Se trata de una ampliación de juicios anteriormente presentados. Ahora, los miembros de la CC acusan al juez de la Corte de “negociar” con el Gobierno nacional su ascenso dentro del máximo tribunal de justicia. Relacionan ese vínculo con la candidatura de Ariel Lijo.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución para promover un juicio político contra Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, lo acusan de “negociar” con el Poder Ejecutivo su ascenso dentro del máximo tribunal de justicia.
Este nuevo pedido es una ampliación, de los realizados por parte del espacio que lidera Elisa Carrió, de los presentados en 2017 y 2021, y las ampliaciones de 2018 y 2022, respectivamente. En esta ocasión, denuncian que el magistrado mantuvo reuniones privadas con el presidente Javier Milei y la secretaria Karina Milei para “buscar incidir en la selección de los ministros de la Corte y procurando llevar adelante un golpe institucional contra las autoridades (de la Corte Suprema)”.
Asimismo, señalaron que Lorenzetti “se ha asociado” con el Gobierno nacional para convalidar la nominación de Ariel Lijo. “La contraprestación ofrecida al Poder Ejecutivo habría sido nada más y nada menos que la convalidación de las decisiones presidenciales y con ello la muerte de la división de poderes y de la República”, agregaron.
En el texto impulsado, relatan que la relación entre Lorenzetti y los hermanos Milei “se remonta a la campaña electoral del año 2023”, y añadieron que “el juez negociaba la presidencia de la Corte por la gobernabilidad que iba a precisar el naciente gobierno”. En ese punto, citaron a publicaciones periodísticas que relataban esa vinculación.
En relación a las nuevas designaciones para la Corte Suprema de Justicia, la iniciativa señala que fue el propio Lorenzetti quien le acercó al Gobierno el nombre de Ariel Lijo y lo acusan “de confundir y ocultar el origen de la candidatura, buscando desviar la atención y señalar al propio (Mariano) Cúneo Libarona -ministro de Justicia de la Nación- como responsable de aquella”.
En reiteradas oportunidades, el proyecto presentado por la Coalición Cívica, y que lleva la firma de Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, señala que “el plan ideado por el juez Lorenzetti se centra en recuperar la presidencia y el poder perdido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Dentro de las conclusiones del texto, detallan que lo mencionado “da cuenta de los encuentros privados entre un ministro de la Corte Suprema y la cabeza del Poder Ejecutivo para definir —peligrosamente— la composición futura del máximo tribunal y la suerte de las causas que penden allí de resolución”.
“Todo bajo la promesa del Juez Lorenzetti de que conseguirá al presidente Milei tanto esa nueva mayoría, favorable al gobierno actual, como retornar a la presidencia de la Corte para vengarse de los otros magistrados”, concluyeron.
Mencionando que este nuevo pedido de juicio político se basa en el artículo 53 de la Constitución Nacional piden que, en caso de avanzar con el proceso, se cite como prueba testimonial a la secretaria de Presidencia Karina Milei, al ministro Mariano Cúneo Libarona, al asesor Santiago Caputo, al juez Ariel Lijo y a Guillermo Scarcella.
6351-D-2024La nota de acceso a la información pública fue suscripta por un grupo de diputados de Unión por la Patria dirigida al presidente del máximo Tribunal tras un fuerte cruce por la creación de una secretaría.
Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria le solicitaron, a través de una nota, al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que informe sobre los cuestionamientos que esgrimió Ricardo Lorenzetti en su disidencia sobre la creación de una nueva secretaría penal en el tribunal.
El pedido de acceso a información pública fue firmado por Germán Martínez (jefe del bloque), Carolina Gaillard, Ricardo Herrera, Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Juan Manuel Pedrini.
Los diputados pidieron "detalles sobre hechos y situaciones denunciados por Lorenzetti, de los que no se encuentran registros de acceso público".
Además, el pedido de informes reclama a Rosatti que precise "si existen en el ámbito de la Corte unas 60 mil causas sin resolver, y en ese caso explique cuáles son las razones que dieron lugar a ese atraso en la resolución".
Los legisladores pretenden saber "si se discutió entre los ministros la elaboración de un código de ética, algo que jamás existió en la Justicia argentina a diferencia de la mayor parte de las naciones del mundo".
Lorenzetti denunció que la creación de una nueva secretaría penal demandará un aumento en el presupuesto de la Corte y la creación de nuevos cargos. El funcionario designado en esa secretaría es Diego Seitún, por lo que preguntaron "si es abogado defensor de Rodrigo Arboleda Halaby en la causa que investiga la cesión fraudulenta de la Sociedad Rural Argentina por parte del Estado Nacional; de Carlos Alberto Castellani, funcionario del Banco Nación investigado por los préstamos fraudulentos otorgados a Vicentín SAIC, y de Joaquín Enrique Marque, en una causa en la que se investiga el libramiento de cheques sin fondos".
Ante las graves acusaciones vertidas por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, diputados de @Diputados_UxP presentamos un pedido de acceso a la información preocupados por la falta de transparencia en el máximo tribunal de administración de justicia de la Argentina. pic.twitter.com/u0thV8JYNH
— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) May 29, 2024
El documento también pide la copia de las actuaciones administrativas sobre el principal colaborador de Rosatti, Silvio Robles, a quien Lorenzetti cuestionó en un capítulo de su voto titulado "Ocultamiento de las irregularidades de un funcionario".
Durante todo el 2023 los titulares del máximo Tribunal fueron eje de investigación del entonces oficialismo que llevó adelante un total de 26 reuniones de la Comisión de Juicio Político y emitió dictamen acusatorio contra los cuatro miembros que integran la Corte Suprema de Justicia que tiene como causales de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema: la sentencia que le devolvió los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado Nacional; la sentencia del “dos por uno” que beneficiaba a militares presos por crímenes de lesa humanidad; la sentencia respecto a la conformación del Consejo de la Magistratura; y por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.
Había cuatro convocados para participar de la audiencia de este martes, pero todos anticiparon que no podían concurrir. Por qué estaba citado cada uno.
La vigésimocuarta reunión de la Comisión de Juicio Político prevista para este miércoles no contó con testigos, pues todos los convocados anunciaron que no podían concurrir esta vez, aunque mostraron disposición para hacerlo en otra oportunidad. Así, por segunda vez desde que se convoca a testigos, la agenda prevista quedó desierta en esa materia.
En el inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, anunció la ausencia de todos los testigos, aunque se refirió puntualmente a tres, cuando en realidad este martes se había sumado a otro testigo convocado.
De acuerdo con lo informado, el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, no concurrió este miércoles debido al paro judicial. Gustavo Francisco Tita tampoco lo hizo, pero mandó un escrito justificando su ausencia; en tanto que Héctor Marchi, exadministrador de la Corte y hombre cercano a Ricardo Lorenzetti, llamó por teléfono para avisar que no podía asistir, aunque se aclaró que ya había concurrido en dos oportunidades.
Nada se dijo del cuarto testigo, Adrián Walter Miretti, quien había sido sumado el martes al listado por la Coalición Cívica, ya que en esta oportunidad la reunión iba a estar dedicada a analizar la causal sobre “abuso de poder” del juez Ricardo Lorenzetti, para quien el partido fundado por Elisa Carrió pidió varias veces el juicio político.
Los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto se encargaron de explicar las razones por las cuales habían convocado a los testigos ausentes y pusieron en duda la posibilidad de que se los fuera a citar nuevamente. En el caso de Adrián Walter Miretti, se trata del abogado de una mutual llamada PyME Rural, y a la Coalición Cívica le llamó la atención que entre 2016 y 2017 cambiaban cheques de distintos clubes de la AFA. En la causa Fútbol para Todos esa mutual apareció también cambiando cheques. Ricardo Lorenzetti y familiares suyos eran socios de esa mutual, contó Juan Manuel López, que precisó que “todos se habían asociado el mismo día” a la misma.
