el diálogo y los acuerdos”.
Tras los episodios trágicos del jueves en las adyacencias de la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, la exgobernadora responsabilizó a las principales autoridades políticas de la seguridad bonaerense.
“No es la policía. Es la gestión de Kicillof y Berni”, tituló la diputada María Eugenia Vidal el comunicado a través del cual se refirió a los graves sucesos ocurridos en cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata este jueves por la noche.
“Las políticas de seguridad requieren planificación y control, no improvisación”, expresó la diputada de Juntos por el Cambio, que expresó además su acompañamiento a la familia de César Regueiro, la víctima fatal del jueves, como así también a todas las víctimas delos disturbios de esa noche.
Tras señalar que le duele “ver cómo el delito y la violencia se adueñan de la Provincia después de tanto trabajo que hicimos para recuperar la ley y el orden”, Vidal recordó que “cuando llegamos a la Provincia, hacía 5 años que no se jugaban partidos con público visitante por la pésima gestión en materia de seguridad de (Daniel) Scioli. Una provincia cómplice que miraba para otro lado”.
“Durante nuestra gestión, con Cristian Ritondo, trabajamos desde el primer día por una Provincia más segura, sin impunidad y donde los que hacían las cosas mal las pagaban. Donde dimos la pelea contra los narcos, las mafias, y se cuidó a los buenos policías”, expresó la diputada del Pro.
Agregó Vidal que durante su gestión se jugaron más de 550 partidos con público visitante, sin ninguna víctima, “sacando a los barrabravas y la droga de las canchas y logrando que la familia vuelva a disfrutar del fútbol”.
Agregó que “se prohibió el acceso a más de 3.500 barras y se aprehendieron por contravenciones en estadios a 10.317 personas. Además, más de 100 líderes de barras fueron detenidos. Entre ellos Bebote Alvarez de Independiente por asociación ilícita, hoy libre, y Víctor Rodríguez por entraderas”.
El comunicado de Vidal concluye contabilizando que “esta gestión ya lleva 4 muertos por violencia en el fútbol. Después de haber gobernado la Provincia y haber bajado un 36% los homicidios yun 50% los secuestros extorsivos, puedo decirles que no es la policía. Es la gestión de Kicillof y Berni, que cada día nos duele más”.
Los gravísimos incidentes registrados en la capital bonaerense este jueves provocaron también el repudio de legisladores del Frente de Todos.
Oriunda de La Plata, la diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz fue una de las que cuestionó el accionar policial este jueves en adyacencias del estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Repudio la brutal represión que llevó adelante la policía bonaerense contra hinchas, jugadores, periodistas y chicos/as en nuestra ciudad de La Plata. Las fuerzas de seguridad están para garantizar el orden y la seguridad de la gente, NO para lastimar y matar a nuestro pueblo !!!”, tuiteó la legisladora oficialista.
También bonaerense, pero senadora nacional, Juliana Di Tullio no anduvo con vueltas: “¿Qué les pasa? Repudio total por la salvaje represión de la policía. ¿Cuál? Todas. Pero la que más me duele, angustia y lascera, es la represión de la policía bonaerense porque es la que tiene que cuidar a las familias bonaerenses; no lastimarlas con las armas que el Estado les da”, tuiteó la presidenta del bloque Unidad Ciudadana del Senado.
“La represión policial se condena siempre”, expresó por su parte la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau.
A su vez, la diputada nacional Natalia Zaracho cuestionó con dureza: “La policía bonaerense que responde a Sergio Berni reprimió anoche. En el operativo 1 persona murió y hay varios heridos. Esto no puede seguir pasando, ni en la cancha ni en los barrios. La represión nunca es el camino. Menos en nuestro espacio político”.
Y cerró: “No lo podemos tolerar más”.
Por su parte, el diputado Itai Hagman comentó: “Las imágenes de la represión de ayer nos llenaron de bronca y dolor. El desastroso operativo que dejó un muerto y heridos tiene responsables que deben dar explicaciones o dar un paso al costado. La represión no es el camino ni ahora ni nunca”.
“Reyes de la hipocresía y la inseguridad”, es una de las definiciones que legisladores le endosaron a las autoridades bonaerenses del oficialismo por los trágicos sucesos.
Diputados nacionales de todos los sectores de la oposición pidieron que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, den explicaciones por los incidentes en el partido de Gimnasia-Boca en la ciudad de La Plata que terminó con una persona fallecida y varios heridos.
