El déjà vu es una repetición, donde tenemos la sensación de que algo ya lo hemos visto o hecho antes, pero que nunca ocurrió. En lo que hoy se vive en el país, esas cosas ya ocurrieron y su punto de partida fue a comienzos de 1989. 

El círculo rojo de aquel momento, pergeñó un plan especulativo contra Alfonsín, exigiendo al igual que hoy la devaluación del dólar, lo que dio comienzo al alza incontenible del dólar y los precios internos. Constituyendo el primer peldaño de la hiperinflación y la entrega anticipada del gobierno. 

La causa de la misma, no fue la emisión, sino la negativa de los exportadores a vender sus productos y liquidar las divisas que obtenían vía exportaciones, más la amplificación por los medios, de rumores desestabilizadores. 

Para que ese golpe de mercado lograra sus objetivos se dieron varias circunstancias, en primer lugar, una debilidad política del gobierno como para presionar a esos sectores, la ausencia de controles efectivos sobre el comercio exterior, ya sea vía el contrabando, la sobrefacturación o subfacturación de los productos y por último la Espada de Damocles, la deuda externa de más de 40.000 millones de dólares, herencia ilegal de la dictadura militar. 

Tampoco fue ajeno a ese proceso, la decisión política de los EE.UU. de poner en caja a un gobierno que, pese a su debilidad, mantenía algunas posiciones soberanas en contradicción con las posturas de aquella nación, vetando el desembolso de 1.500 millones de dólares que ya estaban acordados, como recientemente ha hecho el BID. 

Los socios civiles de la dictadura y no pocos militares, derrotados a partir de 1983, y muchos presos, olieron la sangre y tomando conciencia de la debilidad institucional y su propio poder, decidieron apretar el acelerador para imponer su propia agenda económica y escarmentar a las mayorías nacionales. No toleraban, ni tolerarían nuevas aventuras “populistas”. 

En ese contexto, las empresas oligopólicas, los bancos y financieras continuaron con sus presiones, alzas de precio, desabastecimientos e incremento del dólar blue, debilitando aún más al gobierno radical, a la par que obtenían cada vez más ventajas a su favor. 

Pero su mayor logro fue el condicionamiento del futuro gobierno democrático, por su perversa capacidad para generar caos social y ahogo económico. 

Hoy apelan a los mismos mecanismos de hace 33 años, pero con mayor confluencia de fuerzas, ya que a los grupos originarios se le han sumado los medios de comunicación hegemónicos y cartelizados, más el respaldo de la Corte Suprema de Justicia de Nación y algunos tribunales inferiores al servicio del poder y la embajada de los EE.UU.  

Además, por la acción de esos medios, gran parte de la ciudadanía se encuentra ajena a la cabal comprensión del tema y ha entrado a la vorágine del valor del dólar y las remarcaciones diarias de precios sin justificación. No es ajeno a ello, el endeudamiento con el FMI, similar a la deuda de la dictadura. 

Por su parte la justicia frena o retarda toda iniciativa del gobierno tendiente a paliar a minimizar los daños inferidos por esos sectores, en sintonía con una oposición cruel y antinacional en el Congreso. 

1989 es un espejo donde mirarnos, ya que marcó en nuestra incipiente historia democrática, la derrota de un gobierno popular, dejando en claro que las políticas económicas las manejan ellos o el “mercado” como dicen y no el Estado.  

En estos días estamos inmersos en un proceso idéntico, el resultado se dirimirá a favor de uno u otros, según como actúe el Gobierno, el Frente de Todos y amplios sectores nacionales y populares de la ciudadanía, sabiendo que los grupos de poder en el país se acercan al Estado para sacar ventajas. Pensar con ellos un proyecto de país no se da, y no creo que se vaya a dar. 

Si no hay decisión y voluntad política, patriotismo, firmeza, y movilización popular, asistiremos al triste espectáculo de una nueva República Perdida, con todo lo que ello significa para la mayoría de los argentinos. 

Pero ahora todo es más grave, sobre todo por lo que ocurre en el contexto internacional, ya que no sólo vienen por las instituciones, por Cristina, sino que vienen directamente por el país y su abundancia de recursos. 

