La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados debía reunirse este martes para pasar a la firma el proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, pero no reunión el quórum reglamentario. Sin embargo, los vocales debatieron sobre la problemática del sector pesquero en el Río Paraná.

Además del presidente de la Comisión, el santafesino Gabriel Chumpitaz y el vicepresidente César Treffinger, fueron al encuentro el misionero Carlos Fernández, los entrerrianos Atilio Benedetti y Blanca Osuna, y Agustina Propato. Según corroboró este medio, de los 31 vocales solamente estuvieron en el Anexo poco más de siete legisladores.

La primera en tomar la palabra fue la diputada entrerriana Blanca Osuna, quien sostuvo que “entiendo que estamos en una etapa en la que es complejo encontrar el quórum, pero estamos en una situación que aqueja a las especies ictícolas del Rio Paraná”. “Es grave la situación porque hay demandas que se vinculan con la pesca (deportiva y artesanal) y la situación está llegando a límites extraordinarios”, alertó la representante de Unión por la Patria.

“Lo que provoca esta situación es la confluencia de bajantes extraordinarias sucesivas, la no recuperación de un caudal de agua razonable para la reproducción de estos peces y una explotación desordenada y brutal”, explicó en detalle la diputada. Con énfasis y preocupación por la situación mencionada, propuso “generar un marco regulatorio que dé margen a que la naturaleza haga lo suyo y minimice el impacto humano sobre las especies ictícolas del litoral”.

Luego, el diputado misionero Carlos Fernández relató lo que sucede en la represa Yacyretá de su provincia: “Se ha tomado conciencia de este problema y se ha trabajado muchísimo”. Luego, añadió que “gracias a la participación público-privada se logró el cultivo de peces y hoy la provincia de Misiones exporta carpa, en el comienzo, y luego surubí, pacú, dorado y salmón”.

También, el diputado radical Atilio Benedetti, oriundo de la provincia de Entre Ríos, sumó su preocupación sobre el tema y amplió que la pesca de sábalo es un recurso renovable y es una fuente de trabajo de un número importante de pescadores que trabajan en las islas”.

Por último, la diputada nacional Agustina Propato habló de la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná y manifestó: “Considero oportuno declarar la ilegitimidad de la audiencia pública por no haber estado exhibidos en tiempo y forma los antecedentes ambientales”. Luego, remarcó la importancia de la arteria náutica porque implica “cuestiones portuarias, de defensa y seguridad nacional”.

Integrantes de Unión por la Patria, con la diputada entrerriana Blanca Osuna a la cabeza, presentaron un proyecto de ley para crear la comisión administradora del Río Paraná como ente de derecho público interjurisdiccional, con autarquía económica financiera, personería jurídica y capacidad de actuación, en el ámbito del derecho público y privado.

El objetivo propuesto en el texto es el de institucionalizar un ámbito interjurisdiccional de coordinación, promoción y ejecución de políticas públicas ambientales, económicas y sociales para el óptimo cuidado y aprovechamiento racional del Río Paraná y región adyacente.  Establece, además, que la comisión tendrá competencia en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires.

Además de Osuna, el proyecto de ley lleva las firmas de Diego Giuliano, Daniel Gollán, Micaela Moran, Pablo Todero, Roxana Monzón, Jorge Romero, Nancy Sand, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Pedrini, Sabrina Selva, Carolina Yutrovic, Eugenia Alianiello¸ María Luisa Montoto y Lorena Pokoik.

En los fundamentos fueron destacados el valor estratégico del Río Paraná como vía navegable, reserva de agua dulce y símbolo cultural; mencionados los antecedentes históricos y jurídicos que legitiman el dominio provincial sobre los ríos; y remarcaron la necesidad de una gestión coordinada e integral para afrontar crisis ambientales y garantizar un desarrollo sostenible.

Además, propone una manera para obtener el financiamiento de la comisión administrativa a través de la creación de un fondo de compensación ambiental para prevenir y reparar daños ecológicos; y a través de presupuestos estatales, donaciones y otros aportes.

Los otros objetivos de la comisión serán coordinar políticas ambientales, económicas y sociales para el cuidado y aprovechamiento del Río Paraná y su región; la promoción del uso racional del recurso hídrico; y la fortaleza de la soberanía fluvial frente a procesos de privatización de la via navegable.

Ante los incendios ocurridos en el Delta y en el marco del Día de la Prevención de los incendios forestales, la senadora nacional Nora del Valle Giménez (Unidad Ciudadana – Salta) expresó su preocupación en redes sociales y advirtió que “el 95% de los incendios son provocados por acciones humanas”, ante lo cual remarcó la importancia de trabajar en campañas de información sobre los daños que ocasionan los incendios.

