Funcionarios defendieron en Diputados los cambios en el impuesto a las Ganancias para sociedades

Roberto Arias y Mercedes Marcó del Pont expusieron ante la Comisión de Presupuesto. El Frente de Todos espera dictaminar el jueves. Objeciones de la oposición.

El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, defendieron este lunes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica las alícuotas del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, generando un esquema de reducción gradual.

Los funcionarios participaron de una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller (Frente de Todos), donde el oficialismo buscará firmar dictamen este jueves.

El primero en exponer fue Arias, quien recordó que en la reforma tributaria de 2017 se establecieron, para los períodos fiscales 2018 y 2019, alícuotas del 30% para las sociedades y del 7% sobre los dividendos distribuidos. En ese entonces se dispuso que a partir de 2020 las tasas serían del 25% y del 13%, respectivamente.

Luego, la Ley de Solidaridad Social sancionada en 2019 suspendió la baja por un año (2020), manteniendo las alícuotas del 30% y del 7%, y ahora el Ejecutivo propone nuevas alícuotas.

Sobre la ganancia neta imponible acumulada de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%. Sobre la distribución de dividendos, en tanto, todas las empresas pagarán una alícuota del 7%.

El proyecto oficial propone una actualización anual de los tramos de las escalas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la primera de ellas en enero de 2022.

Todos los países del mundo aplican alícuotas relativamente altas, y esto, a nuestro juicio, tiene un impacto marginal en las decisiones de inversión. El hecho de que el impuesto sea cinco puntos más alto o más bajo ha tenido un impacto prácticamente nulo o marginal porque las posibilidades de inversión dependen de muchos otros factores”, consideró Arias.

En ese sentido, sostuvo que “son mucho más importantes los factores macroeconómicos”, como se demostró entre 2018 y 2019, cuando la tasa de inversión pasó del 20% al 17%.

Arias explicó que la reforma de 2017 tuvo un “error de fondo” porque “el sistema impositivo que tiene que estar contextualizado”, por ejemplo, teniendo en cuenta los niveles de inflación en Argentina.

El funcionario dijo que se busca ir hacia “un nivel de recaudación del impuesto cercano a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, que es del 3% del PBI, siendo que es un impuesto que tiene la ventaja de que grava las ganancias”.

Señaló a su vez que “en esta situación tan difícil” por la crisis heredada y la pandemia, “las empresas que más ganan tienen que pagar más impuestos, mientras que las que tuvieron pérdidas no tienen que ver aumentada su carga tributaria”.

“Ganancias es el mejor impuesto que se aplica en condiciones de crisis, porque las empresas que han tenido problemas no van a ver afectada su capacidad económica, mientras que las grandes, que han tenido muchas ganancias, es justo que hagan un aporte adicional”, aseguró Arias.

Asimismo opinó que “es absolutamente oportuno en términos internacionales” aplicar esta reforma al igual que en otros países.

Por su parte, Marcó del Pont indicó que sobre todo en el contexto de la pandemia, “la forma más permanente, más virtuosa y más genuina de financiar las políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos”, y “Ganancias es uno de los más progresivos del esquema impositivo”.

“Se están gravando las ganancias, no la facturación, y eso es muy equitativo”, destacó la titular del ente recaudador, y añadió que “la reforma garantiza fuentes de financiamiento genuinas para las políticas públicas, permite profundizar la progresividad del tributo y saldar una deuda histórica con las pymes” que pedían una rebaja.

Recordó que “el proyecto original era más restrictivo, y a partir de un diálogo con los legisladores se modificó” para que nueve de cada diez empresas tengan una alícuota reducida, ya que con la anterior iniciativa se beneficiaban casi siete de cada diez.

Marcó del Pont fue muy crítica de la reforma de 2017 y lo fundamentó con números: informó que entre 2018 y 2019 se perdieron 261.000 millones de pesos en términos de recaudación.

A las provincias eso les significó una merma de su recaudación de 156.000 millones de pesos, debido a que es un impuesto coparticipable, y de seguir aplicándose esa reforma “se hubieran llegado a perder 582.000 millones, con casi 350.000 millones de pérdida para las provincias”, advirtió la funcionaria.

Por último, señaló que a nivel internacional existe una visión muy crítica de bajar impuestos, de desregulación del mercado y de los flujos financieros. “La flexibilidad de normas y la baja de impuestos no generaron el efecto derrame. Las rentas que se generaron provocaron una mayor concentración de la riqueza”, observó.

