La iniciativa de la diputada del Pro se debe a las restricciones que estableció el Banco Central a las importaciones, lo cual “afectan el ingreso de insumos para la producción y compra de equipamiento sanitario”.
La diputada nacional Soher El Sukaria (Pro – Córdoba) presentó un pedido de informes en la Cámara baja, ya que “las restricciones del Banco Central afectan el ingreso de insumos para la producción y compra de equipamiento sanitario y otros insumos médicos”, detalló.
En el pedido de informes -que fue acompañado por más de 30 diputados- se solicitó, entre otras cuestiones, que “se informe respecto a la situación de la disponibilidad de divisas para la importación de componentes y materiales para la producción de equipamiento hospitalario y para la importación de insumos y productos médicos“; y “qué medidas se han tomado para asegurar la disponibilidad de productos médicos descartables, implantables y electromédicos en todo el territorio nacional, y qué prioridad se le otorga a la importación de estos productos”.
“Este tipo de insumos son insumos muy específicos, con pocos fabricantes a nivel mundial, y a los cuales es muy difícil cambiar las condiciones de pago, llevando en la práctica a la imposibilidad de introducir al país estos elementos esenciales para proveer a la salud y a proteger la vida de los argentinos”, precisó El Sukaria.
La vicepresidenta del Pro cordobés, agregó: “La situación denunciada sin dudas va a terminar afectando servicios básicos como guardias o cirugías de urgencia. Así como se autoriza los medicamentos, es importante eliminar las restricciones para el ingreso de estos productos esenciales, sin los cual no puede funcionar un servicio de salud”.
Por último, cerró: “Existe también una industria en nuestro país que fabrica dispositivos médicos y que no sólo abastece al mercado interno, sino que exporta a otros países. Si esta industria nacional no cuenta con las importaciones necesarias, se produce una pérdida de mercados que se tardó mucho tiempo en ganar y generar la confianza necesaria para comerciar. El daño que se produce por estas medidas es altísimo”.
Fue luego de que la fiscalía de San Isidro aceptara las ofertas Alberto Fernández y de la primera dama para cerrar la causa contra ambos por violar la cuarentena. “Si el propio presidente no cumplió con las leyes y no tienen ninguna pena, ¿por qué deberían tenerlas los ciudadanos?”, apuntó Espert.
El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley de “Amnistía de Causas Penales” para que todos los ciudadanos que violaron la cuarentena para salir a trabajar no tengan que cumplir ninguna pena y les cierren sus causas inmediatamente.
“No puede ser que mucha gente que la estaba pasando mal y que violó la cuarentena para salir a trabajar hoy tenga que enfrentar algún tipo de causa penal mientras que el propio presidente de la nación que redactó el decreto de confinamiento se la paso de fiesta en fiesta en Olivos festejando cumpleaños y recibiendo amigos”, disparó Espert.
Cabe mencionar que este lunes, la fiscalía de San isidro aceptó las ofertas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de la primera dama, Fabiola Yáñez, para cerrar la causa contra ambos por violación de la cuarentena por el festejo de un cumpleaños, a cambio de un total de 3 millones de pesos.
En el proyecto de Avanza Libertad se añade que en “razón de la amnistía concedida nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a compadecer o molestado de manera alguna por imputaciones por sospechas de haber cometido uno o más delitos a los que se refiere la presente ley”.
Según Espert, su proyecto tiende a proteger a la gente de laburo. “Si el propio presidente de la nación, Alberto Fernández, no cumplió con las leyes y no tienen ninguna pena o sanción, ¿por qué deberían tenerlas los ciudadanos de bien que salieron a trabajar?. Acá, una vez más, queda demostrado como la corpo política abusa de sus privilegios”, dijo el diputado.
El proyecto deja afuera de la amnistía a quienes son funcionarios públicos en consonancia con los tratados anticorrupción que la Argentina firmo y es solo para ciudadanos comunes. “La Justicia debe investigar verdaderos delitos y no a ciudadanos que salieron a trabajar o a visitar a algún pariente”, concluyó Espert.
Eso expresó el funcionario ante la pregunta que le realizó la senadora mendocina Mariana Juri en relación a las restricciones durante el confinamiento, las cuales respaldó: “Creo que el tiempo se usó bien”.
En su presentación ante la Cámara de Senadores, el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, se refirió a las restricciones durante la pandemia, tras la pregunta de la senadora mendocina Mariana Juri (UCR) las cuales respaldó: “La pandemia no tenía manual. Creo que el tiempo se usó bien”.
La legisladora radical abrió la ronda de preguntas hacia el canciller, a quien le consultó por las restricciones que fueron impuestas durante la pandemia: “¿No cree que el manejo nacional de la pandemia impuso restricciones exageradas a las libertades de las personas?”.
“La pandemia no tenía manual, parte quizás de la reflexión y de lo que uno pueda criticar es con el diario del lunes porque no había manual. El mundo estaba así, el mundo se vio golpeado por la pandemia y también las economías sumamente desarrolladas y a la Argentina”, comenzó su respuesta Cafiero.
Con respecto al tiempo sostuvo: “Creo que el tiempo se usó bien, el tiempo que se tomó en cuanto a los mecanismos de restricción, que es lo único que había en ese momento para que el virus no circulara con tanta fuerza , ese tiempo se utilizó para fortalecer un sistema de salud que no estuviese saturado si no se ampliaban en un 47% las terapias intensivas, si no se compraban respiradores, si no se ampliaban en hospitales modulares, si no se hacia una inversión de más de 45 mil millones de pesos en toda la infraestructura hospitalaria. Todo eso demoraba tiempo, no solo era decisión política y recursos, sino que era hacerlo en un tiempo y ese tiempo fue restringir la circulación de personas, fue así en todo el mundo”.
“Para la Argentina el impacto de la pandemia fue muy duro, pero no por las cuestiones económicas, sino porque tenemos más de 126 mil muertos por el coronavirus, por lo cual si me preguntan si es un punto que creo que deberíamos revisar, creo que no. Si tocara hoy de vuelta haría lo mismo porque se necesitaba que el virus no circulara, en un momento donde no había vacunas, no había tratamientos ni capacidad hospitalaria para que nos pase por arriba los contagios. Pensemos que puso de rodillas sistemas de salud de muchos países. Me parece que tenemos que pensar en un contexto”, explayó el canciller.
Por otro lado, con respecto a las personas que estuvieron varadas en el exterior destacó la tarea que “el ministro anterior hizo excepcional cuando el mundo se cerró porque no fue algo solo de Argentina. Eran más de 250 mil varados que hubo que gestionar su llegada al país y fue un trabajo de la cancillería, del cónsul, de embajadores, fue una tarea de gran compromiso. Se hizo con mucha vocación y mucho sentido de servicio público”.
Eso expresó el referente radical Facundo Manes en relación al anuncio de paro del campo tras la restricción a la exportación de carne, porque “el campo es el motor de la economía argentina”. También habló sobre los temas más fuertes que propone en campaña.
Luego que el Gobierno oficializara la prórroga del cepo a las exportaciones de carne vacuna y en plena campaña, el precandidato a diputado Facundo Manes -por la UCR en la provincia de Buenos Aires- visitó Junín y Chivilcoy, donde manifestó “el apoyo de toda nuestra lista” al campo, debido a que le “parece un ejemplo porque no se arrodilla ni se resigna ante el Gobierno”. Por otra parte, también se refirió a otros temas como la inseguridad, el desempleo, la educación y la conectividad.
Durante una entrevista por CNN Radio, el referente radical se refirió a la situación que atraviesa el campo, a quienes les manifestó “el apoyo de toda nuestra lista porque son ciudadanos que dan el paso frente a la mayor crisis de la Argentina”, y destacó que “el campo me parece un ejemplo porque no se arrodilla ni se resigna ante el Gobierno, encarna la rebeldía que necesita la Argentina del progreso”.
Además, expresó su rechazo a las restricciones de la exportación de carne porque son un “freno que ponen sobre el campo y sobre el resto de los sectores productivos”, y señaló que “el campo es el motor de la economía argentina porque ante cada crisis se le pide estimular la industria”, ante lo que cuestionó la medida que dispuso el Gobierno porque “lo que hace con el campo claramente es ponerle un freno de mano a los productores, a los emprendedores, y ahora con una nueva medida restringiendo las exportaciones”, motivo por el cual ratificó su apoyo: “Vamos a colaborar y apoyar al campo”.
En esta misma línea, el neurocientífico opinó: “Piensan en cómo repartir una torta cada vez más chica en vez de hacer una torta más grande, para generar trabajo y riquezas para los argentinos”. “No quiero la experiencia de los que llevaron a este país potencialmente rico a una decadencia donde hay un 50 por ciento de pobres y en situación de vulnerabilidad, un país donde la inflación nos come el salario, un país con corrupción sistémica, un país que era modelo de educación y salud y ahora miramos con envidia a los vecinos. Queremos un país que se genere un espiral ascendente”, enfatizó y convocó a la sociedad “a dar el paso hacia la modernidad y no hacia la decadencia”.
“La gente tiene mucho dolor en el interior y el Conurbano, la gente se siente insegura. Una madre en Quilmes me dijo que a las 20 horas tenía miedo de que le roben el celular, pero más miedo tenía de que la droga le robe al hijo”, relató el precandidato y aseveró que “esa es la situación en el Conurbano y en el AMBA. Hay una sensación de miedo e inseguridad. Hay que tratar con más energía las causas de la inseguridad. Es una situación desesperante”.
A su vez, contó que “la gente también pide empleos, no pide planes, quieren trabajar y educación”, y criticó: “Yo lo que veo es más sentido común que en la dirigencia, que se pelea como en las telenovelas por detalles menores, pero la sociedad esta a una altura superior”.
En relación a la polémica frase de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, respecto a que “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido”, respondió fuertemente que “esa es la experiencia que no queremos. No queremos ese cinismo, esa corrupción, esa mentira. Los que gobernaron la Argentina en las últimas décadas lo único que hicieron fueron llevar a la población a que no crean en nada, ni en la política, ni en las instituciones, ni en la educación”, y agregó “hay muchos que tienen privilegios y no quieren que cambie nada, pero para eso necesitamos una energía como nuestra lista. El 12 de septiembre podremos revelarnos contra esos que no quieren que cambie nada, los privilegiados de siempre”.
Por otro lado, se refirió a la problemática vinculada a establecer Internet como servicio público y sostuvo que “es un tema que hay que trabajar en la Argentina ante un mundo basado en el conocimiento, donde el motor de la economía mundial es la educación y sin tecnología no podemos tener un país con buena conectividad porque es un derecho esencial”.
“La política es la mayor herramienta de transformación social, la mejor manera de revelarnos es ir a votar a gente nueva para que salir de la mayor crisis de decadencia del país en todas sus dimensiones”, reiteró Manes y precisó que “antes de la pandemia había que reconstruirla a la Argentina, es un país que involuciona sin tener guerras. La pandemia ahora es una pandemia de salud, de educación, de trabajo, psicológica. Hay que reconstruirla con fuerza y no se puede hacer con los mismos de siempre que nos han llevado a este desastre, hay que renovar la política con el voto porque ese es el acto de rebeldía”.
Por último, respecto a la legalización de la marihuana manifestó que “el Congreso debe debatirlo, pero no es prioridad. Hoy estamos en un país pobre y frágil me parece que no se puede desviar la atención para enfrentar la pandemia. Creo que hay que trabajar en las leyes que reclama el pueblo, pero hoy no es prioridad, es algo que los argentinos deben entenderlo. Hay que dedicarse a otras prioridades”, y arremetió que “quieren desviar la atención del manejo desastroso que hicieron con la pandemia”.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un amparo referido al uso del transporte público.
La decisión del Gobierno de Formosa de restringir el derecho la libre circulación mediante el uso del transporte público interurbano de pasajeros aéreo y terrestre en la provincia, está siendo revisada por la Justicia Federal a raíz de una acción de amparo presentada por diputados nacionales de Juntos por el Cambio encabezados por Ricardo Buryaile, junto a comerciantes de Formosa, amparados en los derechos de todos los ciudadanos afectados por estas restricciones.
“De manera arbitraria, discrecional y sin certeza alguna, las decisiones del gobierno cercenan el derecho de todos los habitantes de la Nación y en particular de los formoseños, conculcando con lo establecido por la Constitución Nacional”, destacó Buryaille.
Las restricciones datan desde el 18 de marzo de 2020 por resoluciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, en el marco de las políticas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional a raíz de la pandemia. En julio se cumplirán 16 meses de la suspensión del transporte, mientras que en el resto de las provincias del país se encuentra habilitado y funcionando hace más de 9 meses.
“El servicio de transporte público interurbano es una actividad esencial para el traslado de personas a costos razonables”, afirmó Buryaile y explicó que quienes necesitan trasladarse dentro o fuera de Formosa por motivos de estudio, trabajo, salud o para circular libremente, deben hacerlo pagando altísimos costos de taxis o remises que los llevan hasta el límite interprovincial y de allí hasta el aeropuerto o terminal de ómnibus más cercana.
La situación afecta el desarrollo personal y socioeconómico de la comunidad. Así, “la acción de amparo interpuesta busca que se garantice el pleno ejercicio del derecho a circular libremente por el territorio, y garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos”, concluyó Buryaile.
Un proyecto de diputados de Juntos por el Cambio llama a arbitrar otras medidas de prevención contra el Covid “que se adecuen a la Constitución”.
Un grupo de diputados encabezados por Marcela Campagnoli (Coalición Cívica/ARI – Buenos Aires) presentó y proyecto de declaración expresando la preocupación por “la situación de angustia e incertidumbre que atraviesan los miles de argentinos varados en el exterior” a raíz del DNU que dispuso que hasta el día 9 de julio próximo haya restricciones a los vuelos y un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de argentinos y residentes que se encuentren en el exterior.
“La imprevisibilidad y arbitrariedad de la decisión del Gobierno de limitar los pasajeros que pueden ingresar por día al país, llenó de angustia e incertidumbre a cientos de argentinos a lo largo del mundo”, expresó la diputada Campagnoli al presentar su iniciativa.
Agregó la diputada que “aun cuando la gravedad de la pandemia amerita la toma de decisiones inmediatas y urgentes, nunca pueden ser ignorando nuestra Constitución”. En ese marco, sostuvo que “necesitamos certezas, contención, empatía y cuidados. Un Estado impreciso y caprichoso, no es un lujo que podamos darnos”.
El proyecto insta al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto el DNU 643/2021 y arbitrar otras medidas de prevención contra el Covid-19 de manera que se adecuen a la Constitución Nacional y se garantice el ejercicio de los derechos allí contenidos.
Acompañan con sus firmas el proyecto los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, Gustavo Menna, Martín Grande, Ingrid Jetter, Jorge Enríquez, Virginia Cornejo, Alvaro De Lamadrid, Carla Carrizo, David Schlereth, Lorena Matzen, Karina Banfi, Carla Piccolomini, Hernán Berisso y Adriana Cáceres.
El oficialismo ratificó en el Senado el decreto de Alberto Fernández que vence este viernes.
Tras un breve debate, el Frente de Todos en la Cámara alta ratificó en el recinto la validez del DNU 381/21 que extendió las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus. La votación resultó con 42 votos positivos y 23 negativos.
Junto al oficialismo votaron los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). Mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal se opusieron.
El DNU 381/21 prorroga las disposiciones del 287/21 hasta este viernes 25 de junio. En el mismo se disponen los parámetros para la clasificación de las zonas del país, según el número de casos de Covid-19, en cuatro categorías: de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y de situación de alarma epidemiológica y sanitaria.
Además, de acuerdo a la realidad de cada lugar, se permiten o prohíben distintas actividades y horarios de circulación.
A horas de que caduque este DNU, y sin que la Cámara de Diputados haya podido todavía sancionar la ley de “emergencia Covid” pretendida por el Ejecutivo, Alberto Fernández se apresta a extender las medidas preventivas para mitigar el Covid en todo el país mediante un nuevo decreto.
