El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este jueves reforzar la seguridad de Cristina Kirchner, ante la solicitud de sus abogados defensores, quienes advirtieron por nuevas amenazas contra la vicepresidenta por parte de Revolución Federal.

Según informó la agencia Télam, el fiscal dictaminó tras ser consultado al respecto por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien tiene a su cargo la causa contra miembros de esta agrupación.

En el dictamen, Pollicita ordenó informar al Ministerio de Seguridad de la Nación para que se tomen “los recaudos” necesarios.

Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal presentaron un escrito en el que reclamaron medidas de prueba a raíz de nuevos posteos en redes sociales de integrantes de la agrupación, en alusión a su intención de protagonizar nuevos hechos de violencia, y alertaron que “el atentado contra la vicepresidenta (el 1ro. de septiembre del año pasado) fue precedido por mensajes como este, provenientes, en parte, del propio Leonardo Sosa”, uno de los imputados en la causa.

Los letrados reclamaron e insistieron ante el juez por el “inmediato secuestro del celular de Leonardo Sosa, con el fin de conocer el entramado que dio lugar al retorno de la agrupación Revolución Federal, cuyo único fin ha sido desplegar la violencia política”.

Además solicitaron que se lo cite a ampliar su declaración indagatoria ante este nuevo hecho denunciado y “que se realice un relevamiento de las redes sociales de todos los miembros de Revolución Federal”.
“Es necesario que, con carácter de urgente, tome medidas sobre Leonardo Sosa que permitan desbaratar un nuevo ataque o nuevas actividades violentas sobre el kirchnerismo y sobre Cristina Fernández de Kirchner”, agregaron los abogados.

Los letrados adjuntaron en su escrito capturas de posteos de Sosa en redes sociales, como una del 13 de octubre último, en la que escribió “Revivió Revolución Federal”.

También advirtieron que “la escalada llegó a un punto culmine al señalar que, a su regreso (de emitir su voto en Santa Cruz) a la vicepresidenta la aguarda Revolución Federal”. “El hecho, por si solo, puede calificarse como amenazas”, añadieron.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de los abogados de Cristina Kirchner para detener Jonathan Morel, Leandro Sosa y Gastón Guerra, referentes de Revolución Federal, apuntados por la vicepresidenta como presuntos autores intelectuales del atentado en su contra, ocurrido el pasado 1ro. de septiembre.

Además, el magistrado se negó a disponer un allanamiento en el departamento de Ximena De Tezanos Pinto, vecina de CFK, aunque sí dispuso que se investigue su actividad en redes sociales. La vicepresidenta había reclamado que se esclarezcan sus posibles vínculos con la agrupación de ultraderecha.

En su resolución, Martínez de Giorgi indicó “requerir los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado”. Y que, también, “se informe la totalidad de la actividad de Tezanos Pinto entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad”.

A través de su Twitter, Cristina Kirchner había anunciado el pedido que harían sus abogados, a raíz de conversaciones grabadas entre estos militantes en las redes sociales. “De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso”, denunció CFK.

Asimismo, la exmandataria consideró que “corresponde continuar investigando la senda del financiamiento” de Revolución Federal, “que nunca ha sido explicada por el Grupo Caputo”.

“¿Qué más necesitarán (los camaristas Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Qué me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables”, desafió la presidenta del Senado, quien busca que se investigue todo en una sola causa.

En octubre pasado, Morel estuvo detenido 13 días por instigación a la violencia y fue liberado por una resolución de la Cámara Federal.

En tanto, el atentado contra CFK se investiga en una causa aparte, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, por la cual están presos Fernando Sabag Montiel -quien gatilló el arma en la cara de la vice-, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.

A continuación de Rodolfo Tailhade, quien la había emprendido directamente contra la Corte Suprema de Justicia, su compañero de bancada Leopoldo Moreau presentó su propia cuestión de privilegio, en este caso contra la sala 1 de la Cámara Federal. Obviamente la que integran Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia.

Al detallar su presentación, Moreau habló de “una cuestión de carácter institucional que involucra una decisión que pocas veces es cuestionada, porque se refiere a una sentencia de naturaleza penal, vinculada a un hecho gravísimo que vivió la república hace poco tiempo atrás que fue el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación”.