“La alternativa a esto es el endeudamiento. Y ya lo vivimos. Esta ampliación del espacio fiscal que supone recaudar a través de un impuestos directo vuelve en política públicas”, definió.

Las objeciones de la oposición

Por la UCR, Alejandro Cacace hizo énfasis en las idas y vueltas del Gobierno: recordó que después de suspender la rebaja de las alícuotas durante 2020, a principios de 2021 se propuso prorrogar esa suspensión por un año más; luego en marzo se envió un proyecto con una graduación de escalas diferente, y finalmente se presentó este último proyecto con nuevas alícuotas.

Arias respondió que “todos los proyectos van en la misma dirección, que es deshacer la reforma tributaria de 2017”, y “entre el segundo proyecto y el tercero la única modificación es en los umbrales de Ganancias”.

Cacace también defendió la alícuota del 13% aprobada durante la gestión anterior sobre la distribución de dividendos, al destacar que “era con la idea de generar una reinversión de utilidades”. Y puntualizó que a diferencia del impuesto a las Ganancias en personas físicas, donde “la carga recae enteramente sobre el contribuyente”, en las empresas “hay una capacidad de traslación del impuesto que puede resultar en un incremento de precios”.

Por su su parte, Jorge Sarghini (Consenso Federal) consultó si el Gobierno está decidido a bajar Ganancias para las empresas de juegos de azar, según su interpretación -y la de algunas notas periodísticas- sobre la redacción del artículo cuarto, pero Arias rechazó de plano esa posibilidad. “Es una mala lectura del proyecto”, aclaró, y ratificó que la alícuota del 41,5% quedará igual.

Sin embargo, Luis Pastori (UCR) recogió el guante y consideró que la redacción debería ser clarificada, tal como sucedió semanas atrás cuando se desató la polémica por el diferencial del 22% para trabajadores patagónicos en la última reforma de Ganancias para personas humanas.

A su turno, Luciano Laspina (Pro) advirtió que “Argentina viene con una presión impositiva muy grande” y por eso le preocupa “que esto opere como un desincentivo (a la inversión) adicional”.

Hoy la tasa de inversión en Argentina está entre las más bajas del planeta, no alcanza ni siquiera para reponer el stock de capital que se deprecia, y no hay generación de empleo en el marco de la pandemia, pero hace diez años que no creamos empleo en el sector privado formal”, describió el economista.

También cuestionó que se tome como modelo el promedio del 3% de recaudación de los países de la OCDE, que “tiene un nivel de evasión impositiva mucho más bajo de lo que tiene la Argentina”, pero Arias defendió las comparaciones.

Desde la Coalición Cívica, Javier Campos se preguntó “si analizaron la rentabilidad empresaria argentina en relación a otros países”, al advertir que “sean pymes o grandes empresas, es muy baja en relación al capital invertido”. “Las empresas no valen nada en Argentina porque no ganan en función del capital invertido”, lanzó.

También sostuvo que “decir que no ha habido inversión porque la baja del impuesto a las Ganancias no tuvo el efecto esperado es no reconocer toda la enorme caterva de impuestos que están influyendo sobre las inversiones”.

Arias le contestó a Campos: “Efectivamente, hay una baja en la tasa de inversión que nosotros no atribuimos a la baja de Ganancias. Decir que un aumento no va a modificar sustancialmente la tasa de inversión no significa lo contrario. Obviamente la tasa de inversión cayó por una crisis macroeconómica que se produjo en 2018/2019, y que en 2020 se profundizó por la pandemia”.

Arias calificó a la iniciativa de Ganancias como “sustentable, progresiva y una cuestión de justicia”

El secretario de Política Tributaria informó que el proyecto está en línea con las necesidades presupuestarias de este año.

El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, asistió este martes al plenario de comisiones que trató la iniciativa de reforma de impuesto a las Ganancias, a la que calificó como “sustentable, progresiva y que le va a dar mayor justicia a los trabajadores y trabajadoras”.

A partir de la ley se va a “facilitar que una cantidad muy importante de trabajadores, trabajadoras, y también jubilados y pensionados, dejen de pagar el impuesto a las Ganancias, lo que tiene un impacto directo en el bolsillo, un impacto reactivador”.

“Consideramos que es un acto de justicia y que no afecta la progresividad del impuesto, debido a que se está corrigiendo una distorsión que se produjo en los últimos años”, señaló, en referencia a que en los cuatro años del gobierno de Cambiemos “aumentó aproximadamente un 80%” la cantidad de personas alcanzadas por el tributo.