Los “animémonos y vayan” de todos los golpes de estado, ya han bajado el pulgar y han difundido sus proclamas, que los Ricos, Ruckauf, Pichetto,  Grabois o Bullrich en sintonía con el periodismo de guerra, propalan por doquier.  

En esta situación, creo que hay que apuntalar la gestión del Gobierno, más allá de las críticas, dudas y las vacilaciones del mismo.  

Valga en tal sentido una anécdota de Arturo Jauretche que paso a referir: El Vasco, que había sido corrido mal por el peronismo, exilándose en el Uruguay, cuando en el 55 se produce el golpe contra Perón, se viene a poner a sus órdenes y dice más o menos así: “No digo que Perón haya sido el arcángel Gabriel, ni que no haya hecho cosas que la mayoría de mi generación no aprobaría, pero enfrente estaba Pinedo. La decisión de qué lado estar era fácil”. 

¿Entienda que enfrente están la embajada, las corporaciones y los Macri, en consecuencia Ud., de qué lado está? 

Por último, no le pidan a Cristina que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. 

Trataré de poner un poco de claridad en el tema, que puede no ser del agrado de muchos, que han hecho de los humedales una bandera de activismo político. 

Creo que distintas partes existe un ambientalismo diría, espasmódico, que frente a un hecho que afecta al entorno y reproducido hasta el cansancio por los noticieros, generan colectivos de repudio y que pasado un tiempo desaparecen. Valga el ejemplo de las pasteras, miles que nunca se habían percatado que en el país existían más de 20 de esas industrias contaminantes, se unieron para protestar contra las uruguayas. 

Al igual que en el caso referido, hay una actividad febril en este tema, con proclamas, concentraciones y proyectos de leyes varias, que una vez que nuestros ríos retomen su caudal normal (si es que lo hacen) las mismas irán mermando, hasta que se produzca un nuevo episodio de similar naturaleza (bajante). 

Para el abordaje del tema, debemos conceptualizar el qué son y para ello apelaremos a la Convención de Humedales o RAMSAR, ciudad iraní donde se firma el 2 de febrero de 1971, más de 50 años atrás, ratificada por la Ley Nacional Nº 23.919, por la que establece la importancia y la necesidad de protección de los mismos. 

La Convención Ramsar, en su artículo 1 párrafo 1, dice que se consideran humedales: “Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. “Podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas.” 

Vemos que estos ecosistemas son zonas húmedas, que, salvo contingencias extremas, como las producidas en los últimos dos años, nunca pueden ser destruidos por el fuego, Debemos coincidir que los humedales del mundo y del país están desapareciendo a pasos agigantados, no por el fuego natural o intencional, sino por el incumplimiento de toda la normativa existente y la falta de celo del Estado. 

Según algunos estudios, desde el año 1900, la humanidad ha destruido el 64% de los humedales, y no sólo frente a Rosario, Santa Fe o algunas otras ciudades con capacidad de protesta y llegada a los medios, ante un silencio que aturde frente a muchos otros eventos más dañinos y definitivos. 

Tamaña desaparición es producto de la deserción del Estado, la impunidad de los desarrolladores inmobiliarios y las actividades productivistas agrícolas ganaderas, no sólo en su función originaria, sino también para el patrimonio nacional, ya que la mayoría de esas tierras de conformidad a la ley son bienes públicos del Estado destinados al uso y goce de todos los ciudadanos, no apropiables por los particulares, pese a lo cual la mayoría está en manos privadas que han hecho fabulosos negocios inmobiliarios a costa de todos. 

Estos ecosistemas son contemplados en las siguientes normas. En primer lugar, por la Convención Ramsar y la Ley Nacional Nº 23.919; en segundo término, la Ley General del Ambiente Nº 25.675, por sus artículos 1º y 2º establece los principios rectores de la gestión ambiental y que por el 3º dice que: sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia. Sin olvidar el artículo 41 de la C.N. que se expresa en similares términos. 

Sumemos el Código Civil, que dispone el carácter de bienes públicos (inalienables e imprescriptibles) de dichos territorios. Con todo este bagaje de normas, sino no fuera por la inacción estatal, la protección sería total. 

