Tal cual habían anticipado, cinco integrantes del interbloque llegaron este miércoles a la provincia para analizar la situación de las personas aisladas.
En el marco de la polémica que envuelve a la provincia de Formosa por el tratamiento de las personas contagiadas o sospechosas de tener Covid-19, un grupo de diputados de la oposición llegó este miércoles a ese distrito para recorrer in situ el territorio y verificar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Llegaron a la provincia Waldo Wolff (Pro), Mónica frade (Coalición Cívica) y Sebastián Salvador (UCR), quienes se reunieron con los diputados formoseños Ricardo Buryaile y Mario Arce, ambos radicales, para recorrer la provincia.
De entrada nomás, según detalló el diputado Wolff en su cuenta de Twitter, las autoridades les pidieron que se hisoparan, más allá de tener uno oficial realizado el día anterior. “Lo hicimos voluntariamente”, aclaró Wolff, que agregó con ironía: “Qué bueno hubiese sido que todos hubiesen podido ejercer el derecho de entrar a su provincia con mismos requisitos. Empezamos la recorrida”.
El diputado nacional participó del encuentro que legisladores provinciales y representantes locales de la UCR mantuvieron con el secretario de Derechos Humanos.
El diputado nacional Ricardo Buryaile participó este jueves de la reunión que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, mantuvo con legisladores provinciales y representantes de la UCR de Formosa, luego de las denuncias por malas condiciones en los centros de aislamiento dispuestos por la gestión de Gildo Insfrán.
El legislador aseguró que “la reunión fue muy buena” y el funcionario mostró “predisposición”, además de escuchar “los planteos que le hicimos con los concejales y los diputados provinciales”.
En diálogo con el canal TN, el radical reveló que reclamaron por “la violencia institucional” y “la situación de no más tolerancia a este tipo de encierro”.
Asimismo, conversaron sobre la detención días atrás de dos concejalas y “lo que pasa con las comunidades de no tolerancia más a este tipo de encierro, sea para la cuarentena de ingreso o para los casos de contactos estrechos”.
“(Pietragalla) se comprometió a trabajar. Dijo que él trabajaba en silencio. Lo noté sincero”, agregó el diputado de Juntos por el Cambio, que afirmó: “Queremos que la cosa cambie”.
Buryaile criticó a la gestión de Insfrán por “la violencia institucional que muchas veces viene desde el propio gobierno, con descalificación a la oposición, la prensa y la justicia”.
Finalmente, el formoseño dijo que sigue siendo “cauteloso”, pero que mantiene “expectativas” tras el encuentro con Pietragalla.
Previo al encuentro con los diputados provinciales, el secretario de DD.HH. estuvo reunido con la concejala Gabriela Neme, mientras que más tarde se reunió con representantes de organizaciones de derechos humanos.
En la tarde de este jueves, Pietragalla tiene previsto brindar una conferencia de prensa.
En tanto, el miércoles, cuando llegó a la provincia, estuvo con el gobernador Gildo Insfrán y autoridades de su gabinete y luego recorrió los centros de alojamiento preventivo y centros de asistencia sanitaria.
Diputados del Juntos por el Cambio quieren que esos funcionarios nacionales se expresen en el recinto respecto de la situación que atraviesa la provincia de Formosa.
El diputado nacional Ricardo Buryaile, junto a otros compañeros del interbloque de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de resolución para interpelar en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Es a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores nacionales por diversas cuestiones jurídicas de la provincia de Formosa respecto a la situación que viven los formoseños en los denominados “Centros de Aislamiento” provinciales en clara violación a los Derechos Humanos.
“En Formosa, se están dando hechos gravísimos que no sólo están circunscriptos al ámbito de la política y de las cuestiones sanitarias, sino que ya han pasado el umbral de claras violaciones a los derechos humanos de las formoseñas y formoseños”, afirmó Buryaile .
El exministro de Agroindustria de la Nación afirma que en la provincia, se implementó el “Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de Personas a la provincia de Formosa”, y que “lamentablemente este sistema ha dado lugar a incontables arbitrariedades, algunas de ellas tan graves, que son una clara afrenta a los derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales vigentes en nuestro país”, aseguró.
