La diputada nacional Roxana Monzón (UP) presentó un proyecto de ley para la reforma, modernización y actualización del Sistema Estadístico Nacional, luego de la polémica que abrió la repentina renuncia del titular del INDEC, Mario Lavagna.

El objetivo es asegurar la producción, difusión y resguardo de información estadística oficial de calidad, oportuna, transparente, comparable y confiable, conforme a estándares técnicos y metodológicos reconocidos a nivel nacional e internacional, en resguardo del interés público y para el adecuado diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

“Con los acontecimientos de hoy, se hace más indispensable que nunca el tratamiento de este proyecto. El objetivo es reforzar el sistema estadístico”, expresó Monzón sobre el proyecto que refuerza la autonomía técnica, profesional y metodológica del INDEC entendiendo las estadísticas públicas como un bien público esencial para la democracia y agrega: "La gente vive una cosa, el INDEC mide otra. Con números falsos no hay políticas reales”.

Por ello, el proyecto incluye entre sus puntos destacados la obligación legal de actualizar la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y la canasta del Índice de Precio al Consumidor cada 5 años como máximo.

“Las actualizaciones se han dado históricamente con interrupciones significativas, lo que genera un profundo desfasaje respecto a los patrones de consumo contemporáneos. A su vez, el proyecto reafirma que la medición de la inflación debe basarse en la ENGHo más reciente, conforme a estándares internacionales”, planteó.

En el presente, explica el proyecto, categorías de gasto esenciales como alquileres de vivienda, servicios públicos y privados, medicamentos, prestaciones de salud, educación y la conectividad digital representan una proporción significativamente mayor del gasto de las familias.

Según el texto: “La subrepresentación de estos componentes en la medición oficial provoca, por lo tanto, una grave distorsión en la percepción real del costo de vida. Un Índice de Precios al Consumidor desactualizado, que no refleja la creciente importancia de estos nuevos hábitos de consumo, subestima la inflación efectiva y, consecuentemente, distorsiona la medición de la pobreza y el costo de vida”.

A estas deficiencias se suma la insuficiente desagregación territorial de la información, que homogeneiza realidades profundamente desiguales, invisibilizando las problemáticas específicas de las economías regionales y del interior del país, y que no logra captar la diversidad de gastos existentes entre los distintos estratos socioeconómicos. Al respecto, el proyecto exige desagregación regional y provincial, visibilizando el impacto del ajuste en el interior.

Finalmente, para garantizar la transparencia y asegurar la correcta implementación de las reformas, se impulsa la creación de un consejo consultivo multisectorial integrado por universidades, especialistas, miembros del Congreso, representantes de las provincias, entre otros actores relevantes. La viabilidad de este consejo se sustenta en que no generará erogación de gastos, dado su carácter ad honorem, al tiempo que será plural y representativo, facilitando un efectivo control público federal.

La diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) presentó un proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados exprese su repudio por la deportación de diez ciudadanos argentinos que residían en los Estados Unidos. La iniciativa denuncia que se trata de una medida “discriminatoria” que “vulnera derechos humanos fundamentales, afecta la dignidad de las personas y va en contra de la tradición de amistad, valores compartidos y cooperación” entre ambos países.

Los argentinos fueron expulsados el 11 de septiembre en un vuelo especial contratado por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Entre los casos más resonantes se encuentra el de Mario Luciano Robles, de 25 años, quien relató su detención en Texas y aseguró: “No somos criminales”. Otro testimonio fue el de Maximiliano García, quien vivía en EE.UU. desde 2001, tenía permiso de trabajo vigente hasta 2030 y una hija ciudadana estadounidense. Sin embargo, una orden de deportación de 2015, de la que nunca fue notificado, lo dejó fuera del país.

Monzón recordó que la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos se remonta a más de dos siglos, con vínculos diplomáticos iniciados en 1823. “Ambos países comparten valores como el compromiso con la democracia, los derechos humanos, la prosperidad económica y la cooperación científica”, señaló en los fundamentos del proyecto.

La diputada también cuestionó la falta de reacción del gobierno argentino ante las deportaciones. “El embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, justificó la medida como una prerrogativa de cada país y minimizó el impacto al señalar que el número de argentinos deportados es ‘infinitésimo’ en comparación con otras nacionalidades”, criticó.

