La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presidida por la bonaerense Gladys González (Pro-JxC), dio dictamen favorable este miércoles a un proyecto de ley -con media sanción de Diputados-  que busca actualizar las multas y sanciones por el desecho de residuos peligrosos.

La iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo, propone la modificación del artículo 49 de la Ley 24.051. El principal cambio tiene que ver con los montos de las multas ya que actualmente la ley habla de “australes convertibles”.

La media sanción, aprobada en noviembre de 2022, establece Unidades Fijas, para las cuales se tomará como referencia el valor de la unidad retributiva del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

De esta manera, las multas irán de las 900 a 900.000 UF, lo que significa 305.892 pesos a 305.892.000 millones de pesos, de acuerdo a la actualización del 1ro. de septiembre de 2023.

Además, se dispone que la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

Asimismo, indica que las sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora.

Por otra parte, se dio despacho a un proyecto -también con media sanción- que modifica el nombre del Parque Nacional Traslasierra por Parque Nacional Pinas. González recordó que ese era el nombre que llevaba la estancia que se cedió para crear el parque. “La verdadera voluntad popular era que se llame como originalmente se llamaba a la zona”, dijo. 

En tanto, se dictaminó a favor de una iniciativa para declarar monumento natural a la especie águila harpía, pero volverá a la Cámara baja. La presidenta de la comisión reveló que el autor del proyecto, el diputado Diego Sartori, ya está al tanto y explicó: “Se refiere, tanto en su plan de protección como en sus sanciones, a la Ley de Fauna y eso es erróneo, porque para los monumentos hay que referirlo a la Ley de Parques Nacionales”. 

Dentro del temario se avanzó con más propuestas -de senadores- para declarar monumentos naturales: al tapir, impulsado por el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT); al gato andino, presentado por la neuquina Lucila Crexell (CF-JxC); al ciervo pampeano, promovido por la pampeana Victoria Huala (Pro-JxC); y a la chinchilla de cola corta, impulsada por el salteño Sergio Leavy (UC-FdT).

El otro proyecto que pasó a la firma fue uno que busca declarar “Capital Nacional Austral de Aves Playeras Migratorias” a la ciudad de Río Gallegos. Su autora, la santacruceña María Belén Tapia (UCR-JxC), mencionó que “año tras año desde Alaska emigran las aves hasta Río Gallegos, donde encuentran alimento” y resaltó que esta declaración servirá para “promover el ecoturismo”. Asimismo, advirtió que en los proyectos que hay relacionados a la producción de hidrógeno verde y montar parques eólicos, “esto sería un peligro para las aves migratorias”.

Luego que el secretario de la comisión leyera una batería de proyectos de comunicación y declaración, la chubutense Edith Terenzi (CF-JxC) agradeció que se incluya el proyecto para declarar “la emergencia costera en el ejido de Rawson, la capital de Chubut” donde “ha habido marejadas muy grandes y hay un proceso de erosión de las costas que está poniendo en peligro infraestructura de los balnearios” y también de algunas viviendas. Con esto se busca “desburocratizar y hacer más rápida la búsqueda de soluciones” porque se trata de “una cuestión muy seria, el mar está avanzando”. 

Durante la reunión, los senadores pusieron sobre la mesa la intención de abordar proyectos sobre la promoción de empresas de triple impacto, la prohibición de basurales a cielo abierto y un proyecto sobre evaluación ambiental enviado por el Poder Ejecutivo. 

Reclamo para que se debata la creación del área protegida marina “Agujero Azul”

En el encuentro, el vicepresidente de la comisión, el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT), expresó que hay un pedido de ser escuchadas por parte de organizaciones interesadas en la creación del área marina protegida “Agujero Azul”, iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara baja desde julio de 2022.

El oficialista pidió entonces “que vengan y expongan todos los que están interesados en el tema”, dentro de los que hay funcionarios de distintos ministerios. “Todos los que necesitamos que vengan y nos nutran con la información adecuada”, insistió y señaló que “no podemos dejar de tratarlo, en noviembre va a perder estado parlamentario”. 