En nombre de Juntos por el Cambio, el senador correntino Pedro Braillard Poccard (Pro) aseguró que “este decreto no debe ser ratificado por el Congreso”, porque “si bien ha cumplido las formalidades que establece la Constitución”, no “reúne los requisitos sustanciales”.
“Es una enumeración de cuestiones que conocemos suficientemente bien”, dijo el legislador y rechazó que el Gobierno nacional “le imponga a las provincias algo que las provincias están haciendo desde el primer momento”. En ese sentido, remarcó la constante coordinación que existe en el ámbito del Consejo Federal de Salud.
Además, sobre el uso de DNU, al que calificó como “extemporáneo e inoportuno”, Braillard Poccard sostuvo que “no hay ningún impedimento para la sanción ordinaria de las leyes”. Y, sobre algunas cuestiones polémicas, como la presencialidad de las clases, señaló: “Quién mejor que los gobiernos provinciales para reglamentar la presencialidad o no en las escuelas”.
Por el Frente de Todos defendió el decreto el senador porteño Mariano Recalde, quien recordó que la “sintonía” entre Nación, la Ciudad y las provincias “se fue resquebrajando” a medida “que se acercaban las elecciones”. Por eso, estas medidas se tratan de “sacar de la cuestión sanitaria las cuestiones electorales, o de otra índole que se pudieran mezclar” y llama a “todas las jurisdicciones a tener un criterio común”.
“El decreto que estamos prorrogando no tuvo ninguna impugnación en sede judicial”, destacó el oficialista, y se preguntó que “si no es en este momento, de récord de contagios, de récord de fallecimientos” cuál otro “ejemplo podríamos encontrar para decir que esta situación es excepcional y hace imposible el tratamiento ordinario de las leyes”.
En esa línea, resaltó que la ley de “Emergencia Covid” enviada por el Poder Ejecutivo “todavía está en tratamiento” en la Cámara de Diputados. “No se puede esperar, está en juego la vida y salud de la población”, expresó.
“Cuando los gobiernos provinciales acompañan las medidas que toma el Poder Ejecutivo Nacional, que son para cuidar a la gente, se nota en los resultados. Así como cuando quisieron diferenciarse para mostrarse más liberales, más abiertos, también se notaron en los resultados lamentablemente”, lanzó, contra la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta.
Y agregó: “La curva de los contagios comenzó a bajar en todo el país, fundamentalmente en distritos que no se aplicaban (las medidas) como la Ciudad de Buenos Aires”.
El Frente de Todos en la Bicameral de Trámite Legislativo avanzó con el último decreto firmado por el presidente. Juntos por el Cambio volvió a oponerse.
En un debate con argumentos repetidos, el oficialismo cumplió con el trámite de tratar el DNU 381/21, que extiende las medidas restrictivas por la pandemia hasta el próximo 25 de junio. Con mayoría en la Bicameral de Trámite Legislativo, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría, mientras que Juntos por el Cambio se opuso a través de un dictamen de minoría.
El primer orador de la reunión realizada este jueves, el diputado Pablo Yedlin (FdT), aseguró que el decreto se trata de “cuidar a la ciudadanía, intentar sostener la salud pública, y tener menos casos y muertes por Covid”.
El titular de la Comisión de Salud de la Cámara baja recordó que la ley para establecer parámetros epidemiológicos y sanitarios -calificada desde la oposición como “ley superpoderes”- ya tuvo dictamen y tener una norma de ese tipo “nos evitaría la necesidad de tener que sostener DNU’s de manera quincenal”. “La oposición varias veces nos planteó la necesidad de generar una ley”, apuntó.
Con gráficos, el tucumano afirmó que “hay una tendencia a la mejora” en cuanto a los casos y en el país “estamos saliendo de la situación más grave, aunque todavía los valores son muy altos”. “Seguimos con una situación compleja en las camas de terapia intensiva”, advirtió, pero dijo que “en los últimos días hay una tendencia al descenso”, ya que está la ocupación a nivel nacional en un 69%, de acuerdo datos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
Por otra parte, el oficialista celebró que “hemos recibido más de 20 millones de dosis, se han distribuido 19 millones” y está disminuyendo “el riesgo de mortalidad” en los grupos ya vacunados. “Las vacunas en Argentina son claramente efectivas para reducir la mortalidad”, agregó.
“Lo que nos tiene que alentar es que estamos en salida de esta problemática. Necesitamos que la oposición siga acompañándonos en las medidas restrictivas”, completó.
A continuación, el diputado Pablo Tonelli (Pro) reclamó que “hay otros 100 decretos pendientes de tratamiento en esta comisión”, entre DNU’s, delegados y reglamentarios.
Desde el punto de vista jurídico, el macrista señaló que “más allá de que los datos (aportados por Yedlin) son todos correctos, eso no tiene relación con la validez del DNU, con su adecuación a lo que la Constitución permite, y a lo que el presidente puede hacer o no”.
Respecto al DNU 381/21, el porteño indicó que “es una repetición casi íntegra de dos decretos previos”, porque se trata de una prórroga del 287/21, que a su vez se basó en el 235/21 y el 241/21, éste último judicializado por la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema.
Tonelli enfatizó que “las disposiciones locales no las puede dictar el presidente, solo las autoridades locales”, y este decreto “tiene como objeto facultar a los gobernadores para tomar medidas”. “Los gobernadores lo que menos necesitan es que el Gobierno los autorice. Es el colmo del antifederalismo”, cuestionó.
En esa línea, el legislador opositor consideró que “ya no se justifica que el presidente por sí solo dicte este tipo de medidas” e “insista en querer aprobar decisiones que ya la Corte Suprema le dijo que no puede aprobar”.
“Lo que la emergencia nos reclama es coordinación y concertación entre el Gobierno nacional y los provinciales”, sostuvo y concluyó que, con eso, y más vacunas se tendrá “éxito en la lucha contra la pandemia”.
A su turno, la diputada Carolina Gaillard (FdT) arrancó: “Nosotros entendemos que la ley de parámetros epidemiológicos que deberíamos haber sancionado, y que no lo hicimos y por eso estamos tratando este DNU, es muy necesaria porque es ordenadora. Y en ningún caso va en contra del federalismo, sino que de alguna manera intenta ordenar en una estrategia sanitaria central lo que tiene que ver con las facultades propias que establece nuestra Constitución, facultades propias y facultades concurrentes de la Nación y de las provincias”. Luego, la entrerriana insistió: “No vulnera ninguna competencia de las provincias”.
Para el diputado Gustavo Menna (UCR), el Gobierno se acostumbró a “legislar por decreto” y recordó que un DNU “es la imposibilidad de acudir al trámite ordinario para la sanción de leyes”. “Han llegado en esta gestión en un año y medio a los tres dígitos. DNU’s de tres dígitos y no lo digo con ánimo de que lo celebremos, sino que creo que es una clara evidencia del deterioro del principio republicano de división de poderes. No puede calificarse de otra manera”, reclamó el chubutense.
“Legisla más el presidente de la Nación que el Congreso”, se quejó y disparó que el oficialismo fue el que no incorporó al temario de la sesión pasada la ley de emergencia Covid, cuando “convocaron a tratamiento en comisión de Asuntos Constitucionales y de Salud un par de horas antes del arranque de la sesión, sorprendiendo incluso a todo el mundo, bloqueando a la sociedad civil, especialmente al Colectivo de Padres Organizados”.
Por último, el senador Mariano Recalde (FdT) observó que existe “una capacidad notable de algunos diputados de la oposición para encontrar argumentos que permitan sostener la posición de rechazar este DNU”, pero “la Constitución Nacional es muy clara, y la situación excepcional que prevé el artículo 99, sumado a la urgencia y la necesidad de adoptar estas normas, es pública y notoria, no merece mucha explicación”.
“Cuando los decretos fueron acatados y fueron llevados a la práctica por todas las jurisdicciones, los casos cayeron en un 20% en todo el país”, aseguró el porteño que, al referirse a su distrito como “el más complicado, porque tiene la mayor cantidad de fallecidos cada 100 mil habitantes”, señaló que “cuando (la Ciudad) acompañó y aplicó las restricciones” como en este último período, “hubo una disminución de un 38% de los casos”. “Estas restricciones dan resultados, están pensadas para disminuir los casos y son efectivas”, añadió, al tiempo que abogó por el avance de la vacunación.
El DNU 381/21 prorroga las disposiciones del 287/21 hasta el próximo 25 de junio. En el mismo se disponen los parámetros para la clasificación de las zonas del país, según el número de casos de Covid-19, en cuatro categorías: de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y de situación de alarma epidemiológica y sanitaria.
Para las zonas clasificadas en la cuarta categoría, se suspende la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas; y las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades.
En las zonas más afectadas, seguirá la prohibición de la circulación entre las 20 horas y las 6 horas de la mañana de cada día, aunque las autoridades locales podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. En tanto, el transporte público será para los trabajadores esenciales y autorizados, entre otros puntos
El oficialismo citó a un plenario de Asuntos Constitucionales y Salud este jueves a las 10. Horas más tarde intentará llevarlo al recinto, en una sesión que tendrá todos los ojos puestos en el quórum.
El Frente de Todos intentará avanzar con el proyecto de “ley pandemia”, que establece parámetros sanitarios y epidemiológicos que sirvan al Gobierno nacional y a las provincias para gestionar las restricciones, en una carrera contrarreloj, dado que el próximo viernes vence el último DNU emitido por el presidente Alberto Fernández.
El oficialismo convocó para este jueves, a partir de las 10, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, donde -sin obstáculos con los números- se alzaría con el dictamen de mayoría de la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado. La reunión será en el recinto.
Horas después, se estima que a las 15, el proyecto se lleve a la sesión, en la que el otro tema central será el proyecto para rebajar las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías”, incorporando varias localidades de distintas provincias al beneficio que ya tiene la Patagonia.
El tratamiento en la Cámara baja de la ley reclamada por el Poder Ejecutivo estuvo retrasado debido al alto rechazo de la oposición, esto es no solamente desde Juntos por el Cambio, sino también de Consenso Federal, Córdoba Federal, el Frente de Izquierda, la tucumana Beatriz Ávila y la frecuente aliada del oficialismo Alma Sapag.
Por eso, todos los ojos estarán puestos a la hora del quórum, para el cual se necesitan 129 diputados y el Frente de Todos cuenta -con asistencia perfecta- con 117. Se sabe que tendrá el apoyo de los seis legisladores que conforman el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que comanda el mendocino José Luis Ramón. Aún así le faltan seis. Pero también acompañarían el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, de Acción Federal.
La clave será lo que hagan los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca -quien anteriormente se manifestó a favor de una ley de estas características- y Andrés Zottos; y los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Contigiani (Partido Socialista). Los cuatro son parte del Interbloque Federal, donde los tres lavagnistas y los cuatro cordobeses schiarettistas se oponen.
Cabe señalar que en el proyecto de ley de “zonas frías” se introdujeron modificaciones y se sumaron a varias localidades de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy y La Rioja. La pregunta que circulaba en el Congreso era si estos cambios tendrán relación con los votos que el oficialismo necesita para sacar la “ley pandemia”.
En sus redes, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados denunció hechos de intimidación a ciudadanos cordobeses por parte de efectivos de la fuerza local.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, denunció a través de su Twitter el accionar de efectivos de la Policía de Córdoba contra ciudadanos de la provincia que son dueños de comercios considerados no esenciales, los cuales de acuerdo a las nuevas restricciones no pueden abrir sus puertas al público.
“La Policía de Córdoba ‘visita’ a comerciantes en su ‘domicilio particular’ para notificarlos del DNU que prohíbe desarrollar actividades no esenciales? Qué es esa locura?”, enfatizó el legislador radical este miércoles.
En ese sentido, reclamó que “el Gobierno y el Ministerio Público Fiscal de Córdoba deben esclarecer este hecho de inmediato. Muy grave”.
En otro tuit, Negri publicó un vídeo que calificó como “la prueba de que la Policía de Córdoba intimida con métodos autoritarios a ciudadanos en sus propias casas para impedirles que trabajen”.
“¡Los cordobeses quieren trabajar para subsistir! La ciudadanía de Córdoba espera las explicaciones del Gobierno Provincial”, exclamó.
En la previa del debate en Diputados sobre el proyecto para gestionar la pandemia, el oficialismo en la Bicameral de Trámite Legislativo firmó el dictamen de mayoría. Juntos por el Cambio criticó al Gobierno por el uso de esta herramienta.
Con mayoría asegurada en la Bicameral de Trámite Legislativo, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de validez del DNU 334/21, que dispuso un nuevo confinamiento en las zonas del país con más alto riesgo epidemiológico a causa de la pandemia de Covid.
Los legisladores de Juntos por el Cambio, presentes en la reunión de este miércoles, a diferencia del último encuentro, manifestaron su rechazo y cuestionaron el uso de DNU’s por parte del Gobierno nacional.
Además, los opositores aseguraron que el decreto atenta contra el federalismo de concertación, al igual que el proyecto de ley sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios para gestionar la pandemia, que comenzará su tratamiento en breve en la Cámara baja.
En el comienzo del debate, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) ratificó la importancia del funcionamiento de la bicameral y se refirió al proyecto de ley votado en el Senado la semana pasada para establecer parámetros epidemiológicos y sanitarios.
“En pandemia a diario se deben tomar diferentes decisiones”, expresó la oficialista y defendió esa iniciativa del Poder Ejecutivo -que ahora deberá tratar la Cámara baja- ya que “es central porque se ha cuestionado mucho el uso de DNU”, y esa ley “le va a permitir a nuestro presidente y a nuestros gobernadores tomar la medidas necesarias”.
En una exposición sostenida con varios gráficos sobre los datos de la pandemia, el diputado tucumano Pablo Yedlin (FdT) señaló que “llegamos a este DNU cursando una enorme cantidad de casos”, en la cual se duplicó “la cantidad de casos de la primera ola en el país”, por lo que hay “una situación muy crítica, con áreas muy congestionadas”.
Durante su intervención, el oficialista insistió que “en algunos medios hay una tendencia a sobrevalorar cómo se gestionó la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires”, pero “es una pena que eso no esté acompañado por los números”, ya que el distrito porteño tiene “la peor mortalidad por lejos”.
Yedlin destacó que en el país “se aumentó la capacidad de testeos” y “las vacunas están mostrando efectividad y resultados en la población real”.
“Quizás este sea el último DNU de estas características que tengamos que debatir en esta bicameral, porque viene la ley que muchas veces se reclamó desde la oposición”, dijo y remarcó que estamos en el momento de “la gravedad más grande que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia”.
En contra del DNU, el diputado porteño Pablo Tonelli (Pro) argumentó el rechazo de Juntos por el Cambio al indicar que el decreto “reproduce un proyecto de ley que el presidente ya ha enviado al Congreso”, el cual “está funcionando”, por lo que “no se justifica que el presidente recurra a este instrumento”.
“La improcedencia del DNU se agrava por el hecho de que el presidente ya ha mandado un proyecto de ley al Congreso”, reiteró, y opinó que esto es “claramente una interferencia en la tarea del Congreso, totalmente injustificada”.
Además, el macrista consideró que “no hay ninguna razón de urgencia y necesidad” porque “nada de lo que está ocurriendo en materia sanitaria es imprevisto”. “La pandemia se instaló en Argentina en marzo del año pasado. Nada de lo que está ocurriendo es novedoso, más allá de que los casos puedan aumentar o disminuir”, manifestó.
El legislador cuestionó que en el DNU se establece un “facultamiento a los gobernadores”, algo que “es un despropósito, un disparate que no tiene cabida en la Constitución Nacional. Las provincias son autónomas, tienen sus propias atribuciones y no necesitan que el Gobierno nacional las faculte a nada“.
Tonelli criticó también que el decreto carece de los argumentos del último fallo de la Corte Suprema -sobre el DNU 241/21 cuestionado desde CABA- , y va en contra del federalismo de concertación. En ese sentido, el opositor enfatizó que el Gobierno debería “respetar la Constitución, respetar los fallos de la Corte, y buscar coordinar y concertar con las provincias”.
