El Gobierno argentino acordó con la administración de Donald Trump acelerar los trámites de compañías estadounidenses interesadas en invertir en litio, cobre y otros minerales críticos. El entendimiento también apunta a limitar la influencia china en el sector.
Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo que incluye un capítulo específico sobre recursos mineros estratégicos. Allí, la gestión de Javier Milei se compromete a facilitar el desembarco de inversiones norteamericanas en proyectos vinculados a minerales críticos, considerados clave para la transición energética y la industria tecnológica.
El documento, difundido por Washington, señala que “Argentina se compromete a acelerar las solicitudes de proyectos elegibles a través del programa Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”. Sin embargo, hasta el momento no existen empresas con sede en Estados Unidos que hayan iniciado formalmente el trámite para adherirse al régimen.
Sí participan compañías con fuerte presencia en la bolsa de Nueva York, como las canadienses Lundin, Barrick, AbraSilver y McEwen; las australianas BHP, Galan Lithium y Rio Tinto; además del gigante suizo Glencore. También figuran firmas chinas como Xizang Zhufeng Resources y Gangfeng, cuya expansión en el sector preocupa a Washington.
En el acuerdo, Argentina expresa su intención de “dar prioridad a Estados Unidos como socio comercial y de inversión” en minerales críticos, por encima de “economías o empresas que manipulan el mercado”, una referencia que puede interpretarse como un mensaje directo hacia China.
La Casa Blanca lanzó esta semana un bloque comercial de minerales críticos para coordinar estándares y reducir la dependencia de la cadena de suministro china. Argentina se sumó a esa iniciativa, reforzando su alineamiento con la estrategia estadounidense en un sector cada vez más geopolítico.
A doce meses de iniciado, el proyecto VMOS se consolidó como la obra de transporte de hidrocarburos más ambiciosa de las últimas décadas. Con avances simultáneos en ductos, estaciones de bombeo y terminales portuarias, el desarrollo se prepara para entrar en su fase decisiva en 2026 y posicionar a la Argentina como un exportador clave de shale oil.
VMOS cumple su primer año como el proyecto insignia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aplicado a la industria del petróleo y gas. En apenas doce meses, la iniciativa dejó de ser un plan sobre la mesa para transformarse en la obra de infraestructura hidrocarburífera más trascendente de las últimas décadas, clave para duplicar la producción de shale oil en Vaca Muerta y expandir la capacidad exportadora del país.
Con una ingeniería de escala inédita, VMOS comprende la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros que vincula la cuenca neuquina con el Mar Argentino y una terminal portuaria de gran porte en Punta Colorada, diseñada para almacenar hasta 720.000 metros cúbicos. Una vez en operación plena, permitirá exportar más de 15.000 millones de dólares anuales en petróleo no convencional.
Desde su origen, el proyecto fue concebido como la respuesta estructural a uno de los límites más críticos del shale argentino: la falta de infraestructura para evacuar volúmenes crecientes de producción. Por eso integra ductos, estaciones de bombeo, instalaciones eléctricas, frentes civiles y una terminal marítima apta para operaciones continuas de gran escala.
Durante 2025, los frentes de obra evolucionaron de manera simultánea. En la Estación Cabecera Allen, se completó el montaje de las últimas virolas del tanque TK 7 y se cerraron las soldaduras finales del TK 8, además de registrarse progresos en edificios, servicios y obras complementarias.
La Estación de Bombeo 1, ubicada en Chelforó, alcanzó hitos relevantes en trabajos civiles y energéticos. Bases, premoldeados, sistemas de drenaje, estructuras y piping superaron etapas clave para asegurar la futura integración del sistema.
En paralelo, el tendido del ducto logró un avance determinante: quedaron finalizadas todas las soldaduras de línea regular y se completaron las pruebas hidráulicas. También se ejecutaron 76 cruces especiales —entre caminos, arroyos y distintos puntos críticos—, un desafío técnico central para la integridad del trazado.
La Terminal Punta Colorada mostró progresos visibles tanto en tanques como en obras civiles. Los TK 404 y 401 finalizaron sus virolas, mientras continuaron los movimientos de suelo, la instalación de cañeros, el montaje de campamentos y el vallado perimetral, que prepara el área para su futura operación portuaria.
El próximo año será de definiciones. Está previsto ejecutar el Cruce Horizontal Dirigido desde Río Negro -una de las maniobras técnicas más complejas del proyecto- y nuevas pruebas hidráulicas en el primer bimestre. En paralelo se iniciarán las obras marinas, que se extenderán a lo largo de todo el año.
También comenzarán las obras de la Estación de Bombeo 2 en Santa Rosa y una tercera estación que entrará en construcción durante el primer trimestre. En simultáneo, se continuarán los trabajos de finalización en Allen, Chelforó y Punta Colorada, con el horizonte puesto en la puesta en marcha operativa en enero de 2027.
Según las proyecciones, el oleoducto iniciará operaciones con un flujo de 180.000 barriles diarios, con una ampliación prevista hasta los 550.000 barriles por día en su segunda etapa. Ese salto colocará a la Argentina en una posición competitiva en el mercado global del shale oil, con una infraestructura capaz de sostener un crecimiento exportador sostenido.
VMOS no solo cumple un año: marca el inicio de una nueva etapa para el desarrollo energético argentino.
El Gobierno rionegrino firmó un Acta Acuerdo con YPF y Argentina LNG SAU para desarrollar el Proyecto Argentina LNG, que instalará en el Golfo San Matías una de las mayores plataformas de exportación de gas natural licuado del hemisferio sur. La iniciativa proyecta inversiones multimillonarias, 30.000 empleos y un impacto estructural en la matriz productiva provincial.
El Gobierno de Río Negro firmó el Acta Acuerdo con YPF S.A. y la firma Argentina LNG SAU que fija las condiciones para avanzar en el Proyecto Argentina LNG, la iniciativa que convertirá a la Provincia en eje del polo exportador de gas natural licuado, petróleo y derivados. El entendimiento estuvo a cargo del gobernador Alberto Weretilneck; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y el vicepresidente de Asuntos Públicos de la petrolera, Lisandro Delonardis.
El proyecto, impulsado por YPF para producir, procesar, licuar y exportar gas natural, tendrá su corazón operativo en el Golfo San Matías y desplegará infraestructura estratégica a lo largo del territorio rionegrino. La propuesta apunta a integrar la producción de Vaca Muerta con una plataforma industrial y logística de escala internacional instalada sobre la costa atlántica.
Con una capacidad inicial prevista de hasta 12 millones de toneladas anuales de GNL, el plan contempla ampliaciones futuras y posiciona a la provincia como un actor central en la transformación energética del país. El gobierno provincial estima que el emprendimiento generará alrededor de 30.000 empleos directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación.
Tras la firma, Weretilneck destacó que los avances del proyecto “no son promesas, son realidades”, y subrayó que Argentina “tiene la posibilidad concreta de ubicarse entre los diez principales exportadores de gas natural licuado del mundo, y que eso se haga desde Río Negro no es un dato menor”. El mandatario provincial sostuvo que la articulación entre Neuquén y Río Negro es clave: “Neuquén produce el gas y el petróleo; Río Negro pone la infraestructura, la logística y la salida al mar”.
Marín, por su parte, calificó el acuerdo como “un paso clave” que permitirá consolidar a Argentina como un proveedor energético confiable en el plano internacional y generar “empleo de calidad” en la región.
El proyecto incluye una Planta de Tratamiento de Gas en tierra y dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), que se ubicarán a unos siete kilómetros de la costa del Golfo San Matías, a 40 metros de profundidad. Cada unidad tendrá capacidad para producir seis millones de toneladas por año, almacenar el GNL y transferirlo a buques metaneros de entre 140.000 y 215.000 metros cúbicos mediante el sistema side-by-side.
Según la planificación técnica, la operación requerirá una extracción superior a los 56 millones de metros cúbicos diarios de gas natural para abastecer la producción destinada exclusivamente a exportación. La actividad presentará estacionalidad, con mayor eficiencia durante el invierno por las condiciones de temperatura.
Weretilneck también remarcó el impacto provincial: “No se trata solo de producir hidrocarburos. Es generar valor agregado, industrializar y transformar esa energía en trabajo y desarrollo para nuestra gente”. Recordó además que Río Negro fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que -dijo- garantiza previsibilidad normativa y seguridad jurídica para inversiones de magnitud.
El acuerdo incorpora una Contribución por Aporte Comunitario, destinada a financiar acciones en seguridad, salud y obras de impacto directo para la población. También prevé un Programa de Formación Técnico-Profesional desarrollado junto a Fundación YPF y entidades educativas locales, con el fin de preparar mano de obra rionegrina para los perfiles que demandará la cadena de valor del GNL.
Para el Gobierno provincial, el Proyecto Argentina LNG representa la mayor inversión extranjera directa prevista en el país y tendrá un efecto transformador sobre la matriz productiva rionegrina, la economía regional y el entramado de proveedores locales.
La Nación oficializó la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para Gualcamayo, el proyecto aurífero de San Juan que invertirá US$ 665 millones para reactivar la operación mediante el desarrollo de Carbonatos Profundos y extender la vida útil de la mina.
El Gobierno nacional oficializó la incorporación del proyecto minero Gualcamayo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una decisión que habilita una inversión de US$ 665 millones destinada a reactivar la histórica mina de oro ubicada en Jáchal, San Juan. La medida quedó plasmada en la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial, y representa el avance administrativo clave para poner en marcha el plan de desarrollo.
La aprobación autoriza a la empresa Minas Argentinas SA -controlada por Aisa Group- a iniciar tareas de exploración en las concesiones Gualcamayo 1 y 2, realizar estudios de factibilidad sobre nuevos cuerpos mineralizados de oro y plata y avanzar con la construcción y operación de una planta de procesamiento completamente renovada. El objetivo central es desarrollar el proyecto Carbonatos Profundos, una iniciativa que permitiría extender varios años la vida útil de una mina que, hasta hace muy poco, transitaba su etapa final.
Si bien el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, había anticipado la aprobación a fines de 2025, la publicación oficial termina de despejar los últimos pasos burocráticos y habilita la ejecución efectiva del cronograma de inversiones. Con este aval, Gualcamayo se convierte en el décimo proyecto aprobado bajo el RIGI, el régimen que impulsa la Ley Bases, y que ya acumula inversiones comprometidas por más de US$ 25.000 millones en sectores estratégicos como minería y energía.
La reactivación de Gualcamayo marca un giro en la trayectoria reciente del yacimiento. Tras atravesar un proceso de cierre entre 2022 y 2023, la llegada de Aisa Group permitió normalizar la operación, saldar deudas con proveedores, actualizar recursos y reservas, y retomar campañas de exploración que hoy sustentan el relanzamiento productivo. Ese avance consolida a San Juan como una de las provincias con mayor cantidad de proyectos aprobados bajo el régimen: a Los Azules, de McEwen Copper, se suma ahora Gualcamayo.
El RIGI fue creado para captar grandes inversiones y mejorar la competitividad de emprendimientos de escala, con foco en minería, hidrocarburos e infraestructura. Aunque existen más de 27 proyectos presentados, sólo diez lograron completar el proceso y recibir la aprobación formal. En el caso sanjuanino, la reactivación de Gualcamayo implica no solo nuevas inversiones, sino también la continuidad de puestos de trabajo y la apertura de una etapa de crecimiento en una mina que, hasta hace dos años, parecía encaminada al cierre definitivo.
El Gobierno aprobó la incorporación del proyecto Carbonatos Profundos, en Mina Gualcamayo, al régimen para grandes inversiones. La iniciativa prevé u$s519 millones y un fuerte impulso a proveedores locales.
El Ministerio de Economía oficializó la adhesión del proyecto minero “Carbonatos Profundos (DCP)” de Mina Gualcamayo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa que contempla una inversión total superior a los u$s519 millones en la provincia de San Juan. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 6/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
Con esta decisión, Minas Argentinas S.A. (Grupo AISA), impulsora del proyecto, podrá acceder a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por la ley 27.742. El Gobierno busca así atraer capitales nacionales y extranjeros y fortalecer sectores considerados estratégicos, entre ellos la minería metalífera.
El emprendimiento incluye la exploración de las concesiones Gualcamayo 1 y 2, la evaluación de la factibilidad del yacimiento de oro y plata “Carbonatos Profundos” y la construcción y operación de una planta de tratamiento. La inversión declarada asciende a u$s519.647.635, cifra que supera ampliamente el mínimo exigido por el RIGI.
Según el plan presentado, la empresa deberá ejecutar u$s90,6 millones durante los primeros dos años desde la adhesión, con desembolsos de u$s46,7 millones en el primer año y u$s43,8 millones en el segundo. Esto representa más del 40% del compromiso mínimo requerido por el régimen.
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el fuerte componente nacional en su cadena de suministros: el 69% del gasto en bienes, obras y servicios durante la construcción y operación provendrá de proveedores locales, muy por encima del 20% exigido por la normativa.
La Secretaría de Minería y la Dirección Nacional de Inversiones Mineras avalaron la factibilidad técnica del proyecto, y el Comité Evaluador del RIGI aprobó la iniciativa en su reunión del 23 de diciembre de 2025. En paralelo, el Banco Central concluyó que el plan no genera distorsiones cambiarias, lo que habilita a la empresa a acceder a los incentivos previstos en materia de divisas.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ya impacta en el mapa productivo: cuatro de los diez proyectos aprobados son mineros y concentran US$ 6.306 millones sobre un total de más de US$ 17.000 millones.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) comenzó a traducirse en decisiones concretas y, en esta primera etapa, la minería emerge como el sector más favorecido. De los diez proyectos que ya recibieron la aprobación formal, cuatro son mineros, con un peso de US$ 6.306 millones sobre un total comprometido que supera US$ 17.000 millones. El arranque confirma el rol estratégico del litio, el oro y el cobre en la agenda productiva.
Las aprobaciones otorgadas entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 reflejan prioridad por iniciativas de gran escala, exportadoras y radicadas en provincias clave del mapa minero.
Con este paquete, la minería aporta más de un tercio del monto total ya aprobado en el RIGI.
El comité del RIGI mantiene bajo análisis proyectos que pueden cambiar de escala la cartera, especialmente en cobre y polimetálicos:
Si estas iniciativas reciben luz verde, la minería podría consolidarse como el principal motor de inversiones del régimen y reforzar el perfil exportador nacional, con las provincias mineras como pivotes del crecimiento.
En litio, Ganfeng Lithium – Mariana (Salta) fue rechazado: inversión prevista de US$ 273 millones.
En paralelo, siguen en evaluación otros proyectos energéticos e industriales de alto impacto —incluido Stargate Argentina (IA) por US$ 25.000 millones—, mientras YPF y ENI – GNL (US$ 30.000 millones) figura como No RIGI.
La petrolera del Grupo Techint invertirá fuerte en shale oil durante 2026, con foco en Los Toldos II Este. Sin embargo, advierte que la baja del barril y las restricciones de financiamiento podrían tensionar el plan.
Tecpetrol, la compañía energética del Grupo Techint, confirmó una inversión récord de US$ 1.400 millones en Vaca Muerta para 2026, consolidando su apuesta por el shale oil. El proyecto estrella será Los Toldos II Este, que absorberá US$ 1.000 millones del desembolso total, mientras que otros US$ 350-400 millones se destinarán a sostener la producción de gas en Fortín de Piedra.
El CEO de la empresa, Ricardo Markous, celebró la reciente colocación de deuda por US$ 750 millones a una tasa del 7,9%, pero advirtió sobre un riesgo latente: la volatilidad del precio internacional del crudo. “La restricción más importante que tiene hoy la Argentina es el financiamiento. Si el petróleo baja, habrá más estrés financiero”, señaló.
El análisis interno de Tecpetrol proyecta un barril en torno a US$ 61-67 hacia 2030, aunque la coyuntura inmediata es incierta. Factores como la producción récord en Brasil y Guyana y la política energética de Donald Trump podrían empujar el precio por debajo de los US$ 60.
Para reducir la dependencia del crédito externo, la compañía apuesta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aplicándolo de manera quirúrgica a la construcción de la planta de tratamiento de Los Toldos II Este. “Permite aplicar el IVA de forma inmediata y recortar un 20% la necesidad de financiamiento”, explicó Markous.
El proyecto petrolero, que busca replicar el éxito gasífero, ya tiene un 33% de avance. Incluye infraestructura hídrica sobredimensionada para fracturas simultáneas y evitar el costoso acarreo por camiones. El plan prevé iniciar la producción masiva en febrero/marzo de 2027 con 35.000 barriles diarios, para alcanzar un plateau de 70.000 barriles meses después.
Mientras se completa la conexión de oleoductos (40% de avance), Tecpetrol innova: amplió su proyecto de minería de criptomonedas a 20 MW, consumiendo gas asociado in situ para evitar el venteo y acelerar la limpieza de pozos.
Vicuña Argentina pidió ingresar al régimen de incentivos con un proyecto binacional que integra Josemaría y Filo del Sol. Con esta incorporación, la provincia lidera en cantidad de iniciativas mineras estratégicas en el país.
San Juan refuerza su liderazgo en minería con la presentación de un nuevo proyecto ante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Vicuña Argentina S.A. solicitó adherirse bajo la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo) para desarrollar el denominado “Proyecto Vicuña”, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol en la cordillera de los Andes.
La iniciativa se suma a una cartera que ya incluye propuestas como El Pachón, Veladero, Gualcamayo y Los Azules, consolidando a la provincia como la que más proyectos mineros presentó en el RIGI. Con el último anuncio de Glencore por El Pachón, estimado en 9.500 millones de dólares, el total comprometido asciende a 13.237 millones. Vicuña aún no definió su inversión exacta, pero se prevé que supere los 12.000 millones de dólares.
“El RIGI ofrece un marco estable para un desarrollo responsable y beneficios compartidos”, destacó Ron Hochstein, CEO de Vicuña, al confirmar la apuesta por Argentina como socio estratégico de largo plazo. El régimen garantiza estabilidad fiscal por 40 años, reducción de impuestos, exención de derechos de importación y acceso a arbitraje internacional, entre otros incentivos.
El Proyecto Vicuña apunta a la producción de cobre, oro y plata, con todas las inversiones localizadas en territorio argentino. Actualmente avanza en estudios técnicos y prevé publicar un informe integrado en el primer trimestre de 2026.
San Juan ya tiene un antecedente: Los Azules, operado por McEwen Copper, fue el primer proyecto aprobado bajo el RIGI, con una inversión estimada en 2.700 millones de dólares para construir la primera mina de cobre que producirá cátodos listos para la industria. La iniciativa recibió respaldo del Banco Mundial y promete generar más de 7.500 empleos directos e indirectos, además de incorporar energías renovables en su operación.
Con Vicuña en carrera, la provincia se posiciona como epicentro de la minería argentina y uno de los polos más atractivos para inversiones de largo plazo en América Latina.
Tras siete años de inactividad, la minera suiza reiniciará operaciones en Catamarca a fines de 2026, en un contexto de precios altos y beneficios fiscales que impulsan inversiones millonarias.
Glencore confirmó la reactivación de Minera Alumbrera, paralizada desde 2018, con el objetivo de reiniciar operaciones hacia fines de 2026 y comenzar la producción en el primer semestre de 2028. La decisión se apoya en un escenario favorable para la industria: precios sostenidos del cobre y el oro, y un régimen fiscal que busca atraer grandes inversiones.
Según informó el Gobierno de Catamarca, la planta concentradora y la infraestructura asociada se mantuvieron bajo un programa de “Cuidado y Mantenimiento” durante estos años, con renovación de equipos clave y cumplimiento de las obligaciones de rehabilitación ambiental.
El anuncio fue celebrado por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien destacó el impacto económico y laboral: “El reinicio de Alumbrera significa más trabajo y desarrollo para todos los catamarqueños, y posiciona a la Provincia en el mapa minero mundial”. Jalil atribuyó el avance a políticas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, subrayó que la reactivación de Alumbrera será estratégica para el proyecto MARA, que integra el yacimiento Agua Rica: “Reduce riesgos operativos, reentrena la fuerza laboral y mantiene infraestructuras críticas que podrán compartirse, generando sinergias”. El ejecutivo confía en que Catamarca jugará un rol clave en la expansión minera del país.
Este anuncio se suma a la solicitud de adhesión al RIGI presentada en agosto por los proyectos MARA y El Pachón, en San Juan, que prevén inversiones de 4.000 y 9.500 millones de dólares respectivamente. Glencore adquirió el 100% de MARA en 2023 y avanza en obras complementarias, como la refuncionalización de la planta potabilizadora de Choya, adjudicada a una empresa local.
Alumbrera, que llegó a emplear 2.000 trabajadores y generar más de 5.000 millones de dólares en ingresos fiscales, cerró en 2018 tras agotar su etapa de explotación a cielo abierto. Desde entonces, se ejecuta un plan de cierre certificado bajo normas ISO, con revegetación de más de 100 hectáreas y reciclaje de materiales.
Con la reactivación, Catamarca se prepara para recuperar su protagonismo en la producción de cobre, en línea con la meta nacional de posicionarse entre los principales proveedores globales.
Expertos advierten que la reforma fiscal debe priorizar la devolución inmediata de saldos a favor que inmovilizan capital y extender el Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI) a todas las industrias. También piden eliminar impuestos distorsivos y consensuar cambios urgentes.
La reforma impositiva que prepara el Gobierno nacional debería enfocarse en dos puntos clave: agilizar la devolución de saldos a favor que hoy inmovilizan capital de trabajo y ampliar el Régimen de Incentivo a las Inversiones (RIGI) a todas las industrias. Así lo plantearon especialistas tributarios, quienes además reclamaron la eliminación de impuestos considerados distorsivos.
“En el cortísimo plazo, una de las mayores preocupaciones de la industria son los saldos a favor nacionales y provinciales. Es capital que las empresas no están pudiendo utilizar”, advirtió Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA. En ese sentido, subrayó que es “imprescindible que las empresas puedan agotar esos saldos en forma inmediata”.
Abeledo reconoció que los objetivos oficiales “son parecidos a los que tenemos desde el sector industrial”, aunque alertó: “Estamos expectantes sobre la velocidad y la forma en que esto sucederá”. También señaló la falta de un consenso fiscal y pidió corregir “errores de concepción” de gestiones anteriores. Entre sus propuestas, incluyó la extensión del RIGI a todas las empresas y la creación de un régimen especial para pymes.
En la misma línea, César Litvin, CEO de Lisicki Litvin & Abelovich, calificó los saldos a favor como “un monstruo creado por cobros anticipados” y reclamó “un trámite ágil y rápido para la devolución”. “Los saldos técnicos deberían ser de inmediata disponibilidad”, insistió.
Ambos especialistas coincidieron en la necesidad de modificar impuestos como el de débitos y créditos, ingresos brutos y tasas municipales —en especial la de Seguridad e Higiene—, por considerarlos distorsivos para la actividad productiva.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, reclamó en la Casa Rosada la actualización de la Ley de Glaciares, al considerar que la norma vigente frena proyectos estratégicos. Propuso que las provincias definan qué es glaciar y periglaciar, y destacó la minería como clave para el desarrollo energético y económico.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, volvió a insistir en la necesidad de reformar la Ley de Glaciares, al advertir que la normativa actual “limita proyectos mineros estratégicos”.
En la reunión que mantuvo en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, Orrego planteó su posición sobre la minería, las obras públicas y la necesidad de una reforma estructural. “Les expresé mi postura sobre la Ley de Glaciares y sobre la minería en general”, señaló.
El mandatario sanjuanino sostuvo que el esquema vigente debe revisarse para “armonizar la preservación ambiental con el desarrollo productivo”. Propuso que sean las provincias las que determinen qué es glaciar y periglaciar. “Se debe reformar la ley”, subrayó.
Orrego recordó que San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre más importantes del país y afirmó que la minería “es clave para el futuro energético y económico de la Argentina”.
Durante el encuentro también se abordaron otros temas de la agenda productiva nacional, como el desarrollo de granos, Vaca Muerta y la minería, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que el gobernador consideró “una herramienta fundamental para atraer capitales y generar empleo”.
El régimen de incentivo para grandes inversiones ya acumula iniciativas por más de USD 34.000 millones. Energía y minería concentran el interés, con un giro hacia el cobre en el cierre del año.
Argentina aprobó el primer proyecto de cobre bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya suma ocho iniciativas admitidas por un total de USD 16.285 millones. El informe “RIGI & Escenarios Globales”, elaborado por el Centro de Estudios de Gobernanza Global (CEGG) de la Universidad Austral, detalla que se presentaron 20 proyectos por USD 34.422 millones, con fuerte predominio de los sectores energético y minero.
Según el relevamiento, el 65% de las propuestas corresponden a minería y el 33% a energía. Entre los proyectos aprobados se destacan el oleoducto Vaca Muerta Sur, un buque flotante de licuefacción de GNL, parques solares y eólicos, desarrollos de litio en Salta y Catamarca, el proyecto de cobre Los Azules en San Juan, y una planta industrial de Sidersa en Buenos Aires.
En el cierre del año, se observa un viraje hacia proyectos mineros de gran escala, especialmente de cobre, con dos nuevas iniciativas de Glencore en San Juan y Catamarca. También se suma un avance en infraestructura logística con la Terminal Multipropósito Timbúes, en Santa Fe.
El informe advierte que América Latina concentra más de un tercio de las reservas globales de litio, cobre y plata, en un contexto de electrificación global que impulsa la demanda de minerales críticos. Además, señala que la demanda de petróleo y gas podría estabilizarse antes de 2030, mientras Asia mantiene un consumo creciente.
Sofía del Carril, directora ejecutiva del CEGG, destacó que “el RIGI está recibiendo proyectos en sectores estratégicos que hoy atraen la atención global, como la energía y la minería”. Y agregó: “Argentina debe construir un perfil confiable para sostener y aumentar el flujo de inversiones”.
Entre las recomendaciones del informe figuran acelerar las aprobaciones de proyectos en evaluación, priorizar el cobre y el midstream energético, fortalecer los encadenamientos locales, y mejorar la coordinación Nación–Provincias para garantizar trazabilidad y licenciamiento social. También se subraya la necesidad de resolver cuellos de botella logísticos y avanzar en esquemas de financiamiento de infraestructura.
El Gobierno autorizó la incorporación del proyecto minero Los Azules al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La iniciativa prevé la construcción de una planta de cobre en Calingasta, que generará más de 3.500 empleos y exportaciones por US$1.100 millones anuales.
