Después del fallo del juez cordobés Ricardo Giletta, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. Es el segundo revés judicial contra la reforma, puntualmente, contra la composición del cálculo del pago de indemnizaciones.

Para el magistrado, el artículo 55 de la ley sancionada el 27 de febrero pasado viola el contenido de los 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional. El fallo, al igual que el de Córdoba, fue en el marco del pago 12.800.000 millones en concepto de indemnización calculados sobre la base del marco normativo anterior.

En el fallo, los jueces consideraron que para calcular la indemnización del empleado la nueva legislación podía generar una actualización insuficiente de los créditos laborales frente al IPC (Índice de Precios al Consumidor) e implicaría una “vulneración” de derechos constitucionales. También señalaron que aplicar tasas que no compensen adecuadamente la pérdida del valor del dinero por inflación puede reducir de manera irrazonable el monto real de las indemnizaciones laborales.

La semana pasada, la Ley de Modernización ya había sufrido un revés judicial en este artículo: el juez laboral Giletta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 en una causa por despidos laboral arbitrario y el pago de la correspondiente indemnización. Cabe recordar que el artículo en cuestion establece cómo se actualizan las deudas en juicios laborales en curso, usando intereses del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo de inflación + 3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.

Luego de la presentación de acciones de amparo contra el nuevo marco normativo, el juez federal Ricardo Agustín Giletta, a cargo de la Cámara del Trabajo dictó un fallo que consideró “inconstitucional” el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. Se trata de la modificación a la actualización de los créditos laborales en procesos judiciales iniciados previamente a la sanción de la nueva ley.

El artículo en cuestión limitaba los intereses de mora de los pagos de juicios laborales con un máximo de IPC y fijaba el 3% anual e imponía el mínimo del 67% del cálculo. Para el magistrado esta norma propone una reducción del 20 al 60% respecto a lo que un trabajador debería cobrar en casos de despidos arbitrarios. Cabe aclarar que la sentencia fue sobre un fallo laboral del pasado 10 de marzo.

De esta manera, el juez Gileta mantuvo el cálculo del pago de un crédito laboral que establece la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 276. En esa línea, sostuvo que el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral introdujo un “criterio distinto” para las causas que ya estaban en trámite antes de la sanción de la norma.

El marco normativo vigente fija que las deudas se actualicen tomando como referencia la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA), comparada con la inflación, con un piso equivalente al 67% del cálculo que establece el artículo 276 de la legislación laboral vigente.

En el final, el juez determinó que el tratamiento diferenciado entre juicios nuevos y procesos iniciados previamente “viola el principio de igualdad ante la ley”, por lo que dictaminó que los créditos laborales del caso se actualicen bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Por último, la sentencia de Gileta señaló que los créditos laborales “tienen un carácter alimentario y están especialmente protegidos por el derecho del trabajo”, o sea que cualquier mecanismo que reduzca de manera significativa su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución.