En una reunión informativa, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes recibió a la Defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, y al Defensor adjunto, a fin de brindar el informe trimestral de la Defensoría.
Marisa Graham expuso una vez más en el Congreso de la Nación. (Fotos HCDN)
La Comisión de Familias, Niños y Juventudes de la Cámara baja, presidida por la radical Roxana Reyes (Santa Cruz), recibió a la doctora Marisa Graham y al defensor adjunto Facundo Hernández quienes presentaron el primer informe trimestral de la Defensoría nacional con el nuevo cambio de Gobierno.
En el inicio de la reunión -se llevó a cabo en el Anexo “A”-, culminó el proceso de constitución y fueron designadas Victoria Tolosa Paz (Up – Buenos Aires), como vicepresidenta primera y Nilda Moyano (UP – Santiago del Estero) en la Secretaría tercera.
En la primera visita de la Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes visitó la Cámara de Diputados desde la asunción del presidente Javier Milei, la misma celebró los decretos que otorgaron aumentos a los montos de la Asignación Universal por Hijo y al Plan 1000 Días.
“Es importante asistir a las comisiones en la Cámara de Diputados y el Senado porque hemos legitimado nuestro rol desde el 2020 y trabajamos para garantizar el derecho a las prestaciones básicas”, señaló Graham en la presentación del informe de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Mediante una presentación de imágenes diapositivas, el primer tema trató sobre la cantidad de menores de edad que hay en la población argentina distribuidos por el territorio nacional: “El 26,6% de la población (12,2 millones) son niñas, niños y adolescentes”. Asimismo, agregó un dato aún más profundo: “El 58,5% vive en hogares pobres y el 18,9 en la indigencia”.
En esa línea, presentó el esquema del último período con relación a las prestaciones abonadas por la ANSES: “Hay 9.602.428 personas que reciben asignaciones (4.081.178 con AUH y 5.520.650 otras asignaciones) y 1.516.504 que cobran programas provinciales”. En tal sentido, la doctora destacó que “el Gobierno nuevo duplicó la AUH”.
No obstante, señaló que la prestación pasó de 41.322 pesos a 52.554 de enero a marzo 2024 “si es que abona el 100%”.
También, explicó la relación entre la AUH y el valor de Canasta Básica Familiar: “Solo cubren el 72% de la canasta aquellos cobren el Plan 1000 Días, la Tarjeta Alimentar y la AUH”, y amplió: “de 3 a 5 años, cubren el 50%; de 5 a 14, el 37,7%; y 15 a 17, solo el 16,5%”.
En esta parte, la doctora Graham remarcó el pedido que realizó hace unas semanas en la Comisión de Previsión y Seguridad Social respecto a elevar la edad a 17 años para los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar (actualmente es hasta los 14 años). “Los adolescentes de 15, 16 y 17 años son los más desprotegidos”, aseveró.
Para sintetizar los reclamos anexados en el informe 2023 de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes explicó que “se busca mensualizar el mecanismo de actualización y lograr armonía y equidad en las diferentes prestaciones”.
Con relación a la seguridad alimentaria, Graham criticó que los kioscos de colegio y cantinas “venden chatarra y no cumplen con la Ley de Etiquetado Frontal”. Y añadió que “2.300.000 niñas y niños que viven bajo la línea de indigencia acuden a 223 comedores”.
Luego, doctor Facundo Hernández amplió más datos del informe: “un 44,9% de las niñas y niños acuden al sistema de salud pública”. También, pidió por la optimización del sistema de vacunación para que sea “como era antes de la pandemia”.
Por otro lado, se refirió al cierre, por parte del Gobierno nacional, del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que había logrado una notable disminución de embarazos no deseados en adolescentes.
“Es un plan que se monitoreó y tuvo una enorme reducción en la fecundidad adolescente que fue del 52% (35.000 a 16.000) y en niñas del 61%”, explicó Hernández. “No es que se está reordenando, no está funcionando”, remarcó.
Como solución al cierre del plan, el defensor señaló que “es esencial que se mantenga”, y propuso que haya una ley que garantice la continuidad del Plan ENIA.
Respecto a la salud mental en menores, indicó que “es fundamental fortalecer la atención porque impacta en suicidios, autolesiones y adicciones”. A su vez, presentó un dato negativo: “Los suicidios en menores venían a la baja, pero hubo repunte en el 2022. Se dio en más varones que mujeres”.