El Gobierno nacional aprobó la adhesión de la empresa minera McEwen Cooper al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión proyectada de US$2.672 millones para la exploración y explotación de cobre en San Juan.
La incorporación oficial del proyecto Los Azules al régimen fue autorizada mediante la Resolución 1553/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. El emprendimiento apunta a completar las etapas de factibilidad, obtención de permisos y construcción de la mina, planta e infraestructura para la producción de cátodos de cobre.
La solicitud fue presentada por ANDES Corporación Minera SA, en calidad de Vehículo de Proyecto Único (VPU), para el desarrollo ubicado en la Cordillera de los Andes, dentro del departamento de Calingasta, a unos 80 kilómetros de la localidad homónima y a seis kilómetros de la frontera con Chile.
Desde el Ejecutivo destacaron que el proyecto generará más de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos y que, una vez en marcha, se estima que aportará exportaciones por US$1.100 millones anuales.
Del total de la inversión, US$2.353 millones corresponden a activos computables, superando el mínimo exigido por el régimen. En los dos primeros años desde la adhesión, la empresa prevé invertir US$415,7 millones en activos computables, lo que representa más del 40% del mínimo requerido por la Ley Bases.
La fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión es el 31 de diciembre de 2027.
En cuanto al desarrollo de proveedores, el plan presentado contempla que el 61,1% del monto destinado a bienes, servicios y obras de infraestructura será ejecutado por proveedores locales, muy por encima del 20% exigido por la normativa.
El Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendó la aprobación de la solicitud tras analizar los antecedentes y los informes técnicos correspondientes. La decisión fue formalizada por el Ministerio de Economía.
Con esta incorporación, Los Azules se convierte en el octavo proyecto aprobado bajo el RIGI, que ya acumula inversiones por US$15.739 millones.
Un informe del Centro de Estudios de Gobernanza Global de la Universidad Austral revela que siete proyectos ya fueron aprobados bajo el régimen, con fuerte presencia de minería, energía y obras clave en Vaca Muerta.
Durante 2025, el Centro de Estudios de Gobernanza Global (CEGG) de la Universidad Austral relevó 20 proyectos por un total de US$34.422 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema diseñado para atraer capitales con beneficios fiscales y cambiarios.
De ese conjunto, siete iniciativas ya fueron aprobadas por el Ministerio de Economía, con un monto conjunto de US$13.613 millones. El informe destaca el predominio de la minería (65%) y la energía (33%), mientras que el resto se reparte entre siderurgia e infraestructura.
Entre los proyectos aprobados sobresalen los vinculados a Vaca Muerta, donde avanza la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) —impulsado por YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell— y un buque flotante de licuefacción de GNL, liderado por Southern Energy y Golar LNG. Ambas obras apuntan a consolidar la exportación de hidrocarburos no convencionales y reforzar la infraestructura energética.
También se destacan desarrollos en energías renovables, como el parque solar El Quemado (YPF Luz, Mendoza) y un parque eólico para abastecimiento industrial en Olavarría (PCR y ArcelorMittal Acindar).
El sector minero emerge como otro gran protagonista. Dos proyectos de litio —la ampliación del Proyecto Rincón (Río Tinto, Salta) y el HMW de Galan Lithium (Catamarca)— avanzan con fuerte impulso. Además, el informe subraya un viraje hacia la minería de gran escala, especialmente en cobre, con dos propuestas de Glencore en San Juan y Catamarca. “La tendencia es clara: los minerales críticos son el nuevo eje de la agenda inversora”, señala el documento.
En el plano industrial, se incluyen la planta de Sidersa en San Nicolás (Buenos Aires) y una Terminal Multipropósito en Timbúes (Santa Fe), clave para la logística exportadora.
El CEGG remarca que “estos desarrollos fortalecen los eslabones de transporte, energía y producción, necesarios para sostener un ciclo de inversiones de largo plazo”.
El informe también analiza el contexto internacional: América Latina concentra más de un tercio de las reservas de litio, cobre y plata; la demanda global de petróleo y gas podría alcanzar una meseta antes de 2030; y las tensiones geopolíticas están reconfigurando las rutas y proveedores de energía y minerales. En ese escenario, Argentina aparece bien posicionada para capitalizar la transición energética y el boom de minerales críticos.
Para Sofía del Carril, directora ejecutiva del CEGG y coautora del informe, “el RIGI está atrayendo capitales del exterior en sectores estratégicos, con aprobaciones emblemáticas que aceleran infraestructura y agregan exportaciones. La señal es clara: reglas estables y previsibles desbloquean proyectos”.
No obstante, advirtió que “para sostener el flujo de inversiones, Argentina debe construir un perfil confiable, con gobernanza federal de los recursos, estabilidad institucional y una estrategia internacional como política de Estado”.
El informe recomienda acelerar aprobaciones de proyectos en evaluación —especialmente en cobre y energía—, profundizar los encadenamientos locales, fortalecer la coordinación Nación–Provincias para permisos, trazabilidad y licenciamiento social, y enfrentar los cuellos de botella logísticos y financieros, desde ductos y puertos hasta transmisión eléctrica.
Con exportaciones proyectadas por más de 5.000 millones de dólares en 2025, la minería argentina consolida su rol como generadora de divisas y empleo. El litio lidera el crecimiento, mientras el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) atrae capitales para proyectos de cobre, oro y plata.
Según el último informe de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), el sector proyecta exportaciones por 5.088 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento interanual del 14% y marca el quinto año consecutivo de crecimiento. De esta manera la minería argentina se posiciona como uno de los motores más dinámicos de la economía nacional.
El 70% de las ventas externas estará concentrado en oro, litio y plata. El oro se mantiene como principal producto exportado, seguido por el litio —impulsado por la expansión en el NOA— y la plata, que se beneficia de precios internacionales favorables y demanda tecnológica sostenida.
No obstante, la maduración de los yacimientos de oro y plata y la escasa inversión en exploración generan preocupación en el sector. Empresarios mineros reiteran el pedido de eliminar retenciones para todos los productos, como ya ocurre con el oro.
En ese contexto, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) emerge como herramienta clave para atraer capitales. Diez proyectos mineros ya solicitaron su adhesión, por más de 21.000 millones de dólares, de los cuales 5.600 millones ya fueron aprobados. El cobre concentra el 74% de las iniciativas por su escala de inversión, mientras el litio lidera en cantidad de proyectos presentados y suma dos aprobaciones. El oro también registra pedidos vinculados a dos yacimientos.
El informe de CAEM destaca que el RIGI no implica costo fiscal, sino que promueve inversiones productivas con una carga impositiva competitiva frente a países como Chile y Perú. La carga actual del 53% podría reducirse al 39%, lo que facilitaría el ingreso de nuevos actores y ampliaría la base exportadora.
Un segundo documento de CAEM, enfocado en el litio, revela un salto productivo del mineral estrella del NOA. En el primer semestre de 2025, la producción alcanzó 51.400 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), un 66% más que en igual período de 2024. Para fin de año, se espera llegar a 115.000 toneladas, consolidando a Argentina como el quinto productor mundial, con el 8% de la oferta global.
Actualmente, hay siete plantas en operación y diecisiete nuevos proyectos en carpeta, que representan inversiones por 12.810 millones de dólares. Si se concretan, la capacidad productiva nacional superará las 580.000 toneladas de LCE en los próximos años.
En la última década, las empresas invirtieron 7.613 millones de dólares en infraestructura y producción de litio, y prevén otros 600 millones en más de veinte proyectos. Nuevos emprendimientos como Hombre Muerto West, Pozuelos-Pastos Grandes y Sal de Vida anticipan una nueva ola de expansión entre 2026 y 2033. Minera EXAR anunció que prepara su adhesión al RIGI para ampliar operaciones.
Las exportaciones de litio totalizaron 385 millones de dólares en el primer semestre, un 33% más que en 2024, pese a una caída del 37% en los precios internacionales. El 90% del empleo del sector se concentra en Jujuy, Salta y Catamarca, con más de 5.000 empleos directos y una cifra similar de puestos indirectos.
En cuanto al oro, se espera una producción de 1,13 millones de onzas en 2025, con exportaciones por 3.377 millones de dólares, un 8% más que el año anterior. La plata alcanzará los 21 millones de onzas, con ventas externas por 690 millones, también con un crecimiento del 8%.
La minería argentina es superavitaria en generación de divisas, y el 80% de su facturación queda en el país en forma de salarios, compras a proveedores locales, impuestos y reinversión. Con un marco más competitivo y nuevos proyectos en marcha, el sector podría duplicar su aporte al PBI en los próximos años.
Según CAEM, más de 40.000 empleos directos y 100.000 indirectos dependen de la actividad minera, que además impulsa el desarrollo de proveedores locales: cada emprendimiento requiere más de 800 empresas de servicios en sus distintas etapas. El crecimiento también genera demanda de técnicos, profesionales e industrias regionales, fortaleciendo el arraigo y la diversificación económica en las provincias del norte.
Con una inversión estimada de 3.170 millones de dólares y el respaldo del RIGI, el proyecto minero en Calingasta se posiciona como uno de los más prometedores del país. La empresa prevé recuperar la inversión en menos de cuatro años desde el inicio de la producción.
El proyecto Los Azules, ubicado en el departamento de Calingasta, San Juan, alcanzó una instancia clave en su desarrollo. La empresa McEwen Copper anunció la finalización del informe de factibilidad, el documento técnico que define en detalle los costos, plazos y proyecciones de una obra minera antes de su construcción.
Según el comunicado oficial enviado a los inversionistas, el emprendimiento demandará una inversión total de 3.170 millones de dólares. Esta cifra fue actualizada tras la aprobación del proyecto dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), medida confirmada semanas atrás por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
El estudio contempla un cronograma ambicioso: el inicio de obras está previsto para 2026, la puesta en marcha de la producción para 2029 y la obtención del primer cátodo de cobre en 2030. Uno de los aspectos más destacados del informe es el rápido retorno económico: McEwen estima que recuperará la inversión inicial en menos de cuatro años desde el comienzo de la producción.
En el documento, la compañía definió a Los Azules como “un productor de cátodos de cobre de alta pureza, bajo costo y larga vida útil”, destacando su rentabilidad y compromiso con la sostenibilidad.
El presidente de McEwen Copper, Rob McEwen, celebró el avance del proyecto y aseguró que este hito “marca un nuevo estándar en la minería del cobre”. “Hemos diseñado un proyecto que no solo será económicamente sólido, sino también esencial para la transición energética global. El cobre es la columna vertebral de la electrificación, y Los Azules está preparado para ser parte de ese futuro”, afirmó.
Como próximo paso, la empresa deberá presentar en los próximos 45 días el estudio técnico detallado, que incluirá el diseño constructivo de la mina, el equipamiento y la metodología operativa.
Con la factibilidad confirmada y el respaldo fiscal del RIGI, Los Azules se consolida como uno de los proyectos de cobre más relevantes del país, con el potencial de transformar la matriz minera y económica de San Juan en la próxima década.
El Gobierno nacional oficializó la incorporación del proyecto Hombre Muerto Oeste al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, liderada por la australiana Galan Lithium, prevé una inversión total de 380 millones de dólares.
El Gobierno nacional formalizó el ingreso del proyecto minero Hombre Muerto Oeste (HMW) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mediante la Resolución 1271/2025 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial.
El emprendimiento, ubicado en la cuenca del salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, es propiedad de la empresa australiana Galan Lithium y se encuentra a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 90 kilómetros al norte de Antofagasta de la Sierra.
En enero de este año, Galan informó que los recursos minerales estimados del proyecto aumentaron a 9,5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), con una ley promedio de 841 mg/L de litio.
La inversión total proyectada asciende a US$ 380 millones, dividida en dos fases. La Fase 1 contempla un desembolso de US$ 104 millones para el desarrollo de infraestructura clave, como estanques de evaporación, planta de procesamiento, campamento, provisión de agua y energía. La Fase 2 requerirá una inversión adicional de US$ 278 millones.
El proyecto impulsado por PCR y ArcelorMittal Acindar fue formalmente aceptado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Con 180 MW de potencia instalada, busca abastecer al AMBA con energía limpia, generar empleo y fortalecer la infraestructura eléctrica nacional.
Tras superar la evaluación técnica y económica correspondiente, el Parque Eólico Olavarría —desarrollado por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR)— fue oficialmente incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Gobierno Nacional. La confirmación inicial había sido anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pero ahora el ingreso es formal.
El proyecto, que cuenta con una inversión de US$ 275 millones, es llevado adelante por PCR en alianza con ArcelorMittal Acindar. Su objetivo es ampliar la capacidad de generación de energía renovable, fortalecer la matriz energética nacional y abastecer la creciente demanda eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
“El Parque Eólico Olavarría fortalece nuestro compromiso con la transición energética del país, ofreciendo una matriz más confiable, limpia y competitiva para las industrias”, destacó Martín Federico Brandi, CEO de PCR. Además, subrayó que el proyecto posiciona a la empresa como una solución sustentable ante el aumento de la demanda eléctrica.
Por su parte, Federico Amos, CEO de ArcelorMittal Acindar, señaló que el parque “marca un hito en nuestro camino hacia la descarbonización”, ya que permitirá abastecer con energía renovable más del 65% de sus operaciones en Argentina, reduciendo la huella de carbono y reafirmando el compromiso con la sustentabilidad.
El complejo contará con 30 aerogeneradores de última generación, cada uno con una capacidad de 6 MW, alcanzando una potencia total de 180 MW. Esta cifra equivale al consumo anual de 340.000 hogares. El parque estará ubicado en un predio de 4500 hectáreas, a 24 kilómetros de Olavarría, y se conectará a la estación transformadora local mediante una línea de alta tensión que también será construida por PCR.
En paralelo, se realizarán obras clave en las estaciones transformadoras de Ezeiza y Olavarría, incluyendo el reemplazo de capacitores para reforzar la línea de 500 kV que une ambas localidades. Estas mejoras permitirán ampliar la capacidad de transporte eléctrico en el corredor y facilitar la integración del parque al sistema interconectado nacional, junto con otros proyectos renovables que PCR tiene en desarrollo por 260 MW adicionales.
La construcción del parque implicará la contratación de 1300 trabajadores, entre empleos directos e indirectos, y movilizará a más de 30 empresas proveedoras locales. Se estima que se utilizarán 2100 toneladas de hierro, 24.000 toneladas de cemento y se instalarán 4 kilómetros de líneas de torres de acero.
El RIGI fue diseñado para atraer inversiones superiores a los US$ 200 millones en sectores estratégicos, ofreciendo beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por hasta 30 años, además de garantías jurídicas y facilidades para la importación de bienes de capital.
Está condicionada a la construcción de un nuevo gasoducto entre Neuquén y Río Negro. El proyecto, liderado por Southern Energy, contempla una inversión total superior a los 15.000 millones de dólares.
La Secretaría de Energía de la Nación autorizó a Southern Energy S.A. (SESA) a realizar exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) por un período de 30 años, desde el 1° de septiembre de 2028 hasta el 31 de agosto de 2058. La producción provendrá del segundo buque licuefactor que se instalará en la costa de Río Negro, con gas proveniente de Vaca Muerta.
La Resolución 353/2025 establece que la autorización está supeditada a la construcción y operación de un gasoducto de 470 kilómetros entre Tratayén (Neuquén) y San Antonio (Río Negro), obra comprometida por el consorcio integrado por PAE, YPF, Golar, Pampa y Harbour Energy.
El certificado de libre exportación fija límites precisos para el proyecto: una cantidad máxima diaria de 548.900 MMBTU, una anual de 191.241.750 MMBTU y un total de 5.464.050.000 MMBTU durante todo el período.
Los dos buques licuefactores y el nuevo gasoducto de 36 pulgadas —con capacidad para transportar 28 millones de metros cúbicos diarios— estarán operativos en 2028. La estabilidad exportadora, prevista en la Ley 24.076 y el Decreto 1.057/24, dependerá de que toda la infraestructura esté finalizada y en funcionamiento.
Un informe técnico del organismo justificó la exigencia al señalar que la red actual no puede evacuar los volúmenes comprometidos. En caso de demoras, SESA deberá gestionar el transporte por su cuenta, utilizando capacidad firme o interrumpible.
La autorización se enmarca en la política de flexibilización de exportaciones de gas impulsada por la Ley 27.742, que promueve la iniciativa privada y nuevas actividades como la producción de GNL.
El proyecto también fue incorporado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tras su adhesión formalizada por la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía. En ese contexto, SESA amplió su plan original —que incluía la llegada del buque Hilli Espiseyo en 2027— con la incorporación de un segundo buque (“MKII”) y la construcción del gasoducto dedicado.
Según la Secretaría de Energía, los volúmenes disponibles en la cuenca neuquina superan ampliamente los requerimientos del proyecto, lo que garantiza su viabilidad técnica.
Cada buque tendrá capacidad para producir 6 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a casi 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, destinados a mercados internacionales.
Ambos serán operados por SESA, lo que permitirá generar sinergias en el desarrollo y operación.
La inversión estimada supera los 3.200 millones de dólares en la primera fase (2024-2031) y alcanza casi 2.800 millones en la segunda (2032-2035), totalizando unos 6.000 millones de dólares. A lo largo de los 20 años de vida útil del proyecto, se prevé una inversión total superior a los 15.000 millones de dólares, con impacto directo en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento del upstream.
La multinacional suiza planea invertir más de 13.500 millones de dólares en los yacimientos de cobre El Pachón y Agua Rica. Estiman que podrían generar más de 10.000 empleos directos en la etapa de construcción.
La compañía Glencore anunció que solicitó la adhesión de sus proyectos mineros El Pachón, en San Juan, y Agua Rica, en Catamarca, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional. La inversión total prevista asciende a 13.500 millones de dólares en un horizonte de diez años: 9.500 millones para El Pachón (Fase 1) y 4.000 millones para Agua Rica.
Según estimaciones de la empresa, ambos desarrollos podrían generar más de 10.000 empleos directos durante la etapa de construcción y unos 2.500 puestos en la fase operativa. “Una vez aprobadas las solicitudes, los proyectos accederán a un marco económico atractivo y de largo plazo, con mayor protección para los inversores”, señaló Glencore en un comunicado.
El Pachón se perfila como un yacimiento de cobre y molibdeno de gran escala, con recursos minerales medidos, indicados e inferidos por unas 6.000 millones de toneladas, con una ley promedio de 0,43% de cobre, 2,2 g/t de plata y 130 g/t de molibdeno.
Agua Rica, por su parte, concentra cobre, oro, plata y molibdeno, con recursos medidos e indicados de aproximadamente 1.200 millones de toneladas. Las leyes promedio son de 0,47% de cobre, 0,20 g/t de oro, 3,40 g/t de plata y 0,03% de molibdeno. El proyecto contempla el uso de la infraestructura existente en Alumbrera, ubicada a 35 kilómetros, lo que da forma al proyecto MARA.
Para la solicitud de adhesión al RIGI, Glencore tomó como referencia el valor medio de los rangos de inversión estimados: entre 8.500 y 10.500 millones de dólares para El Pachón, y entre 3.500 y 4.500 millones para Agua Rica.
Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, destacó el potencial del sector minero para contribuir a la economía nacional. “Estos proyectos respaldan la aspiración del país de convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo”, afirmó.
Desde la casa matriz, el CEO global Gary Nagle elogió el marco de incentivos del Gobierno argentino. “El presidente Javier Milei y su administración merecen reconocimiento por la implementación del RIGI. Este régimen ha transformado el panorama de inversión en Argentina”, sostuvo.
“La presentación constituye un paso significativo hacia el desarrollo de El Pachón y Agua Rica. Esperamos seguir trabajando con el gobierno nacional y las administraciones provinciales para concretar estos proyectos, que fortalecerán las economías locales y posicionarán a Argentina como una jurisdicción minera de referencia”, concluyó la compañía.
De los siete proyectos avalados por el régimen de incentivos, dos apuntan a potenciar las exportaciones desde Vaca Muerta. También avanzan iniciativas en energías renovables, minería y siderurgia.
Desde la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno nacional aprobó siete de los 14 proyectos presentados. Las iniciativas abarcan sectores estratégicos como energía, minería, renovables e industria, con foco en la exportación de hidrocarburos y litio.
Entre los proyectos más ambiciosos figuran dos vinculados a Vaca Muerta. El primero es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conectará Allen con Punta Colorada a lo largo de 473 kilómetros. La inversión asciende a 2.500 millones de dólares y está respaldada por siete operadoras, con YPF a la cabeza junto a Shell, Chevron, Tecpetrol, PAE, Pampa Energía y Vista.
El segundo es la plataforma de exportación de gas natural licuado (GNL) impulsada por Southern Energy, empresa conformada por Pan American Energy y la noruega Golar. El proyecto contempla la llegada del buque Hilli Episeyo al Golfo San Matías, con capacidad para producir 2,4 millones de toneladas anuales de GNL. Se espera que entre en operación comercial en 2027.
También avanzan las energías renovables. Esta semana se aprobó el Parque Eólico Olavarría, desarrollado por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y Acindar, con una inversión de 250 millones de dólares. Se suman el Parque Eólico Las Heras, en Mendoza, de YPF Luz, con una capacidad instalada de 305 MW y una inversión de 211 millones.
En minería, Río Tinto y Galan Litio obtuvieron luz verde para explotar litio en Salta y Catamarca, respectivamente. Río Tinto invertirá 2.700 millones de dólares en el salar de Rincón, mientras que Galan Litio destinará 217 millones al Salar del Hombre Muerto.
Por último, Sidersa recibió la aprobación para construir una planta siderúrgica en San Nicolás, con una inversión de 286 millones de dólares y una capacidad de producción de 360.000 toneladas anuales.
El RIGI, enmarcado en la Ley Bases, ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años, con el objetivo de atraer inversiones de gran escala.
La minera McEwen presentó su solicitud de adhesión al RIGI por USD 227 millones para avanzar con la construcción de Los Azules, ubicada en San Juan. Es una de las minas de cobre más grandes del mundo.
La empresa McEwen Mining avanza con paso firme en el desarrollo de Los Azules, un ambicioso proyecto minero ubicado en San Juan que podría transformar el mapa productivo del país. En febrero, la compañía presentó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por USD 227 millones, con el objetivo de completar el estudio de factibilidad, profundizar la exploración y comenzar los trabajos preliminares para la construcción. La inversión total estimada asciende a USD 2.445 millones.
Desde la firma explicaron que decidieron agrupar las etapas del proyecto debido a su complejidad y a las múltiples consultas recibidas por parte del comité técnico. El objetivo es agilizar el análisis y acelerar la aprobación.
Si el Gobierno aprueba la adhesión al RIGI, Los Azules accederá a una batería de beneficios: reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, exención del IVA durante la construcción, eliminación de derechos de exportación y libre disponibilidad de divisas. Además, se garantiza estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera por 30 años, y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional en caso de disputas.
La construcción está prevista para 2026, y la producción comenzaría en 2030, con una proyección de 180.000 toneladas anuales de cobre. Con una vida útil estimada de 27 años, Los Azules se posiciona como uno de los proyectos de cobre más grandes del mundo, con 1.200 millones de toneladas de Recursos Indicados y 4.500 millones de Recursos Inferidos.
Un diferencial clave es que será el único proyecto argentino que producirá cátodos de cobre, placas metálicas de alta pureza utilizadas en la construcción y la industria automotriz. “Mientras otros exportan concentrado, nosotros exportaremos el producto final y también abasteceremos el mercado interno”, destacaron desde McEwen. Entre los beneficiarios directos se encuentra Stellantis, accionista del proyecto.
La transición energética global también juega a favor. Según la Agencia Internacional de Energía, la demanda de cobre crecerá un 20% hacia 2030 y un 41% para 2040. En ese contexto, Argentina se perfila como un actor clave, con proyectos como El Pachón, Mara, Josemaría y Taca Taca, que podrían generar ingresos por USD 47.000 millones entre 2031 y 2040, según la consultora CRU.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó esta visión al afirmar en redes sociales: “En seis años, entre Energía y Minería vamos a tener un saldo exportador equivalente a dos veces el Agro”.
Además de su escala, Los Azules promete una huella ambiental mínima, bajo consumo de agua y energía, y el compromiso de ser carbono neutral a partir de 2038. Para ello, McEwen firmó un acuerdo con YPF Luz para abastecerse de energía limpia mediante una línea de alta tensión que será diseñada, construida y financiada por la empresa estatal.
La compañía invertirá más de 2.000 millones de dólares en Vaca Muerta Liquids, una iniciativa que incluye plantas de procesamiento, un poliducto de 600 km y una terminal en la costa atlántica. El objetivo es exportar NGLs y posicionar a Argentina como líder global en etano y GLP.
Pluspetrol avanza con el desarrollo de Vaca Muerta Liquids, un ambicioso proyecto de infraestructura destinado a procesar líquidos del gas natural (NGLs) y exportarlos desde la Cuenca Neuquina. La inversión estimada supera los 2.000 millones de dólares y se espera que la iniciativa quede formalmente enmarcada dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Durante un webinar organizado por MEGSA, Sergio Cavallin, Corporate Commercial Development Manager de Pluspetrol, confirmó que el inicio de las obras está previsto para 2026, con finalización estimada en 2029. “Es un proyecto que califica dentro del RIGI y puede incorporar futuras ampliaciones”, señaló.
El plan contempla la construcción de una planta de procesamiento en Neuquén, un poliducto de aproximadamente 600 kilómetros y una planta de fraccionamiento en la costa atlántica, desde donde se despacharán etano, propano, butano y gasolina natural.
La iniciativa busca resolver dos desafíos clave: por un lado, separar los líquidos para permitir el despacho de gas seco; por otro, aprovechar esos recursos para su comercialización. Según estimaciones de la empresa, el complejo podría generar exportaciones por hasta 5.000 millones de dólares anuales.
Cavallin explicó que mientras el gas natural se cotiza entre 3 y 4 dólares por millón de BTU, los NGLs alcanzan valores de entre 10 y 12 dólares. “Triplicás o cuadruplicás el valor. Un pad de pozos puede generar un free cash flow de 200 millones de dólares, que se eleva a 270 millones al procesar el gas en una planta de NGLs”.
La iniciativa, alineada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) apunta a aprovechar el potencial nacional en energías limpias y convertir a Argentina en un actor relevante en el mercado global del hidrógeno.
