La senadora Nora Giménez y la diputada Roxana Monzón, ambas de Unión por la Patria, presentan un proyecto de ley conjunto que tiene como objetivo desarrollar el contenido, los principios y el procedimiento destinado a instrumentar el derecho a la posesión y la Propiedad Comunitaria Indígena, entendida como las tierras y territorio que las Comunidades ancestralmente y tradicionalmente ocupan y sobre las que ostentan una posesión caracterizada entre otras por una relación cultural y espiritual.

La presentación se realizará este miércoles 27 de noviembre, a las 10 en el Auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, junto a las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA) y la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena (RIEDAI), integrada por diversas Universidades Nacionales.

La iniciativa busca establecer un marco normativo para garantizar el reconocimiento, protección e instrumentación efectiva de la Propiedad Comunitaria Indígena, asegurando los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente habitan y aquellas necesarias para su desarrollo humano, en conformidad con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

Este proyecto es el resultado de más de 14 años de trabajo y construcción colectiva, que surge desde la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena (Decreto 700/2010 PEN); como continuidad de la Ley de orden público 26.160 “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, sancionada en el 2006, la cual ordena el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras ocupadas por las Comunidades Originarias Preexistentes y el Órgano de aplicación es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La propiedad comunitaria es un derecho humano fundamental para nuestros pueblos indígenas, dado que dependen del territorio para mantener su existencia y cultura. Su cosmovisión, espiritualidad e identidad están intrínsecamente vinculadas a esta relación.

El proyecto establece que “la Propiedad Comunitaria Indígena es indivisible, no es susceptible de gravámenes, es inembargable, inenajenable, inarrendable a terceros, intransmisible e imprescriptible”. Asimismo, en el texto se señala que “la titularidad de la Propiedad Comunitaria de las tierras, prevista en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, se instrumentará a favor de las Comunidades indígenas”.

Además, se determina que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ante el pedido de una o más Comunidades Indígenas, u Organización de Pueblos Indígenas, dictará un acto administrativo de reconocimiento de la posesión comunitaria de las tierras identicadas en el marco del Relevamiento técnico, jurídico y catastral ordenado por la ley N°26.160, y sus prórrogas; en un plazo no mayor de 60 días desde realizada la presentación”.

Las autoras del presente proyecto sostienen en sus fundamentos que “la posesión y propiedad de la tierra es uno de los mayores puntos sobre los cuales gira la vida y los conflictos que actualmente padecen los pueblos indígenas. Juntamente con un desplazamiento territorial se genera desalojo y un desarraigo cultural, que pone en peligro o conlleva a la pérdida de la identidad, repercutiendo en los modos de organización”. En ese sentido agregan: “existe una imperiosa necesidad de Instrumentar el Derecho de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena, impulsando la continuidad de las mismas, consolidando sus objetivos y considerando la deuda que tiene el Estado con los Pueblos Indígenas, como parte de la reparación histórica”.

La diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, visitaron la sede del Nuncio Apostólico en Buenos Aires para mantener un encuentro con Monseñor Miroslaw Adamczyk, representante diplomático del Papa Francisco en la Argentina.

La legisladora le entregó una copia del texto que impulsó para expresar su beneplácito por la decisión de trasladar a Santiago del Estero la Sede Primada de la Iglesia Católica en la República Argentina. “Se trata de una definición que celebramos con alegría por tratarse de una reparación histórica, un guiño al federalismo, un llamado a la unión de argentinos y un paso más para consolidar una Iglesia que atienda las necesidades desde la periferia hacia el centro, tal como señala el Santo Padre”, señaló la diputada

Por su parte, el jefe comunal refirió que “a pesar de que hoy quieran imponernos que lo importante es el individualismo, no debemos perder la esperanza. Tal como señaló recientemente Francisco ante los movimientos sociales, si seguimos insistiendo en la construcción comunitaria, tarde o temprano, las cosas cambiarán para bien”.

El objetivo del encuentro fue dialogar sobre acciones locales, parlamentarias y eclesiásticas que aporten en la construcción de una sociedad más justa y humana. Ambos invitaron al Nuncio a visitar Merlo con el fin de afianzar aún más el trabajo en curso entre el Municipio y las distintas iglesias y parroquias presentes en el distrito.

