Sergio Ziliotto acusó a la provincia cuyana de "robarse el río" y de perpetrar un "ecocidio". "No es momento de victimizarse con acciones maliciosas", le respondió Gustavo Villegas, consejero del Departamento General de Irrigación de Mendoza.
El gobernador pampeano Sergio Ziliotto publicó un mensaje en su cuenta de X acusando al distrito cuyano de "haberse robado el río hace 77 años" y perpetrar un "ecocidio". El posteo incluye un video con imágenes de la sequía permanente que afecta al curso de agua.
"Hace 4 años, tuvimos un avance importante. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó garantizar un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s de agua del río Atuel a La Pampa. Ya son 4 años en los que Mendoza ignora el fallo, perpetuando el ecocidio de nuestro oeste", denunció Ziliotto en las redes sociales.
En el mismo escrito, reiteró que "no nos cansaremos de exigir lo que es nuestro, que se cumpla el fallo, que el río Atuel vuelva a fluir y que se empiece por recomponer el daño ambiental". La grabación finaliza con un cartel que dice "Mendoza todavía no nos devuelve el río robado".
Los dichos del mandatario peronista no pasaron desapercibidos en tierras mendocinas. Quien recogió el guante fue Gustavo Villegas, consejero del Departamento General de Irrigación de Mendoza por el río Atuel.
“Si La Pampa hubiera aceptado el plan de obras, o alguna de las obras propuestas por Mendoza, ya tendrían agua desde hace mucho, No es momento de victimizarse con acciones maliciosas, inventando un aniversario y utilizando la imagen de niños para correr el eje como lo vienen haciendo desde hace años”, lanzó en duros términos el dirigente radical.
A la par, señaló que "es tiempo de ponerse a trabajar, lograr acuerdos y conseguir el agua que hace falta para satisfacer los usos existentes en Mendoza y para el ambiente natural del noroeste pampeano".
"Ziliotto debe dejar de gastar dinero en simbolismos y campañas mediáticas. Debe ponerse a trabajar, como lo ordenó la Corte en el plan de obras para aumentar la oferta hídrica, para que el agua alcance para las dos provincias”, finalizó Villegas.
En tanto, el director de Políticas Hídricas, de La Pampa, Gastón Buss, salió a respaldar a su gobernador señalando que “el gobierno mendocino se deje de mentir y nos devuelva el rio que nos robó” y le recomendó a Villegas que “deje de lado la política de la mentira y la chicana barata y nos devuelva el rio Atuel a los pampeanos”.
"Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a esa provincia a erogar 3,2 metros cúbicos de agua para recuperar el ambiente, que ellos destrozaron, en territorio pampeano y Mendoza no lo cumple”, lanzó.
En ese sentido, apuntó que “las obras que enumera Villegas se analizaron en conjunto hace tiempo, La Pampa justificó técnicamente su postura ante cada una, e incluso Mendoza descartó algunas de ellas. Es muy fácil denunciar en base a mentiras”.
Asimismo, el funcionario pampeano les sugirió a las autoridades mendocinas que “se ocupen de realizar un riego eficiente en su territorio y que no derrochen un elemento que hoy el mundo protege: el agua. Es público que son ineficaces al momento de regar; también es público que hay agua de sobra en las represas y la tiran para no darle a La Pampa lo que les corresponde”.
"Posiblemente estén tratando de ocultar otras cosas con estas declaraciones. No solo quieren tapar su ineficiencia, sino que posiblemente estén intentando dejar en un segundo plano algunos temas de eventuales hechos de corrupción en el Departamento de Irrigación que el propio diario Los Andes ha ventilado en donde hablan de manejos irregulares de fondos destinados para obras hídricas”, disparó.
Buss reiteró que “La Pampa ha seguido, con la coherencia que caracteriza este reclamo histórico, la vía judicial para recuperar lo que por derecho nos corresponde. El gobierno mendocino, también con la coherencia que lo caracteriza, nunca cumplió nada, ni siquiera lo que le ordenó el máximo órgano judicial de la Nación”.