Buryaile recordó que oportunamente como diputado de la Nación, meses atrás elaboró una denuncia formal ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre una serie de hechos en los que he manifestado las diversas situaciones violatorias de los Derechos Humanos en suelo formoseño. “Muy detalladamente, denunciamos ante las autoridades nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las claras violaciones a los Derechos Humanos y a los fallos judiciales por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Formosa, imponiendo supuestas medidas sanitarias se excedan en aquellos principios y garantías que precisamente busca proteger, deviniendo su irracionalidad en medidas autoritarias y restrictivas claramente violatorios de las libertades constitucionales”, afirmó el legislador nacional.
En los centros de aislamiento, “las condiciones habitacionales distan muchísimo de lo que podría considerarse ‘digno’, siendo espacios compartidos sin refrigeración, camas sin distanciamiento correspondiente y sin derecho a la intimidad”, fustigó Buryaile. La difícil situación se vio intensificada en la jornada del pasado 21 de enero, cuando dos concejalas, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, participaron de una manifestación para reclamar por las “condiciones inhumanas” en un centro de aislamiento de la capital provincial, y fueron apresadas por la policía provincial durante más de una hora. “Éste es un capítulo más de todos los excesos que se cometen en Formosa”, sostuvo el diputado.
El proyecto de resolución presentado sostiene que “una pandemia nunca puede ser utilizada para ir en contra de los principios democráticos y republicanos. Hoy estamos viviendo un claro abuso de la autoridad en todos los niveles”. Además, menciona que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “debe ser el encargado de fortalecer el sistema de Derechos Humanos en nuestro país y velar por su cumplimiento, respeto y protección”.
Finalmente, Buryaile remató: “Estamos a la espera y exigimos una urgente respuesta y medidas concretas en resguardo de los derechos de los formoseños y formoseñas que están siendo vulnerados por parte del Poder Ejecutivo provincial”.
El diputado radical pidió que “sean respetados los derechos individuales” de 7.500 formoseños que se encuentran varados sin poder entrar a la provincia.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) presentó este miércoles una cuestión de privilegio contra el gobierno de Formosa por las restricciones en el ingreso de propios formoseños a la provincia.
El radical habló del cierre a los comprovincianos y criticó la implementación de una página web, con solicitud de turnos, la cual “no es transparente” y si se pide un turno hoy, “la fecha es para marzo de 2021”.
“Hay gente que desde el mes de abril ha solicitado turnos y no ha podido entrar”, señaló y precisó que “de 13 mil formoseños que lo solicitaron, hay 7.500 formoseños varados”. “Estamos enfrentando una crisis humanitaria”, exclamó.
El legislador recordó que ante estas situaciones, muchos ciudadanos “empezaron a recurrir a la justicia” y “ante ello 800 casos se han pronunciado en Formosa dando la posibilidad de hábeas corpus”, pero “esto ha apelado la provincia de Formosa”.
“Queremos que puedan ingresar administradamente cumpliendo las normas sanitarias”, reclamó y criticó “la ausencia del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla” y de la titular del INADI “(Victoria) Donda que debe estar en Entre Ríos todavía”, en referencia a la toma de la Estancia Casa Nueva días atrás.
Para concluir, Buryaile solicitó que “los derechos individuales sean respetados” y “no haya revanchismo”. “Pido racionalidad de las autoridades de mi provincia y de la política”, añadió.
Los diputados Carmen Polledo y Ricardo Buryaile le pidieron al presidente de la comisión que convoque al ministro de Salud, pero el oficialista respondió que este lunes concluyeron las reuniones informativas.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, rechazó un pedido de sus pares Carmen Polledo (Pro) y Ricardo Buryaile (UCR) para convocar al ministro de Salud, Ginés González García, al debate sobre el Presupuesto 2021.
Heller informó que las reuniones informativas terminaron este lunes con las exposiciones de los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social).
Polledo planteó que “estamos tratando un Presupuesto especial porque ha sido elaborado en el marco de una pandemia”, y consideró que al igual que los ministros mencionados, “debería venir el ministro de Salud, no solo por la importancia que ha adquirido su área en este contexto, sino también porque la situación sanitaria impacta en todo el Presupuesto”.