El proyecto busca que la Cámara baja se pronuncie formalmente contra lo que considera una violación de derechos y un retroceso en la relación histórica entre ambas naciones. “Se trata de historias de sueños rotos y familias separadas”, concluyó Monzón.

En un nuevo capítulo del conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Roxana Monzón presentó un proyecto de declaración para que la Cámara de Diputados exprese su más enérgico repudio al concurso “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falkland”, lanzado por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La convocatoria, dirigida a estudiantes argentinos, uruguayos y paraguayos, ofrece una semana de viaje con todos los gastos pagos a las Islas Malvinas, bajo el nombre ilegítimo de “Falkland Islands”. Según la legisladora, esta iniciativa constituye una provocación diplomática que busca consolidar la ocupación británica y deslegitimar el reclamo histórico de soberanía de la República Argentina.

Monzón advierte que el concurso no solo utiliza un topónimo contrario al reconocimiento internacional de la disputa, sino que además exige a los participantes responder en inglés y ceder sus derechos de imagen para ser utilizados con fines propagandísticos por las embajadas británicas. “Es una falta de respeto a nuestros veteranos, a la memoria de los héroes caídos y a todo el pueblo argentino”, señala el proyecto.

La diputada también cuestiona la actitud del Gobierno nacional, al que acusa de adoptar una política “desmalvinizadora” y de entrega de soberanía. En ese sentido, exhorta al Poder Ejecutivo a realizar los reclamos multilaterales y bilaterales correspondientes, y llama a las universidades argentinas a desalentar la participación de sus estudiantes en el concurso.

El proyecto reafirma el compromiso del Congreso con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. “La Causa Malvinas es un clamor popular y un mandato constitucional”, concluye Monzón, apelando a la unidad nacional frente a lo que considera una nueva ofensiva británica en el Atlántico Sur.

La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para solicitar que la secretaria de Energía, María Tettamanti, brinde explicaciones ante la Comisión de Energía y Combustibles sobre los cortes de suministro eléctrico ocurridos en el Área Metropolitana de Buenos Aires a fines de junio. La iniciativa apunta a esclarecer las causas, identificar responsabilidades y evaluar las medidas adoptadas por el Estado nacional frente a la emergencia.

Durante la ola de frío polar que afectó al país, más de 80.000 usuarios del AMBA padecieron cortes prolongados de luz, especialmente en municipios del conurbano bonaerense como La Matanza, Quilmes, Avellaneda y Almirante Brown. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que solo el lunes 30 de junio más de 96.000 personas quedaron sin servicio eléctrico, muchos en condiciones climáticas extremas.

El proyecto legislativo pide explicaciones sobre las causas técnicas y operativas de las interrupciones, así como el estado de situación de las empresas concesionarias Edenor y Edesur. Se apunta a saber si los cortes obedecieron a fallas en generación, transporte o distribución, y si hubo déficit de inversión por parte de las compañías.

También se solicita información sobre las acciones de fiscalización llevadas adelante por el ENRE, la existencia de sanciones en curso contra las empresas y el cumplimiento de los planes de inversión previstos en los contratos de concesión. Además, se invita al interventor del ente regulador, Osvaldo Ernesto, a participar en la reunión con el objetivo de ampliar detalles técnicos y administrativos sobre el control estatal.

En los fundamentos del proyecto, Monzón advirtió que ´”los cortes no son eventos aislados sino síntomas de problemas estructurales en el sistema energético concesionado. Señala que estas interrupciones ponen en riesgo derechos básicos como la salud, el trabajo y la seguridad, afectando en particular a grupos vulnerables como personas mayores, niños y pacientes electrodependientes”.

Finalmente, el proyecto sostuvo que la energía eléctrica “debe ser garantizada” como un derecho fundamental y que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de exigir respuestas concretas al Poder Ejecutivo. La iniciativa busca fortalecer el control legislativo sobre la prestación de servicios públicos esenciales, promoviendo mayor transparencia e inversión en infraestructura energética.

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Roxana Monzón, del bloque Unión por la Patria, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que se aclare si existen negociaciones con Estados Unidos y el Reino Unido que impliquen una flexibilización del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas a cambio de apoyo logístico y armamentístico por parte de la OTAN.

La iniciativa, dirigida al ministro de Defensa Luis Petri y al canciller Gerardo Werthein, se basa en un artículo publicado por la revista británica The Economist, que sugiere que el Gobierno argentino estaría dispuesto a “moderar o incluso desactivar” su histórica posición sobre la soberanía de las islas.

