El diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal y la Ley de Autopartes, con el objetivo de castigar con mayor severidad a quienes integran la cadena del robo de automotores.
El diputado nacional de La Libertad Avanza Luis Petri presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley orientado a endurecer el régimen penal contra el robo de automotores, poniendo el foco no solo en el delito inicial, sino en el entramado económico que permite su rentabilidad. La iniciativa propone incorporar un nuevo artículo al Código Penal, modificar la Ley 25.761 de Autopartes y habilitar la clausura preventiva y definitiva de desarmaderos que operen con vehículos o piezas de origen ilícito.
“El robo de automotores no termina en el robo: termina en el desarmadero”, sostiene Petri en los fundamentos del proyecto. Según el legislador, mientras exista un mercado ilegal capaz de absorber y convertir en dinero los vehículos sustraídos, el delito seguirá siendo rentable. Por eso, la propuesta apunta a “cortarle la cabeza al negocio” que se arma detrás de cada auto robado.
El eje central de la iniciativa es la incorporación del artículo 277 quater al Código Penal, una nueva figura de encubrimiento agravado específica para automotores y autopartes. La norma prevé penas de dos a seis años de prisión e inhabilitación especial para quienes, sin haber participado del robo o hurto, adquieran, reciban, oculten, transporten, almacenen, comercialicen o desarmen vehículos o autopartes sabiendo su origen ilícito o cuando no puedan razonablemente desconocerlo.
Cuando estas conductas se realicen de manera habitual o en el marco de una actividad comercial, industrial o vinculada al desarmado y venta de repuestos usados, la pena se eleva a entre tres y ocho años de prisión, con inhabilitaciones más extensas. El proyecto apunta así a cubrir toda la cadena delictiva, desde los intermediarios y transportistas hasta los compradores finales que operan “mirando para otro lado”.
En paralelo, Petri propone una modificación profunda del artículo 13 de la Ley 25.761, vigente desde 2003. Según el diputado, el esquema actual quedó virtualmente sin efecto debido a la licuación inflacionaria de las sanciones: la multa mínima prevista hoy es de apenas mil pesos. El proyecto actualiza esas penalidades y las indexa al Salario Mínimo, Vital y Móvil, con multas que van desde 140 hasta 15.000 salarios mínimos, según la gravedad del caso, la habitualidad y el rol del infractor.