El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-JxC) destacó la propuesta electoral de su espacio, que lleva como candidata a Patricia Bullrich, y expresó: “Tenemos la representatividad territorial y legislativa, el equipo, una propuesta consistente y la experiencia para que las transformaciones sean a fondo y definitivas”. En ese sentido, consideró que la exministra de Seguridad es quien puede hacer “un cambio verdadero” en el país.

En declaraciones a la prensa, el formoseño, quien en estas elecciones busca renovar su banca, observó que “la solución a los problemas de la Argentina tiene que ver con la producción y el trabajo, no con atajos y pases de magia que nos trajeron hasta la situación actual en la que estamos”. “Vamos a promover una economía ordenada para que haya más inversión, posibilidad de la creación de más empresas, PyMEs, emprendimientos con tecnología moderna, que las familias puedan planificar su vida y los jóvenes construir su futuro”, aseguró.

También, el radical remarcó que “la inflación que empobrece es el mayor enemigo por derrotar y la creación de empleo un objetivo a lograr”. “Las respuestas de quienes creen que pueden hacer pases de magia sin atraer inversiones para transformar la estructura productiva tienen el mismo resultado que quienes empobrecen anunciando medidas sin financiamiento con populismo tributario”, cuestionó.

Buryaile apuntó que “la gestión de este gobierno de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández es claramente el peor gobierno de la historia. Nos deja un mix terrible entre 40% de pobreza, un dólar blue que hoy está en $805 y más de 10.000 millones de dólares de reservas negativas”.

Puntualmente contra el candidato de Unión por la Patria, el legislador lanzó: “Desde que asumió Massa (como ministro de Economía) solamente empeoró las cosas, con una emisión demagógica nos están llevando a la hiperinflación. Massa se enamoró de la inflación, porque licúa todo lo que imprime y no está llevando a la hiper de un 300%. Incluso si analizas la inflación mayorista, es de 682% anualizada”. “Este es el famoso ‘te rompen las piernas, pero te regalan las muletas’ ”, ironizó.

Por otro lado también disparó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. “El oficialismo blue acompaña ese camino a la hiper porque tiene un acuerdo con Massa y le es beneficioso para sus populistas propuestas. Por ejemplo, la emisión y la dolarización son las caras de la misma moneda, porque nos dejan en un lugar peor en el que estamos. Porque se desentienden de los efectos de su propuesta sobre la actividad productiva que es el verdadero problema del país”, manifestó.

El diputado opositor resaltó que “la dolarización es inviable y no resuelve la situación que tenemos, sino que nos pone en mayor vulnerabilidad, ya que por sí sola no baja el déficit ni transforma la actividad productiva; acuñas una moneda de un país desarrollado cuando aquí no tenés esa competitividad. No están viendo los costos sociales y económicos de semejante decisión, es volver a hacer populismo con otro pase de magia, proceso que ya lo vimos un montón de veces en el país. De una vez debemos hacernos todos cargo de los problemas y nosotros sabemos cómo, tenemos la espalda con el Poder Legislativo, territorial y la decisión para hacerlo”.

Buryaile agregó que “Massa ya demostró que no es confiable y de Milei ahora cada vez se sabe menos de las medidas concretas y definitivas que propone. Sin confianza no hay posibilidad de cambiar el país. Sin credibilidad no hay posibilidad de que los argentinos inviertan más.

“Necesitamos bajar la inflación y al mismo tiempo crecer con un modelo productivo exportador. Por eso vamos por un Banco Central independiente como en nuestros países vecinos, donde funcionan normalmente para bajar la inflación, y vamos a promover una ley que elimine cupos, restricciones a las importaciones y exportaciones. Esos dos proyectos de ley impulsaremos el 10 de diciembre para simplificar trámites y burocracia. Vamos camino a un Estado eficiente, con una reforma impositiva y una reforma laboral”, prometió.

El diputado nacional Ricardo Buryaile apuntó este sábado contra el kirchnerismo y La Libertad Avanza, a la que definió como oficialismo “blue”. En ese contexto, recalcó: “Si me tengo que referir a los hechos de la última semana, donde (Javier) Milei votó el proyecto de (Sergio) Massa en la Cámara de Diputados o los acercamientos a lo peor de las cúpulas sindicales en el caso de ambos candidatos, creo que ha quedado demostrado que hay un pacto entre ellos”.

El exministro de Agroindustria cuestionó al candidato libertario por sus contradicciones: “Milei dijo que la emisión monetaria genera inflación, que quiere prender fuego al Banco Central, que es demencial bajar impuestos sin bajar gastos. Y en el mientras tanto votó algo totalmente contrario a eso, de manera demagógica”.

Además, aseguró que en la última sesión en diputados quedó en evidencia un acuerdo entre Milei y Masa: “Están queriendo desatar un proceso inflacionario para licuar los salarios, los depósitos de la gente, sino no se explica lo qué irresponsablemente votaron”, insistió.

“Aprueban medidas solamente buscando un objetivo electoral y de manera irresponsable”, fustigó el diputado. Y, añadió: “Quieren vender una realidad que no es, hipotecando el futuro de los argentinos. Después de lo que votaron Massa y Milei, los activos argentinos cayeron, subió el dólar blue y el riesgo país se fue por los aires. Con ese populismo vamos directo a la hiperinflación”.

En la misma línea, Buryaile comentó que el PJ después de 70 años está por perder por primera vez las mayorías parlamentarias. Por eso, “han colaborado con gente en las listas y financiamiento para armar este oficialismo blue que es La Libertad Avanza”.

Haciendo referencia, al acuerdo entre el candidato libertario y el histórico referente sindical Luis Barrionuevo, Buryaile reprochó: “Mientras quienes compiten con nosotros pactan con lo peor del sindicalismo, Barrionuevo, Moyano, Cavalieri y Martínez, nosotros proponemos libre elección para los trabajadores, libertad para los aportes, modernización y orden para el desarrollo”.

Y, remarcó que a diferencia de lo que dice Milei, “no hay democracia sindical, ni el financiamiento de los gremios es voluntario. Ese modelo ha sido un factor de atraso, imposibilitando que nuevos trabajadores estén en blanco y ahuyentado las inversiones”. “La alternativa al estancamiento no es con quienes impiden los cambios”.

“En Argentina debemos dejar atrás al populismo. Juntos por el Cambio tendrá mucho respaldo en el Congreso para hacer los cambios verdaderos y profundos que necesita el país. Tenemos la experiencia de las cosas que se hicieron mal y bien. La Argentina no está para improvisados ni para aventuras trasnochadas”, finalizó Buryaile.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical Ricardo Buryaile (Formosa), se reunió este miércoles para debatir sobre los lineamientos estratégicos para la Cadena Bovina. También pasaron a la firma un paquete de proyectos de resolución y declaración.

Al encuentro, que se llevó a cabo desde las 11.15 en la Sala 1 del Anexo “A”, asistieron representantes del sector bovino que explicaron los puntos centrales del proyecto y alertaron que, si no se encuentra “una salida de crecimiento para poder valuar nuestra producción, la ganadería vacuna va a dejar de ser la producción emblemática del país”. El plan presentado, explicaron que busca potenciar la actividad en el plazo de diez años, con el objetivo de generar más de 100 mil nuevos puestos de trabajo, intentar superar el millón de toneladas extra de carne y, además, obtener ingresos por exportación por 4 mil millones de dólares más.

Buryaile agradeció a los miembros de la comisión por estar presentes luego de la sesión que se extendió hasta las 3 de la madrugada. Así, aclaró que “el objetivo de esta convocatoria es agradecerle a la cadena de la carne bovina que haya elegido esta comisión para presentar un proyecto del sector tan importante de la Argentina”.

“Es muy bueno que el sector privado venga y traiga sus inquietudes al Congreso de la Nación donde están los representantes y responsables de hacer las leyes o mejorar las cosas de tal manera que los diputados tengamos conocimiento de propia mano de lo que está pasando en la Argentina”, expresó el radical y contó que “como productor tengo conocimiento alguno de lo que está pasando, pero no mucho más allá porque con el trabajo político algunas cuestiones se pierden”.

Así, remarcó que “el sector de la carne bovina es un sector emblemático porque la carne argentina es una marca registrada en todo el mundo, no es la carne americana, ni la australiana. Es un emblema como el Malbec, como el fútbol, como Messi. Tenemos que apuntar a producir más y exportar más, y desde el Gobierno levantar las mayores restricciones posibles y destrabar las burocracias para que las fuerzas productivas se desplieguen”.

“Uno de los problemas que tenemos en el país es este doble estándar sanitario que nos condiciona y mucho. Creo que lo debemos trabajar con las provincias porque me han dicho que ninguna legislación va a salir en el marco de la cadena de la carne si no se habla el ministro del Interior con los gobernadores que son los que tienen que implementar las medidas y los gobernadores tienen que bajar las ideas a los intendentes”, cuestionó Buryaile.

En tanto, resaltó que vivimos en un país federal por lo que “hay que respetar las leyes y acordar cuáles son las reglas de juego”. “Uno de los grandes problemas de la cadena bovina en lo interno es la cuestión sanitaria, la cuestión impositiva que nos hace un sector marginal en muchos casos y hay que adaptar y en la mesa tiene que estar AFIP tratando de simplificar y ejerciendo un mayor control no es fácil porque si pueden tener 20 registros te los piden. Es importante tratar de simplificarle la vida al productor, tenemos que estar protegidos frente al mundo porque el desafío de la vacunación es una amenaza permanente cuando hay países vecinos que quieren levantar esas restricciones”.

En ese marco, el formoseño analizó que el “gran desafío es el mundo que se nos presenta hoy como una oportunidad, pero que lo desperdiciamos. Hoy 75% de las exportaciones de carne argentina van a China entonces hay que ver hacia dónde estamos mirando y qué estamos haciendo con el mercado interno y las potencialidades. Estamos con un equilibrio en el consumo de carnes”.

Representantes de la cadena bovina

Abrió la ronda de debate Dardo Chiesa de la “Mesa de la carne” quien contó que “la cadena de las carnes es una mesa de trabajo de 24 entidades para sacar lo mejor para nuestra cadena. También nos acompaña en la mesa el pollo, el cerdo y ovino”.

“En el federalismo que da el Congreso se juntan dos paradigmas. La ganadería la actividad económica más federal que tiene el país porque en cada rincón se puede criar a un animal y se hace de forma comercial o de subsistencia”, señaló.

Chiesa explicó que los lineamientos fueron presentados a principios de este año “político” y, en función de eso, trabajaron con la asistencia de los técnicos de FADA (Federación Argentina de Agrimensores) de buscar “cuáles son los puntos que nosotros consideramos sobre los cuales hay que trabajar para lograr mayor eficiencia. Para cada eslabón de la cadena todo es el más importante como retenciones, unificación del tipo cambiario, eliminar el pago de impuesto a las ganancias por tenencia. Cada sector va a encontrar su punto”.

Sobre el trabajo presentado, señaló que “son una enumeración de puntos a resolver que va a llevarnos a encontrar el camino para llevarlo adelante con grandes diferencias de cómo salir”, y ejemplificó: “Si hablamos de la media res hay un mundo para salir y cada productor tiene que encontrar la forma de cómo transitar”.

“Antes hay que salir del doble status sanitario, garantizar la sanidad. Nosotros defendemos al país libre de aftosa con vacunación y la usamos como herramienta de prevención”, planteó y sumó: “La ganadería tiene un desafío muy grande. Esta muy de moda hablar del futbol cuando ganamos el mundial en el 78’ éramos 25 millones de argentinos y teníamos 55 y pico de cabezas, hoy somos 46 millones de argentinos y tenemos la misma cantidad de cabezas. El crecimiento demográfico argentino ha superado en creces el crecimiento del rodeo y la producción que está estancada”.

En ese sentido, alertó: “Si no encontramos una salida de crecimiento para poder valuar nuestra producción, la ganadería vacuna va a dejar de ser la producción emblemática que fue para el país toda la vida y lo que representa”. “Este es el camino para elaborar una política de carnes y el objetivo es lograr 115 mil puestos de trabajos nuevos que se pueden dar si se logran estos objetivos y más de 400 mil millones de dólares”, cerró.

En un breve comentario, Buryaile recordó que en el 78’ había un total de 61 millones de cabezas y “nunca más se llegó a ese stock. Brasil tenía 50 millones de cabezas y hoy tiene 200 millones. 50 años después es el principal exportador de carne aviar, porcina y vacuna”.

A su turno y de forma breve, Ernesto Lowenstein de UNICA (Unión de la Industria Cárnica Argentina) expresó su orgullo al presentar algo que “24 entidades en donde hay competencia y discusiones nos juntamos detrás de unos lineamientos porque nos van a llevar a un sector que tenemos que mejorar”. Asimismo, cuestionó que FADA “puso sus números y sus creencias, eso fue conservador”, por lo que consideró que “si cumplimos lo que está diagramado tendremos un país distinto y espero que Brasil no siga siendo el primero”.

En su presentación, David Miazzo de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), explicó con los actores que tiene la cadena que es “compleja, con muchos actores repartidos a lo largo del país”. “Más de 900 cabañas de crías, 1200 Feedlot, 288 mil productores, miles de carnicerías, veterinarios, agrónomos, proveedores, 380 consignatarios, 380 frigoríficos, 400 mil usuarios de faena, más de 50 mercados a los que accede y los 47 millones de consumidores a nivel local”, detalló.

Y siguió: “Una cadena grande que actualmente genera 437 mil puestos de trabajo, un aporte de 13 mil millones de dólares al PBI, 4.200 millones de dólares por exportación y de derechos de exportación, algo que hay que eliminar, 343 millones de dólares”.

“Este documento busca generar una visión común para la Cadena Bovina Argentina con el objetivo de alinear acciones que permitan potenciar y modernizar la cadena con impactos positivos para el país y todos los argentinos”, respaldó.

Miazzo resaltó que los lineamientos fueron apoyados por 25 cadenas que representan a los principales eslabones, con más de 80 referentes como INTA, SENASA para “definir estos conjuntos de herramientas, escenarios y políticas”.

Como misión del proyecto, explicó que se propusieron “producir animales y carne para el consumidor argentino y mundial aportando una fuente proteica, saludable, segura e inocua”, a fin de generar “valor agregado, empleo genuino y divisas siendo un modelo económico con visión federal comprometidos con prácticas sostenibles, respeto ambiental y bienestar animal que son cuestiones más presentes”.

“Nos vemos de acá en 10 años siendo una cadena de ganados sólida, integrada y en constante desarrollo. Producimos eficientemente alimentos de calidad que forman parte de la dieta de los argentinos con una presencia creciente en el mundo, agotando tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles”, avizoró.

Entre las prioridades de la cadena planteó cuatro: los consumidores, la producción en sí misma, el desarrollo que puede generar y el ambiente y bienestar animal. “Los lineamientos estratégicos se componen de 60 acciones, políticas públicas e iniciativas conjuntas porque hay leyes o medidas del gobierno que el propio sector privado debe tomar hacia adelante. Están ordenadas en 16 ejes estratégicos y 4 áreas focales -la propia cadena, la producción, los mercados y el bienestar-”, precisó.

“Todas estas medidas deben estar en un marco macro económico para poder alcanzar las metas que se proponen ya que la inflación, las restricciones generan graves problemas a todas las actividades. Este marco debe testar enmarcado en un sentido de políticas fiscales y monetarias responsables, cero retenciones, cero restricciones, reglas de juego claras para que la actividad pueda crecer y desarrollarse”, señaló.

Sobre la cadena bovina, indicó que los ejes estratégicos son: “La integración de la cadena y la transparencia, la comunicación para informar qué consume, lo impositivo como alícuotas de IVA diferenciales, carga tributaria de ingresos brutos, derechos de exportación; la informalidad para moderniza y potenciar la cadena; y financiamiento. El objetivo es lograr integración, transparencia y formación hacia adentro de la cadena”.

Al hablar de la producción, señaló que los ejes están puestos en la genética, la mejora productiva, el estándar sanitario internacional, identificación y trazabilidad de la hacienda y tipificación de la carne. “Eso busca mejorar el valor productivo, equilibrar el desarrollo del sector y fomentar el crecimiento”, precisó y agregó que los objetivos son “usar la genética aprobada, mejorar la eficiencia productiva a partir de mejoras del destete, faena, productividad del stock, financiamiento de pasturas, alcanzar un estándar sanitario internacional con un organismo de control, tipificación e identificar los productos de calidad con sellos”.

Al hablar de los mercados, Miazzo hizo hincapié en “reforzarlos” para tener “precios de referencia locales” y el mercado externo como “las intervenciones y las aperturas”. Sobre el mercado interno el objetivo es “plantear una visión complementaria entre las distintas carnes para que tengan un motor de crecimiento”.

Por último, se refirió al área de ambiente e inocuidad cuyos ejes son “el bienestar animal, producción con cuidado del ambiente y la inocuidad de alimentos para la salud humana. El objetivo es focalizarse en las implicancias y tendencias a nivel internacional y nacional logrando esquemas que vayan en favor de la salud, certificaciones de cuidado del medio ambiente”.

“Entre las áreas a intervenir puede estar el Congreso con algunas leyes importantes en lo impositivo, en el estándar sanitario”, planteó y sumó que el plan está pensando en tres etapas. Además, informó que los objetivos que se pueden lograr es aumentar el stock ganadero a 63 millones de cabezas como consecuencia de la mejora productiva; mejorar en un 75% el destete; incrementar en un 63% por kilo de cabeza la productividad del stock; incrementar la faena de los 13,4 millones de cabezas a 15 millones para incrementar la producción de carne en un 35% y duplicar las exportaciones.

“De acá a 10 años podríamos pensar en una producción que el 57% vaya al mercado interno porque aumentan las exportaciones que pueden significar el 43%”, analizó y comentó que tendrá impactos en la actividad económica de 26 mil millones de dólares, incrementar 124 mil puestos de trabajo, 400 mil millones de dólares las exportaciones”.

Alberto Berardi de la Cámara Cárnica de Entre Ríos y de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, manifestó: “En Argentina a diferencia de Brasil, no se trabaja en forma horizontal, se trabaja desde el individualismo y egoísmo, este proyecto es una excelente oportunidad y ejemplo para vencer esto”.

“Tener un lineamiento de lo que debe ser y tratar con ustedes que forman las leyes conformar la experiencia y con una legitimidad que el productor tiene”, propuso Bernardo Cané, integrante del Grupo Crea y preguntó: “¿Qué tiene Brasil que no tiene nosotros? Ha construido poder, tienen una fundación que pone los recursos necesarios para desarrollar las leyes. Los diputados y las empresas constituyen el desarrollo de las leyes, proponen normas. A Brasil lo decidieron los agropecuarios y todos los partidos tomaron consenso horizontal, no ponen para un negocio individual, sino que trabajan en conjunto y eso puso a Brasil como el principal productor de carne, maíz, soja, cerdo y pollo”.

Y sugirió dejar de lado “el individualismo y el egoísmo porque este es un ejemplo y oportunidad como un lanzamiento para entender que necesitamos duplicar la producción”.

Asimismo, Javier Peralta, secretario de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) cuestionó que las restricciones “no tienen ningún sentido ni efecto para el precio del consumidor. Tenemos que tener en cuenta el 78% de las exportaciones de carne tienen como destino China, pero no es el mismo producto que se consume acá”, pero aclaró que “no quiere decir que sea carne de mala calidad, sino que las culturas culinarias y métodos de cocción justifica que consuman otro tipo de carne. No significa que los japoneses se llevan lo mejor, y los chinos lo peor, sino que cada uno utiliza la carne a sus costumbres”.

“Si nos restringen las exportaciones, esa carne que nos está comprando China no lo vamos a comer acá por ende el precio al consumidor es cero porque pasa a ser una vaca que muere en el campo, el tambo deja de tener ingresos que permite amortiguar las pérdidas que produce. El tema de las restricciones de los cortes tampoco influye en el consumo interno”, explicó.

En su intervención, Fernando Herrera de la Asociación Productores Exportadores (APEA) habló del impacto de las exportaciones en el precio del consumidor es “algo que no se informa bien y hay una creencia que está vinculada con los volúmenes de exportación y precio de mercado interno. Hoy luego de todas las subas el corte más caro en el supermercado vale $7.000, en cualquier lugar del mundo ese corte vale 30 o 40 dólares al consumidor, con lo cual exportamos un 25% de la producción dejando al mercado interno el 75%, pero estamos muy lejos de pagar los precios internacionales. Es un dato a difundir y que se tergiversa y se impulsan medidas que perjudican a la cadena y no benefician al consumidor”.

 Silvina Campos Carlés, asesora económica de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) advirtió: “Necesitamos políticas de largo plazo para poder armar un esquema de trabajo que no solo implique reducciones impositivas sino cambios en la forma de producir y para poder hacer eso tenemos que planificar”.

A su turno, Juan Eiras, director de la Cámara Argentina de Feedlot expresó: “Nosotros tenemos casi 30 meses en juego, desde la crianza hasta la terminación intensiva con suplementación, necesitamos de previsibilidad y de contar con la tranquilidad de que hay un futuro alentador y un horizonte posible”.

Al cierre del encuentro, el titular de la Comisión aclaró que “la unificación cambiaria desde acá no se puede hacer, nosotros no lo podemos hacer. Podemos discutir retenciones porque hay una ley para legislar en esta materia”.

“El tema de retenciones agrícolas se llevó puesto todo tipo de retenciones y ahí aparece una oposición blue de mandar todo a ganancias y eso es una quimera, es inviable. Las retenciones las reducís o no, podemos plantear qué se hace podemos disponer el marco de las retenciones”, señaló Buryaile y propuso: “Podemos proponer proyectos que incentiven la producción que hacen falta en el sector agropecuario a través de amortizaciones aceleradas. Hay que trabajar una ley federal de carnes”.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical Ricardo Buryaile (Formosa), convocó a una reunión para debatir sobre los lineamientos estratégicos para la Cadena Bovina.

El encuentro está pautado para el próximo miércoles 20 de septiembre a las 14 en la Sala 1, del segundo piso del edificio Anexo “A” a la que fueron invitados expertos a exponer sobre el tema en cuestión.

El temario del encuentro también incluye un paquete de proyectos de resolución y declaración, entre los que se encuentran iniciativas que buscan declarar de interés el evento Primer Congreso de Políticas Públicas para la Agrobioindustria; otra propone declarar de interés la Exposición de ganadería, agricultura e industria internacional que se llevara adelante del 20 al 30 de julio de 2023 en el Predio Ferial “La Rural” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El diputado nacional y exministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, le respondió al candidato presencial Javier Milei en referencia a su propuesta para las retenciones agropecuarias.

“Recién escucho a Javier Milei decir que las retenciones a las exportaciones agropecuarias van a ser tomadas a cuenta del impuesto a las Ganancias. Esa propuesta no cambia la situación del productor ya que sigue percibiendo el mismo precio y la retención a cuenta de Ganancias es irrecuperable”, señaló Buryaile en su cuenta de Twitter.

Para el legislador radical, “técnicamente hay que considerar que los derechos de exportación (retenciones) son pagadas por los exportadores aunque soportados por los Productores. La única alternativa real y no demagógica es la reducción real de los Derechos de exportación. Basta de verso”.

Recién escucho a @JMilei decir que las "retenciones" a las exportaciones agrop van a ser tomadas a cuenta del imp a las ganancias. Esa propuesta no cambia la situación del productor ya que sigue percibiendo el mismo precio y la ret a cuenta de ganancias es irrecuperable. Sigue

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) August 19, 2023

Minutos antes de que comenzaran a difundirse los primeros resultados del escrutinio de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la primera precandidata a diputada nacional por la lista #Podes confiar estamos con vos, Gabriela Neme, reconoció la derrota de la misma y felicitó a Luis Naidenoff y Ricardo Buryaile por el triunfo que obtuvieron en la interna que Juntos por el Cambio (JxC) dirimió en Formosa.

A través de sus redes sociales, la diputada provincial comenzó diciendo: “llego el momento del recuento de votos, a trabajar con responsabilidad a pesar del cansancio” y felicitó “a todos los fiscales y autoridades de mesa por la gran jornada cívica, salvo algunas excepciones que no pierden la maña”.

“Ahora resta esperar el resultado con mucha esperanza en voluntad del pueblo”, siguió Neme -quién se referencia en Horacio Rodríguez Larreta– a través de su cuenta de Twitter.

Reconocemos el resultado de la urnas.

Me comunique con @luisnaidenoff
y @BuryaileRicardo para felicitarlos por el triunfo obtenido en esta interna.

Seguiremos trabajando por la renovación de las ideas para tener la provincia y la ciudad que nos merecemos.

— Gaby Neme (@gabrielaneme) August 13, 2023

Al mismo tiempo que expresó: “reconocemos el resultado de las urnas. Me comunique con Naidenoff y Buryaile para felicitarlos por el triunfo obtenido en esta interna. Seguiremos trabajando por la renovación de las ideas para tener la provincia y la ciudad que nos merecemos”.

Atento al gesto de Neme, Buryaile también se manifestó en las redes respecto del triunfo que habrían tenido en la interna. “Agradezco el gesto de Gabriela por el llamado respecto al resultado de la interna. Habla muy bien de su actitud democrática. Mi compromiso de trabajar juntos para que JxC triunfe en las elecciones del mes de octubre para poder transformar nuestro país. ¡Gracias!”, cerró.

“Trabajaremos para que en octubre JxC triunfe nuevamente”, sentenció Neme, dejando en claro la buena relación que mantienen dentro de la fuerza.

Agradezco el gesto de @gabrielaneme por el llamado respecto al resultado de la interna. Habla muy bien de su actitud democratica. Mi compromiso de trabajar juntos para que @juntoscambioar triunfe en las elecciones del mes de octubre para poder transformar nuestro país. Gracias! https://t.co/QOqrNwBrX0

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) August 13, 2023

El último domingo se realizaron las elecciones generales de la provincia de Formosa, donde Gildo Insfrán derrotó al diputado nacional Fernando Carbajal por casi 50 puntos, lo que generó que entre los integrantes de la oposición se echarán las culpas de lo ocurrido.

De ese modo, la oposición formoseña perdió un legislador provincial. “El radicalismo no ha metido un solo concejal a la capital”, cuestionó Carbajal. Del mismo modo, el diputado nacional advirtió que “se debieron hacer cosas distintas porque nos va a ir siempre mal”.

Además, Carbajal criticó que Osvaldo Zárate vuelva a ser el presidente Comité de la UCR en Formosa, y éste le respondió que “entregó la elección porque sabía que perdía”. “No me dejaron participar de la lista de Ricardo Buryaile y Luis Naidenoff”, quienes encabezan las listas para diputados y senadores respectivamente.

Cabe consignar que Fernando Carbajal, en la interna de JxC Formosa, competirá por un lugar en el Senado y encabezará la lista para senadores nacionales en la boleta presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, junto a Celeste Ruíz Díaz. “Estos mensajes la sociedad los está repudiando”, enfatizó.

La respuesta de Buryaile no se hizo esperar: “Nos responsabiliza porque no le mandamos a hacer remeras; él tenía que mandar a imprimir”, y aseveró: “Mi culpa fue haber bancado a Carbajal, él es único responsable de la derrota”.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical formoseño Ricardo Buryaile, llevó a cabo este miércoles en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, una reunión informativa junto a representantes del sector agropecuario.

Al encuentro asistieron como miembros de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) su presidente Gustavo Vitelli, y David Miazzo, economista jefe de FADA; “a fin de considerar la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional”.

Al inicio del encuentro, Buryaile agradeció la presencia de los diputados porque “es una fecha complicada”, e hizo particular el agradecimiento al presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. También al senador Alfredo De Angeli “por acompañarnos”.

Buryaile contó que el encuentro se gestó luego de un llamado de Miazzo para poder plantear en el marco de la comisión la inquietud y un análisis de la situación del sector por los derechos de exportación. “No pensé que íbamos a estar tan holgados las dos frentes de la cámara”, expresó el radical.

“Mi espíritu como presidente y, calculo que los que están acá de la comisión, una de las cosas que se plantean es que previo a la discusión política hay sustento técnico para hacerlo y posicionamientos políticos para hacerlo. Hoy esta acá una fundación que va a hablar de por qué cree que el tratamiento de los derechos de exportación va en un sentido, con mucho gusto esta comisión se va a abrir para el que crea que va en otro sentido y para el que quiera exponer situación que comparta o no el oficialismo y la oposición”, planteó Buryaile.

En tanto, sostuvo: “Lo que sucede es que los oficialismos en las cámaras cuando son circunstanciales a breves por cuestiones políticas se les da un tratamiento de mayor celeridad sin el debido debate de las cuestiones y las leyes no son todo lo buena que quizás debiéramos sacarlas”.

En un párrafo aparte, el formoseño saludó a los periodistas presentes en su día: “Mi compromiso y mi respeto hacia quienes siempre buscan la verdad, que informan la verdad y tienen una opinión desde sus convicciones”.

A su vez, el formoseño ratificó que “la comisión va a estar abierta para todo aquel que quiera venir a exponer algo que haga a los intereses relativos a los que maneja la comisión”.

Retenciones cero

El presidente de la Fundación Barbechando, Germán Paats, sostuvo: “Vamos a escuchar una idea que nos permita empezar a pensar una Argentina distinta donde tenemos que volver a plantear todos los temas arriba de la mesa”, e invitó a los legisladores el 27 de junio en la Bolsa de cereales de Buenos Aires al primer Congreso de Políticas Públicas para la AgroBioindustria con el objetivo de mostrarle a la política los ejemplos de países como Brasil que “hicieron las cosas distintas y cómo han evolucionado en los 20 años”. También adelantó que propondrán ideas para “una Argentina grande, en crecimiento, desarrollo” porque “tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero hay que hacerlo en conjunto con la política”.

A su turno, Gustavo Vitelli en su carácter de presidente de FADA explicó que es una organización sin fines de lucro que nació hace 14 años en Río Cuarto “dedicada especialmente a la elaboración de políticas públicas con una mirada general y no sectorial. Tratamos de mantener una mirada general para toda la comunidad. Es una perspectiva federal”.