González admitió que el tema “tiene su complejidad respecto de los actores que deben dar opinión fundada de la viabilidad o no del área” ya que “debemos invitar a diferentes funcionarios”. También indicó que tiene giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo cual se acordó programar un plenario para la reunión informativa. “Es verdad que está por perder estado parlamentario y por eso tenemos una responsabilidad mayor que en otras leyes”, cerró la legisladora. 

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presidida por Gladys González (Pro-JxC), se reunirá este miércoles desde las 11. El temario incluye un proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre pasado y tiene que ver con actualizar las multas y sanciones por el desecho de residuos peligrosos.

La iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo, propone la modificación del artículo 49 de la Ley 24.051. El principal cambio tiene que ver con los montos de las multas ya que actualmente la ley habla de “australes convertibles”.

La media sanción establece Unidades Fijas, para las cuales se tomará como referencia el valor de la unidad retributiva del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

De esta manera, las multas irán de las 900 a 900.000 UF, lo que significa 305.892 pesos a 305.892.000 millones de pesos, de acuerdo a la actualización del 1ro. de septiembre de 2023.

Además, se dispone que la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

Asimismo, indica que las sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora.

Por otra parte, se tratarán otros dos proyectos con media sanción de Diputados: uno que modifica el nombre del Parque Nacional Traslasierra por Parque Nacional Pinas; y otro para declarar monumento natural a la especie águila harpía.

Pero además se debatirán más propuestas -de senadores- para declarar monumentos naturales: al tapir, impulsado por el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT); al gato andino, presentado por la neuquina Lucila Crexell (CF-JxC); al ciervo pampeano, promovido por la pampeana Victoria Huala (Pro-JxC); y a la chinchilla de cola corta, impulsada por el salteño Sergio Leavy (UC-FdT).

El otro proyecto que completa el temario es uno presentado por la santacruceña María Belén Tapia (UCR-JxC), que propone declarar “Capital Nacional Austral de Aves Playeras Migratorias” a la ciudad de Río Gallegos.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves con 207 votos afirmativos y 2 negativos -de los liberales Javier Milei y Victoria Villarroel-, un proyecto que modifica la Ley 24.051, de modo de establecer una actualización sobre las multas que se aplican para quienes desechan residuos peligrosos.

El proyecto, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, propone la modificación del artículo 49 de la Ley 24.051, sobre las multas y sanciones que se aplican a los infractores de la norma.

El principal cambio tiene que ver con los montos de las multas ya que actualmente la ley habla de “australes convertibles”.

Se establecen Unidades Fijas, para las cuales se toma como referencia el valor de la unidad retributiva del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

De esta manera, las multas irán de las 900 a 900.000 UF, lo que significa 115.623 pesos a 115.623.000 millones de pesos, de acuerdo a la actualización del pasado 30 de septiembre.

Además, se dispone que la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

Asimismo, indica que las sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el oficialista Leonardo Grosso, retomó este miércoles el debate del proyecto sobre reciclaje de neumáticos fuera de uso y el proyecto de ley que modifica el artículo 49 de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, sobre actualización del valor de los montos de las sanciones. Ambos pasaron a la firma y será el turno de la Comisión de Industria de darle tratamiento.

La iniciativa sobre neumáticos fuera de uso, que cuenta con media sanción del Senado, había sido tratado en el marco de un plenario junto con la Comisión de Justicia el pasado 16 de noviembre de 2021, pero perdió estado parlamentario.

En esa ocasión, al igual que en esta reunión, estuvo de invitada la jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, Candela Nassi, quien sostuvo que “es un proyecto sumamente importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social”.