“Es raro que esta mutual cambie cheques y realice actividades financieras en general encubiertas. Para nosotros fue muy sospechoso. La causa abierta la tuvo la jueza María Servini, a quien finalmente le quitaron el expediente y nunca más supimos de PyME Rural”, detalló López.
Tita fue socio de Lorenzetti, contó luego Paula Oliveto, quien agregó que en su momento afirmó que “el titular de la Corte lucra en el negocio de la salud, a través de su hijo, Pablo, miembro del Poder Judicial”.
A Marchi la CC-ARI siempre le apuntó por su relación con Lorenzetti. “No quiere venir a dar la cara frente a las preguntas incómodas de nosotros”, sostuvo López.
La comisión que encabeza Carolina Gaillard fue convocada para las 13 con cinco testigos. Arranca el análisis de la causal “Abuso de poder”.
Tal cual había anticipado la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja el pasado 21 de septiembre -fecha de la última reunión de la misma-, en la reanudación del juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia arrancarán ahora con otra de las causales del citado proceso. Esto es, la causa “Abuso de poder”, que incluye un pedido de juicio antiguo de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, y al que el Frente de Todos sumó una causa similar que para ellos amerita la relación de Carlos Rosenkrantz con sus exclientes.
Según pudo averiguar parlamentario.com, la citación correspondiente fue emitida este viernes, convocando para el martes 3 de octubre próximo, a las 13, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara baja. Allí figuran cinco testigos, a saber:
En este último caso, Saggese fue citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Seguramente si esta vez no se presenta se discutirá si se apela a un juez para intimarlo.
Para la causa contra Lorenzetti, desde la Coalición Cívica no hubo ninguna convocatoria, según pudo saberse.
Es por la causa de las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. Comenzó el análisis de la causa Consejo de la Magistratura que demandará solo una reunión más y luego pasarán a la última causa a investigar.
En el reinicio del juicio político que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema -el último encuentro data del 29 de agosto pasado-, comenzó el tratamiento de la causa conocida como Consejo de la Magistratura. Pero previamente la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un repaso de lo actuado y trazó una hoja de ruta de lo que viene, de cara a la sustanciación de un informe final que anticipó se analizará y votará en esa comisión antes de fin de año.
“Comenzamos por la causa 2x1 y la posible connivencia de algunos integrantes de la Corte Suprema con el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, para beneficiar a genocidas y represores, con el fallo Muiña”, arrancó la diputada entrerriana, que recordó que siguieron con las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. En ese sentido destacó que se investigó solo una etapa, que es aquella en la que supervisó la Obra Social el juez Maqueda, y anunció que “en esta causa estamos en condiciones de circular ya el informe que sustenta el dictamen de acusación” contra ese magistrado.
Recordó Gaillard que el mismo fue trasladado a Juan Carlos Maqueda para que formulara su descargo, mas este no lo contestó, ante lo cual se procederá ahora a realizar el dictamen de acusación correspondiente. Previamente se circulará a los miembros de la comisión el resumen de los cargos formulados.
Luego vino la investigación de la causa “Coparticipación”, donde Gaillard informó que se encuentra mayor grado de responsabilidad en Horacio Rosatti, presidente de la Corte. A lo largo de las distintas audiencias realizadas sobre este tema, consideró que “hay constancias probatorias para avanzar en el informe correspondiente, que será también socializado entre los miembros de esta comisión, para luego proceder a realizar el dictamen de acusación correspondiente”.
Así las cosas, se avanzará ahora con la causa Consejo de la Magistratura. Respecto a ello, la presidenta de la comisión expresó que “algunos testigos (de esta causa) ya vinieron, por lo cual consideramos que con una sola reunión es suficiente”. Por eso sostuvo que consideran avanzar en la siguiente reunión con la última causa, que adelantó será sobre “abuso de poder”, y corresponde a la denuncia de juicio político formulada por la Coalición Cívica, a instancias de la diputada Paula Oliveto, que representó una denuncia elevada en su momento por Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, por distintos motivos.
Luego de que el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntara si en la causa Obra Social solo sería acusado el doctor Maqueda, la presidenta de la Comisión de Juicio Político aclaró que “en principio sí, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al resto de los ministros”, y recordó que justamente había sido creada una subcomisión para investigar otros períodos. Al respecto, le recordó a López que ellos aún no habían detallado a quiénes sugerirían para incorporar a la misma.
El presidente del bloque CC-ARI recordó que ellos habían votado en contra de esa subcomisión, y consideraban que “el tema está agotado”, por lo que no les parecía trabajar en la misma.
A continuación, el diputado Rodolfo Tailhade cumplió con la tradición de presentar un pedido de ampliación de prueba para la causa Consejo de la Magistratura, en el cual incluyó un sinnúmero de notas periodísticas escritas sobre el tema en los últimos años. Fue una extensa lectura que demandó muchos minutos y en cuyo marco pareció ampliar su radio de acción, ante lo cual Carolina Gaillard aclaró luego que mucha de la prueba pedida tenía que ver en realidad con la causa “abuso de poder”.
Al respecto, informó que en la causa habían incluido el pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz, “por incompatibilidad en ejercer como presidente de la Corte en causas de sus exclientes”.
“¿La novedad de incluir a Rosenkrantz es algo que decidió usted, o el Frente de Todos?”, preguntó López. Gaillard dijo que el pedido había sido hecho hacía tiempo, pero aclaró que podían hacer dos informes distintos y no incluirlo junto con el pedido de juicio a Lorenzetti de la Coalición Cívica. “Entendíamos que formaban parte de mismas conductas”, explicó.
“No, de ninguna manera”, replicó López. Serán informes distintos entonces.
El integrante de la Comisión de Juicio Político sostuvo que la CC- ARI “retrocedió sobre sus pasos”, luego de acusar durante 10 años al juez Lorenzetti como “el máximo corrupto de la Argentina”.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) habló este miércoles respecto del fallo del máximo tribunal de justicia y lo relacionó con lo ocurrido en la Comisión de Juicio Político: “La Corte sabía que (Héctor) Marchi venía con artillería pesada e hicieron una operación de prensa con lo de San Juan y Tucumán”.
Además, Tailhade advirtió que existe la posibilidad de que sea agregado como causal del enjuiciamiento a la Corte. “Lo vamos a analizar con detenimiento porque también hay dos o tres hechos más para agregar”.
En declaraciones a FM La Patriada, el diputado kirchnerista expresó: “Ricardo Lorenzetti habló de extorsión y presiones para que Marchi no se presente en la comisión”, y agregó: “También dijo que Carlos Rosenkrantz armó una estructura que le cuesta al Estado 150 millones por año y no se le conoce un papel ni lo que han producido. Son todos ñoquis, según Lorenzetti”.
“Tenemos que considerar estas cosas sobre todo cuando vienen de un juez de la Corte”, indicó el integrante de la Comisión de Juicio Político. Del mismo modo apuntó contra la Coalición Cívica – ARI y su jefe de bancada Juan Manuel López: “Vienen de 10 años de acusaciones para la pavada que dijo ayer”.
En esa línea, amplió: “Hace 10 años que Elisa Carrió dice que Lorenzetti es el más corrupto del país y que Marchi es cómplice y millonario”. Así también, añadió: “La oposición lo único que hace es defender a Horacio Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda”. “Decidieron retroceder sobre sus pasos y tirar la toalla sobre Lorenzetti”, siguió.
En relación a lo ocurrido en la reunión del martes, el integrante del Consejo de la Magistratura relató: “el interés se lo llevó Marchi, pero también declararon la jueza Martina Forns y el contador Nicolás Serafini”. “Ella fue víctima del manejo de la obra social por el fallecimiento de su esposo en pandemia porque se cagaban en todo”, apuntó.
A su vez, afirmó que “la jueza dio cuenta de su situación y mencionó a jueces que están en condiciones de declarar”, en alusión a próximos testigos citados a la comisión. “Serafini ratificó todas las cuestiones que veníamos denunciando”, aseveró.