El proyecto de ley presentado por Martín Maquieyra (Pro) buscar declarar de interés nacional las inversiones vinculadas a la producción, transporte, almacenamiento, exportación y uso del hidrógeno, reconociéndolo como un vector clave para la transición energética. Asimismo, incorpora definiciones específicas para distinguir entre hidrógeno de origen renovable y el de bajas emisiones, lo que permitirá establecer estándares claros y trazables en los futuros desarrollos productivos.
Entre sus principales objetivos, la propuesta busca incentivar las inversiones privadas —tanto nacionales como extranjeras—, consolidar condiciones para la exportación estratégica y promover la industrialización de tecnologías vinculadas al hidrógeno, como electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de distribución. También propone integrar estos desarrollos a cadenas de valor que refuercen el posicionamiento nacional en el escenario energético global.
Para brindar previsibilidad a los inversores, el proyecto contempla una cláusula de estabilidad tributaria por 30 años, asegurando que los proyectos no sean afectados por cambios normativos gravosos. Esta medida, ya utilizada en regímenes exitosos como el de energías renovables, busca dar confianza a las inversiones de largo plazo que la industria requiere para su desarrollo.
Además, se incorpora al RIGI una flexibilización específica para proyectos vinculados al hidrógeno. Se extiende el plazo de adhesión de dos a cinco años y se otorgan tres años para cumplir con el monto mínimo de inversión, atendiendo a las características de maduración más lenta de esta industria emergente en comparación con otras más consolidadas.
La autoridad de aplicación de la ley, que será determinada por el Poder Ejecutivo, tendrá amplias atribuciones, desde la formulación de una Estrategia Nacional del Hidrógeno hasta el diseño de sistemas de certificación homologables internacionalmente. También se la faculta para autorizar proyectos, establecer normas de seguridad y promover la cooperación internacional, especialmente con socios como Alemania y los países del Mercosur.
Argentina cuenta con ventajas competitivas para producir hidrógeno verde, especialmente por sus recursos naturales, capacidad de generación eólica y solar, disponibilidad de agua y vastos territorios. Sin embargo, la historia reciente del país, marcada por la volatilidad macroeconómica y la falta de continuidad en políticas públicas, exige un marco legal robusto para no desperdiciar esta oportunidad estratégica.
Si esta ley se sanciona, podría catalizar la transformación de Argentina en un proveedor relevante de hidrógeno para mercados como Europa y Asia, que muestran altos niveles de demanda y limitada capacidad de producción. El país tendría así la chance de insertarse en una cadena de valor global en expansión y consolidar una industria clave para el futuro energético.
Con recursos naturales privilegiados, Argentina busca consolidarse como proveedor estratégico de hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone incentivos fiscales y estabilidad normativa para captar capitales en un mercado global en plena expansión.
Argentina tiene las condiciones para convertirse en uno de los grandes jugadores en la industria del hidrógeno, un vector energético que se proyecta como pieza clave en la transición hacia economías bajas en carbono. Con vastos recursos eólicos y solares –especialmente en la Patagonia–, abundancia de agua dulce y salada, y disponibilidad territorial, el país aparece en los radares de empresas y gobiernos que buscan diversificar sus fuentes de energía limpia. Pero la ventana de oportunidad es estrecha, y capitalizarla requiere algo que ha escaseado en la historia reciente: un marco normativo estable y competitivo para inversiones de largo plazo.
Eso es lo que busca el proyecto de ley presentado por los diputados Martín Maquieyra (Pro) y Lorena Villaverde (LLA). La iniciativa establece un régimen de promoción para el desarrollo de la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, que incluye beneficios fiscales, estabilidad tributaria por tres décadas y un marco jurídico orientado a atraer grandes inversiones extranjeras.
Un mercado global en crecimiento exponencial
La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) estima que el hidrógeno y sus derivados podrían cubrir el 14% de la demanda mundial de energía en 2050, lo que implicaría multiplicar por cinco la producción actual. En paralelo, la Agencia Internacional de Energía (IEA) proyecta una producción global de 140 millones de toneladas anuales para 2030 y 500 millones para mediados de siglo.
La demanda estará liderada por Europa, que prevé importar hasta el 50% de su consumo futuro de hidrógeno, y por Asia, donde países como Japón y Corea del Sur planean cubrir más del 80% de sus necesidades mediante compras externas. Alemania, pionera en este campo, actualizó en 2023 su Estrategia Nacional del Hidrógeno, que contempla la importación de hasta el 70% de la demanda prevista para 2030.
En este contexto, Argentina aparece como un candidato natural para convertirse en proveedor estratégico, gracias a:
Pero la competencia es feroz. Países como Chile, Australia y Marruecos también están desarrollando estrategias para captar capitales y consolidarse como exportadores.
Claves del régimen propuesto
El proyecto de Maquieyra y Villaverde busca dar respuesta a las particularidades de la industria del hidrógeno, que requiere plazos largos de desarrollo y grandes inversiones iniciales. Por eso, incluye:
✅ Estabilidad tributaria por 30 años: los proyectos no podrán ser afectados por nuevos impuestos ni por aumentos de tributos existentes.
✅ Ampliación del plazo para adherirse al RIGI: de 2 a 5 años, con posibilidad de prórroga por un año más.
✅ Flexibilización de requisitos de inversión: las inversiones mínimas deberán cumplirse en un plazo de 3 años desde la aprobación del plan, considerando que la fase de factibilidad puede durar entre 2 y 3 años y la construcción hasta 5 años.
✅ Sistema de certificación alineado a estándares internacionales para garantizar la trazabilidad y sustentabilidad del hidrógeno producido.
✅ Facilidades para el uso de infraestructura existente (gasoductos, redes eléctricas) y derechos de servidumbre para la instalación de nuevas plantas eólicas, solares e industriales.
La oportunidad económica para Argentina
Un estudio de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) estima que, con un marco regulatorio adecuado, Argentina podría captar inversiones por más de US$ 15.000 millones hacia 2030 en proyectos de hidrógeno verde y derivados como amoníaco y metanol. Esto generaría:
📈 Miles de empleos directos e indirectos en la construcción y operación de plantas.
📦 Exportaciones anuales por más de US$ 5.000 millones hacia mercados europeos y asiáticos.
🌱 Reducción de emisiones y diversificación de la matriz energética local.
El proyecto también apuesta a fomentar el desarrollo tecnológico local, promoviendo la fabricación nacional de electrolizadores, celdas de combustible y sistemas de almacenamiento, lo que permitiría a Argentina insertarse en las cadenas de valor globales con mayor valor agregado.
Riesgos y desafíos
“El hidrógeno no es solo una opción energética: es una oportunidad para reconfigurar la matriz productiva del país y generar divisas genuinas”, sostienen los autores del proyecto. Pero advierten que la carrera es contra el reloj: si Argentina no consolida pronto un marco competitivo, el capital global buscará otras geografías más seguras.
El proyecto de ley impulsado por Maquieyra y Villaverde no solo busca establecer un marco regulatorio para el desarrollo del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, sino también dotar al sector de las condiciones económicas y fiscales necesarias para atraer inversiones de gran escala. Al declarar de interés nacional la producción, transporte, almacenamiento, exportación y uso del hidrógeno, la iniciativa reconoce explícitamente su rol estratégico en la transición energética global y en la diversificación de la matriz productiva argentina.
El corazón económico del texto está en la incorporación de incentivos concretos: estabilidad tributaria por 30 años, ampliación del plazo de adhesión al RIGI de 2 a 5 años, y flexibilización de los requisitos de inversión mínima para facilitar el ingreso de proyectos que requieren largos períodos de maduración tecnológica y financiera. Estas herramientas buscan mitigar el riesgo regulatorio, uno de los principales obstáculos identificados por inversores internacionales para apostar por Argentina.
Desde el punto de vista técnico, la ley prevé la creación de un sistema de certificación homologable a estándares internacionales, lo que permitiría garantizar la trazabilidad de las emisiones y abrir la puerta a los mercados más exigentes, como la Unión Europea y Asia. También faculta a la autoridad de aplicación a intervenir en la Estrategia Nacional del Hidrógeno, dictar normas de seguridad y articular con provincias y municipios, generando un ecosistema institucional robusto para un sector incipiente.
En términos económicos, el régimen propuesto podría catalizar inversiones por miles de millones de dólares en el mediano plazo, con efectos multiplicadores en la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales y la infraestructura energética asociada. El sector del hidrógeno de bajas emisiones exige grandes proyectos integrados (parques eólicos y solares, plantas de electrólisis, logística portuaria) cuya magnitud hace indispensable un marco legal de largo plazo y certidumbre.
Sin esa previsibilidad, advierten sus impulsores, Argentina corre el riesgo de volver a quedar al margen de una nueva ola de desarrollo tecnológico-industrial, como ocurrió en el pasado con otras industrias estratégicas. Con ella, en cambio, el país podría posicionarse como un proveedor competitivo de hidrógeno y sus derivados, capitalizando su abundancia de recursos renovables y su potencial geográfico para exportar a mercados deficitarios.
La propuesta de Jorge Macri fue rechazada por los legisladores, quienes acordaron continuar analizándola en el seno de la Comisión de Presupuesto.
En el marco de la primera sesión ordinaria del año, volvió a fracasar el intento de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avance con una serie de beneficios fiscales referentes a los tributos de Ingresos Brutos y Sellos, y por otra parte propone la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La iniciativa fue reservada y se acordó que se continuaría analizando en profundidad en el seno de la Comisión de Presupuesto.
El texto planteaba una serie de modificaciones al Código Fiscal a fin de establecer beneficios fiscales para los pequeños contribuyentes inscriptos en el “Régimen Simplificado” del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, siempre que sean personas humanas y su actividad económica principal consista en la prestación de servicios.
Asimismo, se contemplaba una bonificación de hasta el 100% para aquellos sujetos inscriptos en la categoría correspondiente a la menor base imponible gravada y hasta un 75% para quienes se encuentren inscriptos en las seis categorías diferentes.
En tanto en relación con el Impuesto de Sellos, se contemplaba la fijación de la alícuota del 0% a un conjunto de actos, contratos y operaciones de índole comercial, a los fines de propender a la reducción de la carga tributaria, simplificación de procedimientos y optimización de los ingresos fiscales.
Además, entre otras medidas, se determinaba la alícuota para los contratos de locación con fines comerciales, así como la extensión a los contratos de locación de vivienda con fines turísticos, los cuales facilitarán a los contribuyentes y responsables el desarrollo de sus actividades económicas y permitirán disminuir los costos asociados con el turismo. Y se propiciaba la inclusión del beneficio fiscal a las operaciones de leasing relacionadas con vehículos, lo que contribuiría al crecimiento de este tipo de operaciones y promoverá el desarrollo de la industria automotriz en la Ciudad.
Finalmente, como medio para facilitar el acceso a la vivienda, se establecia una alícuota de 0% para aquellos contratos que tengan por objeto la cesión de derechos de fideicomisos inmobiliarios.
El debate en el recinto
La primera en tomar la palabra fue la legisladora de Vamos por Más (VxM) y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paola Michielotto, afirmó que “es un proyecto fundamental para la vida de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires” y consideró que “estas iniciativas representan medidas de alivio fiscal y un alivio para miles de personas que atraviesan una situación difícil”.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria (UP) Matías Barroetaveña indicó que “la falta de reacción política es evidente, frente a un Ejecutivo que tiene esta situación y su respuesta es esta, entonces es momento que la Legislatura se ponga sobre sus hombros lo que les pasa a los porteños y ver de qué forma afectarlos menos. Tardamos seis meses en volvernos a juntar acá, ahora tampoco nos pusimos de acuerdo. Está clara la falta de acción”.
A su turno Mercedes Trimarchi del FIT explicó que “este nuevo régimen impositivo se promete bajar algunos impuestos, lo presentan como un gran alivio fiscal que favorece a todos los vecinos, pero la verdad es que no. La inmensa mayoría de nuestros trabajadores tienen salarios de pobreza, las maestras tienen tres turnos, las enfermeras también” y remarcó que “no se le da respuestas a las familias de la Ciudad que no pueden pagar un alquiler”.
Además, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Marina Kienast destacó que “siempre vamos a estar a favor de bajar los impuestos, pero ¿hace cuánto tenemos una oportunidad concreta y no lo hacemos? Bajar los impuestos no es una moda, es una decisión política y hace tiempo que no están dispuestos a hacerlo” y propuso una serie de cambios en el Régimen Simplificado.
“La Ciudad tiene margen fiscal suficiente para aliviar la carga tributaria sin caer en déficit. No vinimos a hacer lo políticamente correcto. No gobernamos por encuestas. Tenemos convicciones, tenemos rumbo y lo vamos a cumplir. Se lo debemos a los porteños que nos eligieron”, siguió.
Asimismo, desde Confianza Pública (CP) Sebastián Nagata aseveró que “este paquete de medidas fue anunciado en plena campaña electoral, presentado como un alivio fiscal para los vecinos. Nosotros planteamos nuestra duda sobre si era un alivio real o solo era una campaña, pero está claro, a todas luces, que es insuficiente”.
La empresa construirá una planta de tratamiento de petróleo y gas en su yacimiento Rincón de Aranda. La inversión sería de 426 millones de dólares.
Pampa Energía solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con un nuevo proyecto de infraestructura clave para el desarrollo de Rincón de Aranda, su yacimiento de shale oil ubicado en la provincia de Neuquén.
Sobre el tema, el CEO de Pampa Energía Gustavo Marini dijo que "la construcción de esta planta y su infraestructura asociada es clave para fortalecer nuestra operación en Vaca Muerta. Nos permitirá captar la producción de todo el yacimiento, que tiene una extensión de 240 km2, y conectarnos con los sistemas de transporte troncales”.
Cabe resaltar que el proyecto contempla el diseño, la construcción y operación de una Planta Central de Tratamiento (Central Processing Facility – CPF) que permitirá procesar, almacenar y transportar petróleo y gas natural.
Además, incluye la construcción de oleoductos y gasoductos que permitirán vincular la producción con los sistemas troncales existentes, como el Gasoducto Perito Moreno y el Oleoducto Vaca Muerta Sur, la instalación de plantas de procesamiento, terminales de almacenamiento y estaciones de bombeo, entre otra infraestructura asociada.
El proyecto se enmarca en el plan de inversión integral que Pampa Energía está llevando adelante en Rincón de Aranda, donde está invirtiendo 1.500 millones de dólares para multiplicar por diez su producción de petróleo.
El proyecto Rincón de Aranda es la nave insignia de Pampa Energía, donde el 80 por ciento del presupuesto de inversión de la compañía de este año será alrededor de 1.000 millones de dólares.
El Concejo Deliberante sancionó tres ordenanzas clave que apuntan a fortalecer la economía local. La oposición se retiró del recinto y no participó de la votación.
En una sesión marcada por tensiones políticas, el Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero aprobó el primer Régimen de Incentivos a la Generación de Inversiones (RIGI) municipal del país. La iniciativa, impulsada por el intendente Diego Valenzuela, busca fomentar la llegada de nuevas empresas, consolidar la estabilidad tributaria y garantizar la libertad de trabajo en el distrito.
“Con una política fiscal moderna y menos impuestos, atraemos empresas y generamos inversión privada”, expresó Valenzuela tras la aprobación del paquete de medidas, que fue respaldado por los 15 concejales oficialistas. La oposición, en cambio, se retiró del recinto en desacuerdo con el tratamiento del temario.
El nuevo RIGI establece beneficios fiscales para industrias que inviertan entre 10 y 20 millones de dólares, incluyendo un año de exención en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) y una bonificación del 50% durante los nueve años siguientes. Para inversiones superiores a los 20 millones, el beneficio se extiende hasta 15 años si la empresa ya opera en el distrito. También se contemplan incentivos para aquellas que generen más de 100 puestos de trabajo.
Además, se aprobó un régimen de estabilidad tributaria que congela la TISH por 30 años, brindando previsibilidad a largo plazo. En paralelo, se implementará un sistema antibloqueo empresarial, que habilita la intervención policial ante obstrucciones en establecimientos productivos, comerciales o logísticos.
Estas medidas se suman a otras políticas activas que el Municipio viene desarrollando desde 2022, como habilitaciones gratuitas, bonificaciones de patentes y simplificación de trámites, con el objetivo de consolidar un Tres de Febrero competitivo, productivo y generador de empleo.
La inversión de la empresa Rincón Mining para la explotación de litio será de 2.744 millones de dólares.
El Gobierno nacional aprobó, según la Resolución 735/2025 del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, un proyecto minero para la explotación de litio en la provincia de Salta con una inversión de 2.744 millones de dólares bajo la aplicación del Régimen Incentivo para Grandes Inversores (RIGI).
El denominado "Proyecto Rincón, por estar ubicado en el Salar de Rincón, departamento Los Andes, de la provincia de Salta, y que abarca una extensión de 84.687 hectáreas de propiedades mineras es de la empresa Rincón Mining.
El "Proyecto Rincón" tiene como objetivo principal la producción de 53.000 toneladas por año de carbonato de litio grado batería, utilizando Tecnología de Extracción Directa.
El decreto señala que según la presentación de la empresa, existe el potencial de alcanzar las 60.000 toneladas por año a mediano o largo plazo.
La inversión total declarada para el proyecto, a partir de la entrada en vigencia del RIGI, asciende a dos mil setecientos cuarenta US$ 2.744 millones de los cuáles la inversión en activos computables será US$ 2.299 millones.
El desarrollo del proyecto se prevé en dos etapas. La primera etapa demandará una inversión de US$ 1.653 millones y se ejecutará entre julio de 2024 y diciembre de 2027. La segunda etapa, con una inversión estimada de US$ 646 millones se ejecutará entre los años 2026 y 2029.
La fecha límite comprometida por RMPL para cumplir con el monto mínimo de inversión en activos computables es el 30 de junio de 2029.
El diputado de Unión por la Patria cuestiona el esquema impositivo del Gobierno, alerta por la fuga de inversores de Vaca Muerta y dice que muchas medidas recientemente anunciadas “no se pueden hacer sin ley”. ¿Fracasa el RIGI y se desdibuja la planificación estratégica del Estado? El rol de Cristina en el futuro del peronismo.
Titular de la AFIP durante la gestión anterior, Carlos Castagneto es palabra autorizada para analizar las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de Javier Milei. Hoy transita su segundo mandato como diputado nacional y es una de las voces más ásperas del bloque de Unión por la Patria en los debates económicos.
Defensor de un “Estado eficiente”, advierte que los inversores “se están yendo de Vaca Muerta” y que el RIGI no ha tenido los resultados previstos. De eso y otras cosas dialogó con parlamentario.com.
- La medida económica más trascendente de los últimos tiempos de esta gestión es lo que se conoce como “plan C0lchón”, sobre el cual el Gobierno insiste en que no es un blanqueo. ¿Eso es exacto?
- Primero, hay temas que tienen que implementarse por ley. Yo creo que la Penal Tributaria tiene que venir por ley, y reconozco que la Ley Penal Tributaria quedó muy baja, que con un millón y medio vos tenés la penalidad por una evasión simple. Yo tengo un proyecto de ley sobre eso. Con respecto a la simplificación de Ganancias, también, porque cambia el objeto. En todos los países del mundo tenés autodeclarativas en tus DDJJ. En este caso, el Fisco te va a decir cuánto tenés que pagar, y vos tenés que demostrar con las deducciones y los gastos que tenés, si el Fisco tiene razón o no. Y el tercer punto es la información que hacen los escribanos sobre la compra y venta de inmuebles, eso también es una ley. Esa parte tiene que venir por ley.
Después, para subir los mínimos tiene potestad el titular de ARCA. Yo creo que los montos han sido muy excesivos; estaba viendo en el Boletín Oficial que hasta 10 millones de pesos, no se va a pedir facturación, y después creo que nos puede traer un problema con el GAFI, por un lado -recordemos que nos costó mucho salir de la zona gris-; y por otro lado, con la OCDE, ya que tenemos un convenio de intercambio de información con 171 países. Y también el convenio FATCA con Estados Unidos de intercambio de información financiera entre ambos países. Que estando nosotros en la gestión nos llegó online la información de argentinos que tienen plata en el exterior, que no declararon la fuente de origen, que era la Argentina. Me parece que es más para trabajar sobre ese aspecto. ¿Qué algunos montos habían quedado muy bajos? Sí, 650 mil pesos es bajo, y cuando vos le transferías a un hijo, te pedían hasta la partida de nacimiento… Si vos tenés la trazabilidad, no tenés por qué tener problema con el banco. Ahora bien, el organismo tiene que tener la información. Yo creo que cualquier país del mundo que no tenga información empieza a ser de baja o nula tributación, o bien paraíso fiscal.
- Lo tiene que mandar por ley, pero está difícil, no sé si en Diputados, pero en el Senado se le puede complicar mucho al oficialismo. ¿Se puede poner en marcha todo igualmente? Porque el Gobierno dice que lo de pasar por el Congreso es para blindar a los ahorristas frente a lo que decidan futuros gobiernos…
- Ellos hablan del secreto fiscal. El secreto fiscal siempre existió y va a existir; es una ley también. Simplemente en su momento un juez pidió el levantamiento del secreto fiscal en el blanqueo anterior, ahí te demuestra porqué tiene que venir por ley. (Mauricio) Macri se extendió en los poderes que le había dado el blanqueo. Si ustedes recuerdan, cuando amplió el inciso y puso a cónyuges, madre, hermanos, dentro del blanqueo, cuando no habían sido originalmente autorizados, se había rechazado durante en el debate en el recinto… Cuando hizo eso, se judicializó, entonces ahí sí se levantó el secreto fiscal.
Para mí, muchas de las medidas (este gobierno) no las va a poder hacer si no tiene una ley del Congreso. Y eso de que hagan un nuevo blanqueo, tiene que ser por ley; no puede ser ni por decreto, ni por decisiones administrativas, ni tampoco por resoluciones generales del organismo.
- Usted fue titular de la AFIP, un organismo que ya no existe. ¿Qué sentido tiene haber cambiado la estructura del organismo, o fue solo el nombre lo que cambió?
- No, achicaron mucho. Sacaron muchas regionales, también achicaron lo que es la Seguridad Social. Porque antes de la Ley Bases, cuando se hacía una fiscalización, se iba 4 o 5 años para atrás, y cuando se encontraba un trabajador no registrado y se aplicaban la multa y los intereses correspondientes. Ahora la Ley Bases una vez que encontrás a un trabajador no registrado, solo permite de acá para adelante, eso lo sacaron la Dirección General de Seguridad Social. Nosotros habíamos armado áreas estratégicas, como eran Minería, Pesca y Agricultura, me parece que también desapareció. Y también bajaron los niveles de direcciones a coordinaciones y de direcciones a departamentos… Sí, se achicó mucho la estructura del organismo y a su vez se jubiló mucha gente y otros tuvieron retiros voluntarios. Estamos hablando, más o menos, de 3.500 personas.
- ¿Puede ser más eficiente así?
- Me parece que ese organismo, primero, tiene que tener una planificación estratégica, y segundo, una matriz de riesgo. Todo eso se hace a través de distintos sistemas que tiene el organismo. Con la matriz de riesgo, esto lo puedo decir porque es público, detectamos que un monotributista pasó de facturar en electricidad 3.500 pesos por mes, por dar un ejemplo, a un millón de pesos. Al otro mes, dos millones de pesos; al otro 3 millones… Hicimos una fiscalización y nos encontramos con que estaban minando criptomonedas. Entonces, es un organismo que tiene que tener información, tiene distintas bases de datos, todo el mundo no puede acceder a toda la base de datos. Por eso es limitado el ingreso de cada uno, según la tarea que cumpla, y a mí me parece que la única forma de no tener impuestos regresivos es teniendo información. Si vos no tenés información, no podés tomar decisiones correctas dentro del organismo.
- Recién mencionaba al GAFI, o los organismos internacionales con los que hay que tener muchísimo cuidado. Uno entiende que se han tomado los recaudos para que no nos pongan en la lista gris, por ejemplo. ¿Le parece que están garantizado con esto?
- La Unidad de Información Financiera es la que envía la investigación de lavado de activos y de narcotráfico. Nosotros como organismo no actuábamos en eso. Pero sí cuando la UIF actuaba nos participaba mucho, por distintos temas, por ejemplo Aduana. El GAFI estaba muy encima de esa información; y lo mismo el Fondo Monetario. A mí me llama la atención, nosotros estábamos desarrollando un proceso, porque el FMI quería ver la trazabilidad del IVA, porque decían que ese impuesto lo termina pagando el consumidor final, y es verdad. Nosotros estábamos desarrollando un sistema que era clasificar cada uno de los insumos que lleva un artículo, para ver la trazabilidad desde el momento que, por ejemplo se siembra, hasta que llega al consumidor final, porque tener esa trazabilidad servía para ver cuántas veces se cobraba el IVA, o quién se quedaba en el trayecto con el IVA.
Por eso digo, a mí me preocupa el tema del GAFI… pero bueno, a nosotros por ahí nos pedían más información y hoy a lo mejor no.
- En materia económica, Milei dice “yo cumplí, me llamaron para bajar la inflación y la bajé”. ¿Les sorprende que lo hayan conseguido en un año y medio?
- Sí, realmente hay que reconocer que la inflación bajó. Ahora bien, ¿a qué costo y cómo? Porque generalmente los resultados de cualquier política económica no se ven en el momento, sino a través de los años. Yo siempre cuento que en 2005 hicimos la primera encuesta de discapacidad, y nos daba un 8%. Y nos dimos cuenta de que era mentira, porque la crisis de 2001 se iba a medir en 2004 y 2005. En 2008 hicimos de nuevo la misma encuesta y nos dio un 14%, y ahí salió la AUH, y también la salita de 5 y la salita de 4, porque nosotros captábamos así si los chicos se escolarizaban. Si no se escolarizaban, te daban otros indicadores. Yo creo que hoy el problema que estamos teniendo es que si tuvimos un blanqueo de 22 mil millones; tuvimos un Fondo Monetario que nos dio 20 mil millones; el Banco Mundial por primera vez te da mil millones, sin un destino específico, porque vos sabés que el pari passu era 80-20 o 70-30, qué ponía el Banco Mundial y qué ponía la Argentina. Y sobre todo obras de infraestructura que fiscalizaban… Hoy la plata es de libre disponibilidad.