“Un tratado de tales características no sólo requiere el acuerdo de este Congreso de la Nación por su carácter condicionante de la política exterior nacional, sino, por sobre todas las cosas, por tratarse de una alianza política y militar con un país que desde 1833 ocupa de forma ilegal nuestras Islas Malvinas”, sostiene el proyecto.

Monzón advirtió que este tipo de acuerdos “responden a cuestiones dogmáticas y no al interés nacional”, y denunció que el alineamiento con Estados Unidos estaría motivado por “preocupaciones geopolíticas en la Antártida y el Atlántico Sur ante el avance de otras potencias globales en la región”.

Según el texto, el eventual acuerdo incluiría también a Chile y permitiría a la Argentina acceder a material militar occidental de segunda mano, mientras que el Reino Unido obtendría “la aceptación de la Argentina de su rol en el Atlántico Sur”.

“La Causa Malvinas constituye un objetivo permanente e inclaudicable de todo el pueblo argentino”, recordó Monzón, citando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

La diputada también remarcó el costo humano de la guerra de 1982: “632 argentinos dieron su vida por defender nuestras tierras en Malvinas, 17 entregaron su sangre en territorio continental y volvieron más de 1.000 heridos que sufren día a día las secuelas físicas y psicológicas”.

Finalmente, Monzón exigió que el Ejecutivo “brinde todas las explicaciones del caso ante esta Cámara”, y llamó a sus colegas a acompañar el pedido: “Una alianza de estas características con el Reino Unido y la OTAN es incomprensible para quienes estamos comprometidos con la soberanía de nuestras Islas Malvinas”.

Después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifique la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para repudiar la decisión del máximo tribunal. Además, hace un llamado para que los organismos internacionales se expidan sobre el caso.

Al igual que los demás integrantes del bloque de Unión por la Patria, la legisladora catalogó al fallo como proscripción, y reiteró que “la condena merece un enérgico repudio legislativo, fundamentado en las graves inconsistencias e irregularidades procesales que han caracterizado este expediente desde sus inicios”.

“Los antecedentes, pruebas documentales, informes técnicos y peritajes que demuestran esta vulneración del debido proceso, el uso del Poder Judicial como herramienta política y la parcialidad manifiesta de sectores del poder mediático y económico contra Cristina Fernández de Kirchner”, explicó en los fundamentos, donde solicita que los tribunales internacionales tomen el caso.

Del mismo modo, cuestionó: “Es una decisión carente de pruebas concluyentes y rodeada de vicios procesales, que no solo afecta los derechos individuales de una dirigente política -quien fuera electa dos veces presidenta, una vez vicepresidenta, senadora y diputada nacional, entre otros cargos-, sino que también vulnera principios fundamentales del sistema democrático al condicionar la voluntad popular mediante la eliminación arbitraria de figuras representativas del movimiento nacional y popular”.

En medio de la situación conflictiva que atraviesa el personal del Hospital Garrahan, la diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para establecer la creación de un fondo especial para desarrollar y sostener al nosocomio, garantizando la estabilidad laboral, la remuneración justa y condiciones dignas de trabajo del personal.

“Este fondo se nutrirá prioritariamente de las asignaciones del Presupuesto Nacional, un porcentaje de los impuestos nacionales a productos de consumo perjudiciales para la salud y del recupero de costos por prestaciones a obras sociales y empresas de medicina prepaga, garantizando la sostenibilidad y eficiencia”, explicó la legisladora.

Luego de llamar como “pilar irremplazable del sistema sanitario argentino” a la institución, señaló que “garantiza el acceso a la salud infantil sin distinción y es una referencia en materia de la atención de alta complejidad, investigación científica y eficiencia estatal”. También, definió que “es un eje fundamental en la formación de profesionales de la salud. Es sede de residencias, becas y carreras universitarias de grado y posgrado en 25 especialidades, siendo el principal centro formador de pediatras del país”.

“El hospital asume una carga asistencial que ninguna otra institución podría absorber: atiende el 40% de los pacientes pediátricos con cáncer a nivel nacional, realiza la mitad de los trasplantes infantiles y resuelve el 70% de las cardiopatías congénitas complejas en los primeros tres meses de vida. Cuenta también con 34 consultorios multidisciplinarios y 500 camas”, destacó en los fundamentos.