También informó que cuentan con un equipo económico que se encargan de elaborar proyectos, informes y análisis para elaborar las propuestas de políticas públicas. “Tratamos de poner nuestro grano de área para tener mejores políticas públicas para hacer crecer al país”, resaltó y agregó: “En todos esos trabajamos que venimos haciendo, venimos advirtiendo que la otrora competitividad del agro argentino que lo tenemos como un hecho ya no es tanto”.

“Hoy hemos perdido mucho terreno con nuestros vecinos y competidores internacionales y queremos revertir la situación y eso lo hacemos con datos”, planteó Vitelli y contó que se le pidió al equipo económico que analicen el impacto de las decisiones a tomar de manera tal que “la consideremos viable y sujetar todas las mejoras”.

Y sumó: “Queremos tratar de abrir el juego desde otro ángulo mirando las externalidades positivas que pueden tener las medidas. Estamos abiertos a cualquier opinión y a disposición de lo que crean necesario porque buena parte de nuestro trabajo es apoyar a los dirigentes que tienen necesidades de información o proyectos”.

A continuación, fue el turno del economista jefe de FADA, David Miazzo, explicó las cuatro claves para “crecer” y generar medio millón de puestos de trabajo.

“¿Cuánto puede producir Argentina?”, preguntó y procedió a detallar: “En términos de granos podemos llegar a producir 213 millones de toneladas, eso es un 56% más de lo que producimos hoy, parte por el aumento de la superficie producto de una mayor rentabilidad que permita que áreas que hoy no están en producción producto de las distancias de fletes, condiciones de clima y suelo, más un cierre de brechas productivas de rindes por mayor uso de tecnología, fertilizantes, semillas y también el riego que puede generar que la producción crezca”.

“También podríamos producir 1 millón más de toneladas de carne bovina, incrementar 1 millón más de carne porcina, el corte de biodiesel lo podemos llevar hasta un 15% y en el caso de bioetanol hasta un 20%. Tenemos más de una docena de economías regionales de las cuales se podrían hablar de impactos”, precisó Miazzo.

En otro ejemplo, sostuvo que un 56% de aumento de la producción cuando “se quitaron los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones de maíz y trigo en solo tres campañas la producción de maíz se incrementó un 68% y la del trigo un 46%. Podemos lograr este incremento de producción en 10 años “.

Al hacer una comparación con Brasil, planteó como interrogante dónde estaría Argentina si en los últimos 20 años se hubiese comportado con la producción agrícola de la misma manera que el país vecino. Entonces, detalló: “El año pasado hubiésemos producido un 66% más, con 34 mil millones de dólares adicionales por año de exportaciones. Cerca de la mitad de las discusiones económicas que hoy tenemos, no las tendríamos si el año pasado Argentina hubiese sido capaz de generar 34 mil millones de dólares adicionales de exportaciones”.

“Estos incrementos de producción, solo en las cadenas de granos, estimamos que en 10 años pueden llegar a generar 370 mil nuevos puestos de trabajo adicionales a los 3,7 millones de trabajos que hoy generan las cadenas agropecuarias y agroindustriales”, precisó el economista.

Al respecto, precisó que esos puestos de trabajo se distribuyen en las producciones de soja, maíz, cebada, girasol, trigo y enumeró que los puestos de trabajo se distribuyen en huerteros, productores, tamberos, veterinarios, operarios, transportistas, abogados, aceiteros, molineros entre otros tanto. “Para graficar la complejidad que tiene la cadena agropecuaria y cuando hablamos de incrementar la producción no solo hablamos de una persona más, sino toda esa cadena compleja”, planteó.

En esa línea, sostuvo que esos impactos se verían en los primeros años cuatro años y el 56% de producción se generaría el 27% de aumento de producción y llevarla a 174 millones de toneladas y, en 10 años, serían 76 millones de toneladas adicionales lo que genera “un mayor valor de producción a la Argentina de 36 mil millones de dólares que implicaría llevar la producción de 55 mil millones de dólares a 85 mil millones de dólares. Son números similares a lo que se habla de Vaca Muerta”.

“En los próximos cuatro años, solamente esto estaría adicionando 2,4 puntos al PBI y estaría aportando un año de crecimiento. Después se necesitan el resto de las actividades económicas”, ejemplificó Miazzo.

También planteó que, en inversión en insumos, significaría que el mercado debería crecer hasta 7 mil millones de dólares adicionales por año y agrego que “hay estudios que hablan de montos superiores a este”. “Solo la maquinaria agrícola nueva para el pequeño incremento de superficie son mil millones de dólares adicionales y la renovación de la maquinaria. Esto es industria, metal mecánico. Son sectores que se dinamizan”, afirmó.

Sobre la logística dijo que “mover estos millones de toneladas adicionales significan 3 millones de fletes lo que es un gran desafío en la infraestructura del transporte. Si lo ponemos en números estamos hablando de 14 mil millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años que crecería el mercado de fletes y logística, pensemos en los impactos indirectos que son combustible, neumáticos”.

“Si a este ejemplo sobre granos, les sumamos los biocombustibles y carnes estamos hablando de otros 7 mil millones de dólares, un PBI que en estos 10 años agregaría 7 puntos y en puestos de trabajo se vería más la diferencia se iría a 544 mil puestos que se pueden generar con estos niveles de producción”, planteó Miazzo y sumó: “Esto podría cambiar la dinámica porque hoy una gran preocupación de los argentinos es el salario porque llevamos 6 años donde cae, y una de las maneras genuinas de que el salario crezca y mejore es si somos capaces de generar más producción, riqueza, trabajo que es una gran preocupación”.

Al respecto, contó que hay cuatro políticas de base para lograr esto: “Cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas claras de juego”. Y las complementarias son: “Apertura de mercados, impuestos distorsivos, infraestructura de transporte, seguros, fertilizantes, riegos, genética, biocombustibles, conectividad”.

“Todas políticas que, si no se dan sobre una base fuerte de las cuatro medidas, solo terminan actuando en el margen y solucionando problemas no tan significativos”, analizó. Así, planteó que de estas cuatro claves el “mayor desafío se presenta en 0 retenciones dada la situación de déficit fiscal y de inestabilidad económica que hay. Es el principal desafío”.

“Para amortiguar el impacto fiscal de esa clave de retenciones cero trajimos como propuesta bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos lo que significa la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos menos en soja y, en el caso de soja, que vaya al 21 de manera inmediata”, propuso y explicó que “esto es básicamente porque la soja es la más significativa de la graduación y limitamos el desarrollo productivo de muchas actividades cuando en términos de caja no termina de significar tanto”.

Para la soja, que quedará en 21%, propusieron “eliminar el impuesto y reemplazar de forma transitoria por cuatro años por un mecanismo transitorio un pago a cuenta de impuestos que en un futuro se pueda utilizar. El Estado puede otorgar un certificado que sería de aplicación decreciente para que vaya a cero, que pueda ser transferible, nominado en dólares para que tenga algún valor y a partir del 5to año pueda ser utilizado en cuotas para el pago de impuestos o que se empiece a amortizar en cuotas y así desaparece el derecho de exportación como impuesto y, de manera transitoria, queda un mecanismo que permite amortiguar el impacto fiscal”.

Miazzo detalló que la entrega del certificado de crédito fiscal, como mecanismo transitorio para amortiguar el impacto fiscal, amortigua el impacto en la caja del Estado, crece la recaudación por otros impuestos y mayor actividad económica, el productor recibe mayor ingreso, hay un incentivo a producir más.

La palabra de los diputados

El radical Víctor Romero (Córdoba) sostuvo que “todos tenemos que aspirar a la mejora en el sector agropecuario porque es la salida que tiene la Argentina”. “Todo como un aspecto positivo unificar las políticas de tipo de cambio porque no hay posibilidad de proyectar una mejora si mantenemos la macroeconómica como esta y, claramente, la inestabilidad no hay posibilidad de inversión”.

“La baja de retenciones tiene que ir con una baja del gasto público, de una eficiencia del gasto en sí. También de una política integral porque tenemos un 40% de informalidad laboral”, consideró Romero.

El diputado Fabio Quetglas (UCR) destacó el proyecto, pero planteó que “cuando hay que hacer una política pública hay que pensar en ganadores y perdedores y largo y corto plazo porque la gran limitante que tuvo este tipo de iniciativas es que lo que es una patología para la economía agropecuaria es una protección al industrialismo obsoleto. Hay un montón de perdedores que, si es más larga que los ganadores, produce bloqueo político”.

El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, manifestó que “no es justo que se discriminar a un producto como la soja que es nuestro futuro y desarrollo, pero tampoco podemos discriminar al sector industrial cargándole todos estos millones de impuestos y que los demás no contribuyan. Esto patea el avispero para seguir trabajando y se reparta más equitativo todo para desarrollar los sectores competitivos”.

La Comisión de Agricultura y Ganadería tuvo este martes una reunión informativa con el vicepresidente del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), Rodolfo Acerbi, y la directora nacional de Sanidad Animal, Ximena Melón, sobre el conflicto entre la empresa avícola Santa Ana y el organismo por casos de influenza aviar.

Al inicio de su intervención, el vicepresidente del Senasa explicó sobre la influenza aviar: “Empezó en 1998 en el mundo y es un virus parecido a la gripe humana”. Del mismo modo, agregó: “Estados Unidos debió sacrificar más de 60 millones de aves y son las silvestres las que transmiten la enfermedad”.

“Hicimos un simulacro en Esperanza, Santa Fe, con los actores del Mercosur y de la actividad privada y un ganso andino apareció muerto y dio positivo”, señaló Acerbi. También, relató que “en La Puna tuvimos fauna avícola nativa que tomó contacto con aves migratorias y empezaron a enfermar y morir”.

En la exposición sobre los distintos focos detectados a la fecha, también se referenciaron las acciones en las zonas de control sanitario, los brotes cerrados y los alcances de los protocolos internacionales que sigue el organismo en el despliegue de las estrategias sanitarias puestas en marcha en marco del plan para la contención y prevención de la enfermedad.

Luego, la veterinaria Ximena Melón explicó que a 95 días de declarada la emergencia sanitaria tras la primera detección en el país, el 15 de febrero, como puede observarse en los tableros públicos, se recibieron un total de 523 notificaciones analizadas que, sumados a los muestreos realizados en las Zonas de Control Sanitario, alcanzan un total de 95 las detecciones de la enfermedad en total en todo el país.

Asimismo, detalló que más del 60 por ciento de estas ya fueron finalizadas (58 brotes cerrados). También se informó que el Senasa convocó a la Comisión Nacional Avícola para evaluar las estrategias de vacunación y sobre la implementación del Plan Aviar impulsado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para asistir a los productores afectados.

El conflicto en Santa Ana

Finalizadas las intervenciones, la diputada nacional Sofía Brambilla (Pro – Corrientes) habló del caso de la avícola Santa Ana en Corrientes y cuestionó: “Un falso positivo llevó casi al quiebre de una PyME familiar. Quiero saber qué medidas toma Senasa sobre resarcimiento económico y sanciones a funcionarios”.

Melón le respondió: “No fue un falso positivo, lo que ocurrió fue que una granja estaba dentro de los 10 kilómetros en un brote confirmado y se tomaron más de 5.000 muestras”.

En esa línea, ACerbi complementó: “En la granja hicieron el procedimiento y firmaron conformidad en las muestras. Hay muestras tomadas perfectamente y hay una declaración que falta a la verdad”.

Del mismo modo, Melón remarcó que “el productor tiene una responsabilidad”; agregó que “fue un positivo, no un falso positivo”, y detalló que “un juez ordenó un remuestreo y en los galpones resultaron negativos en un segundo y tercer muestreo”.

En relación con la indemnización, tanto Melón como Acerbi afirmaron que el Senasa no se encarga del tema y agregaron que es el Ministerio de Economía el que se encarga de eso. Anunció 7.500 millones de pesos y se pagan los alimentos sacrificados por Senasa, señalaron.

Sin embargo, el diputado Carlos Vara cuestionó el procedimiento y los resultados y afirmó que “hay 200 mil gallinas vivas”, en alusión a lo sucedido sobre el brote que se creyó erróneamente que había en Santa Ana. Desde la oposición se remarcó que de no haber ido los dueños de Santa Ana a la Justicia, no hubieran podido impedir que el rifle sanitario se cargara a las 200 mil ponedoras de esa empresa.

Por otro lado, el diputado nacional Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) consultó sobre situación epidemiológica y Acerbi explicó que “Argentina no puede emitir el certificado que lo muestra como libre de influenza aviar”. “La enfermedad va a tener picos y esperemos que las vacunas lleguen, pero hoy no las tenemos”, señaló.

Así también Melón explicó que el país que vacuna no puede exportar y amplió: “Acordamos que un positivo sin mortandad puede ser por carga viral baja”. También afirmó que “la cantidad de personas que se necesitan para hacer sacrificios sanitarios son de 20 a 30 por día”.

En el final, de la reunión el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, cuestionó que los “diputados preopinantes” hubieran tenido cierta subjetividad contra los funcionarios del Senasa y Brambilla, quien se hizo cargo, le respondió que “me hubiese gustado que usted estuviera en mi provincia cuando el organismo se negó al muestreo”, e insistió en que de no haber intervenido la Justicia, se hubiera procedido al sacrificio de las aves y la empresa hubiera quebrado.

En el final, el presidente Ricardo Buryaile puso paños fríos y dio por finalizada la reunión informativa de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, presidida por el radical Ricardo Buryaile, avanzó con el dictamen favorable al proyecto de ley que crea un régimen de promoción para la producción orgánica por 10 años, el cual ya tenía el aval de Economías y Desarrollo Regional y de Presupuesto y Hacienda.

La iniciativa prevé una serie de beneficios fiscales y fue impulsada por el formoseño Ramiro Fernández Patri. “Hablé con él y está con cuestiones personales en Formosa”, aclaró Buryaile respecto de su ausencia.

En primera instancia, Germán Martínez, presidente del bloque del FdT, sostuvo que fue impulsado en 2012 por el exlegislador Luis Basterra, y afirmó que las medidas del proyecto “son virtuosas en la alimentación saludable y tiene un potencial exportador fuerte”.

Además, expresó que “agrega valor en origen y da posibilidades concretas de trabajo en los argentinos”. Del mismo modo, añadió: “Tiene un entramado organizacional y se introdujeron modificaciones al proyecto original”.

“Hicimos una mejora en el artículo 13 y le pusimos un equivalente al valor de los módulos”, indicó Martínez, quien agregó que “un módulo está en alrededor de 8.000 pesos y son 12.500 módulos”. “Es una buena iniciativa que reúne consenso políticos y productivos”, finalizó.

En una breve intervención, el diputado nacional Carlos Vara (UCR – Corrientes) complementó que “Argentina tiene una gran potencialidad” en la materia, y explicó que “nuestro país produce sobre el ambiente”.

“Como dije en la reunión informativa hay muchas oportunidades y es importante la intervención de las provincias; también es fundamental un marco nacional y la intervención de los organismos tecnológicos del país para cada vez ir incrementando la competitividad”, refirió Vara. “Es una ley que tiene un plazo de diez años y es suficiente para determinar resultados”, enfatizó.

Por otro lado, la diputada Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) cuestionó que “los sectores están ahogados de cargas impositivas y me preocupa el artículo 17 porque es mucho gasto lo que se invierte”. Además, manifestó: “No sé si es necesario que un 5% vaya a la administración”.

Del mismo modo, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos – CABA) afirmó que “estamos en situación límite y el país no tiene reservas”. En tal sentido, añadió: “En vez de aplicar ese brutal impuesto cambiario, ¿por qué no se le da esa liquidación que se le da al turismo?”.

Así también, el diputado opositor Pablo Cervi (Evolución Radical – Neuquén) aseveró: “Entiendo los cuestionamientos a un sector, pero también entiendo que debemos buscar una solución”, y agregó que “Argentina tiene un gran potencial en lo orgánico”.

Al responderle a Figueroa Casas y López Murphy, Germán Martínez ironizó: “Muchas cosas que dijeron recién terminan perjudicando el salario de los trabajadores”. Finalmente, el presidente de la comisión, Ricardo Buryaile, anunció el avance del proyecto y respondió: “Hay cosas que no vamos a resolver en esta comisión”.

Por último, el ingeniero Pedro Landa agradeció el tratamiento de la ley y advirtió: “Estados Unidos destina fondos al desarrollo orgánico. Nosotros venimos persiguiendo la ley desde hace diez años”. “La observación de la naturaleza de un peón de campo es tan grandiosa como la de un ingeniero agrónomo y la producción orgánica es superavitaria y no importa nada”, concluyó.

Los diputados nacionales de la UCR Soledad Carrizo y Ricardo Buryaile presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación a la desafectación de un predio del INTA en la localidad de Hurlingham.

Los legisladores buscan conocer el detrás de la Resolución 95/2023 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y que se precise “el uso, utilización o explotación que el inmueble ha tenido” desde que se encuentra a cargo del INTA.

También que se informe “justificadamente por qué a criterio” de la Agencia “el inmueble identificado se encuentra alcanzado por algunos de los criterios que le facultan a desafectar”.

Los radicales solicitan, a su vez, que se conozca si “esta desafectación del inmueble obstaculiza, afecta o modifica la finalidad, actividades o programas en ejecución o por desarrollarse sobre este espacio territorial”.

Y, finalmente, si se han realizado estudios de suelo, factibilidad, accesibilidad, conectividad, servicios y seguridad, e impacto ambiental, justificando y avalando la viabilidad del proyecto de “Desarrollo Urbanístico”.

“El INTA es un organismo de vanguardia en Argentina, líder del escenario tecnológico agropecuario, alimentario y agroindustrial”, sostuvieron en los argumentos los legisladores de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, señalaron que “por la importancia que este organismo representa para el sector agropecuario y para el desarrollo tecnológico de la actividad en nuestro país, resulta especialmente llamativo la existencia de un espacio territorial perteneciente a su jurisdicción que manifieste falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad, teniendo en consideración las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, y que como consecuencia de ello pueda ser desafectado provocando la disminución de un espacio que hoy es propio y apto para el desarrollo de sus funciones institucionales, a favor del Fondo Fiduciario Público denominado PRO.CRE.AR”.

“Aun conscientes de la grave y creciente problemática habitacional en nuestro país, incrementada por deficientes políticas públicas de esta gestión, resulta necesario analizar adecuadamente la afectación que esta reducción de espacio territorial del INTA pueda generar para el cumplimiento de sus fines, y más aún, por qué las autoridades de este organismo no han presentado objeciones a esta reducción de espacio de trabajo”, agregaron.

Era sabido que las elecciones este año iban a complicar la actividad en el Congreso, debido a que muchos legisladores se postulan en sus provincias para diferentes cargos políticos. Si bien, en Diputados vienen realizándose reuniones de comisión, algunas comienzan a ver su funcionamiento afectado por el quórum.

Así sucede con la Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo del radical Ricardo Buryaile, la cual está convocada para reunirse este miércoles 10 de mayo a las 13 en la Sala 1 del Anexo “A” a fin de tratar un paquete de proyectos de declaración y de resolución.

Sin embargo, según confió a parlamentario.com una fuente de esa comisión, “está convocada, pero estamos viendo los temas a tratar, porque podría complicarse el quórum por las elecciones de este domingo”.

Este domingo se vota en Tucumán, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego y San Juan, donde Juntos por el Cambio tiene dos diputados de esas provincias: Roberto Sánchez, candidato a gobernador de Tucumán; y Martín Maquieyra (Pro), que era candidato a gobernador de La Pampa, pero perdió la interna. Por este motivo, necesitan confirmar que el oficialismo tenga gente presente para garantizar el quórum para poder dictaminar.

El diputado nacional Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria, se expresó frente al conflicto que se vivió en la avícola correntina Santa Ana, la cual tuvo que recurrir a la Justicia para frenar un operativo sanitario contra la Influenza Aviar, que implicaba el sacrificio de sus 200 mil gallinas ponedoras. “Exigiremos las explicaciones de los funcionarios del Senasa y del secretario de Agricultura, ganadería y pesca”, señaló Buryaile, titular de la Comisión de Agricultura de Diputados.

La avícola había sido informada por parte del Senasa de la presencia de un brote de Gripe Aviar en sus galpones de ponedoras, y fue intimada a sacrificar 200.000 gallinas. Pero se resistieron, asegurando que el testeo nunca había sido realizado y que era evidente que el estado de salud en los galpones no arrojaba ningún signo de la enfermedad. A través de la Justicia se ordenó un segundo testeo, el cual dio como resultado negativo. Ahora se investigan las irregularidades del proceso.

“Lo que ha acontecido en la avícola de Santa Ana, de la provincia de Corrientes, es un hecho confuso, muy grave desde el punto de vista sanitario”, apuntó Buryaile. Y, agregó: “Lamentablemente tengo que decir que el Senasa no estuvo a la altura que uno espera de un organismo sanitario, que debe dar seguridad a los consumidores y a los productores”.

Buryaile señaló que, “como presidente de la Comisión de Agricultura, vamos a esperar las explicaciones. Vamos a pedir que comparezcan las autoridades del Senasa, su presidente y vicepresidente, la directora a cargo del operativo, para que expliquen lo que pasó”.

Para el legislador formoseño, se trata de “reestablecer la confianza del organismo sanitario”. Además, aseguró que “las autoridades deben dar todos los pasos necesario. El ministro Massa como responsable del área, el secretario Bahillo tienen que responder, contestar qué paso y explicar los pasos que se van a dar”.

“Nosotros sugerimos que, para evitar estas cuestiones, debemos darle presupuesto al Senasa. Los ajustes no deben ir por el lado de los organismos sanitarios ni de investigación. Uno debe reestructurar, y pensar que mundo confía en Argentina y en la certificación de Argentina”, apuntó.

Finalmente, concluyó: “Este hecho en Corrientes es una alerta. Es un hecho muy grave desde el punto de vista sanitario, por las repercusiones nacionales e internacionales que va a tener”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) volvió a reclamar por el reparto equitativo de subsidios y cuestionó que el país “cómo está estructurada, funciona todo en subsidio hacia el AMBA”. En ese sentido, manifestó que “la producción agropecuaria vive subsidiando a los grandes centros de consumo. Todo se lo lleva el gobierno federal”.

En declaraciones por la AM 990, al ser consultado por las elecciones desdobladas en CABA opinó: “En los papeles uno no tiene que pensar que beneficia a uno u otro. El que quiere votar a Jorge Macri lo votará, el que quiere votar a Martín Lousteau lo hará. Es una cuestión estrictamente de los porteños que tomó trascendencia nacional al estar involucrado Macri y ser la capital federal”.

“A quien no perjudica es a Lousteau, pero beneficiar no beneficia a nadie porque es parejo para todo. El Pro quiere que la capital siga siendo del Pro y de eso no se puede decir nada porque es lo que cada uno aspira que su partido gobierne. Es una cuestión propia de la capital porque en dos provincias ya se vota de esa manera con dos urnas separadas. No creo que sea tanto drama”, analizó.

Por otro lado, se refirió los pasajes de transporte en el interior y sostuvo: “Son los desfasajes que uno no puede entender. Tenes 6 mil millones de dólares de pérdidas de empresas estatales. Mientras acá en la provincia de Formosa vale $85 el transporte de colectivos y el ingreso de un formoseño es menos que el de alguien que vive en el gran Buenos Aires”.

“Un salario promedio de la Ciudad y el AMBA es el doble que el de la provincia de Formosa estará en $60 mil. Cuando uno mira a la Argentina cómo está estructurada funciona todo en subsidio hacia el AMBA, no es solamente la capital federal”, cuestionó.

En ese sentido, precisó: “En el AMBA el colectivo vale más barato, el subte vale $40, la energía eléctrica es más barata que en el interior del país, y el salario promedio son menos que en el AMBA. Se hace muy difícil para un formoseño pagar $85 y las empresas de transporte también tienen problemas porque el subsidio se concentra en el AMBA es en un 85% para esa área”.

En tanto, cuestionó que “se tendría que haber discutido el nuevo esquema de coparticipación a partir de la sanción de la Constitución del 94. Pasó todo este tiempo y no se hizo y cada gobierno que asume por una cuestión electoral siempre se privilegia provincia de buenos aires donde más impacto tiene y las provincias del interior están olvidadas”.

A su vez, apuntó contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque “no es federal como dice, sacar como saca el esquema de policías para darle a la provincia de buenos aires porque a Formosa no le llega un peso, a La Rioja tampoco, a ningún lado. Tiene que ser una mirada federal en todo, en cuestiones impositivas para la producción es una cuestión de tarifas, de legislación, de infraestructura, transporte, todo”.

“El que lo tiene que hacer es el gobierno, sea quien sea que asuma porque no lo hizo ninguna, el presidente tiene que hacerlo. Los gobernadores, así como hay una región centro, que juntan a sus legisladores, no importa de qué partido, los juntas a todos y apoyas la zona. Les decís que peleen tal cosa. Legisladores del interior votando para zonas que no son las propias, el desmedro de sus propias zonas, cualquier legislador y no importa el partido político”, consideró Buryaile.

Por último, afirmó: “Nunca tuvimos una reunión con gobernadores de zona norte y eso lo tiene que convocar el presidente para trabajar una ley”, y planteó: “Debería haber un gabinete pensando en el mediano plazo porque vivimos en lo urgente y se escapa lo importante, es parte de un gabinete que tiene que esta integrando pensando en cómo se hace para que el país cambie su perfil, su estructura productiva”.

“La producción agropecuaria vive subsidiando a los grandes centros de consumo y poco queda en el interior y todo se lo lleva el gobierno federal todos los derechos de exportación no queda un solo peso a las provincias eso no es coparticipable”, cerró.

El proyecto de ley agroindustrial fue modificando su denominación a lo largo del tiempo hasta alcanzar el definitivo con el que buscarán alcanzar su aprobación: Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador se denomina esta iniciativa presentada originalmente en 2021, que perdió estado parlamentario el último 28 de febrero, y que ahora tratarán de llevar al recinto con un consenso que se alcanzó a lo largo de un año y medio de debate.

Así se estableció en el marco de la reunión informativa convocada para este miércoles por Agricultura e Industria, que como tal no necesitó quórum para arrancar, y en la que se presentaron todas las modificaciones realizadas al texto original. Así lo anunció el radical Ricardo Buryaile, presidente de Agricultura -que es la comisión cabedera de este debate- y que confirmó que la iniciativa original tuvo “muchas modificaciones que se trabajaron, se trabajó mucho”, tras lo cual le dio la palabra a su par del oficialismo Marcelo Casaretto, quien tras una breve introducción detalló los múltiples agregados y modificaciones introducidos en el texto original.

“Esta ley trata de promover la inversión en el sector agroindustrial”, enfatizó el entrerriano, que admitió que “seguramente (esta norma) no va a dar respuesta a todas las situaciones vinculadas con estos sectores, pero es un avance muy importante”.

“Por vicisitudes políticas no lo pudimos tratar en el período anterior, caducó y hubo una nueva presentación”, refirió el legislador, que aclaró que para agilizar el trámite se decidió que ya no volviera a presentarlo el Ejecutivo, sino que lo hicieron alrededor de 20 diputados del oficialismo, reflejando el proyecto original, “más las incorporaciones de este trabajo de un año y medio”.

El texto original contaba con 15 artículos, más los de forma, y ahora fue ampliado a 22 artículos, que a continuación Casaretto detalló.

El texto ampliado del proyecto

Marcelo Casaretto recordó que el proyecto original comenzó a tratarse en noviembre de 2021 y lo comparó con el de marzo de 2023, con sus incorporaciones y modificaciones. Comenzó por el artículo 1°, que cuenta los lineamientos generales del régimen, creando uno que amplía los conceptos, haciéndolo “un poco más abarcativo, con otras actividades”, y dándole “la importancia que tienen el sector de micro, pequeñas y medianas empresas del sector”.

Respecto del 2° artículo, la vigencia original era hasta fines de 2025. Las dilaciones que sufrió el proyecto llevaron a cambiar esa vigencia por diez años, con la posibilidad de ampliar los plazos.

El artículo 3° refiere a quiénes pueden acogerse al régimen. Allí no hubo cambios, pero en el último párrafo se puso un énfasis especial a las cadenas de valor en las economías regionales.

Al llegar al artículo 4°, Casaretto contó que una de las cosas que se discutieron durante el debate fue “el tema de ciertos registros que se creaban, si crear nuevos registros, nuevas burocracias… en consecuencia, no hay creación de registros”. Se contempla el concepto de la ventanilla única digital, que sería la inscripción en este régimen y tiene por objeto facilitar el acceso de parte de los productores agroindustriales.

El proyecto original tenía 15 artículos. El nuevo, representado este mes, fue ampliado a 22.

Se agrega además un párrafo en cuanto a las exclusiones del régimen, contemplando la exclusión de los sujetos condenados por el delito de quiebra fraudulenta.

El 5° artículo refiere al tratamiento fiscal para beneficiarios. Se sacó el concepto de nuevo registro, reforzándose el de ventanilla única digital. Además, planteó Casaretto, se refuerza el concepto de invitar a las provincias, Ciudad de Buenos Aires y los municipios a dictar normas de promoción complementarias. Esto es, se dan beneficios nacionales, que podrán ser acompañados así por los distintos distritos.

El 6° artículo refiere a quiénes serán los beneficiarios y el concepto de incrementalidad. Para llegar a los beneficios, las empresas, productores, deben contemplar el aumento en alguno de los cinco indicadores establecidos, a saber: o aumentar el volumen de ventas; aumentar el volumen de producción física; aumentar el volumen de exportaciones físicas; incrementar el personal ocupado; o las inversiones realizadas.