La semana pasada también el Banco Central emitió un bono por mil millones de dólares, porque tiene que juntar para esta semana cinco mil millones. Y ejecutaron un 30% del Presupuesto, de un Presupuesto del 2023, prorrogado… Lo que quiero decir es: ¿dónde está la plata? O se está yendo por intereses de deuda, se está yendo por bonos, ¿adónde se fue toda esa plata? Hay un 75% de los trabajadores registrados que ganan, neto de bolsillo, 650 mil pesos, y solo un 7% gana arriba de 3 millones de pesos. Entonces la gente tiene otras necesidades y no tiene en cuenta una proyección de deuda que en la Argentina es impagable, de 450 mil millones de dólares.
- El Gobierno posterga una reforma previsional para el año que viene. ¿Le parece que es imprescindible ir por ese lado?
- ¿En qué sentido? ¿Volver a una AFJP como antes?
- No, hacer las reformas necesarias. Por ahora al menos no dijeron que vayan a volver a la jubilación privada…
No, lo que están diciendo es que tienen que tener 40 años de servicios y 70 de edad. Me parece que en un mundo como este, que está más informatizado, con los procesos de producción que hay, creo que para no tener más desempleo hay que bajar un poco la jornada laboral. Yo creo en eso. Y por otro lado, entiendo que parte de la población no quiere estar registrada, quiere estar libre, no quiere tener jefes, quiere trabajar en el horario que quiera… Pero eso es a una determinada edad; después, cuando van pasando los años te das cuenta de que no tenés los años de prestación de servicio, porque los años pasan rápido y en algún momento, si Dios quiere y podemos llegar, todos nos vamos a jubilar.
La seguridad social en la Argentina ha sido premiada; a mí me tocó como titular de la AFIP ir a Marrakesh, donde nos dieron el premio por la mejor seguridad social. A la Argentina, mejor que Alemania, mejor que Francia, mejor que todos los países desarrollados. Entonces, perder todos esos derechos y ver un cambio profundo en lo que es lo previsional…
Yo creo que hay que estudiar muy bien, que no es mucho lo que estamos pidiendo nosotros, que es que aumenten la jubilación, a los pobres jubilados que están bajo la línea de pobreza. Y tener una planificación estratégica para que los aportes y contribuciones sigan siendo suficientes, para que hoy o mañana se puedan jubilar. Y por otro lado lo que te decía: bajó la inflación, pero bajó el consumo y aumentó mucho la importación. Yo creo que parte de lo que se está yendo en dólares es porque estamos importando de todo. Y ya lo conocemos eso: va a aumentar la población y el consumo no va a poder incrementarse. Vos fíjate que las divisas que entraron por la exportación de energía son inferiores a la que salió por el turismo de 6 millones de habitantes de la Argentina. ¿Qué te demuestra eso? Que es un gobierno para 7 u 8 millones de habitantes, de los 45 o 47 millones que tenemos en el país.
- ¿Qué opinión le merece la eliminación de aranceles a importaciones en Tierra del Fuego.
- Hay que ver todos los regímenes; hay muchos que hay que estudiar… Por eso siempre digo que una reforma tributaria es casi una reforma constitucional. Lo que se vio reflejado en los tiempos en que se abrió la exportación es que productos terminados para el consumidor no bajan de precio, y creo que lo que se demostró en este tiempo con todo lo que uno pudo dialogar con gente de Tierra del Fuego es que no se trata de una cáscara vacía, como a lo mejor fueron los beneficios que tuvo San Luis, donde estaban las oficinas vacías. Allá hay gente de carne y hueso que labura, que están en ensamble, en producción, que están en desarrollo… Yo creo que en ese sentido la Argentina está yendo contra el mundo. Cuando todo el mundo está siendo proteccionista, nosotros estamos siendo de libre importación. Entonces todos los países que no pueden poner los productos en otro lugar, los van a meter en la Argentina…
- Lo llevo a la política. ¿Cómo ve al peronismo de cara a las elecciones?
- Yo creo que tenemos que tener la grandeza de conversar, hablar, ver los resultados de algunas elecciones en las provincias y tratar de ir todos juntos en la mayor cantidad de provincias que nos quedan, para hacer una buena elección. Porque más allá de que la elección intermedia no te marca en definitiva el desarrollo para las presidenciales, porque si te ponés a pensar, Néstor (Kirchner) perdió con De Narváez, o Cristina por poquito con Esteban Bullrich, lo que nos sirve es tener una vuela elección para mantener el Congreso, que en los últimos años cambia un poco, porque cuando ven que el barco se está hundiendo, los que te acompañan lo hacen hasta que el agua les llega a la cintura. Entonces yo creo que en los dos años siguientes lo que tenemos que hacer es presentar en conjunto proyectos que te queden como una plataforma electoral para 2027.
- ¿Qué rol juega Cristina ahí?
- Cristina es líder. Cristina es la líder, es como Perón. Mientras estén, los líderes lideran, y Cristina es una persona que ha demostrado con creces que se puede hablar con ella, y creo que el 25 de Mayo pidió que se dejen de lado los egos y trabajemos todos juntos para tener una buena oferta electoral. Una oferta electoral que no significa que tengamos todos la misma ideología; no es solo ganar, sino trabajar muy ordenados y juntos para tener una plataforma. Y Cristina sigue siendo la líder, los demás somos todos acompañantes, algunos con más o menos peso, pero yo creo que si Cristina nos ha demostrado que fue al PJ, nos ha demostrado que ha sido capaz de ponerse a un costado y elegir distintos candidatos, y darles la posibilidad a otros, me parece que demuestra su grandeza. Y el que tiene la posibilidad de hablar con ella se da cuenta de que está un paso delante de todos.
- Ya en 2019 ella pensó que no tenía que ser la cabeza de una fórmula. ¿Cree que puede variar eso en las próximas presidenciales?
- La Argentina es muy variable, de acá al 27 me parece que es proyectar demasiado. Si en el 2023 me decías que Milei iba a ser presidente… yo creo que nadie lo creía. Cuando llegó al balotaje, se pensaba que ya era demasiado que hubiera llegado ahí, y que hoy haya ganado muchas provincias también llama la atención. Así que pensar para 2027 me paree que es muy prematuro. Vuelvo a insistir: me parece que hay que estar muy unidos, hay que pensar qué quiere la sociedad… Creo que la pandemia ha marcado mucho y hay que estudiar sociológicamente qué piensa la sociedad, los distintos grupos etáreos. Hacer una conjunción para que sea un Estado eficiente.
Yo lamento mucho que hoy de Vaca Muerta se estén yendo los inversores, y el RIGI no ha tenido los resultados como esperaba el Gobierno, porque si no tenés un Estado que se ocupe de la infraestructura, nadie va a venir. Como Petronas se fue de acá, nadie va a venir a invertir a la Argentina.
- ¿Puede el Estado no hacer obra pública?
- No, yo creo que la obra pública pasa por el Estado. Después la harán las empresas, pero vos tenés que tener una planificación para que un país tenga conectividad, servicios públicos como corresponde, rutas. Nosotros no pudimos terminar el Corredor Bioceánico, o el Gasoducto Néstor Kircher… Planificación estratégica, como fue el Plan Quinquenal de Perón, o el plan de Néstor y Cristina. Quedaron a medio camino algunas cosas, pero me parece que en lo que son los recursos o riquezas naturales de un país, el que tiene que invertir es el Estado.
El presidente Javier Milei confirmó la noticia, al hablar ante empresarios en el cierre del Foro de AmCham. La inversión de la compañía angloautraliana será de 2.700 millones de dólares.
El Gobierno nacional anunció que el comité del Régimen de Incentivos para Grandes Inversores (RIGI) aprobó el primer proyecto de minería para producir litio en el país. La empresa Río Tinto que tiene el proyecto en Salta, ubicado en el Salar de Rincón, a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, invertirá 2.700 millones de dólares, luego de lo que fue la adquisición de las operaciones Arcadium Lithium, el año pasado.
La empresa minera dio a conocer un comunicado donde resalta que es la primera operación a escala comercial y el compromiso "de establecer un portafolio de materiales de batería de primera clase".
En tal sentido, el director ejecutivo del Grupo Río Tinto, Jackob Stausholm afirmó que “la atractiva perspectiva a largo plazo del litio impulsada por la transición energética respalda nuestra inversión en Rincón. Nosotros estamos dedicados a desarrollar este recurso de clase mundial de primera categoría a gran escala y en el extremo bajo de la curva de costos. Estamos igualmente comprometidos a cumplir con los estándares de ESG más elevados, utilizando nuestra tecnología avanzada para reducir a la mitad la cantidad de agua usada en el proceso de refinación mientras continuamos fortaleciendo nuestras asociaciones de beneficio mutuo con las comunidades locales y la provincia de Salta”.
El documento asevera además que la primera producción comience en el 2028, seguida de tres años de aumento de actividades hasta alcanzar la máxima capacidad, lo que generará una cantidad importante de puestos de trabajos y oportunidades económicas para las empresas locales".
Cabe resaltar que el proyecto Rincón de Litio consiste en la extracción de salmuera por medio de un área de pozos de producción e instalaciones de procesamiento y efluentes, al igual que su infraestructura asociada.
La capacidad de producción total es de 60.000 toneladas de litio, carbonato de alta calidad para baterías por año, lo que incluye la planta inicial de 3.000 toneladas y la planta de expansión de 57.000 toneladas.
Para obtener el producto final, se utiliza tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), un proceso que ayuda con la conservación del agua, reduce los efluentes y produce carbonatos de litio de manera más uniforme que otros métodos.
El proyecto de ley fue presentado por la diputada chubutense Ana Clara Romero, quien señaló que el RIGI “no abarca específicamente este segmento productivo de hidrocarburos provenientes de yacimientos maduros”.
La diputada nacional Ana Clara Romero (Pro – Chubut) presentó un proyecto de ley para la creación del régimen de incentivos en actividades destinadas a incrementar la producción de hidrocarburos en yacimientos convencionales maduros.
En los fundamentos, la legisladora macrista expresó: “Si bien en los últimos años se han destinado importantes incentivos al desarrollo de los recursos no convencionales, en particular en Vaca Muerta, el sector de hidrocarburos convencionales sigue representando una parte significativa de la producción nacional y requiere de medidas específicas para sostener e incrementar la actividad”.
A su vez, agregó que “la provincia de Chubut es una de las principales exponentes de la industria petrolera convencional en el país”, y añadió: “No escapa a esta tendencia negativa. La producción asociada de agua representa un 95% del volumen extraído, lo que implica costos energéticos y químicos excesivos, tornando inviable la continuidad de la extracción en muchos campos”.
“Actualmente, existen veintiún mil cien pozos perforados en esta provincia, de los cuales ocho mil ochocientos se encuentran activos, seis mil ochocientos han sido abandonados y el resto está inactivo debido a la inviabilidad económica de su explotación”, cargó.
Luego destacó al RIGI, pero aclaró que “no abarca específicamente este segmento productivo de hidrocarburos provenientes de yacimientos maduros”.
Por último, señaló que “si bien el RIGI es una política interesante y que ayuda para hacer de nuestro país un lugar viable para las inversiones, el hecho de no incluir este sector significa perder una oportunidad de desarrollo para una industria que en la provincia de Chubut fue adalid en materia productiva”.
1376-D-2025El funcionario disertó ante la Comisión de Minería de Diputados y brindó datos sobre los proyectos en marcha en las diferentes provincias, precisó cifras sobre las inversiones y detalló qué empresas solicitaron la adhesión al RIGI.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, participó este miércoles de la reunión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados donde brindó datos sobre los proyectos en marcha en las diferentes provincias, precisó cifras sobre las inversiones y detalló qué empresas solicitaron la adhesión al RIGI y destacó que “estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes”.
El funcionario hizo un resumen de los sucesos vinculados al sector ocurridos desde junio de 2024 a marzo de 2025. Al respecto, comentó que en materia de inauguración de operaciones se puso en marcha una planta de litio del proyecto Centenario Ratones (en Salta), planta de hidróxido de litio del proyecto de Sal de Oro y la planta de cloruro de litio del proyecto Mariana. “Con esto ya son 6 las minas de litio en operación en el país: en Jujuy, Cauchari-Olaroz y Olaroz; en Catamarca, Fenix”, precisó y destacó: “Es un gran progreso”.
En cuanto a los anuncios de inversión mencionó el de Glencore por 400 millones de dólares en proyectos MARA (Catamarca) y El Pachón (Jujuy) entre 2024 y 2026 con destino en estudios de factibilidad y trabajos tempranos. También, Kobrea Exploration anunció inversiones por 20 millones de dólares en exploración en Mendoza. Se suma Río Tinto con inversiones por más de 2.700 millones de dólares para la construcción de una planta de carbonato de litio en Salta. Además, la empresa realizó la presentación al RIGI en febrero de 2025 con el proyecto Salar del Rincón. Por último, la empresa Ganfeng Lithium anunció inversiones por 40 millones de dólares en su proyecto Cauchari-Olaroz para instalaciones de una planta prototipo de extracción directa de litio.
Solicitud de adhesión al RIGI
Lucero precisó que Minas Argentinas S.A con su proyecto Gualcamayo en San Juan presentó una inversión estimada en 1.000 millones de dólares para continuar la producción de oro. Galan S.A con su proyecto Hombre Muerto Oeste en Catamarca presentó una inversión estimada en 228 millones de dólares para iniciar producción de cloruro de litio.
Posco Argentina con Sal de Oro presentó una inversión de 1.002 millones de dólares para iniciar la producción de carbonato e hidróxido de litio. En tanto, Litio Minera Argentina S.A con su proyecto Mariana presentó una inversión de 980 millones de dórales para iniciar la producción de cloruro de litio, mientras que Andres Corporación Minera con su proyecto de cobre Los Azules se presentó con una inversión de 227 millones de dólares. Por último, Rincón Mining PTY Limited con un proyecto en Salar de Rincón invirtió 2.724 millones de dólares para iniciar la producción de carbonato de litio.
En lo que respecta a misiones al exterior, Lucero destacó los “esfuerzos y el trabajo federal desde la secretaría. Nos sentimos acompañados y felices de compartir misiones para empujar la minería argentina”.
“Estuvimos en Londres en conjunto con las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan en la semana de la Bolsa de Metales, una de las más importantes del mundo. En noviembre firmamos un memorándum de entendimiento con el Servicio Geológico Alemán”, contó.
También informó que firmaron memorándums con Estados Unidos, con Emiratos Árabes y con el Departamento de Recursos Naturales de Canadá. “Avanzamos con el memorándum con la Unión Europea, firmamos una hoja de ruta definiendo temas y proyectos y lo mismo con la India”.
“Estamos viviendo un momento extraordinario en el precio del oro sin precedentes, plata y cobre en buen momento. El litio sigue sufriendo por ahora”, ponderó, pero en cuanto a los proyectos advirtió que para el 2035 estiman una caída de la producción de oro “a menos que logremos con algunas medidas remontar la exploración y que haya reservas”.
También puntualizó: "Integro un gobierno que lleva apenas un año en el poder y creo que estamos hablando de un deterioro de más de cincuenta años y me parece aventurado exigirle al Gobierno Nacional en este momento”. En la misma línea, pidió que “seamos equilibrados; por favor no hagamos de la minería federal cuando conviene y algo nacional cuando no conviene”.
El titular de la comisión, Walberto Allende consideró que las palabras del secretario “pone en evidencia lo que significa recorrer los diferentes países del mundo hablando de las bondades de Argentina respecto de estos minerales tan requeridos y se manifiesta en cada inversión”.
“Ha cambiado la mentalidad del argentino, particularmente en lo que es capital federal que fue reacio a aceptar esta actividad que podemos hacerla cuidando el ambiente. Creo que tiene que ver mucho con las decisiones de los gobiernos provinciales de apostar fuerte, trabajar con las comunidades y entender que aquellas provincias que estamos recostados sobre la Cordillera no tenemos plan b si no hacemos minería”, expresó el sanjuanino y remarcó que “nuestra esperanza está en la minería y por eso la decisión política de los gobiernos provinciales es fundamental”.
La propuesta tiene como fin mejorar la competitividad de la industria nacional y promover la generación de empleo argentino.
El diputado nacional Pablo Todero (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley Bases y otorgar los mismos beneficios impositivos, cambiarios y arancelarios a las empresas nacionales proveedoras de bienes y servicios que a aquellas empresas extranjeras que participen del RIGI.
El proyecto del diputado neuquino incorpora una modificación al artículo 168 de la ley N° 27.742, estableciendo que las empresas nacionales que provean bienes y servicios a los proyectos que adhieran al “Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones” (RIGI), podrán acceder a los mismos beneficios fiscales, cambiarios y arancelarios que se prevén en la ley para las grandes inversiones extranjeras. Este cambio es crucial para asegurar que las empresas argentinas puedan competir en igualdad de condiciones con las extranjeras en sectores clave de la economía.
La propuesta tiene como fin mejorar la competitividad de la industria nacional y promover la generación de empleo argentino. En declaraciones a la prensa, Todero alertó que “la Ley Bases prevé la política de ´Arancel Cero´ para las importaciones de bienes de uso o de capital a utilizarse en el marco del RIGI, pero no otorga un beneficio similar para aquellas empresas nacionales que puedan ser proveedoras de esos bienes. Con este proyecto, proponemos que la competencia local pueda hacerse en las mismas condiciones”.
El diputado de Unión por la Patria resaltó la importancia de su proyecto al señalar que “la Argentina tiene una sólida base productiva, mano de obra calificada y capacidad instalada suficiente para satisfacer buena parte de la demanda de insumos y servicios de los VPU (Vehículos de Proyecto Único). Sin embargo, la Ley Bases no contempla a las empresas nacionales como beneficiarias de las exenciones impositivas y arancelarias que las grandes corporaciones extranjeras obtienen por sus inversiones. Queremos que las empresas argentinas compitan, por lo menos, en igualdad de condiciones con las extranjeras. Este proyecto busca corregir esa disparidad, contribuyendo a la dinamización de nuestras cadenas de valor y fortaleciendo el empleo local”.
El impacto del proyecto en la economía local
El proyecto de ley de Todero se presenta en un contexto en el que el régimen RIGI otorga importantes beneficios fiscales y aduaneros a proyectos de grandes inversiones en sectores clave como la minería, la tecnología, la energía, la infraestructura y el petróleo. Sin embargo, la normativa actual no contempla los mismos incentivos para las empresas nacionales que proveen bienes y servicios a estos proyectos.
El rubro hidrocarburífero, con inversiones superiores a los 1000 millones de dólares en proyectos relacionados con Vaca Muerta, ilustra el impacto de esta falta de competitividad para la industria nacional. Empresas argentinas que fabrican insumos y equipos destinados a la industria petrolera se ven en desventaja frente a competidores internacionales que importan bienes con arancel cero. “Un ejemplo claro de esta disparidad es el caso de YPF, que ha decidido contratar a una empresa extranjera para la provisión de tanques destinados al Oleoducto Vaca Muerta Sur, a pesar de que existen fabricantes nacionales capaces de proveer estos mismos insumos”, explicó Todero.
“La falta de igualdad de condiciones está afectando directamente a nuestras empresas nacionales”, manifestó el diputado neuquino. “Este proyecto busca garantizar que las empresas argentinas, con el mismo nivel de competitividad y capacidad productiva, tengan acceso a los beneficios fiscales que ya reciben las grandes corporaciones extranjeras”, agregó.
“Lo que estamos proponiendo no implica un gasto adicional para el Tesoro ni una erogación pública: los beneficios que se otorgarían a las empresas nacionales equivalen a los que ya poseen las importaciones de bienes en el marco del RIGI”, resaltó Todero. “Lo que necesitamos es garantizar que nuestras empresas tengan las mismas condiciones competitivas para seguir creciendo y generando empleo en Argentina”, subrayó.
En este sentido, Todero resaltó que “es fundamental encontrar mecanismos que defiendan la producción nacional frente a las importaciones de insumos con ‘arancel cero’, especialmente cuando se trata de sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la minería”.
”Debemos asegurarnos de que las empresas nacionales puedan competir en igualdad de condiciones y seguir siendo motor de crecimiento y empleo”, concluyó.
La iniciativa avalada por el Gobierno nacional consiste en la realización de un parque fotovoltaico en Mendoza. La inversión será de 211 millones de dólares.
Mediante la Resolución 1/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó esta semana la aprobación del primer proyecto que ingresará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un monto apenas superior a los 211 millones de dólares, para realizar un parque fotovoltaico en "El Quemado" Mendoza.
La inversión que obtuvo el aval gubernamental definitivo al cumplimentar todos los pasos previstos es el “Parque Solar El Quemado y Anexos” por una capacidad instalada total de 305 megavatios (MW), que se desarrollará en la provincia de Mendoza por la empresa Luz del Campo S.A.
La implementación de la iniciativa se llevará a cabo en dos etapas. En la primera se avanzará con la instalación de paneles solares bifaciales en 350 hectáreas por una capacidad instalada de 200 MW, mientras que en la segunda instancia se prevé completar la capacidad total planeada.
El proyecto implica una inversión total de US$211.600.072, de los cuales en el primer y segundo año contados desde la fecha de solicitud de adhesión se emplearán US$204.544.000, “cumplimentándose el 40% del monto mínimo de inversión definido para el sector de energía”.
Asimismo, quedó estipulado que de la inversión total, unos US$94.076.795 serán abonados a proveedores del exterior, mientras que la suma restante de US$117.523.278 será cancelada a proveedores locales. Además, se fijó que la fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables es el 30 de enero de 2027.
En el análisis realizado para determinar la viabilidad de la inversión, el Banco Central consideró que la misma “no afecta la sostenibilidad del sector externo ni tampoco resulta significativo su impacto en las reservas internacionales” y también señaló que “no se considera que el proyecto pueda afectar negativamente, por sus efectos cambiarios, los objetivos de desarrollo económico y estabilidad financiera”.
En paralelo, la entidad bancaria sostuvo que “en el caso que se diera la sustitución de importaciones planteada una vez que entra en producción, el balance cambiario resultaría positivo considerando los tres años iniciales del proyecto, ya que los gastos de operación a partir de la puesta en marcha son locales”.
Al mismo tiempo, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y la Secretaría de Energía evaluaron la iniciativa y concluyeron que la misma “cumple con los requisitos y objetivos del RIGI”.
La iniciativa fue presentada por las compañías Acindar y PCR, que planean construir un parque eólico en el país. La inversión sería 255 millones de dólares.
Un proyecto vinculado a las energías limpias fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que las empresas Acindar y PCR adhirieron a los beneficios del Régimen del Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), para construir un parque eólico en la Argentina. La inversión sería de 225 millones de dólares.
El titular de la cartera de Economía dijo que “nueva propuesta que recibió el Gobierno en el marco del esquema especial que otorga una serie de beneficios fiscales y jurídicos (baja del impuesto a las Ganancias, devolución acelerada de IVA, no cobro de retenciones a las exportaciones o de aranceles a la importación, entre otros) para las empresas que planteen desembolsos superiores a los US$ 200 millones en proyectos en áreas como la forestoindustria, la minería, la energía, la tecnología, la infraestructura o la siderurgia, entre otras", afirmó.
El proyecto estará a cargo de PCR, una empresa especializada en hidrocarburos, energías renovables y la producción de cemento, y Acindar, fabricante de aceros largos en el país, e involucra el desarrollo de un parque eólico en Olavarría.
Cabe resaltar, que la propuesta había sido anunciado formalmente en noviembre, y comprende instalaciones que alcanzarán unos 180MW de potencia.
Ambas compañías ya son socias en el área de generación. Son accionistas (51% y 49%, respectivamente) en la empresa GEAR 1 S.A. (Generación Eléctrica Argentina Renovable I), que es titular y opera el parque eólico y solar San Luis Norte.
Está ubicado en Toro Negro, en el departamento de Belgrano de esa provincia, y tiene una potencia total de 112,5MW.
Días atrás, antes de Navidad, el comité evaluador del RIGI, dependiente del Ministerio de Economía, aprobó formalmente el primer proyecto en ese marco. Se trata del parque solar Mendoza a cargo de YPF Luz, según lo confirmó el ministro Caputo. La carpeta se había presentado el 25 de octubre.
La reglamentación del RIGI dispuso que este comité dispone de un plazo de 45 días desde que se presenta el proyecto para evaluar las condiciones y aprobar o descartar su adhesión.
Hasta acá hay una decena de proyectos presentados, que esperan su aprobación, en los sectores minero, gasífero y siderúrgico.
La que más dólares promete es la de PAE. Se trata de la instalación de un buque de licuefacción de gas en Río Negro, para exportar, en modo de GNL (gas licuado), las moléculas extraídas de Vaca Muerta.
Esta inversión necesitará US$ 2.900 millones en dos etapas, aunque los montos pueden ascender a US$ 7.000 millones después del año 2035. La firma de los Bulgheroni no está sola en este proyecto.
La presentación formal la hizo Southern Energy, una firma recientemente constituida de la cual son accionistas PAE y Golar LNG, la compañía noruega dueña del buque que llegará al país en tres años.
La segunda inversión más grande que se encuentra en la gatera del RIGI es la de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, con unos US$ 2.900 millones comprometidos. Si bien YPF ha encabezado, en términos públicos, las presentaciones de este proyecto, un consorcio de empresas la acompañan: son PAE, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina.
En San Juan concentrará sus trabajos la empresa Minas Argentinas, que presentó su proyecto por unos US$ 1.000 millones para desarrollar “Carbonatos Profundos” y casi cuadruplicar su actual producción de oro durante un período no menor a 17 años.
El litio también recibió iniciativas en el marco del RIGI. Posco anunció una inversión de US$ 1.000 millones para desarrollar su proyecto en Salta.
En tanto, la empresa australiana Galan Lithium también anunció una inversión de US$ 200 millones para avanzar con el proyecto Hombre Muerto Oeste, en Catamarca.
Otro proyecto presentado para el RIGI es el de Sidersa, con una planta de acero verde en la provincia de Buenos Aires. Según informó la compañía, el proyecto demandará una inversión de US$ 300 millones.
Invertirá 2900 millones de dólares por 10 años y generará más de 600 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto, predominantemente de la zona patagónica.
La empresa propiedad de Pan American Energy y Golar LNG, Southern Energy, presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto de instalación de un buque de licuefacción de gas natural licuado (GNL) en Río Negro.
Según el comunicado de la empresa enviado a Energy Report, la iniciativa constituye un "hito significativo" para posicionar a Argentina como un país exportador en el mercado mundial de GNL a partir de 2027.