Finalmente, el director de Políticas Hídricas pampeano reiteró que “el Gobierno de la provincia de Mendoza tiene que dejar de mentir y debe devolverle a los pampeanos el rio Atuel. Esa es la única realidad, el resto son chicanas que intentan ocultar otros problemas que afronta la provincia vecina”.
El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa señala que la provincia de Mendoza “se apropió del río Atuel y ha condenado a una gran porción del oeste pampeano a un proceso creciente de desertificación y degradación socioambiental”.
Un par de semanas atrás se realizó en San Rafael, Mendoza, un evento promocionado como el récord mundial de la proyección más grande de la historia. El mismo consistió en proyectar sobre el murallón del embalse de Valle Grande un documental sobre el Río Atuel.
Lo paradójico del evento, es que el documental que busca realzar la importancia de la conservación del Río Atuel y lo describe “desde su nacimiento en el corazón de los Andes hasta su prematuro desvanecimiento en las arenas del desierto de Cuyo” fue proyectado sobre el murallón que representa literalmente la muerte del río aguas abajo del mismo.
No es que el Río Atuel se “desvanece prematuramente” como por arte de magia, sino que el mismo fue cortado de cuajo en la década de los cuarenta cuando se construyó el complejo de Los Nihuiles, de los cuales Valle Grande es parte.
Desde entonces, Mendoza se apropió del río Atuel y, a través de un manejo unilateral, absoluto e ineficiente de sus aguas destinadas fundamentalmente al riego en su oasis de San Rafael, ha condenado a una gran porción del sur mendocino y del oeste pampeano -en una superficie estimada en unos tres mil kilómetros cuadrados- a un proceso creciente de desertificación y degradación socioambiental que constituye el mayor desastre ambiental en territorio nacional.
Mendoza sigue aplicando el concepto de “oasis de riego”, un paradigma ambientalmente perimido y mundialmente superado, que posibilita el desarrollo de un área a expensas de otras que se transforman en zonas de sacrificio socioambiental.
En su porción pampeana hoy desaparecida, el otrora río Atuel constituía un sistema fluvial integrado por cinco brazos y un enorme humedal denominado “Bañados del Atuel”. Allí habitaba una abundante riqueza de especies de flora y fauna, que se unía al río Salado-Chadileuvú a lo largo de un frente de más de 100 km.
El corte del río por parte de Mendoza no solo significó la desaparición de ese sistema fluvial, sino que la falta del río también alteró el modo de vida de las poblaciones locales, truncando sus posibilidades de desarrollo. En pocas palabras, la porción aguas abajo de Valle Grande fue transformada en la zona de sacrificio de la cuenca del Atuel, siendo la porción pampeana de la misma la más perjudicada.
La Pampa ha llevado el caso del despojo del río Atuel por parte de Mendoza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En sucesivos fallos, la Corte ha reconocido la interprovincialidad del río y ha dado por probados los daños socioambientales causados por Mendoza a La Pampa, debidos a la falta de escorrentía del río en territorio pampeano.
A pesar de esos fallos, Mendoza se niega sistemáticamente a entregar agua para restituir un río que también es pampeano y a acordar con La Pampa una gestión conjunta de un recurso interprovincial.
Prueba de ello es que en julio del 2020, la Corte estableció que debe haber un caudal mínimo permanente de 3,2 m3 por segundo para el río Atuel, en el límite entre las provincias de La Pampa y Mendoza, como meta interina para comenzar a remediar el daño socioambiental.
Cuatro años han pasado del fallo. Mendoza mantiene una postura cerrada y hace caso omiso del mismo, argumentando que la cuenca del Atuel es “deficitaria” y que cumplirlo afectaría sus actividades productivas.
Sin embargo, un informe técnico reciente elaborado por la porción pampeana del Comité Interprovincial del Atuel, en base a datos de organismos gubernamentales mendocinos, da por tierra con ese argumento, al demostrar inequívocamente que hay suficiente agua disponible en la cuenca del Atuel (de hecho, siempre la hubo) y que es posible cumplir inmediatamente con el fallo del 2020 sin alterar ninguno de los usos productivos en Mendoza.