Luego, el senador pampeano Daniel Lovera (FdT) subrayó que “no se pueden tener 24 estrategias sanitarias distintas, no se puede fragmentar la gestión de la pandemia”. Y aseveró que la situación actual “nos exige más que nunca sensatez, conciencia colectiva y responsabilidad política en lo que hacemos y también en lo que decimos; ojalá que podamos dar desde este Congreso una muestra de grandeza y esfuerzo conjunto sin especulación política”.
Por su parte, el diputado chubutense Gustavo Menna (UCR) afirmó que “esta estructura jurídica está al margen de la ley”, porque el DNU 334/21 hace referencia al decreto 260/20 y sus modificatorios, mediante el cual se amplió la emergencia que había dispuesto la Ley de Solidaridad Social, que “está caduca”. “Es una cuestión grave”, apuntó.
El radical cuestionó el uso de DNU’s por parte del Gobierno, que “lo que ha hecho es transformar en regla la excepción”, y recordó que “de los 98 Decretos de Necesidad y Urgencia, solo se han tratado 40” en la comisión. “Emergencia claramente la hay, pero no hay una cuestión novedosa que impida seguir el trámite para las leyes”, dijo, en consonancia con su par Tonelli.
“He escuchado que el Poder Ejecutivo se toma atribuciones inconsultas con las provincias. Quiero decir que, previo al dictado de este DNU, como de los anteriores, el presidente ha tenido reuniones con los gobernadores, precisamente interiorizándose sobre las problemáticas de todas las provincias. Diálogo hubo y en exceso“, destacó la senadora formoseña María Teresa González (FdT).
Por último, y ya con los legisladores de la oposición desconectados de la reunión, el senador porteño Mariano Recalde (FdT) sostuvo que “estamos en el peor momento desde el comienzo de la pandemia, un momento de verdadera urgencia donde se necesitan medidas drásticas mientras se espera la llegada de lo que creemos la verdadera salida y libertad, que es la vacunación”.
El kirchnerista criticó a la oposición que “desde hace un tiempo viene modificando su postura”, cuando en un principio de la pandemia acompañaron al Gobierno incluso con “medidas más drásticas y la evolución de la pandemia que no era tan grave como ahora”.
El legislador fustigó que este “cambio” se da por el año electoral, en el que desde Juntos por el Cambio “empezaron con todo tipo de estrategias de diferenciación y de obstrucción a las medidas que lleva a cabo el Gobierno”. Y resaltó que en sus fundamentos para oponerse “omiten la cantidad de muertes, de contagios y del sistema sanitario”.
“Si esta no es una situación de necesidad y urgencia, no se me ocurre otro ejemplo más claro”, agregó, y completó: “Es un decreto dictado en una situación nueva que hizo que hasta algunos opositores a estas medidas terminen aplicándolas en sus distritos”.
El DNU 334/21 prorrogó hasta el 11 de junio los alcances de DNU 287/21, al tiempo que sumó medidas “preventivas adicionales” para los puntos del país con alto riesgo o alarma epidemiológica. En ese sentido, del 22 al 31 de mayo y durante el fin de semana del 5 y 6 de junio, habrá un confinamiento más estricto en esos lugares.
Entre las restricciones, se suspendieron completamente las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial; se habilitó solamente la apertura de los comercios considerados esenciales, mientras que el resto puede funcionar con envío a domicilio o entrega en puerta; y se dispuso que las personas puedan circular en las cercanías de su domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas; entre otras.
En 2014 Alberto Fernández confesaba en las redes sociales su rechazo al cierre de las exportaciones de carne y reivindicaba cuando en 2007 se ocupó de reabrirlas. Acaba de tomar la misma medida que reprochaba, a instancias de los deseos del sector más preponderante del Frente de Todos. Igual que con las restricciones a la circulación.
Por José Angel Di Mauro
Algo había que hacer, coinciden todos en pensar cuando el gobierno acaba de implementar restricciones extremas similares a las que teníamos hace justo un año atrás, con la diferencia de que hoy hay medio millar de muertos por día y casi 40 mil contagios diarios. Pero la contundencia de esos números no es suficiente para convencer no solo a quienes se hartaron en 2020 de vivir encerrados, sino sobre todo a los que casi se fundieron entonces y tras esa experiencia no quieren saber nada de este deja vu.
Casi no había objeciones cuando se dejó trascender que el encierro se circunscribiría a los fines de semana, pero súbitamente reapareció el fantasma tan temido de la vuelta del ASPO, aunque más no sea por un período acotado. Sorprendió, sobre todo, cuando apenas dos días antes el Presidente había descartado de plano un regreso a fase 1: “No, no… Ahí voy a tener un problema sociológico; la gente no lo resiste, esa es la verdad”, dejó claro entonces el Presidente en uno de los reportajes que concedió en la semana a Radio 10.
Es verdad que esta realidad es muy dinámica, pero también lo es que nadie hace más que Alberto Fernández para devaluar la palabra presidencial.
Coincidentemente con lo que pensaba el Presidente el martes pasado, en este mismo espacio dijimos una y otra vez que no había posibilidades de regresar al aislamiento extremo; no porque no fuese necesario, sino porque simplemente las cuentas oficiales no estaban en condiciones de volver a cerrar la economía. El propio gobierno lo documentó el año pasado al elaborar un Presupuesto en el que no figuraba ningún tipo de compensaciones para eventuales restricciones.
Habrá que inferir que eso obedeció a la exagerada confianza oficial en las vacunas. Se entenderá que cuando el Presidente anticipaba una y otra vez la inminente llegada de millones de dosis, lo decía realmente convencido.
Es verdad que esta realidad es muy dinámica, pero también lo es que nadie hace más que Alberto Fernández para devaluar la palabra presidencial.
Pero los números de la pandemia han sido tan contundentes y amenazantes como para corporizar los peores fantasmas. Sobre todo en materia de muertos. Siempre hemos dicho que la cantidad de víctimas fatales diarias nunca dejó de ser elevada, con un promedio de unos 200 muertos diarios que no ha descendido ni cuando se aplanó la curva. Hoy 200 es un número bajo, al paso que vamos. Y si bien también impresiona el número de contagios, eso es muy relativo, pues obedece a un nivel de testeos que nunca ha sido el adecuado. Con un porcentaje de positividad superior al 35%, los especialistas coinciden en que el número de testeos diarios debería ser de 300 mil, y estamos en un tercio de esa cifra.
Los expertos también concuerdan en el temor a que esta disparada de casos vaya a saturar en breve las unidades de terapia intensiva y que en el término de dos meses o antes eleve el número de muertos al millar diario.
Sin necesidad de llegar a ese extremo perfectamente alcanzable, un simple cálculo matemático permite inferir que para antes de mediados de julio la Argentina podría llegar a los cien mil muertos por Covid. Una cifra redonda y terrorífica que remite a una de las tantas frases célebres que expresó durante esta pandemia Alberto Fernández: “Prefiero que haya 10% más de pobres y no cien mil muertos”. Lo primero ya sucedió; lo segundo está en camino.
Semejante panorama decepcionante es lo que debe haber movido a Alicia Castro a escribir los lapidarios tuits del miércoles pasado. Exembajadora en Venezuela y el Reino Unido, y fallida postulante para ese mismo cargo ante Moscú, la exazafata no estuvo muy diplomática cuando afirmó que “tenemos el récord más triste de la historia”. Alicia Castro comparó los resultados epidemiológicos argentinos con los de Bolsonaro -“en un año, Brasil multiplicó por 10 las muertes y Argentina, que tenía entonces 1.200 fallecidos, por 70”, dijo- y llamó entonces al gobierno a no ser “negacionista”, reclamándole “medidas eficaces”.
Ese “fuego amigo” llegó al día siguiente del rechazo de AF a la vuelta a fase 1, de ahí que no sorprenda el súbito viraje. Sobre todo si se tiene en cuenta que la suya es una voz muy escuchada en el Instituto Patria. Algunos aventuran incluso que expresa el pensamiento de la vicepresidenta de la Nación.
Como sea, Alberto Fernández terminó anunciando medidas que van mucho más en el sentido reclamado desde La Plata que lo que deseaban en Olivos y el Palacio de Hacienda.
Parecido fue lo que sucedió con las exportaciones de carne, cerradas por un mes por el gobierno nacional, desatando un previsible paro del campo que entre otras cosas hizo incrementar los precios. Terminó prevaleciendo la postura de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, que es lo mismo que decir Axel Kicillof, cada vez más influyente en todos los ámbitos oficiales, y preocupado por una inflación que lejos de ceder va dejando mes a mes una presión mayor para el mes siguiente.
El gobierno volvió así al pasado. Quince años atrás, para casi esta misma época, el gobierno de Néstor Kirchner resolvía la suspensión de las exportaciones de carne por seis meses. Alberto Fernández debe recordar muy bien esa medida anunciada el 9 de marzo de 2006, pues él era entonces jefe de Gabinete.
Quienes ponen reparos a esta medida le recuerdan al gobierno actual las consecuencias de esa decisión adoptada por el primer gobierno kirchnerista: se perdieron 12 millones de cabezas de ganado; se fundieron 16 mil productores; cerró un centenar de frigoríficos; y pasamos de tener el 10% del comercio mundial de carne a menos del 2% en 2014. En ese lapso pasamos del tercer lugar en el comercio de carne al 13°. Por efecto de estas medidas la Argentina dejó de ganar 10 mil millones de dólares y se perdieron 15 mil puestos de trabajo.
El gobierno pareciera no aprender de sus errores. Para muchos, el año pasado el caso Vicentin fue el inicio de la pérdida de imagen de Alberto Fernández, que había escalado a números inmensos por la pandemia. Ese episodio dejó para muchos la sensación de que gobernaba Cristina Kirchner y eso se trasladó inmediatamente a las encuestas de imagen. Hoy esa sensación está mucho más enraizada, y conforme los antecedentes, los resultados no prometen ser más efectivos.
Quince años atrás, para casi esta misma época, el gobierno de Néstor Kirchner resolvía la suspensión de las exportaciones de carne por seis meses. Alberto Fernández debe recordar muy bien esa medida anunciada el 9 de marzo de 2006, pues él era entonces jefe de Gabinete.
Hay un ejemplo muy presente que podría tener en cuenta el gobierno: la fuerte embestida en el Congreso para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal. Desde el oficialismo le había llegado el dato a la principal oposición de que ya tenían el número para convertir en ley el proyecto que desde noviembre pasado cuenta con media sanción del Senado. Por eso Juntos por el Cambio lanzó una acelerada y fuerte campaña exponiendo los nombres de los 23 diputados “del medio” -los que no son oficialistas, ni de JxC-, para que el Frente de Todos no pudiera encontrar allí los 12 votos que necesita para asegurarse la ley. En esa movida, Juntos por el Cambio salpicó a unos y otros, invirtiendo la carga de la prueba: expuestos, todos tuvieron que aclarar su postura de cara a una eventual sesión, aun aquellos como los lavagnistas que siempre habían dicho que no votarían esa ley.
Como sea, la estrategia tuvo los resultados esperados para Juntos por el Cambio, pues quedó claro que al oficialismo le faltan por lo menos cinco votos para sacar la ley que les permitirá desplazar al procurador Eduardo Casal, principal destinatario de semejante embestida. Muchos se preguntan aún de donde surgió la versión de que se habían alcanzado las voluntades necesarias, y todas las miradas apuntan al ministro Martín Soria, cuya capacidad para buscar consensos no parece ser una de sus características salientes.
Con todo, el proyecto ya tiene dictamen. Lo consiguió en el marco de un prolongado debate que se extendió hasta pasada la medianoche. Así las cosas, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en cualquier momento en el recinto, y ese es un elemento de presión del oficialismo, que no pierde las esperanzas de dar una sorpresa en cualquier momento con eso.
Ante ello la oposición está atenta incluso a no perder legisladores propios. Hace pocos días el oficialismo hizo toda una movida para desplazar a la diputada correntina Estela Regidor, acusada de pedirles el 50% del salario a sus asesores. Quieren que renuncie, como hizo Juan Ameri cuando protagonizó un escándalo al exhibir una escena íntima en el zoom. La diputada radical presentó un pedido de licencia por 90 días, que no alcanzó a ser tratado en la última sesión, pero el oficialismo iría por más. Si así sucede, en JxC tienen preparada una contraofensiva, reclamando un trato similar con los diputados oficialistas involucrados en el “vacunatorio VIP”. Por eso habrían suscripto con Sergio Massa un pacto de no agresión. Por si acaso, Juntos por el Cambio tiene de aquí en más como consigna una vieja premisa de Marcelo Gallardo: mantenerse con la guardia alta.
La iniciativa enviada por el Gobierno nacional recibió media sanción del Senado. Otorga facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de Covid-19.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19” recibió este jueves media sanción del Senado.
La iniciativa apunta a otorgar facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de coronavirus.
Su objetivo es “establecer medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de contagios por Covid-19 que se aplicarán en todo el país”.
Con la misión de ganar respaldo, el oficialismo en la Cámara alta introdujo una serie de modificaciones al texto. Uno de los cambios es que se incorporó que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la evolución de los casos y “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”. La versión original planteaba “previa consulta” con los ministros y ministras del país.
La iniciativa habla de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.
Por otra parte, se indica que los gobernadores y gobernadoras dictarán las medidas necesarias, “como agentes naturales del gobierno federal”, en lugar de “delegados o delegadas del gobierno federal”, un término que había hecho bastante ruido cuando el proyecto ingresó al Senado.
También se agregó al artículo 34 que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. La ausencia de un plazo en la norma era otro de los planteos que se cuestionaron.
Además, se eliminó la “invitación” al Poder Legislativo y al Poder Judicial de promover la modalidad de teletrabajo; se determinó la restricción de circular desde las 19 hasta las 6 del día siguiente -el texto inicial decía 20 en lugar de 19- para los aglomerados de más de 300 mil habitantes y que estén en alarma epidemiológica; y se agregó que el transporte público lo podrán utilizar también quienes concurran a asistir a un familiar.
En un nuevo artículo, se prevé que “las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente, en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, los datos que indique la autoridad sanitaria nacional, para el seguimiento, en tiempo real, de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación”.
El reporte será “obligatorio” para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, independientemente de su fuente de financiamiento, garantizando la protección de datos personales de conformidad con la Ley 25.326.
Asimismo, se sumó que quedará “autorizado el acompañamiento de los y las pacientes en estado terminal con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento”.
“En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la citada ciudad, según corresponda. En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado, por parte del o de la acompañante”, añade el artículo.
Uno de los puntos que logró el cambio de postura del aliado Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) es la aclaración de que, en los casos de “alto riesgo”, los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño podrán “disponer restricciones temporarias y focalizadas adicionales” en zonas que presenten parámetros diferentes al resto del distrito.
Clases presenciales
En la iniciativa se incorporó que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación”.
“En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”, reza el texto, que establece además que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente”. “Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”, se señala.
Sin embargo, se mantiene que “en los aglomerados, departamentos o partidos que se encuentren en situación de ‘Alarma Epidemiológica y Sanitaria’ queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”. Y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” en virtud “de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”. Del artículo se sacó que lo hará “previa consulta” con los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño.
Otros puntos
Para el Ejecutivo Nacional, las bases de la delegación de facultades serán dos: la “adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia”; y la “creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas”.
Luego se enumeran siete medidas sanitarias de prevención para todo el país: distancia mínima de dos metros; uso de tapabocas; ventilación de ambientes; higiene de manos; la obligación de toser y estornudar con el pliegue del codo; cumplimiento de los protocolos de cada actividad; y prohibición de circulación para personas contagiadas, sus contactos estrechos y casos sospechosos.
Como quedó establecido en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, se suspenden en todo el país -con excepción de las zonas de riesgo “bajo”- los viajes de egresados, estudiantiles y de jubilados, y las reuniones sociales de más de 10 personas en domicilios particulares.
En tanto, las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas y recreativas podrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria que corresponda.