El régimen original contemplaba que año a año tenían que mostrar los productores mejoras. “Ahora proponemos que cada dos ejercicios fiscales se debe acreditar la mejora de alguno de estos conceptos”, precisó el presidente de la Comisión de Industria, introduciendo un concepto “bianual”, para tener más flexibilidad que contemple temas climáticos, como por ejemplo sequías. Y se saca el concepto de línea de base, que tomaba como promedio los tres ejercicios fiscales anteriores a la ley. “Le damos una mayor amplitud y se incorpora un párrafo referido a plantaciones perennes”, agregó.

Ahí Ricardo Buryaile detalló que esa modificación tiene sobre todo sentido en las plantaciones frutales, y se trata de una iniciativa fundamentalmente destinada a las economías regionales, donde existe la inversión inicial y durante todo ese tiempo se difiere la amortización, que no estaba prevista.

El artículo 7° representa un beneficio importante: la amortización acelerada de las inversiones en el concepto de impuestos a las Ganancias. Se elimina la referencia a los registros y se habla del régimen y la ventanilla única digital.

“En el proyecto original se hablaba de qué tipo de inversiones iba a tener el beneficio. Incorporamos un agregado que dice ‘serán susceptibles de amortización todas aquellas inversiones necesarias para generar, mantener o conservar la ganancia sujeta a impuestos’”, señaló Casaretto, para quien “toda inversión es necesaria; al poner eso lo hacemos amplio y no quedaría ningún concepto fuera de la ley”.

A continuación, hizo referencia a una serie de incisos, como el “a”, que habla de en cuántas cuotas se puede contemplar la inversión acelerada. Antes se podía tomar en 4 años, otros en 3, al amortizar aceleradamente la inversión, el que invierte tiene un premio de pagar menos ganancias. Cuanto más acelerada es la amortización, más beneficio para el que invierte, detalló el miembro informante del proyecto.

“Estamos planteando bajar esa amortización acelerada a dos años”, precisó Casaretto, que agregó que también había un listado de posiciones arancelarias y un registro de oferentes de bienes de capital, que se elimina ahora.

En otros incisos se agregan diversos tipos de inversiones, como así también beneficios para cuando hay inversiones en mejoras del predio agroindustrial, incluyendo la construcción de viviendas dentro del establecimiento agroindustrial destinadas al personal rural que trabaja en el mismo. Se agrega un inciso que contempla las inversiones en construcciones e infraestructura, incorporando la categoría de MiPyMEs, y otro sobre las condiciones laborales de los trabajadores.

El artículo 8° refiere a la evaluación de la hacienda. Se elimina la referencia al registro, se habla de régimen, y se elimina la referencia al peso de la hacienda. Ahí contó el diputado Buryaile que el proyecto decía que la Secretaría de Agricultura iba a determinar el peso de la faena y que debía ser creciente, pero “había animales que pasaban de categoría y perdían valor”. Por eso, precisó el diputado formoseño, se buscó “quitarle la imprevisión de saber cuál va a ser el peso de la faena del próximo año y entender que no siempre una suba del precio de faena significa un aumento del valor de la producción”.

🌾🏭 LEY AGROINDUSTRIAL. Hoy expuse en detalle nuestro proyecto. Hablaron 15 Diputados de distintos bloques, en respaldo. Esperamos en breve emitir dictamen, que apoyan 60 entidades del sector productivo de la Argentina.

📌 El video completo 👇https://t.co/mpvEueQDrU pic.twitter.com/Az5wK9Uzyg

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) March 22, 2023

Los artículos 9° y 10° refieren a los saldos a favor técnicos por inversión en bienes de uso: se reducirá a tres períodos fiscales. Eso no tuvo cambios. En cuanto al artículo 11°, “empezamos a hablar de los certificados de crédito fiscal”, señaló Casaretto, en referencia a la creación del Sistema de Promoción Agroindustrial para la producción sostenible. “Esto tenía contemplado ciertos conceptos –dijo-. Se amplían, se hace una referencia a la conservación del suelo, de los requerimientos nacionales y de terceros mercados para la sustentabilidad, mejorar la calidad de los productos, las buenas prácticas agropecuarias y frutiortícolas”, entre otrossectores, más los programas que se creaban por ley, que originalmente eran tres y ahora son cuatro.

“El primero es el incremento del uso de semilla fiscalizada que se agrega, que tiene que estar aprobada por el Instituto Nacional de Semillas; el b, habla del estímulo a la producción sustentable, incorpora el concepto de bioinsumos fertilizantes y otro tipo de insumos autorizados por la autoridad competente; el c refiere al incremento de la productividad de la ganadería extensiva e intensiva; el inciso d, es el que se agrega la adopción de sistemas de gestión de calidad inocuidad triple impacto y certificación oficial”, detalló Casaretto, que agregó que “no se crea un registro nacional de fertilizantes, eso se elimina. Se piensa en simplificar la ley”.

Llegó al artículo 12° para detallar que se sacó la referencia al registro y se habla allí solo de la adhesión al régimen, y como concepto final del artículo se introduce la financiación de estos programas. En el concepto original, tenían que atenderse estos programas con las partidas presupuestarias. “Quisimos garantizar un piso mínimo en función de los niveles de actividad y exportaciones del sector –agregó Casaretto-. Se establece una asignación presupuestaria mediante la ley de Presupuesto, pero se refiere a que no podrá ser inferior al 0,15%de la suma del valor de las exportaciones de productos primarios y de manufactura de origen agropeciario en el año calendario anterior. Esto refiere a una estimación en base a los datos del año pasado, que sería un piso de 11mil millones de pesos de acuerdo con los valores del año pasado. El 80% tiene que ser invertido en el sector MiPyMes y PyMEs”.

El artículo 13° tiene que ver con la transparencia fiscal. Allí se saca la referencia al registro y se habla de la inscripción en el régimen de la ventanilla única digital.

A partir del artículo 14, son agregados producto del debate que se dio en este tiempo que lleva el proyecto en el Congreso. Ese artículo refiere la promoción del empleo y tiene en cuenta que por los nuevos empleados que se incorporen a partir del régimen, habrá una reducción del 50% en las contribuciones patronales a cargo del empleador por un período no inferior a dos años, que se puede elevar al 100% en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias e industriales.

Los artículos 15, 16 y 17 tienen que ver con la promoción de las exportaciones con valor agregado. Incluyen beneficios para las MiPyMEs sin actividad exportadora que entren al régimen. Van a tener una bonificación de las tasas por todos los trámites ante el Estado por las primeras tres operaciones de exportación. Esto es, aquellos que intenten ganar un mercado, tendrán un incentivo.

En el artículo 18° se habla de contribuciones patronales, facultando al Poder Ejecutivo a revisar y actualizar la base imponible de las contribuciones.

El artículo 19° refiere a la autoridad de aplicación y el cambio tiene en cuenta las modificaciones ministeriales. El proyecto original hablaba de los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo; ahora se habla del Ministerio de Economía y de las secretarías de Agricultura y de Industria.

Por último, el artículo 22° es otro agregado que tiene que ver con el programa de compensación y estímulo creado por decreto en 2020, en base a la Ley de Solidaridad Productiva, que se votó en diciembre de 2019. Era una compensación a pequeños productores que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, y ahora se plantea prorrogar un año más los beneficios.

Al concluir la presentación, Marcelo Casaretto reiteró que el objetivo de la convocatoria era presentar el tema y avanzar en la discusión, para “ver si hay acuerdo y consenso, avanzar con esto y en una próxima reunión con Presupuesto, avanzar en el dictamen”.

Concluyó advirtiendo que “sepamos que no podemos poner en esta ley todo lo que queremos; es lo que hemos podido consensuar entre los bloques y el Ejecutivo. Todo lo que se quiera cambiar nos va a hacer reanudar el ciclo, por lo que proponemos la aprobación de este texto”.

Un plenario de las comisiones de Industria y Agricultura fue convocado para este miércoles a las 10, para tratar el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial. Así lo confirmó este lunes el titular de Industria, el oficialista Marcelo Casaretto, quien la semana pasada había anunciado la representación del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa busca promover las inversiones y las exportaciones, mediante una serie de incentivos fiscales. Este proyecto había sido presentado en septiembre de 2021 en presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En el año 2022, luego de la conformación de las comisiones permanentes, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsó la realización de plenarios de las comisiones donde expusieron ampliamente funcionarios del Poder Ejecutivo, entidades productivas, asociaciones, interesados en el tema, en debates conducidos por los presidentes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Industria y de presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller.

La iniciativa avanzó, pero finalmente no obtuvo el dictamen del plenario de comisiones (Agricultura y Ganadería, Industria y Presupuesto y Hacienda) -ya que en ese momento se debatió sobre el proyecto de ley de humedales, que terminó complicando el tratamiento en Agricultura- para su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, por lo que el proyecto caducó el 28 de febrero de 2023 con el final del período parlamentario.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) cuestionó la candidatura del libertario Javier Milei al asegurar que surgió producto de la “desilusión que tiene la gente”, y lo criticó porque “lo que hace es hablar mal del otro”. Por otro lado, negó cualquier ruptura dentro de JxC.

Sobre la poca concurrencia a las urnas, sostuvo en declaraciones a la AM 990: “Hay una baja asistencia a votar. A lo mejor es algo que tiene que ver con lo que pasa, es decir, la apatía de la gente con la realidad que estamos viviendo, con su descreimiento de la política”.

“Uno hace política para poder mejorar la realidad del país, es parte de las ambiciones que uno tiene, la utopía de poder hacer algo para la comunidad eso es lo que uno quiere hacer. Eso se hace entendiendo que hay otros que piensan distinto, porque nadie es dueño de la verdad. Y si cada uno que piensa distinto si vas a agredir, no puedo hacer política”, expresó.

En tanto, reflexionó: “En la Argentina, hoy, cuando preguntas qué opinan de tal cosa, se definen en contra de algo, y es algo que no se preguntó. Son todas descalificaciones personales, adjetivos calificativos, y la gente lo que se pregunta es qué les pasa a estos tipos”, reflexionó.

A su parte planteó que la dirigencia política se encuentra desconectada con la realidad, y precisó que los problemas del país tienen que ver con la inflación, la inseguridad y el narcotráfico y no por descalificarse entre oponentes electorales. “Creo que pasa por ahí, el que agrede no puede hacer política”, sentenció el diputado.

“La gente te llama y te sugiere cosas porque quiere que seas el interlocutor para que le cambies la vida y espera que vos y los demás le lleves a la sociedad política algo para cambiar la vida, ese es el mayor poder que uno tiene, el de poder intentar algo que muchas veces se consigue, pero lamentablemente en el país los resultados no han sido buenos para la sociedad”, manifestó Buryaile.

Al ser consultado por la figura de Milei, aseguró que “es producto de los medios y de la desilusión que tiene la gente. Pareciera que la gente como está cansada trata de manifestar su bronca votando a alguien que lo que hace es hablar mal del otro. No voy a negar la capacidad de Milei es muy inteligente, pero no sé si la sociedad realmente toma dimensión que si votando a Milei esa es la solución”.

“Cualquier partido cree que el secreto de la vida es la libertad, pero no es lo único que uno puede proveer porque viva la libertad, sí, yo creo que la libertad y la amo, pero eso no quiere decir que lo vaya a votar a Milei. De ahí a entender que Milei es la solución para la Argentina no estoy de acuerdo con eso”, planteó el formoseño.

En la misma línea cuestionó la agresión política y la descalificación personal en los discursos, y admitió que le gustaría acaparar los votos del economista libertario, aunque aclaró que eso no implica su inclusión a Juntos por el Cambio (JxC). “Es natural que alguien quiera tener los votos de Milei. Pero ni sería lógico que Milei esté dentro de JxC ni que nosotros busquemos a Milei”, se excusó el radical.

Respecto al desarrollo de su espacio, Buryaile reiteró que correrá dentro de la principal coalición opositora y descartó cualquier tipo de ruptura del frente: “La UCR siempre va a ir dentro de JxC porque hemos asumido un compromiso que somos parte de JxC entonces nuestro compromiso es estar ahí y mostrarle a la sociedad que somos conscientes de dónde estamos parados, somos conscientes que necesitamos trabajar en conjunto y ganar la elección y cambiar las cosas que no están bien. No se me ocurre pensar ir por afuera, el que piensa eso se equivoca o el que piense que el radicalismo tiene que estar afuera se equivoca, no. Yo soy la UCR y dentro de JxC”.

Por último, en sintonía con lo expuesto por el jefe de bloque en la Cámara de Diputados, Mario Negri, insistió en que el expresidente Mauricio Macri debe definir sus intenciones electorales para que la coalición y la oposición puedan ordenar sus candidaturas.

“Creo que sería bueno que Mauricio Macri defina qué quiere hacer. Es importante”, afirmó, y concluyó: “Esa indefinición retrasa todas las definiciones que pueda haber por dentro. No quiero pensar que dentro del oficialismo también. Creo que a JxC le vendría bien que Macri diga si va a ser o no candidato para que se puedan reconfigurar expectativas. Sería sano y bueno que suceda”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR), quien reclamó por la presencia del canciller Santiago Cafiero ante el Congreso ante el escándalo diplomático con Ecuador, advirtió que “en Argentina tanto a nivel local como internacional amparamos delincuentes”.

“Ecuador tiene la impresión que la salida, el traslado al aeropuerto y la llegada a la embajada en Caracas (de María de los Ángeles Duarte), todo contó con la complicidad del gobierno argentino”, señaló el radical.

En diálogo con Radio Rivadavia, el formoseño se preguntó: ¿Por qué Argentina tiene que estar involucrada en estas cuestiones que afectan las relaciones institucionales? ¿Por proteger a una persona que está condenada a ocho años de prisión por corrupción?”.

“¿Qué es más importante, mantener relaciones políticas y económicas con Ecuador, o haber colaborado con una persona que está condenada por corrupción?”, continuó en referencia a la salida de la exfuncionaria de Rafael Correa hacia Venezuela.

Buryaile recordó que Ecuador le solicitó al ahora exembajador argentino en ese país, Gabriel Fuks, los vídeos de las cámaras de seguridad de la embajada, donde estaba alojada Duarte, pero éste se negó “amparándose en que eso es parte del territorio nacional”.

Sin embargo, el legislador de JxC no descartó que los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto puedan solicitarle a Cafiero ver esos vídeos. “Podríamos tener una reunión secreta si así lo pide el canciller” para constatar, a través de las imágenes, “que no hubo ningún tipo de complacencia de la Argentina en la ida de la prófuga”, apuntó.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), reclaman que el canciller, Santiago Cafiero, dé explicaciones en el Congreso por la fuga de la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte, condenada por corrupción, asilada en la embajada de Argentina en Quito.

“La exministra fue investigada, juzgada y sentenciada por los más altos tribunales del país. Estamos frente a una situación de altísima gravedad y el canciller argentino debe dar explicaciones”, aseveró el legislador formoseño.

En los fundamentos de la iniciativa, señaló: “Nos enteramos que el canciller Santiago Cafiero comunicó a su par ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, que la exministra de Transporte y Obras Públicas, asilada en la sede diplomática argentina en Quito, se fugó de la embajada el lunes 13 de marzo”.

“Duarte permanecía junto a su hijo en nuestra embajada en Ecuador, en la ciudad de Quito, desde 2020. El actual Gobierno nacional le dio el asilo diplomático a comienzo de diciembre del año pasado, previo ingreso a nuestra sede bajo la figura de ‘huésped por razones humanitarias’. Las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”, destacó Buryaile.

La exministra Duarte fue condenada en 2020 a ocho años de prisión por cohecho contra la administración pública. Dicha causa reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó el expresidente Rafael Correa, también condenado, que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas.

El proyecto fue acompañado por sus pares Karina Banfi, Pedro Galimberti, Roberto Sánchez, Gabriela Lena, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Carlos Zapata, Marcela Coli, Juan Martín, Lidia Ascárate y Pablo Torello.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) opinó sobre los dichos del gobernador de Formosa, Gildo Insfran, quien acusó a los diputados opositores de revolcarse en el odio. “Esta visión de la política que tiene el oficialismo del escrache y de estar descalificando al que piensa distinto solo genera violencia en la sociedad”, señaló.

Además, el legislador manifestó: “No podrían realizar un acto de la mujer y que no hablase ninguna mujer, y justo ese día tenerlas atrás para rendirle pleitesía a un hombre, son las cosas raras de quienes dicen desparramar amor y bondad, pero el problema es que son sectarios y no tienen problemas en decir cualquier cosa en cualquier lugar, pues la otra vez también lo hicieron con un acto de los niños de primaria”.

Entrevistado en Radio Parque, el formoseño se refirió a la Ley de Moratoria Previsional y expresó: “No se trata de amor u odio, mayoría o minoría, y a esto los lleva por el fascismo que tienen dentro, porque cada uno de los que pensaran distinto tenían un cartel avalado por este gobierno, por el gobernador, por la directora ejecutiva del ANSES y por el presidente de la República (Alberto Fernández), donde decía buscarlos con la cara de cada uno de los opositores”.

“Nosotros  votamos en contra porque creemos que el sistema de jubilación que es solidario, pero en esa búsqueda ser solidario se tiene que pensar y analizar, por qué una persona que hizo los aportes 30 años, que tiene la edad para jubilarse, tiene que cobrar lo mismo que una persona que no ingresó los aportes por las razones que fuera”, indicó Buryaile.

Del mismo modo, añadió: “Ante esta situación el gobierno de Juntos por el Cambio creó para evitar poner en un pie de igualdad al que aportó como al que no aportó, si bien es cierto que muchas veces es el empleador el que no lo hizo y no es culpa del trabajador”.

A su vez, siguió: “Tampoco se puede que quien haya aportado 30,35 o 40 años como son los millones de jubilados que tenemos, percibir menos ingresos por una responsabilidad que no es de ellos, entonces lo que propusimos nosotros y se sancionó fue la PUAN que es una pensión universal a los jubilados adultos mayores que se jubilan con el 80 por ciento del haber mínimo jubilatorio y por supuesto que presentamos un proyecto para mejorar lo que se había hecho en moratorias previsional, pero hay gente que no quiere leer o que cumple simplemente órdenes”.

En esa línea, explicó: “Es cierto que hay 800 mil personas en esta situación, pero también es cierto que había porque se incorporaron más, 4 millones de personas que cumplieron con sus aportes y ahí están cobrando solo $ 58,000”.

Por otro lado, agregó que la vicepresidenta Cristina Kirchner es “la excepción porque se le permite cobrar dos pensiones”. “Lo que percibe son alrededor de 110 jubilaciones mínimas, eso no es ser solidario, eso es ser tramposo, y los que no dicen nada y avalan esto son tan tramposos como quien lo cobra”, aseveró.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) dijo que “no es cierto” que la oposición esté “trabando” el funcionamiento del Congreso y reclamó que “más allá de lo de la Corte (el juicio político), no hay un solo proyecto relevante que sea de la oposición” en el temario.

“Nosotros dijimos en diciembre que lo lógico sería que se arme una agenda de extraordinarias con proyectos que interesen un poco a todos”, recordó y señaló que “diálogo es hablar y escuchar, no es un monólogo”.

Sobre el plan de pago de deuda previsional, uno de los temas que el Frente de Todos puso sobre la mesa la semana pasada con una nueva reunión informativa, el radical sostuvo: “El proyecto ya tiene dictamen, lo que se está discutiendo es si es sostenible el esquema”. “No hay uniformidad ni en el oficialismo, ni entre nosotros”, resaltó.

El formoseño también mencionó que el año pasado no se pudo realizar ninguna sesión extraordinaria y apuntó contra el Gobierno, al decir que “nos reclaman a nosotros que estamos en la oposición algo que el Ejecutivo no puede hacer, que es trabajar con todos”, en referencia a la relación entre el presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

En declaraciones a AM750, el exministro de Agroindustria advirtió que “hay problemas serios que tiene nuestro país” y, pese a ello, “ningún presidente convocó a un diálogo” en los últimos 12 años.

“Somos el país que menos ha crecido de todo Latinoamérica en los últimos tiempos. Espero que el próximo gobierno tenga la visión de decir ‘hasta acá, tenemos que dejar de pelearnos'” y se aboque a resolver “los problemas laborales, de inflación y de la inseguridad”, enfatizó.

En alusión al reciente comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el legislador manifestó que “la situación financiera de la Argentina, por las políticas que está llevando adelante el Gobierno nacional, lo que está escondiendo es abajo de la alfombra los problemas”.

“La deuda en pesos del Banco Central y del Tesoro es una bomba de tiempo muy difícil, traducido a dólares son 55 mil millones. Permanentemente lo que el Gobierno hace es tomar deuda en pesos atada a dólares”, añadió.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) se refirió al pedido de juicio político que hicieron los diputados del FdT y planteó que “la estrategia del Gobierno es difamar y embarrar”, porque “no hay un solo miembro de la Corte que no haya sido votado por el peronismo”. También cuestionó al Gobierno por la falta de respuestas ante la situación de sequía que afecta a varias provincias.

Consultado respecto a la posibilidad que tiene el oficialismo de reunir los números suficientes para aprobar el proyecto, Buryaile aclaró: “Nunca, bajo ningún termino van a juntar dos tercios para echar a los miembros de la Corte”, y lanzó: “Si te llevas puesta a la justicia somos Venezuela”.

En la misma línea, en su cuenta personal de Twitter el legislador formoseño hizo referencia al duro informe de Human Rights Watch sobre la situación política, social y económica de Argentina: “Embestida a la independencia del Poder Judicial, demoras en la designación de jueces y Procurador, economía deteriorada, corrupción, connivencia con dictaduras, violencia institucional. No sólo lo dice la oposición, ya lo advierte el mundo”, fustigó. Además, afirmó: “Se está socavando el Estado de Derecho”.

Por otro lado, preguntaron por la situación de sequía y las temperaturas extremas que azotan a varias provincias y apuntó contra el Gobierno: “Este Gobierno tiene miedo de hablar de la sequía, prefiere mirar para el costado antes de hablar de retenciones. No solucionan los problemas”.

Al conocerse el índice de inflación de diciembre, el ex ministro de Agroindustria cuestionó que “la inflación al 94,8%, evidencia que con este rumbo e incertidumbre no es la forma de resolver los problemas económicos”. Y agregó: “Así se ve afectada la producción, la inversión, el empleo y el deterioro de los ingresos de los argentinos, generando más pobreza y exclusión”.

Finalmente, remató: “Festejan no tener 100% de inflación. Son el peor Gobierno de la historia en economía, salud, Relaciones Exteriores, transparencia, honestidad, educación, institucionalidad”, y concluyó: “Son lo peor que nos pasó en los últimos 40 años de democracia. Por respeto a la sociedad pidan perdón”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) se refirió al pedido de juicio político que, en principio iba a presentar el presidente, pero que finalmente la presentación la harán los diputados del FdT y recordó que “no hay un solo miembro de la Corte que no haya sido votado por el peronismo”.

En declaraciones por la AM550 el diputado radical planteó que “la estrategia del Gobierno es difamar y embarrar”, porque “no hay un solo miembro de la Corte que no haya sido votado por el peronismo”.

Consultado respecto a la posibilidad que tiene el oficialismo de reunir los números suficientes para aprobar el proyecto, Buryaile aclaró: “Nunca, bajo ningún termino van a juntar dos tercios para echar a los miembros de la Corte”, y lanzó: “Si te llevas puesta a la justicia somos Venezuela”.

Por otro lado, le preguntaron por la situación de sequía y las temperaturas extremas que azotan a varias provincias y apuntó contra el Gobierno: “Este Gobierno tiene miedo de hablar de la sequía, prefiere mirar para el costado antes de hablar de retenciones. No solucionan los problemas”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) expresó su repudio ante el intento de golpe de Estado en Brasil a través de un proyecto que fue acompañada por el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja.

Tal iniciativa expresó: “Manifestamos nuestro más enérgico repudio a este intento de interrupción democrática que empaña los logros en ese sentido en la región, sobre todo, recordando que éste es el año decretado como los ‘40 años de Democracia’ en nuestro país”.

Del mismo modo, el autor del proyecto remarcó: “Repudio el golpe a las instituciones de la Democracia y de la República en Brasil”, y agregó: “El autoritarismo es inaceptable. Nunca se debe atentar contra las instituciones democráticas, la Constitución y la división de poderes. Ni en Brasil, ni en Perú, ni en Argentina”.

En final, el diputado Buryaile aseguró: “Queremos manifestar nuestra más profunda solidaridad con el pueblo del Brasil ante este atropello a la democracia que tanta sangre, sudor y lágrimas le ha costado a nuestro continente y a los países que formamos el Mercosur”.

La iniciativa tuvo la firma del jefe de bloque de la UCR, Mario Negri, y de los diputados nacionales Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Karina Banfi, Hugo Romero, Marcela Campagnoli, Roberto Sánchez, Claudio Poggi, Ximena García, Sabrina Ajmechet, Pablo Cervi, José Carlos Nuñez, Virginia Cornejo, Jorge Rizzotti, Lidia Ascárate, Pamela Verasay, Gustavo Bouhid, Juan Martín, Marcos Carasso, Sebastián Salvador, Gabriela Lena, Fernando Carbajal, Germana Figueroa Casas, Rubén Manzi, Gustavo Hein, Pedro Gablimberti, Pablo Torello, Juan Carlos Polini y Lisandro Nieri.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) se refirió al pedido de juicio político que impulsa el presidente de la Nación contra la Corte Suprema y denunció que “el kirchnerismo quiere deslegitimar a la justicia porque Cristina está condenada”. En ese sentido, señaló que “los problemas de la Argentina pasan por otro lado”.

En declaraciones por Radio Rivadavia, el radical fue consultado por el tuit que posteó el primer día del año que decía: “Ahora van por el Juicio Político al presidente de la CAJN. Siguen pelotudeando mientras el país se cae a pedazos. ¡¡¡Por favor!!! Basta de mentiras y manipulaciones”.

“La realidad es que ayer era primero amanecíamos todos con la esperanza de decir ‘bueno a ver’, porque el 1ro siempre uno tiene la esperanza de que las cosas van a empezar a cambiar. Leo la carta que hace el presidente de fin de año y encuentro otra vez esta pelea en un párrafo con la Corte Suprema de Justicia y digo basta. Cuando te llega un nivel de hastío, de cansancio que los problemas de la Argentina pasan por otro lado”, expresó.

A su vez, preguntó: “¿Alguien cree que la suba de 30 pesos que tuvimos estos días del dólar tiene que ver por una cuestión económica? No, es política”, y planteó: “Mientras el presidente, la vice y el oficialismo gobernante dice que no va a cumplir un fallo de la Corte, el mundo entero mira con recelo lo que pasa en nuestro país. Entonces los inversores desaparecen, ¿todo por qué? por un capricho de no darle a un distrito que es de signo político contrario lo que la justicia dice que es. No sé si será o no será, pero la justicia dice que es”.

“Nosotros hemos convenido en nuestro sistema de Gobierno que hay un Poder Legislativo que hace las leyes, hay un Ejecutivo que bien lo dice su nombre ejecuta, y hay alguien que tiene el poder jurisdiccional que es el Poder Judicial”, precisó el formoseño.

En esa línea, disparó: “¿Qué quiere el kirchnerismo? Quiere deslegitimar a la justicia porque Cristina está condenada, entonces todas las sentencias que vengan tienen que ser de la justicia que está comprada que es del otro palo, porque también Milagro Sala condenada en todas las instancias y llega la Corte y también es lawfare”.

“Hice ese tuit porque me cansó y porque al presidente de la Nación no lo pueden guiar a través desde una cuenta de Twitter o por un discurso porque eso se lo dijo Cristina, porque eso se lo dijo Leopoldo Moreau que lo haga”, criticó.

En tanto, aseguró: “Yo quiero un presidente, aunque no sea de mi partido, quiero que tenga los pantalones puestos o las decisiones puestas para hacer lo que corresponde, y no esta payasada que hace que no parece de un estudiante de derecho de primer año de decir lo que está diciendo respecto a la Corte. La verdad me hartó”.

“Las instancias que se pueden ejecutar para llevar el juicio político, las hemos planteado y no están los números”, aseguró. Asimismo, manifestó que “fallamos como sociedad porque estas cosas no suceden en otros países, no porque el presidente no las quiera hacer, sino porque la sociedad no se las toleraría, porque 5 millones de personas que salieron a recibir a la Selección, 500 mil personas que se muevan para decir que ‘eso no va más, es un mamarracho’, cambiaría de opinión. Tenemos una sociedad que compra un discurso”.

También apuntó contra CFK: “Ayer leía el tuit de la vice que recomendaba un artículo, donde dice que la culpa de la inflación no lo tiene el Gobierno, porque nunca el Gobierno tiene la culpa de nada, la tienen los empresarios, la tiene la justicia porque la Corte es adicta a los empresarios y que los empresarios ponen los precios que quieren. Entonces en los resortes institucionales no tenemos los números que nos da la ley, entones lo que nos queda es la sociedad diciendo ‘hasta acá llegamos’”.

Por otro lado, criticó la postura de los 14 gobernadores que apoyan la decisión del presidente y recordó que “esos mismos gobernadores son los tipos que cuando gobernaba Mauricio Macri y bajó el IVA de los alimentos en el 2019 fueron a la Corte y le dieron con inusitada rapidez la razón y tenían recursos para cobrar para sus provincias. Al bajar el IVA le afectaba la coparticipación que tenían las provincias”.

“A los pocos meses gana Alberto Fernández y firman el Pacto Fiscal y renuncian a los juicios que tenían contra el Estado Nacional. Son los mismos gobernadores que cuando Cristina les sacó los fondos que les correspondían, nunca plantearon los fondos de las AFJP y la Corte 10 días antes de asumir Macri sacó un fallo que tenía que pagarles a 3 provincias Santa Fe, Córdoba y San Luis. Cristina, con una rapidez dañina usual, lo que hizo fue un decreto de que había que pagarles a todas las provincias a cuatro días de irse y los gobernadores no dijeron nada”, relató Buryaile.

Y siguió: “Son los mismos gobernadores que ahora reclaman los recursos de CABA para sus provincias, pero a mi provincia de Formosa no llegó un peso de eso porque esos fondos son los que hacen al funcionamiento del Estado Nacional no de la distribución de la coparticipación”.