En el tramo final de la presentación, se refirió al programa Becas Progresar que permite que adolescentes “permanezcan en la escuela”. En esa línea, sugirió que “se incorpore a chicas y chicos de 15 años”.
Para terminar su exposición, Facundo Hernández concluyó que “las leyes, aunque no tengan la palabra niña, niño o menor impactan directamente en la vida de cada uno”.
Ante la inactividad de ese organismo, la diputada radical santacruceña Roxana Reyes pide que se dé cumplimiento a la Ley 24922 que creó el organismo y estableció la regulación del sector.
La diputada por Santa Cruz Roxana Reyes solicitó al Gobierno Nacional que nombre sus representantes en el Consejo Federal Pesquero y que lo convoque para normalizar su funcionamiento.
Lo hizo mediante un proyecto de resolución presentado en el Congreso de la Nación, que contó con el acompañamiento de los legisladores Julio Cobos, Pamela Verasay, Danya Tavela, Luis Picat, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Marcela Antola, Fabio Quetglas, Carla Carrizo y Gerardo Cipolini.
Reyes pide que se dé cumplimiento a la Ley 24922 que creó el organismo y estableció la regulación del sector.
“Ante la inactividad del Consejo Federal Pesquero solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que ordene a los ministerios de Economía, Interior y a la Cancillería a designar a sus representantes en el Consejo y así convocar a su reunión”, enfatizó la diputada Roxana Reyes.
Además destacó que la falta de funcionamiento del organismo impide que las provincias puedan participar de las decisiones que se tomen en materia de pesca y discutir las políticas del sector.
El Consejo Federal Pesquero es el organismo estatal interjurisdiccional encargado de definir la política pesquera del país y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional. Su composición es colegiada, integrada por representantes de las provincias con litoral marítimo y representantes del Estado nacional.
“Presentamos este proyecto para solicitar que se cumplan las disposiciones del Régimen Federal Pesquero que otorga al Consejo Federal facultades muy importantes como la de asignar las cuotas de captura o aprobar los permisos de pesca”, indicó la diputada radical.
“Las provincias tienen en este Consejo un espacio de trabajo valioso junto a las autoridades nacionales para definir las pautas de trabajo y establecer políticas a largo plazo. Se trata de un organismo federal que regula el sector y su funcionamiento es muy importante”, remarcó.
El CFP no se ha reunido en el transcurso de este año debido a que los representantes del Estado nacional aún no han sido designados en su totalidad, por lo que las provincias reclaman su constitución y funcionamiento para participar en las decisiones y cumplir con la Ley Federal de Pesca.
“Queda clara la importancia que tiene este organismo para llevar a cabo la explotación de un recurso natural que reviste carácter estratégico y de interés nacional. Por eso esperamos que el Ejecutivo Nacional normalice cuanto antes el funcionamiento del Consejo”, finalizó Reyes.
La radical es revalidada en ese cargo desde 2020. Al asumir, enfatizó en los “desafíos” de mantener la comisión activa en un contexto de 70% de niños pobres.
En la reunión constitutiva de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, fue elegida nuevamente como presidenta la radical Roxana Reyes, quien desde 2020 se desempeña en ese cargo.
Al tomar la palabra, la santacruceña agradeció la posibilidad de renovar la presidencia y dijo que “tenemos indudablemente en esta comisión proyectos, objetivos y desafíos, pero en un contexto” de “70% de pobreza infantil, cuando teníamos hace dos años un 56%”.
En ese sentido, “es urgente para el país el trabajo de los parlamentarios argentinos en materia de niñez. No puede ser una comisión que se considere secundaria”, sostuvo.
Reyes abogó por “llegar a la mayor cantidad de consensos para avanzar con una agenda”, que incluya, entre sus temas, la cuestión de la salud mental. También remarcó que hay que “interpelar continuamente a los organismos que tiene por de más presupuesto para trabajar con la niñez” como la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Tras ser designada como secretaria primera, la macrista Gabriela Besana coincidió: “Tenemos un gran desafío este año, tenemos 7 de cada 10 chicos que son pobres alrededor del país. Esta comisión tiene que funcionar y traer proyectos que sean para mejorar la vida de niños, niñas y adolescentes”.
A su turno, la secretaria segunda, la libertaria Nadia Márquez, observó la “falta de presencia masculina” en la comisión. “La conformación de las familias en Argentina y el mundo entero no está solamente compuesta por mujeres, con lo cual hubiese sido muy interesante que en cada uno de nuestros bloques tengamos más hombres. No podemos pensar la construcción de ideas, de familias, de proteger a los niños pensandolo desde la perspectiva solo de las mujeres o los hombres, sino desde todos juntos”, planteó.