En su cuenta de Twitter, la legisladora salteña escribió: “Hoy se recuerda en todo el mundo el Día de la Prevención de los #IncendiosForestales, que apunta a #CrearCoinciencia sobre los efectos devastadores que este tipo de fenómenos tienen en la naturaleza y el ambiente, pero también sobre las poblaciones, sus bienes y su bienestar”.

“Lo más preocupante es que según datos del @AmbienteNacion, el 95% de los incendios forestales en el país son provocados por acciones humanas. Un ejemplo es lo que ocurre hoy en el Delta del #RíoParaná, tema sobre el que presenté un #ProyectoDeDeclaración en el @SenadoArgentina”, manifestó la senadora oficialista.

En ese sentido, consideró: “Estoy convencida que hay que trabajar en una intensa campaña de información acerca de la destrucción del #Ambiente que provocan los #IncendiosForestales. Además, considero que cada foco de incendio debe ser investigado y sus autores sancionados por la #Justicia de manera ejemplar”.

“Es que, muchas veces, detrás de estas acciones se esconde el objetivo de avanzar con la producción agrícola o ganadera, o el desarrollo de proyectos inmobiliarios, todo esto a costa de la naturaleza y en muchos casos de los bienes y las vidas de las personas”, concluyó.

El diputado nacional y miembro del interbloque Federal Enrique Estévez (Partido Socialista – Santa Fe) presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental en el Delta del Río Paraná, crear un Programa de Recomposición Ambiental y la ejecución de un fondo específico, que permitan acciones concretas para combatir los incendios y trabajar en la prevención con mayor infraestructura.

“Los incendios son en lugares predecibles y, lamentablemente, los anuncios que han hecho tanto desde el Gobierno Nacional como el Gobierno de la provincia de Santa Fe no tuvieron efecto. No hay un interés real para esta catástrofe”, señaló Estévez quien solicitó de “manera urgente la aprobación de esta ley”.

Respecto a la iniciativa, señaló que “permitiría la creación de un fondo económico acorde a la magnitud de la tragedia ecológica que padecen los humedales del delta del Paraná, para que haya una inversión real destinada a recuperar lo dañado, prevenir futuros incendios y cuidar a los brigadistas con mayor infraestructura y recursos técnicos”.

Estévez viene llevando adelante la presentación de varios proyectos que ponen sobre la mesa la gravedad y la falta de decisión política ante el desastre ambiental que se está provocando en el delta, afectando a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

“El oficialismo nacional tiene la llave para abrir el debate en el seno del Congreso e impulsar la ley de humedales que es un piso que permitirá cuidar estos ecosistemas, pero deciden no hacerlo. Eso es una decisión política”, sentenció el diputado.

Y agregó: “Durante el 2020 trabajamos para tener un dictamen común, pero el oficialismo frenó su tratamiento en la comisión de Agricultura e hicieron que pierda estado parlamentario. Actualmente, trabajan en un proyecto de cuidado de los humedales que no tiene consenso, no da un marco ni herramientas para defender el ecosistema y solamente conserva el título de ‘ley de humedales’”.

El proyecto presentado por el diputado socialista considera fundamental que el programa de recomposición ambiental se trabaje articuladamente con las autoridades jurisdiccionales de - Santa fe, Entre Ríos y Buenos Aires - asignadas en el PIECAS.

“Es imperioso que exista una coordinación estatal entre la Nación, las provincias y el Poder Judicial”, fundamentó el diputado santafesino y cuestionó al ministro de Ambiente: “Cabandié, que deja mucho que desear, no tiene una noción real del tema, sólo viene al territorio como un gran relator sin un plan concreto de trabajo”.

A su vez, el legislador del interbloque Federal advirtió que “el ecocidio ha adquirido una dimensión alarmante. Existe el riesgo inminente de pasar un punto de no retorno, a partir del cual el ecosistema colapsa y pierde la capacidad de regenerarse”, y agregó: “A esto, se suma una repercusión negativa en la salud de las personas que viven en localidades aledañas a los incendios. Los niveles de contaminación por partículas detectadas en el aire superan los umbrales de contaminación determinados por la Organización Mundial de la Salud, lo que afecta considerablemente a grupos de riesgo, como pueden ser adultos mayores y niños, dejando secuelas en personas con afecciones cardiológicas y pulmonares.

“Si el humo no llega a Capital Federal es como si no hubiese pasado nada, hay una mirada que termina en la panamericana, no les interesa lo que pasa en el interior del país”, concluyó.