“Los argentinos estamos hartos de las mentiras, hartos de la mentira de este Gobierno”, resaltó y preguntó: “¿Cómo no queres que a Insfrán lo vote el 60% si tiene un sistema electoral perverso como es la Ley de Lemas que el peronismo esta poniendo en otros lugares? ¿Cómo queres que no lo voten si el 95% de los recursos de mi provincia viene de coparticipaciones y el 70% de la población económicamente activa de empleado público?”.

Por último, se refirió a las elecciones 2023: “Somos conscientes del país que vamos a recibir si ganamos las elecciones, y que nos va a pasar lo que pasó en muchas áreas como en energía un atraso tarifario brutal. La historia se repite, siempre te va a tocar hacer lo más difícil para que a los 3 meses te vengan a plantear lo del helicóptero”.

“Este es el peor Gobierno desde la llegada de la democracia hasta esta parte”, disparó y reconoció: “Hemos cometido errores y la gente así lo entendió y hay que asumirlo. Las expectativas que la gente tenía no las pudimos cumplir, pero después explicamos por qué pasó eso”. “Me gustaría que Gerardo Morales sea presidente, yo soy radical”, cerró.

Cada cinco de diciembre se celebra el Día del Suelo y, al respecto, los diputados nacionales Ricardo Buryaile (UCR -Formosa) y Enrique Estévez (Partido Socialista – Santa Fe) reflexionaron sobre el uso y la importancia de la biodiversidad y el cuidado del suelo.

A través de su cuenta de Twitter y con un mensaje con tinte más político, el formoseño apuntó contra el oficialismo: “A pesar de las políticas K que vulneran la sustentabilidad de nuestros suelos y fomentan el monocultivo, los productores con buenas prácticas los cuidan para las futuras generaciones”, y consideró que “es hora de medidas que impulsen la diversidad productiva y su fortalecimiento. #DiaDelSuelo”.

Por su parte, el santafecino expresó: “Hoy recordamos la importancia que tiene el suelo, una de las principales reservas mundiales de biodiversidad. Tiene un rol fundamental en la reducción de GEI’s y fijación de carbono”, y exigió: “Uso racional del suelo YA”.

Luego de la oficialización de la nueva edición del dólar soja, el diputado radical Ricardo Buryaile señaló que “el Gobierno siempre toma medidas a la medida del Gobierno pero nunca en la medida de la producción” y “en realidad está demostrando que el dólar comercial es una ficción, entonces lo tenemos que disfrazar de todo tipo de dólares”.

“El problema con el campo es un problema filosófico, no económico”, consideró el exministro de Agroindustria en declaraciones a Radio Rivadavia y observó que “el Gobierno siempre necesita un enemigo enfrente, hoy no lo puede tener con la Iglesia porque está (Jorge) Bergoglio; los militares ya fueron; y la pelea con Clarín y los medios de prensa es una pelea el eterna”.

En ese sentido, el radical sostuvo que “el kirchnerismo cada vez que cruza la General Paz y sale de alguno de los alrededores del conurbano cree que va de expedición, porque no conoce el sistema agropecuario, no sabe lo que pasa en el interior, y se quedó con el discurso viejo, de la oligarquía terrateniente, un discurso que atrasa 200 años”.

El campo “es un sector independiente que tiene la cotización internacional”, apuntó el formoseño y dijo que “el Gobierno va a robarle la renta al sector agropecuario”. Pero luego, “siempre hay que buscar un responsable de los males de la Argentina y no puede ser el propio Gobierno”.

“Este Gobierno es un cúmulo de contradicciones, pero lo que es seguro es que siempre va a confrontar con el campo; pero a su vez este mismo Gobierno pacto con las exportadoras para que hagan un terrible negocio a costa del productor agropecuario”, agregó.

No obstante, el legislador de Juntos por el Cambio afirmó que la medida sí va a generar divisas, ya que en septiembre pasado “tuvo mucho éxito, fueron alrededor de 8.000 millones de dólares con 13 millones de toneladas que se vendieron, de las 23, 24 que había en stock. Y ahora se estima que hay unas 8, 9 millones de toneladas, serán unos 4.000 o 5.000 millones de dólares que están en los campos”.

Sin embargo, este “adelantado ingreso de divisas” traerá “consecuencias en la producción”, estimó el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, y resaltó que “los grandes ganadores son los grandes exportadores”.

“Lo que el Gobierno ha hecho durante todo este tiempo es que emitió a lo pavote y después quiso controlar la inflación controlando el tipo de cambio. Hoy el tipo de cambio te desborda por todos lados, entonces al dólar a 170 le ponés el impuesto PAIS, un anticipo de Ganancias, un anticipo a los Bienes Personales, porque en realidad lo que estamos diciendo es que la plata argentina vale menos que los 170”, concluyó.

A través de una cuestión de privilegio, el diputado radical Ricardo Buryaile le contestó este miércoles a sus pares Leonardo Grosso (FdT) y Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) por las críticas que le hicieron en la última reunión sobre la ley de humedales por no haber convocado a la Comisión de Agricultura y Ganadería que él preside. 

El formoseño defendió sus argumentos reglamentarios para afirmar que el plenario del jueves pasado “fue ilegal”. A continuación hizo referencia a un tuit de Grosso, quien escribió: “Los esperamos para discutir, salvo que quienes les financian la campaña no los dejen venir”. 

“A la única persona a la que alude en ese tuit es a mí. Por lo tanto, voy a contestar que a mí no me financia nadie. Yo soy un productor agropecuario y defiendo la producción, el comercio y los servicios. No me financia absolutamente nadie más que mi trabajo, del que vivo hace muchísimos años”, enfatizó el legislador y disparó contra el dirigente del Movimiento Evita oriundo de San Martín: “No me financia ni la Universidad de San Martín, ni el  2% que se cobran de los planes sociales, absolutamente nada”. 

En su discurso, el diputado también le pegó a Camaño, quien “se pone un vestido largo y cree que se puso una toga, y nos da clases del reglamento, e hizo referencia al artículo 174 y el artículo dice una cosa distinta a lo que la diputada le quiere hacer decir”. Sobre ese artículo, explicó que “la comisión está caída una vez que no se haya reanudado la reunión”. “Tal cuarto intermedio no existía porque se había pasado a un cuarto intermedio que nunca se dio”, dijo, por eso aclaró que correspondía que “citaran a una reunión informativa o a un nuevo plenario”. 

Sobre la calificación que hizo la diputada de que él había actuado como “apropiador” de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Buryaile sostuvo: “La Argentina tiene una historia muy dolorosa con la apropiación. Yo no me apropié de nada. Es grave. Segundo punto, si yo soy patrón de estancia. Yo trabajo en un campo y tengo gente que trabaja conmigo. Quizá la conducta de patrón de estancia se pueda confundir con la de algún secretario general que le traiga reminiscencias, yo no”.  

“Quiero decir simplemente que hago esta cuestión de privilegio porque entiendo que el respeto tiene que primar en esta cámara. Jamás le he faltado el respeto a absolutamente nada. He discrepado ideológicamente; quien discute personas no tiene capacidad para discutir ideas. Nosotros nos ceñimos a la ley, para nosotros la ley es el camino y el límite. Para otros la ley es un obstáculo, y estamos cansados de ver eso”, concluyó y pidió que no le respondan porque “no se contestan las cuestiones de privilegio”. 

Desde el estrado, la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, remarcó que Camaño no estaba presente en el recinto y reveló por qué: “Está su señora madre en una situación muy delicada, la están operando en las últimas horas”. 

Sin la presencia formal de la Comisión de Agricultura, encabezada por Ricardo Buryaile, ni del grueso de Juntos por el Cambio (participaron sólo tres diputadas de ese espacio), se realizó un nueva reunión conjunta -en este caso de las comisiones de Recursos Naturales y de Presupuesto- en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar la ley de Humedales. Tras el encuentro, el diputado Eduardo Toniolli (Frente de Todos – Santa Fe) definió la actitud del interbloque más grande de la oposición como un “boicot”, y señaló que insistirán con la aprobación de la norma antes de la finalización del año legislativo.

“Pasaron 6 semanas desde la suspensión del plenario de comisiones que debía hacerse para avanzar con la Ley de Humedales, a pedido de un grupo de gobernadores que quería intervenir en el debate. Nos tomamos ese tiempo para convocarlos, para intentar que participen, se logró el compromiso para que algunas de esas provincias envíen funcionarios, se le puso fecha a la reunión, y se convocó también a intendentes del sur de la provincia de Santa Fe, de ciudades afectadas por las quemas”, explicó el Toniolli y agregó: “Cuando estaba todo listo, Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura y -lamentablemente- todo Juntos por el Cambio detrás, decidieron boicotear una de las últimas oportunidades que teníamos para dictaminar en el año con vistas a tener media sanción”.

Para Toniolli, la demora en la aprobación de la ley se debe a que “algunas corporaciones lograron instalar una falsa contradicción entre producción y cuidado del ambiente”. Sin embargo, para el legislador “la verdadera contradicción está entre el efectivo control del territorio por parte del Estado, o el descontrol que hoy tenemos y que habilita a que quienes delinquen -por ejemplo quemando sin permiso- puedan hacerlo sin que nadie los frene y sin sufrir ninguna represalia”.

“La Ley de Humedales precisamente permitiría dotar a los estados de herramientas como un inventario, un ordenamiento territorial, recursos y mecanismos de monitoreo, para controlar el territorio y hacer cumplir normas existentes pero muchas veces ignoradas cómo la Ley General de Ambiente o la Ley de Quemas”, puntualizó el diputado santafesino.

– Diputado, ¿se hace el plenario de mañana sobre humedales?

– Sí claro. Mañana a las 11.

La respuesta a la consulta de parlamentario.com corresponde a Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que ya el viernes pasado había convocado a reanudar el plenario que está tratando el proyecto de ley de humedales, y que el 22 de septiembre pasado había pasado a cuarto intermedio.

Claro que Grosso convocó a los integrantes de su comisión. De las otras -Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería- deben ocuparse sus titulares. Presupuesto convocó a los suyos; el radical Ricardo Buryaile descartó convocar a los de Agricultura, comisión que él preside.

Recién este miércoles bien tarde se publicó en la página de la Cámara de Diputados la citación, como así también se conocieron los invitados. Los oradores que participarán son Daniela Vilar, ministra de Ambiente, provincia de Buenos Aires; Juan Luna Corzo, jefe de Gabinete de Ministros, provincia de La Rioja; Carlos Barrionuevo, director provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, provincia de Catamarca; Pablo Lautaro Javkin, intendente de Rosario, provincia de Santa Fe; Alberto Ricci, intendente de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe; Jorge Berti, intendente de Villa Constitución, provincia de Santa Fe; Rodolfo A. Stangoni, presidente comunal de Comuna de Fighiera, provincia de Santa Fe; Gustavo Tévez, intendente de Brinkmann, provincia de Córdoba; Carlos Guzmán, intendente de La Para, provincia de Córdoba; y Juan Gabriel Faletto, intendente de Marull, provincia de Córdoba.

Lo cierto es que esta citación está envuelta en una gran polémica, como quedó claro a partir del rechazo de Buryaile y este miércoles la nota que le enviaron a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio: Cristian Ritondo (Pro), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC-ARI).

En la misma se quejan de lo que definen como “la absoluta irregularidad de la referida citación, que intenta dar continuidad a una reunión que quedó suspendida de hecho al no reanudarse en el día y hora establecidas por el plenario al momento de pasar a un cuarto intermedio”.

Recuerdan allí que en la sesión del 15 de septiembre, al discutirse la moción de emplazamiento de las tres comisiones los legisladores opositores habían manifestado su acompañamiento, pero en esa oportunidad reclamaron por nota que fueran convocados los gobernadores de las provincias involucradas. Ese fue el motivo de la suspensión del plenario convocado para el 29 de septiembre.

“Pretender continuarlo en día y hora distintos a lo dispuesto al momento de resolver el pase a cuarto intermedio, supone una clara violación a nuestro reglamento, tal como lo argumentara oportunamente el diputado Buryaile en su nota remitida al diputado Grosso el día 30 de octubre pasado”, agregan los legisladores de JxC, que recuerdan además que “es competencia exclusiva del/la diputado/a que ejerza la presidencia de la comisión ordenar la citación a la reunión correspondiente. Por tanto, desconocer la voluntad del presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de no convocar en términos violatorios del reglamento tal como se pretende y sostener un plenario sin la presencia de las 3 comisiones involucradas, supondría un antecedente gravísimo que usted como presidenta de esta Honorable Cámara que no puede avalar”.

Los legisladores concluyen reiterando el pedido de que sean convocados los gobernadores de las provincias involucradas.

5772-D-2022

Dadas las circunstancias, el interbloque Juntos por el Cambio evalúa no asistir este jueves a la reunión, según pudo saber parlamentario.com.

Asimismo pudo saberse que si el oficialismo quisiera avanzar en la firma del dictamen este miércoles, no podrá de todas maneras en hacerlo en las tres comisiones, ya que el diputado Buryaile, que preside la Comisión de Agricultura, no convocó a la reunión plenaria por los motivos expuestos por el interbloque a Cecilia Moreau.

Según fuentes de JxC, además de violarse el reglamento, si un sector del oficialismo intentara avanzar en un proyecto que no tuviera consenso, “quedarán al desnudo las internas en el Frente de Todos, porque los 9 gobernadores peronistas que solicitaron brindar su opinión ante el Congreso todavía no han venido a exponer”.

El interrogante queda abierto y habrá que ver entonces qué es lo que sucede este jueves a partir de las 11 en el Anexo de Diputados.

El jefe de la bancada oficialista en Diputados Germán Martínez salió a defenderse de los ataques que recibió en Twitter, tras la postergación del plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda donde se iba a tratar el proyecto de ley de humedales. Al respecto, declaró: “Fue una decisión estratégica porque no íbamos a lograr dictamen ni consenso”.

Consultado por el tema en Radio 2, el diputado oficialista se mostró tranquilo a pesar de recibir agravios anónimos por haber firmado, junto a los demás jefes de bloques, la postergación de la reunión de este jueves. “Desde que se conoció la suspensión hasta hoy me trataron de cómplice del ‘lobby ganadero’ en Twitter”.

Desde el oficialismo, buscaban que el proyecto de ley de humedales obtuviera un dictamen favorable, sin embargo diputados de la oposición pidieron por “se tratase un tiempo más con especialistas de todo el país”.

“Habíamos acordado dar el dictamen en este plenario que se suspendió, pero desde hace una semana aparecieron diferentes voces vinculadas a la Comisión de Agricultura que propusieron tomarnos un tiempo más”, relató Martínez.

La ley de humedales, la cual obtuvo media sanción en dos oportunidades pasadas y perdió estado parlamentario, es analizada desde diferentes posturas dentro de la Cámara baja. En ese tema, el jefe del bloque oficialista sostuvo que “la postergación es necesario para lograr el consenso, porque sin consenso no llega al recinto”.  

Luego de anunciar la postergación del plenario, hubo muchas criticas al respecto. En tal sentido Martínez aclaró: “Asumo la responsabilidad de firmar la nota (de postergación). Es la primera vez que en diez años se trata el tema a fondo. Hay que entender para tener una ley necesitás los votos a favor. El retraso es para lograr el consenso que lleve el proyecto al recinto”.

El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) afirmó este jueves que el proyecto de ley sobre humedales, “se encuentra estancado por los intereses contrapuestos de los sectores productivos mineros y agropecuarios que presionan a legisladores para que no avance el proyecto”.

Consultado por el tema en Radio El Destape, el diputado oficialista se mostró preocupado frente a “las posiciones extremas de los legisladores radicales por atrasar la iniciativa”. En tal sentido, mencionó al diputado Ricardo Buryaile como “principal opositor a la ley de humedales”.

“Desde el Frente de Todos respaldamos el proyecto”, afirmó Casaretto, quien al no haber consenso antes de avanzar con el dictamen, y tras la postergación de este jueves del plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda, sostuvo que “es un tema que no es sencillo porque se viene ‘pateando’ desde hace diez años”.

Por otro lado, Casaretto, quien integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, calificó de “sólido y bueno para la Argentina” el Presupuesto 2023 presentado este miércoles en la Cámara de Diputados, por el ministro de Economía Sergio Massa, quien atendió diversas cuestiones.

En la presentación del programa presupuestario se conoció que para 2023 se espera un 60 por ciento de índice inflacionario. Al respecto, el legislador oficialista declaró que “bajar la inflación es el gran tema pendiente en la Argentina”.

“Concebimos y adherimos a la idea de generar empleo y gradualmente bajar la pobreza, pero tenemos una inflación muy alta que debemos atacar desde varios lados”, concluyó el legislador.

Picante cierre tuvo la reunión de Agricultura y Ganadería de Diputados que se llevó a cabo este martes con invitados a exponer sobre la ley de humedales, luego de que la diputada oficialista Florencia Lampreabe acusara al presidente de la Comisión, el radical Ricardo Buryaile, de “disfrazar cuestiones procedimentales, en algo que tiene que ver con la falta de voluntad”. El formoseño, lejos de quedarse callado, le enrostró que “hay una voluntad de demostrar la poca vocación que tuvieron cuando fueron mayoría”.

Al pedir la palabra, la diputada oficialista agradeció a los que “verdaderamente buscan mejorar o a tener una buena ley que proteja a los humedales en nuestro país”, y remarcó que “muchos de los aportes son valiosos y contemplados en algunos de los proyectos que están en discusión”.

“La cabecera de los proyectos de humedales es la Comisión de Ambiente, básicamente porque se trata de una ley que intenta legislar en materia ambiental para dar cumplimiento en esto de lo que dice el artículo 41 de la Constitución derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin completar las generaciones futuras”, explicó.

En esa línea, recordó que “estamos en un cuarto intermedio de las comisiones que están emplazadas que quedó en suspenso para la dictaminacón del proyecto de ley el día jueves”, y apuntó: “Esta convocatoria, que hace el presidente de la Comisión de Agricultura, me parece que es el ámbito más adecuado para hablar de esta parte que tiene que ver con esto de que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer la de generaciones futuras y en esto decir vaya que se han comprometido ya las generaciones futuras, sin entrar en discusión si se satisfacen o no las necesidades de la población presente que corresponde a otro debate”.

“Hay que aclarar por qué esta ley que nosotros estamos defendiendo, no es una ley anti productiva, no busca sacar a la producción ganadera del Delta, no busca sacar a la producción arrocera. Me parece que es importante discutir en el marco de lo que dice el proyecto de ley y no de otras cosas porque, sino, esto presta a confusión porque con falacias se terminan escondiendo las posiciones concretas que se tienen sobre un proyecto de ley que viene discutido ya desde hace mucho tiempo, que tiene más de 10 años de historia y que dan cuenta que preexisten los problemas de incendios que hoy afectan el Delta del Paraná”, denunció Lampreabe.

En tanto, señaló que “es una discusión la ley de humedales que el primer proyecto se presentó en 2013 por lo cual ningún diputado o diputada puede decir que no ha tenido tiempo de preocuparse o que no sabe nada sobre el proyecto”.

“Ningún problema se resuelve inmediatamente con una ley”, retrucó a los expositores que hicieron hincapié en que la ley “no va a resolver los incendios”. La diputada remarcó que “se trata de una ley que establece presupuestos mínimos para que los estados tengan herramientas de planificación y desarrollo racional de los bienes comunes y naturales en sus territorios”.

En ese sentido, ejemplificó: “En Corrientes por los incendios las pérdidas conjuntas se estiman en 82 mil millones, el fuego afectó el 12%, en Entre Ríos se quemaron más de un millón de hectáreas. Este es el verdadero peligro por el cual estamos intentando legislar de manera preventiva”.

A su vez, apuntó contra Buryaile: “No se puede decir que no hubo tiempo de estudiar como escuché ayer al diputado presidente de esta Comisión decir que ‘el Frente de Todos pretende aprobar una ley sin escuchar a los especialistas’. Después de cuatro reuniones informativas que tuvimos en 2020 que contaron con 55 expositores de 18 provincias del país, múltiples encuentros en este Congreso de 10 reuniones de trabajo de Comisión, cinco reuniones de la Comisión con mas de 20 científicos y especialistas y el contexto de movilización social”.

“Tanto el diputado Buryaile como algunos diputados acá tienen mandato desde hace años. Varios de los que están acá han acompañado proyectos de humedales. El bloque de JxC han presentado, el diputado Vara presentó uno hace 7 meses y hace unos años también con el acompañamiento de Buryaile, entre otros”, explayó la diputada del FdT y subrayó que “cuando uno presenta un proyecto de ley es porque ha tenido tiempo de evaluar las propuestas existentes, la problemática y el contexto y que tiene la voluntad de que exista una ley de humedales”.

“Acá deberíamos estar debatiendo sobre el articulado, que no es lo que estoy escuchando, para no disfrazar de cuestiones procedimentales o de falta de tiempo algo que tiene que ver con la falta de voluntad o voluntad de dilación. Esta no es una ley antriproductiva para no discutir mentiras, también es importante que no disfracemos falta de voluntad de que haya un proyecto de ley cuestiones de falta de tiempo”, remató Lampreabe.

De la vereda de enfrente, el formoseño le salió al cruce: “Como fui aludido en mi carácter de presidente yo no voy a hablar para el video. Voy a hablar en mi condición de diputado que fui aludido y por lo tanto respondo. Yo presido la comisión y acá se habla para el video, yo respeté y respeto…”

“Ese discurso es mentiroso y a partir de ese discurso se genera violencia. La violencia que sufrir yo con amenazas de muerte, ¿entiende diputada?”, le contestó y siguió: “Entonces esa violencia cuando ustedes dicen que se pretende retrasar una ley con artilugios reglamentarios o usted desconoce el reglamento o no sabe que esta comisión no es cabecera”.

Y le explicó: “Nosotros no tenemos injerencia en eso. Segundo punto los proyectos tienen estado parlamentario adquieren y pierden estado y este proyecto, no importa si un diputado conoce o no la existencia porque hay miles, pero uno los tiene que estudiar, no saber que están”.

“Acá no hay dilación, acá hay una voluntad de demostrar la poca vocación de ustedes cuando fueron mayoría y presidieron la Comisión de Agricultura”, le enrostró el radical.

Y enfatizó: “Esta reunión que tenemos acá y convoqué ustedes no la quisieron hacer. Hicieron 5 reuniones con 70 invitados uno solo del sector productivo, nunca pasó por Agricultura. Firmé una ley, pero eso no quiere decir que deba darle el giro correspondiente”.

Con el fin de no darle un tratamiento exprés a los proyectos referidos a la protección de humedales, la Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo del radical Ricardo Buryaile, llevó a cabo una reunión este martes que se extendió por cuatro horas -que convocó por su cuenta- con más de una veintena de expositores que coincidieron en que “la ley de humedales no va a prevenir, ni va a apagar incendios”. El jueves se reanudará el plenario con la intención de la mayoría de dejar listo el proyecto para llegar al recinto.

Al inicio del encuentro, que tuvo lugar en la Sala 1 de la Cámara baja, Buryaile agradeció a los invitados y explicó que el objetivo de la misma es “llevar a los integrantes de la comisión conocimientos, fundamentos y aspectos relacionados con el tratamiento de la ley de humedales”.

El formoseño también informó que “la ley de humedales, en sentido contrario a lo que se dice, nunca llegó a Agricultura, nunca”, y recordó que en el 2020 tuvo dictamen en la Comisión de Recursos Naturales. “Como vocal de la Comisión de Agricultura, presidida por el FdT, nunca fui convocado a tratar esta ley”, y aclaró que “no existe maniobra dilatoria por parte de este presidente ni de la Comisión de Agricultura en tratar ningún proyecto de ley”.

“Es nuestra obligación trabajar los proyectos que nos son girados”, resaltó Buryaile y volvió a aclarar: “Lo primero que quiero desestimar es que nosotros desde la Comisión estemos trabando este proyecto, no lo estamos trabando. Cuando la presidía el FdT no la trataron y no es potestad de las vocalías tratar este proyecto”, y acusó al oficialismo: “Tenían mayoría en Diputados y en el Senado, no lo aprobaron”.

Por el contrario, celebró que “hoy lo podamos tratar” porque “el único objetivo que habíamos planteado, que no tuve el acompañamiento de los otros presidentes de Comisión de la de Recursos Naturales ni de Presupuesto del bloque del FdT, era que quería que esta reunión informativa ampliada por quienes son parte de las organizaciones ambientales puedan exponer en el plenario para poder informarnos acabadamente y que no vayamos al recinto a votar porque nos dicen que tenemos que votar”, y subrayó: “Hay que dar el debate, hay mucho en juego. Hay una responsabilidad que tenemos todos en esto”.

A su vez, el titular de la Comisión lamentó no poder contar con la visión de sectores ambientalistas. “El proyecto puede estar consensuado con algunos sectores, con algunas fuerzas políticas, pero nunca fue consensuado con todo el Congreso. Quiero romper estos dos mitos: que nosotros estemos trabando y que esta ley hace 10 años que está, pero todos conocen que las leyes pierden estado parlamentario y que cada diputado se aboca al tratamiento de las comisiones que se abocan”, remató Buryaile y cerró: “Si no hemos tenido un mayor tratamiento en profundidad no es por nuestra voluntad. Todos estamos convencidos que necesitamos avanzar en un marco regulatorio de triple impacto que contemple lo social, lo ambiental y la salud”.

En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) realizó unas observaciones “al derrotero del trámite” y recordó que fue el diputado de su interbloque, Enrique Estévez, quien hizo la moción de emplazamiento a las comisiones para debatir el proyecto y “por eso debo un par de explicaciones”.

“No es algo nuevo el tema de humedales. Es un tema que venimos arrastrando hace bastante tiempo. En el 2013 el Senado, que representa a las provincias, le dio la media sanción y lo mismo ocurrió en el 2016 y en 2020 la Comisión de Recursos trabajó durante toda la pandemia con todos los sectores a los efectos de lograr algún acercamiento a un proyecto de ley común”, recordó Camaño y remarcó que “no se está tratando un proyecto, sino entre 7 y 10 proyectos. No estamos cerrando con un dictamen que está pre escrito y que tiene algún tipo de acuerdo. El único acuerdo valedero es que el podamos hacer los representantes del pueblo porque todos queremos que haya producción y futuro ambiental”.

La palabra de los expositores

Abrió la ronda de invitados Pablo Mercuri (ingeniero en Producción agropecuaria -INTA-), quien bregó por una ley “más equilibrada y más amigable con el sector productivo” y resaltó que “todos los humedales de la Argentina tienen sistemas productivos”.  “Hemos visto que muchos de los proyectos hacen foco en los servicios ecosistémicos de regulación y muy poco en los de abastecimiento y culturales que están muy relacionados a las culturas de las personas que habitan y dependen de los humedales”, cuestionó.

Entre los aspectos socio económicos, Mercuri recalcó que “Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires concentran más del 52% de la superficie total de humedales y el 35% del stock bovino del país. Las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro concentran el 100% de la producción de frutas de pepita (38.451 hectáreas) (valles de los ríos Tunuyán, Atuel, Negro y Colorado). Estas 3 provincias concentran en sus departamentos del oeste el 6% de la superficie total de humedales; el 65% del stock ovino patagónico. En Jujuy se concentra el 90% de la producción de camélidos”.

Al cierre de su alocución, el productor agropecuario resaltó que “este proyecto de humedales, que tiene que ser consensuado, tiene que tener un mejor balance entre la producción y la conservación, hay posibilidad de hacer eso y que permitan cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable”, y cuestionó que “los proyectos no contemplan los aspectos socioeconómicos. Es necesario que genere incentivos y no limitaciones severas”.

A su turno, la licenciada en ciencias biológicas Fabiana Navarro (INTA) observó dos aspectos puntuales de las iniciativas: el inventario nacional de humedales y al ordenamiento territorial atado al anterior. “Todo Estado que se aprecie de tal, debe contar con un inventario de todos sus recursos naturales, no solo de los humedales”, indicó.

“Los humedales no son ‘otro’, son recursos naturales como son los pastizales, los bosques, los glaciares, y creemos que en el marco general de la Ley de Ambiente está incluido esto”, señaló Navarro y consideró que, respecto al ordenamiento territorial, los tiempos que se proponen “no son reales. No hay una factibilidad de hacer el inventario nacional que se propone en la mayoría de los proyectos”.

Y aclaró que “esto no es problema de Argentina, sino a nivel mundial porque el término ‘humedal’ recién se acuñó en 1971. El conocimiento que hay de los humedales no es tanto, no hay estudios de la gran diversidad de sistemas productivos que viene atado a la gran cantidad de humedales, y a su vez hay sub humedales que son todos distintas, que tienen funcionalidades distintas”, y calificó a los humedales como “sistemas muy complejos”. “Pretender hacer un abordaje sencillo de algo tan complejo, es un error”, cerró.

En su intervención, el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, precisó: “Para nuestra provincia es importante y vital porque tenemos nuestro territorio vinculado a este tipo de paisajes y ecosistemas. La ganadería se desarrolla en relación con ello, mismo otras actividades productivas y tiene una relación fundamental con el desarrollo de la actividad del turismo de naturaleza”, y expresó preocupación sobre “algunos proyectos que avanzan sobre la autonomía de las provincias y avanzan sobre la competencia que tienen las provincias en la gestión de sus recursos naturales y en particular los humedales”.

Juan José Neiff (investigador del CONICET – magister en ecología acuática) señaló que “al necesitar una ley, nosotros estamos asumiendo que los humedales en el país están en peligro. Quizás porque se viene trasladando de los países del hemisferio norte a la Argentina y la situación no es la misma”, y observó que “se produjo una antinomia entre producción y conservación”.

“Hay lugares donde los humedales en Argentina están en peligro”, reconoció Neiff y ejemplificó: “En el Delta donde se han generado la mayor parte de los proyectos de ley donde ha habido un proceso de fragmentación muy avanzado y donde hubo un proceso de modificación hídrica, pasterización, canalización, elaboración de puertos”.