“Me sorprende que no haya una voluntad del Gobierno y del ministro de participar”, expresó la diputada del Pro, y aprovechó para pedir también la presencia del responsable de Educación, Nicolás Trotta.
Sin embargo, Heller le aclaró que se acordó “una agenda razonable” para el tratamiento del proyecto, y destacó que tanto los ministros como los secretarios del Ministerio de Economía que participaron el viernes pasado “han contestado todo tipo de preguntas y con toda la amplitud”.
El radical Buryaile insistió con el tema: enfatizó que “la visita del ministro de Salud tiene gravitación y es central”, y se preguntó “qué va a pasar con el Presupuesto en la medida en que sigamos con el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio)”.
También advirtió que en el proyecto del Poder Ejecutivo “no están presupuestados ni el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) ni el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción)”.
Pero Heller recordó que el ministro Martín Guzmán, en ocasión de su presentación ante la comisión, “dijo que este es un proyecto elaborado sobre la base de la superación de la pandemia y que eventualmente tendrá todos los ajustes que tenga que tener”.
“Si hace falta conseguir alguna información especial más, yo seré el vehículo para conseguirla”, garantizó el oficialista, y por último anunció que antes de que termine la semana convocará a una nueva reunión para comenzar con el debate del Presupuesto entre los diputados.
A pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo citará a la titular de la AFIP, aunque Heller aclaró que “hay que respetar la confidencialidad de la información” del ente recaudador.
Al comienzo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y a pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó convocar para la próxima reunión a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para que explique los alcances del proyecto de aporte solidario sobre las grandes fortunas.
Fue el radical Ricardo Buryaile quien solicitó la presencia de Marcó del Pont para que informe sobre “la cantidad de contribuyentes y el estimado de la recaudación del impuesto”, aunque, de entrada, Carlos Heller le aclaró que no se trata de un impuesto.
“No es un impuesto, es un aporte, diputado, disculpe que lo corrija…”, comentó el presidente de la comisión, aunque Buryaile aclaró que “no lo iba a convencer” y que “en la legislación tributaria no existe el concepto de aporte; sí existen impuestos, tasas y contribuciones”.
“Si es un aporte, puede ser voluntario”, insistió el radical, por lo que Heller anunció, minutos más tarde, que se corregirá el proyecto aclarando que el aporte será “obligatorio”, para evitar distintas interpretaciones.
Además, el oficialista especificó que “este no es un gravamen de Bienes Personales, sino que toma como base la declaración de Bienes Personales, que es otra cosa”.
Respecto de la información solicitada por Buryaile y la presentación de Marcó del Pont, Heller explicó: “Hemos trabajado sobre estimaciones porque no tenemos acceso a la información de la AFIP, que tiene una confidencialidad que debemos respetar”.
El presidente de la comisión dijo que se hicieron “proyecciones sobre declaraciones de años anteriores”. “Según la información que yo tengo, ni siquiera todavía se han completado las presentaciones de las declaraciones juradas de 2019”, añadió.
Por su parte, Javier Campos (Coalición Cívica) pidió consultarle a Marcó del Pont “cuál es el registro de contribuyentes que han abandonado la residencia fiscal del país desde diciembre del año pasado” y que ahora se verían impactados por la suba en Bienes Personales y, además, por el aporte solidario.
Sin embargo, Heller respondió que la AFIP no estaría en condiciones de brindar esa información. “No creo que ese dato esté disponible”, dijo.
Así lo afirmó el diputado radical Ricardo Buryaile, quien rechazó de plano el aumento del IVA a la leche y dijo que si el oficialismo quiere avanzar este viernes con la aprobación, desde la oposición tendrán que “votar en contra”.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) afirmó que desde Juntos por el Cambio solicitarán al oficialismo en la Cámara de Diputados que el proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Poder Ejecutivo sea tratado en sesión la semana próxima, y no ésta misma, como pretende el Frente de Todos.
El formoseño recordó que el proyecto “de 128 páginas” ingresó “el fin de semana” y “lo que están haciendo es mandarnos un presupuesto”, más que una ampliación. “Técnicamente está mal hecho, porque no se pueden incluir cuestiones de impuestos permanentes en las leyes de presupuesto”, señaló.