El proyecto prevé una inversión estimada superior a los u$s1.650 millones durante la primera fase(2025-2031), mientras que en la segunda etapa (2032-2035) asciende a casi los u$s1.250 millones. De esta forma, los desembolsos totales en las dos etapas sumarán de alrededor de u$s2.900 millones. Sin embargo, a lo largo de los 20 años de vida útil, la inversión total prevista es de casi u$s7.000 millones.
La iniciativa de exportación de GNL presentado cumple con las condiciones que se especifican en la Ley Bases y el decreto reglamentario 749/2024 para ser considerado como “Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo”.
"En este sentido, posicionará a la Argentina como un nuevo proveedor en un mercado global en donde nuestro país aún no tiene participación y generará exportaciones de productos que actualmente no se exportan en mercados internacionales, accediendo a nuevos destinos de exportación", subrayaron desde Pan American Energy (PAE).
El proyecto favorecerá la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo directo e indirecto, predominantemente de origen local, durante la fase de construcción. En tanto en la etapa de operación, se generarán alrededor de 850 puestos de trabajo en forma directa e indirecta.
Desde PAE estiman que Habrá una elevada participación de proveedores locales, que aportarán más del 50% de los bienes y servicios requeridos durante la operación del proyecto. También se desarrollará una activa política para desarrollar proveedores locales con el objetivo de promover la generación de valor agregado al país.
Los diputados de las diversas bancadas que conforman la Legislatura porteña decidieron, en el marco de la sesión de este jueves, que el proyecto vuelva a las comisiones correspondientes para continuar siendo evaluado.
A tres meses de la firma del “Pacto de Mayo”, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscó adherir a la Ley 27.742 -Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos-, en particular el articulo sobre el “Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”, pero debido a la falta de acuerdos deberá ser tratada nuevamente en comisiones.
A través de la adhesión a este régimen se buscaba incentivar “las grandes inversiones nacionales y extranjeras en la República Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país”, “promover el desarrollo económico”, “desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI”, “favorecer la creación de empleo” y “generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse”.
Así como también “crear para las ‘Grandes Inversiones’ que cumplan con los requisitos del RIGI, un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial para el caso de eventuales desviaciones y/o incumplimiento por parte de la administración pública y el Estado al RIGI”, “fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales” y “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.
Durante la sesión, la vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña y diputada de Confianza Publica, Graciela Ocaña, explicó que "el RIGI y la Ley de blanqueo que se discutió en comisión se firmó con una minoría muy justa y no tuvo tratamiento adecuado. Así como está Implica que la ciudad resigne recursos y ceda casi todo al gobierno nacional. Voy a pedir que vuelva a comisión para que tenga un tratamiento Parlamentario serio".
Trascendió los últimos días la realización de un seminario oficial para presentar ante diplomáticos el sistema RIGI, donde se mostró un mapa argentino donde no figuraban nuestras islas.
Denuncian que en el marco de un seminario organizado por Jefatura de Gabinete las islas fueron borradas de un mapa publicitario del RIGI. Ante esta situación, el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón presentó un proyecto donde solicita información al Gobierno nacional. “Es una vergüenza que en su afán de conseguir inversiones extranjeras, que no llegan al país por la falta de confianza, el Gobierno tire por la ventana la causa Malvinas, cuyo reclamo de soberanía es irrenunciable tal lo establece nuestra propia Constitución. Es otra muestra de un gobierno alejado cada vez más del sentimiento nacional”.
Tal como trascendió a través de informaciones periodísticas, el último miércoles, en el marco de un seminario convocado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se presentó ante casi un centenar de diplomáticos de distintos países el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Allí, se mostró un mapa de la Argentina sin las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. El titular de la Secretaría, presente en el encuentro, fue José Luis Vila.
“La impresión de este mapa de Argentina sin las Islas Malvinas para supuestamente no 'ofender' a inversores extranjeros, muestra claramente un eslabón más en una cadena de situaciones de abandono de la causa Malvinas por parte del Gobierno de Javier Milei, incluyendo la reciente autorización de la canciller Diana Mondino a los vuelos a las Islas”, concluyó el legislador de Encuentro Federal.
En una nueva etapa de la puesta en marcha de la Ley de Bases, el decreto se publicó este viernes en el Boletín Oficial.
A través del decreto 749/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las partes centrales de la Ley de Bases sancionada hace casi dos meses.
Desde el Poder Ejecutivo destacaron que el RIGI "apunta a promover y atraer inversiones que superen un umbral mínimo de inversión, siendo a su vez proyectos de larga maduración y que generen puestos de empleo reales y fomenten la actividad productiva del país".
En este sentido, el Régimen permitirá fomentar proyectos donde los ingresos, durante los primeros 3 años, no superen el 30% de la inversión total. Se trata de inversiones superiores a los 200 millones de dólares, por lo que el capital, en general, provendrá mayormente de inversores extranjeros. Sin embargo, no es excluyente para la industria nacional.
"Se espera que el RIGI impulse a la economía, a las inversiones y al empleo. En esta línea, se proyecta que permitirá triplicar el nivel de las exportaciones en una década a través de una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, de forma de poder competir con los regímenes que existen en la región y en el mundo", destacaron desde Casa Rosada.
En la reglamentación del RIGI está previsto que algunos de los sectores alcanzados por la medida sean la foresto industria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y gas. Estos sectores tendrán un plazo de dos años para adherirse a partir de la entrada en vigencia del Régimen. Asimismo, podrán adherirse los vehículos de proyecto único que sean titulares de una o más fases de un único proyecto que califique como “Gran Inversión”. Éstas deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de dicho proyecto.
En tanto, para calificar como “Gran Inversión” deberá existir un monto de inversión en activos computables igual o superior a 200 millones de dólares; debe completarse dicho monto antes de la fecha límite comprometida en el Plan de Inversión; deberán prever para el primer y segundo año, una inversión mínima en activos computables igual o superior al monto que fijará oportunamente la autoridad de aplicación; y como condición de permanencia en el RIGI, deberán prever el cumplimiento de al menos el 40% del monto mínimo de inversión dentro de los dos primeros años desde la aprobación de la solicitud de adhesión.
"En esta etapa, el RIGI representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo de territorios que hoy no tienen servicios de ningún tipo. Permitirá generar trabajos, e impulsará la aparición de PyMEs proveedoras de bienes y servicios en distintos sectores económicos", estiman.
Desde el Gobierno señalaron que a través del RIGI se "propone un régimen diferencial que es distinto al que hoy existe, que es distinto al Paquete Fiscal. En esta línea, se apunta a que, en algún momento, el régimen general impositivo argentino se vaya acercando a lo que hoy se propone como RIGI".
"El RIGI le puede dar un impulso a la economía, a las inversiones, al empleo y dejar atrás la decadencia en la que estamos inmersos en la Argentina", cerraron a través de un comunicado.
En tanto, en los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que "nuestro país tiene un destacado potencial productivo y exportador, el cual, en atención a las deficientes políticas implementadas a lo largo de las últimas décadas, no se ha desarrollado por completo".
"La experiencia internacional y las mejores prácticas de países exitosos en la atracción de grandes inversiones indican que la implementación de regímenes de incentivos específicos y excepcionales es una herramienta efectiva para superar barreras económico-financieras y promover, así, la inversión en proyectos de gran envergadura de larga maduración que aporten valor agregado a la economía nacional", defendieron en los argumentos.
Gustavo Fernández considera que beneficiará a diversos sectores productivos y desarrollo de infraestructuras de la provincia y aclara que San Juan "es mucho más que minería".
San Juan se convirtió en la quinta provincia en adherirse al RIGI junto a Río Negro, Jujuy, Mendoza y Chubut. La votación tuvo 21 votos a favor contra 14 en contra. El gobernador Marcelo Orrego celebró la aprobación.
Con 21 votos favor y 14 en contra, la Cámara de Diputados de la Legislatura sanjuanina aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) promovido por la administración nacional. El gobernador Marcelo Orrego celebró la aprobación.
De esta manera el oficialismo provincial logró sancionar el proyecto de adhesión a la normativa nacional que busca promover la llegada de nuevas inversiones, en especial aquellas que superen los u$s200 millones.
"La adhesión de San Juan a la aplicación del RIGI es una excelente noticia", dijo Orrego en su cuenta de la red social X, una vez aprobada la incorporación al RIGI por parte de la Legislatura. "Estoy convencido de que esto abre una gran puerta al desarrollo, al trabajo y al progreso", añadió.
Además, agradeció a los legisladores "que priorizaron el bienestar de la provincia y de nuestra gente". "Sigamos trabajando juntos por San Juan", cerró el mandatario local.
La adhesión al RIGI fue bien recibida por parte de diferentes actores de la economía sanjuanina. El presidente de la Federación Económica de San Juan, Dino Minnozzi, fue uno de los primeros en celebrar su aprobación.
"Desde la Federación Económica y desde el sector empresario estamos muy conformes de que San Juan se haya adherido al RIGI", dijo en declaraciones a sanjuan8.com, y aseguró que el régimen "nos brinda un amplio panorama de futuras inversiones y de que podamos crecer en distintas actividades económicas”.
Por su parte, Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, aseguró que se trata de un hito “muy importante” para la provincia. “Es algo muy importante. En San Juan necesitamos que pueda arrancar un nuevo proyecto minero por el dinamismo que le trae a toda la economía de la provincia, no sólo con la generación de nuevos puestos de trabajo sino también con el desarrollo de distintos sectores industriales, como el metalúrgico, químico, plástico, etc.”, explicó.
A fines de abril, dos meses antes de la sanción definitiva, la Mesa de Productividad de San Juan que integran diversas cámaras empresarias habían exhortado a los legisladores nacionales de la provincia a aprobar el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la ley bases.
“Las circunstancias propias de la agenda legislativa, las necesidades del mundo de ciertos recursos (como el cobre y otros metales, proyectos de energías renovables, agro-industriales de escala, innovación tecnológica, valor agregado de materias primas, etc.) y la oportunidad de tener en San Juan una serie de proyectos con oportunidad de grandes inversiones, requieren certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de incentivos y protección de derechos adquiridos”, enfatizaron.
La Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de la Construcción, la Cámara Minera Juan y Unión Industrial de San Juan aseguraron que las grandes inversiones requieren certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de incentivos y protección de derechos adquiridos. Ahora, con la adhesión a la nueva normativa, se espera la llegada de nuevas inversiones.
San Juan se convirtió en la quinta provincia en adherirse al RIGI. En el último mes y medio se sumaron Río Negro, Jujuy, Mendoza y Chubut.
Así se expresó el diputado provincial radical Emiliano Balbín al reclamó al gobierno bonaerense que adhiera al RIGI, durante la última sesión de Diputados.
“Le hago un pedido muy especial a Kicillof, para que tome la decisión finalmente de adherir al RIGI, y que la provincia no pierda más oportunidades de inversión, como lo que ocurrió lamentablemente con la planta de GNL, que se iba a instalar en el puerto de Bahía Blanca y finalmente se trasladó a la provincia de Río Negro”, señaló el legislador que integra el bloque de la UCR+Cambio Federal.
En la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados bonaerense, y en el transcurso de la misma el legislador Emiliano Balbín, hizo uso de la palabra para exigirle al Gobernador Axel Kicillof que “finalmente tome la decisión de adherir la provincia al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI)”.
“El RIGI –continuó-, recientemente aprobado en el Senado como un capítulo de la Ley Bases, ayudará a que se concreten inversiones que hace tiempo están en suspenso en sectores clave como minería y energía. Deficiente o no, parece ser la única manera de contrarrestar un riesgo país entre los más altos del mundo”.
“Y la pregunta es entonces ¿por qué el Gobernador se resiste a adherir a esta herramienta? Nunca recibimos una explicación puntual y concreta sobre los motivos técnicos de su negativa a adherir al RIGI. No sabemos cuáles serían, según la óptica del Gobernador, los perjuicios para la provincia”, agregó.
En el mismo sentido, Balbín manifestó que “para esquivar la situación y mostrarse ocupado en no perder la histórica inversión de YPF-Petronás con la planta de GNL, el 15 de julio Kicillof anunció que había ‘resuelto enviar hoy un proyecto de ley para un Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas’ vinculadas a grandes inversiones, la producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires".
“Pasó un mes y no envió ningún proyecto. En definitiva, ni adhesión al RIGI ni un régimen provincial”, expresó Balbín.
“Su preocupación fue solo para los medios pero en esta Legislatura el oficialismo no ha dado un solo paso para generar las condiciones necesarias para que lleguen a Buenos Aires grandes inversiones”, dijo el legislador y continuó: “el Gobernador, tal vez más preocupado por su candidatura presidencial, opto por victimizarse y polarizar con el presidente Milei, pero terminó siendo funcional a la voluntad de Milei de trasladar la planta de GNL a Rio Negro. Así los bonaerenses nos perdimos una inversión de 50.000.000.000 de dólares en diez años, nos perdimos la inversión individual más importante de la historia de nuestro país”.
“En la provincia de Buenos Aires tenemos que seguir el ejemplo del Municipio de Bahía Blanca donde por unanimidad, todas las bancas del Honorable Concejos Deliberante adhirieron al RIGI de común acuerdo con el Intendente municipal”.
“Les pido a los diputados del bloque de Unión por la Patria que imiten la actitud de los concejales bahiense de Unión por la Patria. Le pido al Gobernador que imite la actitud de Federico Susbielles, el intendente de Bahía Blanca, de su propio espacio político”, finalizó diciendo Balbín.
Desde los bloques de la UCR + Cambio Federal hicieron dos presentaciones parlamentarias, mediante las cuales le señalaron la necesidad al gobernador de enviar de manera urgente el proyecto de ley adhiriendo RIGI.
Los bloques de diputados y senadores de la UCR + Cambio Federal de la Legislatura bonaerense reclamaron al gobernador Axel Kicillof adherir cuanto antes al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, señalando que “creemos fundamental que la provincia de Buenos Aires sea parte del RIGI, a fin de poder acercar o generar las herramientas necesarias para que las futuras grandes inversiones encuentren en nuestro territorio un lugar apetecible para invertir e instalarse”.
“El mejor ejemplo lo tenemos en el proyecto en la planta de licuefacción de GNL que a nuestro entender debía instalarse en Bahía Blanca, inversión histórica cuya decisión quedó entremezclada con la adhesión de nuestra provincia al RIGI”, agregaron los legisladores.
En el mismo sentido manifestaron que “si nuestra provincia hubiera adherido al RIGI rápidamente, la discusión se habría centrado entre las potencialidades del puerto de Bahía Blanca y la costa desértica de Punta Colorada, quitando del protagonismo de la discusión cuestiones subjetivas sobre intereses económicos sectoriales o político partidarios, para enfocarse en los verdaderos motivos del Gobierno nacional para desestimar un estudio técnico de 7 años que indicaba la radicación de la planta de licuefacción de GNL en Bahía Blanca fundamentado en los beneficios del principal polo portuario, petroquímico y logístico de la Argentina”.
“Dilatar los tiempos -continuaron-, y no generar consensos con sectores políticos, productivos y sociales de la provincia nos quitó a los bonaerenses la posibilidad de capitalizar la mayor inversión unificada de la historia Argentina. Pero existen otras inversiones que pueden concretarse, por lo tanto es indispensable adherir cuanto antes al denominado RIGI”.
Qué dice el RIGI
El día 28 de junio del corriente el Congreso de la Nación aprobó la ley de bases y puntos de partida para libertad de los argentinos que incluye en unos de sus títulos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual busca brindar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos a los titulares de un único proyecto de inversión, pero que deberá ser superior a los USD 200 millones.
Los objetivos prioritarios del RIGI son entre otros:
- Incentivar las grandes inversiones nacionales y extranjeras en la RepúbIica Argentina.
- Promover el desarrollo económico, desarrollar y fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos.
- Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI.
- Favorecer la creación de empleo.
- Generar de inmediato condiciones de previsibilidad y estabilidad para las Grandes Inversiones previstas en el RIGI y condiciones competitivas en la República Argentina para atraer inversiones y que las mismas se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinadas industrias no podrían desarrollarse.
- Crear para las "Grandes Inversiones" que cumplan con los requisitos un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial.
- Fomentar el desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado Nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión.
Es importante destacar que el régimen resultará aplicable a proyectos de los sectores de foresto industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos.
Por otra parte podrán solicitar adhesión los Vehículos de Proyecto Único (VPU) titulares de una o más fases de un proyecto que califique como "Gran Inversión".
Los VPU deberán tener por único y exclusivo objeto llevar a cabo una o más fases de un único proyecto de inversión admitido en el RIGI. En consecuencia, los VPU no deberán desarrollar actividades ni poseer activos no afectados a dicho proyecto, con excepción de las inversiones transitorias de su capital de trabajo que hagan a la administración prudente de los fondos de la sociedad.
Serán considerados VPU; las sociedades anónimas, incluidas las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada, las sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero de conformidad con el artículo 118 de la Ley General de Sociedades, las Sucursales Dedicadas, y las uniones transitorias y otros contratos asociativos.
Las ventajas que ofrece el RIGI tienen que ver con condiciones tributarias, aduaneras y cambiarias diferenciales.
En cuanto a lo impositivo tendrá una reducción del Impuesto a las Ganancias al 25%. Devolución de saldos a favor de IVA en un plazo no mayor a tres meses y se permitirá el cómputo del 100% del impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
Las empresas tendrán una exención del pago de Derechos de Importación para traer bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Durante los primeros tres años del proyecto no habrá tampoco derechos de exportación, o sea retenciones.
Finalizando encontramos incentivos cambiarios y beneficios en cuanto a las exportaciones estratégicas de largo plazo.
Un diputado neuquino se sumó a la celebración de la región porque la planta de GNL se haga en Río Negro y justificó el acompañamiento a la Ley Bases.
Llancafilo celebró junto a su gobernador, Rolando Figueroa.
El diputado nacional por Neuquén Osvaldo Llancafilo destacó el anuncio de la construcción de la planta de GNL en Río Negro, que permitirá industrializar en la Patagonia su producción hidrocarburífera.
“Acompañar la Ley Bases, que contenía el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, fue la cabecera de playa para que la inversión de 30 mil millones de dólares de la planta de GNL se hiciera realidad en Río Negro, en la Patagonia”, celebró el diputado nacional del Movimiento Popular Neuquino.
En este sentido, recordó que “fuimos criticados por acompañar el RIGI en la Ley Bases, y siempre dijimos que era la gran oportunidad para unirnos los patagónicos, para comenzar a industrializar y darle valor en origen al gas y petróleo que se extrae de Vaca Muerta en Río Negro y Neuquén".
Llancafilo afirmó que "junto al gobernador Rolando Figueroa trabajamos en ese sentido, al igual que el gobernador Alberto Weretilneck, y decíamos que no había que entrar en la grieta cuando tratamos la Ley Bases, para que no pasara lo que ocurrió con destilerías, la planta de fertilizantes o el polo petroquímico, que terminaron en Buenos Aires. Era hora de que se hiciera justicia, y una gran inversión como lo es la planta de Gas Natural Licuado se hiciera en la Patagonia”.
A su vez, Llancafilo señaló que “algunos decían que se avergonzaron del voto neuquino en la Ley Bases, y resulta que ahora quieren aparecer en primera plana adjudicándose un logro por el cual no trabajaron. No se cosecha donde no se siembra, hay que trabajar seriamente en las buenas y en las malas, porque luego el horizonte marca en qué vereda de la historia se estuvo, y muchos podemos decir que desde el primer momento nos sumamos a ese sueño de concretar la planta en la Patagonia, y el inicio era el RIGI en la Ley Bases”.
“Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa son dos gobernadores que han entendido cómo trabajar de manera conjunta con el gobierno nacional desde lo institucional, y eso no significa entregar nada, se llama gobernar dejando de lado la política partidaria, lo que no supo hacer el gobernador Kicillof”, expresó Llancafilo
Finalmente, el legislador neuquino destacó que “el golfo San Matías, particularmente Punta Colorada, no sólo tiene ventajas técnicas, sino además en la Patagonia hay estabilidad política en los gobiernos provinciales y previsibilidad jurídica. También un gobierno nacional que ha sabido interpretar la lógica federal que tenemos las provincias del interior, nobleza obliga decirlo. Felicitaciones a toda la Patagonia por este logro”.
Los senadores opositores de diversas fuerzas políticas proponen que el ex exministro Guillermo Ferraro exponga en la Comisión de Industria y Minería que controla un libertario.
El exministro de Infraestructura de la Nación y coautor en la redacción del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), Guillermo Ferraro, desembarcaría en el Senado bonaerense a pedido del presidente de la Comisión de Industria y Minería el libertario dialoguista Sergio Vargas.
La invitación del ex funcionario nacional se entiende que serviría a los efectos de explicar aspectos técnicos y jurídicos de los beneficios impositivos para atraer proyectos, como es el caso de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) impulsado por las empresas YPF y Petronas.
En medio de los reclamos opositores de buena parte de la oposición bonaerense hacia el gobernador Axel Kicillof para que adhiera al RIGI y así facilitar la instalación empresas más allá de la definición contraria a los intereses bonaerense en torno a la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca, Ferraro participaría en la Comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense de este jueves 8 de agosto.
“Nos pareció ilustrativo que al finalizar la comisión diserte el exministro nacional y coautor intelectual del RIGI, para que pueda avalar a todos los senadores que quieran participar sobre distintos aspectos ya sean jurídicos, técnicos, modalidad de inversiones del régimen”, precisó el presidente de la comisión de Industria de la Cámara alta, Sergio Vargas y titular de la bancada de los senadores libertarios dialoguistas.
En ese sentido, la comisión de Industria y Minería en la que expondrá Ferraro tratará además el proyecto de ley que crea un “Plan provincial de inversión, producción y exportación de GNL Bahía Blanca”, iniciativa promovida por los senadores Sergio Vargas y Nerina Neumann (UCR) para fomentar la baja de impuestos a los “grandes inversores en el sector”.
En paralelo al reclamo a Kicillof de la adhesión al RIGI, desde la bancada libertaria dialoguista remarcaron la necesidad de avanzar en “un régimen propio” para la provincia de Buenos Aires que articule iniciativas en conjunto con el proyecto impulsado por el Ejecutivo bonaerense, el cual aún no fue girado a la Legislatura.
La vicepresidenta del bloque UCR en Diputados le advirtió al gobernador de la provincia de Buenos Aires que “si no adhiere al Régimen aprobado por el Congreso la planta de Gas Natural Licuado se construirá en Río Negro”.
La vicepresidenta del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Karina Banfi, arremetió contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ante la posibilidad de que, por no adherir al RIGI, la planta de Gas Natural Licuado que construirán YPF y Petronas, con una inversión cercana a los 50 mil millones de dólares, termine siendo radicada en la provincia de Río Negro en lugar de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.
“El Gobernador cree que las inversiones van a instalarse en la Provincia de Buenos Aires con las reglas de Axel, aunque sean menos beneficiosas y menos seguras jurídicamente. ¡Deje la pelea estúpida y adhiera al RIGI votado en el Congreso ya!”, señaló Banfi en la red social X.
Y agregó: “El Gobernador Kicillof será el responsable si la planta de GNL no se construye en Bahía Blanca. La grieta está acabada cuando se trata crecimiento productivo para nuestra Provincia. Debe cumplir con la adhesión al RIGI que aprobamos en el Congreso y pensar en los bonaerenses”.
Por último, Banfi reclamó a Kicillof que “escuche a sus senadores y a los diputados de todas las bancas. Trabajamos mucho para que los bonaerenses tengan oportunidades de crecimiento económico y de desarrollo. No la estropee más a nuestra Provincia”.
El diputado libertario arremetió duro contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires que anunció que enviará a la Legislatura provincial una iniciativa para crear un RIGI bonaerense con el foco puesto en la instalación de la planta de GNL proyectada por YPF y Petronas.
El diputado nacional Santiago Santurio (La Libertad Avanza) criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por impulsar su propio Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas -un RIGI bonaerense- con el foco puesto en la instalación de la planta de GNL proyectada por YPF y Petronas.
A través de su cuenta “X” el libertario pidió que “alguien le haga entender al gobernador Kicillof que no estamos en tiempo de campaña”, y le explicó: “Adherir al RIGI nos permite como provincia garantizar la inversión de más de US$ 30.000 millones por la planta de GNL, activar la economía y generar empleo”.
“Si hay algo claro en el historial de Kicillof es que no sabe gobernar sin hundir en impuestos a los inversores, cualquier proyecto que presente NO será confiable”, cuestionó y cerró: “Tenemos un gobernador que lo único que sabe es sumergir a la provincia en la miseria”.
Luego de que el Gobierno promulgara la Ley Bases y el Paquete Fiscal, el gobernador Alberto Weretilneck informó que envió a la Legislatura provincial el proyecto de adhesión al Régimen de incentivo de grandes inversiones.
A pocas horas de que el Gobierno promulgara la Ley Bases y el Paquete Fiscal a través de la publicación en el Boletín Oficial este lunes, el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que envió un proyecto a la Legislatura provincial para adherirse al RIGI.
“RÍO NEGRO HACIA UN FUTURO DE GRANDES INVERSIONES”, encabezó su posteo en redes sociales y comentó: “Hoy, presenté el proyecto de ley a la Legislatura de Rio Negro a través del cual adherimos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Nacional N° 27.742”.
En tanto, explicó: “Solicité el tratamiento urgente de este régimen que atraerá inversiones superiores a 200 millones de dólares con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, posicionando a Río Negro como un destino clave para inversiones nacionales y extranjeras”.
Así, el mandatario aseguró que “el proyecto resalta que nuestra provincia, con sus recursos naturales, condiciones geográficas e infraestructura, es un candidato ideal. Nuestro objetivo es claro: promover la competitividad económica, incrementar exportaciones y generar empleo para los rionegrinos”.
En el Congreso el gobernador aportó para su sanción con sus representantes de JSRN Agustín Domingo y Mónica Silva.
El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.
También resultará aplicable en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
El plazo para adherirse al RIGI será de dos años y el Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar por única vez la vigencia del plazo por un período de hasta un año.
Se incorporó que se “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del proyecto equivalente como mínimo al 20% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación”.
El diputado de La Libertad Avanza explicó los principales puntos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que está diseñando el Gobierno de Javier Milei y consideró que será una medida positiva para las empresas y PyMEs.