“Tenemos un tema de mucho consenso, con dos proyectos de ley que habíamos trabajado en la comisión el año pasado y que perdieron estado parlamentario”, comentó Grosso

En su exposición, Nassi destacó la importancia de “estar tratando estos proyectos que son muy esperados”. “En nuestra gestión y en el país lo que tiene que ver con los residuos de los neumáticos tiene una cuenta pendiente en lo que tiene que ver con el desarrollo de normativa”, precisó y recordó que en el 2013 la Secretaría de Control “había trabajado en una resolución que fue sancionada relativa a neumáticos que, justamente, analiza muchos de los aspectos que este proyecto trae porque tiene una jerarquía de opciones en lo que tiene que ver con la gestión”.

“Introduce responsabilidad post consumo como uno de los lineamientos fundamentales en lo que tiene que ver con la gestión de los neumáticos. Establece definiciones, objetivos y determina una suerte de sistema de gestión que resulta deseable para esta corriente de residuos”, explicó.

Además, señaló que “la propuesta está en sintonía con un proyecto que hoy es Ley que es la 27.279 para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, una ley que cuenta con 5 años que está reglamentada y que estamos implementando en el país. Establece una responsabilidad extendida del productor, es decir, que los fabricantes e importadores de envases o de productos fitosanitarios, responden no solo por la gestión sino por el financiamiento de los productos que ponen en el mercado de todo su ciclo de vida y sobre todo en la etapa de post consumo”.

“Este proyecto en materia de neumáticos va en sintonía con esta definición para la gestión de esta corriente, en donde el productor es el principal responsable, pero a su vez también introduce la responsabilidad de otros actores que son claves en la cadena como el generador o el usuario, consumidor de estos neumáticos y también el distribuidor o comercializador”, remarcó Nassi y sumó: “Son claves porque cuando hablamos de responsabilidad extendida no podemos dejar de señalar la importancia de lo que sería compartir esta responsabilidad con el resto de los eslabones de la cadena porque si el consumidor o usuario no devuelve el neumático difícilmente podamos implementar lo que tiene que ver con todo un sistema de gestión”.

En tanto, expresó el agrado de que “se haya incorporado la responsabilidad de estos sujetos”, pero cuestionó que “la ley deja muchas cuestiones abiertas en lo que tiene que ver con una reglamentación futura. Hablamos de un sistema de gestión, pero no esta tan desarrollado lo que tiene que ver con esta cuestión. Nosotros entendemos que la reglamentación va a ser la oportunidad de avanzar en este sentido. También se analiza lo que tiene que ver con la jerarquía de opciones, se incluye al coprocesamiento como una opción, no está dentro de las primeras porque se prioriza la reutilización y el reciclado y luego la valorización. Son los aspectos centrales importantes”.

“Es importante contar con esta norma, es una demanda constante que recibimos a nivel nacional desde las provincias y municipios”, destacó la funcionaria y preguntó: “¿Qué se hace con los neumáticos? ¿cómo gestionamos los neumáticos? más allá de las demandas que recibimos para el triturado de los mismos. Es un paso importante que nos debemos y tenemos que avanzar”.

Hizo uso de la palabra, el vicepresidente primero de la comisión, el pampeano Martín Berhongaray (Evolución Radical) informó que “desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial se comunicaron para poder ser escuchados en el marco de este tratamiento”, y señaló que “queda pendiente un giro adicional a la Comisión de Industria”, por lo que acordaron recibirlo en esa reunión.

A su turno, la diputada Natalia Zaracho (FdT) sostuvo que “no es lo que nos representa” porque “el Estado tiene que tener un rol más fuerte, articulando, verificando y que controle. También lo importante es que no tiene objetivos claros de cómo pensar cuántos neumáticos se van a recuperar. Eso para nosotros es muy importante que se aclare, pero vamos a acompañar porque creemos que es importante avanzar”.

Sobre el segundo proyecto tratado de Residuos Peligrosos, Nassi explicó que “es un proyecto que venimos esperando y venimos luchando desde la Secretaría. La Ley 24.051 del año 1991establece para el país todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos peligrosos desde el momento de su generación hasta su disposición final pasando por todo lo que hace al transporte de operaciones y otras cuestiones”.