En el final, explicó que “lo que dijo Marchi fue explosivo”, y enfatizó: “Marchi formalmente denunció que Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte, a cambio de contratos y personal sacaron el sobreseimiento del titular del máximo tribunal cuando fue intendente de Rosario”.
“Como buen culpable en vez de dar explicaciones, empezó a recusar a los jueces”, expresó Tailhade, y concluyó: “Lo dijo quien manejo los fondos de la Corte, por es un testimonio absolutamente revelador”.
El exintegrante del Consejo de la Magistratura sostuvo ante la Comisión de Juicio Político que “se eliminaron todo tipo de control efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”, y criticó que “los jueces han tenido y tienen una actitud gremial y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios”.
Se hizo presente ante la Comisión de Juicio Político de Diputados el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, citación que fue impulsada por la Coalición Cívica en sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti, y denunció que entre los años 2008 y 2009 “se eliminaron todo tipo de control efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”, al tiempo que denunció que “había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos”.
En abogado fue el primero en declarar este jueves en lo que respecta la segunda audiencia para la participación de testigos en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que lleva a cabo la Comisión presidida por la diputada oficialista Carolina Gaillard.
En su declaración, Cimadevilla afirmó que integró el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014 en representación del bloque de senadores de la UCR y recordó que, en ese periodo, el titular de la Corte Suprema era Ricardo Lorenzetti.
Al ser interrogado sobre la administración de los recursos y ejecución del presupuesto que la ley le asignaba a la administración de Justicia, el testigo procedió a explicar: “En el Poder Judicial conviven dos administraciones, la de la Corte a través de la secretaría General de Administración limitaba los recursos, estructura y personal de ese tribunal; y la del Consejo de la Magistratura que era, no sé cómo será ahora, a través de la oficina de Administración y Financiera del Consejo que se encarga de los recursos materiales y humanos de tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la capital federal y la Justicia Federal de todo el territorio del país”..
Y continuó: “Durante la vigencia del Consejo grande con la primera ley, se generaron antecedentes presupuestarios que determinaron la forma en que se iban a distribuir los recursos del Poder Judicial”, y detalló: “Así le correspondía el 0,57% a la Corte y el 2,93% al Consejo. Por este Decreto también se dispuso que las partidas no ejecutadas se asignaran directamente a la Corte de la Nación en su artículo 3. Este habría sido el origen del fondo anticíclico”.
“En el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento, a mi juicio, del control de la utilización de los recursos”, denunció y enumeró: “Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte y, por otro lado, la anulación y la debilitación de los mecanismos de control interno y externo del Consejo”.
En ese sentido, relató que denunció e hizo presentaciones al respecto durante la vigencia del mandato en el Consejo de la Magistratura las cuales “fueron receptadas por sectores políticos”, y destacó la preocupación de la doctora Elisa Carrió y reconoció su “vocación republicana cuando estos temas salieron a la luz pública”.
“El Consejo a instancias de los representantes del estamento judicial se designan a representantes del Consejo en la Comisión de Informática para la contratación de un software del Poder Judicial. Se crea el cuerpo de auditores a fin de realizar el control externo de los actos de la administración y se crea la Secretaría de Asuntos Jurídicos que emite el dictamen que exige la ley de procedimiento administrativo para la adjudicación de compras y licitaciones y transfirió a la Corte tres oficinas: la de mandamientos y notificaciones; la de subastas judiciales y la de archivo general y se designó al cuerpo de auditores y el secretario de asuntos del Consejo”, explayó en su presentación.
Y resumió: “Esto dicho así pareciera ser sólo una cuestión burocrática, pero lo que se estaba haciendo era eliminar controles porque termina la Comisión de Administración Financiera del Consejo, a través de las distintas reglamentaciones del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que los controles de las compras, adquisición y manejo presupuestario del Consejo pasa a estar en la cabeza de una sola persona que es el presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo”.
“Las compras que no fueran licitación pública, se le elimina todo tipo de control y las compras que se realicen a través de licitación pública es estas personas, casi siempre un representante del estamento judicial, el que decide la validez o no de las contrataciones con los dictámenes”, sumó.
Cimadevilla apuntó: “Más allá de las reformas burocráticas que se hicieron, lo que consiguieron es la eliminación de todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura”, apuntó Cimadevilla.
A su vez, explicó que los representantes del estamento judicial tienen un “rol importante en el manejo de las decisiones del Consejo. En el marco de la ley 26.080, con 13 miembros la nueva ahora derogada, el control de la legalidad estaba en manos de la Comisión de Administración Financiera. El control de legalidad se limitó a las licitaciones públicas y se consolidó en las manos del presidente de esa Comisión el control de la legalidad de las licitaciones públicas. Una sola Comisión o quien presidía la Comisión tenía a su cargo la legalidad de todo el manejo presupuestario de todo el Consejo de la Magistratura”.
“El funcionamiento judicial en muchos casos me resulta inentendible. No nos olvidemos que pasamos, después de la reforma del 94’, a que el control político de la actividad judicial se lo transferimos al Consejo de la Magistratura. El Congreso ya no es más el juez de los jueces, salvo de los miembros de la Corte, y pasó a un Consejo de la Magistratura que tiene cuatro estamentos y que la ley buscó, en estos cuatro estamentos, que haya un equilibrio”, planteó.
Al respecto, opinó que debería ser “objeto de revisión cuál es el equilibrio dentro del Consejo”, y preguntó: “¿Es numérico?”. “La ley que debe reglamentar el Consejo de la Magistratura, el que diseñe la normativa a veces no contempla cómo se da ese diseño legislativo en la dinámica del funcionamiento. Es el organismo que reemplaza al Congreso en el juzgamiento y designación de los jueces donde las conductas de los jueces, en la práctica, tienen un rol preponderante”, expresó.
“A mi juicio hoy no hay en el Consejo de la Magistratura el equilibrio que ha proclamado la Constitución en su momento”, lamentó.
A su vez, cuestionó que “durante mi permanencia en el Consejo he observado una actitud corporativa que no termino de entender. Los jueces han tenido y tienen una actitud gremial que no entiendo porque siempre pareciera que están frente a un poder peleando algo y no entienden que ellos no son empleados del Estado y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios a través de estas corporaciones”.
“No había un manejo transparente, un manejo de los recursos bien controlados y cada vez había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”, denunció.
Y agregó: “La Corte manejaba un fondo anticíclico frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia edilicia, de personas, tenía un plazo fijo ultra millonario que no se sabía cuál era el destino que se le daba”. Asimismo, aseguró: “Nunca pudimos saber en detalle el control presupuestario del Poder Judicial. Lo que no se ejecutaba iba para la Corte”.
Al ser consultado si el Administrador General del Consejo, Germán Krieger, tenía vinculación con Lorenzetti, sostuvo: “Eso no lo sé, probablemente por las funciones que desempeñaban haya tenido contacto con los miembros de la Corte”.
“El Comité Ejecutivo de Inversión se creó en abril de 2011 que operaba bajo la dependencia directa del presidente de la Corte. Estaba integrado por dos miembros de la Corte y del Consejo, presidido por Héctor Marchi. Intervenía en todas las cuestiones vinculadas a la planificación, a la ejecución, al control de las políticas, proyectos, programas, principalmente en materia de infraestructura y tecnología”, detalló el radical.
Sobre cómo se auditaban esos fondos, el exsenador explicó y denunció: “La Auditoría General de la Nación debía proceder a practicar auditorías externas de la gestión presupuestaria del Consejo y estaba sometida a una serie de exigencias como la aprobación anual de auditoría por parte de la Comisión de Administración Financiera del Consejo. Nunca esto se llevó adelante, nunca se pudo lograr. Cuando pedíamos información no nos daban y después empezaron a aparecer reclamos de empleados que no cobraban”.