Respecto del resto de las autoridades, la vicepresidencia segunda quedó para Marcela Campagnoli, de Hacemos Coalición Federal; mientras que la vicepresidencia primera y secretaría tercera, Unión por la Patria hizo reserva.
En el encuentro, la diputada de UP Victoria Tolosa Paz recordó que el presidente Javier Milei había dicho que “la billetera la iba a tener la ministra de Capital Humano”, pero “hoy estamos asistiendo a una situación muy crítica en todas y cada una de las jurisdicciones. Cada vez que se recortan fondos a los gobernadores, no hay un destrato a el o la gobernadora, sino fundamentalmente a quienes padecen el derecho a la alimentación”.
La exministra de Desarrollo Social consideró que desde la comisión hay que “detener el daño, aliviar allí donde hay mucho dolor y, fundamentalmente, construir una agenda que vuelva a ampliar los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Al cruce le salió el diputado de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, quien señaló que “realmente hay una deuda de la democracia con la niñez, con la juventud, pero no es culpa del Gobierno actual. El Gobierno actual aumentó la AUH, aumentó la ayuda escolar, hoy sale un voucher que va a alcanzar a más de dos millones de jóvenes para que puedan pagar sus cuotas”.
“Como dice su marcha peronista, combatieron al capital, y es verdad, combatieron al capital argentino que hoy tendría que estar invirtiendo en el suelo argentino para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, lanzó y defendió que la gestión de LLA “está desactivando todas las bombas de tiempo que dejó el Gobierno anterior”.
Durante la reunión también surgieron intervenciones sobre la denuncia de la agrupación H.I.J.O.S; el caso en Mendoza de una militante del Partido Obrero embarazada que está a punto de dar a luz y la Justicia no le posterga la audiencia en una causa por protesta social; y la situación de la niñez en la guerra Israel-Palestina.
La iniciativa establece mandatos de cuatro años con el derecho una sola reelección inmediata, el voto será obligatorio para que todos los trabajadores participen y se garantice mayor transparencia en la elección de autoridades.
El presidente Javier Milei adelantó en la Asamblea Legislativa que promoverá una norma que limite la duración de los mandatos sindicales a dos períodos de 4 años cada uno. De forma casi inmediata diversos proyectos fueron presentados -algunos reflotados de años anteriores- que van en la misma línea del anuncio.
Uno de ellos fue impulsado por la diputada radical Roxana Reyes que propone modificar la Ley de Asociaciones Sindicales estableciendo mandatos de cuatro años con el derecho una sola reelección inmediata con el requisito de culminar completamente el mandato anterior, el voto será obligatorio para que todos los trabajadores participen y se garantice mayor transparencia en la elección de autoridades.
“Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible”, fueron las palabras Milei en la apertura de las Sesiones Ordinarias.
Según el proyecto “siguiendo las disposiciones del derecho electoral, las Asociaciones estarán obligadas a convocar a elecciones en un plazo no menor a 90 días de finalizar los mandatos, debiendo realizarse la elección antes de los 20 días de dejar el cargo”.
“Los sindicalistas deberán presentar declaración jurada de sus bienes bajo pena de ser llevados a la justicia y no poder ejercer nunca más un cargo sindical”, plantea.
También incorpora la “Ficha Limpia Sindical” y explicó: “Exigimos requisitos mínimos de idoneidad para llevar adelante la representación de los trabajadores y para que nunca más un condenado por corrupción tenga a cargo la conducción de un sindicato”
Por último, el proyecto incluye la libertad de elección del agente de seguro de Salud para los trabajadores y su grupo familiar. “Ellos son quienes hacen el aporte, por lo que los sindicatos no deben meterse en estas cuestiones”, argumentó la radical.
En línea con lo dicho por el presidente de la Nación @JMilei el pasado viernes 1 de marzo, presentamos un proyecto en @diputadosAR para modificar la Ley de Asociaciones Sindicales. pic.twitter.com/3ZC1hR6LId
— Roxana Reyes (@roxanareyessc) March 5, 2024
La diputada de la UCR rechazó la detención de cuatro militantes que se estaban manifestando en las inmediaciones del Congreso e insistió: “estamos absolutamente de acuerdo en que se ponga orden en este país, pero con razonabilidad”.