Sin perjuicio de lo expuesto, en la Pcia. de Santa Fe existe el Decreto Nº 7317 del 5-10-1967 que estableció normas para planes estructurales de desarrollo urbano tendientes a evitar el crecimiento deficiente, “cuyos costos de corrección son siempre mayores que la oportuna inversión en la solución correcta”. El que sabiamente establece: “No se admitirán extensiones de usos urbanos en áreas comprendidas en antiguos lechos de ríos o arroyos, no exentas de inundaciones…”. “Tampoco se admitirán extensiones de usos urbanos en lechos de crecidas ordinarias o extraordinarias, ni en áreas afectadas por posibles inundaciones cíclicas. Igualmente, en las franjas marginales de erosión y arroyos.” Igualmente veda las actividades industriales y productivas en esas áreas. 

Para desgracia estas previsiones fueron echadas en el olvido, merced a la presión del dinero y los fabulosos negocios inmobiliarios realizados, comprando terrenos sin valor venal (pero sí ambiental) y revendiéndose a precio de loteos urbanos, previo pago por parte de toda la comunidad de obras de defensa para unos pocos. Villa California en Rincón, es un clásico ejemplo de este tipo de negocios, para mencionar un solo caso. Podríamos abundar en los casos de Nor Delta y tantos otros. 

Mientras se mantenga la bajante de nuestros ríos, el oportunismo de algunos estará a la orden del día y miles de hectáreas de humedales hacia el interior seguirán desapareciendo, producto el desecamiento, los canales, los murallones de defensa y todo emprendimiento que le deje mucho dinero a sus impulsores. Los que nunca prestaron atención a estos ecosistemas, hoy se sacan chispas para ver quién es más papista que el papa y presentan infinidad de proyectos de ley, como si la ley solucionara los problemas, Para evitar estos desastres hay que tener decisión y voluntad política de hacerlo y no ponerse a actuar sobre la leche derramada. 

Parafraseando a Deodoro Roca, digo: “los dolores que nos quedan, son los jueces que nos faltan”. 

Es así, nos faltan jueces con espíritu patriótico y comprometidos con el derecho y la justicia. 

En las causas del epígrafe, tenemos por un lado al Juez Lorenzini, casi sin experiencia, exempleado del Banco Nación y proclive a defender los intereses de Vicentín, como muchos han denunciado; y la causa Swift-Deltec, que estuvo a cargo el exjuez nacional de Comercio Salvador M. Lozada, presidente honorario de la Asoc. Internacional de Derecho Constitucional y pte. del Instituto Argentino para el Desarrollo (IADE). 

De la simple comparación de antecedentes, cada uno ya puede ir sacando algunas conclusiones. 

En ambos procesos se trató de la responsabilidad de grandes grupos económicos ligados al agro, uno a los cereales y el otro a la ganadería.   

El primero está en “marcha” y el 2do. se resolvió hace más de 50 años, ratificado por la Corte Suprema de Justicia y que algunos magistrados niegan la aplicación de su jurisprudencia. 

En el caso Vicentín, mientras el tiempo sigue pasando, lo único cierto son las dilaciones, chicanas, las prórrogas, las arbitrariedades y la falta de razonabilidad jurídica, que son de estado público, lo que seguramente es de aplicación a la causa Correo (curreo). 

Por el fallo Swift – Deltec, el dr. Lozada, rechazó el concordato preventivo propuesto por dicha compañía y decretó la quiebra de la misma, pero extendiéndola a todas las sociedades y filiales del grupo en el mundo, no sólo en el ramo específico, sino también a todas sus actividades, incluidas las financieras, manifestando “que no existe personalidad jurídica diferenciada entre todas las empresas de un grupo, que responden a una voluntad común”. 

“La extensión de la quiebra a más de una docena de empresas del grupo…, tuvo un resultado venturoso: toda la masa acreedora, configurada principalmente por obreros y consignatarios de hacienda, terminó cobrando la totalidad absoluta de sus créditos con indexación e intereses. No cabe duda de que el instituto de la extensión de la responsabilidad patrimonial a todo el conjunto económico de una multinacional es un recurso genuino del derecho contemporáneo para hacer justicia en una sociedad globalizada”. 