En los locales gastronómicos se mantienen los horarios vigentes y el aforo del 30% en relación con la capacidad máxima habilitada; y se prohíbe la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas, aunque los gobernadores podrán ampliar el rango horario, “siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de diez horas”.
Por último, para los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como el caso del AMBA, se suma la suspensión de centros comerciales y ferias en lugares abiertos o cerrados y el cierre de los locales comerciales a las 19 horas.
Para las zonas más “calientes” en cuanto a cantidad de casos, “si los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario no hubieren presentado evoluciones favorables, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para adoptar restricciones adicionales, proporcionadas y razonables, siempre que cuente con la intervención de la autoridad sanitaria nacional que fundamente la razonabilidad de la medida sanitaria a adoptar” y “dichas medidas podrán ser dispuestas por un plazo máximo de vigencia de 21 días corridos”.
Además, se prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes en Argentina por el término de 30 días corridos, con algunas excepciones, como las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios.
El oficialismo, con acompañamiento de aliados, aprobó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Juntos por el Cambio ratificó su rotundo rechazo y anticipó la judicialización.
Por Melisa Jofré
El Frente de Todos en el Senado, con el acompañamiento de aliados, dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios”, de modo de gestionar la pandemia y que el presidente y los gobernadores puedan tomar medidas de acuerdo a la cantidad de casos de Covid en sus distritos.
La votación cosechó 38 votos a favor, del oficialismo y el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro); y 26 en contra, de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.
La aprobación se dio luego de un extenso debate, en el que Juntos por el Cambio ratificó su rotundo rechazo a la iniciativa por asegurar que es inconstitucional, además de anticipar que reclamará ante la Justicia.
El proyecto se votó minutos después del anuncio de Alberto Fernández -por cadena nacional- sobre un nuevo confinamiento, a causa de la fuertísima suba de casos -con cifras de más de 35 mil por día- y fallecimientos registrados desde el inicio de la pandemia en Argentina, allá por el 3 de marzo de 2020.
Desde la firma del dictamen hasta su llegada a la sesión, el texto sufrió una serie de modificaciones, con el objetivo de ganar respaldo de algunos bloques minoritarios en la Cámara de Diputados, donde los votos se prevén ajustados.
Dado el rechazo que tuvo la iniciativa desde un principio, y los tiempos que se retrasaron por las consultas con la Casa Rosada y el plazo que maneja el Senado para tratar los dictámenes en el recinto, la ley no pudo lograrse antes de este viernes 21 de mayo, día en que vence el último DNU dictado por el Gobierno.
Al abrir el debate, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun señaló que “mucho se ha dicho de los supuestos superpoderes que esta ley significaría para el presidente de la Nación. Nosotros entendemos que por el contrario, el presidente a través de esta ley lo que está haciendo es justamente autolimitarse en sus facultades”.
La santafesina cuestionó a la oposición por cambiar de postura debido al año electoral y lamentó que “seguimos padeciendo un alto nivel de contagiosidad y seguimos teniendo más muertos en Argentina”. “Yo creo que es un momento para que construyamos puentes, diálogo y consensos”, opinó.
En defensa del presidente, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales afirmó que “celebra” que Alberto Fernández “gobierne no mirando las encuestas, sino tomando las decisiones que tiene que tomar, que muchas de ellas son muy pocas simpáticas para la población, no me cabe duda de ello”.
De la vereda de enfrente, el radical Mario Fiad consideró que esta ley “es un intento para dar un maquillaje de legalidad y de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa, con el solo hecho y objetivo de concentrar funciones en el Poder Ejecutivo Nacional, para quien la pandemia es el fundamento válido para ir por todo”.
El presidente de la Comisión de Salud rechazó que mediante esta norma “el Congreso les dice a los gobernadores qué pueden hacer en sus provincias” cuando éstos “ya saben lo que pueden hacer en sus provincias, lo saben desde que tenemos una Constitución”.
Para el legislador jujeño, la “estrategia sanitaria” que se debe encarar es la de “acceder a las vacunas en cantidad suficiente para inmunizar a la población”. “Argentina no puede permitirse seguir haciendo uso solo de una estrategia para combatir la pandemia”, manifestó, en alusión a las medidas adoptadas por Nación.
Luego, el porteño Martín Lousteau observó que “el oficialismo cuando hay un obstáculo, algo en el sistema que le impide hacer exactamente lo que quiere, instala una ficción de debate y una ficción de acuerdo, como si el consenso fuese cumplir el trámite de que algo pasa por el Parlamento, en lugar de abocarnos a una real deliberación y a ponernos de acuerdo”.
“Este proyecto podría haber sido el proyecto más importante del año, y si hubiésemos sido capaces de resolver esto en el Congreso hubiese mostrado un gran esfuerzo de democracia representativa y de esfuerzo colaborativo para armonizar todos los derechos e intereses que están en juego; porque todo tiene su costo, cerrar tiene costo, no cerrar tiene costo, si hubiésemos tomado decisiones con mas rigurosidad y evidencia, quizás hubiésemos podido reducir los costos generales en las múltiples dimensiones”, analizó el radical, que aseveró que “a pesar de las declamaciones” del oficialismo “no hay ánimo de acordar y de dialogar colectivamente para abordar esta enorme crisis que estamos atravesando”.
En respuesta a las críticas, el senador del Frente de Todos Dalmacio Mera manifestó: “Estamos viviendo una situación dramática y las especulaciones políticas están a la orden del día. Las internas de los partidos políticos se mezclan a la hora de tomar decisiones y eso es lamentable porque este es un tema estrictamente sanitario que vive la Argentina y el mundo, pero ahí están las especulaciones con una falta total de sentido común. Me parece lamentable y dejamos mucho que desear”.
“Tenemos más de 70 mil muertos. Hay un virus que infecta a muchos dirigentes políticos que vino muy fuerte con la segunda ola y es el virus de la encuestitis”, lanzó el catamarqueño, quien agregó que “ahora que hay que tomar decisiones, esa misma dirigencia ha quedado presa de ese odio que ha sembrado”.
En ese sentido, el legislador dijo que “quieren preservar la imagen propia y por eso miran siempre las encuestas antes de tomar una decisión, y también quieren mantener la imagen para el núcleo duro de su partido y especulan si acompañar o no, para no ser acusados por los halcones que son una parte de la dirigencia que siembra el odio sobre los otros”, dijo en referencia a la interna de Juntos por el Cambio.
Avanzado el debate habló la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien resaltó que “Argentina no está solamente de luto por los fallecidos de Covid. Hoy el Senado está de luto porque los senadores, que tenemos que defender los derechos de las provincias, vamos a enterrar el federalismo que establece nuestra Constitución y las leyes”.
La senadora del Pro sostuvo que esta ley “va a convertir a un presidente en un emperador, le va a dar la suma del poder público y se va a arrogar facultades que le pertenecen a las provincias”, tales como sus competencias en “salud, educación, tránsito interno, cuándo cerrar o abrir un negocio”.
“Una ley no puede venir a tomar esas facultades”, insistió Rodríguez Machado, que anticipó que la oposición recurrirá a la vía judicial. “Los gobernadores no son delegados del presidente, no pueden avalar esta ley que les impide ejercer sus funciones”, añadió.
Recogió el guante el oficialista Oscar Parrilli, que remarcó: “La verdad que me llamó mucho la atención que hablan de emperador y hablan de dictadura, de golpe de Estado, y cuando uno los escucha, pareciera que nunca gobernaron en Argentina. ¿Ustedes se olvidan que hace poquito terminaron de gobernar por cuatro años sin ninguna pandemia? ¿Se olvidaron de cómo dejaron a la Argentina?”.
“¿Ya se olvidaron de las atrocidades que hicieron desde el punto de vista educativo; de la salud, con cinco hospitales sin terminar en la provincia de Buenos Aires porque solo habían sido hechos por la gestión de Cristina Kirchner?”, fustigó el kirchnerista, y continuó diciendo que “hablan de emperador y se olvidan de los 80 Decretos de Necesidad y Urgencia que dictó el presidente (Mauricio) Macri y todas las atrocidades que hicieron; que comenzaron queriendo nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto”. “Hablan de dictadura y ustedes me espiaron el teléfono durante ocho meses violando mi intimidad”, apuntó.
En la recta final del debate, el rionegrino Alberto Weretilneck celebró que “el Gobierno nacional ha acertado en aceptar algunas modificaciones a esta ley, y esta norma echa una luz” al manejo de la pandemia, por lo que “es preferible a los DNU”. “Quiero agradecer la predisposición -del oficialismo- por haber aceptado las modificaciones que hemos presentado”, dijo.
El exgobernador rionegrino destacó que, en el contexto actual, “se retomó el diálogo entre el presidente y los gobernadores antes de tomar una decisión, lo que es una normalidad institucionalidad”. “Hasta ahora no ha habido ningún gobernador ni gobernadora que públicamente rechazare esta ley”, mencionó.
Mientras el presidente Alberto Fernández brindaba su mensaje por cadena nacional, Weretilneck indicó: “Seguramente las medidas que se están anunciando ahora son todas compartidas por los gobernadores. No ha habido alguna voz altisonante o de rechazo a lo que el presidente le planteó a los gobernadores”.
Completamente en contra del proyecto, el jefe del interbloque Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, consideró que “con esta ley estamos generando un precedente nefasto respecto al federalismo, porque se va a pasar por arriba violentamente sobre las autonomías provinciales”. Y acusó a los gobernadores por “el silencio cómplice con el que fueron domesticados con promesas” para “este golpe artero al federalismo”.
“Nosotros no negamos la pandemia, aunque hay unos efectos internos en el manejo de la pandemia, y por eso hay que diferenciar a la pandemia de la cuarentena y sus efectos, ya que hubiese tenido otros efectos con un mejor seguimiento, con menos malas praxis, con mayor detección, con un aislamiento focalizado y luego con una mayor vacunación”, reclamó el salteño.
En esa línea, enfatizó: “Por la mala praxis del Gobierno en el manejo de la pandemia se ha agravado la caída de la actividad económica, con una inflación que va a generar una crisis muy grave para el año próximo”.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, señaló que “a las 21.06, estamos tratando una ley que aborda los parámetros epidemiológicos según las urgencias del Poder Ejecutivo Nacional”, pero “a las 20.35, con el mensaje grabado del presidente -transmitido por cadena nacional- y sus decisiones, echa por tierra todo marco de legalidad y legitimidad del contenido de la norma que hoy sancionamos”.
Efusivo, el senador formoseño opinó que “es importante hacerse cargo en política. La palabra ausente en el oficialismo es autocrítica, porque nadie explicó por qué estamos cómo estamos”. “Para nosotros, el Gobierno cometió dos grandes errores: el primero, se subestimó la pandemia cuando inició y eso tuvo costo; y el otro error fue la sobreestimación de la única herramienta que exhibió el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia como fue la cuarentena”, cuestionó.
El radical aseguró que el Gobierno “no escucho, se aisló y no tuvo un plan. No nos pueden acusar que no hubo voluntad de acompañamiento”. “Si queremos retomar el camino de la normalidad, vamos a hacer el acuerdo que quieran, pero le vamos a exigir una sola cosa al Gobierno: gestione vacunas, vacunas para la sociedad, para los trabajadores esenciales. Vacunas y testeos. Vacunas para encontrar la salida porque hay un hartazgo social”, completó.
Finalmente, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, advirtió que “estamos con una situación extrema y con una oposición salvaje”, y acusó a Juntos por el Cambio de “tener una estrategia electoral”. “Es mentira que buscan el diálogo”, expresó.
“Nosotros estamos en estrategia sanitaria, pero ellos están en una estrategia electoral. Ahí está la diferencia”, cargó el formoseño que, fiel a su estilo, aseveró: “El diálogo que quiere la oposición es todo verso, porque ya sabemos lo que hicieron cuando fueron gobierno. Todo mentira, porque destruyeron la institucionalidad en la Argentina”.
En su discurso, el oficialista fustigó que “nadie tiene la capacidad de destrucción que tiene Cambiemos, porque primero destruyeron el país y luego destruyeron la estrategia sanitaria de Formosa atacando, mintiendo con el apoyo de los medios”, al mencionar el incremento de casos en su provincia.
El radical opinó que el proyecto sobre parámetros epidemiológicos “es un intento para dar un maquillaje de legalidad y de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa”.
El titular de la Comisión de Salud, el senador radical Mario Fiad, criticó el proyecto del Gobierno para establecer parámetros epidemiológicos por la pandemia y lanzó: “Es un intento para dar un maquillaje de legalidad y de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa, con el solo hecho y objetivo de concentrar funciones en el Poder Ejecutivo Nacional, para quien la pandemia es el fundamento válido para ir por todo”.
Si bien destacó que el Poder Ejecutivo recurriera al Congreso “a más de un año y después de incontables Decretos de Necesidad y Urgencia”, lamentó que las atribuciones del Parlamento “han sido sistemáticamente afectadas desde el inicio de la pandemia”.
El legislador jujeño, de profesión médico, explicó que “los parámetros están sujetos al número de casos y el número de casos depende de la cantidad de los testeos”. En ese sentido, observó la poca falta de testeos en el país, y se preguntó “por qué no se usa como parámetro el número de muertes, como se hacen en otros países”. Por eso, consideró que la clasificación de cuatro zonas está “sesgada en su origen”.
Por otra parte, Fiad rechazó que mediante esta ley “el Congreso les dice a los gobernadores qué pueden hacer en sus provincias” cuando éstos “ya saben lo que pueden hacer en sus provincias, lo saben desde que tenemos una Constitución”.
Sobre la palabra “delegados” en alusión a los mandatarios provinciales, que se cambió en la redacción por “agentes naturales”, el senador de Juntos por el Cambio analizó: “La palabra delegados quizás fue un acto fallido del Ejecutivo en esta voluntad permanente de practicar un federalismo paternalista de subordinación de las jurisdicciones”.
Para el radical, la “estrategia sanitaria” que se debe encarar es la de “acceder a las vacunas en cantidad suficiente para inmunizar a la población”. “Argentina no puede permitirse seguir haciendo uso solo de una estrategia para combatir la pandemia”, manifestó, en alusión a las restricciones.
Por último, remarcó que “la pandemia y la emergencia no son un permiso para poder vulnerar derechos”, y alertó que “la verdadera emergencia” es “la progresiva y creciente acumulación de funciones en cabeza del Poder Ejecutivo”.
La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales defendió el proyecto del Gobierno sobre parámetros epidemiológicos al enfatizar que apunta “a que no colapse el sistema sanitario”.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun, abrió el debate de este jueves en el Senado sobre el proyecto del Gobierno para determinar parámetros epidemiológicos y sanitarios, al tiempo de regular las restricciones por la pandemia, y defendió la iniciativa al afirmar que apunta a que “no colapse el sistema sanitario”.
“Mucho se ha dicho de los supuestos superpoderes que esta ley significaría para el presidente de la Nación. Nosotros entendemos que por el contrario, el presidente a través de esta ley lo que está haciendo es justamente autolimitarse en sus facultades”, sostuvo.
La santafesina señaló que Alberto Fernández “podría haber avanzando en el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia”, pero dada la prolongación de la pandemia -que en este momento pega más fuerte que nunca en el país-, optó por mandar “este proyecto con parámetros epidemiológicos claros” porque la situación “amerita el dictado de una legislación, como ha pasado en otros países del mundo”.
“Más republicano y democrático no puede haber”, consideró la legisladora, que mencionó los aportes de abogados constitucionalistas que pasaron por la comisión, entre ellos los de Andrés Gil Domínguez, quien dijo que el proyecto “cumplía con el modelo federal argentino en el ámbito de la Constitución Nacional”.
Durante su discurso, Sacnun recordó el apoyo de la oposición al Gobierno en el comienzo de la pandemia y se preguntó “¿qué pasó en Argentina para que en un año y tres meses, un núcleo muy duro de la oposición se opone a esta normativa?”. “¿Se habrá iniciado el año electoral y se están utilizando electoralmente las más de 70 mil muertes?”, continuó.