Tras una extensa jornada de debate en torno a la Ley Ómnibus, la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR) Roxana Reyes expresó su repudio por la detención de cuatro militantes radicales que estaban cantando el himno en las inmediaciones del Congreso y rechazó las amenazas contra su par Carla Carrizo.
“A los militantes radicales los conocemos bien: son respetuosos de las libertades y los derechos, se saben manifestar, se han formado en los comités y conocen de derechos. Entonces lo que ha sucedido con mujeres militantes radicales en las inmediaciones del Congreso, que se estaban manifestando pacíficamente, ha sido un exceso”, manifestó este jueves la legisladora, en el marco de una cuestión de privilegio.
Al mismo tiempo que advirtió que “no queremos que nos conviertan en kirchneristas por estar diciendo esto, no somos kirchneristas, no estamos de acuerdo con que corten las rutas, tomen el espacio público y con qué corten las calles, pero tampoco estamos de acuerdo con los excesos. No queremos ser tildados de aquellos que privilegian los abusos en la vía pública, estamos absolutamente de acuerdo en que se ponga orden en este país, pero con razonabilidad”.
Asimismo, pidió explicaciones por otros sucesos violentos que ocurrieron durante la primera jornada de debate de la Ley Ómnibus. “Queremos saber en dónde están, en que comisaría están, aquellos que le tiraron combustible a un periodista ayer en la puerta de la Cámara de Diputados. Esos violentos queremos saber donde están. Porque a nuestras mujeres, a estas cuatro mujeres, que se manifestaban pacíficamente, las tuvieron detenidas toda la noche”, indicó.
“La fiscalía estuvo durante 12 horas detenidas a estas mujeres, ¿cuál era el delito que habían cometido? El presidente y el Gobierno tienen una gran responsabilidad, tienen que cuidarnos, es indispensable. Las fuerzas de seguridad y la fiscalía tienen que tener mínimos criterios de razonabilidad, y el radicalismo está para pedir esa prudencia. Nosotros vamos a estar entre los extremos, nunca en alguno de ellos”, continuó Reyes.
Finalmente, la legisladora por Santa Cruz concluyó advirtiendo sobre las intimidaciones que viene sufriendo su compañera de bancada. “Carla Carrizo está recibiendo brutales amenazas en las redes sociales, están amenazando con colgarla. Yo pido pacificación, pacifiquemos a la Argentina”, completó.
La diputada radical contó que el objetivo del encuentro con el funcionario fue a fin de planificar un trabajo para garantizar una justicia “ágil, eficaz e independiente”. También abordaron el tema de Ficha Limpia y el Consejo de la Magistratura.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) se reunió con el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona, para establecer una agenda “contra la corrupción y justicia independiente”.
A través de sus redes, Reyes contó: “Nos reunimos con el ministro de Justicia de la Nación para planificar nuestro trabajo por una justicia ágil, eficaz e independiente”, y sumó: “Le transmití mi mirada sobre la lucha inclaudicable que debemos dar contra la corrupción dado que nadie invierte ni quiere vivir en un país con altos niveles de corrupción y bajos estándares de institucionalidad”.
“Si la justicia argentina es un poder que vele por los derechos de todos los argentinos seremos un país más amigable y atractivo para las inversiones y consecuentemente el desarrollo que buscamos”, manifestó.
Reyes contó que también dialogaron sobre el proyecto presentado en Cámara de Diputados de Ficha Limpia porque “no podemos seguir teniendo corruptos que usan la función pública o los fueros como guarida”.
“Fue tema de la reunión también la anunciada Fiscalía contra la corrupción quedando a la espera del anuncio oficial y los lineamientos de la misma, pero en el convencimiento que convertirá a nuestro país en un lugar de avanzada para dar esta lucha al flagelo de la corrupción”, informó.
Por último, comentó que abordaron el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la necesidad de avanzar en cubrir las vacantes de la justicia nacional y federal.
Roxana Reyes destacó “la relevancia de debatir y legislar de manera transparente sobre las medidas que impactan sobre la economía del país.
La diputada Nacional Roxana Reyes presentó este miércoles un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo nacional que envíe el DNU 70/2023 en uno o varios proyectos de ley para que se pueda debatir y aprobar en el Congreso.
“Entendemos la necesidad de realizar reformas para mejorar la realidad de nuestro país y por ello proponemos que sea en el Congreso de la Nación donde esas reformas primero sean debatidas y luego aprobadas”, expresó la diputada Reyes señalando su posición respecto al reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por el presidente de la Nación, Javier Milei, identificado como DNU-2023-70-APN-PTE y conocido como DNU 70/2023 “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.