En ese sentido, sostuvo que “la necesidad de la Argentina es muy diferente” porque “una cosa son los lugares donde es necesaria una ley, a mi manera de ver deberían generarse leyes a nivel provincial, y otra cosa es extender una ley a toda la nación siendo que los humedales son un objeto polifacético, diferente de lo que son los bosques, los lagos, que es un sujeto elástico porque tiene una variabilidad muy grande. Es muy difícil de manejar desde el punto de vista de la delimitación y de formas de manejos que se pretende normalizar para todo el país”.

“Hay lugares donde los humedales en Argentina están en peligro”, advirtió Neiff.

“No se puede aplicar una sola normativa, válida para todos estos humedales porque o es demasiado general, y no sirve para nada, o bien es demasiado particular y atiende a alguno de los tipos de humedales”, planteó y alertó que “esta condición de diversidad de tipos de humedales hace que vayan a surgir más conflictos que ventajas en el manejo de los humedales”.

En su discurso, el ingeniero agrónomo Jorge Adámoli manifestó que “los incendios tienen conexión con los humedales, pero son cosas completamente diferentes”, porque cuando se habla de incendios se “habla de una emergencia que tenemos que resolver en un corto plazo”. Por el contrario, “cuando hablamos de ordenamiento territorial de los humedales, hablamos de programas de mediano y largo plazo. Una ley no va a resolver la emergencia”.

A su vez, cuestionó que “hay una gran precarización porque se sale a último momento a ver dónde hay un avión hidrante para combatir los incendios”, y recordó que “las mismas áreas que hoy se queman, años atrás se han inundado muy fuertemente. Eso no es raro, sino que los ambientes de humedales están expuestos a fluctuaciones”.

Una ley no va a resolver la emergencia”, expresó Adámoli.

“Me preocupa que se utiliza la palabra urgencia para trata el tema. Urgencia tenemos para salir a apagar los incendios”, criticó y expresó preocupación porque “se sale a buscar culpables como los productores, la justicia, los intereses inmobiliarios, o Cabandié que no toma medidas a tiempo”.

Adámoli concluyó: “Hace falta cumplir la ley, antes que cambiarla. Tenemos que elaborar planes de contingencia. La Argentina ya cuenta con dos leyes de Presupuestos Mínimos (una es la de quema, que no se cumple, y la 26815, de manejo del fuego). La ley de humedales no va a prevenir, ni va a apagar incendios”.

A su turno, el presidente del departamento de medio ambiente y desarrollo sustentable de la UIA, Claudio Terrés, expresó: “El sector productivo comparte la necesidad de protección y conservación de humedales”.

“Es importante que las nuevas leyes sean superadoras de las que hoy están vigentes, eso quiere decir que no generen cargas burocráticas ni excesos normativos que impidan la convergencia de la protección efectiva de los humedales y el desarrollo económico, social, federal, tecnológico de la Argentina”, sumó.

Claudia Peirano del Consejo Agroindustrial Argentino subrayó: “Creemos que es necesario asegurar la gestión sostenible de los humedales de nuestro país. Ecosistema en el que se desarrollan actividades culturales y económicas de la que dependen miles de personas”, y lamentó que los “pongan como parte del problema cuando somos quienes estamos en territorio y somos parte de la solución”.

“La ley de humedales no va prevenir ni va a apagar incendios, para proteger los ecosistemas se requiere que se cumplan las leyes y se refuercen las políticas de prevención, detección temprana, presupresión y ataque rápido de los incendios”, enumeró Peirano y opinó que “se requiere coordinación entre las jurisdicciones, se asignen los recursos necesarios”.

Por la Asociación Forestal Argentina se expresó Carlos Urionaguena criticó: “No veo que se haya medido el impacto económico que tiene esta ley”, y señaló que “detrás de esto hay una economía regional, con hombres y mujeres viviendo en un territorio con permanentes desafíos. Una industria pujante con posibilidades de crecimiento que da trabajo y produce bienes y servicios que nuestra sociedad requiere en forma cotidiana, en una cadena que genera empleo directo e indirecto y que por tal motivo ha sido promovida desde los albores de nuestra Nación”.

“El sector forestal y foresto-industrial no es solo parte del presente, sino del futuro de nuestro país; puede dar múltiples opciones de bioproductos renovables para los objetivos de mitigación del cambio climático y una transición inclusiva a sistemas de consumo más sostenible. Esta ley puede cercenar estas posibilidades”, advirtió.

A su turno, Luciano Berenstein CAEM (Cámara Argentina de empresarios Mineros) alertó que “los proyectos afectarían los yacimientos de litio y cobre cuyas perspectivas son centrales en la planificación productiva del país. Chile exporta más minerales que Argentina”, y pidió una norma que “no paralice actividades hasta tanto se haya definido el bien jurídico protegido”. De forma breve Camaño le recordó que “Chile tiene ley de humedales”.

Octavio Pérez Pardo (FADIA – Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos) manifestó: “Nos preocupa la asociación que se hizo entre humedal y fuego, con los incendios”, al tiempo que comprendió la problemática, pero remarcó la necesidad de “aclararle a la sociedad que son dinámicas y temas absolutamente distintos”.

“La gente no pide una ley de humedales, pide la acción vinculada al manejo del fuego. Pide una ley que no esta funcionando que es la que va a cubrir todo esto y sabemos que el tema fuego es un elemento de la naturaleza. Cuando pierde control es incendio”, explicó y sumó: “Lo que se quema es biomasa vegetal por lo tanto toda ley que restinga o condicione el manejo corremos el riesgo de generar más incendios”.

El senador provincial Noel Breard (Corrientes) adelantó: “Nosotros vamos por la positiva, decimos ley de humedales sí”, y le aclaró a Camaño que “Chile es un país unitario y por eso es más fácil que tenga una ley de humedales. Acá estamos en un país federal”.

Retomando el tema de la reunión, aclaró: “Decimos ‘sí, pero’”, y observó: “El artículo 41 de la Constitución fue producto de la reforma del 94 que permite un federalismo de concertación porque delega a las provincias en el tema ambiental a la Nación en poner los presupuestos mínimos que son el cimiento, pero no podemos permitir que en nombre de eso toquen presupuestos máximos y eso son facultades de las provincias”.

“Cuando hablamos de concertación no quiere decir que provincia y Nación pueden hacer las mismas cosas, sino que cada uno juega un rol en el tema. La Nación cuando dicte una ley de humedales no podrá alterar los derechos de jurisdicciones provinciales”, alertó y sumó: “Las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales”.

Y cerró: “Ustedes tienen la total soberanía de hacer los presupuestos mínimos, pero ni un paso más a los derechos que tienen las provincias. Hay que definir el concepto de qué es humedal y poner porcentajes de hasta cuándo es aplicable en cada provincia, es decir una cláusula de cantidad. Queremos ley positiva sí, pero con esas dos cláusulas”.

En representación CONINAGRO por la Mesa de enlace, Silvina Campos Carles (Asesora Económica) de forma breve remarcó: “En los humedales viven productores que quieren inventarios en forma realista. Necesitamos el protagonismo de las provincias. Compartimos que esta ley no resuelve la emergencia. El proyecto presentado por el presidente de la Comisión de Recursos y Ambiente genera incertidumbre, 26 artículos requieren modificaciones”.

Andrés Costamagna (Ingeniero Agrónomo especialista en sustentabilidad por la Mesa de Enlace) sostuvo que “Argentina es una potencia ambiental, pero no creemos en una ley de presupuestos mínimos y la Ley de Bosques es un claro ejemplo. No creemos en que llegue el dinero del Estado Nacional para pagarles los incentivos. No sabemos con quién está consensuado este proyecto que los productores llaman ‘lobo con piel de cordero’ o ‘caballo de Troya’ porque lo están queriendo meter por la ventana. Es la vanidad de algunos que van a destruir la soberanía argentina porque estamos hablando de nuestra libre determinación por la agenda del Norte que se quedó sin desarrollo”.

Los productores llaman al proyecto ‘lobo con piel de cordero’ o ‘caballo de Troya’ porque lo están queriendo meter por la ventana“, Costamagna.

El ingeniero Ambiental de la Universidad Católica Argentina Manuel Chiappe por Barbechando indicó que “cuando hablamos de humedales hablamos de diversidad ecosistémica, de distintos ambientes”, y criticó: “En los 10 proyectos que hay en esta Cámara no he visto que tengan una medición del impacto. Si tenemos ley nueva que sea clara y practicable”, y cuestionó: “No estamos siendo efectivos en combatir los incendios y solo tres proyectos mencionan este tema”.

En su presentación, el intendente de Victoria, Entre Ríos, Domingo Maicocco, señaló que “la ley que se pretende no va a apagar los incendios o los fuegos”, y sumó: “La causa es natural. Los terrenos que estuvieron inundados hace años hoy se convirtieron en terreno seco”. Además, opinó que hay que hacer “una cuestión preventiva” y pidió que “se tengan presente los miles de personas que trabajan en relación a los humedales”.

El abogado Elías Eduardo Ruda (asesor letrado de la municipalidad de Victoria) también respaldó la idea de que la ley de humedales no va a apagar los incendios y enfatizó que “hay que gente que esta respirando humo. Caca respiran, están enfermos. Esas acusaciones vienen hacia nosotros y en lo que se está trabajando no es en prevenir incendios”, y cerró: “No gastemos plata en cómo apagar el fuego, sino en cómo prevenirlo”.

El ingeniero agrónomo santafesino Marcial Bugnon manifestó que “estamos ante una gran oportunidad” porque “podemos preservar ambientes frágiles como son los humedales”. “Hay una brecha entre las tecnologías aplicadas y desarrolladas, hay mucho por trabajar ahí”, consideró.

José Luis Peter, miembro de la comunidad Islera de Villa Paranacito, al cierre de la exposición criticó: “Acá se han buscado más culpables que soluciones. Nos encontramos ausentes del Estado, nos han dado muy poca respuesta cuando llamamos por un incendio”, y remarcó: “Por eso consideramos que una ley no va a apagar los incendios. Nosotros apagamos a punta de pala los incendios. Estamos totalmente perjudicados, sentimos un gran desaprecio”.

En el marco del emplazamiento registrado en el recinto de la Cámara baja en la primera parte de la última sesión, este jueves continuará el debate de los proyectos referidos a la protección de humedales, con la intención decidida de alcanzar un dictamen que pueda tratarse en el recinto.

La cuestión generó rispideces expuestas durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda del jueves pasado. Fue cuando desde la comisión cabecera -aquella donde el año pasado se había alcanzado un trabajoso dictamen consensuado que no pudo llegar al recinto, ni alcanzó a pasar tampoco por las otras comisiones a las que había sido girado el proyecto- se sugirió la intención de alcanzar un rápido dictamen, ante lo cual el titular de Agricultura, Ricardo Buryaile, aclaró que no estaban dispuestos a un tratamiento exprés, cuando era la primera vez que tomaban contacto con los proyectos puestos a consideración.

Además, pidieron que se habilitara una ronda de invitados, cosa a la que quienes auspician un rápido tratamiento del tema no se mostraron dispuestos a acceder. Finalmente la Comisión de Agricultura y Ganadería terminó convocando a una reunión para este martes, a la que han convocaron por su cuenta a casi veintena de invitados.

Ricardo Buryaile expresó el jueves pasado que “tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar”; y al coincidir con que se trata de “una ley trascendente”, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado”. Lo cual se contrapone con quienes objetan ese tratamiento veloz. En Juntos por el Cambio subsisten los mayores reparos hacia el dictamen suscripto el año pasado, que es el que buscan cerrar ahora.

En rigor de verdad, integrantes de la Comisión de Recursos Naturales estaban dispuestos a ir por el dictamen la semana pasada, convencidos de que tenían el número para lograrlo. Finalmente accedieron a dilatar el tratamiento, aunque intentarían alcanzar un dictamen este jueves.

Cabe consignar que tres de los diez proyectos que han sido puestos a consideración corresponden a miembros de Juntos por el Cambio: uno es de Ximena García (UCR-Santa Fe) y Maximiliano Ferraro (CC-CABA); otro de Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos) y el tercero es de Jorge Vara (UCR-Corrientes). Ese último tiene a Buryaile como cofirmante y es el que mayor respaldo encuentra entre los sectores del campo. En ese espacio ubican al proyecto de Ximena García en un sector “intermedio” entre el proyecto respaldado por las organizaciones sociales y el de Vara.

El oficialismo y los bloques intermedios, más la izquierda, respaldan el proyecto que tuvo dictamen el año pasado y que cuenta con la anuencia de las organizaciones sociales. La izquierda, por ejemplo, ha expresado que “no se debe alterar nada” del dictamen del año pasado que terminó perdiendo estado parlamentario.

Como sea, el día D será entonces este jueves a partir de las 10, cuando se reanude el cuarto intermedio. Allí habrá que ver si se cumple el compromiso de avanzar ya con el dictamen, o bien se contempla la observación del titular de Agricultura y Ganadería, que el jueves pasado había advertido que “las leyes se trabajan, no se despachan”.

En el marco del emplazamiento registrado en el recinto de la Cámara baja en la primera parte de la última sesión, esta semana continuará el debate de los proyectos referidos a la protección de humedales, con la intención decidida de alcanzar un dictamen que pueda tratarse en el recinto.

La cuestión generó rispideces expuestas durante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda del jueves pasado. Fue cuando desde la comisión cabecera -aquella donde el año pasado se había alcanzado un trabajoso dictamen consensuado que no pudo llegar al recinto, ni alcanzó a pasar tampoco por las otras comisiones a las que había sido girado el proyecto- se sugirió la intención de alcanzar un rápido dictamen, ante lo cual el titular de Agricultura, Ricardo Buryaile, aclaró que no estaban dispuestos a un tratamiento exprés, cuando era la primera vez que tomaban contacto con los proyectos puestos a consideración.

Además, pidieron que se habilitara una ronda de invitados, cosa a la que quienes auspician un rápido tratamiento del tema no se mostraron dispuestos a acceder. Finalmente la Comisión de Agricultura y Ganadería terminó convocando a una reunión para este martes a partir de las 15, a la que han llamado por su cuenta a una veintena de invitados, cuya lista tentativa se conoció este lunes por la tarde.

Ricardo Buryaile expresó el jueves pasado que “tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar”; y al coincidir con que se trata de “una ley trascendente”, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado”. Lo cual se contrapone con quienes objetan ese tratamiento veloz. En Juntos por el Cambio subsisten los mayores reparos hacia el dictamen suscripto el año pasado, que es el que buscan cerrar ahora.

En rigor de verdad, integrantes de la Comisión de Recursos Naturales estaban dispuestos a ir por el dictamen la semana pasada, convencidos de que tenían el número para lograrlo. Finalmente accedieron a dilatar el tratamiento, aunque intentarían alcanzar un dictamen este jueves.

Cabe consignar que tres de los diez proyectos que han sido puestos a consideración corresponden a miembros de Juntos por el Cambio: uno es de Ximena García (UCR-Santa Fe) y Maximiliano Ferraro (CC-CABA); otro de Gabriela Lena (UCR-Entre Ríos) y el tercero es de Jorge Vara (UCR-Corrientes). Ese último tiene a Buryaile como cofirmante y es el que mayor respaldo encuentra entre los sectores del campo. En ese espacio ubican al proyecto de Ximena García en un sector “intermedio” entre el proyecto respaldado por las organizaciones sociales y el de Vara.

El oficialismo y los bloques intermedios, más la izquierda, respaldan el proyecto que tuvo dictamen el año pasado y que cuenta con la anuencia de las organizaciones sociales. La izquierda, por ejemplo, ha expresado que “no se debe alterar nada” del dictamen del año pasado que terminó perdiendo estado parlamentario.

Como sea, el día D será entonces este jueves a partir de las 10, cuando se reanude el cuarto intermedio. Allí habrá que ver si se cumple el compromiso de avanzar ya con el dictamen, o bien se contempla la observación del titular de Agricultura y Ganadería, que el jueves pasado había advertido que “las leyes se trabajan, no se despachan”.

El listado de invitados para este martes en Agricultura

● Ingeniero en Producción agropecuaria Pablo Mercuri INTA.

● Fabiana Navarro. Licenciada en ciencias biológicas y Doctorado en Ciencias Naturales – INTA

● Mujica Gerardo. Ingeniero agrónomo INTA

● Lic. María Inés Zigarán, ministra de medio ambiente de Jujuy.

● Magister en ecología acuática NEIFF, Juan José Investigador del CONICET Grupos de investigación: Ecohidrología, Humedales, Manejo Ambiental, Ecofisiología vegetal.

● Ingeniero Agronomo Jorge Adámoli. Posgrado en Ecología Univ. Montpellier, Francia.

Numerosas publicaciones sobre humedales del Chaco Argentino y Paraguayo y del Pantanal de Mato Grosso. Profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA. Investigador CONICET e INTA.

● Dr. Santiago Alonso – CEADS (Consejo empresario argentino para el desarrollo sostenible)

-Especialista en derecho ambiental. Egresado del curso superior en políticas e instrumentos de gestión ambiental de la Universidad CEU San Pablo. Expositor en simposios internacionales en Colombia, Chile y España.

● Claudio Terrés -Presidente del departamento de medio ambiente y desarrollo sustentable de la UIA.-

● Luciano Berenstein CAEM (Cámara Argentina de empresarios Mineros),

● Claudia Peirano de AFOA (Asociación forestal argentina).

● Carlos Urionaguena de AFOA (Asociación forestal argentina).

● Ing. Agrónomo Andrés Costamagna, especialista en sustentabilidad por la Mesa de Enlace.

● Silvina Campos Carles Asesora Económica CONINAGRO por la Mesa de enlace.

● Octavio Perez Pardo. FADIA. Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos.

● Noel Breard – Senador provincial de la provincia de Corrientes.

● Marcial Bugnon Ingeniero Agrónomo, Magister en Desarrollo Local. Productor del distrito

La Brava (Dpto. San Javier, Santa Fe) y miembro de la Alianza del Pastizal. Subsecretario de Planificación y Gestión de la Municipalidad de San Javier.

● – *Comparten tiempo* *Domingo Maicocco* ( Intendente de Victoria, Entre Ríos) y Elías Eduardo Ruda. Abogado de Entre Ríos. Representa a la municipalidad en el Comité de

Emergencia Ambiental creado por la Corte. Asesor letrado de la municipalidad de Victoria.

● Manuel Chiappe por Barbechando, Ingeniero Ambiental de la Universidad Católica Argentina, con posgrado en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa (EOI – Madrid).

● José Luis Peter miembro de la comunidad Islera de Villa Paranacito.

El bloque de diputados nacionales de la UCR repudió las amenazas de muerte sufridas por el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Ricardo Buryaile, en el marco del debate por la Ley de Humedales.

El diputado por Formosa mostró en sus redes sociales las amenazas que viene sufriendo en las últimas horas. En un intercambio por Twitter, un usuario le dijo: “Te vamos a prender fuego”.

Buryaile preside la Comisión de Agricultura, una de las tres que interviene -junto a Recursos Naturales y Presupuesto y Hacienda- en el plenario que comenzó el jueves pasado a trabajar en un dictamen consensuado de ley de Humedales.

“En medio del debate parlamentario, he sufrido varias de este tipo de amenazas. Es lamentable que en democracia, no quieran escuchar a todas las voces y se dirijan de manera sesgada y violenta. Es muy difícil construir si lo que se promueve es el odio y la estigmatización”, expresó Buryaile en su cuenta de Twitter y adjuntó imagen de la amenaza. Agregó: “Hago responsable a las autoridades de @DiputadosAR de la seguridad de mi familia y de la mía”.

El titular de la bancada, Mario Negri, y el resto de los integrantes de la bancada, expresaron su solidaridad con Buryaile y exigieron que el debate por la ley se de en un marco de respeto mutuo y no agresión.

“Desde el bloque de diputados de la UCR repudiamos las amenazas a @BuryaileRicardo que se están dando en el marco del debate de la ley de Humedales. Es necesario que todos los actores intervinientes llamen a la paz. La norma, demorada años, está siendo consensuada #NoALaViolencia”, tuiteó Negri.

En el medio del debate parlamentario, he sufrido varias de este tipo de amenazas.

Es lamentable que en democracia, no quieran escuchar a todas las voces y se dirijan de manera sesgada y violenta.

Es muy difícil construir si lo que se promueve es el odio y la estigmatización. pic.twitter.com/KiyNau630l

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) September 23, 2022

Desde el Bloque de Diputados de la UCR repudiamos las amenazas a @BuryaileRicardo que se están dando en el marco del debate de la ley de Humedales. Es necesario que todos los actores intervinientes llamen a la paz. La norma, demorada años, está siendo consensuada #NoALaViolencia https://t.co/4mkT4RWTUZ

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 23, 2022

Las amenazas jamás serán la forma de construir en democracia. El único camino posible es el diálogo. #bastadeodio

Mi acompañamiento @BuryaileRicardo https://t.co/V46jFlHOrw

— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) September 24, 2022

Al consenso se llega a través del diálogo. Me solidarizo con @BuryaileRicardo y rechazo categóricamente cualquier forma de intimidación o violencia. Nuestra función como representantes del pueblo es promover siempre el debate consciente y respetuoso. https://t.co/vMpuqc7F1X

— Jorge Vara (@JorgeVaraOk) September 24, 2022

Te banco @BuryaileRicardo https://t.co/cqqvKVVLPb

— Fabio Quetglas (@fabiojquetglas) September 23, 2022

Un hecho totalmente repudiable. Es inadmisible que en un debate democrático, se imponga un tono tan violento.
Mi solidaridad para con @BuryaileRicardo que tiene que sufrir estas amenazas. https://t.co/fKANVo1gAW

— Marcos Carasso (@marcoscarasso) September 23, 2022

Una vez más en nombre del “consenso” pretenden imponerse con violencia.
Para lograr consenso es necesario previamente el diálogo respetuoso.
Amenazar para encontrar “acuerdos” es un sinsentido.
Mi solidaridad con @BuryaileRicardo https://t.co/o0JqIvo1fP

— Jimena Latorre 💜🧡💚 (@JimehLatorre) September 23, 2022

Todo mi repudio por las amenazas al Diputado @BuryaileRicardo y mi solidaridad. Es necesaria una investigación y evitar más extorsiones a diputados que están trabajando para buscar un consenso y resolver un debate que lleva años sin tratamiento. https://t.co/33wVZzUqbS

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) September 23, 2022

Condenamos las amenazas y manifestaciones violentas. No podemos consentir actitudes de éste tipo que menoscaban el debate democrático.

Estamos con vos Ricardo. La intolerancia se condena SIEMPRE, espero no prime otra vez la doble vara y el repudio selectivo. https://t.co/4ZPr9WEoTH

— Juan Martín (@juanmartinmusac) September 23, 2022

Un día después de haber expuesto durante la sesión informativa del jefe de Gabinete sobre el grave problema que representan los incendios en las islas y las consecuencias ambientales que están generando en su ciudad, Rosario, el diputado nacional Enrique Estévez (Partido Socialista) pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.

Arrancó refiriéndose al tiempo “muy difícil por las catástrofes ambientales que está atravesando nuestro planeta en general y la Argentina en particular”. Habló de “la calamidad que estamos viviendo con los incendios que vemos habitualmente en todo nuestro país”, y remarcó que “nos debemos un debate sincero honesto, respetuoso, sin sobresaltos que busquen atajos ni enemigos, sin sobreactuaciones que profundicen las contradicciones que tenemos como sociedad”.

El legislador santafesino recordó los proyectos “muy importantes” que todavía esperan ser tratados en la Cámara baja y citó el caso de la ley de humedales, que dos veces tuvo media sanción del Senado y que hace poco más de un año tuvo dictamen en una comisión de Diputados. Tras lo cual, solicitó a sus pares emplazar a las comisiones de Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda “para que en forma conjunta, en trabajo de plenario, se pongan en tratamiento una serie de expedientes” que a continuación enumeró. Todos ellos referidos al Régimen de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales. La propuesta, que como dijimos fue aceptada por el pleno, fue para que el debate en comisiones se inicie el próximo jueves 22.

La propuesta fue aceptada por su par oficialista Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales, y quien viene insistiendo con la necesidad de tratar el tema de manera inmediata. Con todo, el legislador del Movimiento Evita aclaró que en el Frente de Todos “preferimos siempre los acuerdos parlamentarios, el diálogo, por sobre los emplazamientos”.

“También saben lo que pienso de la ley de humedales”, recordó, como así también insistió en la necesidad de tratar cuanto antes el tema, por lo que anticipó que el bloque FdT votaría de manera afirmativa el emplazamiento.

El radical Ricardo Buryaile, titular de Agricultura y Ganadería, otra de las comisiones emplazadas, anticipó también el apoyo al pedido, aunque planteó una y otra vez con la necesidad de “compatibilizar medio ambiente con producción”. “Esa es la premisa con la que vamos a trabajar”, remarcó, recordando que dentro del paquete de proyectos que se anunció servirán para el tratamiento hay varios de la principal oposición. Comentó también que desde que está al frente de la Comisión de Agricultura, “siempre estuvimos a disposición de tratar cualquier proyecto de ley que sea girado a nuestra comisión. Sean o no de mi agrado. En este caso este es de mi agrado”, aclaró, recordando que él es firmante de un proyecto.

Con todo, advirtió que “lo que se está viviendo en Rosario no se va a parar con la ley. Tenemos una Ley de Manejo del Fuego y el problema está en el hombre, la prevención y los organismos que deben atender esto”. Contó a continuación que “nuestra comisión está trabajando con Presupuesto y los distintos bloques que componen esta Cámara, en un proyecto que fue pedido por el ministro y el presidente”.

Buryaile aclaró que habían hablado el día anterior con el diputado Enrique Estévez y también con Leonardo Grosso, sobre el tema. “Habíamos consensuado una metodología de trabajo… Ante esta intimación, vamos a votar positivamente”, aclaró, pero no pudo evitar calificar “violenta, intempestiva enterarnos esta mañana” del emplazamiento que se impulsaría.

Desde el bloque Evolución Radical, el pampeano Martín Berhongaray dijo en su condición de vicepresidente de Recursos Naturales que están “aburridos de estos pedidos de emplazamiento que empiezan a ejecutarse y terminan en nada”. Habló de la necesidad de tener “sí o sí un dictamen de la ley de humedales, y le adicionó otra condición: que así sea al cabo de tres reuniones de comisiones consecutivas, en semanas sucesivas.

Desde el Pro, Fernando Iglesias anticipó también el apoyo de su espacio, en los mismos términos planteados por Ricardo Buryaile: “Esto no es un problema legislativo, es un problema de gestión y no aceptamos la acusación de haber retrasado esto. Vamos a apoyar todo lo que tenga que ver la preservación económica, y estamos dispuestos a tratarlo a nivel legislativo, pero no aceptamos la maniobra fácil de adjudicar al Congreso lo que se está viviendo. Es un problema de gestión”.

El presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, ratificó los dichos de Grosso en cuanto al acompañamiento oficialista, y destacó la presencia de intendentes santafesinos en la Cámara ese mismo día para plantear la magnitud del problema que están viviendo. Concluyó sugiriendo planificar una reunión para el próximo jueves a las 10 de la mañana para tratar los proyectos y buscar que cuanto antes llegue al recinto.

Graciela Camaño se pronunció a favor de lo expuesto inicialmente por un miembro de su interbloque como es Enrique Estévez, y aclaró que él no había hecho ninguna imputación, salvo la de la mora que la Cámara de Diputados tiene con el tema humedales. Alertó sobre el problema del cambio climático, y “la seria desertificación que está sufriendo la Argentina”, donde casi el 72% del territorio está desertificado.

A continuación, Nicolás Del Caño apoyó la moción, pero rechazó el concepto de “violento” que Ricardo Buryaile le había puesto al emplazamiento. “Violento es lo que está sucediendo, es lo que pasa en Rosario, que no se puede respirar”, replicó, quejándose de que hace “10 años que este dictamen no sale de este Congreso”, donde “de repente dicen que están todos de acuerdo, qué hipocresía”.

El radical correntino Jorge Vara se manifestó “total y absolutamente” en coincidencia con la propuesta, pero aclaró que no era responsabilidad de los diputados de la Comisión de Agricultura que no se hubiera discutido el tema. “Nunca llegó”, aclaró, advirtiendo no obstante que quería un “debate con consistencia y respetando las evidencias, porque podemos llegar a sancionar una ley que no sea aplicable después”.

“Por supuesto me sumo al pedido”, planteó Romina del Plá, que reclamó también “dejar de jugar al Gran Bonete, porque hay una responsabilidad de los distintos bloques mayoritarios en haber cajoneado el tema”. Y lanzó una advertencia al movimiento socioambiental por los dichos de Buryaile sobre un proyecto del Ejecutivo en el que estarían trabajando. “Que se discuta el proyecto que tiene el acuerdo de las 200 organizaciones”, reclamó.

Maximiliano Ferraro (CC) y Ximena García (UCR) se refirieron luego a un proyecto propio presentado oportunamente y adelantaron su apoyo, mientras que el rionegrino Luis Di Giacomo rechazó hacer un debate político sobre el tema: “No nos parece oportuno hablar de si los incendios son por provincias peronistas o radicales”, y con ironía se refirió a los diputados porteños, donde “se permiten cada vez más edificaciones, con lo que los espacios verdes son cada vez menos y no van a tener incendios”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) compartió a través de sus redes sociales un documento elaborado junto a la Mesa Agropecuaria de la Fundación Alem en el que cuestionan las medidas establecidas del Gobierno Nacional que dio origen al “dólar soja”, y aseguró que “falta un programa económico y sobra improvisación”.

“Es una medida más que, además de ser aislada y no está contenida en un plan económico, tiene características negativas, ya que su discrecionalidad es compulsiva, tiene aspectos extorsivos y su plazo es cortísimo, lo cual constituye un combo que puede tener graves consecuencias”, mencionaron en el comunicado.