El funcionario indicó que la corrección se hace “focalizando el alivio en las personas de menores ingresos”. Citando al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, apuntó que “1.200.000 trabajadores quedarían exentos y 100 mil jubilados”, pero además “a 200 trabajadores se les ve reducida la carga tributaria; son las personas que están dentro de los 150 y 173 mil pesos”. Por lo tanto, la medida beneficiará alrededor de un millón y medio de personas, destacó.

Arias coincidió que el costo fiscal ronda los “47 mil millones de pesos”, aunque en la cartera de Economía manejan “un supuesto un poco más bajo, pero no sustancialmente más bajo, y a esto va a haber que agregarle algunas incorporaciones” que se hicieron tanto en el dictamen como en el recinto.

“Es una ley necesaria”, sostuvo el subsecretario, que recordó que se estuvo trabajando en conjunto “en aspectos técnicos, como en darle una redacción y un alcance que sea acorde con las necesidades presupuestarias de 2021”, además de cuidar “con bastante detalle que no tenga efectos no deseados, vinculados a la política salarial y la recuperación del salario real”.

Funcionario de Economía cuestionó la abstención de Laspina por Ganancias

Se trata del secretario de Política Tributaria, quien criticó al diputado de Juntos por el Cambio en las redes sociales.

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El secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, destacó este lunes la aprobación por amplia mayoría de la baja del impuesto a las Ganancias, pero apuntó de paso a una de las tres abstenciones que se registraron en la votación de la mañana del domingo: la del vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina.

“La abstención de Luciano Laspina refleja el pensamiento económico de JxC y está alineada con sus políticas tributarias de 2015-2019”, señaló a través de las redes sociales. Allí recordó que Laspina fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante de las leyes tributarias de los años 2015-19 que a juicio de Roberto Arias “fueron parte importante del estrepitoso fracaso económico de la administración de Juntos por el Cambio”.

Sostuvo Arias que “las medidas tributarias de Juntos por el Cambio en 2015-19 fueron muy desacertadas con: Derechos de Exportación, Ganancias, Bienes Personales, Combustibles Líquidos, Contribuciones Patronales, incluso con IVA (que se redujo POR DECRETO, inconstitucional en forma flagrante), etc”. Agregó que en el mandato de Mauricio Macri “la cantidad de retenidos por Impuesto a las Ganancias aumentó casi un 80% (de 1,2 a 2,1 millones de personas), siendo que se perdieron más de 500.000 empleos en relación de dependencia y el salario real cayó casi un 20%. ¿La promesa del 2015? Bien, gracias”.

“Mientras aumentaba la carga tributaria del Impuesto a las Ganancias que alcanza a los trabajadores (repito: incluso con caída de empleos y salarios!), el Gobierno de Juntos por el Cambio reduce las alícuotas de Ganancias que pagan las grandes empresas del 35% al 25%”, apuntó el funcionario de Economía.

Roberto Arias sostuvo que en su discurso, Luciano Laspina dijo que su bancada acompañaba cualquier rebaja de impuestos que proponga este gobierno, ante lo cual se preguntó “¿por qué no apoyó entonces una baja de un impuesto que afecta a los trabajadores que ganan menos de $150.000? ¿O solo le gusta bajar impuestos a las grandes empresas?”.

El secretario de Política Tributaria concluyó recordando que desde el 10 de diciembre de 2019 “se están revisando las medidas de JxC, lo cual no nos hace felices porque el sistema tributario debe tener estabilidad, pero eran regresivas y restaban recursos para el Estado (y en especial para ANSES)”.

La réplica de Laspina

El diputado Luciano Laspina le respondió a través de Twitter: “Me gustaría escuchar tu tesis en algún congreso internacional sobre la eficiencia y progresividad de subir Ingresos Brutos y bajar Ganancias”.

“O de eximir hasta 300.000 mensuales si es por cobro de bonus por productividad. O del engendro de MNI que representa esta ley. Destrozaste la 4ta categoría. Felicitaciones. Habrá que explicarlo en el Senado que pagan la mitad de este sinsentido”, agregó el legislador santafesino, que concluyó invitando a Roberto Arias a debatir las reformas implementadas durante la gestión de Cambiemos y compararlas con las de Juntos por el Cambio y con la experiencia internacional. “A ver cuáles son más eficientes y progresivas. Me enorgullece haber presidido PyH en el primer gobierno en bajar impuestos a empresas y trabajadores”, concluyó.