De conformidad a ese fallo, en el caso Vicentín se debería extender el concurso y eventualmente la quiebra a sus filiales de Paraguay, Uruguay, Brasil y otros países, como también a empresas conexas o asociadas como Friar y posiblemente muchas más. 

Alertaba en su momento el dr. Lozada, que las sociedades anónimas, como máximo instrumento jurídico de acumulación capitalista, conducen a desviaciones peligrosas. 

Y continuaba: “El remedio frente a esta desviación ha sido encontrado en la posibilidad de…penetrar en ella hasta descubrir su verdadero sustrato personal y patrimonial, poniendo al descubierto la verdadera identidad y los verdaderos propósitos de quienes se amparan bajo aquella armadura legal”.  

Espero que puedan ver las diferencias entre un juez probo, honesto, interesado en los problemas del país y en sus soluciones, diríamos “patriota” y otro que responde a los mandamientos de los grupos de poder, como desde varios lugares se acusa a Lorenzini, que dilata y que no va al fondo del problema con valentía y audacia y que sólo se maneja dentro de la formalidad de la normas y no en la buena fe y los principios generales del derecho. 

Para dejar que piensen, en tiempos de pandemia, también en estas cosas que hacen al futuro de Argentina y a la seguridad de todos, termino coincidiendo con el dr. Salvador María Lozada cuando dice: “Esto es lo que hizo… y es lo que hay que hacer ahora…: levantar el velo de la personalidad jurídica.” “Producido el daño… poner la totalidad de sus patrimonios al servicio del deber de devolver esos dineros”. 

En la semana de los derechos humanos trataré de precisar algunas cuestiones, señalando que la lucha por alcanzarlos, es tan vieja como la humanidad y se ha dado en toda circunstancia en que existieron sectores de poder con capacidad de oprimir a otros más débiles. 

Siempre que existió un sistema perverso que pudiera arrasar la vida y la identidad de las personas, se ha buscado oponerle un escudo protector de valores esenciales para la dignidad y plenitud del ser humano. Y a través del tiempo esa barrera impeditiva se consolidó mediante el perfeccionamiento y tipificación de esos derechos. 

Su fuente generadora para todos aquellos que buscaban reparación a sus agravios, se encuentra en la injusticia, la opresión, la prepotencia, el atropello y el desconocimiento del otro. 

Como concepto, podemos decir que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas y acciones que los individuos gozan a su favor por su sola condición humana, tendientes a impedir o paralizar aquellos actos u omisiones del Estado y de los particulares que puedan afectar o menoscabar su calidad de tales.  

Son al decir de Julen Rekondo “una promesa incumplida para millones de personas que luchan por sobrevivir”. 

Si bien en los últimos tiempos este tema se ha asociado casi linealmente a las organizaciones que reclaman por los desaparecidos, los apremios ilegales o de gatillo fácil, pero su espectro es mucho más amplio. 

Hacia fines del siglo XVIII y principio del XIX se consagran los derechos humanos de primera generación, los que tuvieron su inspiración en el liberalismo, integrándose con los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad, la libertad de opinión y expresión, a un juicio justo, a libertad de elección, etc. 

En nuestro país estos plasman en la Asamblea del año 13, en los Proyectos de Constitución y fundamentalmente en la Constitución de 1853. 

En el plano internacional se consagraron el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El preámbulo de ella expresa: “que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de los miembros de la familia humana; ya que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”. 

A principio del siglo XX aparecen los derechos de segunda generación o sociales, alumbrados por la corriente conocida como constitucionalismo social que se expresara en la Constitución Mexicana de 1917 y en la de Weimar de 1919, entre los que se encuentran el derecho al trabajo, la salud, el comercio y la educación entre otros, que en el país se consagran en la Constitución peronista de 1949 y con el artículo 14 Bis y otros de la Constitución de 1957. 

Las nuevas realidades y condicionantes, con el auge de la tecnología y el desarrollo de las grandes corporaciones, hicieron que, a fines de la década del 70 del siglo pasado, surgieran los derechos humanos de tercera generación, destacándose entre ellos el derecho al ambiente, a la calidad de vida, a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía alimentaria, a la no corrupción, a la ciudad, a la solidaridad y a la paz. 