Otra de las críticas que elaboraron, es el carácter “cortoplacista” de la norma, “nadie puede arriesgar a pensar escenarios posibles para el día después respecto a los beneficios posibles. Y lo peor, sobre en las consecuencias negativas no mensuradas al momento de la sanción de la medida”, aclararon.

En ese contexto, afirmaron: “Todo parece indicar que se convalida que el ministro de Economía defina un precio según necesidades de caja o posición de reservas y los plazos por los cuales se interviene en el principal mercado aportante de divisas del país”. Además, agregaron: “Hoy lo hace sobre el complejo sojero y próximamente no sabemos a qué sector económico intervendrá. No desconocemos que circunstancialmente beneficia a algunos actores, pero es necesario advertir que también perjudica a muchos otros, por ejemplo, a quienes vendieron su soja durante estos últimos meses”. 

“A través de esta medida el Gobierno genera un tipo más de cambio diferencial para un sector específico, pero no tiene en consideración al resto de las actividades económicas propias del sector agroindustrial ni a los otros sectores de la economía argentina”, criticaron y sentenciaron: “Atenta contra cualquier sistema de incentivo productivo y es posible que esto genere aún más distorsión en los precios relativos de productos e insumos”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) a través de su cuenta de Twitter, manifestó su rechazo a los cambios en las leyes electorales de varias provincias del país y sostuvo: “Modificar el sistema de votación sobre la hora daña nuestra democracia”.

Mediante este mensaje, Buryaile denunció que “el PJ desesperado en perpetuarse, está suspendiendo las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en algunas provincias o implementando Ley de Lemas, que es un fraude a la representación”. E insistió: “Como formoseño lo sé”. Finalmente, remató: “¡Defendamos el derecho a elegir!”.

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Ricardo Buryaile, y con acompañamiento del líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, presentaron un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

El proyecto de resolución se presentó luego del comunicado emitido por el Gobierno nacional condenando la supuesta persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el pedido de la fiscalía a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el marco del juicio por la obra pública.

“Las expresiones del presidente de la Nación denotan un grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada poder del Estado. Es facultad privativa de la Cámara de Diputados evaluar, en todo caso, si el Presidente de la República posee la idoneidad suficiente para cumplir el mandato popular depositado por los argentinos”, destacó Buryaile.

El formoseño agregó que “no es la primera vez que se intenta distorsionar la República con actos y/o expresiones que constituyen una grave violación de la división de poderes”. En ese sentido, aclaró que “el presidente, como autoridad de un poder del Estado, no puede ejercer funciones judiciales, ni tampoco arrogarse el conocimiento de causas pendientes, por lo que sus expresiones constituyen, por cierto, una falta de respeto a la división de poderes consagrada en nuestra Constitución Nacional”.

“Estas expresiones y conductas que se reiteran constituyen un ataque sistemático al Poder Judicial. Esta arremetida no puede pasar desapercibida por el Congreso Nacional, quien tiene la obligación institucional de debatir en el seno de la Cámara de Diputados la responsabilidad que le cabe al presidente de la Nación y, para ello, es imperioso abrir el correspondiente juicio político que se ha presentado”, concluyó el radical.

El proyecto fue acompañado por sus pares de JxC Soledad Carrizo, Roxana Reyes, Margarita Stolbizer, Pedro Galimberti, Fernando Carbajal, Karina Banfi, Pablo Torello, Karina Bachey, Héctor Stefani, Marcela Coli, Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, Virginia Cornejo, Victoria Morales Gorleri, Gustavo Bouhid, Carlos Zapata, Ximena García, Jorge Vara, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini y Francisco Monti.

Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina. pic.twitter.com/cOMH2iKjnK

— Alberto Fernández (@alferdez) August 22, 2022

El presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella, se manifestó conforme con la asunción de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados, tras la renuncia de Sergio Massa; y criticó la postura “tibia” de muchos diputados radicales que “finalmente reconocieron que tenían la intención de votar a favor de su designación como presidenta de la Cámara, a pesar de haberse luego abstenido”. 

El dirigente peronista advirtió en ese sentido que legisladores como Ricardo Bruyaile, “manifestasen públicamente querían apoyar la designación de Cecilia Moreau al frente de la Cámara, pero no lo hicieron ‘para preservar la unidad del bloque’”. 

Al respecto Puella, manifestó que, con esta forma de pensar, “el radicalismo que va a la Rural a sacarse fotos con los mismos que le faltaron el respeto a Raúl Alfonsín, hoy demuestran nuevamente que en sus valores, la supuesta unidad con una ideología política contraria a la esencia alfonsinista e yrigoyenista está por encima de la unidad nacional”, y concluyó en que estos radicales “nunca entendieron que primero está la patria”. 

“En este momento hay que anteponer las prioridades de nuestro pueblo y dejar las especulaciones personales de lado”, concluyó. 

El presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, y el diputado formoseño Ricardo Buryaile mantuvieron una reunión con Daniel Funes de Rioja, David Uriburu y Pablo Dragun, autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) quienes les entregaron a los legisladores el “Libro Blanco”, un trabajo que contiene las propuestas de la industria para que la Argentina vuelva a crecer de forma sostenida.

“Fue una reunión muy importante, muy productiva, fundamentalmente en el momento que está viviendo el país frente a la crisis”, contó Negri. “Además de haber conocido la presentación de los 100 puntos del proyecto que tiene la UIA para crecer en la Argentina, conversamos alrededor de ello, del momento actual, intercambiamos información, quedamos en hacer una mesa de intercambio de trabajo y de proyectos parlamentarios”, agregó.

Buryaile, por su parte, afirmó: “Es muy importante que la política hable con el sector empresarial en momentos en que la Argentina necesita escucharse, repensar cómo sigue, la reunión fue muy positiva, la apuesta es al futuro no mirar para atrás, es lo central”.

Al cierre del encuentro, Funes de Rioja destacó el rol del diálogo parlamentario: “Estos espacios son muy importantes para generar consensos que nos permitan poner en valor el potencial productivo que Argentina tiene en cada sector y en cada región”.

Los objetivos de la UIA

• Que la actividad industrial crezca un 27% para recuperar el máximo per cápita.
• Crear 268.000 puestos para alcanzar el ratio de 30,1 puestos por cada mil habitantes.
• Que las exportaciones industriales aumenten al menos unos USD 14.200 M para retornar al máximo per cápita (950 USD per cápita).
• Que se creen 7.400 empresas exportadoras para alcanzar el máximo de 3,7 empresas cada 10.000 habitantes y brindar sostenibilidad a un proceso de crecimiento en materia de sector externo.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-JxC) opinó sobre el mecanismo dispuesto por el Banco Central para que los productores agropecuarios liquiden su cosecha y observó que “el Gobierno reconoció el desfasaje que está teniendo el sector agropecuario, eso es importante, pero la mejora no es tanto como se plantea y es sólo un alivio por 30 días”. “Hay mala fe del Gobierno con el campo”, consideró.

En diálogo por Radio Delta, el exministro de Agricultura cuestionó que “a los productores se los acusa de especuladores, pero el es Gobierno quien los obliga a especular”, y sostuvo: “El productor vende cuando tiene compromiso, no cuando el Gobierno lo obliga, eso es actuar de mala fe”.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja señaló que “los productores agropecuarios compran dólares a valor oficial y los venden al blue para recuperar ganancia en pesos”. “Todos hacen eso; además, si el productor guarda ese billete en el exterior lo acusan de fuga de divisas. Ahora, si lo hace el Gobierno es formación de activos externos”, expresó.

Al ser consultado por el aumento que propuso el Gobierno sobre la tonelada de soja de 50.000 a 56.000 pesos, Buryaile dijo que “potablemente gana el productor, pero tecnológicamente pierde”, y comparó la situación con los países limítrofes: “El argentino cobra la tercera parte que lo que gana un productor brasilero, paraguayo, boliviano o uruguayo”.

De todos modos, el radical manifestó que “el Gobierno aseguró soluciones solo por 30 días nada más, mas allá de que bajará la brecha del dólar”. Sin embargo, aclaró: “Estas medidas están sujetas a depender si los productores van a liquidar o no”.

Para cerrar, el opositor dijo que “el comunicado de este martes del Banco Central reconoce que el Estado le venía afanando al campo, porque dice que le da ahora lo que les dio siempre a los demás sectores”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa) se refirió a las tensiones entre el Gobierno y el sector rural y manifestó que “ponen al campo como responsable del desastre que es la conducción nacional”. En ese sentido, sostuvo que es parte del kirchnerismo “buscar enemigos”, y consideró que “la Argentina tiene un vacío de poder porque el presidente no puede conducir, no sabe a dónde ir y no sabe lo que le va a permitir Cristina (Kirchner)”.

En dialogó por Radio Rivadavia, sobre el enfrentamiento entre el oficialismo con el campo, el legislador formoseño señaló que “el Gobierno sistemáticamente, en sí el kirchnerismo, siempre ha elegido un enemigo. Fue la iglesia, fue Clarín, fueron los medios, ahora es la Corte Suprema. El campo fue siempre. Siempre necesita confrontar con alguien para intentar derrotar y a partir de esas victorias que el resto de la sociedad le tenga miedo, atemorizar a la sociedad”.

“Con el campo no les fue bien porque tiene la autonomía de no depender del Estado, en cuanto al empleo o en cuanto al miedo. Por otro lado, tratan de reflejar o estigmatizar al sector agropecuario como la lucha contra los poderosos. Ellos que son los buenos pelean contra los poderosos, contra los que no quieren repartir y ellos dejan la vida en eso”, apuntó Buryaile.

En ese sentido, sostuvo que “Alberto Fernández en esto es la continuidad de Cristina Kirchner porque después de la 125 marginó al sector agropecuario”, y señaló que el presidente en su campaña “dijo una cosa, después hace un seguidismo de lo que es la política de Cristina”. Asimismo, recordó el proyecto de ley de su autoría que presentó hace unos años para sancionar dentro del Código Penal la rotura de silobolsas, pero que “nunca lo quisieron tratar”.

“Cuando habla de los 20 mil millones de dólares genera una tensión en la sociedad”, acusó el radical y sumó: “En esa sociedad, en ese kirchnerismo se instala que vos tenes la obligación de vender dólares a 91, eso es lo que le piden al productor agropecuario”, y denunció que “lo ponen como responsable del desastre que es la conducción nacional, lo mires desde cualquier sector. Siempre buscan un culpable que no son ellos, siempre son los demás los malos”.

Respecto a la convocatoria por parte de militantes K para este sábado en La Rural, disparó: “Van a ir piqueteros k a enfrentar a los oligarcas que son los malos responsables del desgobierno que hay en Argentina porque no liquidan los nunca existentes 20 mil millones, porque no hay, porque el presiente no tiene idea de los números, recita números que no tiene idea”.

Por otro lado, consultado sobre el pedido de juicio político al presidente por parte del liberal José Luis Espert, lo cual fue considerado como “golpista” por parte de algunos diputados, Buryaile manifestó que “golpista es los que no entregan la banda presidencial. Los que no asisten cuando un presidente electo asume el poder. Los que fomentan la salida en helicóptero, los que tiran 14 toneladas de piedras”.

En tanto, recordó que con este son “6 pedidos de juicio político que tiene el presidente”. “La situación del presidente es de un grado de debilidad producto de la interna del oficialismo. Este desgaste no es de la oposición es del propio oficialismo, de la propia vicepresidente, de los audios de Fernanda Vallejos”, opinó el formoseño.

“La Argentina tiene un vacío de poder porque el presidente no puede conducir porque no sabe a dónde ir y no sabe lo que le va permitir Cristina Kirchner, porque el presidente se involucra en cosas que no puede involucrarse porque la CN no se lo permite en el artículo 109”, finalizó el exministro de Agroindustria.

Ante las versiones circulantes respecto de una inminente resolución ministerial que contradeciría los anuncios hechos por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ante los propios legisladores, un grupo de diputados emitió este domingo un comunicado en el que reclaman la implementación de una nueva ley de Semillas. 

“Argentina debe tener una Ley de Semillas que resguarde los intereses de toda la cadena: obtentores, multiplicadores y productores. La tecnología se debe impulsar y reconocer. Para ello, la única autoridad competente para legislar en esta materia es el Congreso de la Nación”, expresó este domingo el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, Ricardo Buryaile. 

El comunicado suscripto además por diputados como Alejandro “Topo” Rodríguez, José Luis Espert, Carlos Gutiérrez y Ricardo López Murphy, exige que “cualquier decisión sustantiva relativa al uso de semillas y a los necesarios incentivos para el desarrollo de conocimiento aplicado a la producción, se adopte en el marco de una nueva ley de Semillas debatida y aprobada por el Congreso de la Nación”.

“No es sano que el Gobierno nacional alimente trascendidos y brinde información privilegiada a intermediarios interesados sobre una supuesta resolución ministerial para aplicar una retención global del 1,5%, cuando el compromiso explícito del ministro de Agricultura de la Nación, en un reciente encuentro de trabajo con la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, fue que trabajaríamos juntos para tener una ley de Semillas actualizada a las necesidades del campo”, agrega el comunicado.

Al respecto se indica que “la inversión en I+D debe ser reconocida y constituye una de las garantías para el desarrollo sostenido de una producción sostenido de una producción con calidad”.

El comunicado concluye señalando que “las decisiones al respecto deben adoptarse a través de un diálogo amplio con todos los sectores, sin exclusiones de ningún tipo”, precisando que el resultado de esa construcción conjunta, “con rigor profesional y criterio productivo, debe plasmarse en una ley del Congreso de la Nación”.

Acompañan los diputados Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Claudio Poggi, Carlos Zapata, Ignacion García Aresca, Jorge Vara, Gabriela Brouwer de Coning, Roberto Sánchez, José Núñez, Martín Maquieyra, Paula Omodeo, Victoria Borrego, Pablo Cervi, Germana Figueroa Casas, Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Juan Carlos Polini, todos ellos pertenecientes a distintos bloques parlamentarios y diversas fuerzas políticas de la oposición.

El diputado nacional y exministro de Agricultura Ricardo Buryaile destacó que “el campo ha estado más picante” en sus reclamos, sin embargo consideró que “estos conflictos del Gobierno con el campo son funcionales a la estrategia del kirchnerismo de siempre querer tener un enemigo como lo han sido los medios, la Corte y la justicia”.

En diálogo con Radio 10, el legislador formoseño manifestó que “desde lo económico es un momento complicado, no solo por el contexto nacional, sino por que los derechos de exportación, mal llamados retenciones, que no son beneficiados por el tipo de cambio”. Además, añadió que “un productor argentino está cobrando un tercio de lo que se gana en Brasil, Uruguay o Paraguay”.

Asimismo, el radical explicó que “los insumos para producir cuestan en dólares a un valor de casi 300 pesos, pero las ganancias se pesifican al dólar oficial de 135”. A su vez, el opositor remarcó que “al kirchnerismo le rinde tener un enemigo político, porque desde el 2006 son funcionales a ese discurso de los piqueteros de la abundancia”.

Para finalizar, Buryaile sostuvo que “más allá del diálogo nunca dejas a todos conformes”, y agregó: “En Argentina hay un tipo de cambio, con una brecha alta y la gente ya no cree que salga 135”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Ricardo Buryaile, presentaron un proyecto de ley para crear un Sistema Integral de Protección Social para Personas con Discapacidad, con el fin de protegerlas, independientemente de la condición socioeconómica de su grupo familiar.

La propuesta busca ser de carácter universal. “Pretendemos amparar a las personas con discapacidad, por su condición de tal”, señaló Buryaile.

El legislador formoseño explicó que “la normativa vigente exige que, para acceder al beneficio de pensión, las personas en situación de discapacidad deben demostrar que no cuentan con familiares obligados a prestar alimentos en condiciones de hacerlo. Si esa persona cuenta con familiares que puedan asistirlo, el Estado se desentiende y por tanto deniega el beneficio de pensión por considerar que no tiene derecho”.

Por eso, destacó que en este proyecto “la protección es integral y absoluta”. “No sólo se es vulnerable en estado de pobreza, también se lo es con una incapacidad física que impide el normal desarrollo en la vida cotidiana”, consideró.

Y concluyó: “El proyecto garantiza en pie de igualdad un beneficio de la protección social a todas las personas con discapacidad”.

La iniciativa fue acompañada por sus pares Soledad Carrizo, Pedro Galimberti, Gabriela Lena, Martín Arjol, Miguel Bazze, Gustavo Bouhid, Ximena García, Marcela Coli, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti, Karina Banfi, Víctor Hugo Romero, Roberto Sánchez, Sebastián Salvador, Laura Castets, Carlos Zapata y Aníbal Tortoriello.

En el marco de la sucesión de apartamientos de reglamento planteados al principio de la sesión, el diputado Ricardo Buryaile pidió citar a la Cámara baja al secretario de Energía para brindar explicaciones sobre la crisis que se vive ante la falta de gasoil en todo el país.

Sin éxito, pues un pedido de apartamiento del reglamento necesita contar con la adhesión de las ¾ partes del Cuerpo.

Buryaile aclaró de entrada que no tenía “el propósito de desgastar al Gobierno ni montar un show, sino de recibir la información de qué está pasando en la Argentina en materia de combustibles”.

El legislador señaló que “más de 21 provincias no tienen combustible, la producción está paralizada sin explicación de las autoridades de Economía, ni del secretario de Energía Darío Martínez.

Buryaile informó que la Argentina necesita de 14 millones de metros cúbicos de gasoil, de los cuales el 70% se importa. Alertó en ese sentido que este es “el momento más importante para el ingreso de divisas al país”, y detalló al respecto que la cosecha de soja ya está al 95%, casi terminada; pero la de maíz solo al 35% y la de trigo “solamente al 15%”. “Y no hay gasoil”, enfatizó.

“Veía esta mañana que una Cámara del Transporte Automotor expresaba su preocupación porque el transporte está paralizado, y esto significa un parate en la economía”, anticipó, preguntándose cómo cree el Gobierno que va a repercutir esta falta de combustible en el interior: “Esto es más inflación”, se contestó.

“Hoy la Argentina está paralizada”, resumió, para señalar luego que “30 días después de esta crisis sale una resolución que venimos pidiendo hace 20 días: que se aumente el corte del biodiesel”, y se preguntó: “¿Por qué esta testarudez? ¿Cuál es el negocio de los petroleros? Díganlo, ¿por qué no aumentaron el corte para paliar esta situación de crisis? Hoy está paralizado el país, por eso tiene que venir el secretario de Energía para dar explicaciones “.

El legislador concluyó reiterando que “hay 21 provincias paralizadas y la economía argentina con freno de mano”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), presentaron un proyecto para que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, explique e informe sobre el desabastecimiento de combustibles, “teniendo en cuenta los incesantes reclamos del sector de los biocombustibles, quienes, en el contexto actual solicitan elevar el piso de corte dispuesto por ley”, resaltaron.

“Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional en lo referido al desabastecimiento de combustibles y el pedido del sector industrial del biocombustible para incrementar el porcentaje de corte, es imperioso que las autoridades den respuestas en ambos sentidos”, subrayó Buryaile.

El legislador radical recordó que “la Ley de Biocombustibles establece que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil deberá contener un porcentaje obligatorio de biodiésel de 5%. La misma menciona que la Secretaría de Energía podrá elevar el porcentaje obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.

En ese sentido, el formoseño apuntó que el desabastecimiento de combustibles “trae un gran perjuicio a la economía argentina. A raíz de la crisis global potenciada por la invasión de Rusia a Ucrania, se estima que Argentina deberá destinar unos U$S 13.500 millones este año para importar GNL (gas natural líquido), gas de Bolivia, gasoil y fuel oil, además de naftas para vehículos”.

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja explicó que las cámaras de la industria del biodiésel aseguraron que “la agroindustria argentina está en condiciones de responder a este importante desafío a través de una sustitución rápida de importaciones de combustibles, utilizando los biocombustibles”.

“La propuesta de las entidades es concreta, proponen reemplazar el faltante de gasoil con biodiesel”, señaló Buryaile. Y, agregó: “La propuesta del sector es que la Secretaría de Energía suba el corte obligatorio vigente del 5% al 15%”.

Finalmente, remarcó que “el faltante de gasoil se agravó en las últimas semanas al punto tal que se retrasaron los trabajos de cosecha de soja y maíz en las principales regiones productivas. En el norte del país el escenario es aún más grave, con al menos 8 provincias donde el faltante complica la vida cotidiana”.

La iniciativa fue acompañada por los diputados de Juntos por el Cambio Ximena García, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Pedro Galimberti, Hugo Romero, Juan Martín, Soledad Carrizo, Lidia Ascárate, Manuel Aguirre, Gabriela Brouwer de Koning, Ingrid Jetter, Marcela Antola, Paula Omodeo, Carolina Castets, Gustavo Hein, Alberto Asseff, Carlos Zapata, Gabriela Lena, Gerardo Cipolini, Gerardo Millman, Alejando Cacace, Claudio Poggi, Martín Arjol, Jorge Vara, Marcela Coli, Alfredo Schiavoni y Héctor Stefani.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile, presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 8° de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, con el objeto de proteger a los usuarios de servicios de televisión, teléfono o internet, de aumentos no informados previamente por las empresas proveedoras.

La iniciativa prevé la inclusión del artículo 8° ter: “Las modificaciones de precios, valores y/o reducción de prestaciones de los servicios que sean establecidos por el proveedor, deberán ser informados en forma cierta, clara y detallada con una antelación mínima de 45 días corridos a su entrada en vigencia, caso contrario se tendrán por no convenidas”.  

“Las situaciones que se presentan, varían de acuerdo a las empresas, pero en la mayoría de los casos, los usuarios no son informados de los aumentos de precios y se ven obligados a pagar facturas cada vez más altas por servicios prestados a precios que desconocen”, destacó Buryaile.

Agregó que “la ley actual no establece un período previo para notificar una modificación de precios al consumidor, y en este contexto de alta inflación y ante contratos de larga duración las empresas, en general, no informan los cambios en sus precios o simplemente publican los aumentos en la web, sin notificar a los usuarios, que no tienen más opción que aceptar el aumento o dar de baja el servicio”.

“Actualmente, la Ley de Defensa del Consumidor sólo establece el derecho de los usuarios y consumidores a la información adecuada y veraz, en sintonía con el Artículo 42º de la Constitución Nacional. El proyecto de ley que presentamos materializa este derecho en forma concreta, imponiendo a las empresas la obligación de informar con una antelación mínima y de manera fehaciente cualquier modificación en la prestación de sus servicios”, remarcó Buryaile.

Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Lisandro Nieri, Margarita Stolbizer, Martín Berhongaray, Héctor Stefani, Manuel Aguirre, Paula Oliveto, Leonor Martínez Villada, Laura Castets, Gabriela Brower De Koning, Roberto Sánchez, Gabriela Lena, Lidia Ascárate, Jorge Rizzotti y Marcos Carasso.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), a través de su cuenta de Twitter, se dirigió a Alberto Fernández luego de que este afirmara que defendía los derechos de exportación como un mecanismo para desacoplar precios y que “la oposición se niega a discutirlo”.

“Como presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, ofrezco este ámbito para debatir el impacto de la suba de las retenciones en la producción y en el valor de los alimentos”, expresó el exministro de Agroindustria. Y afirmó, sugiriéndole a Alberto Fernández, que “en ese debate iba a demostrarle que sus ideas están equivocadas”.

Mediante este mensaje, el diputado formoseño dejó en claro que, algunos sectores de la oposición, contrariamente a lo que dice Fernández, están dispuestos a debatir el tema de los derechos de exportación en el ámbito que corresponde, que es el Congreso.

Finalmente,  Buryaile manifestó que quedaba a disposición del presidente, para llevar a cabo la discusión en el ámbito de la Comisión de Diputados.

Sr. Presidente @alferdez:

Como Pte. de la Comisión de Agricultura de @DiputadosAR, ofrezco este ámbito para debatir el impacto de la suba de #retenciones en la producción y en el valor de los alimentos, y así demostrarle que están equivocados en sus ideas.

Quedo a disposición. pic.twitter.com/WCz3pjAJI1

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) May 28, 2022

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) manifestó su preocupación y rechazo a la resolución del Gobierno de Formosa que permite a los alumnos pasar de año debiendo materias de 2020 y 2021, sin haber adquirido los conocimientos correspondientes en los años previos.

“Formosa otra vez aplazada en materia educativa”, lanzó el legislador, y aseguró: “Esta medida profundiza las enormes desigualdades de nuestra sociedad, donde los sectores más vulnerables son los más postergados en el acceso a la educación de calidad”.

En este marco, el radical consideró que “lo que sucede no es ninguna ventaja, todo lo contrario, es una clara vulneración de derechos. Es atravesar las aulas sin obtener de ellas lo que les da sentido, el derecho a aprender. Se trata de un derecho humano básico, un derecho que es la puerta para tantos otros”.

“Lo que vuelve a hacer el Gobierno de Formosa es quitarles futuro a todos los chicos afectados. La escuela, si no pone a los alumnos en el camino del conocimiento, excluye, posterga”, insistió.
Al aportar datos sobre la situación educativa en su provincia, Buryaile señaló que “los datos son alarmantes y muestran lo lejos que está la escuela de ello: en Formosa solo 5 de cada 100 estudiantes terminan la escuela en tiempo y con los saberes esperados. En el país, en el decil de ingresos más bajos, solo 3 de cada 10 chicos termina el secundario, y apenas el 12,4% del decil de ingresos más bajos cursa estudios universitarios, mientras que en el decil más alto accede a la universidad el 46% de los jóvenes”.

En ese sentido, el formoseño aseveró que “el pasar de año por resolución ministerial es una ficción que afecta y daña gravemente la dignidad y la psiquis de los alumnos. Pasan de año sin poner nada de su parte”. “Se baja tanto el nivel educativo que la única posibilidad que tenían los niños de salir adelante, que era la escuela, ya no promueve la superación. Así la desigualdad se agudiza, comprometiendo el futuro de los chicos y de la sociedad”, agregó.

El legislador de Juntos por el Cambio enfatizó que “el mayor motor para igualar es el estudio. La educación es uno de los factores vinculados a las posibilidades de empleo. Las mayores tasas de empleo se observan entre quienes cuentan con estudios secundarios o superiores completos”.

“Hoy las empresas tienen serios problemas a la hora de contratar por falta de personal capacitado. No es casual que nuestra provincia tenga los índices sociales, económicos y productivos que tenemos. Cuanta menos educación, mayor sometimiento”, concluyó.

El proyecto de resolución rechaza “la disposición administrativa N°1953/22, publicada en el Boletín Oficial formoseño el pasado 2 de mayo, que permite que el alumno pueda cursar en 2022, aunque deba materias desde 2020. El escrito consiente que los chicos puedan tener previas todas las materias del ciclo que debía aprobar en 2020, pero además puede deber tres materias de 2021 y otras tres que pudieran adeudar de años anteriores. De esta manera, podrían cursar el año con hasta 19 materias previas”.

En la seguidilla de constitución de comisiones en la Cámara de Diputados, se conformó este jueves una clave: la de Agricultura y Ganadería, que a partir de este año estará en manos de la oposición.

Durante el encuentro fue ungido presidente el radical Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria durante el gobierno anterior. “Venimos a trabajar para mejorar la situación de la Argentina. Como presidente no vengo cavar trincheras, vengo a que trabajemos para que le vaya mejor a la Argentina”, aseguró al tomar la palabra.

El formoseño reconoció que “en muchas cosas seguramente estaremos de acuerdo, en otras no, pero trataremos de llevarlo de la mejor manera posible”. Además, resaltó que “hace mucho tiempo”, precisamente unos “10 o 12 años” que “no llega al recinto un proyecto trascendente de agricultura desde esta comisión”. “Es un deber que nos debemos”, agregó.

“La idea de la comisión es trabajar puertas abiertas”, afirmó el legislador de Juntos por el Cambio, que prometió “trabajar con el Frente de Todos” porque “no venimos a confrontar”.

En cuanto a la realidad del sector, enumeró que “hay problemas impositivos, crediticios, estructurales, hay problemas de regulación de tecnología, de aplicaciones, de buenas prácticas agrícolas, de organismos”.

“Es necesario mejorar la situación del sector, es necesario acordar una política que se proyecte en el tiempo para el sector agropecuario, no soluciones coyunturales”, completó.

Por su parte, el oficialista Carlos Ponce, designado como vicepresidente, sostuvo: “Estamos en una tarea realmente difícil, que requiere un fuerte compromiso por parte de todos”. En esa línea, convocó a trabajar “pensando no en una cuestión ideológica, sino que trabajemos pensando en una sola bandera, que es la argentina”.

El puntano abogó por trabajar “juntos” lejos de “cualquier show de peleas mediáticas y absurdas”. “Que esto no sea un rin”, pidió, sino por el contrario “que estén por sobre todas las cosas las propuestas, las ideas, que las podamos discutir con mucho criterio y le podamos llevar soluciones al Poder Ejecutivo”.

A su turno, el macrista Pablo Torello, que asumió como vicepresidente segundo, también llamó a “trabajar juntos, con buena voluntad” porque “le debemos a la Argentina y a un sector que es un gran aportante de recursos, y un gran pilar, un conjunto de leyes”. “Le pedimos mucho a ese sector y creo que les tenemos que dar las herramientas”, sumó.

Durante la elección de autoridades, fueron designados secretarios Nelly Daldovo (FdT), Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal). En tanto, quedó pendiente una secretaría para el oficialismo; y también la designación de otro vocal de la comisión, que deberá tener 35 y no 34 miembros.

Por el oficialismo forman parte 17 legisladores: Juan Carlos Alderete, Eugenia Alianiello, Héctor Bárbaro, Fabián Borda, Lisandro Bormioli, María Luisa Chomiak, Marcos Cleri, Nelly Daldovo, Pedro Dantas, Rogelio Iparraguirre, Florencia Lampreabe, Nilda Moyano, Liliana Paponet, Eber Pérez Plaza, Carlos Ponce, Carlos Selva y Lucio Yapor.