La diputada, consciente de la importancia del equilibrio entre los poderes del Estado, destaca “la relevancia de debatir y legislar de manera transparente y participativa sobre las medidas que impactan directamente en la economía del país”.
La diputada Reyes reafirma su “compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la colaboración constructiva entre los distintos poderes del Estado para alcanzar soluciones consensuadas en beneficio de la sociedad”.
Acompañan los diputados Julio Cobos, Facundo Manes, Karina Banfi,
Jorge Rizzotti, Marcela Coli, Soledad Carrizo, Facundo Carbajal, Pedro Galimberti, Atilio Benedetti, Natalia Sarapura, Francisco Monti, Gerardo Cipolini, Juan Carlos Polini y Manuel Aguirre.
Se realizó una reunión informativa de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes para debatir junto a asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.
La diputada radical consideró que es “un paso importante” el avance de la iniciativa, que fue devuelta con cambios al Senado.
La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), expresó su satisfacción por la aprobación del proyecto que establece la creación de protocolos de protección y detección del abuso sexual infantil obligatorios en todos los ámbitos donde las niñas, niños y adolescentes desarrollan sus actividades. “Este importante avance en la legislación es un paso significativo hacia la protección de los derechos de los menores y la prevención del abuso sexual infantil en la sociedad”, señaló.
El protocolo deberá establecer pautas claras y procedimientos específicos para prevenir el abuso sexual infantil y cómo actuar ante situaciones de esta naturaleza en entornos educativos, deportivos, recreativos y sociales. La radical destacó “la importancia de contar con herramientas efectivas para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes en su entorno cotidiano”.
“Celebro este tipo de proyectos que brindan herramientas a docentes, educadores o quienes trabajan a diario con niños, para prevenir el abuso y saber cómo actuar ante estas situaciones. El cuidado de los más vulnerables es un tema que debe estar siempre en la agenda de la política”, afirmó la santacruceña.
El proyecto también establece la obligación de capacitar a profesionales y trabajadores que desempeñan roles clave en el cuidado y educación de los menores, con el objetivo de sensibilizarlos sobre la importancia de prevenir el abuso sexual infantil y proporcionarles las habilidades necesarias para detectar y denunciar posibles casos.
“Este proyecto es otra manera de fortalecer los sistemas locales de protección de derechos, estableciendo lineamientos mínimos, brindando asesoramiento, asistencia técnica, capacitaciones en el marco de la Ley Lucio, como así también poniendo a disposición el material informativo para el acceso y la promoción de derechos a las instituciones que albergan a los niños, niñas y adolescentes”, explicó Reyes.
Para la legisladora, la aprobación de esta iniciativa “representa un logro fundamental en la lucha contra esta problemática, reafirmando el compromiso con la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su vida”.
Por último, Reyes agradeció el trabajo conjunto logrando consensos en las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, al tiempo que reconoció a quienes trabajaron “para traer al recinto esta iniciativa que ha perdido ya estado parlamentario y esta vez, con media sanción del Senado, recibe modificaciones con amplio consenso de las comisiones referidas”.
Las diputadas radicales Carla Carrizo y Roxana Reyes celebraron la noticia a través de sus redes. Los jueces que se postulen en los concursos deberán acreditar como requisito obligatorio la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical) y Roxana Reyes (UCR) celebraron a través de sus redes sociales que el Consejo de la Magistratura incorporó como requisito obligatorio la capacitación de la “Ley Lucio”.
“Y hoy un #BuenViernes porque el Consejo de la Magistratura incorporó la Ley Lucio en los concursos para magistrados del Poder Judicial de la Nación. En adelante, los jueces deberán acreditar como requisito obligatorio la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes para poder postularse”, explicó Carrizo en su red social “X” y destacó: “Un primer gran paso para que el sistema judicial comience a saldar una gran deuda en la protección de niñas/os y adolescentes en Argentina”.
En el mismo sentido, Reyes expresó: “¡Gran noticia! La Ley Lucio ahora es formación obligatoria para quienes aspiren a la magistratura, asegurando así la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Seguimos en camino hacia una justicia más justa y equitativa”.
La norma fue sancionada el 13 de abril por el Senado por unanimidad y reglamentada el 3 de mayo. La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes, y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de ONGs. Una vez aprobada en el recinto debe volver al Senado.
