Piden evitar que se tercerice a los complejos de Chapadmalal y Río Tercero

La exgobernadora y actual senadora nacional Alicia Kirchner presentó una iniciativa para que esos centros turísticos se mantengan vigentes para uso exclusivo para el turismo social.

El complejo de Chapadmalal.

La senadora por Santa Cruz Alicia Kirchner presentó un proyecto para que se declare a los complejos turísticos de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, y Embalse Río III, en Córdoba, de uso exclusivo para turismo social con criterios inclusivos y federales, y se evite la tercerización de estos espacios con otros objetivos. La gestión de Javier Milei dispuso el cierre de ambas unidades turísticas.

Ambos complejos hoteleros fueron construidos entre 1945 y 1951 por la presidencia de Juan Domingo Perón e impulsados por la Fundación Eva Perón con el objetivo de desarrollar el turismo social en todo el país.

Muchas generaciones de niños, jóvenes y adultos han visitado estos complejos como partes de delegaciones deportivas o estudiantiles dando la posibilidad de vacacionar, el intercambio cultural y conocer otros puntos del país.

“Tenemos un patrimonio nacional histórico que garantiza las vacaciones, encuentros educativos, deportivos y recreativos a los que menos tienen”, afirmó la legisladora nacional, que en el proyecto destacó que pensar al turismo desde una perspectiva de justicia social permite desarmar la idea de que vacacionar es exclusivo de las elites.

“El derecho al descanso, al tiempo libre, al acceso a paisajes naturales, son elementos que hacen a una sociedad más justa e igualitaria”, añadió Kirchner.

Asimismo, recordó que durante la gestión de Cambiemos, diez de los 16 hoteles quedaron fuera del sistema de turismo social, y en 2019, con el cambio de gobierno se elaboró un plan para recuperar el patrimonio histórico y la capacidad edilicia de los complejos. En 2023, más de 100 mil personas visitaron estas unidades turísticas, según detalló Alicia Kirchner.

Por último, la senadora manifestó su preocupación ya que la actual gestión dispuso el cierre a partir del mes de marzo y subrayó: “Nos embarga una profunda preocupación por el destino de los complejos, como así también de las partidas presupuestarias que garantizan al turismo social”.

Brouwer de Koning encabezó una audiencia con Pettovello por la Universidad Nacional de Río Tercero 

Fue a raíz de la resolución del Ministerio de Capital Humano que puso en revisión la creación de cinco universidades. Participaron además el intendente de la ciudad y el secretario de Educación. 

A raíz de la puesta en revisión de cinco universidades nacionales por parte del Gobierno, la diputada cordobesa Gabriela Brouwer de Koning (UCR) mantuvo una audiencia este miércoles con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Del encuentro participaron además el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer; Pablo Yannibelli, quien se desempeñó hasta hace unos días como rector normalizador de la Universidad Nacional de Río Tercero; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez

A través de una resolución firmada por Pettovello, cinco universidades nacionales creadas por ley el año pasado se pusieron en revisión, además se dejó sin efecto la designación de rectores normalizadores y la posibilidad de comenzar con el dictado de las actividades académicas. Entre esas universidades se encuentra la de Río Tercero que, debido a dicha medida, se ha visto imposibilitada de iniciar el ciclo académico 2024.

La decisión generó preocupación en toda la comunidad que impulsó la creación de la universidad como una medida de reparación histórica ante el atentado sufrido en Fábrica Militar Río Tercero en 1995, planificado y ejecutado en el seno del mismo Estado nacional.

En la audiencia, Brouwer de Koning, junto a Ferrer y Yannibelli, expusieron su preocupación y una pormenorizada y detallada presentación de todas las acciones destinadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Educación Superior, que han sido llevadas adelante desde la sanción de la ley por parte del Congreso. 