En ese sentido, el legislador adelantó que si se busca “votar a libro cerrado una ley tan importante, tendremos que votar en contra”. Asimismo, enfatizó que el interbloque opositor no aceptará “la suba de la leche”.
En declaraciones a radio La Red, el exministro de Agroindustria explicó que “el sachet de leche por ley estaba exento del IVA; siempre estuvo al 0%”, mientras que “las leches aditivadas tenían un IVA del 21,5% y (el expresidente Mauricio) Macri las bajó al 10,5%”. Pero lo que hace ahora el Gobierno es “llevar la leche de consumo masivo del 0% al 10,5%”.
“Es decir, las leches que compra la gente que tiene muchos más recursos van a bajar”, apuntó y remarcó: “La leche de consumo masivo va a tener un aumento de precio, por más que digan que no. Esto ya lo había hecho Néstor Kirchner en 2006 cuando gravó el pan francés”.
El radical consideró que “lo que pueden” argumentar desde el Gobierno “es que en la cadena comercial tratan de unificar las alícuotas del IVA”. Sin embargo, resaltó: “Los impuestos indirectos, como es el IVA, son los impuestos más injustos porque no identifican la capacidad contributiva de la persona”.
“A la leche, por la importancia que tiene en la canasta básica, por lo que se necesita en los chicos, y por los que menos tienen, no se le puede subir el IVA”, aseguró Buryaile. Y completó: “Lo que hay que hacer para una buena política social y tributaria es devolver parte del IVA a los consumidores con menos recursos”.
Un proyecto del radical Ricardo Buryaile prevé compensaciones y pagos a cuenta para compensar las pérdidas consecuencia de la pandemia.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) presentó un proyecto de ley para la creación de un régimen temporal de compensaciones y pagos a cuenta de tributos para MiPyMEs. “Tenemos que pensar en la pandemia y en la post pandemia”, afirmó el diputado nacional por Formosa, haciendo referencia a la grave crisis económica y financiera que está atravesando el sector privado a raíz del Covid-19.
La iniciativa tiene el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas para los contribuyentes, quienes podrán mediante esta normativa utilizar créditos fiscales y compensar con diferentes tributos, inclusive con los correspondientes a seguridad social.
El proyecto procura que todas las PyMES que hayan visto mermada su actividad comercial sustancialmente durante la cuarentena, tengan un tratamiento de emergencia para recuperar el capital de trabajo y sostener el empleo.
“Proponemos que se exima de anticipo de ganancias del año 2021, y que otros tributos que hagan frente puedan imputarlos como pago a cuenta de impuesto a las ganancias. Es decir, que todos los créditos fiscales puedan imputarse a futuros impuestos que se devenguen” subrayó Buryaile.
Cabe recordar que el universo MiPyME incluye alrededor de 600.000, que representan el 99.6% del total de unidades económicas y aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado.
A raíz de la crisis, muchas de esas empresas, han gastado sus ahorros. A su vez, se enfrentan a una situación del consumo en recesión. En este contexto, son 61.000 MiPyMEs las que están evaluando cerrar. Con este proyecto se intenta dar un paliativo tributario para el sector, que en este contexto resulta ser una herramienta fundamental.
La iniciativa del legislador nacional radical Ricardo Buryaile busca crear un régimen temporal de compensaciones y pagos a cuenta de tributos para MiPyMEs.
El diputado nacional radical Ricardo Buryaile presentó un proyecto de ley para la creación de un régimen temporal de compensaciones y pagos a cuenta de tributos para MiPyMEs. “Tenemos que pensar en la pandemia y en la post pandemia”, afirmó el legislador por Formosa, haciendo referencia a la grave crisis económica y financiera que está atravesando el sector privado a raíz del Covid 19.
La iniciativa tiene el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas para los contribuyentes, quienes podrán mediante esta normativa utilizar créditos fiscales y compensar con diferentes tributos, inclusive con los correspondientes a seguridad social.
El proyecto procura que todas las PyMEs que hayan visto mermada su actividad comercial sustancialmente durante la cuarentena, tengan un tratamiento de emergencia para recuperar el capital de trabajo y sostener el empleo.