Tras celebrarse el Día de la Industria, la diputada nacional Roxana Monzón (UP) acompañada por más de 40 compañeros de su bloque presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia económica, financiera y tarifaria de las MiPyMEs nacionales por el transcurso de un año.

En nuestro país el 97,8% de las empresas son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), siendo el sector que más riqueza aporta y el que más trabajo genera: casi el 70% del empleo formal en el país depende de las MiPyMEs, generan el 67% del valor agregado y el 40% del PBI”, argumentó

El objetivo es sostener la actividad productiva y comercial, y proteger también el desarrollo económico y el empleo, sabiendo que las MiPyMEs “constituyen un instrumento esencial para lograr una redistribución más equitativa del ingreso”.

El proyecto propone suspender los aumentos de tarifas en los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente durante lo que dure la emergencia y retrotraer los cuadros tarifarios al 1° de marzo de 2024.

Además, dispone un incremento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de protección y apoyo a las MiPyMEs; y crear el Fondo de Recuperación y Modernización de Micro Pequeñas y Medianas Empresas, con el objetivo de subsidiar 100% de la tasa de interés en créditos destinados al pago de nómina salarial y/o recomposición de capital de trabajo, entre otras medidas.

A su vez, el proyecto promueve a las empresas con más impacto en el desarrollo local en términos de empleo, innovaciones y exportaciones. También entiende a este tipo de empresas como un pilar central para el fortalecimiento de las economías regionales y de los tejidos en las comunidades, generando mayor participación de las y los trabajadores en la generación de valor.

“Es claro que las MiPyMEs están atravesando una profunda crisis debido al brutal ajuste implementado por el actual gobierno nacional”, argumentó y sumó: “Diversas Cámaras y Asociaciones que las agrupan calculan que la capacidad instalada de la industria se encuentra en un 60% en promedio, con una caída interanual en la actividad de casi un 20%. Además de la reducción de las ventas y las dificultades en los cobros debido al deterioro de los salarios e ingresos de la población, las empresas enfrentan dificultades para pagar salarios y mantener sus plantillas de personal en todos los sectores productivos del país”.

La diputada nacional Roxana Monzón (UP) presentó un proyecto de resolución para dar apoyo parlamentario a la iniciativa presentada por el presidente de la República Federativa de Brasil, Lula da Silva, la cual promueve la creación de cual promueve la creación de la “Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza”.

Basado en un informe divulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de las reuniones de G20 en Rio de Janeiro, “los niveles de hambre se mantienen en la actualidad preocupantemente altos con unos 733 millones de personas subalimentadas de forma crónica en todo el mundo”.

Con esta iniciativa se busca repeler la problemática que afecta a “más de un nueve por ciento de la población global que no puede satisfacer la necesidad básica y primitiva de alimentarse debido a factores como la persistencia de guerras, las dificultades económicas, la creciente desigualdad y el cambio climático”.

En esa línea, fundamentó que “estas cifras escalofriantes fueron, entonces, uno de los argumentos centrales para que el presidente brasileño presente la ‘Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza’, cuyo objetivo es erradicar estos flagelos en el mundo a partir de apelar a la solidaridad global, dar un impulso renovado a las iniciativas existentes y alinear esfuerzos a nivel nacional e internacional”.

Por tal motivo, dada la importancia de esta iniciativa para afrontar problemas que aquejan a los argentinos y argentinas, así también por los aportes que puede hacer nuestro país en esta causa global, el proyecto declara a la “Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza” de interés para la Honorable Cámara de Diputados de la Nación e insta al Gobierno Nacional a que tenga un rol activo en el marco de esta valiosa propuesta.

Ante esto, la iniciativa incluye “la pretensión de conectar fondos ya existentes en el mundo para garantizar un trabajo más efectivo y coordinado, pero también la voluntad de ampliar el presupuesto disponible a partir de tasar a las grandes fortunas que, tal como dan cuenta un sinfín de estudios internacionales, pagan proporcionalmente mucho menos impuestos que la clase trabajadora”.