Entre estas acciones se puede mencionar la confección y aprobación del estatuto, la presentación del proyecto y el plan institucional, en el que en 2.400 páginas se expone la oferta académica (con 22 carreras), 150 perfiles de docentes, 52 convenios marco de cooperación entre la UNRT e instituciones de la sociedad civil, gremios, colegios profesionales, cámaras empresariales, empresas locales y regionales, otras Universidades Nacionales, organismos públicos y privados. “Un trabajo sólido que marca el apoyo de toda la sociedad, el profesionalismo con el que se ha trabajado y la articulación con otras instituciones”, destacaron. 

Y sumaron que “es trabajo sólido que construyó legitimidad mediante el apoyo de diversos sectores de la sociedad, el profesionalismo con el que se trabajó, la articulación interinstitucional e intersectorial y el fiel cumplimiento de las exigencias establecidas para garantizar la misión del sistema de educación superior”. 

Sobre la reunión, la diputada radical informó: “Nos recibieron muy bien. Nos agradecieron que hayamos ido a defender la universidad y el proceso que llevamos adelante. Con la información recabada se comprometieron a evaluar si los pasos que dimos son acordes a la ley, por lo que esperamos se continúe a la brevedad el proceso”. 

“Es facultad del Gobierno controlar el proceso administrativo; estamos de acuerdo con que todas las áreas del Estado nacional sean auditadas, funcionen correctamente y lleven adelante los objetivos para los cuales han sido creadas”, sostuvo. 

La legisladora cordobesa resaltó que tienen “la certeza de haber demostrado que lo actuado hasta el momento cumplió con todos los estándares de transparencia, idoneidad y responsabilidad requeridos por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior”.

“Creemos que es necesario revertir la resolución administrativa del Ministerio. Y además proponemos reafirmar la relevancia que tiene para nuestra sociedad el sistema de educación superior, que debe aspirar a la construcción de propuestas académicas innovadoras, con docentes concursados, calidad en los programas de estudio, modernización y vinculación con el sector productivo. Para esto se necesita poder seguir trabajando y un presupuesto universitario que garantice dar cumplimiento a las metas propuestas”, concluyó Brouwer de Koning. 

 

Por DNU, el Gobierno estableció nuevas indemnizaciones para los afectados por la voladura de Río Tercero

El decreto fue publicado este jueves en el Boletín Oficial. También se oficializó la medida que elimina el límite de 18 años para los derechohabientes de excombatientes de Malvinas.

El Poder Ejecutivo nacional estableció, a través del decreto de necesidad y urgencia 596/23, la actualización de los montos de las indemnizaciones para los damnificados, o sus herederos, por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995 y que causó siete muertes y unos 300 heridos.

Los nuevos valores serán: por muerte, $8.000.000; lesiones gravísimas, $5.600.000; lesiones graves, $4.800.000; daño moral, $800.000; y daño material $760.000.

En los considerandos, el Gobierno recordó que en la década de los ’90, por medio de distintos decretos, se otorgaron compensaciones pero “las mismas resultaron insuficientes con el fin de brindar una adecuada respuesta institucional a todos los damnificados por tan dolorosos acontecimientos; situación que generó que se entablara una serie significativa de demandas contra el Estado Nacional”.

Luego se señaló que el Congreso sancionó la Ley 27.179, “por la cual se establece que tendrán derecho a percibir una indemnización por sí, o a través de sus herederos, en su caso, las personas que a la fecha de su entrada en vigencia se encontraren reclamando judicialmente los daños y perjuicios ocasionados por los acontecimientos acaecidos los días 3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero”.

A pesar de la sanción de esta norma, su decreto reglamentario y las resoluciones dictadas por el Ministerio de Defensa, “tales pretensiones no han sido satisfechas”, resaltó el Ejecutivo.

“Habiéndose dispuesto las medidas reseñadas para paliar el dolor, la angustia, la tristeza y la impotencia sufrida en tantos años, resulta necesario implementar sin demoras una solución simple, integral y definitiva, ofreciendo un reconocimiento económico de tipo monetario para todos aquellos que se hayan adherido a los términos de la Ley 27.179”, se indicó y agregó que “en aquellos supuestos en que hubieran cobrado menos que la reparación que se prevé en el presente decreto, se les abonará la diferencia que corresponda”.