Sobre el contexto actual, Monzón indicó que “el Hospital atraviesa una profunda crisis que compromete la continuidad y calidad de sus servicios”, y cargó que “este deterioro se debe a la caída del poder adquisitivo de los salarios del personal, la sobrecarga de trabajo, la falta de reconocimiento y una drástica reducción de recursos presupuestarios para su funcionamiento operativo”.

Antes del final, la legisladora de Unión por la Patria responsabilizó al gobierno de Javier Milei por el contexto: “La falta de diálogo con las autoridades nacionales, la confrontación y estigmatización por parte de integrantes del ejecutivo, así como la incertidumbre sobre el financiamiento que debe aportar el Estado Nacional comprometen seriamente su normal funcionamiento”.

Para finalizar, sintetizó que “este proyecto busca reconocer la especificidad del trabajo en el Hospital Garrahan, dotarlo de un marco institucional de protección presupuestaria, establecer mecanismos de actualización salarial, garantizar espacios de diálogo institucional y prevenir la pérdida de capital humano en un área de altísima sensibilidad. Defendiendo así el derecho a la salud de excelencia para todas las infancias”.

La diputada Roxana Monzón, junto al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martinez, la vicepresidenta Cecilia Moreau y acompañada por más de 50 diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas, presentaron el primer proyecto de ley para declarar feriado el día 21 de abril de cada año por el “Paso a la Inmortalidad del Papa Francisco”, en conmemoración del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, “primer papa argentino y latinoamericano, figura universal de la paz, la humildad y el compromiso con los más necesitados”.

“Su pontificado, que se extendió por doce años, marcará un hito en la historia contemporánea no solo por la profunda transformación que impulsó en la Iglesia Católica, sino también por el legado invaluable que deja al mundo entero, fundado en una convicción inquebrantable: la construcción de una humanidad más justa, digna e inclusiva”, sostiene el texto.

Desde el primer día -continúan los diputados-, “imprimió un liderazgo distintivo, marcado por un estilo directo, austero y profundamente pastoral. Su legado se cimentó en procesos de transformación, apertura y fuerte compromiso con lo social, lo que lo convirtió en un símbolo de renovación y en una referencia ética a nivel global. Con claridad doctrinaria Francisco transmitió mensajes potentes que trascendieron los límites de la comunidad católica, proyectando una Iglesia más cercana e integrada al mundo que la rodea”, destaca la iniciativa presentada por la diputada Monzón.

Y cierra el proyecto: “Es por ello que el proyecto de ley propone declarar feriado el día 21 de abril de cada año como “Paso a la Inmortalidad del Papa Francisco”, para que sea recordado por las generaciones presentes y futuras, no solo como una fecha de dolor, sino también como una oportunidad para renovar los valores de solidaridad, paz, justicia e inclusión que Francisco encarnó”.

La diputada nacional Roxana Monzón (UP – Buenos Aires) presentó un proyecto de declaración para repudiar al DNU 1094/2024 por el cual el Gobierno nacional eliminó el Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la Comisión Nacional de Coordinación, el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito y el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.

Tal decreto de necesidad y urgencia fue publicado el pasado 12 de diciembre en el Boletín Oficial. Desde el Poder Ejecutivo Nacional argumentaron que tales organismos le costaban al Estado nacional cerca de 2.600 millones de pesos por año. Asimismo, a través de este texto, rechazan “la decisión de dejar en situación de disponibilidad al personal dedicado a las tareas vinculadas con este programa”.

Dentro de los fundamentos, la diputada bonaerense señaló que estos programas cumplían una función “central para sostener la armonía y la paz social que requiere todo sistema democrático en el que la convivencia y la tolerancia son fundamentales para garantizar la libertad y el desarrollo personal de los habitantes de una nación”.

“El antecedente de la crisis del 2001 con niveles de desocupación y pobreza nunca antes vistos, producto de un modelo económico basado en el endeudamiento externo desenfrenado, el desmantelamiento del aparato productivo nacional y la especulación financiera, similar al que está aplicando el actual gobierno nacional, exigió un conjunto de políticas públicas activas para enmendar el daño social que produjo”, referenció.

