Las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, presididas por los legisladores Alicia Aparicio y Carlos Heller (FdT), mantuvieron una reunión conjunta informativa para tratar la situación de los créditos hipotecarios UVA. Fueron invitados autoridades de entidades y asociaciones bancarias. 

La reunión informativa dio continuidad al trabajo iniciado el 29 de junio, cuando tomadores de créditos UVA expusieron las dificultades para afrontar las cuotas requeridas, y se da en el marco del pedido del pasado 11 de agosto de Julio Cobos, junto a Mario Negri, de reanudar en comisiones el debate, enfatizando el “contexto inflacionario actual y el vencimiento el día 31 de julio pasado del Decreto 767, mediante el cual se congelaron las cuotas de aquellos que accedieron a un crédito UVA, vuelve más apremiante e incierta la situación de los beneficiarios”. 

Aparicio abrió el debate expresando el deseo de poder arribar en la próxima reunión a un dictamen de consenso “para aliviar la situación de quienes han tomado crédito en este sistema y ven peligrar la posibilidad de tener su casa propia”. 

A continuación, la primera expositora fue la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis, que realizó una síntesis respecto a la situación hoy en día: “En el sistema hay una totalidad de 105 mil deudores UVA, de los cuales el 70% pertenecen a la banca pública. En el Banco de la Nación Argentina teníamos 48 mil créditos, de los cuales hoy están vigente 45 mil, y lo que tenemos que analizar es que el valor del UVA creció 919% desde la creación a la actualidad mientras que el UVI pasó de 846%”. 

Además, explicó que, del total del sistema de créditos otorgados, “menos del 2% están en situación de morosidad, y en el Banco Nación 0,98%. De la demanda que hacen cada una de las personas, es que detectamos 4 o 5 temas problemáticos: que son la aceleración de la actualización de la cuota, en relación a la actualización del salario; los problemas en el repago de la deuda; el incremento del capital adeudado en pesos; y el aumento de los años de plazo por topeo de cuotas en relación al ingreso”. 

Luego fue el turno de Mariano Beltrami, gerente de Estudios Económicos Banco Provincia, que brindó detalles respecto a los créditos otorgados por su institución: “En la actualidad el Banco Provincia tiene cerca de 15.600 créditos activos hipotecarios UVA, que totaliza un saldo actualizado por inflación de 102 mil 900 millones de pesos. Desde fines del 2019, el banco viene mostrando una caída importante en los saldos, y la cantidad de créditos otorgados”. 

Además, señaló las medidas que tomó el Gobierno para paliar la crisis derivada de la pandemia: “En marzo dictó un decreto para congelar las cuotas por un periodo de seis meses, a su vez restableció la posibilidad de reprogramar las cuotas, de modo tal de enviarlas al final del crédito”, y respecto a las medidas que tomó el banco en este sentido, explicó que “el directorio del Banco Provincia dispuso un esquema por medio del cual, se estableció una afectación máxima de los ingresos demostrables del 35%, quedando la diferencia a cargo del banco. Es importante resaltarlo, porque me parece que es una singularidad respecto de otros bancos”. 

A su turno, el director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, explicó que el 98,3% de los deudores UVA se encuentran en situación regular: “Hay solo 204 préstamos que están en situación regular. Esta mora es extraordinariamente baja. A nuestro juicio, se estaría planteando una solución de carácter general, para un problema que tiene eminentemente un carácter individual. El abordaje caso a caso permiten encontrar alternativas de refinanciación a medida de cada deudor”.

Respecto a los mecanismos de alivio vigentes, señaló que el primer era “contemplado para todos los prestamos UVA, que preveía en el caso de que el salario real cayera un 10%, preveía una extensión del privilegio del préstamo, hasta un 25% del plazo original. En el caso del Banco Ciudad solo el 6,3% de los deudores hizo uso de este mecanismo de alivio”. 