Por otra parte, este jueves se oficializó el DNU 595/23, por el cual dejará de regir el límite de edad de 18 años para los derechohabientes de los veteranos de Malvinas, así como el requisito referido a su estado civil, con el propósito de que puedan continuar recibiendo las pensiones establecidas por ley.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, durante un acto en el Puerto de Buenos Aires, en el marco de la ceremonia de inicio de la 120° Campaña Antártica de Verano 2023/2024.

Los argumentos del decreto subrayan que “resulta necesario disponer que no rija para los hijos y las hijas de los Veteranos de Guerra la limitación de edad a que hace referencia el inciso e del artículo 53 de la Ley N°24.241, permitiéndoles así que puedan percibir la pensión honorífica con que se reconociera a sus padres, más allá de los 18 años, en ausencia de viuda, viudo o conviviente y de otros hijos u otras hijas menores o con discapacidad, resultando asimismo indiferente su estado civil a esos fines”.

“La situación económico social que afecta, en particular, a los sectores de menores ingresos, entre los que se encuentran los Veteranos de Guerra, impide cumplir con los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”, se justificó sobre el uso de DNU.

Brouwer de Koning intercedió ante Rossi por el pago de las indemnizaciones del atentado a Río Tercero

La diputada cordobesa de Evolución Radical se reunió con el jefe de Gabinete, quien se comprometió a que se pueda acelerar ese proceso.

La diputada nacional de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning mantuvo una audiencia con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. En el encuentro, la cordobesa le trasladó los reclamos de más de diez mil damnificados por el atentado que sufrió Río Tercero el 3 de noviembre de 1995, y que aún no han encontrado respuesta por parte del Estado Nacional.

En ese sentido, la cordobesa recordó que actualmente se está incumpliendo la Ley 27.179 que obliga a la Nación a indemnizar a las víctimas. Según reveló la legisladora, Rossi “se comprometió a generar las acciones como jefe de Gabinete para que se pueda acelerar el proceso y así finalmente cumplir con el pago y cerrar una etapa de 27 años de impunidad”.

El encuentro se suma a múltiples audiencias que la radical viene teniendo tanto con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como con el Ministerio de Defensa. En dichas reuniones se pudieron identificar ciertas trabas burocráticas que dificultan el cobro de las indemnizaciones y que las autoridades se comprometieron a remover.

“Este es un compromiso que asumí desde mi primer día como diputada. Cada paso que doy, cada oportunidad que tengo, sigo y seguiré defendiendo nuestro reclamo de reparación histórica integral”, sostuvo Brouwer de Koning.

Y agregó: “En este caso, bregando para que se paguen a los más de 10.000 damnificados su justa indemnización. La predisposición es siempre agradecida, pero ya es hora de que se pase a la acción de una vez por todas”.

A 27 años del desastre en Río Tercero, piden conmemorar esta fecha

Oriunda de esa ciudad, la diputada de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning impulsa un proyecto para declarar Día de la Memoria y Solidaridad al 3 de noviembre.

La diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning impulsa un proyecto para instituir el 3 de noviembre como “Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del Atentado contra la Fábrica Militar Río Tercero”, en coincidencia con la fecha en la que tuvo lugar el atentado perpetrado en esa misma fecha de 1995.

La iniciativa sugiere que cada año ese día la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios y lugares públicos en los que se promoverá la realización de actividades alusivas.

También el Poder Ejecutivo realizará en la semana del 3 de noviembre actividades y campañas en pos de sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la corrupción, el tráfico ilegal de armas y a favor de la paz y la no violencia. Se dispondrán además los medios necesarios a fin de que los establecimientos primarios y secundarios de gestión pública y privada organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha.

El recuerdo del desastre

El 3 de noviembre de 1995 a las 8.55 de la mañana, la ciudad de Río Tercero se vio conmovida por las explosiones registradas en la Fábrica Militar de esa ciudad, recuerda la diputada de Evolución Radical en los fundamentos de su proyecto, donde da precisiones muy vívidas de lo ocurrido ese día y a posteriori.