“Esta norma establece dentro de las sanciones una multa que fue fijada en australes y que nunca más se actualizó. Razón por la cual hoy tenemos montos realmente exiguos que están lejos de cumplir con la finalidad disuasoria en lo que tiene que ver con el incumplimiento de este tipo de conductas que están enunciadas en la norma. Esto implica que hoy estemos aplicando sanciones de 5.000 pesos con un máximo de 50.000 pesos. No se cumple con el mínimo requerido de los costos que implica para el Estado afrontar un expediente en donde se aplica una sanción de 5.000 y en caso de reincidencia de 10.000 pesos”, detalló.

En ese sentido, contó: “Por esta razón proponemos en este proyecto crear una unidad fija en sintonía con las unidades retributivas que están establecidos por el convenio colectivo. Es una unidad que se va actualizando periódicamente y nos aseguramos que tenga una actualización periódica que va en sintonía con los vaivenes de la economía y, básicamente, modifica la escala que tenemos a la escala actualmente que va del 1 al 100 a una escala del 1 al 1000 para que la multa mínima es de 900 unidades fijas lo que implicaría un mínimo de 128.300 de pesos”.

Al respecto, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) adelantó el acompañamiento al proyecto porque “es sumamente necesario” y consultó: “En materia ambiental venimos fracasando en residuos peligrosos y fitosanitarios. Tenemos una ley que es sumamente compleja, difícilmente alguien de los que estamos podamos llegar a demostrar conocimiento cabal de lo que contiene la Ley porque es un infierno empezar a leer los anexos. Con lo cual uno a veces se pregunta ¿esto no podrá resumirse de otra manera la legislación? En el tema de fitosanitario solo basta empezar a recorrer las rutas de nuestro país para darnos cuenta, y perdónenme la palabra, pero es un fracaso la ley porque lo que más vemos es el desparramo de tachos en el sistema que hemos creado y que creíamos que era virtuoso. ¿El Ministerio de Ambiente tiene alguna iniciativa o está pensando que si es necesario trabajar o armar algún tipo de trabajo efectivo sobre los dos temas? Porque son preocupantes, son dos leyes que hay que revisar”.

“Estoy totalmente de acuerdo”, comenzó su respuesta Nassi y señaló que “fundamentalmente la Ley de fitosanitario es la más reciente, la Ley de Residuos es de adhesión, es anterior a la reforma constitucional que viene a introducir el concepto de presupuesto mínimo, lo cual complejizó aún más todo lo que tiene que ver con la gestión porque hacer una ley de adhesión implica que hay provincias que no adhirieron y no tienen este régimen vigente”.

Asimismo, informó que “en lo que estamos avanzando como autoridad de aplicación de las dos normas es en la implementación del sistema de trazabilidad, eso es fundamental desde el punto de vista de control. El sistema de trazabilidad nos va a permitir visualizar esto, con números efectivos, con metas que tienen que ir en sintonía con los objetivos de la gestión”.

En lo que respecta a residuos peligrosos, precisó: “Tenemos el SIMEL una herramienta que se está actualizando, un control de lo que tiene que ver con la gestión. Consideramos en que tenemos que avanzar en un proyecto superador. Hay una cuenta pendiente en lo que tiene que ver con los residuos en general, pero las herramientas de trazabilidad son en las que tenemos que avanzar para evaluar con números el efectivo cumplimiento de la normativa”.

En su intervención el diputado Pablo Torello (Pro) remarcó que “el Estado está debiendo el control antes de pensar en hacer otra ley. El problema es que en los lugares de recepción no hay lugar y falta gestión estatal, debemos hacer hincapié en eso”.

Por consigueitne, la jefa de Gabinete de Ambiente aclaró que “en ese caso el control recae en las autoridades provinciales. Nación tiene una obligación de control a nivel macro”.

A continuación, se aprobaron distintos proyectos de resolución y declaración.