El proyecto fue aprobado en diciembre de 2021 y si no lo llevan al recinto perderá estado parlamentario a fin de año. Será tratado en una reunión conjunta este martes.
Un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales de Diputados, a cargo de Roxana Reyes y Jorge Vara respectivamente, se reunirá para debatir sobre un proyecto que busca prevenir el abuso sexual infantil.
El encuentro está agendado para este martes a las 12 en el 2° piso del Anexo “C” de la Cámara baja. Si le dan dictamen, deberá después pasar por Presupuesto y Hacienda.
El jueves pasado, la directora Ejecutiva de la Red por la Infancia, Paula Wachter, brindó un informe ante la Bicameral del Niño sobre los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia y enfatizó que “400 millones de niñas, niños y adolescentes son potencialmente víctimas de abuso y explotación sexual a nivel mundial”.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde el 10 de diciembre de 2021 y apunta a crear protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.
Impulsada por la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR), el texto establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda”.
En ese sentido, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los requisitos mínimos de los protocolos; determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
También, brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control; y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.
Además, se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.
La precandidata a gobernadora por JxC cuestionó a la actual jefa provincial Alicia Kirchner por “la falta de políticas efectivas por parte del Estado”.
La precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Roxana Reyes, se reunió este miércoles con miembros de la Sociedad Rural de Río Gallegos y manifestó su preocupación por la situación actual del campo en esa provincia.
“Hay una necesidad urgente de readecuar el Consejo Agrario Provincial”, aseguró Reyes. Del mismo modo, mencionó que “la escasez de agua, las condiciones climáticas extremas, la falta de un manejo adecuado del Guanaco y la lejanía de los mercados principales como algunas de las principales adversidades que enfrentan los agricultores y ganaderos de la región”.
A su vez, Roxana Reyes se refirió a “la falta de políticas efectivas por parte del Estado es lo que agrava aún más la situación”, cuestionando la gestión de la actual gobernadora Alicia Kirchner.
En tal sentido, manifestó que “venimos advirtiendo durante los últimos años sobre la necesidad urgente de una readecuación en el Consejo Agrario Provincial”. “Este organismo juega un papel crucial en la coordinación de políticas que impulsen la inversión, modernización de técnicas de producción e infraestructura rural”, amplió.
La precandidata de JxC, que competirá en la interna de su espacio contra Mirey Zeidan, remarcó su compromiso con el sector agropecuario y prometió “tomar medidas inmediatas para diseñar y ejecutar políticas que respalden al campo”.
Por último, destacó que opinó sobre la implementación de programas de capacitación, acceso a créditos flexibles y estímulos fiscales. “Es crucial promover la investigación y la innovación para adaptarse a los desafíos cambiantes del entorno agrícola”, subrayó.
La diputada radical y candidata a gobernadora por Santa Cruz planteó que el objetivo es “mejorar la representatividad y la confianza en el sistema político” de su provincia.
La diputada nacional y candidata a Gobernadora por el frente electoral Cambia Santa Cruz Roxana Reyes (UCR) destacó la necesidad de abordar los problemas estructurales que han afectado el desarrollo de la provincia y que “la han llevado a ocupar el último lugar en el ranking de transparencia electoral debido a la polémica Ley de Lemas”.
Durante su recorrida por Santa Cruz, la radical continuó dando a conocer sus principales propuestas de gobierno, entre ella promueve la transparencia y la ética en la gestión pública de la provincia. Roxana Reyes expresó su firme compromiso de impulsar la Ficha Limpia, derogar la Ley de Lemas y poner fin a la elección indefinida, con el objetivo de mejorar la representatividad y la confianza en el sistema político santacruceño.
“Santa Cruz está última en el ranking de transparencia electoral por la Ley de Lemas, una ley que distorsiona la voluntad popular. Como primera medida de nuestro gobierno será derogar la Ley de Lemas e instaurar la Ficha Limpia”, enfatizó Reyes.
Además, la santacruceña resaltó su propuesta de instaurar la Ficha Limpia que busca garantizar que aquellos que aspiren a cargos públicos no tengan antecedentes que comprometan su idoneidad para ejercer funciones de gobierno.
“No podemos tener nunca más alguien procesado, condenado o con cualquier deuda en la justicia, que administre los recursos de todos los santacruceños”, afirmó la diputada subrayando la importancia de una gestión pública íntegra y responsable.