El titular de la bancada radical de Diputados, Mario Negri, se preguntó: “¿Se imaginan si la represión trágica en la cancha de Gimnasia pasara en un gobierno de JxC? El kirchnerismo marcharía para pedir renuncias de las máximas autoridades. Kicillof sólo apartó al jefe del operativo y Berni se lavó las manos. Reyes de la hipocresía y de la inseguridad”.
Su par radical Karina Banfi se solidarizó con las víctimas y expresó: “Es inaudito lo qué pasó. Otra vez la fuerzas policiales a cargo de Sergio Berni. La policía no está autonomizada, falló la conducción y falló la decisión política. Berni y Kicillof deben responder”.
Por su parte Ricardo Buryaile aseguró: “Fue una improvisación total, lamentablemente es a lo que nos tienen acostumbrado. Menos mal que los gobiernos peronistas no reprimen. Convirtieron una fiesta en una tragedia”.
A su vez, el radical Sebastián Salvador dijo que “hechos de violencia institucional ocurridos en La Plata, capital de nuestra provincia, deja en claro una vez más la pésima gestión del Gobernador. Por las víctimas y todos los bonaerenses, exigimos que Kicillof y Berni se hagan cargo y actúen en consecuencia”.
Platense, la diputada de Avanza Libertad Carolina Piparo tuiteó:
“Cómo es que el partido Gimnasia-Boca termina en semejante represión?! Lamento que tantos hayan resultado gravemente heridos, que los hinchas hayan sufrido y temido, y que al menos una persona haya perdido la vida”, y reclamó: “Urgente explicaciones de los responsables de esta salvajada!”.
El jefe de ese espacio, José Luis Espert, optó por la ironía, dirigiéndose al secretario de Derechos Humanos: “Cuando yo digo ‘cárcel o bala’ para los delincuentes, salís a denunciarme. Supongo que ahora harás lo mismo con Rambito Berni y Kicibonsai que le metieron bala, palos y gases a la gente que iba a ver un partido de futbol”.
El diputado nacional Gerardo Milman recordó sus cuatro años de gestión como secretario de Seguridad Interior de la Nación y aseguró que durante ese tiempo “no tuvimos un solo muerto” en las canchas. “Llevamos adelante el programa Tribunas Seguras e impedimos que los barrabravas ingresen a los estadios, tanto del país como del exterior”, explicó. “Además, fuimos condecorados como el mejor equipo de seguridad en el Mundial de Rusia por identificar a los violentos que intentaban formar parte de los partidos”.
“Hemos llevado adelante una política que la Justicia encontró como sólida y provocó que se dejen de dar amparos para que los líderes de las barras dejen de entrar a los estadios”, agregó Milman, y concluyó: “Todo eso rompieron. Háganse cargo”, sentenció refiriéndose al actual Gobierno nacional”.
El precandidato a gobernador bonarense Diego Santilli dijo que “el peso de la ley tiene que caer sobre todos los responsables de este desastre. Otra vez, la pésima organización y la inoperancia del gobierno bonaerense queda al descubierto. Mis condolencias a los familiares y seres queridos de César Regueiro”.
El jefe del bloque Pro de la Cámara baja y también precandidato a gobernador, Cristian Ritondo, señaló a su vez: “La realización de espectáculos masivos requiere liderazgo, planificación y profesionalismo. En su lugar, cuando reina el caos y la única ley es la del más fuerte, perdemos todos”.
“Hoy es un día de luto para toda la sociedad, más allá del mundo del fútbol. Que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de esta noche de terror. Mi más sentido pésame a los afectos de Lolo Regueiro”, agregó Ritondo.
Desde la izquierda, Nicolas del Caño reclamó la salida del ministro de Seguridad: “Un muerto y decenas de heridos. Berni llamó refriega a la brutal represión en La Plata y dijo que la persona que falleció saliendo del estadio murió porque tenía problemas cardíacos. Indignante. Fuera Berni”.
Por su parte, el diputado porteño del Partido Obrero Gabriel Solano le apuntó a la agrupación oficialista La Cámpora, que condenó los hechos: “Le digo a los dirigentes de @la_campora: si no planteas que se vaya Berni estás encubriendo. Si repudiás la represión tenés que pedir echar al represor.
Myriam Bregman tuiteó: “Un hincha de Gimnasia muerto y decenas de heridos. Fueron a ver al Lobo y la Bonaerense descargó sobre ellos su saña criminal. No son incidentes, es represión”; en tanto que Romina Del Plá expresó: “Descripción implacable de la actuación policial. La bonaerense depende de #FueraBerni y @Kicillofok. La represión sin grietas”.