En medio de la delicada situación económica que atraviesa la Argentina, el legislador de La Libertad Avanza (LLA) y hombre de confianza de Javier Milei, Ramiro Marra, se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que está desarrollando el Gobierno Nacional y consideró que ayuda a “potenciar” a las pequeñas, medianas y grandes empresas.
A través de sus redes sociales, Marra consideró que “el RIGI ayudará a potenciar y asegurar la actividad económica e inversión en grandes y pequeñas empresas” y enumeró una serie de beneficios que traería aparejado dicho programa, en caso de que el Congreso de la Nación lo apruebe.
“Algunos beneficios: rebaja de cargas patronales para nuevos empleados durante los primeros dos años; exención de retenciones para exportaciones incrementales; amortización acelerada del capital para empresas nuevas”, comenzó a enumerar.
Al mismo tiempo que concluyó señalando otros tres aspectos positivos que traería aparejados este nuevo programa: “creación de un régimen simplificado para la importación de bienes de capital; posibilidad de acceder a créditos a tasas subsidiadas; e incentivos fiscales para inversiones en tecnología y maquinaria”.
Muy crítico de ese capítulo de la ley Bases, el diputado de UP afirmó que el presidente “todavía tiene oportunidad de corregir” este punto en la reglamentación. “Es demasiado”, opinó sobre los beneficios impositivos que prevé.
No estaba anotado en la lista de oradores, pero minutos antes de que comiencen los cierres en la sesión de este jueves, habló en el recinto el diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner, quien criticó particularmente el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la ley Bases.
“No votar esta ley no está, ni parte, de categorías oficialismo y oposición. Si hubiera una ley que mandara este Gobierno que uno cree que sirve al conjunto, más allá de las creencias políticas e ideológicas que cada uno puede tener, no dudaría un segundo en apoyar. Y lo digo desde el ejemplo, porque cuando me tocó ser oficialismo, me opuse al acuerdo con el FMI que envió mi gobierno a este Congreso”, arrancó.
El líder de La Cámpora resaltó que “esta ley contiene cercenamientos de derechos laborales” y “deberá entonces hoy la oposición pensar cómo construye un 2027 para recuperar esos derechos”, pero “el RIGI excede el mandato del presidente”.
“Hay elementos históricos en nuestro continente, como fue Potosí en su momento, que nada bueno trajeron a esos pueblos y países” regímenes de este tipo, e hizo alusión a que diputados del oficialismo pusieron como un ejemplo a Chile. “Es cierto que exporta minerales, como el cobre, por más de 20 veces que nuestro país” pero tiene “tres veces menos de población”; bajo esa lógica “deberían sobrar los recursos por todos lados en Chile, sin embargo de los últimos diez años, en el hermano país, nueve años fueron de déficit fiscal”.
En ese sentido, el hijo de la expresidenta enfatizó que “si alguien piensa que el RIGI va a equilibrar las cuentas fiscales, es mentira”. “Aquellos que critican el Estado y les gusta como exporta cobre Chile deben tener en cuenta que la principal exportadora de cobre chilena es Codelco, una empresa del Estado”, agregó.
Kirchner recordó que “Petronas aceptó y firmó un acuerdo con YPF y la República Argentina, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está en el Senado, y sin embargo ahora quiere el RIGI nuevo. Esto significa que las condiciones favorecen a Malasia y a Petronas, y no a la Argentina, YPF y el pueblo argentino”.
“Entendamos que el RIGI es demasiado, que el desarrollo de nuestro país y de recursos que no son renovables tienen que tener una mirada de carácter estratégico para no ser como el Congo”, expresó.
Y consideró que el RIGI “devasta nuestras comunidades, crea canastas petroleras y mineras y enormes desigualdades en nuestros pueblos”. “Todavía, a la hora de reglamentar esta ley, el presidente tendrá oportunidad de corregir lo que es un gran error en el tiempo”, concluyó.
Un informe detallado sobre los agregados y elementos que fueron eliminados entre la votación del 30 de abril en la Cámara baja y la de este 12 de junio por los senadores.
En un trabajo elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros se puntualizan todos los artículos votados originalmente en la Cámara baja y las modificaciones realizadas en el Senado, del proyecto de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. A continuación parlamentario.com transcribe todas las modificaciones consignadas
Título I. Declaración de emergencia. Título II. Reforma del Estado.
En el Capítulo 1 – Reorganización administrativa, al listado de organismos cuya disolución no podrá disponer el Poder Ejecutivo fueron incluidos en el Senado los siguientes: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD); la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Superintendencia de Riesgos del Trabajo; y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y aquellos organismos vinculados a la cultura.
Y agrega: En los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
En el artículo 5°, inciso c), donde dice: Queda excluido de las facultades de este artículo: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la ley 25.565, se agrega: y ampliado y modificado por ley 27.637.
En el artículo 6°, que autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir organismos descentralizados, se agregan los siguientes: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Capítulo II – Privatización
En el Senado se eliminó el artículo 7°, que señala: Decláranse “sujeta a privatización”, en los términos y con los efectos de los capítulos II y III de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I que forman parte de la presente ley.
Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución.
En el artículo 14, se agrega el plazo de ciento veinte (120) días hábiles como el tiempo que la Auditoría General de la Nación deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas.
Capítulo III – Procedimiento administrativo
En el inciso b) del artículo 10, se agrega la palabra “administrativa” a la autorización exigida para que los particulares puedan llevar a cabo una determinada conducta o acto, al que se le agrega la siguiente frase: en el marco del ejercicio de una facultad reglada de la Administración.
Más adelante, en ese mismo inciso, se incluye este agregado: Las disposiciones previstas en el inciso b) de este artículo comenzarán a regir una vez aprobada la reglamentación correspondiente.
Capítulo IV – Empleo público
En el artículo 12 se agrega este párrafo: Asimismo, aquellos agentes que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio, hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad.
Título III – Contratos y acuerdos transaccionales
En el Capítulo I – Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales, se incluye el siguiente artículo 63 bis: A los fines establecidos en el art 63 se entenderá que resulte económica y financieramente inconveniente para el interés público suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un 80% a la fecha de la sanción de la presente ley o que cuenten con financiamiento internacional para su concesión, en caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, sus ejecución se reanudara previo acuerdo firmado, entre comitente o contratante y contratista, y que deberá ser aprobada por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito en 90 días desde la publicación de la presente ley.
Capítulo II – Concesiones
El artículo 65 sustituye el artículo 1° de la Ley 17.520 por otro donde a las concesiones de obras e infraestructuras públicas se le agrega “y servicios públicos” y a las sociedades privadas se le agrega: “o mixtas o a entes públicos”, y por último, a la construcción, conservación o explotación de obras o infraestructuras públicas se le agrega: “Y para la prestación de servicios públicos”.
Más adelante, se agrega a la capacidad de otorgar concesiones de obras, infraestructuras públicas las palabras “y servicios públicos”.
Al final de ese artículo se suma este párrafo: A los fines de la consecución de los objetivos planteados en la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, podrá delegar las facultades y obligaciones que establece la misma en las jurisdicciones y entidades que estime convenientes”.
Luego, en el artículo 66, que sustituye el artículo 4° de la Ley 17.520, se agrega en el artículo 4° tres veces a “los servicios públicos”. Lo mismo se incluye en el artículo 7° bis de la Ley 17.520 que es sustituido a través del artículo 68 de esta norma.
Título IV promoción del empleo registrado
Del artículo 79, se eliminan estos párrafos: La reglamentación podrá disponer planes de regularización plurianuales, previendo un plazo máximo de cinco (5) años y una regulación anual mínima del veinte por ciento (20%) de las diferencias. Elimina párrafo referido a los planes de regularización plurianuales
El porcentaje deberá ser constante o decreciente a lo largo de todo el plan de regularización.
Título V Modernización laboral
En el Capítulo 1 – Modificaciones a la Ley 24.013, donde dice: “contemplará un importe único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales, se agrega: legales y de la Seguridad social.
Capítulo II – Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo
Se agrega como artículo 87 este texto: Sustitúyese el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, por el siguiente: Incorpora artículo referido al Ámbito de aplicación
Artículo 2° — Ámbito de aplicación. La vigencia de esta Ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables:
a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo.
b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente.
c) A los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario.
d) A las contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Se incluye como artículo 87 bis: Sustitúyese el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:
Incorpora artículo referido a la presunción de la existencia del contrato de trabajo
Artículo 23° Presunción de la existencia del contrato de trabajo.
El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario.
La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente.
Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la Seguridad Social.
A través del artículo 89 se sustituye el artículo 92 bis de la Ley 20.744, agregándole al inciso b) este texto: Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la extinción.
Luego se agregan estos artículos: Artículo 91 bis .- Sustitúyese el artículo 242 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 242.- Justa causa. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación.
La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso.
Podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.
Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa:
a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas;
b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento;
c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente.
Previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso c), donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación.
Capítulo III – Fondo de cese
En el artículo IV – De los trabajadores independientes con colaboradores, al artículo 94 se le incluye el hecho de que el trabajador independiente podrá contar con hasta otros tres (3) trabajadores independientes, en lugar de cinco (5).
Y a ese mismo artículo se le agregan estos párrafos: El presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes; es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica.
Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponda.
En el Capítulo VI – Derogaciones, no se contempla el artículo 96, que deroga la Ley 14.546.
Título VI – Energía
En el Capítulo V – Adecuación de las leyes 15.336 y 24.065, al artículo 160 se le suma esta frase: “y la normativa reglamentaria correspondiente conforme a las siguientes bases:”.
Y por último, en el inciso g), a la infraestructura eléctrica citada se le agrega como condicióin “de jurisdicción nacional”.
Título VII – Régimen de Incentivo para Grandes Inversioines (RIGI),
En el artículo 163, referido a la creación y ámbito de aplicación, se suma la frase “por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI.
Al artículo 164 se le suma al inciso h) la palabra “Fomentar”, más el inciso i), que dice: “Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.
Capítulo II – Plazo. Sujetos habilitados
En el artículo 165, en lugar de indicarse que el RIGI será aplicable a “cualquier sector”, se establece que es para sectores “de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas”.
Luego se suman los siguientes párrafos:
Asimismo, los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada, podrán solicitar su inscripción al RIGI exclusivamente a los efectos de contar para ello con los incentivos y derechos previstos en el artículo 188 de la presente Ley respecto de las mercaderías, incluidos los insumos, que importen para la prestación que pretendan brindar a un VPU adherido al RIGI.
Dichos incentivos aplicarán exclusivamente respecto de la mercadería que fuera importada con destino a la provisión de bienes o servicios a un VPU adherido, no pudiendo aplicarlo a mercadería que pretenda ser destinada a otros fines. Si se importare la mercadería con destino a la prestación en favor de un VPU y el proveedor no pudiera destinar dicha mercadería a la provisión en favor de un VPU adherido al RIGI, sea por no haber sido seleccionado para una licitación o por terminación del contrato que le dio origen a la provisión, o causa similar, el proveedor beneficiario deberá informarlo a la autoridad de inmediato y solicitar la desafectación del destino de la mercadería antes de poder utilizarla para otro destino. A partir de su inscripción, los proveedores deberán facturar anualmente, en concepto de bienes vendidos y/o servicios prestados y destinados a los VPU inscriptos en el RIGI, un porcentaje en relación al total de su facturación no inferior al que establezca la Autoridad de Aplicación.
Al vencimiento de cada año calendario el proveedor deberá informar dicho porcentaje a la Autoridad de Aplicación, con carácter de declaración jurada, acompañando una certificación emitida por Contador Público matriculado.
Si a la conclusión de cada año esta condición no se cumpliere, el proveedor quedará automáticamente y de pleno derecho suspendido en el uso de los incentivos del artículo 188, por el tiempo que se establezca en la resolución complementaria de carácter general que dicte la Autoridad de Aplicación. A partir de la segunda suspensión dispuesta, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la baja definitiva del proveedor.
Durante la suspensión los bienes que hubieren sido importados con la franquicia del artículo 188, continuarán afectados al uso exclusivo para la prestación de servicios al VPU adherido, debiendo el prestador informar de ello a la Autoridad de Aplicación como sea requerido por la resolución complementaria.
El incumplimiento de estas disposiciones por parte del prestador de servicios calificará como infracción en los términos previstos en el artículo 209 excluido su inciso "f)", conforme la infracción que resulte aplicable a criterio de la Autoridad de Aplicación, y lo hará pasible de las sanciones previstas en el artículo 211.
En el Capítulo III, referido a los requisitos y condiciones para la inclusión en el RIGI, en el artículo 171 referido a los montos mínimos de inversión, se incluye a los activos computables por sector “o subsector”, como así también a “por etapa productiva, iguales” o mayores a 200 millones de dólares.
También agregan como inciso h) este texto: “declaración jurada, sustentada en un estudio técnico, en el que establezca que el VPU no distorsionará el mercado local.
Se agrega el inciso L), como Plan de desarrollo de proveedores locales al que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del Proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al Proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.
Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación”.
En el artículo 175 se borran estas cláusulas: El incumplimiento de los plazos previstos en el párrafo anterior podrá acarrear responsabilidad para la administración.
Cualquiera sea el estado del procedimiento, la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre la aprobación o rechazo dentro del referido plazo.
Y se agrega como inciso h) este texto: “La determinación por parte de la Autoridad de Aplicación de que el ingreso al RIGI por parte del VPU solicitante generaría una distorsión en el mercado local”.
Capítulo IV – Incentivos tributarios y aduaneros
En lo aprobado en Diputados figura el artículo 183, de donde se elimina este texto referido al reparto de dividendos y utilidades: “se distribuyan o remeses luego de transcurridos tres (3) años desde el cierre del ejercicio fiscal en el que se realizaron las utilidades que los originaron, tales dividendos y utilidades”.
En el artículo 188, que refiere a las importaciones para consumo de mercaderías, se agrega esta referencia: “Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo”.
En el inciso i), a la obligación de adquirir insumos de proveedores nacionales en condiciones menos favorables que las condiciones de mercado, se agrega: “sin que ello impida a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar e implementar políticas de contratación de proveedores en condiciones de mercado”.
Capítulo V – incentivos cambiarios
El artículo 196 habla de los cobros de prestaciones de productos del proyecto adherido al RIGI. En el inciso a) se establece el 20% luego de transcurrido dos (2) años, en lugar de uno como dijo Diputados; 40% transcurridos tres (3) años en lugar de 2; y 100% luego de transcurridos cuatro (4) años, en lugar de 3.
Al hablar del cobro de exportaciones, en el inciso i) es un 20% luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha puesta en marcha del VPU, mientras que en el texto de Diputados refería a la fecha de adhesión al RIGI; y en el artículo ii) se habla de un 40% de transcurridos dos (2) años en lugar de uno, contado desde la fecha de adhesión al RIGI. Además, para el 40% deben pasar dos (2) años en lugar de uno; y para el 100%, tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU y no desde la fecha de adhesión al RIGI.
El Senado agregó este párrafo: Resultarán aplicables al VPU las disposiciones previstas en el presente artículo siempre que no sean más favorables las dispuestas en el régimen general de negociación y liquidación del mercado de cambio de las operaciones de exportación.
Capítulo VIII – Régimen infraccional y recursivo aplicable al VPU
En el artículo 209, al inciso e), referido al desarrollo de actividades que no correspondan al objeto único del VPU en violación a la obligación prevista en el párrafo segundo del artículo 167, se le suma “o, en el caso de proveedores, no cumplir con los requisitos y obligaciones previstos para ellos en los párrafos quinto a octavo del artículo 167”.
Carolina Moisés consideró que "Jujuy necesita aprovechar las oportunidades que generará este régimen de promoción". Leila Chaher le disparó: "Sos una vergüenza".
Ambas protagonistas de una dura interna de Unión por la Patria en Jujuy en las últimas elecciones, la senadora Carolina Moisés y la diputada Leila Chaher se cruzaron en las redes por el voto de la primera en favor del capítulo de Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones en la ley Bases.
Luego de la sesión en el Senado, Moisés salió a recordar en redes que votó en contra en general del proyecto del oficialismo, pero al mismo tiempo justificó su posición a favor del RIGI, tal como lo hicieran también sus pares Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán).
"Como senadora de Jujuy voté en contra de la Ley Bases porque fue mi compromiso con los jujeños. Mantener la unidad del bloque, lograr sacar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y medios públicos de las privatizadas, proteger los organismos que querían eliminar, negar facultades delegadas, sacar de la ley la reforma previsional, son logros del trabajo que hicimos en el bloque de senadores UxP. No llegamos, a pesar de los esfuerzos! La votación en general quedó empatada en 36 votos y fue la vicepresidenta quien definió la aprobación de la ley", escribió en su perfil de X.
Luego argumentó su voto a favor del RIGI, que era el título VII de la ley Bases, al considerar que "Jujuy necesita aprovechar las oportunidades que generará este régimen de promoción, atraerá capitales externos, permitirá la generación de emprendimientos que de otra forma no llegarían a Argentina. Nuestra provincia no puede quedar fuera de las grandes inversiones que hoy necesitamos para garantizar el desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo genuino para nuestra gente".
Y, además, se adjudicó: "Quiero decirles que logré incorporar cambios importantes". Entre ellos mencionó que aplicará a inversiones mayores a los 200 millones de dólares; el 20% del total de inversión para proveedores locales en el desarrollo y operatividad de los proyectos; la limitación de los rubros de minería, energía, forestoindustria y tecnología; y aprobación de la provincia y cumplimiento de los requisitos de la legislación provincial.
"¿Cuál es la explicación @caromoises de votar en contra en general y a favor en el RIGI? Los jujeños no te votamos para que entregues la soberanía de nuestro país por 30 años, menos en nombre del peronismo. Lo que queremos saber es a cambio de qué", la cruzó Chaher.
Moisés salió a responderle que "lo de 'a cambio de qué' está demás, no deberías poner en duda mi integridad. Tampoco deberías cuestionar mis decisiones como senadora por Jujuy ya que votar en contra de la Ley Bases fue mi compromiso con los jujeños". "Pero no voy a condenar a nuestra provincia a quedar fuera de las grandes inversiones que hoy necesitamos para garantizar el desarrollo, el crecimiento y la generación de empleo genuino para nuestra gente", agregó la senadora.
Por su parte, la diputada le devolvió: "Voy a cuestionar tus decisiones porque llegaste gracias al voto de los jujeños y del peronismo. No por el voto de alguna minera, ni tabacalera, ni de los radicales, ni de lo libertarios. Entregaste el país y Jujuy por 30 años y con arbitraje internacional. Sos una vergüenza".
Leila...
Lo de "a cambio de qué" está demás, no deberías poner en duda mi integridad.Tampoco deberías cuestionar mis decisiones como Senadora x #Jujuy ya que votar en contra de la #LeyBases fue mi compromiso con l@s jujeñ@s pero no voy a condenar nuestra provincia a quedar…
— Carolina Moises (@CarolinaMoises) June 13, 2024
El senador radical planteó que “hay poco y nada en el proyecto que les cambie la vida a los jubilados, a la clase media, PyMES”, sostuvo que “tiene más vicios que virtudes”. Además, apuntó contra el RIGI y alertó: “Es aprobar una legislación que es a favor de los más poderosos”.
“Voy a votar en contra de la ley Bases”, adelantó el senador nacional Martín Lousteau (UCR) en la sesión de este miércoles tras una larga exposición en la que criticó fuertemente el proyecto de ley Bases del oficialismo porque “hay poco y nada en el proyecto que les cambie la vida a los jubilados, a la clase media, PyMES”, defendió su dictamen de minoría y apuntó contra el RIGI.
El radical remarcó que “estamos debatiendo la primera de las dos iniciativas del Gobierno”, y aclaró: “Porque el miembro informante dijo que no se le aprobó ninguna ley a Milei, pero este Gobierno solo mandó dos leyes y 25 DNU”.
El porteño denunció que “en conversaciones con funcionarios mientras se debatía esto yo dije que era una ley muy difícil de tratar y me respondieron que está hecho a propósito para que sea difícil para ustedes tratarla”, y cuestionó: “Mientras tenemos dos megas leyes que son muy difíciles de tratar y por eso lleva tiempo tratarlas bien, hay 25 DNU”.
“Lo que estamos tratando ahora es la denominada Ley Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los argentinos, pero ¿para quién es esa libertad y para quién no?”, preguntó.
Así, planteó: “Es importante pensar qué está pasando. Si es cierto que este Gobierno recibió una herencia desastrosa y que parte de lo que está pasando es por culpa de esa herencia. También es cierto que el Gobierno decidió abordar esa herencia de determinada manera y parte de lo que pasa es cómo decidió abordar la herencia y las dificultades”.
“Había muchos precios desalineados y el Gobierno decidió alinearlos todos de golpe, entre ello hizo una mega devaluación seguida de una abrupta apreciación que hizo que perdiéramos la competitividad de devaluación muy rápido. Esa devaluación lo que hizo fue generar más inflación y se liberaron precios como los de las naftas, transporte, energía, prepagas, alimentos, medicamentos y todo eso hizo que cayera el poder adquisitivo”, criticó el radical.
El senador continuó detallando que “los salarios registrados cayeron 21% perdieron uno de cada cinco pesos, las jubilaciones perdieron 33% uno de cada 10 pesos, el mínimo vital y móvil perdió 30%. Además, producto de la inflación, políticas de tasas de interés y de la política de depreciación cambiaria paulatina los ahorros de todos los argentinos perdieron poder adquisitivo si lo tenían en plazo fijo, en dólares”.
“Estamos viendo una caída que el Banco Mundial estima para este año del PBI del 3,5%, una pérdida de 95 mil puestos de trabajo de empleo registrado, estamos viendo una caída de 20 mil puestos de trabajo en el sector público, hay una caída de más de 250 mil cuentas sueldo, hay un aumento estimado de la pobreza en 4,5 millones de personas en el país; la recesión que estamos viviendo tiene la magnitud de la del 2001, la clase media está tratando de mantener su prepaga, su auto y escuela, mientras que en todo el resto están pasando una motosierra por su economía”, alertó.
En tanto, Lousteau criticó: “El gobierno sostiene que esta ley Bases es un punto de despegue y es lo que hace falta para que el país crezca definitivamente, pero ya lo dijo con el DNU que está vigente y no pasó nada de eso, pero si pasó que aumentó la nafta, aumentaron las prepagas y desapareció el desfinanciamiento universitario”.
“Hay poco y nada en la ley Bases que le cambie la vida a los jubilados, a la clase media, PyMES”, remarcó y sumó: “Queremos tener equilibrio fiscal, pero no que lo paguen los jubilados. Queremos una reforma del Estado, pero no eliminando la educación pública. Queremos más auditorías para saber cuánto gasta el Gobierno, pero no dejando de cuidar a los que no tienen para comer. Queremos abrir las puertas a las grandes inversiones, pero no a costa de regalarles el país”.
El porteño afirmó: “Este proyecto tiene más vicios que virtudes”, y apuntó contra el RIGI: “En esta ley a las grandes empresas se les da todo y ahora y para siempre, a los jubilados se les dice que tienen que esperar. A las empresas grandes hay menos impuestos y estabilidad tributaria por 30 años y en el paquete fiscal para los más millonarios hay menos impuestos y estabilidad por 15 años, pero los jubilados que aportaron 30 años no saben ni si quiera cuánto van cobrar el mes que viene. Hay plata para los más ricos, pero para los mayores que aportaron y no llegaron a 30 años en la media sanción se sacaba la posibilidad de que accedan a una jubilación”.
“En la propuesta del oficialismo no hay ninguna sola medida para los jubilados, PyMES, ni clase media, ni educación ni para la salud”, ratificó.
El porteño recordó que hace tiempo solicitó que se incorpore las actualizaciones de los haberes de los jubilados y que presentó un proyecto de ley que no se trató nunca en comisión. “En el dictamen tienen una recomposición a los jubilados. Muchos dicen que es cara, pero fíjense lo que dice la OPC que tiene el mismo costo fiscal que la baja de los impuestos a los bienes personales”, manifestó.
“El Gobierno se llena la boca hablando de eliminar las jubilaciones de privilegio, pero solo la de presidente y vice para adelante”, apuntó y comparó: “En mi dictamen abordamos todas las jubilaciones de privilegio”.
A su vez, disparó: “Es un Gobierno que se llena la boca hablando de Alberti y Roca para poner cuadros, renombrar cosas, por todos lados, pero para redactar las leyes, pero la educación no entra nunca, Roca y Alberdi para redactar leyes”.
“¿La educación no forma parte de la ley Bases?”, preguntó y recordó: “Por eso propusimos que se incluya un capítulo que garantice el financiamiento de las universidades, pero nos dijeron que no”, por lo que cuestionó: “El Gobierno dice que resolvió el tema del financiamiento, pero lo único que hizo fue actualizar una parte muy pequeña que son los gastos de funcionamiento y se olvidan de los docentes, de los investigadores, de la maestranza. Nosotros incluimos todo un capítulo para garantizar y financiar la educación en particular los gastos de funcionamiento y los sueldos docentes. Hacemos de la educación un servicio esencial para que los chicos no pierdan clases”.
En esa línea, siguió enumerando: “Otra ausencia en la propuesta del Ejecutivo es la falta de preocupación infraestructura del país, nos acabamos de enterar que lo van a incorporar con otra redacción de menor amplitud un capítulo que identifique cuáles son las obras públicas pronto a terminarse porque es más caro dejarlas caer que terminarlas”.
“Hay 6 mil obras públicas paradas. Hay plata para regalarles a las empresas, pero no para terminar las obras. Propusimos que las que tenían 75% se terminaran porque ya vimos lo que implica abandonar la obra pública. El oficialismo parece no entender que cuando se abandona la obra pública cuando en vez de planificarla, decide abandonarla y después tenemos más costos”, enfatizó.
El radical comentó: “Pedimos siempre sumar estas cosas, pero siempre la respuesta fue no. Si no pueden considerar a los jubilados, a las PyMES, a la educación, a la obra pública, tengan la decencia de no darle plata a los que más tienen. Casi todo lo que hay en la propuesta de ley Bases destila una construcción de privilegios para muy pocos, la concepción de que el Estado tiene que estar para defender a los más grandes y ausentarse de cuidar a los más débiles”.
“Este es un proyecto que no pudo ser defendido por los funcionarios que vinieron y cuando tratamos los temas específicos no hubo casi ninguna voz de expertos que defendieran la ley Bases”.