“Proponemos que se exima de anticipo de ganancias del año 2021, y que otros tributos que hagan frente puedan imputarlos como pago a cuenta de impuesto a las ganancias. Es decir, que todos los créditos fiscales puedan imputarse a futuros impuestos que se devenguen” subrayó Buryaile.
Cabe recordar que el universo MiPyME incluye alrededor de 600.000 empresas, que representan el 99.6% del total de unidades económicas y aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado.
A raíz de la crisis, muchas de esas empresas, han gastado sus ahorros. A su vez, se enfrentan a una situación del consumo en recesión. En este contexto, son 61.000 MiPyMEs las que están evaluando cerrar. Con este proyecto se intenta dar un paliativo tributario para el sector, que en este contexto resulta ser una herramienta fundamental.
Fue en la Comisión de Agricultura, cuando el oficialismo rechazó un proyecto por solo un voto de diferencia, con un diputado opositor sin poder sumar el suyo por teléfono.
La primera reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja celebrada bajo la modalidad remota no ofrecía a priori elementos para la discordia. Más bien lo contrario. Apenas había un proyecto que exhibía discrepancias y por eso se dejó para el final, tal cual anticipó al inicio de la reunión el titular de la comisión, el oficialista José Ruiz Aragón.
Lo cierto es que esa iniciativa y su tratamiento dio tela para cortar.
Por tener que retirarse luego por cuestiones personales habló al principio el diputado riojano Danilo Flores, autor de un proyecto que beneficia al sector olivícola. Valoró que esa área “representa materia exportable y fuentes de trabajo para muchas familias”, y en ese sentido contó que su iniciativa atiende la cuestión del riego, que tiene un “altísimo costo, sobre todo energético, con tarifas dolarizadas”. Algo que hace de esa actividad “inviable”, sino fuera por la asistencia provincial para pagar las facturas. Así las cosas, el proyecto propone la creación de un Registro Nacional de Regantes Olivícolas Electrointensivos, a fin de relevar la cantidad de productores y beneficiarlos. Una iniciativa que en la comisión de asesores fue modificada, atendiendo a que a productores de provincias vecinas les pasaba lo mismo y se terminó haciendo “más inclusiva”.
Otras dos iniciativas relacionadas con la actividad apícola fueron fusionadas. Las mismas atienden a promocionar la producción de un producto que favorece la necesidad de exportación que tiene la Argentina. Se recordó en ese sentido que nuestro país es el segundo exportador a nivel mundial y tercero en producción a nivel mundial.
Entre las iniciativas propuestas, una de la diputada Norma Abdala de Matarazzo, que pide al Ejecutivo se disponga el emplazamiento de una delegación del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la provincia de Santiago del Estero, fue objetada por el exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. Conocedor del área, valoró la importancia del INV y preguntó a la autora la finalidad de ese pedido, atendiendo a los problemas presupuestarios del mismo. Como no estaba presente la diputada para defender su iniciativa, se atendió un pedido de Facundo Suárez Lastra de “ver qué opina el Instituto” y verificar si presupuestariamente es viable lo que pide la diputada santiagueña, por lo que se decidió hacer las consultas pertinentes antes de dictaminar.
Se llegó finalmente al proyecto que presentaba diferencias, que consistía en que la Cámara de Diputados expresara su pesar por el fallecimiento de Emilio Juan Gimeno, un referente argentino de la sanidad animal, que en los 90 fue presidente de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Falleció el pasado 14 de febrero, y el homenaje es impulsado por el diputado del Pro Hernán Berisso.
Tomó la palabra la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe, quien compartió con sus pares “algunas omisiones en las que cae el proyecto”. Aclaró que lo hacía “sin desmedro de la persona en cuestión, sin desmedro de que sus familiares, colegas y seres queridos puedan penar su fallecimiento, o incluso sin dejar de considerar sus conocimientos y aportes científicos”, se estaba omitiendo que “fue director del Senasa en el 80, plena dictadura cívico militar, presidencia de Jorge Rafael Videla”. La diputada kirchnerista aclaró que el Senasa recién en 1996 se estableció como un organismo descentralizado, destacó que “la dictadura cívico-militar fue sostenida también por actores de la sociedad civil” y recordó además que ese organismo tiene trabajadores desaparecidos.