Hoy se habla de derechos de cuarta generación o transgeneracionales como el de las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano y libre de degradación y el derecho a los servicios esenciales como agua, luz y saneamiento. 

Este derecho debe ser abordado desde una visión holística, integrado por dos realidades, una natural que es el medio para el desarrollo común y otra dada por la acción de los hombres comprensivo de lo histórico, artístico, arqueológico, paisajístico, etc. que se interrelacionan, se condicionan y que necesitan la acción tutelar del estado.  

Así que el ambiente natural sirve de sostén al ambiente humano (sociedad), y las acciones sociales a su vez modifican, alteran o degradan al ambiente natural. 

Un ambiente degradado hace inviable la vida en plenitud, por lo que la aptitud del mismo se constituye en un presupuesto básico para el desarrollo integral del ser humano. 

Esto ha sido receptado por constituciones modernas y consagrado en el art. 41 de la nuestra de 1994, que expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”. 

La degradación, atenta contra la dignidad humana, y los pueblos que la padecen no pueden avanzar hacia estadios superiores de organización social, cultural y política. Hoy se habla que “El ambiente es el primer derecho humano”. 

Pero, admitamos dolor que toda esta corriente doctrinaria, jurídica y política en expansión, no ha servido para impedir la profundización de modelos esencialmente injustos e inequitativos, por lo que se impone cambios profundos en nuestras actitudes y formas de participación. 

La sociedad de consumo globalizada nos impone una ética individual extrema, que anula la solidaridad, la participación y sobre todo la utopía de que más allá de esa opción, hay otros modelos de vida posible.  

Por ello, no esperemos a seguir contando los muertos para iniciar un camino distinto en beneficio de todos. 

Sin dudas, esta es una muy mala palabra, sobre todo para los gobiernos, países y pueblos que la padecen habitualmente. 

Antes del abordaje de su concepto, les digo que la expresión, es un término raro, olvidado, que ni siquiera se encuentra en Wikipedia, pero grafica como pocos, lo que ocurre en muchas partes del mundo, e indudablemente en nuestro país. Es una suerte de pandemia, pero mucho más peligrosa. 

No crean que la inventé, para nada, la descubrí en un antiguo libro, de los que suelo leer, que se llama “Tradiciones Peruanas” de Ricardo Palma, escrito hacia mediados del 1800. 

Su concepto o significado es lisa y llanamente: “Gobierno y Poder ejercido por los ricos”; ¿le suena conocido? 

Algunos conocedores dicen que la argirocracia es una asesina de la solidaridad, que impone valores perversos, como egoísmo y obediencia, y si no los adoptamos, nunca podremos convertirnos en “ciudadanos normales”, para el gusto de los que la llevan adelante. 

Como sinónimo, usan capitalismo, donde unos pocos gobiernan a los más y aquellos compran y venden a todos los que quieren o se les ocurre. 

Quienes encarnan esos gobiernos; los argirócratas determinan a quienes debemos odiar, ya que el odio es fundamental para su desempeño, pero además ordenan, sobre todo, nunca atreverse a cuestionar a la autoridad. 

Su lema o bandera es la indiferencia frente a las injusticias, y si no actuamos en consecuencia, seguramente tendremos problemas con los que gerencian dicho sistema y ni hablar con su poderoso aparato de control social. 

Otro de sus mecanismos de actuación, es que siempre manejan la justicia, que es la que garantiza sus privilegios y a los rebeldes que intentan sacar los pies del plato, se los encierra por atentar contra la seguridad. 

Si hace un poco de memoria se acordará del juez Martín Irurzun, el artífice de la doctrina de las prisiones preventivas arbitrarias para exfuncionarios kirchneristas y por su rol de mando en la oficina de escuchas de la Corte Suprema. 

Estos no tan nuevos profetas de la moral, en su alianza con los medios de comunicación hegemónicos, te manipulan con sus proclamas falsas y mentirosas, en su afán de anular cualquier voluntad disidente. 

Como alguien ha expresado: antes se perseguía a los que pensaban distinto, hoy se persigue a los que piensan. 