Por otro lado, habló del proyecto de ley de presupuesto 2025 que quedó sin ser tratado en la Cámara de Diputados: “No es de extrañar que un gobierno representativo de una elite rentista, sin conciencia ni compromiso social, confronte con las políticas públicas dirigidas a construir redes de contención y acompañamiento a los sectores menos favorecidos de la población”. “El proyecto enviado al Congreso por el poder Ejecutivo refleja este desprecio por las políticas sociales y la función equiparadora del Estado”, aseveró.

Por último, Roxana Monzón cuestionó: “Hay una reducción alarmante de los recursos públicos destinados a acompañar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, necesidad o pobreza, que a esta altura del año son el 66% de los niños y niñas de nuestro país y el 53% de los adultos, de los cuales el 20% se encuentra debajo de la línea de indigencia”.

La senadora Nora Giménez y la diputada Roxana Monzón, ambas de Unión por la Patria, presentan un proyecto de ley conjunto que tiene como objetivo desarrollar el contenido, los principios y el procedimiento destinado a instrumentar el derecho a la posesión y la Propiedad Comunitaria Indígena, entendida como las tierras y territorio que las Comunidades ancestralmente y tradicionalmente ocupan y sobre las que ostentan una posesión caracterizada entre otras por una relación cultural y espiritual.

La presentación se realizará este miércoles 27 de noviembre, a las 10 en el Auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, junto a las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA) y la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena (RIEDAI), integrada por diversas Universidades Nacionales.

La iniciativa busca establecer un marco normativo para garantizar el reconocimiento, protección e instrumentación efectiva de la Propiedad Comunitaria Indígena, asegurando los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente habitan y aquellas necesarias para su desarrollo humano, en conformidad con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

Este proyecto es el resultado de más de 14 años de trabajo y construcción colectiva, que surge desde la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena (Decreto 700/2010 PEN); como continuidad de la Ley de orden público 26.160 “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, sancionada en el 2006, la cual ordena el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras ocupadas por las Comunidades Originarias Preexistentes y el Órgano de aplicación es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La propiedad comunitaria es un derecho humano fundamental para nuestros pueblos indígenas, dado que dependen del territorio para mantener su existencia y cultura. Su cosmovisión, espiritualidad e identidad están intrínsecamente vinculadas a esta relación.

El proyecto establece que “la Propiedad Comunitaria Indígena es indivisible, no es susceptible de gravámenes, es inembargable, inenajenable, inarrendable a terceros, intransmisible e imprescriptible”. Asimismo, en el texto se señala que “la titularidad de la Propiedad Comunitaria de las tierras, prevista en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, se instrumentará a favor de las Comunidades indígenas”.

Además, se determina que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ante el pedido de una o más Comunidades Indígenas, u Organización de Pueblos Indígenas, dictará un acto administrativo de reconocimiento de la posesión comunitaria de las tierras identicadas en el marco del Relevamiento técnico, jurídico y catastral ordenado por la ley N°26.160, y sus prórrogas; en un plazo no mayor de 60 días desde realizada la presentación”.

Las autoras del presente proyecto sostienen en sus fundamentos que “la posesión y propiedad de la tierra es uno de los mayores puntos sobre los cuales gira la vida y los conflictos que actualmente padecen los pueblos indígenas. Juntamente con un desplazamiento territorial se genera desalojo y un desarraigo cultural, que pone en peligro o conlleva a la pérdida de la identidad, repercutiendo en los modos de organización”. En ese sentido agregan: “existe una imperiosa necesidad de Instrumentar el Derecho de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena, impulsando la continuidad de las mismas, consolidando sus objetivos y considerando la deuda que tiene el Estado con los Pueblos Indígenas, como parte de la reparación histórica”.

La diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, visitaron la sede del Nuncio Apostólico en Buenos Aires para mantener un encuentro con Monseñor Miroslaw Adamczyk, representante diplomático del Papa Francisco en la Argentina.

La legisladora le entregó una copia del texto que impulsó para expresar su beneplácito por la decisión de trasladar a Santiago del Estero la Sede Primada de la Iglesia Católica en la República Argentina. “Se trata de una definición que celebramos con alegría por tratarse de una reparación histórica, un guiño al federalismo, un llamado a la unión de argentinos y un paso más para consolidar una Iglesia que atienda las necesidades desde la periferia hacia el centro, tal como señala el Santo Padre”, señaló la diputada

Por su parte, el jefe comunal refirió que “a pesar de que hoy quieran imponernos que lo importante es el individualismo, no debemos perder la esperanza. Tal como señaló recientemente Francisco ante los movimientos sociales, si seguimos insistiendo en la construcción comunitaria, tarde o temprano, las cosas cambiarán para bien”.