Asimismo, se comprometió a impulsar una reforma que ponga fin a la elección indefinida de autoridades, promoviendo una alternancia en el poder que permita una mayor pluralidad de ideas y proyectos para el beneficio de la población santacruceña.
La candidata sigue invitando a los santacruceños a sumarse a su proyecto de gobierno, basado en la honestidad, la transparencia y el compromiso con el desarrollo de Santa Cruz. “Es hora de que trabajemos juntos para construir una provincia más justa, equitativa y próspera. Con el apoyo de todos, podemos lograr el cambio que Santa Cruz necesita”, concluyó Reyes.
La diputada radical y precandidata a gobernadora por Santa Cruz busca atraer de vuelta a los profesionales especialistas que han abandonado la región, garantizarles un salario digno, ofrecer posibilidades habitaciones y capacitaciones constantes.
Siguiendo su recorrida por la zona norte de la provincia de Santa Cruz, la diputada nacional y candidata a gobernadora Roxana Reyes (UCR), ha presentado un plan para fortalecer el sistema sanitario y atraer de vuelta a los profesionales especialistas que han abandonado la región, ya que “el estado precario del sistema de salud es uno de los aspectos más urgentes para los ciudadanos de la provincia”.
“La salud es un pilar fundamental para el bienestar de todos los santacruceños. Nuestra provincia ha enfrentado desafíos significativos en el sistema de salud, y es hora de tomar acciones concretas para mejorar esta situación. Reconocemos la valiosa labor del personal de salud, cuya vocación y entrega incansable han mantenido a flote nuestro sistema. Pero no podemos ignorar que muchos profesionales especialistas han tenido que marcharse buscando mejores condiciones laborales y oportunidades para sus familias”, señaló la radical.
En busca de revertir esta problemática, la candidata a gobernadora se ha comprometido a garantizar un salario digno para los profesionales de la salud, reconociendo así su valiosa labor y brindándoles el reconocimiento económico que merecen. Además, Reyes ha destacado la importancia de ofrecer posibilidades habitacionales para aquellos médicos y especialistas que deseen regresar o establecerse en la provincia, asegurando que cuenten con un ambiente propicio para desarrollar su trabajo y formar una vida estable junto a sus familias.
“Para que nuestros profesionales especialistas vuelvan y aporten su conocimiento y experiencia, es esencial que se sientan respaldados y valorados en su labor. Vamos a trabajar para crear un sistema de salud sólido, federal, donde cada profesional tenga las condiciones necesarias para brindar sus servicios en óptimas condiciones, con más infraestructura y tecnología”, afirmó la santacruceña.
El plan de la candidata también incluye un enfoque en la capacitación continua del personal de salud, sumando residencias y hospitales escuela con el objetivo de mantenerlos actualizados en los avances médicos y tecnológicos. Asimismo, se ha comprometido a garantizar una educación de calidad para los hijos de los profesionales de la salud, asegurando así un futuro próspero para las próximas generaciones.
“Nuestro objetivo es lograr un sistema de salud fuerte y sostenible, donde cada ciudadano tenga acceso a una atención médica de calidad sin tener que trasladarse de sus localidades. Queremos que Santa Cruz sea un lugar atractivo para los profesionales de la salud, donde puedan ejercer su vocación en un ambiente propicio y con oportunidades de desarrollo tanto para ellos como para sus familias”, enfatizó la candidata.
El plan de Reyes para fortalecer el sistema de salud “genera expectativas positivas entre la población, quienes ven en esta propuesta una oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos los santacruceños y asegurar un futuro más saludable para la provincia”.
La diputada de JxC propone “la creación de la escuela para maestros” y criticó la situación actual. además, cuestionó a la gestión actual por “la falta de clases” y la “precarización docente”.
La candidata a gobernadora de Santa Cruz, Roxana Reyes, anticipó un plan de tres pilares respecto a las mejoras que implementaría en educación si gana las elecciones en su provincia el próximo 13 de agosto. “Garantizar los 180 días de clases, dignificar el trabajo docente e innovar en la capacitación”, aseguró.
Además, la diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura propone “la creación de la escuela para maestros”. “Esta institución estará dedicada a la capacitación docente de forma continua en áreas como educación digital y robótica, matemática, ciencia y tecnología, prácticas del lenguaje e inclusión educativa”, expresó.