Otros más audaces se han atrevido a afirmar que la ARGIROCRACIA es la sepultura y cementerio de la felicidad y la libertad. ¿Será así? ¿Qué les parece? 

Algunos adelantados, intuyeron hace más de 150 años, la llegada de los Macri y toda una fauna parecida o de la misma calaña, que se creen los dueños del mundo y los amos de la vida de millones. 

Son los nuevos caballos de Atila, que por donde cabalgan nada vuelve a crecer, desparramando odio, mentiras y saqueos sin límites. 

Nuestra vida y la de todos, poco importan, ya que los ricos nunca piden permiso y atropellan todo a su paso. 

Me parece que lo que está en juego en los próximos tiempos electorales y más allá, no es si gana tal o cual candidato, la verdadera disyuntiva es argirogracia o democracia, que en definitiva es lo mismo que pueblo o antipueblo. 

Espero que reflexione en torno a esta mala palabra y tome una decisión comprometida, que sea en defensa propia y no a favor de los argirócratas. 

En estas épocas pre electorales y de fervor cívico, siempre aparecen las buenas personas, pero también los saltimbanquis, aventureros, las figuras mediáticas, las estrellitas televisivas, comunicadores varios, y toda una fauna variopinta que aspira a seducir el corazón del electorado o hacer algún buen negocio. 

Sepa que el candidato/a, es aquella persona que tiene la aspiración de cubrir una vacante, en el corazón de una dama, en un empleo o en algún cargo electivo, entre otros supuestos. 

La palabra “candidatus” viene del latín, y significa “vestido de blanco”, de “candidus”, “sin malicia, puro, sincero”. Con esta voz se designaba en Roma a los aspirantes a cargos públicos, quienes debían usar una túnica blanca, llamada “candida”, al parecer para destacar la pureza, probidad y honradez que cabría esperar de los hombres de gobierno. Su raíz proviene de “candere” que significa: brillante, brillo, destello. Para ostentar dicho carácter debía cumplir con una serie de requisitos, cualidades o méritos que lo hagan merecedor al mismo. 

Se lo puede comparar con el candidato a la mano de una niña, que antaño, si pretendía obtener sus afectos y formalizar una relación, tenía que hacer una tarea preparatoria (campaña) y tener condiciones acordes a ese fin. 

Presentándose de la mejor manera a la consideración del entorno familiar (especie de cuerpo electoral), quienes eran los encargados de consagrar o no al mismo. Debiendo exhibir; idoneidad, seriedad en la propuesta, antecedentes profesionales y/o laborales con ingresos suficientes para sostén de la pareja, agregándose; historia familiar, religión, ideas políticas, buena imagen (sin Photoshop), ausencia de vicios, etc. 

Para merecer a la elegida, se necesitaba ser honorable y buena persona, lo cual era debidamente evaluado por el electorado familiar; y si se cubría las expectativas, se le otorgaba el permiso para el ingreso al seno de la misma. 

Previo al veredicto, se hacían largas campañas de buena letra, trato correcto, habilidades varias, atenciones y seducciones al resto del clan, lo cual era escrudiñado por dicho grupo, en el que todos emitían su voto. 

Hasta algunos años atrás, el candidato político debía someterse a rituales o reglas más o menos similares, aunque últimamente el sistema se ha hecho añicos, tanto en lo amoroso como en lo político. 

Históricamente para ser candidato se debía acreditar trayectoria, compromiso y militancia pública reconocida en algún sector social. Ahora sólo basta con hacer campaña, en la acepción militar del término (incursión), durante un corto tiempo, con un buen equipo de propaganda, mucha plata y contar con la bendición, por lo general, de sectores de negocios públicos o privados. 

Tal ha sido la variación que hoy se han convertido en imágenes o abstracciones, sin historias o trayectorias. Sólo un nombre o una foto, reproducida hasta el hartazgo por medios de comunicación, previo pago de sumas suculentas. 

Generalmente no se le conocen proyectos, posiciones políticas, principios ni pertenencias, con ello no afirmo que no los tengan, por lo menos no son mayoritariamente conocidas por parte del electorado. 