Con la participación de funcionarios, arrancó en Diputados el debate sobre Ganancias

El ministro de Trabajo, la titular de la AFIP y el secretario de Política Tributaria expusieron ante un plenario de comisiones sobre los proyectos de suba del mínimo no imponible y de cambios al régimen de monotributo. La discusión se reanudará el jueves con especialistas.

carlos heller plenario impuesto a las ganancias

Con la participación de funcionarios que intercambiaron con los diputados, arrancó este martes el debate sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y los cambios al régimen de monotributo, dos proyectos de ley de fuerte impacto económico que el oficialismo espera aprobar la semana próxima en el recinto de la Cámara baja.

La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Las comisiones volverán a reunirse el jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y lo harán nuevamente el viernes a las 15 con la presencia de sindicalistas, según anunció Heller al comienzo de la videoconferencia.

Las dudas de la oposición

Al momento de las preguntas, el radical Luis Pastori afirmó que desde Juntos por el Cambio están de acuerdo en “varias de las reformas” introducidas en Ganancias, como la deducción del concubino o la vigencia de la ley a partir del 1ro. de enero, pero sugirió otros cambios.

En ese sentido, el misionero pidió eliminar la limitación de los jubilados que estarían fuera del beneficio porque tributan el impuesto a los Bienes Personales. “Nos parece muy injusto mantener esta discriminación en contra de los jubilados”, expresó.

El legislador reiteró su apoyo al objetivo del proyecto, pero dijo tener “serias discrepancias” con “el diseño”. Sobre ello, cuestionó que los salarios por encima de 150.000 pesos tendrán una “gravabilidad plena” y “van a estar pagando en forma desproporcionada”.

“El mínimo no imponible permanece igual, lo que se crea es una deducción especial hasta 150.000”, señaló y preguntó “con qué mecanismo” el Poder Ejecutivo -que estará facultado para eso- podrá procurar que aquellos salarios que están en el rango de entre 150.000 y 173.000 pesos “no terminen teniendo un sueldo neto inferior”.

Pastori también consideró que “en un contexto altamente inflacionario como tenemos en la economía argentina”, la actualización debería ser por el IPC y no por el índice RIPTE, además de realizarse semestralmente y no anualmente.

Finalmente, el diputado de la UCR solicitó que se contemplen las deducciones por gastos de educación e hijo discapacitado; y advirtió que con respecto a los trabajadores autónomos “se va a producir una discriminación muy grosera”.

Otro radical, Alejandro Cacace, consultó a los funcionarios por la exclusión de los jubilados del impuesto y preguntó por qué no se decidió “compatibilizar (la iniciativa) con lo que deciden los tribunales y, en particular, con lo que es el fallo Calderale de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que establece la inconstitucionalidad del impuesto sobre los beneficios previsionales”.

“¿Por qué la elección de los ocho haberes mínimos, que continúa la lógica de la ley actual, y no atender a la interpretación judicial sobre este tema?”, cuestionó. Asimismo, coincidió con Pastori en la situación de los trabajadores autónomos y recomendó que el mecanismo de actualización se realice por inflación.

Para el puntano, cada vez más trabajadores pagan el tributo porque “es un problema de los valores nominales en la ley”. “Aún con el RIPTE queda desfasado frente al incremento de los precios”, resaltó, y preguntó “si no consideran que es mejor tomar el IPC, o como se hizo en la fórmula previsional, el que dé más alto entre los índices”.

En referencia a los jubilados, el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, apuntó que el fallo García de la Corte Suprema “se refiere a los jubilados en general, pero con una condición en particular, que es la vulnerabilidad”. “El proyecto viene a resolver esa cuestión”, dijo, y aclaró que “no es que si tiene otro ingreso pierde este mínimo no imponible, sino que se plantea que aquellos que no están en condiciones de vulnerabilidad, que tienen más de ocho haberes mínimos garantizados y tienen adicionalmente otro ingreso van a obtener el que tienen los trabajadores en relación de dependencia”.

“Está tratado el tema tal cual lo solicita la Corte”, reiteró y en cuanto a la doble imposición explicó que “en el momento en que uno es trabajador activo permite deducir los aportes vinculados a la jubilación, y esa deducción que se hace en ese momento es la que se grava cuando se tienen rentas pasivas”.

Por su parte, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, sostuvo que “si aumentamos el mínimo no imponible o las deducciones para que haya menos trabajadores y trabajadoras que pagan Ganancias, obviamente eso afectaría a toda la escala, incluso a las personas de altos ingresos”.

“No sólo tendría un costo fiscal muchísimo más alto, sino que generaría una inequidad bastante importante, porque ahí le estamos reduciendo el impuesto a personas que tienen ingresos muy altos y en las circunstancias actuales del país nos parece que no es el momento para hacer una reducción de impuestos en esa categoría”, ahondó.