“La aprobación de las cosas más importantes del Consejo dependían siempre de mayorías especiales que las daban los jueces. He hecho denuncias a magistrados como Bonadío o a Oyarbide y nunca logré que los jueces acompañaran esos dictámenes para que pasen al tribunal de enjuiciamiento y su voto era decisivo. Hoy no hay un equilibrio como el que pretendía la Constitución”, criticó.
El exlegislador reiteró que ante las consultas sobre el manejo de los recursos “nunca nos contestaron, cuando pedíamos información sobre el manejo presupuestario nunca nos respondían. Cursamos varias notas, pero nunca tuvimos respuestas concretas”.
En otro tramo de su testificación, brindó detalles sobre denuncias respecto de distintas contrataciones dentro de la Administración General del Poder Judicial que “tenían irregularidades”.
“Para mantenimientos de equipos de aires acondicionados del fuero Penal se habían contratado 1.650.854 pesos traducido a dólares eran 139.000. Otro expediente era sobre remodelación de seis juzgados era un importe de 1.607.000 pesos, en dólares eran 194.000. Por otro expediente sobre trabajas de higiene y seguridad 2.779.000 pesos es decir 348.000 dólares, entre otros”, detalló y lamentó: “Pedimos información de esto también y nunca tuvimos respuesta. No sé las causas judiciales qué destino habrán tenido”.
Por otro lado, desconoció que a Héctor Marchi lo haya designado Lorenzetti al frente de la Administración General del Corte.
Fue en la reunión de Comisión de Juicio Político donde la diputada de JxC consideró que el avance de este proceso “no deja atender las demandas reales del pueblo”.
La diputada nacional Paula Oliveto (Coalición Cívica – ARI – CABA) anunció este jueves en la reunión de Comisión de Juicio Político que se presentará en Comodoro Py y denunciará al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti por “haber recibido presiones”.
Además, advirtió sobre una presunta “estrategia” entre los diputados del FdT y Lorenzetti para abocar el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti. En tal sentido, señaló que en Rosario “salió publicada una nota sobre relaciones de Lorenzetti con gobernadores, allegados al presidente de la Nación y diputados del FdT”, la cual Oliveto consideró verosímil.
Del mismo modo, la diputada de la CC-ARI consideró, a partir de esa nota, que Lorenzetti había “tenido comunicaciones con el gobernador santiagueño Gerardo Zamora” y que “hubo presiones como las que resistió el diputado Leopoldo Moreau”.
En su exposición, Oliveto relató: “El equipo de comunicación de Lorenzetti, en reuniones con el oficialismo, relataba la posición de (Juan Manuel) López -jefe de bloque de la CC-ARI- y mía”, y agregó: “Desde nuestro bloque hemos sentido que no podemos hablar de Lorenzetti porque después tenemos consecuencias”.
Con relación a la reunión en cuestión, la diputada opositora explicó: “Creo que nos tenemos que abstraer de la imagen que estamos dando como representantes del pueblo”, y añadió: “Asumo y defiendo las potestades que tenemos como legisladores de hacer uso de las herramientas de la Constitución, pero que esto no sea una discusión de que uno acusa al otro”.
“Que uno vaya al cumpleaños o a comer a la casa de otro no quiere decir nada, porque hay que probar la causalidad del hecho. En mi juventud los radicales iban a cumpleaños de peronistas y viceversa”, enfatizó.
Con el mismo énfasis, Oliveto -quien adujo no se sentirse bien- manifestó que “no es bueno que los diputados recuerden tiempos pasados” porque “la gente no tiene para comprar útiles escolares” mientras transcurre el proceso del enjuiciamiento al máximo tribunal de justicia.
De ese modo, expresó: “No quiero pasar por el momento de que por no atender las demandas del pueblo me escupan por la calle”, y agregó: “Algunos sacan los votos que sacan por lo que hacen acá”.
En el cierre, anunció: “Con las denuncias que hicimos en soledad creíamos que bastaba, pero el lunes nos vamos a presentar en la Justicia para ver si algún juez de Comodoro Py hace algo en relación a las presiones que recibimos de Lorenzetti”, y cerró: “También voy a pedir que se investigue a Zamora”.
El diputado del FdT dijo que “en ningún lugar del mundo se resucitaron leyes” como lo hizo el juez Rosatti. Además, contó que fue productor de la película “Iron Mountain, el incendio”, el cual tendrá su juicio oral en los próximos meses.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT – CABA) se refirió a la aprobación de la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte en la Comisión de Juicio Político y sostuvo que “hay pruebas muy fuertes”.
Del mismo modo, expresó: “Hemos aceptado investigar los 14 expedientes que estaban en la comisión de Juicio Político, no sólo los del Frente de Todos, sino también los de la Coalición Cívica”, y agregó: “Nosotros queremos investigar a los cuatro jueces, que firmaron el fallo de la coparticipación federal”.
Entrevistado por Radio 10, Valdés añadió: “Tres de ellos -ministros de la Corte- asaltaron el Consejo de la Magistratura, y por eso está paralizado”. En esa línea, manifestó: “No corresponde bajo ningún aspecto que el presidente de la Corte se haya autovotado. Ellos conformaron una mayoría irregular para declarar inconstitucional una ley que hace 15 años estaba funcionando”.
“Una vez que (Horacio) Rosatti se hizo presidente de la Corte se metieron con el Consejo de la Magistratura sólo para apoderarse. No hay jurista en el mundo que diga que las leyes derogadas se pueden resucitar. Es Ley muerta”, señaló el diputado oficialista.
A su vez, explicó que “son 60 hechos que vamos a investigar”, y agregó: “Por ejemplo, la administración de la Obra Social de la Corte, que huele muy mal. También hubo intromisiones en el Poder Legislativo de parte de la Corte para la conformación de sus mayorías y minorías. Las pruebas que están apareciendo son muy fuertes”.
En tanto, Valdés reveló que no fue fácil llegar a este dictamen y que durante las últimas semanas hubo “presiones muy fuertes de parte de las corporaciones”, ante lo cual destacó “la labor de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard” y concluyó: “El bloque del Frente de Todos está muy unido”.
Además, el diputado se refirió al expediente presentado por la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti: “Nosotros integramos ese expediente. Ellos no querían no votar con el resto de Juntos por el Cambio, por eso no votaron su propia iniciativa”. “Estamos enjuiciando a cuatro jueces, no a la Corte en su conjunto”, sostuvo.
Para terminar, Valdés se refirió al estreno a sala llena de “Iron Mountain, el incendio”, en el cine Gaumont, de la cual es productor: “Los bomberos notaron que el incendio fue tan fuerte y rápido que daba toda la sensación de que fue intencional. Ahí se guardaba información de HSBC, del GP Morgan, ligado a sus cuentas ‘offshore’. Yo simplemente colaboré con la película. Lleva la voz de Cecilia Roth, que internacionaliza el tema, porque la causa entra en juicio oral ahora”.
En la antesala de la reunión de la Comisión de Juicio Político, la diputada de la Coalición Cívica rescató la "coherencia" que ha mantenido a lo largo de los años su fuerza política.
En la antesala de la reunión de la Comisión de Juicio Político en la que se analizará la admisibilidad de las denuncias contra los jueces de la Corte Suprema, la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) manifestó: "Yo creo que (Ricardo) Lorenzetti está muy relacionado con el kirchnerismo".
Para la legisladora, "la insistencia" del Frente de Todos "en relación al resto de los jueces es más fuerte que hacia Lorenzetti". Y observó que eso se ve en la lista de testigos que proponen para citar, "donde son en su mayoría del equipo de Lorenzetti".
Vocera del pedido de juicio político contra quien fuera presidente del máximo tribunal de 2007 a 2018, la porteña denunció: "Es una persona que tiene mucha influencia en los medios de comunicación. Es una persona muy poderosa".