La senadora lamentó que “seguimos padeciendo un alto nivel de contagiosidad y seguimos teniendo más muertos en Argentina. Yo creo que es un momento para que construyamos puentes, diálogo y consensos”.
Y celebró que el presidente “gobierne no mirando las encuestas, sino tomando las decisiones que tiene que tomar, que muchas de ellas son muy pocas simpáticas para la población, no me cabe duda de ello”.
“El presidente está haciendo lo que debe hacer, que es nada más y nada menos que preservar el bienestar general de todo el pueblo argentino”, completó.
La iniciativa del Poder Ejecutivo se tratará este jueves en el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría para darle media sanción. Qué modificaciones se le introdujeron al texto.
Por Melisa Jofré
En la sesión de este jueves, el oficialismo en el Senado buscará alzarse con la media sanción del proyecto de ley enviado por el Gobierno para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19”.
Tras las propuestas que se hicieron llegar a Casa Rosada, y con el objetivo de ganar respaldo de algunos bloques minoritarios en Diputados, donde los votos se prevén ajustados, el Frente de Todos en la Cámara alta introdujo una serie de modificaciones a la versión original.
La bancada de Juntos por el Cambio -y en sintonía el interbloque Parlamentario Federal- ya anticipó su rotundo rechazo a la iniciativa de facultades especiales para disponer restricciones sanitarias, al considerarla inconstitucional y en contra de la línea que marcó la Corte Suprema de Justicia a través del fallo sobre las clases presenciales. Pero también dijo que no votará a favor el rionegrino Alberto Weretilneck, quien suele acompañar al oficialismo en las votaciones.
Uno de los cambios incorporados al proyecto, al que accedió parlamentario.com, es que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la evolución de los casos y “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”. El texto original planteaba “previa consulta” con los ministros y ministras del país.
La iniciativa habla de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.
Por otra parte, se indica que los gobernadores y gobernadoras dictarán las medidas necesarias, “como agentes naturales del gobierno federal”, en lugar de “delegados o delegadas del gobierno federal”, un término que había hecho bastante ruido.
También se agregó al artículo 34 que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. El plazo de la norma era otro de los planteos.
Además, se eliminó la “invitación” al Poder Legislativo y al Poder Judicial de promover la modalidad de teletrabajo; se determina la restricción de circular desde las 19 hasta las 6 del día siguiente -la versión inicial decía 20 en lugar de 19-; y se agrega que el transporte público lo podrán utilizar también quienes concurran a asistir a un familiar.
En un nuevo artículo, se prevé que “las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente, en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, los datos que indique la autoridad sanitaria nacional, para el seguimiento, en tiempo real, de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación”.
El reporte será “obligatorio” para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, independientemente de su fuente de financiamiento, garantizando la protección de datos personales de conformidad con la Ley 25.326.
Clases presenciales
En la iniciativa se incorporó que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación”.
“En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”, reza el texto, que establece además que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente”. “Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”, se señala.
Sin embargo, se mantiene que “en los aglomerados, departamentos o partidos que se encuentren en situación de ‘Alarma Epidemiológica y Sanitaria’ queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”.
Y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” en virtud “de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”. Del artículo se sacó que lo hará “previa consulta” con los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño.
Vilma Ibarra y Carla Vizzotti participaron de un plenario de comisiones en el Senado en el que justificaron la iniciativa en un marco de “excepcionalidad”, y aseguraron que el texto es constitucional.
Por casi cuatro horas, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, defendieron ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud del Senado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia.
Ibarra aseguró que “no son muchas las delegaciones legislativas” que se le otorgan al Poder Ejecutivo Nacional, sino que se trata de que “el Congreso establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional”.
“El Gobierno considera que las medidas son constitucionales”, aseveró la funcionaria, que añadió que “no hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores y gobernadoras”, ya que el Poder Ejecutivo Nacional tomará “medidas adicionales” solo en los casos de alarma epidemiológica y cuando, tras 21 días, las medidas tomadas por las provincias no hayan dado efecto.
Para Vizzotti, el proyecto apunta a “tener un marco legal y fortalecer muchísimo las medidas de cuidado para la población que todavía no está alcanzada por la vacunación”. Sobre los criterios para clasificar cuatro situaciones sanitarias diferentes tienen “la mirada de un país federal”.
Al momento de las preguntas, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, habló de la realidad en su provincia, Formosa, y luego cuestionó el modo en que se establece la clasificación de las situaciones sanitarias.
En ese sentido, el radical señaló: “Hay un cociente que ustedes lo definen entre los 14 días previos de la cantidad de contagiados y los 14 días previos de la cantidad, supuestamente, de lo que detecta el propio sistema. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que se toman para establecer esta categoría? ¿Por qué le pregunto ministra? Por ejemplo, ayer en la página web oficial de mi provincia se informó 731 casos positivos, pero ustedes, en el Ministerio de Salud de la Nación informan 373 casos”.
Vizzotti respondió que “hay provincias que utilizan sus propios sistemas de información y esos sistemas interoperan”, por lo que se registran “algunas horas o días de atraso”, pero lo importante es “el contacto permanente con las jurisdicciones” para saber de la actualización de los casos.
Sobre los centros de aislamiento, la ministra de Salud expresó que “el tema de los aislamientos extradomiciliarios y extrahospitalarios es una herramienta no solamente recomendada en Argentina”, y ejemplificó que en la Ciudad de Buenos Aires se aplicó un sistema similar con los aislamientos en hoteles. Se trata de “minimizar el contagio intradomiciliario y no cargar el sistema de salud internando a casos leves”, resaltó.
En defensa de la medida, la titular de la cartera de Salud dijo que estamos “claramente en una situación de emergencia y de excepción” que “requiere acciones excepcionales, extraordinarias e inéditas, no solo en Argentina sino en el mundo”.
“No es así como usted dice ministra. Una cosa es un centro de aislamiento extradomiciliario, cuando el paciente no está en condiciones de transitar la enfermedad en su domicilio. Usted me está diciendo que en Argentina rigen los centros de privación de la libertad como norma y no es así”, la cruzó Naidenoff, que denunció que en Formosa “a la gente con una orden judicial la están secuestrando”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, el jujeño Mario Fiad, opinó que el proyecto genera “una enorme preocupación” porque el Gobierno nacional “no parece hoy encontrar otra forma de gobernar que no sea con la emergencia y la excepcionalidad”. “Aquí se habla mucho de la vida y de la salud de los habitantes de nuestro país como fundamento para habilitar cualquier medida que adopte el Ejecutivo”, consideró.
“La pandemia no nos habilita a suspender la Constitución Nacional, el respeto por la distribución de las competencias con las jurisdicciones y tampoco de las restricciones”, aseguró el legislador de la UCR.
En tanto, su par Silvia Giacoppo le reclamó a Vizzotti por “el vacunatorio VIP” y que todavía no se haya presentado ante la Comisión de Salud del Senado. Sobre la iniciativa, manifestó: “Este proyecto de ley de los superpoderes realmente desde donde se lo mire es algo que no podemos votar, sencillamente porque no se puede delegar lo que no se tiene. Y no es potestad de este Congreso, y menos aún del Poder Ejecutivo de dar facultades que fueron expresamente reservadas a los poderes provinciales”.
“Hasta nos mandan a bañar. O sea, yo puedo entender una medida sanitaria. Pero son reglas que del modo que están escritas son imperativas y no dan lugar a ninguna discusión. Estamos entrometiéndonos en los derechos fundamentales de los ciudadanos”, agregó la jujeña.
También realizó preguntas a las funcionarias la porteña Guadalupe Tagliaferri, quien observó que el artículo 3 del proyecto “faculta al Ministerio de Salud a modificar los criterios (de clasificación) sin ningún tipo de consulta con el Congreso”.
Respecto a las clases presenciales, la macrista apuntó que “Alemania, un país que se ha citado, suspendió sus clases presenciales solamente 35 días y en Argentina las suspendimos por 180 días. Estamos dentro de los diez países que menos clases presenciales han tenido el año pasado”. Y consultó a Ibarra sobre el fallo de la Corte, que le dio la razón a la Ciudad de Buenos sobre su reclamo por el DNU 241/21: “¿Considera usted que una ley puede estar por encima de la Constitución Nacional?”.
Al momento de las respuestas, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, justificó que la suspensión de las clases presenciales se prevé “en una situación de alarma, cerca del desborde sanitario”, con el objetivo de “bajar la curva y los niveles en los parámetros”.
Al hacer referencia al fallo de la Corte, subrayó que, en sus conclusiones, el voto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda indica que “el Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias, estableciendo las bases, pero no puede, normalmente, sustituirlas”. Para la funcionaria la palabra “normalmente” y los fundamentos posteriores de los jueces, argumentan a favor de los motivos “por los cuales el Poder Ejecutivo podría ingresar a regular una materia” que es competencia de las provincias.
Ibarra enfatizó que el proyecto se trata de que “el Congreso Nacional establezca una regulación de salud pública en el marco de una pandemia, de manera excepcional”, y contar con “un esquema de funcionamiento para poder garantizar cuanto antes el ejercicio más pleno de todos los derechos”.
“El Gobierno considera que las medidas son constitucionales”, afirmó, al rechazar que la iniciativa sea inconstitucional, y agregó que no es un “proyecto de superpoderes” sino “una ley marco que tiene que tener razonablemente algunas flexibilidades para poder tomar medidas adicionales en el momento de mayor tensión del sistema de salud”. Y esas medidas son “muy escalonadas, muy razonables y muy vinculadas a los sistemas federales”.
Más tarde, insistió que “no hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores y gobernadoras” que “pueden tomar las disposiciones” de sus competencias, mientras que el Poder Ejecutivo Nacional “es adicional en caso de alto riesgo y si se ha observado que no fueron suficientes las medidas” tomadas por las provincias.
Respaldo oficialista
Durante la reunión, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, recordó el diálogo que existía el año pasado entre todas las fuerzas políticas mientras se veía con “asombro, alerta” como “dirigentes de la oposición que no tenían la responsabilidad de gobernar planteaban locuras extremas como llamar a movilizaciones y quemar barbijos”.
Entonces destacó a los gobernadores que “no comulgaban con esa locura de incentivar a que la gente no se cuide”, pero “en esta segunda ola eso cambió” y ” han entrado en una cuestión político-partidaria y no en una situación epidemiológica-sanitaria”, dijo la mendocina.
La legisladora celebró que el Gobierno “envíe un proyecto para que salgamos de esta locura que propone la oposición”, y dijo que la iniciativa es “un marco de coincidencias científicas e institucionales” para que podamos “salir lo mejor posible de esta segunda ola que va a ser larga, todavía no entramos al invierno”.
Finalmente, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, cargó nuevamente contra la oposición por el crecimiento de los casos de Covid en Formosa y criticó a Juntos por el Cambio por haber rechazado el proyecto incluso antes que ingrese a la Cámara.
Para el formoseño, el Gobierno nacional tiene una “estrategia” basada “en criterios científicos” y apoyada en el plan de vacunación, pero “está también la estrategia Bolsonaro, la que quiere aplicar la oposición, de cuanto peor mejor”. “¿Qué quieren, que lleguemos a 100 mil muertos para ver si pueden ganar las elecciones?”, disparó y pidió “racionalidad en este tema y dejar de lado la campaña política”.
El diputado del Pro se manifestó en contra de la iniciativa que ingresó al Senado y consideró que habrá presentaciones judiciales. Puso el duda la capacidad del oficialismo para reunir el quórum en Diputados.
El diputado nacional Luciano Laspina (Pro) se refirió al proyecto de ley enviado por el Gobierno sobre las facultades especiales para regular las restricciones por la pandemia y opinó que “es un avasallamiento sobre las autonomías provinciales”.
“Dado que el DNU (241/21) fue cuestionado por el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno ahora dice ‘queremos redoblar la apuesta y vamos a hacerlo por un proyecto de ley'”, señaló el macrista, que pronosticó que en caso de aprobarse la norma habrá presentaciones judiciales.
Respecto al tratamiento de la iniciativa en la Cámara baja, luego que llegue de parte del Senado, el legislador de Juntos por el Cambio anticipó: “Vamos a tratar de llevar este debate de una manera lo suficientemente contundente en los argumentos, de modo tal de poder quebrar las alianzas que el kirchnerismo necesita, al menos en la Cámara de Diputados, para llegar al quórum y a la mayoría simple”.
En ese sentido, Laspina recordó que el interbloque que conduce el mendocino José Luis Ramón y una parte del Interbloque Federal -como son los diputados Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos- suelen acompañar al oficialismo en las votaciones.
Para el diputado, el proyecto “parte de dos supuestos implícitos que nosotros no compartimos”. “Uno es desconfiar de la autoridad o de la responsabilidad de los gobernadores e intendentes en el manejo de la crisis sanitaria en sus distritos. Intervenir en la cuestión sanitaria según algunos parámetros objetivos, que además se autodelega la capacidad de ir modificándolos según considere la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud”.
El otro aspecto es que plantea que “las clases presenciales son parte del problema y no parte de la solución” cuando “no ha habido hasta ahora ninguna estadística de que haya más riesgo de contagio de los chicos en las aulas con protocolos muy estrictos, respecto a que se queden en sus casas y en la mayoría de los casos probablemente saliendo y juntándose en las casas de sus amigos sin protocolos, o jugando en la calle”.
“Además de delegarse facultades vuelve a invadir de alguna forma la autonomía de las provincias y genera un precedente bastante peligroso, más allá de lo sanitario y la excepcionalidad”, insistió el santafesino, que opinó que de aprobarse la ley habrá “presentaciones que van a volver a llevar el conflicto a la Corte, y presentaciones de las propias provincias”.
En declaraciones a radio CNN, Laspina agregó que al proyecto lo ve “como un capricho” por parte del Poder Ejecutivo, algo “bastante parecido a lo que nos tiene acostumbrados Cristina Kirchner”.
Por otra parte, el legislador del Pro aseguró que ve “muy golpeado” al ministro de Economía, Martín Guzmán, “por esta tensión que se generó respecto a las tarifas”. “Me preocupa porque Argentina está en una situación muy vulnerable. Justo ahora estamos atravesando la mejor etapa del año, con un precio récord de la soja que genera una liquidación histórica en dólares para el campo argentino, pero después viene un largo segundo semestre donde ya los dólares no van a abundar”, observó.
Y manifestó la preocupación por “un presidente débil” al que se le suma “un ministro de Economía que no puede tomar decisiones”. “Creo que Guzmán está tratando de tomar aire para ver si se puede recuperar, pero va a ser muy difícil si él no trata de volver a imponer su palabra”, expresó y, en esa línea, hizo alusión a las negociaciones por la deuda con el FMI. “Hay un sector muy duro del kirchnerismo que se prepara para ir a una confrontación durísima con el Fondo y eventualmente a romper con el Fondo”, advirtió el economista.
El radical Luis Petri y el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo tuvieron un intercambio a través de Twitter.
Dos diputados mendocinos se cruzaron este martes, a través de Twitter, por el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios” de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid.
Para el radical Luis Petri, la iniciativa “supone un brutal avance sobre el federalismo, desconociendo el fallo de la Corte”, que la semana pasada le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires sobre las clases presenciales.
El legislador de Juntos por el Cambio consideró que “quienes voten a favor después no digan que luchan por el federalismo o que van al Congreso a defender a sus provincias porque las están entregando con moño con esta ley”, y mencionó en el tuit a su par José Luis Ramón.
El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo le respondió: “Mi querido @luispetri si la intención de su frente estuviera puesta en la protección de la ciudadanía tendrían la vocación de leer los proyectos primero y negarse después. Pero como se manejan por capricho, primero niegan y después ven qué hacen”.
“El doble discurso se ve a la legua. @rodysuarez se lava las manos y le tira el fardo a Nación, pero ahora sus legisladores nacionales van en contra de que Nación se haga cargo. Primero debatamos el proyecto, unifiquemos los criterios sanitarios y pongámosle un tope de tiempo”, agregó Ramón, aliado del oficialismo en la Cámara baja.
Petri defendió entonces que el gobernador Rodolfo Suárez “ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia, buscando equilibrar razonablemente salud, economía y educación, algo que no ocurrió a nivel Gobierno nacional”.
Y completó que leyó el proyecto ingresado al Senado y “confirma nuestras sospechas, es una delegación de facultades que viola la Constitución y atropella las autonomías provinciales. La Corte se pronunció sin dejar dudas y el Gobierno utiliza al Congreso para desafiarla”.
El jefe del Frente de Todos en el Senado aseguró que el oficialismo le dará un rápido trámite a la iniciativa enviada por el Gobierno y sostuvo que “de ninguna manera” le da facultades extraordinarias al presidente.
El jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, afirmó que este miércoles el oficialismo buscará el dictamen del proyecto de ley enviado por el Gobierno para gestionar la pandemia según criterios epidemiológicos.
En diálogo con Radio 10, el formoseño reveló que luego de recibir a funcionarios, en un plenario que deberán convocar las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud, la bancada que conduce pasará a la firma el despacho para que pueda ser tratado la próxima semana en el recinto.
“El proyecto está basado en los criterios que han tenido otros países, como el caso de Alemania”, ejemplificó y justificó la propuesta en el marco de “una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina tenemos casi 70 mil muertos, tenemos más de tres millones de personas afectadas por este virus”.
Para el legislador, “la misión que tiene el Gobierno es conservar y preservar la salud de los ciudadanos, y fundamentalmente cuidar la vida, que es un derecho humano fundamental”. “El Gobierno tiene obligaciones que son constitucionales y de tratados internacionales”, agregó.
Además, Mayans sostuvo que “de ninguna manera” el proyecto se trata de otorgarle facultades extraordinarias al presidente.
Consultado por el rechazo anticipado de Juntos por el Cambio al proyecto, el senador fustigó: “El gobierno de Macri fue tan malo que ellos quedaron prácticamente con una confianza muy baja por parte del pueblo argentino, y vieron la oportunidad en la pandemia para discutir todo, estar en desacuerdo con todo”.
“Macri le mintió al país en todo su gobierno y esto es lo que hizo con la vacuna ahora, él había dicho que ‘hasta que no se vacune el último argentino’ no lo iba a hacer”, dijo y completó que la oposición toma a la pandemia “con la misma irresponsabilidad”.
El diputado tucumano aseguró que la iniciativa que enviará el Gobierno buscará establecer “un sistema común”, aunque anticipó que un debate que no será “unánime o fácil”.
El diputado nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos) se refirió este lunes al proyecto que el Gobierno nacional enviará al Congreso para establecer criterios sobre las restricciones que se tomen en el marco de la pandemia, y aseguró que es una iniciativa que “va a dar mucha claridad y tranquilidad a todos”.
El titular de la Comisión de Salud sostuvo que se tratará de imponer un “sistema común” para “medir la evolución de la pandemia de la misma manera” en todo el país y, de esa forma, “la gente podrá saber por qué en un momento en algún lugar de Argentina se toman medidas un poquito más duras que en otros”.
Sobre el debate que se anticipa, el oficialista señaló que si se guía “por lo que pasó con el DNU anterior, o por lo que pasó en la reunión del Consejo Federal de Educación, da la sensación de que no va a ser una decisión unánime o fácil”.
“Creo que es un tema complejo, ojalá que haya acuerdo”, agregó el legislador, y se mostró a favor de dar la discusión, pero remarcó: “Muchos países del mundo tomaron esta decisión y es lo que se reclama, la claridad en la toma de decisiones”. “Este año lamentablemente habrá restricciones, en algunos lugares más, en otros menos”, resaltó.
Respecto al debate por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el tucumano expresó que “es una autonomía progresiva, porque no es una provincia, porque no ha nacido como ellas, pero eso no está en discusión en este proyecto. Lo que se discute es si frente a situaciones sanitarias extremas, cuáles son los mecanismos que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para poder tomar medidas excepcionales”.
“La autonomía existe, como en la educación, en la cuestión sanitaria, pero hay circunstancias particulares como esta pandemia que requieren un enfoque rápido y uniforme del sistema de salud, no podemos permitir que cada jurisdicción haga lo que quiera”, enfatizó Yedlin en diálogo con FM La Patriada.
Y cargó contra la gestión porteña: “Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene la peor mortalidad por Covid de Argentina”. “La Ciudad tuvo valores que triplicaron los de cualquier ciudad populosa de Argentina. Ahora está bajando y ojalá siga así, pero hay consecuencias como pacientes que no deberían haber muerto”, añadió.
“Lo que están haciendo algunas jurisdicciones es arriesgarse en forma indebida a tener un aumento de los casos y la mortalidad injustificadamente”, opinó.
Por otro lado, sobre la postergación de las PASO, el diputado -que había propuesto su suspensión-, aseguró que se debe “encontrar un consenso, porque en la mayoría de los lugares de Argentina se eligen los candidatos de otras formas”. “Lo que me parece prudente es pasar el cuello de botella y tener más población vacunada”, dijo.
Además, se refirió a la ley de etiquetado frontal de alimentos y consideró que el proyecto que viene del Senado “necesita ajustes, como ver qué pasará con el etiquetado en el Mercosur”. No obstante, garantizó que “los argentinos vamos camino a tener ley de etiquetado frontal en los próximos meses”.
También, el tucumano habló sobre la ampliación de la tarjeta Alimentar, y celebró “la medida de aumentar el valor e incorporar a chicos más grandes. Es una decisión muy valiente en este momento de crisis, es lo que la gente votó, un Gobierno que ayude”.
La presentación ante la Justicia fue realizada por la asociación civil Bases Republicanas, que preside una exfuncionaria de Cambiemos.
La asociación civil Bases Republicanas presentó una denuncia penal contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, por el delito de abuso a la autoridad, a raíz de los controles sanitarios realizados el fin de semana pasado en los accesos entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad.
“Estos supuestos controles, que empezaron el fin de semana pasado en forma injustificada y sin ningún tipo de coordinación ni aviso previo, no sólo provocan importantes demoras y malestar en todas las personas, sino que atentan contra el derecho a la libre circulación”, sostuvo Jimena de la Torre, presidenta de la organización y exsubdirectora de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos.
La abogada apuntó que “muchos de quienes sufrieron retenciones -de dos o tres horas en algunos casos- son trabajadores esenciales, como médicos o enfermeras, que transitan diariamente de una jurisdicción a otra para llegar a sus lugares de trabajo”.
“Las autoridades de la provincia ya anunciaron que este fin de semana habrá nuevos controles, la historia se va a volver a repetir, y tenemos que poner un freno. Quedó demostrado que estos controles no sirven para nada y que son totalmente abusivos, ya que el horario de restricción de circulación actual es entre las 20 y las 6 del día siguiente”, advirtió de la Torre.
La denuncia penal fue presentada por las autoridades de Bases Republicanas y recayó en el Juzgado Federal N°2 de San Isidro a cargo del doctor Lino Mirabelli, y fue ratificada en las últimas horas por los denunciantes.
Con mayoría en la Bicameral de Trámite Legislativo, el Frente de Todos defendió las medidas tomadas por el Gobierno, que regirán hasta el 21 de mayo. Críticas a la Ciudad de Buenos Aires y al interbloque opositor, que impugnó la reunión.
El Frente de Todos en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dictaminó a favor de la validez del DNU 287/21, por el cual el presidente Alberto Fernández dispuso restricciones sanitarias hasta el 21 de mayo por la pandemia de Covid.
Fue en una reunión en la que los miembros de Juntos por el Cambio estuvieron ausentes, luego de avisar por nota al presidente de la comisión, el diputado Marcos Cleri, que impugnarán la convocatoria. El argumento es que el pasado 30 de abril venció el Protocolo de Funcionamiento Remoto de la Cámara baja.
“Es vergonzoso”, sostuvo la diputada oficialista Carolina Gaillard, quien justificó que “esta comisión debe funcionar aún en receso de la cámara, así lo establece la Ley 26.122 y el reglamento interno de esta comisión”. “No es una comisión más del Congreso, controla facultades extraordinarias y excepcionales del presidente”, continuó.
En alusión a uno de los argumentos de la nota de Juntos por el Cambio, la entrerriana opinó que “es un atropello institucional no venir a sesionar a esta comisión porque están yendo en contra de la Constitución”.
“El artilugio de no venir a la comisión por parte de la oposición realmente no resiste el menor análisis”, arrancó el diputado Pablo Yedlin, que además cuestionó que mes a mes haya que negociar en la Cámara baja la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, algo que representa “una medida absolutamente inconstitucional, porque impide el desarrollo de una de las instituciones más fuertes que tiene la república”.
El tucumano, de profesión médico, repasó que el país ya superó los tres millones de casos de Covid y hay alrededor de 64.200 muertos. “Hay un ritmo en esta pandemia que empieza por las zonas más pobladas y se distribuye luego a todas las provincias”, argumentó y cargó: “La peor jurisdicción de la Argentina en mortalidad por lejos es CABA”.
El legislador del Frente de Todos apuntó que la Ciudad de Buenos Aires tiene “la mortalidad más alta de todo el país”, con “357 muertos por cada 100.000 habitantes”. Y, aunque aclaró que en letalidad se encuentra en el noveno puesto a nivel nacional, eso sucede igual cuando “tiene por lejos el mejor sistema sanitario de Argentina y toda la región, y la mayor concentración de personal de salud”.
Yedlin mencionó también que la ocupación total de camas en CABA está en 95,79%, “por lejos la peor”, indicó, y puntualizó que en Mendoza es de 95,74%.
“Cuando escuchamos que la Corte dice que el AMBA no es una jurisdicción, desde el punto de vista sanitario sí lo es”, enfatizó y agregó: “Las camas de terapia intensivas de estos dos lugares se comparten. A mí me parece muy interesante que la Ciudad de Buenos Aires cuando tiene que hablar de subsidios al transporte, se siente parte del AMBA; cuando tiene que hablar de que paguen menos tarifa eléctrica, también; pero cuando tenemos que hablar de generar restricciones con el objetivo de cuidar a los ciudadanos, ahí de pronto la Corte Suprema decide que no existe el AMBA”.
En su intervención, el diputado subrayó que de los internados por Covid, “solamente un 5% ha recibido alguna dosis de vacunas”, lo que “quiere decir que el 95% son pacientes aún no vacunados”. “Quiere decir que las vacunas que ponemos en Argentina están funcionando”, destacó.
“Un informe del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) dice que cuando la circulación medida en 14 días acumulados de casos está por arriba de 400, o de 200 en siete días, las medidas de restricción a la circulación son fundamentales”, manifestó, por lo tanto observó que “cuando la Corte Suprema dice que no hay datos suficientes, eso es falso”. Y completó diciendo que bajo estos mismos indicadores, países como “Uruguay, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, España, Italia” suspendieron las clases presenciales.
Luego fue el turno de la diputada Lucía Corpacci, quien dijo “no deja de asombrarme la actitud de la oposición en circunstancias tan difíciles”, y criticó “las ganas de no colaborar, de no ayudar, de no poner el hombro”. “No se puede creer tanta mezquindad en medio de tamaña crisis que tenemos”, expresó.
Según números obtenidos de la página del Gobierno de la Ciudad, la oficialista detalló que en el distrito porteño hay una ocupación de camas de terapia intensiva del 83,04%, por lo cual “está en la peor catástrofe que se pueda estar, como si estuviera en una guerra”.
“Tenemos una crisis enorme y las medidas que tomó el presidente no fueron capricho”, defendió, al tiempo que remarcó: “Nunca se dijo que los chicos no tengan clases, los chicos siguen teniendo clases, como estamos trabajando nosotros y como está funcionando la Justicia. Muchísimos miembros de la Justicia trabajan desde su casa”.
También fustigó a la oposición la senadora Teresa González, quien aseguró que la actitud de Juntos por el Cambio “indica por sobre todas las cosas una falta real de compromiso con respecto al pueblo, que son ellos los que hicieron que nosotros hoy estemos ocupando el lugar que nos dieron”.
“Es obligación del gobierno federal velar por la vida de todos los habitantes de Argentina”, sostuvo la formoseña, que argumentó que las medidas son necesarias “para la estabilización del sistema de salud y evitar el colapso”, al tiempo de “amesetar la cantidad de casos”.
La legisladora señaló que el AMBA “es la región de mayor concentración y de mayor densidad poblacional y, por ende, de mayor circulación del virus”, además de contar con “superposición de innumerables líneas de transporte, que cruzan de norte a sur, de este a oeste, toda la zona del AMBA”, y precisamente la reducción de circulación es “una recomendación que hacen los médicos sanitaristas”.
A su turno, el senador Guillermo Snopek cuestionó la gestión de la pandemia por parte del gobernador jujeño Gerardo Morales, al resaltar que “Jujuy es la provincia con mayor letalidad”, ya que sobre “25 mil casos hay 1.000 muertos”, mientras que por ejemplo Santiago del Estero “tiene 31 mil casos y apenas 300 muertes”.
El oficialista criticó el “doble discurso” del gobierno provincial y lo acusó de “esconder los indicadores”. “La gravedad que estamos viviendo, que es una pandemia, no hay parámetros para manejarla y cualquier medida que se tome es insuficiente”, advirtió.
El senador porteño Mariano Recalde aseveró que “la necesidad de tomar medidas más restrictivas en el AMBA está dada con suficiente evidencia científica y con una urgencia que es más que perentoria”.
El oficialista afirmó que, según la comparación de estadísticas de los últimos 15 días de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, “se encuentra una curva distinta, un resultado distinto, particularmente en los (casos) de menores de 0 a 11 años ,y precisamente en el rango de 6 a 11 años”. “En Ciudad de Buenos Aires continuó creciendo de manera exponencial y estos son datos objetivos. Hay evidencia científica”, sentenció.
Recalde remarcó que está a favor de la educación presencial, pero “hay que cortar y suspender por un período para después recuperarnos”. “Defendemos la vida, defendemos la salud y también defendemos la educación pública en todos los sentidos”, resumió y agregó que el DNU 287/21 “ni siquiera fue cuestionado judicialmente, por lo que no habría ninguna razón para que la Ciudad no lo cumpliera”.
Antes de pasar al último orador, Cleri sintetizó la posición del bloque a favor del DNU, que “en análisis y en concordancia con cada uno y todos los decretos anteriores” conlleva “a no perder de vista las decisiones con la proporcionalidad y razonabilidad que debemos tomar atento al riesgo sanitario” que genera el Covid. “Está fundado en nuestra Constitución Nacional y también en tratados internacionales”, completó.
Aunque no forma parte de la bicameral, participó del encuentro y cerró la discusión el jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, quien apuntó que estamos en un año electoral y “tras el discurso del presidente, Larreta que es prácticamente el intendente de la Capital Federal, sale a contradecir al presidente, diferenciándose”. “Esto no es un problema con respecto a las modalidades, esto es un problema político”, analizó y acusó a la oposición de “atacar con todo lo que tienen” porque les conviene “cuanto más dañado llegue el país”.
Respecto a la Justicia, un día después que la Corte Suprema falle a favor de la Ciudad, el formoseño recordó que el 16 de marzo de 2020, el máximo tribunal “reconoció que la autoridad en materia sanitaria le corresponde al Gobierno nacional”. Y denunció que “prácticamente el Poder Judicial no está funcionando en todo el país”.
En esa línea, habló de la “incoherencia” de dictar el fallo sobre las clases presenciales de forma remota y propuso “que toda la Corte vaya a trabajar a la escuela, ya que en la escuela no se contagia nadie, pero que trabajen en forma presencial, que toda la Corte vaya a trabajar una vez por semana a un escuela porteña, que se saquen la escafandra”.
En referencia a su provincia, el senador oficialista lamentó: “Ayer tuvimos 700 casos, estamos llegando a 200 muertos. Estas son muertes evitables. Pero acá nos atacaron con todo, primero fallos judiciales, después los medios nacionales”.