“No me parece una omisión menor y lamento que no haya constado en el proyecto de resolución; por eso el Frente de Todos no va a acompañar este proyecto de resolución”, concluyó.
Intervino entonces el diputado radical Facundo Suárez Lastra, quien aclaró que tenía la disposición de acompañar a su bloque, “si no surge ninguna imputación directa a la acción personal (de Gimeno) que no sea su participación en un período determinado de la historia como funcionario”. De tal manera pidió conocer si había “una imputación directa. Quisiera saber si hay algo más concreto. Por lo que está planteado por Floerncia, me da para acompañar a mi bloque, pero no quisiera acompañar si hay alguna participación directa. Algún cargo específico y concreto”.
Luego de que Florencia Lampreabe aclarara que había quedado “explícito” que el cargo que se le hacía era haber sido “un funcionario designado por la dictadura” y que no estaba haciendo “una imputación directa”, se procedió a la votación.
Quince diputados adhirieron al homenaje -los de los integrantes de Juntos por el Cambio y el exCambiemos Pablo Ansaloni- y 16 negativos, sobre 31 diputados. “El expediente entonces queda en comisión”, señaló el presidente de la comisión, justo cuando el diputado Buryaile le informó que el diputado Alfredo Cornejo reportaba por teléfono su apoyo, pues tenía problemas de conectividad. Como ya había sucedido con la anterior votación, Ruiz Aragón recordó que tanto el mendocino como el resto de los que no habían podido registrar su voto “van a tener todo el día para adherir”.
Sin embargo intervino ahí el subdirector de Comisiones, para aclarar que “si el resultado es que no se dictamina, el proyecto no se va a subir para la firma”. Luego aclaró que el protocolo prevé que el voto se registra “a viva voz o por firma digital”. Y agregó: “Como el proyecto no estaría llegando con la cantidad de firmas”, quedaba archivado. Y respecto de Cornejo, recordó que “tampoco tiene firma digital. En el caso de que no pueda hacer su voto a viva voz, no será registrado”. Buryaile preguntó si no había posibilidad de postergar la firma y el funcionario le aclaró que para subir el proyecto a la plataforma tiene que haber acuerdo.
“Lo que esto está demostrando es que hay gente que quiere votar y no puede, hay que tener en cuenta eso”, apuntó entonces el diputado Pablo Torello, a lo que el subdirector de Comisiones le aclaró que “el protocolo no lo hizo la dirección”.
Antes de concluir la reunión de Agricultura y Ganadería, pidió la palabra la diputada Lucila Lehmann (Coalición Cívica-ARI) para advertir que en esa comisión se estaba obviando el “contexto muy hostil con el sector agropecuario” que se está viviendo y más allá del valor de las iniciativas analizadas no se habían abordado los proyectos de repudio a hechos de vandalismo que se vienen registrando. Eso a pesar de ser casos que van “en contra del Estado”, pues “el 80% de la producción que se vandalizó era para las arcas del Estado. Es importantísimo que esta Cámara repudie lo que viene sucediendo y que el Gobierno ponga los elementos que puedan tener para proteger la vida”.
Se quejó Lehmann también de que el Gobierno había anunciado al mantener las retenciones que habría segmentaciones, pero eso no sucedió. Preguntó entonces cuándo van a reintegrar el dinero que se le está sacando a los pequeños y medianos productores, y concluyó: “Reunirnos en estos momentos y no tocar esos elementos que son de fondo, no es bueno y no es un buen mensaje para nuestros ciudadanos”.
El diputado Javier Campos preguntó entonces si había “alguna razón de fondo” para no hacer lo que pedía su compañera de bancada. Esto es, expresar su repudio hacia lo que son hechos delictivos.
“Usted presenta un proyecto y se trata en la comisión”, le dijo el diputado Ruiz Aragón, a lo que Lehmann volvió a intervenir para insistir en que había varios proyectos presentados a los que no se les había dado lugar para tratar en la comisión. “Bueno, los tratamos en la próxima”, cerró el presidente de la comisión.