"El patrimonio de un juez de la Corte tiene que poder analizarse y durante el período que nosotros denunciábamos no nos fue posible a nosotros, ni a nadie, poder acceder a las declaraciones juradas", expresó la mano derecha de Elisa Carrió en diálogo con Radio Con Vos.
Además, Oliveto destacó la "coherencia que históricamente hemos mantenido" desde la Coalición Cívica. En tanto, en relación a sus pares de Juntos por el Cambio, respondió: "Entiendo que les resultara incómodo pero son absolutamente respetuosos".
"Hay un sector de la política, incluyo al Frente de Todos -que nunca hicieron ningún juicio político hasta estos dos fallos-, que no va contra los jueces, que no ejercen el derecho a juicio político. Nosotros sí lo hacemos", completó.
Fundamentó el pedido de juicio político de su espacio la diputada Paula Oliveto, quien resaltó que “no es fácil hablar” del juez porque “tiene unos tentáculos que nosotros ni nos imaginamos”. “Nuestras diferencias con el Frente de Todos son enormes”, aclaró Juan Manuel López.
En el arranque de la segunda jornada en comisión sobre el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López ratificaron la catarata de denuncias presentadas desde 2017 contra Ricardo Lorenzetti, al tiempo que rechazaron que se avance contra todo el máximo tribunal.
En su larga exposición, Oliveto planteó todas las acusaciones contra quien fuera presidente de la Corte entre 2007 y 2018, y recordó que la solicitud “data del 2017 y fue presentada en su oportunidad por la doctora Elisa Carrió”. “En ese momento nosotros éramos Gobierno y la realidad es que no fue acompañado por Juntos por el Cambio”, apuntó.
Y defendió que el pedido se enmarcó en “una decisión que respondía a la íntima convicción de nosotros como legisladores” sobre que Lorenzetti “no cumplía ni con la idoneidad moral, ni con un desempeño eficiente en sus funciones conforme las buenas prácticas administrativas y de transparencia”.
“En ese momento no tuvimos un presidente que acompañara el pedido. Es más, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia (Germán Garavano) dijeron que no lo compartían”, señaló, y por eso mismo argumentó: “No respondía nuestra motivación a la necesidad de presionar a la Corte para que sancionara algo de acuerdo a los intereses políticos del momento, no; ni era un factor de extorsión al máximo tribunal, no; ni tampoco tenía como razón beneficiar a ningún encausado en ninguna causa; ni que fuera la forma en que encontraba una persona o un Gobierno para recusar al máximo tribunal ni para pedir la nulidad de los fallos”.
“Lo hicimos más allá de cualquier especulación política o necesidad de un Gobierno para condicionar a un poder de la República”, insistió y aclaró que “ahí está la diferencia sustancial en relación a este momento”, en alusión a los pedidos del oficialismo.
La legisladora cargó contra Lorenzetti al asegurar que “se convirtió en un hombre muy poderoso, muy temido, con una influencia insospechada, no solo dentro del tribunal sino también afuera” y “manejó a su arbitrio durante tantísimos años” el Poder Judicial. “De él dependía el diseño, la implementación y la ejecución de relevantes decisiones administrativas sobre presupuesto, la administración de los fondos y el diseño orgánico funcional del Poder Judicial argentino durante su presidencia”, dijo.
Después pasó a enumerar “los 29 hechos que se imputan” a partir de tres ejes que tienen que ver con “el mal desempeño en el ejercicio de las funciones y eventual comisión de delitos” por “articular de una matriz de negocios dentro dentro del ámbito de las competencias; una evidente falta de transparencia en su gestión al frente de la Corte Suprema; y por cooptar estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia”.
En la larga lista de acusaciones, la porteña habló de “la transferencia de estructuras propias del ámbito de actuación y control del Consejo de la Magistratura a la Corte; la desarticulación de los mecanismos de participación en la toma de decisiones y de control interno de la administración y gestión de los recursos; el manejo discrecional de fondos millonarios extrapresupuestarios; la debilidad en el proceso de control interno; la concentración de las decisiones en la administración de la caja y la rendición de cuentas; y la débil intervención de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires”.
También mencionó “la pelea por la caja judicial durante las leyes que promovía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, al tiempo de “sospechosos sorteos de causas; irregularidades en el sistema de informatización; irregularidades en la administración de los bienes de consumo; falta de ética; y designación arbitraria de personal”. “Durante la gestión del doctor Lorenzetti se incrementó la planta de la Corte de manera exponencial”, añadió.
Además, la diputada de la CC-ARI le endilgó “un particular interés de intervenir en causas sensibles mediante el cuerpo de peritos del Poder Judicial” y “el incumplimiento de la Ley de Ética Pública en relación a la presentación de declaraciones juradas”. “Contribuyó a la ausencia de transparencia en el patrimonio”, aseveró y lo denunció por “el manejo irregular de dos fondos anticíclicos” y “el irregular y discrecional manejo de la obra social”.
Puntualmente sobre el patrimonio del magistrado, Oliveto sostuvo que “la verdad que el patrimonio del doctor Lorenzetti es opaco y ha sido objeto de muchas presentaciones por parte de estos diputados y la doctora Carrió, y no hemos logrado que se avanzara”. “Es extraño su nivel de relación con prestadores de la salud, muchos de los cuales están radicados en la ciudad de Rafaela. Han sido sus socios”, reveló.
En esa línea abundó, sobre ese grupo empresario: “Han crecido exponencialmente a partir del poder que ha adquirido Lorenzetti en los últimos años”. “Parte de los bienes que él utiliza están a nombre de empresas que están vinculados a este grupo; distintas propiedades, mansiones en su pueblo natal, acá en Puerto Madero, autos de lujo, que no están en su patrimonio”, explicó.
Por otra parte, la mano derecha de Carrió se refirió a “la mutual PyME Rural, que ha crecido muchísimo en la ciudad de Rafaela y que ha sido investigada en la causa donde se canjeaban cheques para la AFA en ocasión del programa Fútbol para Todos”.
En otro tramo habló de “Lorenzetti y su poder de escucharte” sobre el traspaso que se dio en 2015 del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones desde el ámbito del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema. “Puso personas de su máxima confianza y hubo debilidades en control de ese área tan sensible”, resaltó.
Finalmente, Oliveto acusó al juez del “manejo discrecional de los bienes decomisados” y su “resistencia para que esos bienes tengan una finalidad social”.
“No es fácil hablar de Lorenzetti, tiene unos tentáculos que nosotros ni nos imaginamos”, enfatizó y expresó: “Sabemos muchas veces que cuando uno toca a esta persona, tiene vuelto”. Pero ratificó su convicción de que “mi liderazgo y mi partido no tienen precio”.
A sus pares de Juntos por el Cambio les agradeció por haber respetado la postura de la CC a lo largo de los años, mientras que al oficialismo le aclaró: “No voy a acompañar muchas de las causales que están propiciando, porque entiendo que tienen una dirección que no es a los efectos de mejorar la Corte, sino de mejorar la posición de un Gobierno cuando un fallo le es adverso, pero respeto el derecho de un legislador en defender sus ideas y plantear sus disidencias en este ámbito, que es la casa de la democracia”.
“Con profunda honestidad intelectual vamos a trabajar en defender las garantías constitucionales de las personas que están siendo traídas a ese proceso. No creo que sea sano ir contra todos los miembros de la Corte para forzar recusaciones o la posibilidad de ser reemplazados por conjueces”, concluyó.
En una breve intervención, el jefe de la CC, Juan Manuel López, explicó que el pedido firmado por él es “una ampliación del juicio político que fundó” Oliveto, puntualmente sobre “el hecho que está relacionado con el poder de influencia del doctor Lorenzetti sobre distintos actores de la política, la Justicia y la sociedad civil para que se sancione de una manera la Ley del Consejo de la Magistratura que finalmente no se sancionó”.