Y disparó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que “ahora ya no aparecen en Formosa, ni Patricia Bullrich, ni la diputada que se vistió de presa (Mónica Frade), ni (Alfredo) Cornejo, que lamentablemente ahora está enfermo de Covid, yo no deseo a nadie eso, ojalá se recupere prontamente”. “La oposición tuvo éxito acá en Formosa; demostraron que su plan da resultado”, añadió.
La nota de Juntos por el Cambio
En la nota dirigida al presidente de la bicameral, los integrantes de Juntos por el Cambio consideraron a la convocatoria como “manifiestamente inválida e improcedente”, al “haber vencido la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto el 30/04/21”. Y argumentaron que para la bicameral “rige el reglamento de la Cámara de Diputados” al ser el diputado Cleri su presidente.
Para los opositores, en ese contexto, “las reuniones deben ser presenciales, siendo inválida una reunión remota en ausencia de Protocolo vigente”. “Solicitamos se cite nueva reunión, una vez prorrogado el Protocolo o bien que la reunión se haga de forma presencial en el lugar que indique”, pidieron.
Además, opinaron que “resulta un atropello institucional llevar adelante esta reunión e intentar dictaminar sobre la eventual validez de un DNU cuyo contenido viola las autonomías provinciales como ya advirtió el intérprete final de la Constitución Nacional”.
En alusión al reciente fallo de la Corte sobre el DNU 241/21, señalaron que “este precedente resulta de plena aplicación al Decreto de Necesidad y Urgencia 287/21, contenido en el temario de convocatoria, el cual extiende la suspensión de clases presenciales a todo aglomerado urbano mayor de 300.000 habitantes en situación de alarma epidemiológica, violando la autonomía ya no sólo de la CABA sino también de las provincias en las que se encuentren estas ciudades”.
Finalmente, aseguran que impugnarán la reunión y “todo acto jurídico que de allí surja, teniendo especialmente vedado la eventual suscripción de dictámenes de los temas en tratamiento”.
La Bicameral de Trámite Legislativo se reunirá este miércoles, a partir de las 9, para tratar la norma que fue anunciada el pasado viernes.
La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado oficialista Marcos Cleri, se reunirá este miércoles a partir de las 9 para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 287/2021, mediante el cual el presidente Alberto Fernández prorrogó hasta el próximo 21 de mayo las restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19.
Al igual que ocurrió hace casi dos semanas atrás con el DNU que suspendió las clases presenciales en el AMBA, se estima que el Frente de Todos imponga su mayoría en la comisión y dictamine a favor de la validez del decreto.
Las nuevas medidas fueron anunciadas por el presidente el viernes pasado, en un mensaje en el que además habló de enviar un proyecto al Congreso para que se le otorguen facultades a él y a los gobernadores para tomar decisiones en el contexto de emergencia sanitaria. El anuncio despertó la alarma en la oposición, que rechazó cualquier iniciativa de “superpoderes”.
El nuevo DNU establece los parámetros para la clasificación de las zonas del país, según el número de casos de Covid-19, en cuatro categorías: de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y de situación de alarma epidemiológica y sanitaria.
Para las zonas clasificadas en la cuarta categoría, como es el caso del AMBA, se suspenden las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados; y las clases presenciales en todos los niveles, una medida a la que la Ciudad de Buenos Aires no adhirió, ratificando así su postura.
Hasta el 21 de mayo, seguirá la prohibición de la circulación entre las 20 horas y las 6 horas de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. En tanto, el transporte público será para los trabajadores esenciales y autorizados.
Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 19 horas, aunque podrán continuar con el servicio de delivery hasta las 23 horas. Durante el horario establecido, sólo podrán atender en espacios al aire libre.
También continuarán cerrados centros comerciales, shoppings, casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.
Además, seguirán prohibidos en todo el país los viajes de egresados y de contingentes; y las reuniones en lugares privados con más de 10 personas; entre otros puntos.
“The economy, stupid”, fue una frase más recordada en Estados Unidos durante la campaña electoral que Bill Clinton le ganó a George W. Bush (padre). Hizo carrera y se popularizó después como “es la economía, estúpido”, y según Wikipedia “la estructura de la misma ha sido utilizada en todo el planeta para destacar los más diversos aspectos que se consideran esenciales”. En este caso no está dirigida a nadie en particular, sino a todos en general, para adaptarla para el contexto local actual.
Por José Angel Di Mauro
Alcanzaría para entender el enojo ostensible que exhibió en la conferencia de prensa que brindó el viernes con pensar que el presidente se pasó los últimos días aislado en la quinta de Olivos, recuperándose de un Covid que insólitamente lo aquejó a pesar de haberse aplicado las dos vacunas hace ya un buen tiempo. Pero no, no fue por eso, aunque conociendo su espíritu irascible es de imaginar el fastidio que le debe haber generado sumarse al mínimo porcentaje que los científicos rusos consideran puede contraer el virus a pesar de la doble inoculación.
Como sea, no fue ese el motivo del enojo que mostró Alberto Fernández en la presentación que hizo el día en que se pusieron en marcha las nuevas restricciones que en principio se extenderán hasta fin de mes. Minutos antes se había reunido con el jefe de Gobierno porteño, al que hasta hace menos de un año llamaba “mi amigo Horacio”. Tampoco hay que pensar que el fastidio exhibido tuviera que ver con haber terminado de romper ese día la relación con Rodríguez Larreta.
Habrá que atribuir el enojo presidencial a la convicción de que nada de lo que imaginaba para su segundo año de mandato se está concretando. El presidente estaba seguro de que a esta altura el país estaría dejando atrás la pandemia, embarcado en lo que pomposamente el equipo de comunicación del Gobierno denomina la “reconstrucción argentina”, gozando de una sucesión interminable de números positivos de la economía, con el hándicap de que cualquier comparación con un año negativo como 2020 brinda siempre una ventaja. No fue así. No pudo ser.
La razón habrá que encontrarla en la falta de vacunas. Las previsiones oficiales auguraban una provisión suficiente, pero buena parte de los anuncios que fueron haciéndose a lo largo de meses fracasaron. En esta materia el Gobierno exhibe lo que ya parece ser ya una marca indeleble: los errores notorios en la gestión. Hay coincidencia bastante generalizada en que este es un gobierno de buenas intenciones, que en los hechos falla sistemáticamente. Y como si fuera consciente de ello, pareciera poner los mayores esfuerzos en hacer anuncios, como si eso significara un fin en sí mismo.
Botón de muestra fueron los esfuerzos denodados que se tuvieron que hacer para lograr tener antes de fin de año el primer cargamento de vacunas, cuestión de cumplir aunque fuera mínimamente con iniciar la campaña de vacunación antes de terminar 2020. Pero los 20 millones de vacunas prometidas para el mes de febrero al día de hoy no se concretaron, como le recordó Larreta al presidente el viernes en la conferencia de prensa que dio para brindar la otra versión de lo que se había hablado en Olivos ese día.
Lo cierto es que este fin de semana la Ciudad de Buenos Aires se quedó sin vacunas; provincia de Buenos Aires estiró la provisión unos días más racionando los turnos. Para este domingo se esperaba la llegada de un cargamento de vacunas de AstraZeneca correspondientes al Fondo Covax, que en estas circunstancias terminó siendo un salvavidas. A propósito de ello, el diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina recordó un episodio que en su momento pasó desapercibido y que marca un poco la imprevisión que ha imperado en la materia. El diputado santafesino reveló que el 3 de febrero pasado, cuando el todavía ministro Ginés González García se presentó ante la Comisión de Salud de la Cámara baja, la diputada del PRO Carmen Polledo le preguntó sobre el cronograma de 9 millones de dosis que nos corresponden de Covax, a lo que el ministro respondió que solo reservarían “el mínimo que permite el contrato”. ¿Por qué? Porque “no se necesitaban tantas vacunas” ya que Argentina tenía otros “contratos bilaterales” comprometidos. Sin remate.
Ese mismo 3 de febrero el presidente Alberto Fernández le enviaba una carta a Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa para la presidencia de Ecuador, expresándole su compromiso para “interceder” en favor del abastecimiento de vacunas para ese país. La aclaración venía a cuento de que durante un debate presidencial Arauz afirmó que Fernández le había prometido más de 4 millones de vacunas para el caso de que él ganara las elecciones. Alberto podrá ahorrarse el esfuerzo, pues el delfín de Correa perdió el domingo pasado ante el candidato de derecha Guillermo Lasso; otro motivo de fastidio para Fernández, aunque para compensar debe haber celebrado el jueves que la Corte Suprema brasileña confirmara la anulación de la condena de Lula, con lo que éste podrá ser candidato presidencial en 2022.
Enfrentará entonces a Jair Bolsonaro, quien ese mismo jueves arrancó el día con un irónico tuit sobre el supuesto “toque de queda” en Argentina, con “el Ejército argentino en las calles para mantener a la gente en casa”. Molesto, Fernández le aclaró que no había declarado el estado de sitio ni lo pensaba hacer.
La noche anterior, el presidente argentino había anunciado nuevas restricciones entre las que sorpresivamente introdujo la decisión de suspender por dos semanas las clases presenciales. En la previa de ese anuncio había trascendido que se venía una vuelta a fase 1, aunque desde el entorno presidencial se ocuparon de negarlo una y otra vez. Lo de las clases dejó “pedaleando en el aire” a los ministros de Salud y Educación, que ese mismo día habían negado una vuelta a la virtualidad. Nicolás Trotta no podía menos que poner su renuncia a disposición del presidente, quien previsiblemente se la rechazó. Con todo, no quedó bien la relación.
Tan en sintonía con los deseos de la provincia de Buenos Aires fueron las medidas anunciadas por Alberto Fernández, que nadie pudo dejar de ver a Axel Kicillof detrás de los anuncios. Y a su mentora, Cristina Kirchner. El presidente ya venía molesto con los gobernadores, convencido de que no hacían lo suficiente para reducir la circulación en pleno crecimiento de los contagios. Desde el entorno presidencial dejaron traslucir ese enojo de AF con los que al inicio de su gestión se decía que sería la fuerza en la que él se recostaría para reforzar su poder. Hoy esa relación es la síntesis perfecta que grafica la sensación de decepción por lo que se esperaba y no fue. Hoy los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Juan Schiaretti (Córdoba) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) han comenzado a conversar sobre el futuro, confió a este medio alguien que conoce a uno de estos mandatarios, sin precisar si hablan de 2021 o 2023.
Solo dos gobernadores adhirieron a las nuevas restricciones que, en definitiva, solo apuntan a provincia de Buenos Aires y CABA, siendo esta última “el epicentro de la segunda ola” (Kicillof dixit). El resto de los gobernadores decidió mantener las cosas como están, y sobre todo los colegios abiertos. Las provincias tienen la potestad de hacerlo y es lo que reclama Horacio Rodríguez Larreta para su distrito. Habrá que ver qué resuelve la Corte Suprema; Fernández dijo el viernes que CABA “es una ciudad autónoma, pero no es una provincia”, aunque el Tribunal Superior hace 5 años le reconoció a la Ciudad el mismo estatus que a las provincias.
Si algún rédito pudo sacar el Gobierno de esta enmarañada situación, sin duda es que la polémica ocultó en gran medida el altísimo porcentaje de inflación del mes de marzo: 4,8%. Y ya que hablamos del Area Metropolitana como la bomba de tiempo en materia epidemiológica, no menos peligroso es el AMBA en cuanto a inflación, pues allí escaló al 5,2%…
De gira por Europa y tras reunirse con el Papa, el ministro Martín Guzmán preparó el terreno al anticiparle al gabinete económico que al día siguiente el INDEC revelaría “la inflación más alta del año”. A través del Zoom, garantizó que a partir de ahora ese índice comenzaría a bajar, no dijo cómo. Lo que ya resulta una entelequia es la previsión del Presupuesto 2021, que establecía una inflación del 29% para todo el año. Para alcanzar esa cifra, hasta fin de año ningún índice debería pasar el 1,5%.
Precisamente ese porcentaje le asignaba ya una consultora a la primera semana de abril. El aumento del 6% en los combustibles este fin de semana hará su aporte a la escalada.
Ningún ministro de Economía sale indemne de las disparadas inflacionarias. El actual, que fue muy elogiado por el acuerdo con los bonistas alcanzado el año pasado, apostaba a cerrar a más tardar en mayo el acuerdo con el FMI. Por órdenes “de arriba”, debió levantar el pie del acelerador. Ahora le mandaron a Moscú para avanzar con negociaciones para producir la Sputnik V en nuestro país. Una misión extra, mientras el arreglo con el Fondo se estira en el tiempo.
Está claro que si se llega a algún acuerdo será muy bienvenido, pero las vacunas tardarán un buen tiempo en producirse. Como sea, la consigna seguirá siendo: a falta de resultados, privilegiemos los anuncios.
Sindicato, cámaras, empresarios y trabajadores de la gastronomía y la hotelería, juntos en reclamo: “la solución nunca puede ser la prohibición de la actividad, ese es el tiro de gracia final para todo el sector”.
En un hecho histórico, la UTHGRA (sindicato de trabajadores de turismo, hotelería y gastronomía), la FEHGRA (Federación empresaria hotelero gastronómica de la República Argentina), las cámaras de la AHRCC (asociación de hotelería, restaurantes, confiterías y cafés) y los trabajadores de la gastronomía se unieron en reclamo de poder continuar ejerciendo su derecho al trabajo.
“La pandemia mundial del Covid-19 que azota al país es una tragedia que nos preocupa y ocupa en la labor diaria. La salud de nuestras familias, y en especial de los más vulnerables de nuestra sociedad es sin dudas el tema principal de nuestra realidad diaria y a la que nos encontramos abocados con todos los estamentos de la sociedad”, expresaron a través de un comunicado.
En el mismo aclararon que “la manera de luchar contra este enemigo invisible no es cercenando o prohibiendo actividades económicas y de sustento de los trabajadores sino con la responsabilidad individual y colectiva de todos los habitantes y la dirección férrea y seria por parte de nuestros gobernantes”.
“Nuestro deber es defender a nuestros trabajadores y sus derechos. Es nuestra intención acercar posiciones con las autoridades y continuar con el funcionamiento de los locales con protocolos aprobados, que incluye el aforo del 30% tanto en el interior del establecimiento como al aire libre”, agrega el comunicado. Allí señalan que representan un espacio seguro para trabajar. “No somos foco de contagio, sino una fuente enorme de empleo”, enfatizaron.
Advirtieron que ya cerraron más de 10 mil locales y se perdieron más de 150 mil puestos de trabajo. Alertaron que están en riesgo otros 200 mil, gran parte de ellos jóvenes de entre 18 y 24 años que hacen su primera experiencia en el mundo laboral dentro del sector hotelero gastronómico.
La UTHGRA, la FEHGRA, la AHRCC y las empresas del sector remarcaron que trabajaron “denodadamente para colaborar con las autoridades de los distintos estamentos gubernamentales y elaborar los protocolos para prevenir la propagación del virus, capacitando a nuestros trabajadores para esta nueva realidad. Se han fijado aforos de concurrencia, reforzado tareas de higiene y ventilación de los establecimientos y demostrado claramente que no existe evidencia alguna que la actividad hotelera y gastronómica sea el principal foco de difusión de la enfermedad ni promueva la ola de contagios que estamos sufriendo”.
Por último, señalaron que quieren “ser parte de la solución, como lo hemos sido durante todos estos meses. Estamos a disposición para trabajar en conjunto. Rogamos a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que las medidas a tomarse en la lucha contra el aumento de contagios sean racionales y coherentes en un todo con las necesidades de la actividad hotelero gastronómica, que permita sostener los ingresos de nuestros trabajadores y por sobre todo las fuentes de trabajo de la cual dependen”.
El senador fueguino mostró indignación por las contradicciones entre los dichos de Alberto Fernández y la postura del titular de Educación sobre las escuelas.
El senador Pablo Blanco (JxC-Tierra del Fuego) pidió la renuncia del ministro de Educación Nicolás Trotta en el marco de la evidente contradicción en la que se vio envuelto tras el mensaje de Alberto Fernández de este miércoles en el que anunció los cierres de escuelas. “Para este Gobierno no es relevante la educación”, sostuvo.