Desde Juntos por el Cambio, los 16 integrantes son Victoria Borrego, Sofía Brambilla, Gabriela Brouwer de Koning, Ricardo Buryaile, Pablo Cervi, Germana Figueroa Casas, Gustavo Hein, Martín Maquieyra, José Núñez, Claudio Poggi, Juan Carlos Polini, Marilú Quiroz, Roberto Sánchez, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello y Jorge Vara.

La nómina se completa con el cordobés Carlos Gutiérrez, del interbloque Federal.

En el encuentro se votó, por protocolo, que las reuniones de la comisión serán los martes a las 17.30, pero tanto el día como horario quedaron sujetos a ser revisados una vez que se conformen todas las comisiones.

En otro orden, Buryaile adelantó que junto a las autoridades recopilarán todos los proyectos que tienen como cabecera la comisión para armar la agenda a tratar en las próximas semanas.

“El campo protesta porque quiere que lo dejen producir más, porque esa es realmente la forma de defender la mesa de los argentinos”, señaló este sábado el diputado nacional Ricardo Buryaile.

“Hablamos de un sector, que ha sido atacado de manera constante por el oficialismo”, agregó quien esta semana quedará al frente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja.

Para el legislador formoseño, se debe a “miradas sesgadas, como las de ahora, en donde sectores del Gobierno responsabilizan permanentemente al sector agropecuario como culpable de la inflación y el aumento de los precios de los alimentos”.

“El sector agropecuario se encuentra con que le faltan insumos para producir, gasoil, cubiertas; hay aumento de los precios fertilizantes y de insumos. Hay una incertidumbre total a la hora de producir, por el cambio constante de las reglas de juego, porque las facultades de fijar de derechos de exportación del ejecutivo están vencidas y estamos en un marco inconstitucional de esos impuestos. El productor agropecuario quiere producir más, porque la única manera de salir adelante es produciendo más, no produciendo menos”, afirmó.

En esa línea, el representante formoseño aseguró que “el campo quiere expresar una visión que es totalmente diferente a la del Gobierno, que cobra impuestos antiproductivos, una política tributaria que castiga la producción y el trabajado, que cambia las reglas de juegos o está permanentemente amenazando con hacerlo, que subsidia a sectores que no lo necesitan, que no da certidumbre a la producción”.

 “Ante este contexto, perdemos producción, no adquirimos tecnología y los países vecinos crecen a costa nuestra, por inversión o productores argentinos que se van. Y acá, el país se va empobreciendo más con el Gobierno sólo repartiendo migajas”, concluyó.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) pidieron informes al Gobierno nacional ante los problemas de desabastecimiento de gasoil y sobreprecios registrados en el país. “Está en riesgo la cosecha”, alertó Buryaile.

Mediante el proyecto, los legisladores solicitan conocer las medidas que adoptará la Secretaría de Energía para solucionar los desequilibrios entre oferta y demanda de gasoil que pudieran surgir en los próximos meses. Además, requieren detalles sobre el rol de YPF para sumar volumen en el mercado, y qué tipo de garantías ofrecerán a los consumidores ante los sobreprecios que se están cobrando.

Diversas proyecciones estiman que, para hacer frente a la demanda anual, nuestro país deberá importar 13.500 millones de dólares de los principales combustibles, sobre todo para satisfacer la necesidad en otoño e invierno.

“El país está sufriendo nuevamente el desabastecimiento de gasoil por la diferencia entre precio de venta y el de importación. Este escenario lleva a las petroleras a racionar las entregas a las estaciones de servicio, que aplican cupos de venta por vehículo. Esta situación pone en riesgo la cosecha 2022-2023 y también al desarrollo productivo de la Argentina”, advirtió el formoseño.

Y agregó: “Ante el escenario de incertidumbre actual, aún no conocemos cuál es la planificación económica y financiera que tiene prevista el Gobierno nacional ante el escenario de conflicto internacional, con el impacto económico y logístico que la guerra está generando en los mercados energéticos”.

Buryaile aseguró que se debería discutir en el Congreso si el Gobierno tiene algún plan de incentivo para la industria de los biocombustibles que permitan una mayor utilización en los cortes de los combustibles locales.

“La falta de iniciativa del Gobierno también emerge al constatar que el gasoil que se está comercializando en las estaciones de servicio no posee prácticamente biodiésel”, concluyó el radical.

La iniciativa fue acompañada por sus pares de JxC Mario Barletta; Manuel Aguirre; Soledad Carrizo; Gerardo Cipolini; Gabriela Lena; Juan Martín; Lisandro Nieri; Hugo Romero; Roberto Sánchez; Alberto Asseff; Karina Bachey; Omar De Marchi; Marcela Antola; Gerardo Milman; Laura Rodríguez Machado; Gabriela Brouwer De Koning; Pablo Torello; Paula Omodeo; Claudio Poggi; Laura Castets; Carlos Zapata; Juan Carlos Polini y Virgina Cornejo.

El diputado nacional por la UCR Ricardo Buryaile, se manifestó ante las versiones sobre una posible suba de retenciones y señaló que “el Poder Ejecutivo no está facultado para legislar en esta materia”.

En medio de renovadas versiones sobre una suba de las retenciones para el trigo y el maíz, el ex ministro de Agroindustria de la Nación explicó por qué sería inconstitucional aplicar esa medida: “Si el Gobierno hace tal modificación invocando las disposiciones del artículo 755º del Código Aduanero, ese decreto sería nulo de nulidad absoluta e insanable”, aseguró.

Hola @dmvasco, el aumento de precios 2021/2022 en prendas de vestir y calzado fue del 66,3%, cuando la inflacion fue de 50,7 ¿y si probamos con abrir para que se pueda importar así bajamos los precios? pic.twitter.com/IJMIZrngyr

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) March 13, 2022

En un informe elaborado por el legislador formoseño junto a su equipo de asesores, remarca que la Constitución Nacional “establece que sólo el Congreso Nacional impone contribuciones y es quién tiene la facultad de establecer los derechos de importación y exportación”. Además, Buryaile señaló: “Como si ello fuera poco, la Carta Magna prohíbe la delegación legislativa, la que sólo se podrá considerar en situación de emergencia”.

Finalmente, Buryaile sentenció que “este tipo de políticas han tenido consecuencias nefastas para el sector agropecuario. Solo sirvieron para disminuir los niveles de producción, desmotivar la inversión y privar el ingreso de divisas al país”.

Los diputados de Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) y Federico Angelini (Pro-Santa Fe), presentaron cada cual un proyecto de ley para crear y emitir billetes de 2 mil, 5 mil y 10 mil pesos, según medidas que dispongan el Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda.

“Actualmente, el billete de mayor denominación es el de mil pesos, del 30 de noviembre de 2017, que apenas alcanza para comprar alrededor de u$s5 promedio, según la cotización que se tome. Un detalle no menor es el indicador de que ese billete se quedó sin letras en el abecedario y, por tanto, debe recurrir a la doble letra para no repetir las series de impresiones anteriores”, explicó Buryaile.

Sobre su iniciativa, el formoseño argumentó: “Comprendemos que dichas emisiones generarán un ahorro para el Estado Nacional, dado que el costo de emitir billetes de alta denominación determinarían suplir la gran demanda existente de otras denominaciones más bajas en las que el Estado muchas veces se ve obligado a importar unidades monetarias desde varios países para suplir la demanda como consecuencia de la inflación, y dará mayor agilidad financiera a las personas humanas y jurídicas”.

Además, el radical explicó que “hay tres variables que inciden en lo propuesto: la inflación, la emisión monetaria y la ausencia de un billete de mayor denominación. La economía argentina cumple con las tres, no ajenas a la realidad de la sociedad argentina y en franca sintonía con los vaivenes económicos que recaen en la población toda”.

“Los argentinos tenemos conciencia que, con un billete de mil pesos agotado en sí mismo por la inflación y muchas transacciones que se hacen por fuera de las operaciones virtuales, teniendo que utilizar grandes e incómodas cantidades de papel moneda, son fundamento suficiente para esta propuesta”, concluyó el legislador.

El proyecto fue acompañado por sus pares Fabio Quetglas, Paula Omodeo, Laura Castets, Roberto Sánchez, Gabriela Lena, Rubén Manzi, Pablo Torello, Marcos Carasso, Víctor Romero, Gerardo Cipolini, Jorge Vara, Francisco Monti y Martín Arjol.

“Admitir inflación y ahorrar en emisión”, encabezó Angelini y explicó: “Presenté un proyecto para que el Poder Ejecutivo y el Banco Central adopten las medidas para crear billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos. Le ahorraría al Estado unos US$ 400 millones en costos de emisión”.

En ese marco, agregó: “El Gobierno debe admitir la inflación actual, sin buscar culpables ajenos, e imprimir billetes de mayor denominación que le permita ganar en costos, espacio, seguridad y tiempo a pymes, bancos, comercios y grandes empresas de logística”.

En tanto, del diputado del Pro comparó: “El de $ 1.000, en el 2017, equivalía a U$S 57, según el cambio oficial de ese momento. Hoy, con el mismo billete, se pueden comprar US$ 4 blue y US$ 9,5 oficial. Así, el billete de mayor denominación en Argentina es el 2do de menor valor en Latinoamérica, después de Venezuela”.

El diputado radical Ricardo Buryaile (Formosa) presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el artículo 755 del Código Aduanero, el cual le da el poder al Ejecutivo de fijar los aranceles de exportación e importación y argumentó que según la última reforma constitucional es “atribución del Congreso definir las tasas arancelarias”.

“La propuesta es que el Ejecutivo eleve, junto con el Presupuesto, todas las posiciones arancelarias y los pedidos de aranceles para que el Congreso pueda o no ratificarlos y convertirlos en ley”, precisó en diálogo con Espacio Radical.

En ese sentido, remarcó que “hay que ajustarse a la Constitución Nacional del ‘94 y evitar que el Ejecutivo se arrogue facultades que tienen que ver con funciones legislativas”.

“Derogar el artículo 755 es complicado, porque no solamente hay que pensar en las posiciones arancelarias de los principales cultivos, sino de todos los cultivos que se exportan e importan y el Legislativo no lo puede hacer”, argumentó el diputado.

El Código Aduanero fue sancionado por la dictadura militar en 1981. En su artículo 755, atribuye al Poder Ejecutivo la posibilidad de definir sobre la política arancelaria. Luego, con la reforma de 1994, la Carta Magna, en su artículo 75 inciso 1, le brinda esta facultad al Congreso de la Nación.

La iniciativa solicita que el Ejecutivo envíe sus propuestas todos los años para que el Congreso las apruebe. También propone, entre otras cosas, modificar el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, que es el que establece de qué manera se presenta el Presupuesto.

“No tratar el proyecto conlleva un peligro, ya que la Justicia podría suspender, en los casos que se solicite, los derechos de exportación. Al no regir la emergencia económica, las facultades extraordinarias dadas al Ejecutivo ya no rigen tampoco”, expresó Buryaile.

Y cerró: “Hoy por hoy, los derechos de exportación, también conocidos como retenciones, se estarían cobrando de manera irregular”.

Existen dos antecedentes de fallos de la Corte Suprema de Justicia que establecen que el Poder Ejecutivo no puede fijar aranceles sin previa autorización del Poder Legislativo. En suma, hay un antecedente al proyecto de Buryaile, que es una iniciativa presentada por la exdiputada Elisa Carrió en 2019, ´pero, a diferencia del impulsado por el radical, buscaba terminar con el artículo en cuestión del Código Aduanero.

El proyecto lleva las firmas de los diputados radicales Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Mario Barletta, Jorge Vara, Pamela Verasay, Julio Cobos y Soledad Carrizo, entre otros.

El diputado nacional Ricardo Buryaile presentó un proyecto para modificar la Ley de Emergencia Agropecuaria. Propone elevar el monto del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, cuyo valor actual es de 500 millones de pesos a 6 mil millones de pesos. “Los recursos actuales han quedado desactualizados y es necesario que sean ajustados en términos reales”, consideró. 

El Fondo de Emergencia tienen como función, entre otras, las de financiar los programas, proyectos y acciones para mitigar y recomponer los daños ocasionados por la emergencia y/o desastre agropecuario. 

“En la Argentina estamos atravesando por diferentes situaciones de extrema complicación y seguramente, serán los productores agropecuarios los más afectados, ya que la situación que se avecina desde el punto de vista climatológico no es la más alentadora”, aseguró el legislador radical, y agregó: “Creemos necesario que el Estado cuente con las herramientas disponibles y los fondos suficientes para poder paliar contingencias”.  

Buryaile sostiene que se debe considerar el efecto climatológico denominado La Niña, para nuestra región y país. En ese sentido, el informe de Perspectiva Agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de diciembre de 2021, es muy claro y se destacan grandes sequías y un régimen térmico con grandes amplitudes, en el que se alternarán fuertes calores y cortos, pero marcados descensos térmicos con un panorama de lluvias muy irregular para la cosecha fina y gruesa del 2021/2022.  

“En los años ‘Niña’ las regiones agrícolas de la Argentina reciben entre 20% y 30% menos de lluvias que las normales dependiendo de la intensidad del evento y hay algo que agrava esta situación, sería por cuarta vez en 35 años otra campaña gruesa afectada por dos ‘Niñas’ consecutivas. Y para los cultivos de soja y maíz eso tiene muy malos antecedentes”. 

El proyecto propone que los recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios asignados a los beneficiarios directos para mitigación serán para aportes no reembolsables para gastos de inversión para construir instalaciones, equipamiento, mejoras fundiarias u otras inversiones que reduzcan la vulnerabilidad de los productores agropecuarios; establecer líneas de crédito especiales o garantizar por sí o través de sociedades de garantías recíprocas tales créditos destinados a financiar gastos de inversión y capital de trabajo para las medidas estructurales de mitigación en el establecimiento agropecuario y períodos de gracia de hasta 2 años incluso estableciendo bonificaciones de tasas o tramos no reembolsables. 

Esta iniciativa se suma a un paquete de propuestas agroindustriales elaboradas por Buryaile como la que pide modificar el artículo 755 del Código Aduanero y que el Congreso disponga de la facultad permanente de controlar los aranceles que el Poder Ejecutivo pretenda cobrar. 

Acompañan esta iniciativa los diputados Mario Barletta, Pamela Verasay, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Martín Arjol, Víctor Romero, Lisandro Nieri, Gabriela Lena, Manuel Aguirre, Soledad Carrizo, Lidia Ascárate, Ximena García y Gustavo Carasso.

PROYECTO-5038-D-2021

Diputados nacionales del bloque UCR, encabezados por Ricardo Buryaile, presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 755 del Código Aduanero. Además, se propone que el Poder Ejecutivo deberá enviar junto con el Presupuesto Nacional la totalidad de posiciones arancelarias que pretenda imponer en el ejercicio, para que el Congreso Nacional tome conocimiento y, de acuerdo a sus atribuciones, resuelva la procedencia o no de cada una, sancionando en definitiva la ley que corresponda.

Buryaile, autor de la iniciativa, sostuvo que “el Código Aduanero que se dictó en 1981 durante el gobierno de facto es anterior a la sanción de la Constitución de la reforma del ’94. Por ello, advertimos que los artículos 664 y 756 del Código Aduanero deberían ser derogados, ya que la Carta Magna ha impuesto al Congreso la facultad de legislar sobre materia aduanera y así establecer los derechos de importación y exportación”.

También, el proyecto busca derogar el artículo 644 del Código Aduanero, por ser lo dispuesto una atribución del Congreso y modificar el artículo 26 de la Ley 24.156 en concordancia con el texto propuesto para el artículo 755 del Código Aduanero, según lo ordenado por la Constitución Nacional.

“Se crea así un mecanismo procedimental que ordena el trabajo de cada poder del Estado, respetando por cierto el mandato constitucional, la misma Constitución prevé que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en determinadas materias de administración o emergencia pública, con el correspondiente aval del Poder Legislativo, quien establece las bases y plazos de la delegación”, apuntó el legislador formoseño.

En ese sentido, remarcó que “el Poder Ejecutivo, sin una delegación de facultades por parte del Congreso no puede tomar como propia la facultad de legislar sobre materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación. Puesto que, si lo hiciere, dicha decisión sería de nulidad insalvable”.

“Está más que claro que, los artículos 755 y 756 del Código Aduanero no tienen posibilidad de ser utilizados sin una ley del Congreso y tampoco son necesarios porque las pautas de determinación, plazos y bases de delegación deben ser también consignados por el Poder Legislativo de la Nación. Lo más armónico para compatibilizar las normas con la Constitución Nacional es propiciar la reforma y derogación que se propone en la propuesta de ley que presentamos”, destacó el radical.

Asimismo, en los argumentos del texto se indica que “la Corte Suprema ha expresado categóricamente que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que no sea el Poder Legislativo, el establecimiento de impuestos, tasas y contribuciones. Esta doctrina surge del fallo Camaronera Patagónica SA S/Amparo c/Ministerio de Economía de la Nación, de 2014”.

La iniciativa fue acompañada por Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Mario Barletta, Jorge Vara, Pamela Verasay, Julio Cobos, Soledad Carrizo, Fernando Carbajal, Víctor Romero, Ximena García, Jorge Rizzotti, Marcos Carasso, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini, Juan Martín, Roberto Sánchez, Juan Carlos Polini, Francisco Monti y Manuel Aguirre.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR – Formosa), se refirió a la implementación de cupos a la exportación de trigo y maíz y aseguró que “las medidas que lanzó el Gobierno, como aumentos en los derechos de exportación, solo benefician a los grandes exportadores en detrimento de los productores y consumidores”.

Cabe recordar que a través de la resolución 276 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se determinó que la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la cartera agrícola “publicará los volúmenes de equilibrio para cumplimentar la demanda del mercado argentino correspondientes a los productos de origen agrícola comprendidos dentro del régimen creado por la Ley N° 21.453 (norma que creó las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior -DJVE-…). Dicho de otra forma, los volúmenes por los cuales no puede haber mayor exportación.

En declaraciones televisivas, el exministro de Agroindustria afirmó que las decisiones tomadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por Domínguez: “Desalientan la inversión, quitan previsibilidad en el sector y fomentan la sojización del país”. “Son una “pésima medida”, remató.

Buryaile remarcó que “con la implementación de los cupos aparece la discrecionalidad. Y cuando hay arbitrariedad y discrecionalidad en la administración, se fomenta la corrupción”. Finalmente insistió en que “Argentina necesita dólares; y a productos como el trigo, el maíz y la carne, que generan aproximadamente 15 mil millones de dólares, les aplican este tipo de medidas. Es un disparate”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) manifestó su repudio por el ataque al canal de noticias Chacra TV, y señaló que se trata de un “gravísimo hecho que daña la democracia”.

“Las autoridades deben de manera urgente investigar este ataque e identificar a los responsables”, reclamó luego que un grupo de personas cortaran los cables de electricidad del edificio ubicado en la localidad de Vicente López.

El legislador opositor enfatizó que “esto no se trata de un hecho aislado”, y recordó que recientemente el Grupo Clarín “sufrió un atropello de similares características”, en el que arrojaron bombas molotov sobre las instalaciones del multimedio. Para el radical, “el Gobierno siembra intolerancia y odio y cosecha violencia”.

El formoseño consideró que “hechos de esta naturaleza afectan los derechos fundamentales declarados en nuestra Constitución Nacional, como lo es la libertad de expresión. Este tipo de acciones y posicionamientos no se circunstancian con la democracia”.

Finalmente, Buryaile relacionó que “el vaciamiento del carácter democrático de nuestro sistema institucional es resultado del abuso de poder y la impunidad que los argentinos vivenciamos recientemente con el tercer juicio oral que evita Cristina Kirchner en un año, y con el sobreseimiento en sus causas de corrupción”.

Durante la reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, que duró cuatro horas, los diputados de Juntos por el Cambio Luciano Laspina y Ricardo Buryaile fueron los únicos opositores que le realizaron preguntas al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Laspina, vicepresidente de la comisión, fue el único representante de su espacio que asistió de manera presencial, un hecho que remarcaron varios de los oficialistas que hablaron, y que además criticaron duramente a la gestión anterior.

Al momento de abrir la ronda de preguntas, Laspina fue el primero. “Me parece bien plantear el ‘nunca más’ al endeudamiento, lo cual necesariamente implica el ‘nunca más’ al déficit fiscal. Sin lo uno no hay lo otro”, arrancó.

El santafesino rechazó que se hable de “un déficit bueno cuando el que gobierno soy yo, y un déficit malo cuando el que gasta es el gobierno de otro color político”. “Varios de los miles de millones de dólares que se han mencionado en endeudamiento (del gobierno de Cambiemos) fueron para pagar los muertos que quedaron en el placard” del gobierno kirchnerista, defendió.

“¿Por qué si se hizo todo bien Argentina tiene el riesgo país más alto del planeta?”, se preguntó, al tiempo que subrayó que “hace 10 años que no crecemos; hay un modelo agotado, que ha llegado a su fin”. Y definió que ese modelo “ahoga a las empresas, al sector privado con impuestos”.

Para el macrista, de la situación en la que está el país solo se podrá “salir con un gran acuerdo político”.

En su intervención, Laspina apuntó que “el año pasado se emitieron 1,7 billones de pesos para financiar el déficit fiscal”. “Alberto Fernández tiene uno de los déficit fiscales más alto de la historia económica argentina, solo comparable al Rodrigazo del ’75, al déficit fiscal del ’82, ’83 con la guerra de Malvinas, incluso mucho mayor que la crisis de 2001, y quizás parecido al que heredó Macri en 2016”, enumeró.

Y advirtió que “lo que aumentó mucho fue nuestra deuda con CER, que no es nuestra moneda local el CER, el CER es una unidad de ajuste, una indexación”, y detalló que ese incremento fue de 29 millones de dólares.

A su turno, conectado de manera virtual, Buryaile le exigió a Guzmán que dé “una visión de qué va a pasar con la economía argentina”. Al alertar que este año el déficit sería del 5%, el formoseño repasó que “el Estado se financia con emisión monetaria, con suba de impuestos, con endeudamiento o, si existieran, con reservas”.

“Usted dijo ‘no vamos a ajustar el gasto’. ¿Qué piensa hacer el Gobierno en manera explícita para solucionar el déficit que tiene y cumplir con estas obligaciones (de deuda)? ¿Piensa seguir subiendo los impuestos?”, planteó el radical.

Entre varias consultas, el legislador opositor preguntó “qué va a pasar con los mínimos no imponibles y deducciones del impuesto a las Ganancias”, si se “van a actualizar por inflación las escalas de monotributo” o qué sucederá con impuestos que “se han subido transitoriamente”, al mismo tiempo de que “si se va a prorrogar el aporte a las riquezas”.

Al responder, Guzmán sostuvo: “Nosotros no hablamos de déficit buenos o déficit malos en nuestra construcción de la política económica, lo que hablamos es de la sustentabilidad fiscal y de la capacidad del Estado para llevar adelante las políticas públicas”.

“Consideramos que el Estado debe cumplir un rol fundamental de protección y de apuntalar la recuperación económica”, continuó el ministro de Economía, que señaló que entre el Gobierno y la oposición se ven “las diferencias de visión”. “Para nosotros achicar el Estado como medio para reducir el déficit fiscal solamente contribuye a la imposibilidad de crecimiento”, graficó.

El funcionario expresó: “Estamos convencidos que hicimos lo que era bueno y sano para Argentina. Cada una de las políticas económicas las defendemos y celebramos”.

En relación a la deuda ajustada por CER, explicó que se está “emitiendo deuda en CER a una tasa de interés real, que está sustancialmente por debajo de la tasa de crecimiento de la economía, la cual la hace sostenible”. Y defendió que “la estrategia de endeudamiento en pesos es absolutamente sostenible”.

En el tramo en el que contestó a Buryaile, Guzmán insistió que “todas las medidas tributarias que se han llevado a cabo se han hecho con un criterio de fortalecer la sostenibilidad fiscal, fortalecer la progresividad y tener un ambiente más estable que favorezca la inversión en Argentina”.

“El mínimo no imponible de Ganancias se va a estar actualizando este año, producto de que la variación del RIPTE es distinta a la que está en la Ley de Presupuesto”, adelantó, y dijo que se hará para que los trabajadores “puedan efectivamente disfrutar del beneficio” que promovió la ley votada en marzo de este año y “se circunscriba quienes están gravados a la población objetivo”.

La decisión del Gobierno de Formosa de restringir el derecho la libre circulación mediante el uso del transporte público interurbano de pasajeros aéreo y terrestre en la provincia, está siendo revisada por la Justicia Federal a raíz de una acción de amparo presentada por diputados nacionales de Juntos por el Cambio encabezados por Ricardo Buryaile, junto a comerciantes de Formosa, amparados en los derechos de todos los ciudadanos afectados por estas restricciones.

“De manera arbitraria, discrecional y sin certeza alguna, las decisiones del gobierno cercenan el derecho de todos los habitantes de la Nación y en particular de los formoseños, conculcando con lo establecido por la Constitución Nacional”, destacó Buryaille.

Las restricciones datan desde el 18 de marzo de 2020 por resoluciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, en el marco de las políticas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional a raíz de la pandemia. En julio se cumplirán 16 meses de la suspensión del transporte, mientras que en el resto de las provincias del país se encuentra habilitado y funcionando hace más de 9 meses.

“El servicio de transporte público interurbano es una actividad esencial para el traslado de personas a costos razonables”, afirmó Buryaile y explicó que quienes necesitan trasladarse dentro o fuera de Formosa por motivos de estudio, trabajo, salud o para circular libremente, deben hacerlo pagando altísimos costos de taxis o remises que los llevan hasta el límite interprovincial y de allí hasta el aeropuerto o terminal de ómnibus más cercana.

La situación afecta el desarrollo personal y socioeconómico de la comunidad. Así, “la acción de amparo interpuesta busca que se garantice el pleno ejercicio del derecho a circular libremente por el territorio, y garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos”, concluyó Buryaile.

El diputado radical Ricardo Buryaile aseguró este martes que “la decisión del Gobierno de cerrar las exportaciones de carne marca la desorientación que tiene el equipo económico en controlar la inflación”, y recordó que “es implementar medidas que ya fracasaron”.

Al respecto, el formoseño recordó que “Néstor Kirchner cerró las exportaciones en 2006 produciendo un daño enorme a la cadena cárnica: 12 millones de cabezas, 15 mil puestos de trabajo, más de 140 plantas frigoríficas cerradas, y la desaparición de pequeños y medianos productores”.

“El Gobierno ha puesto trabas a las exportaciones de trigo mediante mayor burocracia administrativa y ahora cierra las exportaciones de carne; el problema en definitiva es la inconsistencia que tiene el programa económico, cuando asumieron dijeron que no tenían plan económico. Hoy está a la vista que no tienen plan económico, ni plan sanitario, tampoco tienen plan educativo”, criticó el exministro de Agroindustria, durante el gobierno de Cambiemos.

Para el legislador, “medidas como las que se están implementando, sacan al país del contexto del mercado internacional de alimentos: Argentina debe ser un proveedor confiable para el mundo y para el mercado interno”.

“Cerrar las exportaciones significa destrozar a toda la ganadería, significa perder mercados que luego ganarán Brasil, Uruguay, Paraguay, Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos”, advirtió Buryaile y remarcó que “recuperar un mercado es mucho más difícil que ganarlo”.

El diputado de Juntos por el Cambio recordó que Argentina había empezado a cumplir con la cuota Hilton que se había perdido con el kirchnerismo. “Aún, 15 años después, no hemos recuperado el stock de 61 millones de cabezas que teníamos”, cuestionó. Y ratificó: “Van a destruir la ganadería y, lo peor, es que creen que están haciendo las cosas bien”.

El radical sostuvo que el anuncio se trata de una decisión “irracional, impensada, inconducente. Lo único que hacen es destruir fuentes de trabajo. Lo único que deberían hacer es controlar la inflación, tienen que tener un plan antiinflacionario. La inflación no se controla cerrando exportaciones”.

“Es una decisión irracional, inconducente, improvisada que lejos de traer seriedad al país ahuyenta las inversiones. Argentina necesita generar inversión, trabajo, oferta de producción y esta es una decisión que va a contramano de eso”, concluyó.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo Buryaile manifestó su rechazo al proyecto de ley anunciado por el presidente para que el Congreso le otorgue mayores facultades extraordinarias para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. El representante formoseño, dijo que “delegar facultades a un Poder Ejecutivo, que ya demostró su incapacidad para solucionar el problema, sería repetir la historia y caer nuevamente en el mismo error”. 

Buryaile sostuvo que, en plena pandemia, con casi 3 millones de personas infectadas y casi 64 mil muertos, es “una idea trasnochada” pedir concentración de poder para hacer “demagogia electoral”, fustigó. En ese marco, recalcó: “Los integrantes de la Cámara de Diputados debemos sostener la Constitución Nacional y bajo ningún aspecto entregar facultades que le permitan al Poder Ejecutivo cercenar derechos de los ciudadanos o intervenir de hecho a provincias que quieran ejercer su autonomía”. 

Explicó que será el Jefe de Gabinete, quien hace más de 275 días que no da explicaciones al Congreso e incumple así con su obligación que surge de la Constitución, quien deberá trabajar en equipo con los diputados y senadores para encontrar la mejor solución para los argentinos, puesto que “el Gobierno nacional ha demostrado su total inoperancia e ineficacia en la resolución de los problemas”. 

Por otra parte, Buryaile expuso sus críticas a la gestión de la pandemia. “Es responsabilidad absoluta del Gobierno Nacional la situación sanitaria de la Argentina, han privilegiado los negociados con amigos sobre la salud pública”, planteó el diputado. Además, “han descuidado la economía, y no han podido conseguir vacunas suficientes ni a tiempo para los argentinos” agregó.  