El objetivo del encuentro fue dialogar sobre acciones locales, parlamentarias y eclesiásticas que aporten en la construcción de una sociedad más justa y humana. Ambos invitaron al Nuncio a visitar Merlo con el fin de afianzar aún más el trabajo en curso entre el Municipio y las distintas iglesias y parroquias presentes en el distrito.

Tras celebrarse el Día de la Industria, la diputada nacional Roxana Monzón (UP) acompañada por más de 40 compañeros de su bloque presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia económica, financiera y tarifaria de las MiPyMEs nacionales por el transcurso de un año.

En nuestro país el 97,8% de las empresas son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), siendo el sector que más riqueza aporta y el que más trabajo genera: casi el 70% del empleo formal en el país depende de las MiPyMEs, generan el 67% del valor agregado y el 40% del PBI”, argumentó

El objetivo es sostener la actividad productiva y comercial, y proteger también el desarrollo económico y el empleo, sabiendo que las MiPyMEs “constituyen un instrumento esencial para lograr una redistribución más equitativa del ingreso”.

El proyecto propone suspender los aumentos de tarifas en los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente durante lo que dure la emergencia y retrotraer los cuadros tarifarios al 1° de marzo de 2024.

Además, dispone un incremento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de protección y apoyo a las MiPyMEs; y crear el Fondo de Recuperación y Modernización de Micro Pequeñas y Medianas Empresas, con el objetivo de subsidiar 100% de la tasa de interés en créditos destinados al pago de nómina salarial y/o recomposición de capital de trabajo, entre otras medidas.

A su vez, el proyecto promueve a las empresas con más impacto en el desarrollo local en términos de empleo, innovaciones y exportaciones. También entiende a este tipo de empresas como un pilar central para el fortalecimiento de las economías regionales y de los tejidos en las comunidades, generando mayor participación de las y los trabajadores en la generación de valor.

“Es claro que las MiPyMEs están atravesando una profunda crisis debido al brutal ajuste implementado por el actual gobierno nacional”, argumentó y sumó: “Diversas Cámaras y Asociaciones que las agrupan calculan que la capacidad instalada de la industria se encuentra en un 60% en promedio, con una caída interanual en la actividad de casi un 20%. Además de la reducción de las ventas y las dificultades en los cobros debido al deterioro de los salarios e ingresos de la población, las empresas enfrentan dificultades para pagar salarios y mantener sus plantillas de personal en todos los sectores productivos del país”.

La diputada nacional Roxana Monzón (UP) presentó un proyecto de resolución para dar apoyo parlamentario a la iniciativa presentada por el presidente de la República Federativa de Brasil, Lula da Silva, la cual promueve la creación de cual promueve la creación de la “Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza”.

Basado en un informe divulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco de las reuniones de G20 en Rio de Janeiro, “los niveles de hambre se mantienen en la actualidad preocupantemente altos con unos 733 millones de personas subalimentadas de forma crónica en todo el mundo”.

Con esta iniciativa se busca repeler la problemática que afecta a “más de un nueve por ciento de la población global que no puede satisfacer la necesidad básica y primitiva de alimentarse debido a factores como la persistencia de guerras, las dificultades económicas, la creciente desigualdad y el cambio climático”.

En esa línea, fundamentó que “estas cifras escalofriantes fueron, entonces, uno de los argumentos centrales para que el presidente brasileño presente la ‘Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza’, cuyo objetivo es erradicar estos flagelos en el mundo a partir de apelar a la solidaridad global, dar un impulso renovado a las iniciativas existentes y alinear esfuerzos a nivel nacional e internacional”.

Por tal motivo, dada la importancia de esta iniciativa para afrontar problemas que aquejan a los argentinos y argentinas, así también por los aportes que puede hacer nuestro país en esta causa global, el proyecto declara a la “Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza” de interés para la Honorable Cámara de Diputados de la Nación e insta al Gobierno Nacional a que tenga un rol activo en el marco de esta valiosa propuesta.