Y que en segundo lugar “se exigió al sistema financiero un tratamiento especial en aquellos casos particulares en los cuales se acreditara que la cuota al 35% de los ingresos y en ese caso el banco estaba obligado a ofrecer una alternativa de financiación. En el caso del Banco Ciudad, se presentaron 686 deudores, de los cuales solo 4 efectivamente se acreditó que excedían el tope del 35%”. 

“Si uno piensa en el déficit habitacional que tiene la república argentina, probablemente sea indispensable consolidar un mecanismo de hipotecas que sea generalizado, de fácil acceso para precisamente cerrar esa brecha en materia de déficit habitacional”, concluyó Rossi. 

A continuación, fue el turno del gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) Alejandro Pérez, que advirtió la necesidad de buscar una solución para los deudores, que “no afecte a las más de tres millones de familias que tienen problemas habitacionales, y deberían poder acceder a un crédito hipotecario para la vivienda en los próximos años”. 

Y agregó: “La solución habitacional de este colectivo solo podrá surgir con el desarrollo constante de un mercado de créditos robusto. Durante los años 2016 a 2019 se dieron tan solo 105 mil créditos. El crédito hipotecario en nuestro país en relación al PBI alcanza un valor del 0,7%, en Chile esta ratio llega a más del 27%. El crédito hipotecario potencia las virtudes de la industria de la construcción, con sus efectos multiplicadores de la economía, de forma directa o indirecta. Consolidar este mercado es el gran desafío que tenemos por delante en los próximos años”. 

Claudio Cesario, presidente de ABA, consideró que es importante destacar se reunieron para analizar “uno de los temas más sensibles para la población”, que es el acceso a la vivienda, “posiblemente una de las mayores deudas que tenemos como sociedad y como Estado, que como garante y articulador de políticas de desarrollo habitacional, debe comprometerse en brindar las condiciones básicas e indispensables para posibilitar su acceso y financiamiento a largo plazo, eso sí, sin generar inflación. Y la inflación es la principal preocupación de todos los argentinos”. 

Por esto, para el expositor, “lograr la estabilidad macroeconómica y luchar para bajar la inflación son responsabilidad del Estado, y es responsabilidad de este Congreso, y de ustedes como diputados de hacerse cargo de esa responsabilidad”. 

“Fuimos convocados para abordar una problemática que afecta a un sector de la población, a menos del 2% de las 105 mil familias que 5 años atrás reunieron los requisitos necesarios para acceder a los créditos UVA. Familias con salarios o ingresos registrados y en blanco”, agregó. 

Y finalmente, señaló que “la mora de los créditos UVA son similares a los de otros países, porque los salarios, aun con algún rezago temporal, siempre se fueron ajustando. Ahora bien, contra la pérdida total o significativa de los ingresos no hay solución posible. La coyuntura o situaciones particulares de unos pocos, no pueden ser utilizadas para modificar contratos pactados de conformidad con la ley”. 

Cerrando la lista de expositores, tomó la palabra el presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce que coincidió en que toca tratar un tema complejo, que “concierne a uno de los temas de fondo que tiene nuestra sociedad que es la necesidad cultural y social de que los argentinos tengan acceso a su vivienda”. 

“Tenemos que encontrar un mecanismo permanente que permita salvar estas situaciones excepcionales y críticas cuando el salario real cae abruptamente y los procesos de negociación paritaria no pueden compensar esta situación con la velocidad que necesitan las familias para poder atender la cuota de un crédito que se ajusta por inflación”, indicó, al tiempo que advirtió que “hay que ser cuidadosos mirando la banca privada, que la solución que se busque no signifique la ruptura de contratos y que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos”. 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Heller señaló que el “problema de los tres millones de familias que no tienen acceso a la vivienda es uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina”, pero no es el motivo de este tratamiento: “Nosotros estamos reunidos en torno a un proyecto, que tiende a analizar cómo resolvemos la situación de los 90 mil deudores que tiene el sistema financiero a través del mecanismo UVA, y cómo hacemos que ese sistema pueda ser potable hacia adelante”, aclaró. 

“Estamos tratando proyectos concretos que estamos tratando de mejorar y enriquecer. Teniendo en cuenta las variables que señaló el presidente del Banco Central, el tema de la no ruptura del contrato, y la posibilidad de los deudores de acceder a los deudores”, apuntó el legislador. 