“El bloque de la Coalición Cívica ratifica todos los hechos que denunció la exdiputada Carrió”, afirmó, y valoró que su partido desde 1996 ha presentado distintos pedidos de juicio político con la intención de “mejorar la Justicia desde nuestra función, pero nunca de presionar al Poder Judicial”. “Nuestras diferencias con el Frente de Todos son enormes. Vamos a sostener el pedido contra Lorenzetti, pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionarla”, aseveró.
En este caso, una ONG la emprende contra los miembros del Tribunal Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por supuestamente haber beneficiado a Elena Highton de Nolasco, "en connivencia con el Gobierno de ‘Cambiemos”.
La Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (Exigir) se sumó a los pedidos de juicio político a dos de los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por presunta connivencia con el gobierno de Cambiemos para que la exintegrante de la Corte Elena Highton de Nolasco permaneciera en el máximo tribunal después de cumplir los 75 años de edad.
Esa situación fue denunciada y generó en su momento una causa penal que el juez Ariel Lijo, con intervención del fiscal Carlos Stornelli, archivó a fines de 2021. No obstante, la ONG EXIGIR invocó el causal de “mal desempeño o -en su caso y de corresponder- por delito en el ejercicio de sus funciones” a raíz de aquella supuesta maniobra.
Según la denuncia, presentada ante la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz “se valieron de información privilegiada para beneficiar a la exjueza Elena Highton en el trámite del expediente 'Schiffrin', en connivencia con el entonces ministro de justicia Germán Garavano a través del secretario de Justicia Santiago Otamendi”.
Otamendi es hoy juez del Tribunal Superior de Justicia porteño. Highton inició una acción de amparo apenas cumplió 74 años de edad, cuando ya estaba a estudio de la Corte un planteo del juez Leopoldo Schiffrin para continuar siendo magistrado después del límite etario de los 75 años.
La exjueza obtuvo un fallo favorable de primera instancia; el Gobierno de Cambiemos no lo apeló y, poco después, la Corte sacó el "Fallo Schiffrin" que obligó a todos los jueces a jubilarse al cumplir los 75 años de edad.
"Las comunicaciones entre los jueces denunciados y el Ministerio de Justicia se habrían dado a través de Fabián Rodríguez Simón, en algunos de los 91 contactos telefónicos mantenidos entre ellos. Toda esta maniobra fue necesaria ya que el gobierno nacional por aquel entonces no tenía las mayorías necesarias para nombrar un nuevo juez de la Corte si se jubilaba Elena Highton, ni para prorrogar su mandato de Highton por la vía constitucional”, sostiene la denuncia de Exigir.
Lorenzetti y Rosenkrantz “retuvieron el expediente que obligaría a Highton a jubilarse, y congeniaron con ella que iniciara un amparo antes de tiempo, y que la sentencia obtenida en dicho amparo no fuese apelada por el Ministerio de Justicia a cargo de Garavano justo un mes antes de que la Corte dictara el fallo Schiffrin”, informó la denuncia.
“Se manipularon los tiempos del Máximo Tribunal de la Nación en una causa judicial con el solo fin de beneficiar a uno de sus miembros y al gobierno nacional de turno; prorrogando el mandato de una jueza por fuera de los mecanismos constitucionales previstos expresamente a tal fin”, enfatizó.
Según Exigir, “Lorenzetti tenía la facultad, como presidente del tribunal en aquel momento, de convocar al acuerdo de ministros para dictar el fallo cuando él lo dispusiese, tal cual fue denunciado por el propio juez Rosenkrantz cuando se defendió en la causa penal”.
La líder de la Coalición Cívica aseguró que los legisladores que le responden mantendrán la postura que tienen desde hace años sobre uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema, pero lo harán en base a sus propias “razones” y “no por las del Gobierno”.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, confirmó este miércoles que los diputados de su espacio impulsarán un dictamen propio de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. “Por nuestras razones, no por las razones del Gobierno”, aclaró.
En diálogo con Radio Urbana Play, la cofundadora de Juntos por el Cambio reveló que mantuvo reuniones con sus dirigentes para analizar cómo “enfrentar este juicio disparatado, sobre todo a tres miembros de la Corte, que mantienen la independencia, que son (Horacio) Rosatti, (Carlos) Rosenkrantz y (Juan Carlos) Maqueda”.
Para la exdiputada, los argumentos del pedido del oficialismo “no son admisibles” porque se trata de “una embestida de Cristina contra estos jueces porque son imparciales”. Sin embargo, afirmó que los pedidos que la Coalición Cívica presentó contra Lorenzetti, “los mantenemos”.
En la antesala de la primera reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Carrió señaló que “se tienen que analizar todos los expedientes que tiene Lorenzetti, y allí, por su patrimonio oscuro, por sus relaciones, por todas las causales que nosotros fuimos poniendo a lo largo de los años, con nuestro propio dictamen vamos a pedir la acusación”.
Durante el gobierno de Cambiemos, la líder de la CC presentó un pedido contra Lorenzetti -quien era en ese momento presidente del máximo tribunal- en 2017 y en 2018. Posteriormente, en 2021 la solicitud fue representada por Paula Oliveto y en 2022 por Juan Manuel López. Ambos “lilitos” son actualmente miembros de la Comisión de Juicio Político.
Al hacer referencia a los dos tercios de los votos que se necesitan para aprobar la acusación, la dirigente apuntó que “hoy no están los números por lo menos para tres” de los magistrados, y agregó: “Uno vamos a ver cómo actúan los demás bloques de la oposición, nosotros vamos a votar por acusarlo”.
Candidatura presidencial
Por otra parte, Carrió habló sobre el trabajo que lleva adelante con equipos técnicos de la CC, el Pro y la UCR, donde observa que hay “una generación muy interesante, muy preparada, que quiere cambiar realmente el país” y, en ese contexto, anunció: “Si tengo que ayudar para que esos grupos gobiernen realmente la Argentina, puedo llegar a ser candidata. Sobre todo para salvar la conciencia de muchos que no quieren votar a determinados candidatos”.
“Sería candidata a presidente, pero lo que quiero lograr primero es la unidad de las listas”, subrayó, al admitir que se daría una interna en la categoría presidencial, donde “está Patricia (Bullrich), está Horacio (Rodríguez Larreta), está Gerardo Morales, puede estar (Mauricio) Macri, puedo estar yo, puede estar (Facundo) Manes sí, yo no expulso a nadie”.
No obstante, resaltó que Juntos por el Cambio debe presentarse como “un verdadero gobierno de coalición para que no haya internas en los cargos legislativos”.
La titular de la Comisión de Juicio Político remarcó que además del pedido de juicio político contra la Corte del presidente Fernández, hay otro impulsado por Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti y garantizó que “el FdT tiene el quórum para la acusación”.
La diputada nacional Carolina Gaillard (FdT – Entre Ríos) habló este miércoles sobre el inicio del proceso del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia e invitó a la oposición al debate en comisión: “Sería interesante que asistan ya que están en peligro al República y la democracia”.
Del mismo modo, la diputada oficialista anunció que esta semana ingresará el proyecto en el Congreso y luego, la convocatoria a sesiones extraordinarias. “Una vez que todo eso se dé, se reúne la Comisión de Juicio Político para iniciar el tratamiento la iniciativa”, aseguró.
En diálogo con AM 530, Gaillard explicó que, además del proyecto de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, “hay uno que presentó Elisa Carrió contra el juez Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte”.
Por otro lado, la titular de la Comisión de Juicio Político habló sobre las causas del enjuiciamiento: “El conocimiento público de los chats entre Silvio Robles, persona de máxima confianza del presidente de la Corte Horacio Rosatti, fue la gota que rebalsó el vaso en el presidente para iniciar este proceso”.
“Hay cierta connivencia entre el máximo tribunal y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso se configura en un delito como tráfico de influencias”, señaló. Del mismo modo, sostuvo que “eso motiva a que se inicie el proceso que establece la Constitución Nacional”.