“Yo quiero hacer una cuestión de privilegio vinculada a los fallos que sucesivamente está sacando la Sala 1 de la Cámara Federal, que integran los camaristas Bertuzzi, Llorens y Bruglia. Dos de los cuales la propia Corte señaló que están ocupando ilegítimamente esas funciones”, precisó Leopoldo Moreau, para quien “estos camaristas están actuando ya no solo como guardaespaldas del expresidente (Mauricio) Macri, lo que es peor, en su último fallo están actuando como guardaespaldas de los que el juez (Marcelo) Martínez de Giorgi, y el fiscal (Gerardo) Pollicita, que no pueden ser tachados de ninguna manera como simpatizantes del kirchnerismo, han señalado como un delito continuo respecto a quienes habían sido detenidos como agitadores de este agrupamiento de derecha, nazi fascista, que se denomina Revolución Federal”.

Moreau sostuvo que “a pesar de la gravedad de esa sentencia del juez Martínez de Giorgi, y la advertencia del fiscal, la Cámara resolvió otorgarles la libertad”.

Se refirió luego al homenaje que acababa de hacerse en el recinto. “Esa misma Cámara, hace dos meses, dijo que los familiares de los submarinistas del ARA San Juan había puesto en peligro la seguridad del presidente Macri y la seguridad interior. Y que, por lo tanto, la terea de espionaje que se había llevado sobre esos familiares estaba encuadrada en el marco legal de la ley de inteligencia. ¿Cuál era el riesgo que tenía la seguridad interior? Que los familiares de los submarinistas hacían misas”.

Leopoldo Moreau los comparó con los detenidos a los que la Cámara acababa de dejar en libertad. Recordó que ellos habían amenazado de muerte “a la vicepresidenta, al presidente de la Nación argentina, a dirigentes de nuestro espacio político, llevaron adelante tareas de violencia material, escraches al ministro (Sergio) Massa cuando asumía, escraches en la puerta del Instituto Patria, escraches en la puerta del Congreso a distintos diputados de distintas corrientes políticas, intento de incendiar, o por lo menos generar una situación de conmoción con antorchas; con un añadido, todo eso con zona liberada de la policía de la Ciudad, pista que hay que ahondar porque significa que puede haber una complicidad institucional”.

“No podemos estar en manos de quienes creen que la manera de actuar con sentencias judiciales es hacer de patovicas, ya no del expresidente de la Nación, sino de los que llevaron adelante una campaña de violencia sistemática que pudo haber derivado en la muerte de la vicepresidenta de la Nación Argentina. Y cuando aparecieron algunos nombres de quienes financiaban estas actividades, o eventualmente algunos nombres de algún legislador que pudo haber tenido alguna actividad inspirativa en esta cuestión, esta Cámara inmediatamente dictó estos fallos para cerrar la investigación”, concluyó el legislador kirchnerista.

El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos manifestó “su más absoluto repudio” a la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, conformada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, a quienes acusaron de “responder directamente a Mauricio Macri y a Horacio Rosatti”, por la cual se dispuso liberar a los integrantes de la agrupación Revolución Federal, detenidos por supuesta “incitación a la violencia e instigación” en el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación.

A través de  un comunicado, los diputados del Frente de Todos advirtieron que “la liberación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ocurre apenas una semana después de revelaciones de posible conocimiento del atentado por parte de sectores de la oposición, y en plena conciencia de que este grupo ultraderechista contó con financiamiento de más de 13 millones de pesos por parte de un fideicomiso de la firma Caputo Hermanos SA, propiedad del ex ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, Luis Caputo. En vez de profundizar en las pistas políticas y financieras, los jueces deciden otorgar la libertad considerando que no hay riesgo de fuga o alteración de la causa. Le restan gravedad al asunto, acotan la investigación y aíslan elementos claramente vinculados”.

“Tampoco es casual la absoluta irregularidad con la que se encuentra actualmente conformada la Sala I. Se han cumplido dos años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo reconociendo la ilegalidad con la que Bruglia y Bertuzzi ocupan sus cargos y casi uno desde que el Consejo de la Magistratura elude el tratamiento de los dictámenes para nombrar sus reemplazos. El mismo Consejo presidido por el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que se autodesignó en ese cargo reponiendo una ley derogada por nuestro Congreso hace más de una década”, agrega el comunicado del FdT.

La misiva difundida por el bloque oficialista concluye con el reclamo de que el intento de magnicidio registrado el 1° de septiembre pasado “debe ser investigado hasta las últimas consecuencias”. Por ello, “desde el bloque de diputadas y diputados nacionales del Frente de Todos le exigimos al Poder Judicial en su conjunto que haga honor a su nombre y cumpla su papel para esclarecer el hecho más grave sucedido en casi 40 años de democracia en la Argentina”.