Acompañaron el proyecto de Monzón, los diputados nacionales Santiago Cafiero, Pablo Yedlin, Sergio Palazzo, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Ana Ianni, Victoria Tolosa Paz, Andrea Freites, Daniel Gollan, Eduardo Valdes, Diego Giuliano, Juan Manuel Pedrini, Blanca Osuna y Aldo Leiva, entre otros.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Roxana Monzón, se reunió con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y juntos, visitaron a la embajadora mexicana, Lilia Rossbach, con quien debatieron respecto a una agenda de trabajo común enfocada en políticas de bienestar social y en acciones de cooperación sub-nacional que promuevan el desarrollo local inclusivo.

La diputada bonaerense, quien es integrante del Grupo Parlamentario de Amistad con México, se mostró predispuesta para ampliar y profundizar la agenda de cooperación bilateral, “más allá del destrato mostrado por del Poder Ejecutivo Nacional”, expresó.

En tal sentido, agregó que “se trata de una alianza económica, política y sentimental que debemos cuidar y alentar”. “Nuestros países tienen una larga historia de amistad que incluye cuestiones sensibles para el pueblo argentino como el apoyo incondicional de México a la Causa Malvinas y el asilo a muchos argentinos y argentinas durante la última dictadura militar”, enfatizó.

A su vez, Monzón se comprometió a organizar encuentros entre diputados nacionales para intercambiar experiencias legislativas en cuestiones de interés común cuando los legisladores del Congreso mexicano asuman sus funciones.

La agenda de trabajo también incluyó la búsqueda de socios mexicanos para la Universidad Nacional del Oeste con el fin de fomentar la cooperación educativa entre ambos países que incluye reconocimiento de títulos, intercambio de alumnos, becas y trabajos conjuntos en materia de ciencia e investigación.

La diputada nacional Roxana Monzón (UP) presentó un proyecto de declaración para expresar preocupación ante la evaluación crítica sobre la situación del país realizada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Volker Turk.

El proyecto en cuestión fue acompañado por más de 40 diputados del bloque quienes coincidieron en alertar sobre “los efectos negativos de las medidas implementadas por el Ejecutivo en materia de género, garantías para necesidades básicas, acceso a la Justicia, Agenda 2030 y libertad de expresión”.

Entre los fundamentos, hace hincapié en el discurso de apertura de la 56a sesión del organismo, donde el encargado de velar por derechos humanos de la ONU mencionó el caso argentino y exhortó al Gobierno a poner las libertades fundamentales “en el centro de su política” y construir “una sociedad más unida e inclusiva”.

“En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030ʺ, expresó Turk.

Asimismo, hizo saber su preocupación respecto al “derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión”, en un contexto marcado por la “repudiable violencia policial ejercida durante las manifestaciones contra la Ley de Bases del pasado 12 de junio que incluyó agresiones físicas a diputados nacionales y la detención de más de 30 personas que sin pruebas contundentes, fueron privadas durante varios días de su libertad. Todo ello, mientras el Ejecutivo Nacional acusó a quienes se movilizaban de terroristas y de impulsar un golpe de Estado”.

Por este motivo, desde UP instan al Gobierno nacional a retomar el “sendero tradicional de la política argentina la cual es reconocida hace más de 40 años en el mundo por su defensa activa de los derechos humanos, la democracia, la agenda de género y diversidades, el multilateralismo, el medio ambiente y la paz”.

El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Ana Ianni, Blanca Osuna, Diego Giuliano, Victoria Tolosa Paz, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Gabriela Pedrali, Natalia Chacur Zabala, Jorge Romero, Carlos “Kaky” González, Mario Manrique, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Silvana Ginocchio, Daniel Gollan, Pablo Todero, Andrea Freites, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdes, Julio Pereyra, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo, Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Lorena Pokoik, Ricardo Herrera, Hernán Pérez Araujo, María Luisa Montoto, Juan Pedrini, Martín Soria, Micaela Moran, Mónica Litza, Eugenia Alianiello, Nancy Sand, Aldo Leiva, Ariel Rauschenberger, Ernesto Ali, Martín Aveiro, María Luisa Chomiak e Hilda Aguirre.