Así también, expresó: “Detrás del fallo arbitrario sobre los recursos coparticipables había cierta connivencia entre el Poder judicial que debió haber sido independiente. Para peor, aparecen conversaciones entre Marcelo D’Alessandro -ministro de Seguridad y Justicia porteño- y Robles. Esto activó el proceso”.
Respecto a los procedimientos del juicio político, Gaillard explicó que la Cámara de Diputados tiene la facultad de acusar o “el rol de fiscal”, y agregó que el juzgamiento le corresponde al Senado. “La Cámara baja tiene todas las facultades para recopilar pruebas, testimonios y testigos, y así llevar adelante la investigación”, indicó.
En tal sentido, agregó que, tras el dictamen “acusatorio”, deben presentarse los acusados a declarar. “Tenemos quórum garantizado en la comisión para iniciar el debate y para abrir el proceso de investigación”, afirmó.
En el final, siguió atribuyéndole responsabilidades al Poder Judicial y afirmó: “Esto sucede cuando uno ve que hay una extralimitación de las facultades que le corresponde a un Poder”. “Los motivos del juicio político son varios, pero el fallo de la coparticipación y los chats, evidencian irregularidades”, cerró.
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó los reiterados ataques de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, hacia la institución y consideró que “cambiamos las cosas de acuerdo al momento y eso es muy perjudicial”.
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, analizó este viernes los reiterados ataques de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contra el Tribunal Superior y sobre el proyecto para ampliar la cantidad de miembros, respecto del que opinó: “Es muy inconveniente desde el punto de vista institucional y de la seguridad jurídica”.
En declaraciones por Radio Mitre, el funcionario judicial expresó: “Cuando hay una decisión del Congreso, en este caso del Senado, jurídicamente debemos respetarla. En cuanto a las opiniones ya expresé que me parece muy inconveniente, desde el punto de vista institucional y de la seguridad jurídica”.
Y continuó: “Una persona que quiere hacer un emprendimiento y sabe que le van a cambiar el contexto a cada rato, la gente se paraliza. Cambiar la Corte y otro día otra cosa y cada cuatro años todo, es imposible vivir para las personas”.
A su vez, Lorenzetti explicó: “La Constitución es atarse a un mástil para no caer en las tentaciones. Los argentinos, más que todo la dirigencia, hemos caído en las tentaciones con mucha frecuencia”, y apuntó: “Cambiamos las cosas de acuerdo al momento. Es muy perjudicial”.
“Una persona de 50 años no ha tenido una década tranquila. La crisis de cambio permanente genera inseguridad y la inseguridad genera desconfianza. La ley es interpretada como un consejo, y eso no es estado de derecho”, agregó el juez de la CSJN.
Por otra parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación opinó sobre la seguridad jurídica y aseguró que la misma “le interesa al mundo empresarial, pero también es cosa de trabajadores, de clase media, de los chicos que quieren estudiar”.
“Si van a cambiar todo, un día las leyes, la Corte, los tribunales, un día para un lado del mundo y otro día para otro lado del mundo, la gente se paraliza y se desilusiona; bajan los brazos. Tenemos que hablar los que nos gusta el derecho y creemos en los ideales. Hay que reafirmar las convicciones en el estado de derecho”, cerró.
Cabe recordar que el proyecto impulsado por el oficialismo para ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema a 15 integrantes, contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género, recibió la media sanción en el Senado el pasado 22 de septiembre, pero tiene escasas probabilidades de ser aprobado en Diputados.
El partido liderado por Elisa Carrió ampliará el pedido juicio político al miembro de la Corte Suprema por “obstruir e interferir en la labor legislativa de manera fraudulenta, mediante un engaño a sus interlocutores”.
La Coalición Cívica presentará una ampliación del pedido de juicio político contra el juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, por “obstruir la labor legislativa de manera fraudulenta, mediante un engaño a sus interlocutores”, expresaron a través de un comunicado.
“Esta conducta constituye un alzamiento contra el orden institucional”, señalan los dirigentes de la CC entre las causales de la iniciativa.
Según los dirigentes de la Coalición Cívica, “el interlocutor es el operador de cuarta categoría y exministro de Justicia Germán Garavano (al que ya le pedimos el juicio político), a quien Lorenzetti le manifestó que todos los jueces de la Corte están de acuerdo en no integrar Consejo de la Magistratura, lo cual es una absoluta mentira”, relataron.
“Lo mismo le comunicó al gobernador de Jujuy Gerardo Morales, quien rechazó de forma taxativa los dichos de Lorenzetti”, añadieron los dirigentes de la CC.
En consecuencia, agregaron, “tomaremos todas las medidas judiciales, entre ellas una denuncia por alzamiento contra el orden institucional al camarista Juan Ramos Padilla, quien estaría actuando en connivencia con Lorenzetti”.
Luego de que el ministro sostuviera que “la Corte no va a ceder a ninguna presión”, el diputado oficialista apuntó que "fueron cómplices de la persecución política”.
El diputado nacional y presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos Leopoldo Moreau (FdT – Buenos Aires) le salió al cruce al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tras sus declaraciones por la marcha contra el Tribunal: “La Corte no va a ceder a ninguna presión; el silencio es lo mejor y dedicarnos a nuestro trabajo”.
El legislador oficialista utilizó su cuenta de Twitter para contestarle al ministro: “Lorenzetti dijo que ‘La Corte no va a ceder a ninguna presión’. Es cierto, sencillamente fueron cómplices y, particularmente él de la persecución política. Arregló con (Mauricio) Macri sacarle la oficina de escuchas a la Procuración”.
“Avaló (tal vez hasta escribió) la aberrante doctrina Irurzun. Se sumó al invento del asesinato de (Alberto) Nisman promoviendo que la causa saliera de su juez natural. Los presentó a los delincuentes de Moro y Bonadio como jueces ejemplares”, denunció Moreau.
Y cerró: “En nombre del gobierno de Macri presionó al Camarista Ballesteros para que no votará a favor de la libertad de los dueños del grupo Indalo. Haciendo gala de sus dotes de ‘equilibrista’ fomentó su propia asociación de jueces federales. Con los peronistas se hacia la ‘víctima’ del macrismo y con el macrismo obedecía las instrucciones de la mesa judicial”.
El diputado porteño de la CC cuestionó a Ricardo Lorenzetti hace un tiempo y ahora lo citan a declarar. Redobló la apuesta: "Nos vemos en tribunales", respondió.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, contestó por redes sociales un telegrama del Poder Judicial que lo cita a declarar por segunda vez. Sin dudarlo, apuntó contra la Corte Suprema y el magistrado Ricardo Lorenzetti.
Al igual que su jefa política Elisa Carrió, López apuntó contra Lorenzetti, pero esta vez fue contra el administrador de la Corte, Héctor Marchi, al denunciar que lo “hostiga” porque el diputado opinó sobre su trabajo.
“Pretende amordazarme y me cita a mediación por segunda vez. Entiendo que porque dije que ojalá la Corte no siga administrada por gente ligada a Ricardo Lorenzetti”, publicó en su cuenta de Twitter.
Luego de ilustrar con una foto de la citación judicial, López disparó: “¿La Corte creerá en la libertad de expresión y los contrapesos interpoderes?”.
“Yo sí creo, no me asusto porque además para eso somos votados los diputados”, dijo López, quien remató: “¡Nos vemos en tribunales Marchi!”.
Mientras el Gobierno lanza medidas para garantizar su acceso a los dólares, el ruido político hace su aporte contra la confianza elemental que necesita en una coyuntura tan complicada. La relación con la oposición y las discrepancias internas que conspiran contra la autoridad presidencial.