El porteño advirtió que “esta ley refuerza una casta de privilegiados que tienen mucha capacidad de presión sobre los gobiernos”, y señaló que “así están pensadas casi todas las cosas como la Reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo, hay cosas disfrazadas como la gratuidad de los trámites, existe la posibilidad de que hoy los grandes laboratorios cuando tengan que escribir sus nuevos medicamentos y desarrollos en ANMAT no paguen, cuando tengan que inscribir nueva propiedad intelectual en el IMPI no paguen, que cuando hacen un gran desarrollo inmobiliario no paguen propiedad, ¿todos los argentinos tenemos que pagar por todo eso?”.
“Hay otras cosas que operan en la misma dirección como el pago previo de multas, silencio administrativo, la confianza legítima, la revocación de actos administrativos, la eliminación de audiencias públicas o la no protección ambiental. Todo esto favor a quienes tienen más poder que otros en su relación con el Estado”, agregó.
También indicó que “la Ley de Procedimiento Administrativo pedimos que se trajera aparte porque es la columna vertebral de cómo opera nuestro Estado y valía la pena debatirlo de otra manera y propusimos modificar eso que se trajo”.
“Así está pensado el RIGI, la reforma del Estado, la intervención sobre el sistema tecnológico, la cultura, el banco de datos genéticos, porque el artículo 3 puede modificar las funciones, las misiones, responsabilidades legales, no se pueden disolver, pero se los puede transformar en cualquier cosa”, enumeró y advirtió que “así está hecha la media reforma laboral que favorece a aquellos que no registran a trabajadores, disminuye en tema de dinero a quien despide por discriminación y ceden en ciertas formas a los gremios”.
El senador consideró: “Todos coincidimos que Argentina tiene que traer grandes inversiones, pero este RIGI como está planteado da más de lo que las empresas piden, no es para desarrollar sectores estratégicos, dar estabilidad y menos impuestos durante un tiempo muy largo a sectores que sí lo necesitan, sino que lo hace para todos, no sabemos cuál va a ser el impacto fiscal, cómo va a afectar al que ya está produciendo y competir deslealmente con alguien nuevo”.
“Este régimen es más generoso y diferencial que cualquier régimen que exista en cualquier parte del mundo. Es una gran distorsión de todos los mercados”
Lousteau precisó que “se les baja ganancias, dividendos, se les permite utilizar los créditos de IVA para pagar cualquier impuesto, se les baja créditos y débitos, sacan retenciones, bajan ingresos brutos, se les permite no traer los dólares cuando exportan a la Argentina y le dan acceso al dólar oficial, pueden importar cualquier cosa a cualquier costo y sin control, se les da la prioridad sobre los recursos estratégicos por 30 años. Solamente a los que invierten más de 200 millones, a los que ya invirtieron nada”.
“Los que invirtieron antes tienen competencia desleal y las PyMES argentinas van a seguir teniendo una carga desmedida en comparación con las grandes empresas y van a tener que competir con importaciones sin controles ni aranceles”, cuestionó y agregó: “Hay países que atraen grandes inversiones, pero no lo hacen de esta manera. Tenemos que aprender de ellos”.
“No se puede pasar de espantar las inversiones a regalarles todo. En el medio hay todo, formas de abordarlos con más rigurosidad. Ese es el tipo de libertades que da la ley Bases”, analizó y alertó que “aprobar el RIGI es aprobar una legislación que es a favor de los más poderosos. Se les da triple garantías a los que ingresan al RIGI”.
“Muchos de esos cambios no son de fondo, son cosméticos. Queremos un RIGI que no sea un enclave y desconectada de la producción, fue una de las críticas más fuertes y se resolvió con que tiene que presentar un plan de desarrollo de proveedores locales, pero el que lo aprueba es el Gobierno que tiene 45 días. Se deja abierta la importación para cualquier cosa que compita con lo local. No veo que eso resuelva el problema de fondo”, manifestó el senador.
El presidente de la UCR afirmó: “Queremos impulsar un cambio que tenga mayor justicia en esa orientación de ese cambio”, y procedió a explicar su dictamen de minoría: “Tiene delegaciones administrativas, pero no para hacer cualquier cosa; permite privatizaciones, pero exigiendo cuestiones adicionales para evitar errores del pasado; tiene una reforma a la Ley de Procedimiento Administrativo, pero corregidas para evitar los excesos de las grandes empresas contra el Estado, tiene un capítulo de energía, uno para estimular las grandes inversiones, pero sin beneficios abusivos y dar prioridad sobre recursos a las empresas por sobre la gente; contiene una reforma laboral más ambiciosa e integral; en la previsional además de incluir recomposición de jubilaciones, no eliminamos la moratoria previsional sino que la reemplazamos por un régimen más definitivo y prestación previsional”.
Lousteau recordó: “Nunca voté las facultades delegadas porque implica darle al gobierno un poder muy grande para que haga cualquier cosa sin debatir con el resto de la sociedad y se conjuga con no tener un presupuesto y ya vimos lo que pasa. No le daría facultades delegadas y emergencias a un presidente que diga que viene a destruir el Estado”.
“¿Esto corrige los errores del pasado? ¿hacia dónde vamos con estas iniciativas?”, preguntó y cerró: “Yo pienso que pasamos de un Estado que hacía mucho y mal, a uno que hace poco y mal. La ley Bases le da al Gobierno carta libre para hacer cualquier cosa, está pidiendo un cheque en blanco para que decida hacer lo que quiera”.
“Voy a votar en contra de la ley Bases como está porque hay muchas cosas por corregir y cambiar de la ley”, adelantó y finalizó: "Gestionar mejor no es apagar el Estado, Argentina necesita desburocratizar su Estado, pero eso no es romperlo ni dejar de gestionar. Necesitamos un Estado que brinde seguridad, justicia, salud, educación, jubilaciones, infraestructura de calidad, necesitamos las dos cosas, no una sola".
En el marco del cierre del Tercer Plenario de Pensamiento Nacional y Popular, el diputado nacional reiteró las consecuencias negativas que tendría la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. También valoró los acuerdos parlamentarios cuando son en favor de la sociedad y no de las corporaciones.
El diputado nacional Máximo Kirchner calificó de “invotable” al RIGI, tal como figura en la ley de Bases, negó que el kirchnerismo esté en contra de las inversiones y cargó contra el presidente Javier Milei al alertar sobre “un Estado que quiere ser destruido por quien lo comanda, que al mismo tiempo quiere permitir que el extractivismo avance en Argentina y nadie lo controle”.
El legislador nacional participó del cierre del Tercer Plenario de Pensamiento Nacional y Popular, realizado en la localidad bonaerense de Lanús, que reunió más de 700 personas en el aula magna de la Universidad Nacional de Lanús y contó con 35 oradores. Durante la jornada se debatió en torno al documento titulado “Patria sí”.
Para Kirchner, la ley Bases con el RIGI como está es “invotable”. “Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país, puede dejar que ese RIGI pase de Senado”, sentenció el diputado nacional.
“Respecto de quienes creen que estamos en contra de las inversiones, les pido que no nos corran más con eso. Les hablé de Cerro Vanguardia en Santa Cruz, que empezó cuando Néstor (Kirchner) era gobernador. Podemos hablar de Chevron mientras Cristina fue presidenta. O la cantidad de industrias y pymes que se generaron en nuestro país desde el 2003 al 2015. ¿Y no quieren hablar de propiedad privada? -se preguntó-. Si hubo un gobierno que generó propiedad privada en materia industrial, productiva y también en materia de casas para la gente fueron los que llevamos adelante entre el 2003 y el 2015”.
“Esta es la disputa. Esta es la discusión que tenemos por delante. Un Estado que quiere ser destruido por quien lo comanda, que al mismo tiempo quiere permitir que el extractivismo avance en Argentina y nadie lo controle. Es urgente porque cuando queramos revertir estas situaciones vamos a tener que ir al Ciadi y nos van a romper al medio”, agregó.
Respecto de los acuerdos obtenidos en relación a la fórmula previsional y la amenaza de veto presidencial con posteriores críticas a su persona, Kirchner minimizó la importancia de la mención y consideró que no se está haciendo otra cosa que lo que ya en el documento del 14 de febrero de este año propuso Cristina Fernández de Kirchner.
“El documento que hace Cristina en febrero de este año habla de que es momento de explorar acuerdos parlamentarios. ¿Y qué fuimos a hacer? Explorar acuerdos parlamentarios”, recordó.
En este punto agregó que gracias al trabajo en Diputados se logró una ley mejor para los jubilados y jubiladas que son quienes más están sufriendo los ajustes del Gobierno nacional. “Sacamos el FGS que lo querían rematar y ponerlo para pagar los juicios del estado, las jubilaciones mal liquidadas”, aclaró.
Por último, llamó a defender a la provincia de Buenos Aires: “Tenemos que abocarnos en serio a la defensa de la provincia de Buenos Aires, porque es el objeto de deseo, el último bastión electoral del peronismo”.
De cara al futuro, Kirchner destacó que el campo nacional y popular debe construir de manera colectiva un proyecto que contenga a todos y todas porque no sobra nadie.
“¿Todavía se están preguntando sobre qué tenemos que hacer los próximos cuatro años? Militar, construir, alejarnos de las frases hechas. Hay que dar un debate serio”, convocó.
En este caso, el expresidente salió a resaltar la importancia de que se apruebe el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones.
Un día después de haber pedido enfáticamente a través de las redes sociales apoyar la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el expresidente Mauricio Macri reiteró su respaldo a esa norma, en este caso destacando la importancia del RIGI.
“Uno de los capítulos más importantes de la Ley Bases, que está discutiendo el Senado, es el régimen para incentivar grandes inversiones”, señaló el titular del Pro, para quien resulta “fundamental para el país que el régimen sea aprobado. Necesitamos grandes inversiones de manera urgente, sobre todo en energía y minería, que sólo serán posibles con estos incentivos”.
Atento a las críticas que el régimen ha recibido, sobre todo ahora en el Senado, Macri señaló que “algunos dicen que el régimen es demasiado generoso. No los entiendo. Lo digo a la luz de todos los incumplimientos que hemos tenido en el pasado”.
“¿Quién puede decir que algo es mucho? –se preguntó- La Argentina ya rompió demasiadas reglas e incumplió demasiadas promesas. Los inversores necesitan garantías de que eso no va a volver a pasar y nosotros, con nuestra historia, no estamos en una posición de exigir. Tampoco tenemos tiempo que perder”.
Puso el siguiente ejemplo: “La planta de licuefacción de gas, para exportar el gas de Vaca Muerta, y los gasoductos para transportarlo, cuestan 30.000 millones de dólares. Es uno de los proyectos de inversión más importantes de nuestra historia. Pero con las reglas actuales sería imposible encontrar gente que ponga esa plata”, expresó.
“Para eso hace falta el régimen de incentivos que está en la ley”, explicó Macri, que agregó que el RIGI “les da a los inversores estabilidad y la capacidad de planificar a varios años. Entiendo también a las empresas más chicas, que quieren reglas similares para ellos. Con el tiempo deberíamos avanzar en esa dirección para todos, pero hay que arrancar por algún lado y las grandes inversiones que necesitamos no pueden esperar”.
Macri insistió entonces en pedirles a los senadores “que aprueben la ley y aprueben el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Especialmente a los del bloque Pro: nadie del Pro con experiencia en la función pública puede estar en contra de esto, que además puede generar decenas de miles de puestos de trabajo”.
“Sé que la situación todavía es difícil y que algunas de estos temas son complejos. Pero necesitamos avanzar. Tenemos un potencial enorme y una gran oportunidad. No la desperdiciemos”, concluyó el posteo del exmandatario en las redes sociales.
Si bien se demora la firma del texto, parlamentario.com accedió al borrador que ya tiene elaborado el oficialismo del proyecto de ley de Bases que quiere llevar al recinto del Senado.
Pasados los 20 días de la media sanción conseguida en Diputados, al oficialismo le está costando más de lo que esperaba en el Senado, donde todavía no ha podido acordar con la oposición las modificaciones que tendrá el texto que logró finalmente aprobar en la otra Cámara el 30 de abril pasado.
Si bien esperaba esta semana conseguir firmar el dictamen, este miércoles se dispuso el que sería el último cuarto intermedio antes de la firma del dictamen. Mientras tanto, el borrador ya está listo y parlamentario.com accedió al mismo. A continuación detallamos todas las modificaciones que se plantean en torno al proyecto de ley de Bases aprobado por los diputados.
Previsiblemente las principales modificaciones están en el área referida al RIGI, pero también hay cambios al principio, en el Capítulo I denominado Reorganización administrativa, donde numerosos organismos fueron agregados a aquellos de los que el PEN queda facultado a disponer.
Reforma del Estado
En el artículo 3°, donde figuran las facultades para que el Poder Ejecutivo pueda disponer sobre la administración central o descentralizada, están organismos como el CONICET, la ANMAT, el INCAA, el Enacom y la CNEA, entre otros, agregándose a los siguientes organismos que no figuraban en el texto original: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); la Administración de Parques Nacionales (APN); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); el Instituto Antártico Argentino (IAA); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Instituto Geográfico Nacional (IGN); el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES); el Servicio de Hidrografía Nacional; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); el Instituto Nacional del Agua (INA); el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.
Y se agrega esta precisión: “En los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”.
Reforma laboral
En la parte correspondiente a la reforma laboral, en el artículo 85, que incorpora como artículo 7° quáter de la ley 24.013 un texto donde se elimina una parte. Es donde se indica que “si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como contrato de obra o servicios, de la deuda que determine el organismo recaudador, se deducirán los componentes ya ingresados conforme al régimen del cual se trate”. Allí se eliminó este agregado: “se establecerá un sistema de intereses menos gravoso y facilidades de pago”.
El Capítulo II, Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, agrega el artículo 87 bis y el 87 ter. En el primer caso, se sustituye el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 2° — Ámbito de aplicación. La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. b) Al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico o cuando así se lo disponga expresamente. c) A los trabajadores agrarios, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del Régimen de Trabajo Agrario. d) A las contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación”.
El artículo 87 ter sustituye el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 y sus modificatorias, por el siguiente: “Artículo 23. — Presunción de la existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la Seguridad Social”.
También se agrega el artículo 91 bis, que sustituye el artículo 242 de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias por el siguiente: “Artículo 242.- Justa causa. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación.
La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso”.
Se agrega: “Configura grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento. Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa: a) se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b) se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c) se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente”.
“Previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso c), donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación”, concluye.
En el ítem correspondiente a los colaboradores de trabajadores independientes, en el artículo 94 se modifica la cantidad con la que podrá contar el empleador: 3 en lugar de 5, como aprobó Diputados.
Régimen de Inversiones
Al llegar al capítulo correspondiente al RIGI, encontramos un recorte en el artículo 163. Es en el párrafo donde dice: “Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, tanto la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hubieran adherido al RIGI, deberán abstenerse de afectar, alterar, obstaculizar y/o distorsionar lo establecido en el presente Título”. El texto original agregaba a continuación: “será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
También desapareció este párrafo: “Lo expuesto aplica de manera plena respecto de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios desde la entrada en vigencia de la presente ley independientemente de que dichas jurisdicciones decidan adherir o no al RIGI en los términos del artículo 222”.
En el artículo siguiente, el 164, donde figuran los objetivos prioritarios del RIGI, se eliminó el inciso i, que decía: “Fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”.
En el artículo 167 hay en cambio un largo agregado, que es el siguiente: “Asimismo, los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada, podrán solicitar su inscripción al RIGI exclusivamente a los efectos de contar para ello con los incentivos y derechos previstos en el artículo 188 de la presente Ley respecto de las mercaderías, incluidos los insumos, que importen para la prestación que pretendan brindar a un VPU adherido al RIGI. Dichos incentivos aplicarán exclusivamente respecto de la mercadería que fuera importada con destino a la provisión de bienes o servicios a un VPU adherido, no pudiendo aplicarlo a mercadería que pretenda ser destinada a otros fines. Si se importare la mercadería con destino a la prestación en favor de un VPU y el proveedor no pudiera destinar dicha mercadería a la provisión en favor de un VPU adherido al RIGI, sea por no haber sido seleccionado para una licitación o por terminación del contrato que le dio origen a la provisión, o causa similar, el proveedor beneficiario deberá informarlo a la autoridad de inmediato y solicitar la desafectación del destino de la mercadería antes de poder utilizarla para otro destino”.
Señala a continuación que “a partir de su inscripción, los proveedores deberán facturar anualmente, en concepto de bienes vendidos y/o servicios prestados y destinados a los VPU inscriptos en el RIGI, un porcentaje en relación al total de su facturación no inferior al que establezca la Autoridad de Aplicación”.
Y continúa: “Al vencimiento de cada año calendario el proveedor deberá informar dicho porcentaje a la Autoridad de Aplicación, con carácter de declaración jurada, acompañando una certificación emitida por Contador Público matriculado. Si a la conclusión de cada año esta condición no se cumpliere, el proveedor quedará automáticamente y de pleno derecho suspendido en el uso de los incentivos del artículo 188, por el tiempo que se establezca en la resolución complementaria de carácter general que dicte la Autoridad de Aplicación. A partir de la segunda suspensión dispuesta, la Autoridad de Aplicación podrá disponer la baja definitiva del proveedor”.
Por último señala: “Durante la suspensión los bienes que hubieren sido importados con la franquicia del artículo 188, continuarán afectados al uso exclusivo para la prestación de servicios al VPU adherido, debiendo el prestador informar de ello a la Autoridad de Aplicación como sea requerido por la resolución complementaria. El incumplimiento de estas disposiciones hará pasible al prestador de servicios de las infracciones previstas en el artículo 209, con excepción de la prevista en su inciso ‘f)’”.
La siguiente modificación está en el artículo 174, inciso g, referido al monto de la inversión en activos computables. Se agrega allí: “Declaración jurada, sustentada en un estudio técnico, en el que se establezca que el VPU no distorsionará el mercado local”.
Se agrega en el inciso j, referido al “empleo directo e indirecto”, la frase “con integración local estimada”. Luego se agrega un nuevo inciso k, que señala: “Plan de desarrollo de proveedores locales”.
El artículo 175 agrega el siguiente inciso h: “La determinación por parte de la Autoridad de Aplicación de que el ingreso al RIGI por parte del VPU solicitante generaría una distorsión en el mercado local”.
También en el área del RIGI, en el artículo 196, correspondiente a Incentivos cambiarios, hay una variación. En el texto de Diputados dice, en el inciso a, “Veinte por ciento luego de transcurrido un año contado desde la fecha de adhesión al RIGI”, dice ahora: “Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha de puesta en marcha del VPU”. La misma modificación rige para los incisos b y c.
Lo mismo sucede con los incisos (i), (ii) y (iii). Y al final del artículo 196 figura este agregado: “Resultarán aplicables al VPU las disposiciones previstas en el presente artículo siempre que no sean más favorables las dispuestas en el régimen general de negociación y liquidación del mercado de cambio de las operaciones de exportación”.
No hay modificaciones en el área de la eliminación de la moratoria previsional, ni en las empresas pasibles de privatización. Allí figuran Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE e Intercargo SAU.
En tanto que pasibles de privatización o concesión, están Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE y Corredores Viales SA.
El jefe de Gabinete señaló que las inversiones extranjeras beneficiarán a la industria nacional y a las economías regionales. También afirmó que “Petronas que está asociada con YPF nos dice que sin RIGI no hay GNL”.
Entre una catarata de preguntas y advertido por el uso del tiempo desde la Presidencia, el neuquino Oscar Parrilli apuntó que el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) que propone la ley de Bases “se contradice” con el régimen de promoción del gas natural licuado (GNL), también con media sanción de la Cámara de Diputados.
“¿Por qué el diputado en ese entonces Javier Milei votó en contra del proyecto?”, consultó el kirchnerista, al recordar que así lo hizo junto a la izquierda, mientras que “la ahora vicepresidenta de la Nación, no sé si fue casualidad o no, estaba ausente”.
A su vez, detalló que en esa votación, de octubre del año pasado, “se abstuvieron aquellos que hoy están hablando de que van a apoyar el RIGI”. “En lo que era mucho mejor para la Argentina se abstuvieron y el presidente lo votó en contra, y ahora nos traen un proyecto que es absolutamente perjudicial”, observó y reclamó que “cuando tratemos el RIGI retomemos ese proyecto” que había sido impulsado desde la anterior gestión.
En la misma línea, Eduardo “Wado” de Pedro recordó que “el año pasado se firmó entre YPF y Petronas un convenio que es quizás la inversión más importante de la Argentina” por 30 mil millones de dólares. En ese marco, el proyecto de ley sobre GNL “fue consensuado con la industria nacional, las provincias y fomenta el arraigo de las industrias”, destacó.
“Teniendo en cuenta lo importante que es, no entiendo por qué no están impulsando esa media sanción”, expresó el senador opositor y entonces se preguntó si no será porque “hay conflictos de intereses”. “Usted antes de ser jefe de Gabinete era empleado de un grupo económico que tiene intereses en Vaca Muerta”, le enrostró De Pedro y dijo que misma situación ocurre con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el presidente de YPF, Horacio Marín.
Al término de las preguntas hechas por los senadores kirchneristas, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, respondió que “el proyecto anterior de Gas Natural Licuado tiene muchas ventanillas y aprobaciones discrecionales, pero el RIGI tiene presentes cláusulas más especificas y con mayor precisión”.
Sobre la pregunta de Parrilli y contestó: “Citando lo que usted mencionaba de la empresa Petronas que está asociada con YPF, ese proyecto sigue adelante, y es la misma Petronas la que nos dice que sin RIGI no hay Gas Natural Licuado”.
En el mismo sentido, cargó que “el RIGI tiene efecto mas amplio y da una seguridad jurídica mayor. Promueve, además, otro tipo de inversiones que van a estar, obviamente, sujetas a las condiciones que ustedes aprueben en esta cámara”.
Cuestionó, también, que “el volumen de exportaciones de hoy es igual al que teníamos hace 10 años atrás”, sumó: “Si no tomamos medidas diferentes, vamos a obtener los mismos resultados”, afirmó que “el RIGI favorece una cantidad de inversiones mineras que están frenadas”.
Con relación a la consulta de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y la chicana sobre la ausencia de palabras como "industria nacional" y "economías regionales” por parte de UP, Posse contestó: “Cuando hablamos de inversiones extranjeras, hablamos de industria nacional y economías regionales. Tanto los inversores extranjeros como los nacionales nos piden por la seguridad jurídica”.
Fue ante la Comisión de Minería de Diputados al ser consultado por el RIGI y remarcó que “cada provincia es dueña de hacer lo que decida mejor para su territorio y su economía según la Constitución”, al tiempo que sostuvo que “la principal misión es contribuir a generar riqueza para nuestro país en muchos ámbitos”.
La Comisión de Minería de Diputados, presidida por el sanjuanino Walberto Allende (UP), se reunió este miércoles para recibir al titular del sector Luis Lucero quien explicó las proyecciones del sector para el 2024 y, al ser consultado por la el RIGI que se encuentra en el proyecto de ley Bases, afirmó que “la Nación no puede tener injerencia sobre el ejercicio de las atribuciones impositivas provinciales”.
Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, Allende manifestó que habrá que hacer un replanteo del horario de reunión porque “en el interior tenemos menos vuelos y se nos ha complicado muchísimo para venir. Varios diputados han tenido que ir a Mendoza y en algunas provincias recién tenemos vuelos por la tarde”, y adelantó: “Seguramente el cambio de horario va a complicar el trabajo en las distintas comisiones”.
Allende comentó que la visita de Lucero es para que “explicara las decisiones y perspectivas desde el Gobierno en una actividad tan importante como la minería”. Contó que días atrás se reunieron con la mesa directiva, por lo que le agradeció la presencia, y precisó que el funcionario “lleva más de 30 años trabajando en la actividad de la minería.
El sanjuanino informó que se festejó en Córdoba el día de la minería y agregó: “La provincia tiene una actividad importante en segunda y tercera categoría. Es la provincia que más volumen tiene anualmente el manejo”.
En su exposición, el titular de minería expresó: “Nuestra principal misión es contribuir a generar riqueza para nuestro país en muchos ámbitos y por sobre todo en aquellos donde, por geografía y por desarrollo económico y cultural no hay otras oportunidades”.
“La minería ocurre en, gracias a y en beneficio de las provincias que son dueñas de los recursos naturales. Soy consciente como autoridad nacional que tengo un área en la cual las autoridades que verdaderamente trabajan y contribuyen son las provincias día a día. Estamos para ayudarlos y, en lo posible, guiar los debates y promover las medidas que nos parezcan oportunas para ese desarrollo”, manifestó.
“Tenemos que destrabar algunas realidades que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Todos sabemos lo que pasa en el litio en Salta, Jujuy y Catamarca. Es una enorme oportunidad de generar riqueza que ya estamos viviendo y que vamos a vivir en los próximos 2 a 4 años si hacemos las cosas bien. También hay una enorme oportunidad en el cobre en San Juan, Catamarca, Salta y hay mucha riqueza por destrabar. En eso queremos trabajar”, precisó.
A la hora de las preguntas, el primero en hacerlo fue el catamarqueño Francisco Monti (UCR) quien consultó por dudas e incógnitas en torno al artículo 162 y 163 sobre las competencias de las jurisdicciones locales de las provincias que está en el proyecto de ley Bases y sobre un código tributario de un municipio de su provincia.
Lucero le respondió: “Yo no puedo ni debo opinar sobre un código tributario municipal. No tengo atribuciones para hacerlo”, y agregó: “Las atribuciones impositivas entre Nación y provincia están establecidas en la Constitución, es una decisión nacional y provincial respetarla y aplicarla con prudencia. También me excede porque las provincias en nuestra Constitución tienen un margen para competir entre ellas por las inversiones o cooperar entre ellas para capturar inversiones. Presentar a inversores nacionales o extranjeros marcos jurídicos e impositivos distintos, puede o no contribuir a capturar inversiones. La Nación no puede tener injerencia sobre el ejercicio de las atribuciones impositivas provinciales”.
“Cada provincia es dueña de hacer lo que decida mejor para su territorio y su economía según la Constitución Nacional, nosotros seremos siempre respetuoso de eso. Pueden decidir cooperar o competir, está en las provincias que tienen la capacidad de inversiones”, resaltó.
El titular de la comisión comentó que “los grandes emprendimientos siempre están en las pequeñas localidades. Nos encontramos que teníamos una cantidad importante para invertir, pero no teníamos proyectos y sigue siendo la gran discusión de dónde van los recursos de la minería y eso se fue modificando con leyes provinciales”. En esa línea, pidió a las autoridades que se explayen en el tema del RIGI que “no habla de las inversiones necesarias que necesita la minería en electricidad, caminos, etc.”