A su turno el diputado Julio Cobos cuestionó que “si todo andaría fenómeno, como surgen de las estadísticas que uno escucha de los bancos privados y públicos, veríamos que se siguen otorgando más créditos, sin embargo, son en la mínima la expresión”, y que por eso se debe “encontrar una solución que sirva para adelante, para ver cómo retomamos conviviendo con una inflación que a lo mejor llegue al 100 por 100”. 

“Todos los contratos de largo plazo siempre las cláusulas están establecidas para mantener la equidad contractual. Acá la relación ingresos e inflación, que era la relación de qeuidad que había que mantener se vino abajo, explotó”, indicó el legislador. 

La diputada Victoria Tolosa Paz consideró que la propuesta que se ha elaborado respecto a la creación de un fondo compensador “puede ser una buena medida que no perjudica a la banca pública, que es la que tiene mayor cuantía de esos créditos otorgados”, y advirtió que “no todo tomador de crédito UVA tiene características para que el Estado salga a socorrer esa situación. Me sumo a que podamos elaborar en la comisión conjunta un perfil, a partir del cual tengamos más certezas”. 

Más de diez meses después de que el Ejecutivo enviara el proyecto al Parlamento, comienza su debate en la Cámara de Diputados. Será en el marco de un plenario de las comisiones de Industria, que encabeza el entrerriano Marcelo Casaretto, y de Presupuesto y Hacienda, del porteño Carlos Heller.

La convocatoria es para este martes a las 13 y han sido invitados a exponer funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, Julieta Lousteau (subsecretaria de Industria); Gastón Grimblat y Pablo Bravo (asesores); Ignacio Bruera (director nacional de Política Industrial); del Ministerio de Economía asistirá María Sol Pasqualini (subsecretaria de Tributación Internacional); del Sindicato de Mecánicos (SMATA) Ricardo Pignanelli / Laura Ávalos; de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán / María Soledad Calle.

También de Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOEYEP) irá Juan Carlos Murúa; y de la Asociación de Supervisores Industria Metalmecánica (ASIMRA) será Jorge Lobo.

Por el lado de los representantes de la Industria Automotriz se presentarán Martín Galdeano, presidente de Ford y ADEFA; Santos Doncel Jones, presidente de IVECO; Nicolás Abbate, director de Nissan; María Ángela Stelzer, directora de Asuntos Corporativos de VW; Verónica Niemann, directora de As Ext. Com y RSE de Mercedes Benz; Paula Camogli, jefa de Asuntos Públicos de Renault; Verónica Berkopec, Asuntos Gubernamentales de Toyota; Leonardo Pomeranchik, gerente de Asuntos Gubernamentales de MB; Fernando Rodríguez Canedo, director ejecutivo de ADEFA; Carlos Galmarini, director de Relaciones Institucionales de Ford Argentina; Analía Pellegrino, gerenta de Relaciones Institucionales en IVECO Arg SA; Ignacio Traballoni, responsable de Asuntos Gubernamentales de MB; Tomás Cociancich, responsable de As. Públicos de Mercedes Benz Camiones; Diego Kukulanski, gerente de Relaciones Institucionales Stellantis; Patricio Sesti, supervisor de Asuntos Institucionales y Gub. VW; Alicia Ryzewski, responsable de Comunicación de ADEFA.

De la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADMIRA) irán Isabel Martínez, Julio Cordero y Horacio Cepeda. Mientras que de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) asistirán su vicepresidente, Fabio Rozenblum, y el gerente general, Juan Cantarella.

La ley se denomina Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz, Autopartista y su Cadena de Valor y el proyecto fue presentado el 18 de agosto de 2021, pero nunca alcanzó a iniciarse su tratamiento.

Tiene por objeto promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales (forja, fundición, mecanizado, pintura, estampado, entre otros).

