Los diputados de Vamos por Más (VxM) Pablo Donati y Facundo Del Gaiso celebraron el decreto del jefe de Gobierno, Jorge Macri, mediante el cuál la Ciudad implementará medidas para fortalecer el control sobre la compraventa y reparación de celulares usados y de esta manera atacar la comercialización de equipos robados.

A partir del decreto, se crea un registro de trazabilidad de las actividades de reparación y comercialización de celulares usados; se declara transitoriamente la emergencia de la actividad; se intensifican las medidas de control y fiscalización y se suspenden las habilitaciones para realizar la actividad en determinados puntos de la Ciudad considerados como “Zonas de Alta Criticidad”. Estas zonas están basadas en la concentración territorial de delitos e infracciones vinculadas con la actividad, secuestros y recupero de equipos, denuncias e investigaciones, resultados de operativos, concentración de establecimientos y antecedentes de incumplimientos.

Respecto de estas medidas, Donati aseguró que "la prioridad del Gobierno de Macri es clara: ordenar la Ciudad con gestión. Más seguridad en la calle, espacio público liberado de mafias y obras publicas en todos los barrios. Frente al abandono del pasado, hoy hay un gobierno que toma decisiones firmes para que los porteños vivan mejor".

Mientras que Del Gaiso concluyó opinando que es "una excelente medida de Macri" ya que "en el AMBA se estiman que se roban por día 10 mil celulares, casi 400 por hora… Muchos de esos celulares se venden en supuestos locales de 'reparación de celulares'. La geolocalización del teléfono móvil que fue robado no te informa el lugar exacto donde se encuentra, si un lugar aproximado, por eso era muy difícil localizar exactamente donde se encontraba un celular que fue sustraído en un arrebato. Con esta medida se logra intervenir de manera eficaz y golpear al 'corazón' de la mafia de los celulares".

Debido al crecimiento de los índices de robos de celulares, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley para modificar la Ley N° 6.009 de Aparatos Electrónicos, a fin de que una vez que los móviles recuperados sean devueltos a sus dueños pueda dejarse asentado donde fueron sustraídos.

La iniciativa en cuestión fue impulsada por la peronista Claudia Neira (FdT) y busca incorporar en el artículo 6 de la mencionada Ley un apartado que establezca que “en caso de individualización del titular del celular secuestrado, previo a la restitución, se le deberá requerir que informe si el equipo le fue robado/hurtado. En caso afirmativo, se le pedirá que especifique fecha y lugar del robo/hurto. La información obtenida será incluida en el Mapa del Delito”.

En los fundamentos del proyecto, la opositora recordó que “el 13 de Septiembre de 2018, esta Legislatura sancionó la Ley N 6.009 con la finalidad de regular, en base a razones de seguridad, la identificación de aparatos electrónicos usados de telefonía celular y sus respectivos repuestos y partes, afectados a las actividades de compra-venta y reparación” y destacó que el texto recientemente presentado “pretende incluir un paso adicional previo a la devolución del equipo al titular. Ese paso consiste en requerirle que informe si el objeto que se le está restituyendo le fue sustraído en el marco de un robo/hurto, y en caso de que la respuesta sea afirmativa, se le solicite que indique la fecha y lugar en el que se llevó a cabo el robo/hurto”.

“La finalidad de la propuesta es utilizar las estadísticas que pueden surgir de esta información para reducir lo que es popularmente conocido como ‘cifra negra’ en relación a los robos y los hurtos, específicamente de celulares”, señaló e y remarcó que “los delitos de ‘cifra negra’ se denominan de esa forma por las complejidades que puede haber en su registro. Muchas veces, hay complicaciones externas al método estadístico seleccionado que llevan a la duda en relación a la compatibilidad entre la realidad delictiva y la estadística que intenta reflejarla. En este caso concreto, los delitos de robo y hurto dependen en gran medida del nivel de denuncia para su sistematización estadística. Así las cosas, en ciudades o países que tengan un bajo nivel de denuncia, es posible que la información de las fuentes oficiales o guberamentales, no termine evidenciando la realidad criminal”.

Sobre esa misma línea, Neira indicó que “los datos de las encuestas de victimización publicados en el informe complementario al Mapa del Delito 2021, muestran que la enorme mayoría de ciudadanos que afirmaron haber padecido un robo, manifestaron que el objeto que les fue sustraído fue un celular” y destacó que “tanto en los casos de robos como también de hurtos, menos del 50% afirmó haber denunciado el hecho a la policía en el año 2021. (36% de los encuestados denunció el robo padecido y 20% de los encuestados denunció el hurto). Esto permite inferir que los datos oficiales respecto a los robos y hurtos registrados en la Ciudad no llegan a reflejar ni la mitad de los sucesos de este tipo que efectivamente se perpetran”.

“Nuestra propuesta apunta a brindarle al Poder Ejecutivo una herramienta adicional para avanzar en un diagnóstico más certero respecto a los delitos contra la propiedad, planificando en base a evidencias concretas la política pública en materia de seguridad ciudadana”, sentenció.

La iniciativa también lleva la firma de Alejandra Amor, Maia Daer, Claudio Ferreño y Manuel Socías (FdT).

Como parte de las permanentes investigaciones vinculadas al delito de comercialización de elementos robados y su posterior cadena de distribución, cuatro personas fueron detenidas durante un amplio operativo desplegado en zona céntrica de Lanús Oeste. 

Efectivos policiales locales, del grupo de Patrulla de Respuesta Inmediata (PRI), en apoyo de agentes comunales de las áreas de Control y Seguridad, se desplegaron sobre las calles comerciales 9 de Julio e Ituzaingó, a partir de antecedentes y pistas sobre la reventa de teléfonos celulares robados y otros elementos y accesorios de electrónica.  

Tras ingresar a diversos locales de galerías y del centro comercial a cielo abierto de Lanús, los funcionarios constataron numerosas irregularidades vinculadas a la habilitación de los espacios, como a la documentación de acreditación de procedencia legal de los elementos electrónicos hallados.  

La magnitud del operativo simultáneo logró que se incautaran casi 400 piezas todas usadas y en distintos grados de conservación, entre ellas 165 celulares, 105 baterías, 54 carcasas o fundas, 33 tablets y 4 notebooks. 

El accionar de la red de operaciones ilícitas en distintos niveles, también derivó en la detención de cuatro individuos que se encontraban al frente de los locales, cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad, que no pudieron justificar el origen de la mercadería ni acreditar documentación.  

De los doce locales clausurados, en cuatro de ellos sobre la peatonal 9 de Julio y la arteria comercial paralela Ituzaingó, se exhibían y ofrecían abiertamente al público en su mayoría teléfonos de distintas marcas y tamaños, pero todos usados y con distintos grados de conservación.  

En los operativos realizados en 9 de Julio 1223 y 1209, respectivamente, se detuvo a Fabián Alfredo Armesto y Emanuel Lacquati, en tanto que en 29 de Septiembre 1792 se detuvo a Néstor Ciangherott y en Ituzaingó 1053 a Elena Espíndola.  

En todos los casos los detenidos, uno de ellos también por resistencia a la autoridad, fueron trasladados a sede policial. Intervino el tribunal de faltas y continúa el proceso en la sede de la Unidad Fiscal 6 del distrito judicial de Lanús.