Mario Negri, Ricardo Buryaile y Jorge Vara quieren que las funcionarias expliquen las medidas tomadas para investigar y prevenir los ataques vandálicos contra el campo.
Diputados de la UCR encabezados por el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, presentaron este jueves un proyecto de resolución para convocar a las ministras de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Marcela Losardo, a la Cámara baja por la destrucción de silobolsas en varias localidades del país.
Los legisladores quieren que las funcionarias den cuenta de las medidas tomadas para investigar y prevenir los ataques vandálicos que están sufriendo los productores agropecuarios y conocer también si existe algún plan para evitar la propagación de dichos actos de violencia contra la propiedad privada rural, especialmente contra silobolsas.
Junto a Negri firmaron el proyecto de resolución Ricardo Buryaile, exministro de Agroindustria; Atilio Benedetti, extitular de la Comisión de Agricultura; y Jorge Vara, exministro de Producción de Corrientes.
Los diputados radicales reclaman la concurrencia de Frederic y Losardo para evaluar detalladamente esta situación, que se está propagando a lo largo y ancho del país.
“En función de las explicaciones e informaciones brindadas por las ministras se podrá evaluar con mayor precisión la necesidad de realizar ajustes normativos, determinar si la actual legislación constituye una causa efectiva de los llamativos y recientes ataques a los productores agropecuarios, y considerar y evaluar las futuras estrategias para desalentar este tipo de delitos”, explican en los fundamentos.
De esa forma, los diputados se diferenciaron del titular de la Cámara, Sergio Massa, que en las últimas horas presentó un proyecto de ley para tipificar el delito de “vandalismo rural”.
Negri, Buryaile, Benedetti y Vara sostuvieron que el Código Penal ya cuenta con sanciones “para quienes cometan el delito de daño y además prevé el agravamiento de la pena cuando ello suceda en circunstancias como despoblado y en banda (artículos 183 y 184)”.
“Todo sistema legal es mejorable y perfectible, pero no parece que sea una laguna del Derecho la que hace atractiva esta modalidad delictiva. Existiendo sanciones fijadas por la ley para quienes cometan esos actos, las autoridades y los funcionarios públicos pueden y deben tomar cartas en el asunto, sin perjuicio del trámite que puedan tener los distintos proyectos en tratamiento en el Congreso”, agregaron.
Los radicales Ricardo Buryaile y Facundo Suárez Lastra, y el macrista Fernando Iglesias informaron sobre los resultados de sus hisopados a través de Twitter.
Los diputados nacionales Ricardo Buryaile (Formosa-UCR), Facundo Suárez Lastra (CABA-UCR), Alvaro González (CABA-Pro), Fernando Iglesias (CABA-Pro), Silvia Lospennato (Buenos Aires-Pro) y Romina del Plá (Buenos Aires-FIT) informaron este jueves que sus respectivos hisopados para saber si estaban contagiados de Covid-19 dieron negativos.
“Quiero agradecer a todos los que se preocuparon por mi estado de salud. Pese a no haber tenido síntomas de COVID, por haber participado de manera presencial en la sesión del Jueves p/p, fui hisopado y el resultado es NEGATIVO”, escribió Buryaile en su Twitter.
Por su parte, Suárez Lastra también compartió en esa red social la noticia sobre los resultados de la prueba: “Me acaban de informar que mi hisopado dio negativo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes”.
Además, el porteño remarcó que “en el Congreso están funcionando los protocolos sanitarios”, por lo que “tenemos que seguir sesionando en forma mixta, presencial y virtual”, consideró.
También se hizo una prueba el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Alvaro González, quien aclaró en su cuenta de Twitter que pese a no haber tenido síntomas de la enfermedad se realizó el hisopado “por haber participado de manera presencial en la sesión del jueves 25/6, y el resultado es NEGATIVO. Quiero agradecer a las autoridades de @DiputadosAR y, en especial, al director médico, Marcelo Halac”.
Fiel a su estilo irónico en redes, Iglesias publicó: “Malas noticias para los muchachos: HISOPADO NEGATIVO. Dejen que el chiste lo haga yo: El Covid19 no ataca a los gorilas. Se los regalo a los amigos perionistas”.