Alrededor de las 9 de la mañana se produjo la primera gran explosión. La denotación fue escuchada a decenas de kilómetros y destruyó con su onda expansiva todos los vidrios del sector urbano, y en los barrios más cercanos afectó seriamente a las estructuras de las viviendas.

Había estallado la planta de carga de la industria, donde operarios acomodaban proyectiles que se llenaban en la fábrica con un montacargas. A la distancia, la gente que trataba de escapar de la ciudad veía un enorme hongo de humo elevándose sobre la fábrica.

A las 9.15 se produjo otra gran detonación en los depósitos de expedición y suministros, galpones sin ninguna protección, repletos de proyectiles de guerra y pegados a uno de los barrios, Las Violetas. Las viviendas en los sectores más cercanos comenzaron a derrumbarse y los proyectiles allí acumulados volaban sobre la ciudad.

A las 9.30 se produjo la tercera detonación, tal vez la más potente, que devastó a las viviendas ya dañadas que aún se mantenían en pie en los barrios más cercanos, mientras en el resto de la ciudad había diferentes daños. Ya se comenzaba a hablar de personas fallecidas. Las heridas se contabilizan de a cientos.

Miles de habitantes se marchaban del golpeado Río Tercero. Las calles, terrenos, aceras, estaban cubiertas de proyectiles de guerra, millones de esquirlas, pedazos de mampostería y de vidrios, que también se habían convertido en esquirlas. Llegaba personal de las fuerzas de seguridad federales, provinciales y bomberos de distintos cuarteles. Decenas de aviones y helicópteros sobrevolaban el cielo cubierto de humo de Río Tercero. Las explosiones, ya de menor intensidad, proseguían. Se conocía de las primeras víctimas fatales. Las poblaciones de la región se habían convertido en sitios de recepción de miles de personas. En ese contexto, otras miles buscaban a sus seres queridos, que no conocían en dónde estaban. Hubo familias que recién pudieron reunirse luego de una semana de acontecido aquel desastre.

Por la mañana habían llegado funcionarios nacionales y provinciales. Cuando aún no se había podido conocer el origen de aquella calamidad, arribaba el entonces presidente, Carlos Menem. En una conferencia brindada en la municipalidad, el mandatario aseguró ante la consulta de un periodista que era “un lamentable accidente”. Aún la Justicia Federal, a cargo de la investigación, no se había pronunciado.

La ciudad quedó dividida por zonas, según el nivel de riesgo, de acuerdo a la cercanía con la industria de los barrios. Había una denominada “zona roja”, en donde nadie podía ingresar por estar dicho sector regado de proyectiles de guerra. Los mismos eran retirados, tanto desde ese lugar por efectivos de la policía provincial y personal de las fuerzas federales, como del resto de la ciudad.

Con los días, se permitía ingresar a las familias que vivían en esos barrios, para que retiraran objetos que habían dejado, cuando se habían colocado a resguardo del bombardeo. Al llegar encontraban a sus casas totalmente destruidas, a punto de desplomarse o inhabitables.

El director del establecimiento, Jorge Cornejo Torino, en un programa televisivo, aseguró que en la industria nada quedaba que pudiera inferir un riesgo para la población. Sin embargo, se conocería luego, que los proyectiles que se habían esparcido en el interior del predio estatal, habían sido llevados al polígono de tiro de la misma, junto a la costa del río Tercero.

El viernes 24 de noviembre en horas de la tarde, dos semanas después del hecho, ese cúmulo de proyectiles comenzaba a estallar. Nuevamente, como en la mañana del viernes 3, se producía una gran detonación y otro enorme hongo de humo se elevó sobre la ciudad. Miles de personas escaparon de Río Tercero nuevamente.