Por lo tanto, el no cumplimiento por parte de Mendoza del caudal mínimo fijado por la Corte no reviste otra explicación más que su falta de voluntad para remediar una situación que perjudica a los pampeanos en particular, y al país en general.
Es por ello que en base a dicho reporte, La Pampa ha realizado una nueva presentación ante la Corte pidiendo el cumplimiento del fallo del 2020 en forma inmediata y el fortalecimiento del organismo de cuenca del Atuel para que la gestión de ese río interprovincial sea conjunta y eficiente.
La palabra la tiene ahora la Corte. Los pampeanos esperamos que se haga justicia y que, de una vez por todas, se termine con décadas de despojo y vuelvan a correr en forma continua las aguas del río Atuel en La Pampa.
El histórico diferendo por el río que atraviesa ambas provincias encontró novedades sustanciales a partir de un informe elaborado por la porción pampeana del CIAI.
A partir de un nuevo informe, basado en información generada por organismos oficiales del gobierno de Mendoza, se confirma que el río trae caudal suficiente para cumplir el fallo de la Corte de 2020, según confiaron fuentes del Gobierno pampeano.
En el marco de la causa 243/2014, la Corte Suprema de Justicia resolvió en 2020 establecer un caudal mínimo permanente de 3,2 m3 por segundo para el río Atuel en el límite entre las provincias de La Pampa y Mendoza, como instrumento para el cese del daño ambiental causado por Mendoza debido a la falta de escorrentía de dicho río en territorio pampeano, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
A cuatro años de ese fallo nunca cumplido, un estudio técnico estaría demostrando que el río tiene agua más que suficiente y alienta una nueva ola de reclamos y medidas, judiciales y políticos, por parte de la administración que encabeza Sergio Ziliotto.
El informe en cuestión fue elaborado por la porción pampeana del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), que integran representantes tanto de la demandante como de la demandada. La conclusión es que hay agua disponible en la cuenca del Atuel, que Mendoza “retiene de manera ilegal”, según sostienen los pampeanos.
“Se cae rotundamente el argumento de que el caudal del Río Atuel es deficitario: Agua hay! Sólo hace falta que Mendoza cumpla con el fallo de la Corte Suprema. No sólo dejando correr el agua hacia La Pampa sino también aceptando que la gestión de la cuenca debe ser compartida y eficiente. El Río Atuel también es pampeano. Ya no hay excusas para detener su regreso definitivo”, tuiteó recientemente al respecto el gobernador Ziliotto.
El informe da cuenta también de un supuesto manejo “ineficiente” del recurso, prácticas de sobreriego para alimentar las napas subterráneas en perjuicio del caudal aguas abajo y del aumento de la cantidad de reservorios de agua, que pasaron de 160 a 260 desde que se conoció el fallo de 2020, los cuales será presentado como prueba ante el máximo tribunal.
El manejo “discrecional” del Atuel por parte de Mendoza denunciado por La Pampa, que comenzó con el corte del río por la construcción de los Nihuiles a fines de la década del 40 y se profundizó por el uso total de sus aguas en el oasis de San Rafael a partir de los 70, explicaría en buena medida el desarrollo exponencial de la actividad vitícola en una provincia y la degradación ambiental y desertificación de más de un millón de hectáreas en la otra, afirman los pampeanos. Además de la demanda presentada en la CSJN, La Pampa realizó una presentación ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).
El informe, y la consecuente presentación judicial, coinciden con otra buena noticia para La Pampa. El anuncio del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, de que los fondos captados para la construcción de la represa Portezuelo del Viento se destinarán a otros fines, con lo que la polémica obra queda abortada.
La millonaria obra sobre el río Grande, que integra la cuenca del Colorado, no contaba con el acuerdo del comité de cuenca. Sin embargo, tanto la obra como el crédito internacional para financiarla, fueron autorizados por el entonces presidente Mauricio Macri en 2019.