El funcionario garantizó que para los salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos, el Ejecutivo aplicará “una política salarial de incremento que no genere en ningún caso una caída en el salario de bolsillo”. “En ningún caso el impuesto será más regresivo, sino todo lo contrario -continuó-, va a tener mayor progresividad que la que tiene ahora”.

Respecto a la actualización por inflación, reclamada desde Juntos por el Cambio, Arias enfatizó que entre 2015 y 2019 “los salarios crecieron menos que la inflación, por eso se dio esta incorporación extraordinaria de personas al impuesto”. “Las deducciones se actualizaron por el RIPTE, que creció 20 puntos menos que la inflación, fundamentalmente en el año 2018 y 2019”, añadió.

“Nosotros no pensamos que esto va a volver a suceder, todo lo contrario, nuestro Presupuesto 2021 prevé que durante este año el salario real crezca más que la inflación, con lo cual este esquema de actualización en este escenario macroeconómico es válido”, aseveró.

En otro tramo, el secretario de Política Tributaria explicó que una deducción por hijo discapacitado “hace que el beneficio sea mayor a las personas de más altos ingresos”, por lo cual “no es la mejor forma de dar una cobertura a través del impuesto a las Ganancias”, ya que se afecta la cuestión equitativa.

Sobre el reclamo de la oposición por los trabajadores independientes, el funcionario dijo que aquellos autónomos que ganen hasta 150.000 pesos “van a poder ser monotributistas” a partir de la iniciativa complementaria del oficialismo. “Las dos medidas son muy consistentes entre sí. No merece tocar Ganancias de los autónomos”, argumentó.

Además, confirmó que el costo fiscal de 41.250 millones de pesos corresponde al proyecto en su última versión, es decir, con las exenciones y deducciones incorporadas en las últimas horas.

El diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky cargó las tintas contra la gestión anterior: “¿Por qué habiendo caído los salarios casi 20 puntos durante el gobierno de Mauricio Macri, por qué habiendo existido medidas que claramente beneficiaron con exenciones impositivas a sectores muy poderosos, como el sector financiero o agrario, no hubo un tratamiento simétrico con los trabajadores?”.

Para el oficialista, no se explica cómo “se triplicó la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias y no hubo una política para tratar de subsanar esto”. Por eso, pidió “honestidad intelectual” en el debate: “Sino parece que caímos de un plato volador, que venimos de Marte y que no nos hacemos cargo de lo que pasó en Argentina en estos cuatro años”.

Ante una consulta del líder de la CTA sobre cuál será el monto que retornará a las arcas del Estado para cubrir el costo de la ley, Arias comentó que “no se ha hecho el cálculo específico” pero estimó que “entre el 23% y 25%” retornará en concepto de presión tributaria general.

Desde el Pro, Luciano Laspina pidió la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso para calcular el costo fiscal del proyecto con las últimas modificaciones y teniendo en cuenta posibles escenarios de paritarias.

También mostró inquietud por la situación de “los 500.000 trabajadores autónomos” que no se verán alcanzados, pero el secretario de Política Tributaria volvió a defender la decisión del Gobierno: “Consideramos que con el ajuste en el monto máximo de facturación que podrá tener un monotributista, los autónomos -o sea, los trabajadores independientes que facturan hasta 150.000 pesos por mes- entran dentro de la categoría del monotributo, con lo cual no estarán alcanzados por Ganancias. Son consistentes los dos proyectos”.

En tanto, el radical chubutense Gustavo Menna volvió a plantear la inquietud sobre la deducción especial del 22% para trabajadores patagónicos, y Heller garantizó que se incorporará un artículo específico para mantener ese beneficio.

Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) advirtió que “si hay una paritaria que recupere el salario, muchos trabajadores pasarían nuevamente a pagar Ganancias”, y por eso consideró que “este impuesto debería ser eliminado para todos los trabajadores bajo convenio”.

Arias respondió que “si el salario crece más que la inflación, que es el objetivo del Gobierno para el año 2021 en el marco de la recuperación post-pandemia, los trabajadores se verán beneficiados, porque la actualización del mínimo no imponible es por el índice de salarios”.

El secretario de Política Tributaria explicó que “entre 200.000 y 300.000 personas que a principio de año no pagan Ganancias, a fin de año pagan” por los aumentos salariales, por eso la proyección de 1.200.000 trabajadores que se verán beneficiados por la nueva ley es un promedio anual.