Quiénes fueron las víctimas fatales

Las víctimas fatales directas, quienes murieron en aquella mañana del viernes 3, fueron siete vecinas y vecinos. Se especula, también, que las víctimas fatales indirectas, pueden contarse por decenas, considerando el estrés que sufrieron muchas personas que padecían enfermedades preexistentes. Así detalla la diputada radical los nombres de las víctimas fatales y la manera como fallecieron:

Aldo Aguirre, de 25 años, trabajaba en cercanías de la terminal de ómnibus, en la conservación de espacios verdes. Estaba a unos 700 metros de la planta estatal. Lejos de escaparse, en aquella mañana, había acompañado a una mujer con dos criaturas a cruzar una de las calles. Estaba ayudando, luego, a una joven que se había caído en su ciclomotor, con la segunda gran explosión. Un pedazo de metal acabó con su vida.

Elena Rivas, de 52 años en su casa de barrio Monte Grande, luego de la primera explosión, le había señalado a su esposo Manuel: “Voy a la casa de ‘Pocho’ para conocer como están”. Manuel le dijo que no lo hiciera, pero tomó su bicicleta y se dirigió a la vivienda de ese familiar, en barrio El Libertador, uno de los más afectados. Nunca llegaría. Una esquirla la golpeó, quedando mal herida en una de las arterias cercanas al edificio de Tribunales. Falleció en un hospital de Córdoba.

Leonardo Solleveld, de 32 años, en su casa de barrio Cerino, le señaló a su esposa Silvia que se quedara con los chicos, que iba a buscar un vehículo para sacarlos de ese infierno. No retornaría.

Silvia, ante la demora, salió de la vivienda y lo encontró tendido en el piso, en una esquina, ya sin vida. Una esquirla había impedido que prosiguiera.

Hoder Dalmasso, “El Rayo” de 52 años, luego de evacuar con otras y otros docentes a la ENET, se había dirigido a su casa, para conocer como estaban sus dos pequeñas hijas. En el camino, un ataque cardíaco terminaba con su vida. El estrés había sido demasiado. “Rayo”, nunca conocería, o tal vez desde algún lugar sí lo haría, que su esposa, Ana “Coca” Gritti, sería la abogada que evitó que la causa judicial se cerrara como un simple accidente. La Justicia, en 2014, le otorgó la razón.

Romina Torres, “La Romi”, de 15 años, estudiante del Nacional José Hernández, con una compañera, corrían por barrio Escuela hacia la casa de la hermana de su amiga. Allí se abrazaron, intentando protegerse. Una esquirla golpeó a “Romi”, quitándole la vida.

Laura Muñoz, de 27 años, corrió por las calles de barrio Escuela, con su mamá, abrazada con su hermano, Fabián, cuando una esquirla la golpeó. Fabián hizo todo para salvarla, detuvo a un vehículo, la llevó en el mismo a una clínica, pero ya nada podía hacerse.

José Varela, de 51 años operario de Fábrica Militar, el “sanjuanino”; “el Cacho”, como lo llamaba su mamá Ramonita en su pueblo, Corralito, había estado protegiéndose a metros de los estallidos, en la casa de un militar, que le dijo que se quedara. Allí permaneció, soportando aquello entre las 9 y las 18. Luego, lo buscaban un primo y un amigo, para retornar a su pueblo, para ver a su madre. El estrés había sido demasiado. Falleció de un ataque cardíaco al llegar.

La investigación judicial

La causa, instruida por la Justicia Federal de Río Cuarto, se mantuvo desde el inicio sobre el presunto del “accidente”. Con la insistencia de Ana Gritti, querellante penal, eso cambiaría. Fue el juez subrogante de Bell Ville, Oscar Valentinuzzi, quien, luego de que dejara la sede riocuartense el primer magistrado instructor, Luis Rodolfo Martínez, y pasara por la causa un conjuez, Diego

Estévez, se había hecho cargo de la instrucción, determinando que se había tratado de un hecho intencional, además de dictar procesamientos. En el año 2011, los fiscales Carlos Gonella y Guillermo Lega, solicitaban al ya designado juez titular, Carlos Ochoa, la elevación a juicio.