La militancia de años y el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la gente, han sido sustituidos por el cotillón y el marketing, lo que permitió las candidaturas: de figuras del espectáculo, del deporte o del periodismo entre otras, cuya máxima virtud es una exposición reiterada en los medios masivos de prensa. 

Puras imágenes, frases, consignas o expresiones de deseos vacías de contenido y sin compromiso alguno, con los que dicen que van a representar. Y así asistimos a una comparsa de Menganos y Fulanos y no mucho más. 

La mercadotecnia electoral, para posicionarlos electoralmente, los vende cual, si fueran heladeras y muchos terminan haciendo honor al producto, ya que tienen pocas luces, son fríos y no calientan a nadie. 

Pese a existir excepciones y de las buenas, a muchos le comprenden las generales de la ley. Es más, he preguntado a algunos, antes del cierre de listas, candidatos de qué partido o sector eran y no me han sabido responder. 

El requisito constitucional y fundamental de la idoneidad para el cargo, queda para otro momento. 

Piénselo y a quién le quepa la “candida”, que se la ponga. 

No digo que no haya habido preocupación por esta situación, todo lo contrario, a la vista de la cantidad de congresos, jornadas, encuentros, etc. que sobre la temática se han realizado. Si afirmo, que todos ellos no han servido para disminuir tanta destrucción y encontrar una solución racional al problema. 

Durante casi 20 años, quienes abordamos los temas ambientales y que amamos el río, hemos alertado sobre esta crónica de una muerte anunciada, pero en ese tiempo, todos los gobiernos sólo han puesto parches de coyuntura y han permitido por acción u omisión la dilapidación de un recurso común, como en otras tantas cuestiones. 

Hoy estamos en una etapa terminal, con un tremendo conflicto social y con un juez federal que también enfoca erróneamente el problema y emite un fallo para la tribuna, echando más nafta al fuego, condenando a justos por pecadores. 

Para entender el problema hay que retrotraerse a la génesis del mismo, teniendo presente que ni la pesca comercial de subsistencia para abastecimiento de las poblaciones de cercanía, ni la deportiva son la causa del conflicto. 

La pregunta es: ¿cuándo se empieza a notar palmariamente la declinación del recurso? Esta situación se detona a partir de la aparición de los frigoríficos para exportación de pescado de río, los que se llevan la parte del león y que no han mejorado la situación social ni económica de los pescadores, menos del resto de la población, pese a todas las promesas incumplidas en todos los compromisos asumidos en esa dirección. 

Las ventajas del exterminio ictícola sólo han servido para enriquecer a unos pocos propietarios de esos establecimientos, manteniendo en la eterna precarización a los pescadores y con sus bajos ingresos de siempre. 

En tal sentido la prohibición de la pesca agrava el conflicto y si el juez quería encontrar una solución al mismo tendría que haber prohibido el acopio de pescado por parte de esos establecimientos industriales. 

Como contrapartida se ha esfumado de nuestra dieta el consumo de pescado de río, cuyos costos han superado el precio del pollo, tradicionalmente más caro que aquellos. 

Se perjudica también a los cabañeros, que han realizado importantes inversiones para atraer el turismo y que salvo excepciones educan y realizan pesca con devolución, porque saben que esa es la carnada que atrae a los demandantes de sus instalaciones. 

Los pescadores, más allá de sus legítimas y reales necesidades económicas, también son responsables de la situación porque sabían que estaban matando la gallina de los huevos de oro y extraían especies de cualquier tipo y tamaño, porque todo se comercializaba, sobre todo por la laxitud o complicidad de los controles oficiales. 

Los gobiernos no han podido o querido entender la irracionalidad e insostenibilidad de la exportación de peces de río, menos han prohijado efectiva y masivamente la creación de industrias locales que agreguen valor a estos productos. 

Entiendo las penurias y necesidades de los pescadores, pero tomar de rehén a toda la comunidad, desde mi punto de vista no es el camino para la solución del problema, que si no colapsa hoy lo hará seguramente más adelante, cuando ninguna medida de mitigación sea posible. 

¿Qué tendrían que haber hechos los millones de comerciantes y trabajadores cuentapropistas que durante casi un año no pudieron ejercer sus actividades por la pandemia?