Por José Angel Di Mauro

La pandemia no fue obstáculo para que, en 2020, el presidente Alberto Fernández fuera parte de manera presencial de los actos de celebración del 17 de Octubre. Y no estuvo esa vez en uno, sino en dos. Ese día concurrió a la isla Martín García, acompañado del gobernador Axel Kicillof, para visitar el lugar donde estuvo preso Juan Perón en el 45; y más tarde fue a la CGT, donde desde el Salón Felipe Vallese aseguró: “Empezamos hoy un tiempo distinto; el tiempo de la reconstrucción de la Argentina”.

Al año siguiente, el peronismo volvió a exhibir su dispersión con cinco actos, y el presidente no fue a ninguno. Así que lo que sucedió el lunes pasado no fue una excepción, sino una tendencia. Con un detalle anexo y no menor: todos los discursos tuvieron -quien más, quien menos- un sentido tono crítico dirigido a esta administración.

El presidente optó este 17 por ir a Cañuelas, por un acto de gestión en el que anunció un bono para sectores vulnerables que ascenderá a 45 mil pesos en dos cuotas. Se pagará en noviembre y diciembre, y busca tranquilizar a los más soliviantados de los propios. Los necesita este martes apoyando el Presupuesto que se debatirá ese día en la Cámara de Diputados. Veremos si los conforma; muchos no se han mostrado convencidos.

De momento, la preocupación del Presidente parece ser otra, que se plasmó en una insólita polémica con un habitante de la casa de Gran Hermano. Preocupación compartida con Gabriela Cerruti, quien inició el contrapunto saliendo al cruce del personaje conocido como Alfa, quien dijo haber “coimeado tres veces” al actual mandatario. No dio más precisiones porque no se las pidieron.

Fue solo un breve pasaje que ni siquiera transmitió por Telefé, sino que se vio en el la plataforma de streaming Pluto TV. Pero fue amplificado por el propio Gobierno a través de la portavoz presidencial, que se despachó con 27 tuits condenatorios. Ahí sí el episodio estalló. “El pronunciamiento de Cerruti en redes logró exactamente el efecto contrario al deseado”, aseguró el analista en redes Diego Corbalán para Scidata – Monitor Social Argentino. Allí se indicó que el impacto de las publicaciones sobre el programa de Telefé en los medios de comunicación digitales no paró de crecer a un ritmo sostenido. Pruebas al canto: de los 2.258.000 usuarios que tomaron contacto con publicaciones de medios en el día del debut del programa (el 17 de octubre), se pasó a un total de 10.396.000 usuarios alcanzados, en un incremento del 360%.

Semejante error de comunicación del Gobierno, y su consecuente exposición digital, no hizo más que politizar la discusión del programa, además de partidizarla, advirtió Corbalán. Esto se observa al analizar la semántica que expresa tanto sentimientos positivos como negativos sobre el programa de Telefé. Los términos negativos como “bardo”, “asquito”, “polémica” o “boludo” se entremezclaron con palabras como “vergüenza”, “populismo” y hasta hashtags como #CorrupciónOJusticia, etiqueta digital usada por los usuarios opositores al kirchnerismo, inspirados en la frase que pronunció el fiscal Diego Luciani en el cierre de los alegatos acusatorios contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa “Vialidad”. Es lo que despertó la reacción -¿desmesurada?- del Gobierno.

“No me voy a quedar callado cuando me agreden”, dijo, a todo esto, Alberto Fernández, quien ya ha dado sobradas muestras de sus reacciones cuando algo le molesta. Lo prueba un video que lo muestra reaccionando ante un hombre que le dijo algo que no le gustó cuando él estaba en un bar y terminó en el piso. Tampoco tenía contemplaciones en las redes sociales, donde su insulto favorito era: “Boludo con vista al mar”, que dirigía a usuarios ignotos o conocidos.

La oposición reaccionó con críticas porque el Presidente haya actuado así ante este hecho, aunque más de uno se pregunta si el planteo de Alberto no obedece a un deseo de mantenerse en los primeros planos a como dé lugar. Como sea, la diputada radical Karina Banfi habló de “abuso de autoridad de parte del presidente, al anunciar que iniciará acciones de daños y perjuicios a un ciudadano que participa de un show televisivo”.