Finalmente, aseguró que la tasa de contagios y fallecimientos distaría mucho de las estadísticas actuales si hubiesen obrado sin especulaciones políticas y comerciales. “Es incomprensible que no puedan explicar que no aceptaron la oferta del principal laboratorio proveedor de los antígenos en el mundo para favorecer a otro que nunca entregó siquiera una sola dosis”, concluyó. 

El presidente de la bancada de Frente de Todos en la Cámara alta, el senador José Mayans (Formosa), pidió la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en lugar de su prórroga hasta septiembre, como se viene planteando. Argumentó que considera preferible evitar el gran costo de realización de esos comicios en este contexto y destinar ese dinero a la lucha contra el Covid-19.

“En lugar de estar gastando en una interna, como son las PASO, este año tendríamos que descartarlas e invertir todo ese dinero en más insumos y equipamiento para el país y más vacunas”. “Primero superemos la emergencia”, alegó el legislador formoseño en diálogo con La Mañana de Formosa.

Mayans consideró que las Primarias “no deberían hacerse hasta tener por lo menos al 50% de la población vacunada. No podemos hablar de campañas políticas, tenemos que buscar que ese gasto se use con la lucha contra el Covid-19. La Capital Federal está pidiendo 50 respiradores, insumos y ampliar el número de camas. También el conurbano bonaerense, y todo eso es presupuesto”.

El oficialismo y la oposición ya habían logrado acuerdo en la postergación de las PASO para el 12 de septiembre y de las elecciones generales para el 14 de noviembre. A modo de prevención de futuras modificaciones, Juntos por el Cambio solicitó una cláusula de respeto de la legislación electoral vigente para así asegurar la realización de las Primarias.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (JxC-Formosa) le contestó a Mayans que “no se puede cambiar un calendario electoral de acuerdo a la conveniencia de un partido. Ellos -por el PJ- ya lo hicieron en 2009 y quieren hacerlo ahora, pero hay que respetar el cronograma establecido”. Agregó que “tiene que haber previsibilidad porque ya estamos en el proceso electoral”.

Para el diputado opositor, Mayans “debería plantearse no sólo la fecha, sino cambiar el sistema anacrónico de elecciones que tenemos, que sigue prohibiendo votar a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y a los que viven en el extranjero. Acá facilitamos a los extranjeros que viven aquí que puedan votar en elecciones de sus países, pero no les dejamos elegir a los argentinos que viven afuera”.

Al respecto del argumento del jefe del bloque de Frente de Todos en el Senado de usar el dinero para comprar más vacunas, Buryaile contestó que “el problema de las vacunas es la pésima gestión del Gobierno nacional, no la falta de plata. No se compraron porque privilegiaron negocios, amigos. Argentina vacunó solamente al 13% de su población”.

Terminaba la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa cuando el diputado radical Ricardo Buryaile pidió la palabra. No fue para referirse a un tema de la agenda, sino para defenderse por una acusación en su contra por parte de su coterráneo José Mayans, jefe del bloque oficialista en el Senado y titular de la comisión.

Es que Mayans había insistido, en la sesión de este jueves, en que Buryaile abordó un vuelo cuando estaba contagiado de Covid.

“Usted dijo ayer que yo había tomado un avión teniendo síntomas de Covid. Usted ha faltado a la verdad”, arrancó el radical, pero el oficialista no lo dejó terminar: “Si vamos a entrar a discutir el desastre que fueron a hacer a Formosa… no quiero entrar en esa discusión, no corresponde a la comisión”.

Entre quejas de Buryaile, Mayans volvió a denunciar que la oposición “fue a Clorinda a hacer un acto político, ¡y ahora tenemos 1.200 casos de coronavirus y 70 muertos!”.

Entonces intervino el senador cordobés Ernesto Martínez (Pro) para intentar calmar las aguas con su habitual sentido del humor. “Cada uno seguirá haciendo política por su lado, como corresponde. Comuníquele al gobernador (Gildo) Insfrán que luego de la versión y las buenas noticias que nos ha dado el diputado Buryaile, hay fuerte peligro de que se salve y va a seguir siendo oposición en la provincia de Formosa”.

Ante el comentario de Martínez, Mayans remató con ironía: “Ojalá que siga siendo oposición porque no sacan más del 20% en Formosa, así que sigan siendo por muchos años más…”.

La diputada nacional Vanesa Massetani (Frente de Todos) solicitó mediante una cuestión de privilegio que la comisión evaluadora de los certificados de exención de presencialidad elabore un informe sobre el accionar del diputado radical Ricardo Buryaile, para luego evaluar las sanciones que correspondieren, en caso de comprobarse negligencia, o comisión de algún delito contra la salud pública. Esto, en referencia al viaje en avión entre Chaco y Buenos Aires que realizó el formoseño siendo portador de Covid-19.

“En virtud de la insuficiente explicación que brindó el diputado Buryaile a este cuerpo y teniendo en cuenta que dicho accionar es negligente, irresponsable y violatorio de las normas de prevención en el marco de la pandemia, es que este cuerpo no puede mirar para otro lado dejando un pésimo mensaje que la responsabilidad social solo va a pesar en nuestros ciudadanos y no en nosotros mismos”, consideró la diputada del Frente de Todos. 

“Quiero recordarle a este cuerpo que cuando tuvimos una conducta reprochable dentro de nuestro bloque fuimos inflexibles, por lo tanto solicito a nuestros pares que no tengan un doble estándar con los propios”, sentenció Massetani.

“Estamos ante un posible delito penal como es violar las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la propagación de una epidemia. Quiero recordar que esta Cámara posee normas específicas que las hemos elaborado entre todos. Incluso existe en esta Cámara una comisión que previo a cada sesión presencial, evalúa los certificados médicos”, destacó la legisladora por Santa Fe.

Y agregó: “Atento a la gravedad de la conducta de público conocimiento, es pertinente, necesario y urgente que dicha comisión se expida e informe sobre la conducta de dicho diputado de abordar un avión sin saber el resultado y habiendo admitido que días posteriores tuvo síntomas”.

La diputada santafesina ya había sido precedida por un acalorado intercambio entre Ricardo Buryaile y Graciela Parola, luego del pedido de la oficialista de expulsar al radical por inhabilidad moral tras haber viajado de Chaco a Buenos Aires siendo Covid positivo.

Los diputados por Formosa Ricardo Buryaile (UCR) y María Graciela Parola (Frente de Todos) se trenzaron en la sesión de este sábado en la Cámara baja luego de que la oficialista acusara al radical de haber viajado de Chaco a Buenos Aires siendo Covid positivo.

Recientemente, Parola reveló que Buryaile tomó un vuelo sin tener el resultado del hisopado y habiendo tenido síntomas en los días previos, razón por la cual presentó un proyecto para expulsarlo de la Cámara baja por inhabilidad moral.

Como respuesta, el legislador de Juntos por el Cambio, conectado a la sesión de este sábado en forma remota, presentó una cuestión de privilegio contra Parola y encaró su defensa.

El radical argumentó que Parola quiso “difamar, desprestigiar, calumniar y ensuciar” su trayectoria política, acusándolo “de inhabilidad moral” por haber tomado un vuelo hacia Buenos Aires desconociendo que tenía coronavirus. “Puede pasarle a cualquiera de ustedes”, señaló.

Luego, expuso la cronología de cómo recibió su PCR positivo: “El día 19 de marzo tengo un análisis negativo porque para recorrer Formosa hay que tener PCR negativo. El 23 de marzo, previo a viajar a Buenos Aires para la sesión, me hisopo nuevamente sin tener el resultado hasta el otro día. Los formoseños no tenemos vuelos a nuestra provincia, tenemos que viajar al Chaco. El resultado no lo tuve. El vuelo de Chaco salió a las 14.10, nunca tuve el resultado”.

“Llegué a Buenos Aires y a las 9 de la noche me llamaron y me dijeron ‘Ricardo, tenés Covid positivo’. Nunca tuve conocimiento del Covid que tenía, sino no hubiera viajado. Lo primero que quiero dejar en claro es que nunca tuve conocimiento fehaciente de tener Covid antes del vuelo a Buenos Aires”, aclaró Buryaile.

Luego endureció su discurso: “Inhabilidad moral sería si una mujer tiene un aborto espontáneo, le hacen un legrado y la dejan tirada en un pozo; inhabilidad moral es avalar que se chupe a la gente a la 1 de la mañana y llevarlos a los uno de 188 centros de aislamiento que funcionaban como centros de detención; inhabilidad moral es avalar la represión con gases lacrimógenos vencidos en el 95’”.

“Yo soy un hombre de la política, no del odio” y ahora “nos acusan de asesinos”, lamentó.

La acusación de Parola

Tras el discurso de Buryaile fue el turno de Parola, quien acusó al radical de cometer “una grave y negligente conducta que ha puesto en riesgo la salud de un montón de gente, no solo los que viajaron con el diputado sino quienes han tenido contacto con él antes y después del vuelo”.

“Es de público conocimiento que el diputado abordó un vuelo siendo Covid positivo”, dijo, y agregó que no busca estigmatizar a los contagiados, sino que “lo que se cuestiona es la actitud y la conducta reprochable de un diputado de la Nación”.

Parola denunció que legisladores de la oposición “se han fundado en los fueros para saltear los controles sanitarios”. “Eso fue lo que fueron a hacer a Formosa y lo que ha fomentado siempre este diputado que hoy llora lágrimas de cocodrilo”, lanzó.

La formoseña aseguró que “la causa de los contagios que tenemos hoy son todas esas manifestaciones, esas aglomeraciones que han realizado”, y advirtió que “mientras ellos se manifestaban en Clorinda, hoy la ciudad con más contagios y más muertes en la provincia, fallecía nuestro primer médico en la línea de batalla contra el Covid”, Enrique Servian.

Luego, la diputada lamentó que “se ofenden si salen panfletos con sus caras pero ellos pueden tener acá a Gildo Insfrán vestido de preso”, en alusión a una imagen que pegó en su banca Mónica Frade (Coalición Cívica).

“No vi la foto de (Horacio) Rodríguez Larreta cuando amontonó a los abuelos en el Luna Park; no vi la foto de Larreta cuando privatizó las vacunas y las entregó a las prepagas; no vi la foto del ministro de Salud de Corrientes, que se llevaba en su camioneta 900 dosis de vacunas; no vi la foto del intendente de Olavarría, que ni bien empezó la campaña de vacunación echó a perder 400 dosis; no vi la foto de Gerardo Morales, que se abalanzó sobre los trabajadores en una brutal represión”, retrucó Parola.

La diputada Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para endurecer las penas y las multas contempladas en los artículos 202, 203 y 205 del Código Penal. Se trata de evitar conductas irresponsables de infractores de las medidas de protección en materia de salud pública, que pongan en riesgo la salud y la vida de la población en el marco de la pandemia de la Covid-19.

Actualmente el Código Penal establece cuáles son los delitos contra la salud pública y sus respectivas multas en los artículos 202 y 203, mientras que el artículo 205 establece las penas y multas para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Para los dos primeros artículos, a tono con las sanciones más duras que aplicaron otros países, el proyecto de Vallejos refuerza las penas y las multas, mientras que para el artículo 205 duplica las sanciones vigentes si la violación se produce en el marco de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de una emergencia sanitaria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, como ocurre al momento.

Vallejos sostuvo que es “imperioso” y “urgente” el tratamiento del proyecto (0943-D-2021) frente a la suba de casos en países limítrofes y la mayor circulación de variantes del virus SARS-CoV-2. “Considero imperioso y urgente el tratamiento del presente proyecto ante la amenaza y el riesgo sanitario sin precedentes que enfrenta nuestro país, especialmente ante el ingreso de las variantes del SARS-CoV-2 provenientes de Brasil, Reino Unido y África y el notable aumento de casos en Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, a efectos de proteger la salud pública, obligación inalienable del Estado Nacional en esta pandemia”, afirmó la legisladora en los fundamentos.

Modificaciones al Código Penal

Ante la gravedad de esta situación, la iniciativa busca modificar los tres artículos mencionados. En el caso del artículo 202, establece una multa equivalente entre 15 y 600 Salarios Mínimo Vital y Móvil, y mantiene la pena de tres a quince años de prisión para quien “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

En tanto, en el artículo 203 modifica la multa vigente fijada en $5.000 a  $ 100.000, estableciéndola en una multa entre 5 y 100 Salarios Mínimo Vital y Móvil. Refiere a los casos en los que “alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”. Además, si tuviera como resultado enfermedad o muerte conserva la prisión de seis meses a cinco años.

En el artículo 205, establece una multa entre 5 y 100 Salarios Mínimo Vital y Móvil, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Asimismo, las sanciones establecidas se duplicarán si la violación se produce en el marco de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de una emergencia sanitaria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto  comulga con las medidas que tomó el gobierno nacional para cuidar la salud y la vida de la población argentina, ante la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación a la Covid-19. Además de la campaña de vacunación que avanza en cada una de las jurisdicciones, el gobierno suspenderá desde el sábado los vuelos provenientes de Brasil, Chile y México, y mantiene la misma medida para Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, debido a los crecientes casos de Covid-19 en esos países y la circulación de nuevas variantes del SARS-CoV-2.

A su vez definió a través de la decisión administrativa 268/2021 publicada ayer en el Boletín Oficial que todos los viajantes deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina, otro examen al llegar al país y uno más al séptimo día de ingreso, con el costo económico a cargo del pasajero. La medida entrará en vigencia el sábado. A su vez, entre las decisiones de cuidado de la salud, el Ejecutivo había prorrogado la emergencia pública en materia sanitaria -establecida por la Ley  27.541- hasta el 31 de diciembre de 2021, a través del Decreto 167/2021 publicado el 11 de marzo.

Vallejos presentó el proyecto un día después de la denuncia pública contra el diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Formosa, Ricardo Buryaile, quien viajó en avión desde Resistencia hasta la CABA con un resultado positivo de Covid-19, según señalaron el periodista Alejandro Crivisqui y la diputada nacional Graciela Parola. “Sabía que era positivo y viajó igual a Buenos Aires en un acto profundamente irresponsable”, cuestionó la formoseña Parola.

Qué establecen las sanciones en otros países

En Colombia, las medidas se realizaron a través del decreto 457, y el mismo cuerpo hace una remisión al Código Penal local, ya que especifica que quien quebrante lo allí establecido y las medidas sanitarias impuestas, deberá responder de acuerdo con lo normado en el artículo 368 del Código Penal colombiano. Este dispone de manera clara y contundente que toda persona que viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, merecerá la pena de prisión de cuatro a ocho años. Sumado a ello, tendrá que cargar con las multas que establece el Decreto 780 de 2016, de hasta lo equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales.

En Chile, las sanciones pueden ser multas pecuniarias, o incluso hasta penas privativas de la libertad, como lo señala el artículo 318 en su Código Penal. “El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales”.

En Europa, el gobierno español estableció cuáles son las sanciones frente al incumplimiento de las normas a través del 463/2020, que hace una remisión al artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, que a su vez esta última delega en legislaciones posteriores el régimen sancionatorio, que abarca diversas leyes con variadas multas que van de 100 a 30.000 euros, y en casos muy graves de hasta 600.000 euros. Además, el artículo 556 del Código Penal español establece la pena de tres meses a un año de prisión para aquellos que incurran en el delito de desobediencia contra la autoridad o sus agentes.

Por su parte en Italia incumplir las medidas tomadas por el gobierno en pos de mitigar la propagación del virus, es considerado delito. Las autoridades distribuyen un documento en el que los ciudadanos deben identificarse, establecer el motivo de su desplazamiento y en el mismo documento, figura la sanción que será aplicable en caso de incumplimiento de las medidas dispuestas a nivel nacional. En ese orden, aquellos que realicen desplazamientos injustificados deberán responder con multas de hasta 3.000 euros o con hasta tres meses de prisión, por la violación al artículo 650 del Código Penal italiano.

Por último, en Rusia su Parlamento endureció las sanciones ante el incumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas, disponiendo que en aquellos casos en los cuales, como consecuencia de la infracción, muera una persona, el infractor será penado con una multa de hasta 2 millones de rublos o cinco años de prisión y podrían llegar a siete en caso de que fallezcan dos o más personas.

La diputada nacional Graciela Parola (FdT-Formosa) presentó un proyecto de declaración para expulsar de la Cámara baja al diputado Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) por haber viajado con Covid-19 en avión de Chaco a Buenos Aires. “Ha cometido una inconducta que ha puesto en riesgo la salud y la vida de las personas, especialmente en este contexto de pandemia mundial por Covid-19, que estamos atravesando”, denunció Parola.

“Esto es así, dado que el diputado, habiendo mantenido contacto estrecho con personas Covid positivo y habiéndose testeado el día 24/03/2021 para salir de la provincia de Formosa (donde el test realizado resultara detectable), abordó un avión ese mismo día en la ciudad de Resistencia (Chaco) de la línea Aerolíneas Argentina (AR 1780) con destino a la ciudad de Buenos Aires, a los fines de participar de las actividades legislativas en el Congreso de la Nación, violentando los protocolos sanitarios establecidos”, explicó la diputada oficialista.

La formoseña planteó dos escenarios posibles de lo que pudo suceder con Buryaile: “Abordar un avión ya sea desconociendo el resultado de un testeo previo o, lo que podría resultar más grave aún, conociendo el mismo y ocultándolo para poder llevar adelante el viaje”. Consideró que “es una clara conducta más que impropia para cualquier ciudadano, y más aún para un legislador nacional”.

Parola hizo referencia al protocolo de Aerolíneas, que dispone que “en ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de ‘caso sospechoso’ o la condición de ‘caso confirmado’ de Covid-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N°260/20, su modificatorio y normas complementarias”.

“A todas luces se observa que la conducta imprudente, negligente e impropia del diputado Buryaile” sostuvo, a lo que agregó que “no puede decir que desconoce los protocolos de las líneas áreas puesto que por sus funciones viaja constantemente por diferentes medios de movilidad”.

Finalmente, la diputada de Frente de Todos advirtió sobre los fueros parlamentarios que “bajo ningún punto de vista debe permitirse el abuso y la mala utilización para satisfacer intereses personales, adjudicarse potestades que de ninguna manera los fueros nos conceden, o lo que es más grave aún, para fundamentar el incumplimiento de medidas sanitarias y de bioseguridad”.

“De este modo queda más que en evidencia la clara inhabilidad del diputado Ricardo Buryaile para permanecer en el cargo que el pueblo le ha confiado, ante tamaña inconducta puesto que minimizarla sería entonces desconocer todo el trabajo y el esfuerzo cotidiano que desde hace más de un año se vienen desarrollando en los gobiernos provinciales y en el Gobierno Nacional para detener el avance de la pandemia de Covid-19, que tantas vidas de compatriotas ha costado. Por todos los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de resolución”, concluyó.

Buryaile, por su parte, había decidido contar que tenía Covid-19 en su cuenta de Twitter este jueves, declaración que recibió gran cantidad de respuestas negativas y de acusaciones. Luego, el diputado utilizó su perfil para compartir publicaciones acerca de cómo se “estigmatizan positivos”.

Hola a todos! Quería contarles que me realice un hisopado y el resultado fue positivo a COVID. Estoy bien, asintomático, cumpliendo con todas las indicaciones. Espero recuperarme pronto.
Agradezco la infinidad de mensajes de quienes se han preocupado por mi salud. ¡Saludos!

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) March 25, 2021

Ante el aumento de casos de coronavirus, las autoridades de Formosa cerraron la capital provincial por 14 días y volvieron a imponer allí la fase uno de aislamiento, lo que implica la suspensión de todas las flexibilizaciones que habían habilitado. Una decisión que despertó críticas en la oposición.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) expresó que  “hoy, a casi 12 meses” del inicio de la pandemia “en la provincia la única receta que pareciera tener el gobierno provincial y que se aplica sistemáticamente es el aislamiento de los ciudadanos”. “Se trata de más de lo mismo”, sentenció.

La decisión en la ciudad de Formosa se tomó ante 17 casos positivos de Covid-19 sobre una población de más de 350.000 habitantes. “Vuelve a fase uno, y los trabajadores del sector público deben ir a trabajar, mientras que los del sector privado no pueden hacerlo”, advirtió el legislador.

Para el exministro de Agroindustria, las consecuencias económicas del sector privado son irreparables: “Cientos de restaurantes, bares, hoteles, gimnasios, entraron en quiebra. A esto se le suma la pérdida de los puestos de trabajo. La desaparición del sector privado es inexorable”.

“La solución, mientras no esté la vacuna, es la responsabilidad social, el trabajo mediante protocolos y que el sistema de salud esté pronto para atender las consecuencias de la pandemia”, dijo Buryaile en un comunicado.

Finalmente, insistió en que “el aislamiento y las cuarentenas no eran para que fueran eternas, sino para preparar los sistemas de salud”, pero transcurrido un año “todavía seguimos con el único remedio del aislamiento obligatorio, mientras que las vacunas brillan por su ausencia”.

Igual que lo hicieran los senadores de la oposición el viernes, desde el bloque de diputados de Juntos por el Cambio reclamó la presencia en el Congreso del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para explicar “cómo desde una sede ministerial nacional operaba una sala al margen de los establecimientos habilitados para el común de los argentinos y las argentinas, para ser utilizada como dispensario de la vacuna del Covid-19 para los amigos y amigas del poder”.

Así lo expresa el pedido de interpelación presentado por el diputado radical Ricardo Buryaile, que lleva también la firma del presidente del bloque, Mario Negri, Gustavo Menna, Claudia Najul, Miguel Bazze, Karina Banfi, Gabriela Lena, Lidia Ascárate, Luis Pastori, Diego Mestre, Atilio Benedetti, Hugo Romero, Estela Regidor, Jorge Rizzotti y José Luis Riccardo., en el que recuerdan que fue el mismo Gobierno nacional el que publicó el orden establecido para poder vacunarse bajo el título “¿Quiénes tienen prioridad para recibir la vacuna?” en el sitio web del Ministerio de Salud. Y tras hacer referencia a “la vergonzosa puesta a la luz de un vacunatorio VIP en un piso del citado ministerio”, advierten que “fue el mismo Gobierno que violentó sin razones y sin escrúpulos el orden por él creado”.

El proyecto hace referencia a funcionarios municipales, provinciales y nacionales que “pasaron por encima de las prioridades publicadas y pisotearon los derechos emanados de la Constitución Nacional, en donde la igualdad de derechos es una expresión máxima de nuestra Carta Magna”.

No alcanza con responsabilizar a un ministro por la acción vergonzosa, corrupta e inmoral que envuelve a todo el gobierno. Por eso solicitamos con @diputadosucr la INTERPELACIÓN de @SantiCafiero y pedimos informe sobre el listado completo de personas que fueron vacunadas. pic.twitter.com/rQ10Y97v7T

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) February 20, 2021

El ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, actual diputado nacional por Formosa del bloque UCR y del interbloque JxC, decidió responder por escrito a las amenazas que hizo el primer mandatario del país Alberto Fernández a los productores agropecuarios, quien advirtió este domingo sobre la posibilidad de instaurar nuevamente cupos a las exportaciones y subir las retenciones.

Lo hizo a través de una carta abierta publicada en Facebook, donde el legislador responsabilizó al presidente de endilgarles a los productores la inflación y amenazarlos con instaurar cupos a las exportaciones o subir las retenciones, pero desconoce -apuntó- que “los productores no tienen capacidad real de influir en el precio final que pagan los consumidores. Nunca la amenaza puede ser una invitación al diálogo”.

“Presidente, usted les pide a los productores que presenten una propuesta de desacople de precios, ignorando cómo funcionan las cadenas de valor, es decir cómo se forman los precios desde el productor primario hasta el consumidor final. Sería bueno que entienda que el desacople de precios al que usted hace referencia en un diario está dado en primer lugar por el desdoblamiento cambiario entre el dólar oficial y el dólar MEP. Un productor argentino, en el caso del trigo y del maíz, recibe un 50 por ciento menos en pesos de lo que recibe un productor de Paraguay, Brasil o Uruguay. En el caso de la soja los productores argentinos reciben un tercio de lo que reciben los productores de los otros países de la región”, señaló Buryaile.

El exministro de Cambiemos sostuvo que “los productores agropecuarios no son formadores de precio, son tomadores de precios, no hay cartelización en este rubro porque se multiplica por miles los productores a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo puede pedirle al primer eslabón que determine el precio que paga el consumidor cuando ni siquiera puede incidir en el propio precio al que vende su producción?”.

Agregó Buryaile que “el productor agropecuario no tiene capacidad de influir en los impuestos nacionales y provinciales, en el precio del transporte y mucho menos en las utilidades que reciben los intermediarios y supermercadistas”.

“Antes de hablar y lanzar estas amenazas, presidente, usted debería saber cuál es la incidencia del valor al que los productores venden sus productos sobre el precio que el consumidor paga en los supermercados. En el caso del valor del trigo, éste tiene una incidencia de solo el 10 por ciento sobre el precio del pan, en el caso del maíz la incidencia en el precio de la carne vacuna es de entre el 15 y 22 por ciento y en el precio de la carne aviar es del orden del 20 por ciento”, detalló Buryaile, quien cuestionó al mandatario por pedirles a “quienes no controlan entre el 80 y 90 por ciento de la cadena de valor que sean los responsables de fijar el precio final de los productos. Usted sabe que esto es imposible. Solo está escondiendo la intención de recaudar 400 millones de dólares adicionales a los más de 10.000 millones de dólares que va a recaudar en 2021 por las retenciones”.

Para Buryaile, restablecer los cupos de exportación significará “volver a la política de la tristemente famosa ONCCA-Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, que reinó durante el kirchnerismo y que fue un antro de discrecionalidad y corrupción”. Y agrega que “esta política ya fracasó y a los únicos que benefició fue a los grandes exportadores, es como poner a un zorro a cuidar un gallinero, porque lo primero que sucede cuando se establecen cupos es la depresión de los precios internos, lo que lleva a los productores a mal vender sus productos a los exportadores quienes, cuando logran acceder a un cupo, venden todo a precio pleno. Mientras existió la ONCCA, los exportadores tuvieron una utilidad de un tercio extra a cuando ésta no existía”.

Buryaile concluye reclamando “una política económica, fiscal y monetaria seria para luchar contra la inflación en lugar de poner como enemigos número uno de la sociedad a los productores agropecuarios”.

Los diputados nacionales de Formosa Ricardo Buryaile y Mario Arce (UCR) acompañaron este jueves a la delegación del interbloque de Juntos por el Cambio que viajó hasta la provincia gobernada por Gildo Insfrán, en su recorrida por Clorinda, la segunda ciudad en importancia del distrito. Esta comitiva está integrada por el radical Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos; Waldo Wolff, del Pro, que preside la Comisión de Libertad de Expresión, y Mónica Frade, del bloque CC-ARI. 

Este viernes, junto al senador Luis Naidenoff, brindarán una conferencia de prensa en la capital provincial.

“La ciudad de Clorinda lleva 159 días de bloqueo y recién hoy el Gobierno provincial decidió extender el horario de los comercios y sacó las vallas que estaban en el ingreso”, explicó Buryaile. Respecto a la flexibilización de la cuarentena que dispuso la administración de Insfrán luego del escándalo que se generó por las denuncias de violaciones de derechos humanos en los centros de aislamientos, el ex ministro de Agroindustria señaló: “Es cierto que ahora son menos días de aislamiento, pero nosotros sostenemos que la cuarentena debe ser domiciliaria y que las fuerzas de Seguridad deben estar abocadas a controlar que quien transite por la calle no sean personas que deben estar aisladas. Sólo aquellos ciudadanos que no pueden aislarse en sus viviendas, porque tienen un solo cuarto, por ejemplo, deben estar en centros de aislamientos, pero en estos centros debe haber condiciones dignas”.

Por su parte, Sergio Arce señaló que “fue muy importante el acompañamiento a los vecinos de la ciudad de Clorinda, ciudad bloqueada de la cual la gente no puede entrar ni salir. Se escucharon testimonios conmovedores que hacen principalmente a situaciones que tuvieron que vivir, violaciones de derechos humanos, exceso policial. Por eso seguimos ampliando las denuncias contra Gildo Insfrán, contra las funcionarios responsables, con las presentaciones correspondientes en la Justicia Federal y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Arce insistió en que la visita de los diputados nacionales “abre una esperanza de que a la brevedad se pueda volver a la normalidad en Clorinda. Que pueda ser desbloqueada para poder acceder a un derecho constitucional como es el de la libertad de circular en todo el territorio”.

Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, explicó que “escuchamos testimonios que nos parecen increíbles a esta altura de la vida, nos remiten a cuestiones que ocurrían en los años 70 en Argentina, es increíble el estado policial que hay”.

“Nos hemos encontrado con gente que ha padecido el sufrimiento todos estos meses de estos centros que tienen un régimen más carcelario que sanitario, donde prácticamente no hay médicos, tienen que pedir por whatsapp permiso para ir al baño, les toman la fiebre a través de las rejas”, amplió Salvador.

También criticó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, “quien lo único que hizo Formosa fue venir a convalidar todo esto que es lamentable”.

Ricardo Buryaile contó que los tres diputados de JxC que viajaron a Formosa  también pudieron tomar contacto el miércoles en la capital provincial con abogados que patrocinan las denuncias y con ciudadanos que sufrieron graves violaciones a sus derechos. “La conclusión general que queda es que estas personas estuvieron aisladas en los centros, pero no tenían contacto con médicos, sólo con policías. Esto equiparaba la situación a una detención más que a un aislamiento sanitario”, resumió Buryaile.

Al referirse a la situación de Clorinda, Salvador dijo que “es una realidad increíble, totalmente aislada, el vecino no tiene acceso a la salud, no puede ir a Formosa por algo básico como un reuma o por algo complejo como un cáncer, y la verdad que la gente acá está con mucha bronca porque no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la economía local, y tampoco a la justicia porque está coartada”.

También remarcó que con lo documentado realizarán acciones, más allá de las tomadas hasta ahora en el Congreso de la Nación, y consideró que “lo más importante es que se visibilice”.