En los considerandos de la iniciativa, se destaca que “la cadena de valor automotriz es central para la estructura y la dinámica productiva del país”, ya que se trata de una actividad “con gran peso relativo en la producción -10% del PBI industrial-, en las exportaciones -primer exportador de manufacturas de origen industrial (MOI)- y en el empleo del país -6% del empleo industrial registrado-”.

Uno de los objetivos del Gobierno nacional es potenciar el crecimiento de la cadena de valor de manera sustentable, incentivando las inversiones en plataformas de producción eficientes, exclusivas a nivel regional y con escala internacional, que permita tener una alta inserción exportadora y altos niveles de integración nacional de autopartes”, sostienen los fundamentos.

Por tal motivo, los proyectos de inversión alcanzados por los beneficios de este proyecto de ley serán aquellos que incluyan plataformas exclusivas regionalmente (para autos y utilitarios) y niveles mínimos de contenido nacional.

Asimismo, el proyecto apunta, por un lado, a facilitar desde lo fiscal a la formación de capital en el sector, bajo instrumentos orientados a mejorar la performance financiera de los proyectos de inversión, como la amortización acelerada y el tratamiento previsto a los saldos generados por créditos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, por otro, potenciar las exportaciones.

“En ese sentido, la devolución anticipada del IVA, permitiendo ser utilizado para el pago de otros impuestos nacionales, viene a reducir ese costo y a hacer viables más inversiones. Asimismo, el beneficio no implica un costo fiscal neto para el Estado Nacional, dado que lo que se devuelve de IVA en un momento implica un mayor pago de IVA en el futuro, aunque sí el Estado Nacional absorbe el costo financiero que se ahorra la empresa”, argumenta la iniciativa.

En cuanto a permitir la amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, se señaló que “también mejora el resultado financiero de la inversión, debido a que les reduce el monto a pagar por el Impuesto a las Ganancias en los primeros años, desde la puesta en marcha del proyecto”.

Por otra parte, se establece que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

El proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los proyectos de inversión deberán necesariamente involucrar la producción de: nuevas autopartes o autopartes ya producidas al momento de la inscripción al régimen, que involucren una mejora sustantiva en la capacidad de producción.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión aprobados deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

Además, se establecen cuáles serán las faltas leves y graves, al tiempo de una serie de sanciones a quienes no cumplan con la ley, tales como “la suspensión en el goce del beneficio por el período que dure el incumplimiento; la revocación total o parcial del beneficio usufructuado con su correspondiente restitución al fisco de los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, del impuesto a las Ganancias ingresado en defecto; ingreso de los derechos de exportación no abonados, con más los respectivos intereses resarcitorios; multas, cuyos montos no podrán exceder del 50% de los beneficios usufructuados; e inhabilitación para volver a gozar de los beneficios del régimen por el mismo u otro proyecto.

En otro artículo del proyecto, se dispone la creación del Instituto de la Movilidad “como ente de derecho público no estatal que tendrá por objeto fomentar la consolidación de un ecosistema productivo sustentable a través de la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, el colectivo de los trabajadores y las trabajadoras y las instituciones de apoyo científico y tecnológico”.

La iniciativa determina que el gobierno y la administración del Instituto de la Movilidad estarán a cargo de un directorio integrado por 8 vocales, que se desempeñarán con carácter “ad honorem”. De ellos, dos serán designados por la autoridad de aplicación; uno por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; tres por las asociaciones empresarias representativas del sector automotriz (AFAC y ADIMRA) dos por los sindicatos SMATA y UOM. Asimismo, cada entidad deberá designar a su respectivo o respectiva suplente.

A casi un mes de la primera reunión informativa, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará el debate por los créditos hipotecarios UVA este miércoles a las 11 desde el Anexo “C”.

La reunión conjunta de las comisiones que presiden los oficialistas Alicia Aparicio y Carlos Heller será la segunda con carácter informativo ya que fueron invitados especialistas y representantes de los tomadores de créditos.

La presidenta de la Comisión de Finanzas había adelantado en el plenario del 1 de junio que se acordó llevar adelante dos reuniones informativas, con la presencia de especialistas y representantes de los tomadores de créditos, y una reunión de debate.