El tema remite de algún modo a las detenciones dispuestas por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa abierta por amenazas a la vicepresidenta. El cristinismo en general venía reclamando investigar “qué hay detrás de los detenidos por el atentado contra Cristina Kirchner”, y había señalado hacia la agrupación Revolución Federal. Pero la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación de ese episodio, no encontró elementos de prueba que vinculen a Revolución Federal con la “banda de los copitos”, y así fue que terminó abriéndose una causa por amenazas a la vice, que derivó en cuatro detenciones, entre ellas la del líder de esa agrupación y orgulloso autor de la tristemente célebre guillotina llevada a un acto en Plaza de Mayo, y la hija del Coco Basile.

El cristinismo busca obsesivamente elementos que permitan elevar la vara en el intento de magnicidio, cosa que hasta ahora no ha podido determinar la investigación que encabeza Capuchetti; de ahí que se haya encarado hacia Revolución Federal, celebrándose el hallazgo de una pista que permita incorporar a la familia Caputo en la búsqueda del supuesto financista del atentado contra CFK.

“Hay que saber si alguien está financiando a grupos políticos que son capaces de atentar contra la vicepresidenta, tirar antorchas a la Casa Rosada e insultar a funcionarios por la calle”, pasó en limpio el presidente en una entrevista que le hicieron el viernes pasado.

Mientras tanto, en el interior del Gobierno se afirma la sensación de fin de ciclo. Nada menos que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, confirmó su salida del Gobierno. Será “en algún momento”, adelantó, sin dar precisiones, pero alcanza con que haya sugerido que “hay que esperar un poquito”. Se sabe que volverá a su provincia y hoy se descuenta que integrará la fórmula para la gobernación, acompañando en el segundo lugar a Osvaldo Jaldo, su vicegobernador con el que ha tenido idas y vueltas, en el marco de una relación conflictiva.

Tucumán es una de las tantas provincias que adelantarán las elecciones el año entrante: serán el 14 de mayo venidero. Sería intención del actual jefe de Gabinete reflotar -si le va muy bien en esos comicios provinciales- el “plan Juan XXIII” y convertirse en el candidato presidencial de los gobernadores peronistas. Se verá.

Lo cierto es que Manzur no es el único integrante del Gabinete que piensa en dejar su lugar actual para volver a “cuidar el territorio”. Ya lo hizo hace dos semanas Juan Zabaleta, que dejó Desarrollo Social para volver a Hurlingham, donde La Cámpora estaba amenazando su liderazgo. Otros dos exintendentes cavilan el mismo destino: Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis.

El que ha dado señales de querer quedarse, pero con la condición de que el Frente de Todos no derrumbe lo que trata de construir, es Sergio Massa. Quien se autopercibe “plomero del Titanic” ha logrado estabilizar la economía y si bien nada garantiza que vaya a tener éxito en su función en este casi año y medio que resta, quiere que en su gobierno se tomen muy en serio la afirmación que The Economist ha hecho sobre su persona: “is the only thing standing between Argentina and chaos”. Traducido, para la influyente publicación británica Massa “es lo único que se interpone entre la Argentina y el caos”.

Este martes se propone lograr lo que su antecesor no pudo el año pasado: que le aprueben el Presupuesto. A diferencia de Martín Guzmán, que con una economía menos en emergencia y una inflación todavía no desbocada, pretendía que le aprobaran la ley de leyes en una semana, Massa habilitó un tratamiento de un mes para el proyecto en Diputados, con el desfile de la mitad de los ministros, muchos funcionarios y concedió decenas de correcciones al texto original. Más allá de que persisten algunas discrepancias con la oposición, espera que en la mañana del miércoles muchas manos opositoras se alcen a la hora de votar el proyecto, de modo tal de alcanzar una mayoría holgada en la aprobación en general, que ya tiene garantizada.

Para tal fin, entre otras cosas dio curso a un pedido opositor de aplicar una “cláusula gatillo”, según la cual si la inflación y la recaudación interanual superan al 31 de agosto de 2023 las pautas estimadas, el Ejecutivo enviará al Congreso una ampliación presupuestaria a fin de realizar un nuevo cálculo de recursos y créditos para el último trimestre.

En ese caso, que todos esperan vaya a suceder, el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por DNU en ese lapso.

Eso sucederá justo entre las PASO y las elecciones generales. Tal vez para entonces ya exista una sensación plena de quién gobernará la Argentina a partir del 10 de diciembre venidero, lo cual tendrá incidencia plena no solo en esa ampliación, sino también en el proyecto de Presupuesto 2024 que deberá llegar al Congreso el 15 de septiembre.