Por José Angel Di Mauro
La Corte Suprema de Justicia es especialmente refractaria a ponerse en situaciones que la ubiquen en el centro de la polémica. Por eso resultó curioso cuando en mayo de 2017 emitió un fallo a favor de aplicar el 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Una enorme incomodidad le generaron entonces las masivas movilizaciones realizadas por esos días en su contra, y hasta el intento por parte del kirchnerismo y la izquierda de llevar a juicio político a quienes habían emitido semejante fallo.
El tema, que sorprendió en esos días al Gobierno de Mauricio Macri, fue saldado a través de una ley consensuada entre oficialismo y oposición, en la que por una vez votaron juntos Cambiemos y el kirchnerismo, limitando el alcance del 2x1 de modo tal que ese beneficio no sea aplicable a los delitos de lesa humanidad.
Quedaron dudas por entonces respecto de las razones de semejante decisión del Máximo Tribunal. En el Gobierno de entonces señalaron a Ricardo Lorenzetti, quien manejaba la agenda de la Corte y siempre fue partidario de los fallos unánimes. En ese tema en cambio el resultado había sido 3 a 2. Esos tres votos fueron de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Muchos funcionarios de entonces interpretaron que Lorenzetti había generado esa situación a sabiendas de cómo votarían Rosatti y Rosenkrantz.
Lejos de haber menguado, las intrigas en el seno de la Corte Suprema siguen vigentes y exacerbadas. Confiaba en ello el Gobierno cuando salió a agitar el tema del escrache del fin de semana a Ricardo Lorenzetti en su casa de Rafaela. Pero una vez más erró el presidente al lanzar una fuerte embestida pública contra el titular del Tribunal por haber habilitado la discusión del per saltum. Ese mismo día la diputada Vanesa Siley presentó un pedido de juicio político contra Rosenkrantz, que este fin de semana ella misma se encargó de difundir.
A su vez, en vísperas de la reunión de la Corte, la ministra de Justicia -nadie más del riñón albertista que ella- advirtió que “sería un escándalo” que fallara a favor del reclamo de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. En rigor, la Corte aún no ha fallado; pero así como en la previa de la acordada del martes pasado en la Rosada confiaban en que el Tribunal se sacara de encima la papa caliente, ahora descuentan un fallo adverso.
Debiera aprender el Gobierno que ese tipo de presiones suelen generar el efecto contrario al buscado. Le pasa también con la oposición, a la que necesitaría fragmentar, pero sus acciones no hacen más que amalgamarla.
Un ejemplo claro es el Senado, donde más sufre la oposición su condición de minoría. Sin embargo fue el primer espacio en el que pudo ponerle límites al Gobierno, al demostrar a partir de una votación por un tema menor que el oficialismo no tenía los dos tercios.
En efecto, la Cámara alta es el espacio donde más podían quedar expuestas las debilidades de la oposición. Ejemplo: dos senadoras que ingresaron al cuerpo el 10 de diciembre pasado a través de las listas de Juntos por el Cambio, quedaron enemistadas con ese interbloque aun antes de asumir, porque los radicales quisieron quedarse con sus lugares. Sin embargo la hostilidad expuesta desde la presidencia de esa Cámara no hizo más que sumarlas a JxC a la hora de votar.
En esa Cámara no avanzan los consensos. A diferencia de Diputados, donde las sesiones son mixtas, permitiéndose la presencia de casi medio centenar de legisladores en sus bancas, en el Senado apenas están habilitados la presidenta provisional y los tres vicepresidentes. La oposición judicializó el nuevo protocolo impuesto por considerar que representa una reforma del reglamento de la Cámara y como tal necesitaría -dicen- el apoyo de todo el cuerpo. Por eso asiste a los debates, pero se retira a la hora de votar. Hubo la última semana un esbozo de acercamiento al acceder la presidencia del cuerpo a permitir la presencia de otros cuatro senadores, dos del oficialismo y dos de JxC. Pero este bloque pidió que fueran rotativos, de modo tal que pudieran ir cambiando los senadores presenciales durante el transcurso de cada sesión. El oficialismo no aceptó y así siguen empantanados.
La presidencia de la HSN había propuesto para esta sesión el tratamiento de dos temas ineludibles para la oposición: la ley que le rebaja la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y la de promoción de la economía del conocimiento. Sin acuerdo, la oposición dio el debate y se deslogueó al momento de votar. Con esta metodología todo se aprueba sin votos negativos.
En la Cámara baja el diferendo por la presencialidad alcanzó su punto extremo con esa recordada sesión a la que asistieron 94 diputados de Juntos por el Cambio… que figuraban ausentes por no estar logueados. Pero a los pocos días volvieron a sentarse todos y encontraron una solución consensuada. Es verdad también que en esa Cámara la relación de fuerzas es más ajustada, entonces la búsqueda de consensos es una obligación para Sergio Massa y Máximo Kirchner. Como sea, se acordó que para los temas más ríspidos las sesiones sean convocadas en un espacio donde pueda haber la mayor cantidad de diputados presentes, con distancia suficiente entre sí.
Empresarios con los que mantiene buen diálogo Alberto Fernández le expresaron días pasados sus reparos hacia el proyecto de aporte solidario.
El primer tema que amerita la presencialidad acordada será el aporte solidario y extraordinario, mejor conocido como el proyecto para las grandes fortunas. Se esperaba que se tratara la última semana, pero tal vez se postergó por la búsqueda del recinto adecuado donde debatirlo. O bien para no diluir el efecto de las medidas anunciadas el jueves por el equipo económico. Un intento oficial por recuperar la centralidad y volver a marcar la agenda.
Los empresarios recibieron los anuncios con beneplácito por ver a las autoridades diagramar algo que sea parecido al menos a un plan, aunque con cautela extrema. Ya se vivió intensamente en los dos últimos y tortuosos años de Cambiemos, cuando las sucesivas devaluaciones hundieron las expectativas de esa administración.
Hoy el Gobierno de Alberto Fernández se resiste a devaluar, pero el problema sigue siendo el dólar, más específicamente su escasez. Y en esa materia el Gobierno solo viene demostrando eficacia en extremar el cepo: cada vez son menos los habilitados para acceder al dólar ahorro.
Empresarios con los que mantiene buen diálogo Alberto Fernández le expresaron días pasados sus reparos hacia el proyecto de aporte solidario. La respuesta presidencial fue enviarlos a manifestarle sus sugerencias al diputado Carlos Heller, redactor del proyecto que se le atribuye a Máximo Kirchner. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja rechazó esas recomendaciones.
El presidente sobreactúa la independencia de los poderes cuando le hacen planteos sobre iniciativas que surgen en alguna de las dos cámaras, desligándose de las mismas. Quedó claro precisamente con el proyecto para las grandes fortunas, del que Fernández se anotició durante una entrevista que le hizo en abril el periodista Horacio Verbitsky.
En rigor, las opiniones tan diversas en el seno del oficialismo, muchas veces a contramano del pensamiento presidencial, no hacen más que expresar la diversidad de posturas en el muy diverso Frente de Todos. Volvió a manifestarse la última semana con el debate intenso generado en torno al uso de las pistolas Taser. O de manera más cruda cuando el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, defendió al régimen de Nicolás Maduro al hablar de “posturas sesgadas” en ese organismo respecto de la situación en Venezuela en materia de derechos humanos. Por una vez se dejó trascender desde lo más alto del Gobierno que esa postura no era compartida por la Cancillería, ni mucho menos por el presidente Fernández. Raimundi dijo haber aclarado con el presidente el tema, “para desmontar cualquier operación y sellar la posición argentina”. Lo cierto es que este lunes en Ginebra el embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas, sí votará a favor el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Pero Raimundi sigue en su cargo, contrariamente a lo que puede sugerir el sentido común. Pasa que una medida en contrario alteraría el equilibrio interno del tan diverso Frente de Todos, aun a riesgo de perjudicar la autoridad presidencial. Y esas cuestiones, inexorablemente, terminan repercutiendo en la confiabilidad de un gobierno que necesita como nunca reforzar ese elemento.