En el año 2014 fueron juzgados por el delito de “estrago doloso agravado por la muerte de personas”, cuatro exmilitares, que habían tenido, al momento del atentado, cargos jerárquicos, tanto en la industria como en la Dirección General de Fabricaciones Militares: el entonces director de la Fábrica Militar, Jorge Antonio Cornejo Torino; el director de Producción, Carlos Franke; y el entonces director de Coordinación Empresaria, Edberto Gónzalez de la Vega. Recibieron 13 años de prisión.

Marcelo Gatto, entonces jefe de Producción Mecánica de la industria, recibía 10 años. El expresidente Carlos Menem, beneficiado con una falta de mérito, no estuvo en aquel juicio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó luego firmes las condenas. Quienes habían sido sentenciados ya estaban cumpliendo la mismas. Con este fallo, quedaba confirmada la certeza judicial de que se trató de “un atentado explosivo intencional” que tuvo como objetivo borrar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem. Vale recordar que Argentina era garante de la Paz en el conflicto entre Perú y Ecuador y en Croacia formaba parte de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz mediante el envío de cascos azules bajo el mandato de la ONU.

El juicio se había realizado en 2014 en el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba. Los integrantes del tribunal, habían concluido en sus fundamentos (…) Las conclusiones a las que hemos llegado en los apartados precedentes (…) nos han llevado inexorablemente al pleno convencimiento que se trató de un atentado explosivo provocado de modo intencional, organizado y direccionado, para concretar el móvil de lograr el ocultamiento de pruebas para la investigación del contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices (…) Se reitera, por si acaso, lo señalado por los jueces: (…) se trató de un atentado explosivo (…) Aún con esto, es importante recordar, que aún se sigue mencionando, también en los medios de comunicación, cuando se alude a lo sucedido en Río Tercero como “las explosiones” o “la voladura”. Sólo eufemismos.

Claro que fueron “las explosiones” y “la voladura”, pero las mismas surgieron de un plan diseñado perversamente para destruir pruebas de un ilícito, con todo lo que eso significa socialmente para la ciudad y el país. Se trató de “un atentado”, uno de los más atroces de la historia argentina. Seguir en esa línea discursiva-informativa, es minimizar lo ocurrido en aquel 1995.

En febrero del año 2021, se había fijado la primera audiencia de la prosecución del juicio de 2014, ya con Carlos Menem, imputado como “autor mediato” de lo sucedido, en el TOPE 2 de Córdoba.

El expresidente había sido procesado nuevamente. Falleció pocos días antes de iniciarse el juicio.

Menem fue declarado “persona no grata” en Río Tercero

Lo dispuso a través de un decreto el intendente de esa ciudad, Marcos Ferrer, a propósito del atentado ocurrido en 1995 en la Fábrica Militar.

En el marco de la conmemoración de los 25 años de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, el intendente Marcos Ferrer firmó un decreto que declara al senador y expresidente Carlos Saúl Menem “persona no grata” y prohíbe erigir estatuas, monumentos o alegorías en homenaje suyo, como así también imponer su nombre en calles, avenidas, plazas, paseos o lugares públicos.

El trágico atentado ocurrido el 3 de noviembre de 1995 originó en la Fábrica Militar de Río Tercero una serie de explosiones que provocaron la muerte de siete personas, más de 300 heridos y enormes y cuantiosos daños materiales en la ciudad.

El atentado fue pergeñado, guiado e implementado desde el Estado, según señala el fallo judicial que sostiene que “se trató de un atentado provocado de modo intencional, organizado y direccionado para lograr el ocultamiento de pruebas sobre el contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices”.

La Justicia determinó que esos estallidos fueron provocados para ocultar pruebas sobre el tráfico de armas en el que estuvieron involucradas altas autoridades del país.

Después de varios años de pedidos de justicia, hubo condena para algunos de los involucrados y se espera el desarrollo del juicio que tendrá en el banquillo de los acusados a Menem, actual senador del Frente de Todos.

DECRETO-638-2020