Ante esto, la iniciativa incluye “la pretensión de conectar fondos ya existentes en el mundo para garantizar un trabajo más efectivo y coordinado, pero también la voluntad de ampliar el presupuesto disponible a partir de tasar a las grandes fortunas que, tal como dan cuenta un sinfín de estudios internacionales, pagan proporcionalmente mucho menos impuestos que la clase trabajadora”.

Acompañaron el proyecto de Monzón, los diputados nacionales Santiago Cafiero, Pablo Yedlin, Sergio Palazzo, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Ana Ianni, Victoria Tolosa Paz, Andrea Freites, Daniel Gollan, Eduardo Valdes, Diego Giuliano, Juan Manuel Pedrini, Blanca Osuna y Aldo Leiva, entre otros.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Roxana Monzón, se reunió con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y juntos, visitaron a la embajadora mexicana, Lilia Rossbach, con quien debatieron respecto a una agenda de trabajo común enfocada en políticas de bienestar social y en acciones de cooperación sub-nacional que promuevan el desarrollo local inclusivo.

La diputada bonaerense, quien es integrante del Grupo Parlamentario de Amistad con México, se mostró predispuesta para ampliar y profundizar la agenda de cooperación bilateral, “más allá del destrato mostrado por del Poder Ejecutivo Nacional”, expresó.

En tal sentido, agregó que “se trata de una alianza económica, política y sentimental que debemos cuidar y alentar”. “Nuestros países tienen una larga historia de amistad que incluye cuestiones sensibles para el pueblo argentino como el apoyo incondicional de México a la Causa Malvinas y el asilo a muchos argentinos y argentinas durante la última dictadura militar”, enfatizó.

A su vez, Monzón se comprometió a organizar encuentros entre diputados nacionales para intercambiar experiencias legislativas en cuestiones de interés común cuando los legisladores del Congreso mexicano asuman sus funciones.

La agenda de trabajo también incluyó la búsqueda de socios mexicanos para la Universidad Nacional del Oeste con el fin de fomentar la cooperación educativa entre ambos países que incluye reconocimiento de títulos, intercambio de alumnos, becas y trabajos conjuntos en materia de ciencia e investigación.

La diputada nacional Roxana Monzón (UP) presentó un proyecto de declaración para expresar preocupación ante la evaluación crítica sobre la situación del país realizada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Volker Turk.

El proyecto en cuestión fue acompañado por más de 40 diputados del bloque quienes coincidieron en alertar sobre “los efectos negativos de las medidas implementadas por el Ejecutivo en materia de género, garantías para necesidades básicas, acceso a la Justicia, Agenda 2030 y libertad de expresión”.

Entre los fundamentos, hace hincapié en el discurso de apertura de la 56a sesión del organismo, donde el encargado de velar por derechos humanos de la ONU mencionó el caso argentino y exhortó al Gobierno a poner las libertades fundamentales “en el centro de su política” y construir “una sociedad más unida e inclusiva”.

“En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030ʺ, expresó Turk.

Asimismo, hizo saber su preocupación respecto al “derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión”, en un contexto marcado por la “repudiable violencia policial ejercida durante las manifestaciones contra la Ley de Bases del pasado 12 de junio que incluyó agresiones físicas a diputados nacionales y la detención de más de 30 personas que sin pruebas contundentes, fueron privadas durante varios días de su libertad. Todo ello, mientras el Ejecutivo Nacional acusó a quienes se movilizaban de terroristas y de impulsar un golpe de Estado”.

Por este motivo, desde UP instan al Gobierno nacional a retomar el “sendero tradicional de la política argentina la cual es reconocida hace más de 40 años en el mundo por su defensa activa de los derechos humanos, la democracia, la agenda de género y diversidades, el multilateralismo, el medio ambiente y la paz”.

El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Ana Ianni, Blanca Osuna, Diego Giuliano, Victoria Tolosa Paz, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Gabriela Pedrali, Natalia Chacur Zabala, Jorge Romero, Carlos “Kaky” González, Mario Manrique, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Silvana Ginocchio, Daniel Gollan, Pablo Todero, Andrea Freites, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdes, Julio Pereyra, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo, Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Lorena Pokoik, Ricardo Herrera, Hernán Pérez Araujo, María Luisa Montoto, Juan Pedrini, Martín Soria, Micaela Moran, Mónica Litza, Eugenia Alianiello, Nancy Sand, Aldo Leiva, Ariel Rauschenberger, Ernesto Ali, Martín Aveiro, María Luisa Chomiak e Hilda Aguirre.