“Si le queda algo de dignidad el ministro Trotta debe renunciar, hace menos de 24 horas les dijo a los ministros de educación de las provincias todo lo contrario a lo que determinó el presidente”, opinó el legislador fueguino. Se refería a la postura que defendió el ministro de Educación hasta horas antes de los anuncios presidenciales sobre la prioridad mantener las escuelas abiertas.
El senador opositor publicó su denuncia en su perfil de Twitter, en donde también recordó que “hace 3 meses presenté junto a un grupo de senadores de JxC, un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria en tanto derecho humano fundamental, para evitar justamente que el Gobierno cierre las escuelas, ante un rebrote de coronavirus”.
“Una vez más, vemos cómo el Gobierno les dio la derecha a ciertos representantes sindicales que presionaban por el cierre de escuelas. Sin educación no hay futuro y nuevamente se está castigando a la infancia y a la adolescencia con estas medidas”, agregó.
Por último, insistió con su proyecto bajo la consideración de que “esta pandemia ha develado las enormes desigualdades por lo cual se torna imperioso que se apruebe este proyecto y se apliquen los mecanismos necesarios para que la educación sea verdaderamente inclusiva: la única garantía es la presencialidad. Así lo establecen las reglamentaciones sobre los restantes servicios públicos esenciales. El principio de progresividad así lo exige”.
Momentos antes, el senador Blanco también arremetió contra el presidente: “Su discurso y sus decisiones muestran su fracaso @alferdez . La gente no da más. Estallaron las cacerolas en repudio a estas nuevas restricciones que difícilmente den resultado”.
El reclamo del fueguino se suma a la lista de descargos realizados por legisladores opositores desde que Alberto Fernández anunció nuevas restricciones para AMBA en la jornada del miércoles, entre las cuales despuntó como una de las más criticadas el cierre de escuelas para la segunda quincena de abril.
La principal oposición en Diputados responsabilizó de esos cargos al presidente y “la improvisación de su Gobierno”.
El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio señaló que “el presidente y la improvisación de su Gobierno empuja a los alumnos nuevamente a una tragedia educativa y a los comercios a la quiebra”.
“Las medidas anunciadas por el señor presidente de la Nación para hacer frente al crecimiento de los casos de Covid-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejan en evidencia una profunda improvisación, falta de conducción política y el divorcio respecto de la realidad que viven millones de familias que habitan en la región”, agregaron.
El bloque de diputados opositores agregó que “la gravedad del cuadro en el que cada argentino y cada argentina se encuentra a raíz de la pandemia exige un Gobierno Nacional que contemple adecuadamente las decisiones y actúe con criterio riguroso, sin interpretaciones erróneas, con autoridad moral y legitimidad. Sólo de esa forma sus acciones podrán ser acompañadas por el pueblo, como lo demostró hace un año cuando se desató esta tragedia en el país”.
A partir de las decisiones anunciadas este miércoles por la noche, el interbloque considera que “la decisión de suspender temporalmente el dictado de clases en el AMBA afecta particularmente a los sectores más vulnerables que habitan en la región y que se encuentran sumidos en una pobreza acuciante. Muchos de esos niños y niñas dejarán definitivamente sus escuelas y pasarán a engrosar las listas de quienes las abandonaron el año último: es el drama de la Argentina que viene”.
“Esta medida choca a todas luces con el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que ha demostrado la comunidad educativa en un proceso de adaptación sobrehumano a la dinámica de protocolos destinados a preservar la salud de estudiantes, maestros y personal no docente”, añadieron.
El comunicado de Juntos por el Cambio puntualiza que “nuevamente la palabra presidencial mostró signos de devaluación y deterioro alarmantes y, consecuentemente, esto repercute en su autoridad. En pocas horas, la promesa del Ministro de Educación de garantizar la presencialidad en las aulas ante el Consejo Federal de Educación fue pulverizada por el propio Jefe del Estado con el anuncio de la suspensión de las clases presenciales”.
Recordaron que “las cifras de contagios en los establecimientos educativos exhiben la precariedad del relato presidencial. El ministro de Educación informó hace sólo 9 días que las estadísticas de contagios en colegios indican que sólo un 0.16 % de los alumnos y un 1,03 % del cuerpo de directivos, docentes y auxiliares se contagiaron desde que comenzaron las clases presenciales”.
“Es tan grave el cuadro de situación devenido de la pandemia del virus que lo único imprescindible que podemos exigir es una conducción política que establezca horizontes de certidumbre. ´¿Cuál es el plan?´, es la pregunta que subyace detrás de cada anuncio que, por reiterado, van perdiendo toda eficacia”, sostuvieron desde el interbloque de diputados de JxC.
“Lamentamos el cuadro de improvisación al que han llevado al pueblo argentino. Nadie puede culpar al Gobierno Nacional de la irrupción de la pandemia en la Argentina, pero sobran las razones para señalar y exigir capacidad, transparencia y seriedad a la hora de establecer las verdaderas prioridades que requiere nuestro país”, concluyeron.
Legisladores de la oposición hicieron hincapié en las “contradicciones” oficiales.
Legisladores de la oposición estallaron en críticas muy duras contra la decisión del Gobierno nacional de restringir la circulación a partir de este viernes, y sobre todo la suspensión de las clases presenciales.
Sobre todo se hizo hincapié en el contrasentido de que el ministro de Educación hubiera afirmado a las 17 que la presencialidad se mantendría. Así lo expresó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, quien señaló que cuatro horas después “el Presidente suspendió las clases presenciales en AMBA. La improvisación es la marca de un gobierno que ya no tiene más crédito social”.
“El Gobierno, por falta de ejemplaridad y pérdida de credibilidad, es incapaz de persuadir -agregó-. En lugar de buscar consensos, amenaza con militarizar. Le cobra sus propios errores a los argentinos que desde hace un año se sacrifican esperando saber a dónde nos quieren llevar. Así no”.
Habitualmente muy crítico, el diputado mendocino Luis Petri disparó: “El Presidente por decreto: mató a la gastronomía del AMBA que ya cayó, con la hotelería, un 50% en 2020; dejó a los chicos sin clases; volvió a violar el federalismo. Pero no te preocupes, podés ir de shopping con tus hijos que dejaron sin clases #GobiernoDeImprovisados”.
Graciela Ocaña retrucó la declaración del Presidente respecto de que “el sistema sanitario se ha relajado” y que “atendieron otras enfermedades que estaban pendientes”. “Atendieron a los enfermos que postergaron tratamientos en la cuarentena más larga de la historia”, aclaró Ocaña, quien por otra parte consideró respecto de la “desautorización” de sus ministros de Educación y de Salud: “Gobiernan Cristina y Kiciloff”.
El diputado José Cano también cuestionó los dichos de ministros de este Gobierno, previos al discurso de Fernández diciendo lo contrario: “Todo en menos de 24 horas. Es el Gobierno de la improvisación”.
El diputado radical Carlos Fernandez consideró “absolutamente preocupante las idas y vueltas, se degrada la palabra oficial”, en tanto que su par Mercedes Joury señaló: “los mismos discursos, los mismos métodos… #Dejavu No se les cae una idea!”.
La diputada Dina Rezinovsky anunció por su parte: “Vuelve el encierro porque no saben como gobernar. Las vacunas que tenían que estar nunca llegaron y las que llegaron, fueron a brazos de amigos, familiares y militantes. Empresas fundidas, familias endeudadas y siguen sin saber qué hacer”.
“¿Qué pasó? ¿Cómo cambió de opinión tan rápido?”, se preguntó el jefe de los diputados del Pro, Cristian Ritondo, que remató: “La improvisación constante de este gobierno es la razón por la cual hoy estamos como estamos. La educación no se negocia, las escuelas tienen que estar abiertas”.
También desde la izquierda cuestionaron las medidas. La legisladora porteña Myriam Bregman dijo entender “la presión empresaria”, pero aclaró que “decir que los lugares de trabajo no contagian después de la situación en Toyota y Volkswagen, es al menos desinformado”.
Otro legislador porteño, Gonzalo Straface (Vamos Juntos), señaló que “la lógica indicaría la renuncia inmediata del ministro. Desde el Gobierno de la Ciudad vamos a seguir defendiendo junto a toda la sociedad el derecho a la educación de nuestros niños y niñas con las escuelas abiertas”.
También desde la izquierda, el diputado nacional Juan Carlos Giordano, tuiteó: “Encuentros sociales..!!!???? Cuidado personales??? Naaa. Millones están circulando por la apertura de actividades, clases presenciales, millones empujados a las changas pq les sacaron hasta el miserable IFE”.
Los legisladores del Frente de Todos se alinearon inmediatamente con el discurso de Alberto Fernández, en el que dispuso nuevas restricciones.
Legisladores nacionales y distritales salieron a bancar este miércoles los anuncios hechos por el presidente de la Nación, en los que dispuso restringir durante dos semanas la circulación en el AMBA, entre las 20 y las 6 del día siguiente; suspender las clases presenciales y limitar las actividades comerciales, entre otras medidas, para mitigar la circulación del coronavirus.
La vicepresidenta del bloque oficialista de la Cámara baja, Cecilia Moreau, le agradeció al presidente Alberto Fernández “por seguir cuidando la vida de todos y todas”, y reflotó el hashtag #QuedateEnCasa.
A su vez, la diputada nacional Gabriela Cerruti expresó en su cuenta de Twitter: “Nadie se salva solo. #GraciasAlberto”.
Para la jujeña Carolina Moisés, “es lo correcto. Difícil de aceptar, pero lo que necesitamos todos. Nadie se salva sólo, nos necesitamos entre todos”.
El diputado Leonardo Grosso le agradeció también a Alberto Fernández “por estar a la altura de este momento histórico que nos toca atravesar y por cuidar la salud de lxs argentinxs. La vacunación avanza. No nos relajemos, seamos responsables que falta menos”.
Claudia Bernazza fue escueta: “Una única tarea: MILITAR EL CUIDADO #COVID19”, en tanto que el senador nacional rionegrino Martin Doñate se dirigió a la gobernadora de su provincia, Arabela Carreras, pidiéndole “que adhiera a las decisiones tomadas por el presidente Alberto Fernández hoy y que sean efectivamente aplicadas en la provincia. En Río Negro los casos aumentan y es imperioso tomar medidas urgentes en consonancia con nuestro gobierno nacional”.
A través de las redes sociales el diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá directamente salió a cuestionar el mensaje de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich sobre las medidas tomadas por el Presidente, Alberto Fernández. Desde Twitter Bullrich, aseguró: “Presidente: decide en contra de los que trabajan, de los padres que llevan sus hijos a la escuela, de los comercios que se funden. Decide por los que tienen la vida resuelta contra los que trabajan. Esa es la grieta que usted ha generado. Ganó la oligarquía de los burócratas”. Rodríguez Saá la cruzó y dijo: “Patricia Bullrich Luro Pueyrredón dándonos clase de oligarquía burócrata, la misma que ocupa lugares en el estado hace más de 20 años. Menos cinismo y más responsabilidad señora”.
“A la altura del momento histórico, gracias Presidente!”, tuiteó la legisladora porteña Victoria Montenegro, en tanto que su compañera de bancada María Bielli expresó: “Tenemos un presidente que no especula y está a la altura del momento histórico. Gracias Alberto Fernández por cuidar a lxs porteñxs”.
El legislador porteño y asesor presidencial se pronunció sobre las restricciones dispuestas por el Gobierno y qué sucederá si siguen aumentando los casos.
Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, aseveró este sábado que si la curva de contagios de Covid sigue creciendo, “todos somos conscientes de que se tendrán que tomar medidas más drásticas” para detener la expansión de la segunda ola.
“No hablo por el Gobierno sino mirando el panorama mundial”, afirmó el asesor “ad honorem”, según aclaró, del presidente Alberto Fernández. ”Intuyo que todos debemos estar preocupados por los aumentos exponenciales de contagios en los últimos cinco días”, agregó. El asesor presidencial señaló por CNN Radio que “países desarrollados toman medidas restrictivas” frente al avance del virus y sus nuevas variantes, a lo que se suma la dificultad de acceso a las vacunas.
Según Santoro, Alberto Fernández “no les dijo ‘miserables’ e ‘imbéciles’ a los ciudadanos sino a las personas que dijeron que es un dictador. Incluso nos denunciaron por envenenar a la gente. Yo hablo de oficialismos importantes que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes o Jujuy. También hay situaciones de desbordes emocionales ante determinadas circunstancias. Que el gobernador de Corrientes (Gustavo Valdés) haya firmado el documento de Juntos por el Cambio sobre que la política sanitaria era un fracaso y que el mismo día haya establecido restricciones en su propio distrito me llama la atención”.
Los contrapuntos sobre la posibilidad de que las provincias compren sus vacunas representan “una discusión mentirosa. Para los laboratorios es mejor negocio venderle a un Estado. Pero si algún distrito puede conseguir dosis por cuestiones geopolíticas, yo estaría de acuerdo”.
En otro orden, Santoro consideró que “la agenda judicial no es del Gobierno, es de la realidad”, sopesó. Y cuando se le preguntó sobre las causas de Cristina Kirchner, replicó que “casi todos los dirigentes políticos tienen causas en la Justicia”, para luego mencionar a Mauricio Macri, quien, enfatizó, “asumió estando procesado”.
Especialistas preocupados por los efectos, que atenuarán el ritmo de mejora en los próximos meses.
El nivel de recuperación de la actividad económica, que se dio muy firme en la primera parte del año, podría verse atenuado en forma considerable a partir de abril, debido a la implementación de las medidas restrictivas que adoptó el Gobierno para hacer frente al rebrote del Covid.
Diversos especialistas consultados por Parlamentario consideraron que la evolución de la economía va a mostrar un signo positivo bastante más desacelerado de lo que se venía dando entre los últimos meses de 2020 y comienzos de 2021.
En ese sentido, el economista Jorge Neyro de la consultora ACM recalcó que “el problema más que nada se concentra en las expectativas”.
“Esto puede provocar temor y mucha gente ante esa expectativa trata de mantenerse en una situación mucho más conservadora, tanto a nivel individual como en empresas. Además, nadie sabe realmente hasta dónde llegará el rebrote, por lo que esa incertidumbre, sin dudas que provoca efectos negativos para la actividad económica”, recalcó el especialista.
En una misma sintonía, la economista y consultora María Castiglioni consideró que “las restricciones que se anunciaron tendrán un cierto impacto negativo, pero ya a partir de marzo se empezó a observar un ritmo de la actividad económica mucho más amesetado”.
“Además hay muchas cuestiones y desafíos pendientes que tiene el equipo económico, en donde también hay gran incidencia en la actividad como la incertidumbre sobre cuándo se podrá cerrar un acuerdo con el FMI, o mismo el aumento inflacionario”, subrayó la economista.
Precisamente, los consultores coinciden en que con relación a la suba del costo de vida, la inflación está claramente en un ritmo ascendente, con un primer trimestre que cerró en alrededor de 12 por ciento y un segundo trimestre que seguiría con un ritmo de aumento de precios muy fuerte.
Tal como se observa el panorama actual, esta escalada inflacionaria continúa debilitando el poder adquisitivo del salario.
También hay una gran incertidumbre con relación al mercado cambiario, ya que el tipo de cambio se ha estabilizado en los últimos cinco meses, con un fuerte descenso de la brecha, que coincide con el momento de notable liquidación de divisas por parte de la exportación.
Este período de importante ingreso de las exportaciones continuará abril y mayo, pero a partir de mitad de año la misma se reduce notablemente, lo que podría provocar un importante rebote del valor del dólar y obligaría al Gobierno a redoblar los esfuerzos para evitar que esa suba impacte en la inflación.
Y el tema del FMI y la falta de un horizonte claro para los inversores hacen que la tasa de riesgo país vuelva a estar por encima de 1.600 puntos básicos.
Eso implica un notable aumento para el financiamiento privado en la Argentina, tanto para empresas como particulares. Y precisamente, la falta de financiamiento implica dificultades para la inversión y para sostener el ritmo de recupero de la economía.