Al respecto, el secretario de Minería contó que “la empresa de la provincia nos ha compartido su preocupación por algunas de las infraestructuras que son necesarias y estamos trabajando con ellos sobre los requerimientos de energía eléctrica. El inversor suele tener absoluta consciencia de que seguramente le va a tocar hacerse cargo del costo de la infraestructura. Así ocurrió en varios grandes proyectos con aportes de grandes inversores privados para construir líneas de alta tensión, mejorar equipo ferroviario y comprar”.
“En cuanto a los proyectos, el inversor sabe que hoy Argentina y sus provincias están sin capacidad de financiar esos trabajos, por eso debemos proveer herramientas jurídicas para que pueda aportar el capital necesario de esa infraestructura con un esquema inteligente que quede en buen estado para la provincia y tener la garantía que el acceso y el uso de esa infraestructura va a ser la que necesita. Si no le damos esa garantía no lo va a invertir, el proyecto no se llevará adelante y vamos a perder mucho dinero en tasas, contribuciones y sueldos”, explayó.
Lucero explicó que el desafío que tienen es “encontrar en modelos que ya existen esquemas que permitan que el privado financie y tenga acceso privilegiado para satisfacer las necesidades del proyecto y que esa infraestructura quede para beneficios de la provincia”.
“Argentina tuvo un boom minero entre los 90’ y el 2000 por una serie de factores como apertura de mercados internacionales y libre flujo de capital y la suba de commodities en cobro y oro. Eso permitió un desarrollo minero en esos años muy importante que todavía disfrutamos porque todavía quedan unas 6 o 7 minas en Santa Cruz y en San Juan produciendo y no había RIGI, pero si había una ley de inversiones mineras sancionada por unanimidad en el 93’ que tiene importantes beneficios para el inversor como la estabilidad fiscal y el régimen cambiario y eso está vigente. Esa es la ley con la que contamos”, explayó.
En ese sentido, opinó que “tenemos que tener minería de gran nivel y explotar nuestros recursos con las herramientas que hoy disponemos. De cara al futuro tenemos que reconstruir credibilidad para el inversor. Tenemos que tener minería. La ley de inversiones minera vigente sufrió dos ataques en esta estabilidad cuando se les empezó a cobrar derechos de exportación a proyectos que tenían estabilidad fiscal”.
Así, acotó que “sería una realidad muy gratificante que parte del empresariado nacional empiece a invertir en minería porque casi todo lo que hemos visto desarrollo fue por inversores extranjeros, sería deseable ver inversores argentinos apostando por la minería de la nación”.
“El litio es una ventana de oportunidad por los próximos 2 o 3 años. Sabemos que, en países avanzados, mirando al futuro, está siendo superado por otras posibles fuentes de energía. Es una realidad y tenemos que aprovecharla, pero el mundo ya está mirando otras fuentes como el hidrógeno para generar electromovilidad”, alertó.
En cuanto a la situación del cobre, informó que “parece ser algo más necesario en el largo plazo para las soluciones de electromovilidad y los yacimientos de cobre tienen vida de los 30 a 40 años. En nuestro territorio la mina Aguilar funcionó más de 90 años”, y resaltó que “cuando hablamos de minería, hablamos de proyectos que van a vivir entre 30, 40 a 50 años y van a dar trabajo y generar impuestos por décadas. Necesitamos tener una mirada de largo plazo en esta industria”.
Lucero volvió a destacar que “no hay proyectos mineros que puedan lanzarse sin la aprobación provincial porque el proyecto minero para empezar requiere de la presentación y un estudio del impacto ambiental”, y detalló que de cada 100 intentos de exploración que una compañía hace uno solo se convierte en mina de explotación y “esa primera actividad ya tiene que hacerse con la aprobación del Estado y las provincias y las etapas sucesivas”.
“Lo que pasó en los últimos años es que el país no logró traer inversiones. Tenemos que trabajar para encontrar una solución. Tenemos cobro, litio, oro y plata”, enfatizó y alertó que las minas de oro y plata de la Patagonia “se están extinguiendo, y necesitamos explorar porque son fuentes de ingresos que vamos a perder”.
“La potencialidad que tenemos en la Argentina es la de recursos donde conocemos los yacimientos. El paso crítico es que se den las condiciones, producimos commodities donde el precio se lo pone la demanda”, planteó.
En su intervención, el salteño del bloque Innovación Federal Pablo Outes opinó: “Creo que a la minería hay que estimularla, pero también creo que hay que regularla, sobre todo, en las regiones que son más pobres para compensar”.
La jujeña Leila Chaher (UP) cuestionó: “Según la Constitución, los recursos de los bienes naturales son de las provincias. Pero específicamente en el RIGI, en los artículos 162 y 163, entendemos que se avasalla las autonomías locales y provinciales”.
A su turno, el cordobés Carlos Gutiérrez aseguró: “Estoy de acuerdo con que a las leyes hay que mejorarlas; creemos que hay que dar una vuelta de tuerca en este país y que no sirve seguir manejando la realidad con consignas de hace 50 años que atrasan en todos los frentes”.
Representante de ADIMRA y empresario metalúrgico, José Tamborenea, quien fue invitado por la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, fustigó a los miembros de la Cámara baja: “Si esto se aprueba voy a invertir cada peso para crucificar a cada diputado que lo votó”.
En la séptima hora de exposiciones, el empresario industrial José Tamborenea en representación de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), quien fue invitado por la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA), arrancó su intervención tenazmente al señalar que “sería ideal que nos llamen antes de escribir la ley, no después”.
Asimismo, aseveró que “somos los que la vivimos y la peleamos y no puedo entender como estoy acá explicando estas cosas”. Con relación al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) dentro de la ley Bases, sostuvo que “si se aprueba tal como está, pone en riesgo de desaparecer a todo nuestro sector”.
Sin esconder su malestar con el articulado en cuestión, le envio un duro mensaje a los diputados nacional que dieron aval al capítulo: “Me llamó la atención que no nos llamaron para hablar del tema cuando se trató en Diputados. En cambio, los senadores se tomaron el tiempo de analizarlo”.
Con un detallado repaso sobre su trayectoria en el sector, Tamborenea remarcó los inicios de su empresa y explicó que “nosotros armamos un plan de negocios porque el país es viable”, pero advirtió: “Si se aprueba el RIGI las provincias dejan de percibir ingresos brutos y las provincias resignan 10% de coparticipación. Claramente no es para el desarrollo industrial argentino”.
Así las cosas, sostuvo que “queremos grandes inversiones en Argentina, pero no este régimen que es condenatorio para nuestro sector”, y enfatizó que el RIGI “así como está, nos pone en grave riesgo”.
En datos numéricos, el empresario metalúrgico comparó los beneficios a las empresas del exterior respecto a los perjuicios de las locales si se aprobase el RIGI: “Pagarían 25% de Impuesto a las Ganancias y nosotros 35, 0% de Iva y nosotros 21%, 0 de ingresos brutos y nosotros 6%, tasa estadística 0 y nosotros 3%, nada de Impuesto PAIS y nosotros 17,5%, derechos de exportación e importación 0 y nosotros de 13 a 16%, y tendrían alícuotas que van de 7% a 0 y nosotros pagamos no menos de 16%”.
“Esto no es justicia. Nosotros queremos una cancha equilibrada para poder competir”, aseveró. También señaló que “nosotros pagamos mucho más caros los insumos y vamos a perder todos incluidos los puestos de trabajo porque no vamos a poder competir”.
En tal sentido, añadió que “El Estado va a perder recaudación desde todo tipo de vista”. Además, planteó que dar beneficios a 30 años “es regalar la patria innecesariamente”. “Esto es más perjudicial que beneficioso”, remarcó.
En el final, el empresario Tamborenea volvió a apuntar contra la Cámara baja: “No lo puedo creer que haya pasado (avanzado) por Diputados y espero que aca se vote bien porque si no voy a invertir cada peso que me quede en mi vida para crucificar a los diputados que votaron el RIGI porque no tienen ni idea de lo que es”. “Esto es un desastre. Tienen la obligación de escuchar a la industria porque la estan rompiendo toda”, concluyó.
Se llevó a cabo VI Forum Nacional de Energía y varios representantes del sector energético esperan que se apruebe en el Senado el RIGI que está dentro del articulado de la ley Bases.
Se llevó a cabo el VI Forum Nacional de Energía, organizado por LIDE Argentina, donde los oradores destacaron “la potencia que tiene el país de aumentar la producción y exportación energética con un mayor desarrollo de Vaca Muerta y otras fuentes de energía”, en vistas de que se apruebe el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) en el Congreso de la Nación.
Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina, y Martín Genesio, CEO de AES Argentina y de LIDE Energía, señalaron el rol vital que juega el sector en la economía. “Argentina tiene la oportunidad de ser un jugador fuerte como exportador de energía. Prueba de ello es que el sector energético explica más de la mitad del superávit financiero del primer trimestre, de $275 millones”, afirmó De Felipe.
Con relación al RIGI, Horacio Marín, presidente de YPF, advirtió el rol que tiene la aprobación de dicho régimen para el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) en Vaca Muerta y que Argentina se convierta en el cuarto o quinto jugador a nivel mundial. “Sin el RIGI, no hay proyecto de gas natural licuado. Sin RIGI no es competitivo”, enfatizó Marín, tras detallar el Plan 4 x 4 (a 4 años) que impulsa la petrolera estatal. “La meta de YPF es liderar a la industria para que Argentina exporte u$s30.000 millones de acá a 8 años, con el foco en Vaca Muerta”, definió.
Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, resaltó la proyección de duplicar para 2030 tanto la producción de petróleo como de shale gas de Vaca Muerta: “Tenemos la tecnología, la geología y el talento para lograrlo. Argentina puede llegar a los 2 millones de barriles por día en Vaca Muerta; tiene la capacidad de poder abastecer internamente y exportar a los países vecinos”, expresó.
Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group, se refirió la transición energética y los desafíos críticos para llevarla adelante, como la disponibilidad de materias primas esenciales. “No hay aún capacidad de reemplazar las energías fósiles en el corto o mediano plazo”, sostuvo. Destacó el aumento de la demanda global de gas licuado prevista para los próximos años y la posibilidad que ello abre para el país, enfatizando la importancia de “estabilidad, reglas claras y una macroeconomía estable”. “Esto no es posible si el Congreso no sanciona las leyes que dan previsibilidad a largo plazo”, dijo en alusión al RIGI.
También Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para el Cono Sur, se explayó sobre las positivas perspectivas globales para el mercado del petróleo y gas y la oportunidad para Argentina.
Durante el foro, Marcos Troyjo, exviceministro de Energía de Brasil, empresario y economista político, realizó un detallado análisis del contexto global, resaltando la importancia de la seguridad energética para garantizar la seguridad alimentaria, otro de los grandes desafíos de escala global, mientras que Federico Pucciariello, presidente de Essential Energy, puntualizó el rol significativo que pueden jugar los biocombustibles en Argentina.
Por su parte, Daniel Ridelener, CEO de Transportadora Gas del Norte-TGN, y Gabriela Aguilar, VP de Latam de Exelerate Energy, destacaron la oportunidad que tiene el país de exportar a los países vecinos, en especial al sector industrial de Brasil, y la importancia de contar con una infraestructura adecuada (ductos) para que no haya “cuellos de botella”.
En sus encuentros, LIDE Argentina destaca la actividad de empresas y ejecutivos. Para esta ocasión, por su posición de liderazgo en la cadena de valor del petróleo y gas en el país y su contribución al desarrollo nacional, el premio LIDE Energía 2024, categoría “Empresa” se otorgó a YPF y fue recibido por su presidente y CEO, Horacio Marín.
Seguidamente, por su destacada trayectoria profesional en el negocio petrolero y su contribución relevante a la economía y el desarrollo de la Argentina, el Premio LIDE Energia 2024 en la categoría “Empresario” fue otorgado al ingeniero Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group.
El vocero presidencial habló a favor de ese capítulo de la ley Bases y dijo que puede generar "más empleo, más empresas pagando impuestos en Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva".
Al comienzo de su conferencia de prensa de este lunes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que propone el proyecto de ley de Bases y sostuvo: "No es el saqueo al país y no ayuda a que los empresarios se lleven su dinero al exterior, y menos aún va a fundir PyMEs, más otras barbaridades que han planteado".
"En Argentina el PBI per cápita es el más bajo de los últimos 10 años; hace 13 años que el empleo no crece; 15 que no se crean empresas de punta a punta; y lo único que ha crecido es el trabajo estatal o informal", enumeró, para continuar: "El volumen de exportaciones hoy es el mismo que hace una década; Argentina es el país de la región que menos empresas genera cada mil habitantes".
El funcionario indicó que "el RIGI establece una serie de beneficios impositivos para grandes inversiones, que suelen ser a largo plazo", a partir de 200 millones de dólares en adelante. "Por el desastre macroeconómico generado en los últimos 20 años, estas son inversiones que no son propensas a realizarse si no hay estabilidad tributaria y cambiaria", señaló, para ponderar que es lo que busca remediar el Gobierno.
Adorni pronosticó que con el RIGI habrá "más empleo, más empresas pagando impuestos en Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva ". "Le puede dar un impulso a la economía, un impulso a las inversiones, un impulso al empleo y un impulso para dejar atrás la decadencia en la que estamos inmersos en Argentina", añadió.
El senador de la UCR, muy crítico de varios aspectos de ambas leyes, confirmó que se reunió con Francos y "Lule" Menem, a quien dijo ver "apurados". "Otra vez hay una presión desmedida para hacer las cosas rápido", expresó.
Muy crítico de varios aspectos de la ley de Bases y el paquete fiscal, el senador nacional Martín Lousteau (UCR) advirtió que si desde el Gobierno "no están dispuestos a corregir, entonces no hay debate", al confirmar que se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor de la Secretaría de Presidencia Eduardo "Lule" Menem, a quien ve "apurados".
"Me parece que hay temas para debatir en profundidad. Yo no estoy a favor y en contra de nadie, yo quiero que las cosas se hagan bien y nos tomemos el tiempo necesario. Un trabajo lo más aceleradamente posible, pero de la mejor manera posible", sostuvo.
En declaraciones a Radio Con Vos, el presidente de la UCR Nacional dijo: "Cada vez que leo la ley encuentro una cosa nueva". "Yo creo que el proceso en Diputados fue muy extenuante, y esto fue lo que quedó", opinó.
"A Luis Juez no lo escucho en la comisión debatir ni defender el proyecto", le respondió al jefe del Pro, y criticó que "otra vez hay una presión desmedida para hacer las cosas rápido". "Yo me voy a dedicar a tratar de mejorar esta ley. Si la quieren mejorar, perfecto, si no la quieren mejorar, bueno, ya tomaré otra posición", adelantó.
Los temas con mayores críticas por parte del economista son el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos, en la ley Bases; y el blanqueo y las modificaciones en Bienes Personales en el paquete fiscal.
El senador cuestionó que a las comisiones "no vinieron quienes redactaron" los proyectos, e incluso señaló que hubo funcionarios que reconocieron que "hay artículos que no leyeron y otros que tienen una redacción poco feliz".
"Los diputados hicieron un gran trabajo, sobre todo desde la ley de Bases original", destacó, pero reveló que le preguntó a los pares de su espacio sobre "las falencias que todavía tiene la ley" y le respondieron: "Unánimemente me dicen 'estábamos tan exhaustos del proceso original que cuando llegamos a esto ya no podíamos más emocionalmente'".
Además, le respondió a quienes critican que los senadores se tomen su tiempo. "Primero, yo puedo discrepar; y segundo, ¿ustedes fueron infalibles, hicieron todo bien?", expresó el presidente del partido radical. Y agregó que en la Cámara alta todavía no escuchó "a ningún senador defendiendo los proyectos" en las comisiones.
"Yo puedo coincidir con algunas cosas de fondo con la ley, como por ejemplo que necesitamos un régimen de inversiones. Ahora, cuando veo cómo está hecho el RIGI, está orientado claramente a algunos sectores y desprecia o hasta perjudica al resto de los sectores", observó.
También, el legislador apuntó contra la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos, que tiene "cierta visión del sector privado que del interés público".
Sobre el RIGI, Lousteau aseguró que "es el más generoso, por lejos, que hemos creado en la historia; y más generoso que cualquier otro de cualquier otro país". "Todos los régimenes de este tipo tratan de que si das un beneficio para la inversión, parte de lo invertido tenga un impacto en el país", cosa que no sucedería con éste, indicó.
Y sumó que "a las empresas que van a invertir en Argentina se les permite importar todo con arancel cero". "Se va a perjudicar a las empresas locales", pronosticó.
El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, participó del ciclo de formación del PJ Moreno. Junto a la intendenta Mariel Fernández y Emilio Pérsico cerraron el masivo encuentro.
En el marco del cierre del encuentro de debate y formación realizado en la Casa Compañera del partido en Moreno, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner recordó la figura de Néstor Kirchner y el valor que el expresidente le daba a la autoestima del pueblo argentino. “Él no podía creer cómo habían quebrado la autoestima de nuestra gente. Y lo que más le desesperaba, y entendía que podía ser el mayor obstáculo para cambiar la historia del país era que nuestro pueblo no recuperara su autoestima, que no creyera en sí mismo”, expresó el legislador nacional.
“Han logrado desde los poderes fácticos, económicos y mediáticos hagan sentir culpable a una parte de nuestro pueblo. Que sientan culpa si no tienen un trabajo con recibo formal, que sientan culpa si necesitan una mano del Estado para comer todos los días, y resulta que un tipo como (Luis) Caputo no siente culpa. Siente culpa la vecina de Derqui o de Cuartel Quinto, o de Ciudad Evita, o de Ezpeleta, o de Solano. Pero ellos no sienten culpa. Ellos avanzan”, remarcó Kirchner.
“Nuestro pueblo tiene que volver a quererse, tiene que volver a entender que no merece ser explotado. Que esfuerzo no es sinónimo de explotación. Quieren hacer que te auto explotes, que digas: ‘No, yo laburo 16 horas todos los días…’. Nos convencen de que nos tenemos que auto explotar por migajas”, expresó.
En este sentido, agregó que permanentemente se pretende instalar en la opinión pública -y esto cala en gran parte de la sociedad- la idea de que los subsidios o los programas sociales son lo que “falta en su sueldo, que lo que no tiene es porque se lo lleva gente que no trabaja… O sea, no se lo lleva Toto Caputo, no se lo lleva Techint que tiene medio gobierno, no se lo lleva IRSA, se lo lleva el vecino de al lado. Eso es lo que quieren hacerle creer a la sociedad”.
Kirchner también se refirió al ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei e impacta en un gran sector de la sociedad está sintiendo. “Hoy es claro cuál es el sujeto que está haciendo el máximo de los esfuerzos en todo esto. No solo los sectores populares, los sectores medios son casi la frutilla del postre de este tipo”.
En relación al debate en el Senado por la ley Bases, instó a dar la discusión a fondo y remarcar la importancia de lo que se está debatiendo en el Senado como también la contradicción de una dirigencia que dice una cosa pero vota lo contrario. “Uno se encuentra con sorpresas realmente extrañas en el Congreso, donde una diputada puede decir ‘estas leyes fueron escritas de puño y letra por tal estudio jurídico, pero voto a favor’. Pero, ¿cómo es que vos estás diciendo que esta ley la escribieron las empresas, que eso está mal, pero que votás a favor? Pasan cosas realmente inexplicables”.
Por último se refirió al capítulo de la ley que refiere al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones conocido como RIGI. Indicando las áreas de Chile, Bolivia y Argentina puso en valor la importancia del triángulo del litio en la región y se refirió al interés que existe por parte del dueño de Tesla y X en el mismo por su utilidad.
“Todo esto es el triángulo del litio. En Neuquén, Vaca Muerta. Uno de los lugares que más proteína produce en el mundo: la Pampa Húmeda. Más petróleo y gas -indicó señalando la zona de Santa Cruz y Chubut- en otro macizo diferente. Tres mil kilómetros de costa: pescadito, langostinos, merluza negra, diferentes tipos de pescaditos que hay en nuestro país. El acuífero Guaraní, una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo de todas las que hay. Eso es de ustedes también. Vivan donde vivan. Eso es nuestro. La ley esta que está ahora en el Congreso, todo esto que estuvimos señalando, lo pone en riesgo. Por eso vienen”, aseguró Máximo Kirchner.
Para el hijo de los Kirchner, “ese famoso RIGI es el saqueo del país. Saqueo”. “Lo que tenemos que tener en claro que esto que necesita el dueño de Twitter, el litio, lo necesita más barato. Incluso, cuando es el golpe de Estado en Bolivia contra Evo, el tipo festeja el golpe de Estado y le parece muy bien porque él no va a dejar que le ponga un precio un país, sino que él va a pagar lo que él quiere por el litio”.
“Porque esta ley cuando salga, y cuando por 30 años vengan inversiones y digan ‘No, yo no pongo impuestos acá en Vaca Muerta porque estoy con la RIGI’. Y cuando se lleven el litio, que ustedes imagínense, ni Chile ni Bolivia, esto no es una crítica, es una definición; tienen, por ejemplo, industria satelital. ¿Qué país tiene de los tres de la medialuna del litio industria satelital? Este. El celestito, este de acá. ¿Y qué más tiene también? Industria automotriz. Todo eso va del litio, las baterías, los autos híbridos. De esto se trata, esto está en disputa: el vector energético es algo en disputa”, resaltó Kirchner.
Sobre el final, Máximo Kirchner señaló: “Nuestro país es enorme, el octavo en suelo en el mundo, el trigésimo segundo en población, asimetrías sociales, asimetrías culturales, económicas… Nos van a querer desunir para después comernos. Entonces el desafío que tenemos por delante es tener en claro cuáles son sus objetivos, para saber cómo defendernos, primero y también qué proponerle a la gente, porque no va a alcanzar con convocar a la resistencia de nuestro pueblo. Al mismo tiempo que crezca esa resistencia también tiene que crecer nuestra capacidad de propuesta. Y nuestra capacidad de propuestas tiene que estar firmemente ligada al espíritu del peronismo. Nosotros a partir de ahora la única verdad es transformar esa realidad”.
De recorrida por una planta industrial, el senador santafesino se refirió al capítulo de la ley Bases sobre grandes inversiones y cuestionó los beneficios para las firmas extranjeras.
El senador nacional Marcelo Lewandowski (UP-Santa Fe) advirtió que “se está atacando el sistema productivo de la Argentina, a las PyMEs, cooperativas y los cordones industriales”, en relación a las políticas del Gobierno nacional, entre las que mencionó “costos de la energía altísimos, suba de impuestos a la importación de insumos industriales, devaluación y la liberación de importaciones de bienes finales”. En ese sentido, expresó: “Hay una sensación de mucho agobio y muchas dudas en los sectores industriales”.
De recorrida por la localidad de El Trébol, donde visitó la planta de la empresa familiar Bauducco S.A., el legislador se refirió al capítulo del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones de la ley de Bases y aseguró que “es un tema de mucha preocupación para la producción santafesina ya que pone en jaque a las empresas; aquel que venga a invertir desde afuera tiene todo tipo de exenciones y de ventajas durante 30 años, mientras que aquel que la viene remando, haciendo todo el esfuerzo, asumiendo el riesgo, termina en una desventaja absoluta a la hora de tributar, a la hora de importar insumos, es decir, al momento de competir”.
Además, el opositor reveló que está “recibiendo notas oficiales de industriales de la provincia sobre este tema. Tenemos un canal de diálogo permanente con la gente de FISFE en Santa Fe, con los industriales metalúrgicos a nivel nacional y provincial, y la preocupación de los sectores de la industria en este escenario es realmente mucha”.
También hizo mención a la vuelta del impuesto a la Ganancias sobre los trabajadores: “Hay un empobrecimiento generalizado e incorporar Ganancias es otro golpe al bolsillo de los trabajadores”. “Sacándole la plata a los trabajadores no podrán recuperar los recursos fiscales que necesitan las provincias. Si hay que buscar más recursos, nosotros impulsamos una ley para coparticipar el impuesto al cheque. Por otro lado, al reducir Bienes Personales lo que se recauda por Ganancias se pierde por esa vía”, continuó.
Respecto al fin de la moratoria jubilatoria, Lewandowski se preguntó: “¿Cuál es la propuesta alternativa para aquel al que no le hicieron los aportes? ¿Qué hacemos con aquel que tiene edad para jubilarse y no los tienen o no se los hicieron? Tenemos una economía sin registrar del 50 por ciento”.
En el cierre, el senador remarcó que “no hay una estrategia de país” y apuntó que “lo único que se percibe hoy es un Gobierno de ‘Hood Robin’: le saca a los que menos tienen para darle a los más poderosos, cuando la historia debe ser al revés”.
En la recorrida también participaron el diputado provincial Miguel Rabbia y los concejales de El Trébol Jésica Ledesma y Guillermo Trógolo.
El diputado del Pro explicó qué relación tendría con el RIGI que propone la ley de Bases y advirtió que "los inversores van a esperar".
A través del decreto 385/24, el Gobierno nacional amplió este lunes el alcance del impuesto PAIS para la compra de divisas para la distribución de utilidades y dividendos, y para las suscripciones de BOPREAL (Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre) que sean efectuadas a tales fines, con una alícuota del 17,5%.
Sobre esto se refirió el diputado del Pro Luciano Laspina, quien observó qué relación tendría con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que se plantea en el proyecto de la ley de Bases.
"El Gobierno aplicará el impuesto PAIS al giro de dividendos al exterior. O sea, una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAIS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI", escribió en su cuenta de X.
El economista señaló que "el otro problema es que el RIGI 'congela' la estructura tributaria actual. De modo que, legalmente, aún cuando se saque el impuesto PAIS en el futuro, alguien podría reponerlo sin violar el RIGI, que había derogado el 7% de impuestos a los dividendos!". "Los inversores van a esperar", advirtió.
Luego, al ser consultado por un usuario, Laspina defendió que "el RIGI 'da' lo que todos deberíamos tener: estabilidad tributaria, acceso divisas, y devolución anticipada del IVA a la inversión". Pero apuntó que "después se agregaron otros 'aditivos' tributarios exagerados. La idea no era hacer un régimen de incentivos fiscales sino de estabilidad fiscal".