“Muchos saludos a los que militaron lo contrario y a los que me dijeron irresponsable por haber respetado el protocolo”, agregó el legislador, que la semana pasada se cruzó fuerte con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y cargó duro contra las sesiones virtuales.
Otra que dio positivo es la diputada Silvia Lospennato, quien también lo anunció por Twitter, señalando: “Me acaban de confirmar que mi hisopado PCR por COVID19 dio Negativo. Muchísimas gracias a todos los que se preocuparon y me mandaron buena energía!”.
“Me informan que el resultado de mi hisopado es negativo. Gracias a los que se preocuparon”, dijo por su parte la diputada de izquierda Romina del Plá.
Varios diputados nacionales que participaron de manera presencial en la sesión del jueves pasado tuvieron que someterse a testeos, a partir de la primera confirmación de contagio del riojano Julio Sahad (Pro). En lo que va de esta semana también se confirmaron los positivos de Miguel Bazze (UCR) y Carlos Selva (Frente de Todos).
Ante los hechos de inseguridad que está sufriendo ese sector, Ricardo Buryaile, diputado nacional y exministro de Agroindustria de la Nación, pidió respuestas al Gobierno.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), presentó un proyecto para repudiar los hechos de violencia e inseguridad que continúan sufriendo los productores agropecuarios.
“Los hechos de violencia a la propiedad privada se repiten a diario. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos. El Gobierno no ha dado aún ni con el origen ni con los culpables; y no ha emitido declaración alguna respecto a la violencia”, señaló el diputado.
Buryaile explicó que en los últimos meses estos delitos han aumentado tanto en su frecuencia como en su peligrosidad. “No hacen más que amedrentar a las personas del campo que, con su esfuerzo y producción, ponen a la Argentina de pie con cada cosecha”.
“El alcance del daño producido no es sólo a los individuos, hay que ir más allá de esa visión primaria”, dijo y agregó que “estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, porque en este particular contexto de recesión económica por los tiempos que corren, la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país”.
“Se está atentando contra la propiedad privada, contra la cultura labriega, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como el público. En definitiva, contra todos nosotros”, aseguró Buryaile. En las últimas semanas aparecieron casos de destrucción de silobolsas de granos y ataques a la propiedad privada en varias regiones productivas del país. Ante esta situación, Buryaile, ex ministro de Agroindustria de la Nación, comentó: “Decidimos presentar este Proyecto, a través del cual queremos repudiar los actos de vandalismo. Esperamos contar con el acompañamiento unánime en Diputados”.
El diputado radical y exministro de Agroindustria sostuvo que “la empresa que va a surgir va a poner precios políticos” lo que va a generar que “el costo sea más alto”.
El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR) se refirió a la decisión del Gobierno de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, y consideró que “el Estado no tendría por qué intervenir”.
“La empresa está en concurso, por lo tanto tiene un síndico, y el juez podría haberla intervenido, de ser necesario y si así lo creía, para hacer frente a las obligaciones que tiene”, sostuvo, más allá que valoró a Gabriel Delgado -quien sería el interventor- y lo calificó como un “amigo” suyo.
El exministro de Agroindustria, durante la gestión de Mauricio Macri, dijo que lo que le genera “mucho ruido” es “el fundamento del por qué la expropiación; esto habla de un desconocimiento de la realidad del comercio internacional y de la producción argentina”.
Entrevistado por el diario Perfil, el radical señaló que “el problema de Argentina no es que el Estado tenga una empresa más, el problema es el Estado que tenemos”.
“La empresa que va a surgir va a poner precios políticos, y también va a tener costos de una estructura más pesada que puede terminar haciendo que el costo sea más alto. Por lo tanto, menos precio para los productores y, a la vez, se van a llenar de plata las multinacionales”, estimó.
Aunque aclaró que hay que observar en detalle el proyecto, el formoseño expresó que “no” está de acuerdo en que “si cada empresa que tiene problemas el Estado la va a intevernir”. “Entonces, ¿qué van a hacer con todas las que quiebren post pandemia? ¿Van a estatizarlas a todas?”, se preguntó.