Al respecto, Reyes afirmó: “Nos ocupamos de crear y promover políticas educativas en nivel inicial, primario, secundario y superior que conformen un sistema innovador, único e integrado. Para el logro de esta gran meta, hemos diseñado líneas de acción prioritarias para nuestros primeros 100 días de gobierno”.
La diputada santacruceña consideró que en la provincia hay “falta de clases para los estudiantes, precaria situación salarial de los docentes e insuficiente inversión en infraestructura escolar”. “Estos desafíos han tenido un impacto negativo en el desarrollo académico de los niños y jóvenes de la provincia, y han afectado la calidad de vida de los docentes, quienes se ven forzados a realizar doble turno para llegar a fin de mes”, aseveró.
Así se expresó la candidata a gobernadora por Santa Cruz, en desacuerdo con la decisión de una parte de su espacio de incluir al partido SER de Claudio Vidal, a quien calificó de “kirchnerista decadente”, y remarcó que solo lo hacen “por una cuestión electoral y no ideológica”.
La precandidata a gobernadora por Santa Cruz y actual diputada nacional Roxana Reyes (UCR) dialogó con parlamentario.com y ratificó su desacuerdo con la decisión del Pro de formalizar una alianza con el gremialista kirchnerista Claudio Vidal, diputado nacional por el partido SER. “Es lamentable que el Pro haya abandonado Cambia Santa Cruz para integrar un frente electoral sin posibilidades de triunfo”, expresó la radical.
La ruptura se dio en la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) -columna vertebral del Frente Cambia Santa Cruz- realizada el fin de semana pasado en Puerto Deseado en donde habían dejado la puerta abierta para sumar al petrolero que en 2019 fue parte del FdT y en 2021 consiguió con su partido, Somos Energía para Renovar Santa Cruz, un espacio en el Congreso de la Nación.
Sin embargo, la decisión tomada en la Convención fue con una condición excluyente y de difícil cumplimiento: Cambia Santa Cruz debería presentarse con una sola fórmula para competir el próximo 13 de agosto y, en el caso de que eso suceda, los votos se sumarían de acuerdo con la Ley de Lemas.
A sabiendas de que Reyes no declinaría su candidatura a la gobernación, un sector de radicales rebeldes intentó convocar a una nueva convención para eliminar dicha exigencia, pero todo terminó con un fallo judicial que no solo canceló la convocatoria sino que fue el sello de ruptura.
De esta manera, el Pro y Encuentro Ciudadano decidieron aceptar al petrolero Vidal y armaron el nuevo frente “Por Santa Cruz”, mientras que la UCR, el Partido Socialista, UNIR Santacruceño y la CC respaldaron a Reyes.
Cabe remarcar que Santa Cruz votará con la vigencia de la ley de lemas, sistema que permite que varios candidatos a un mismo cargo -aún con visiones enfrentadas- compitan dentro de un mismo partido político. Todos los votos se suman y se impone el que más votos junte dentro del lema. Y se puede dar la paradoja de que el voto termine sumando para el candidato que el elector no votó. No gana el candidato más votado individualmente, sino el que sumó más votos dentro de su lema.
Este fue el diálogo de la diputada con parlamentario.com:
– ¿Qué sucedió en la convención provincial de la UCR con Claudio Vidal? ¿Qué opina respecto de que el Pro le abriera las puertas el diputado del Ser, ya que se lo fotografió junto a Horacio Rodríguez Larreta?
– En la Convención de la UCR se decidió que si no se unificaba un solo candidato de Cambia Santa Cruz no se podía ingresar en un Lema con Claudio Vidal porque significaba el riesgo de ponerlo en el gobierno y se manifestaron categóricamente con no compartir nada con ese espacio liderado por el petrolero. Resulta lamentable que el Pro haya abandonado Cambia Santa Cruz para integrar un frente electoral sin posibilidades de triunfo con un partido con el que no tienen coincidencias.
-Usted ha dicho que es una cuestión electoral y no ideológica a fin de sumar votos. ¿Por qué?
– Claudio Vidal es un kirchnerista decadente y más violento. Los que plantean una alianza sin duda lo hacen para ganar la elección, solo electoral, no se avanza en ninguna coincidencia ideológica o de programas de gobierno.
-Tomando en cuenta su reciente posteo en redes -“¡No se saca terrorismo con terrorismo, no es a cualquier precio!”-, da cuenta de una mirada más que negativa que tiene sobre Claudio Vidal.
– Las prácticas de Claudio Vidal me han convencido de que no tenemos puntos de contacto. La Ley de Lemas es un sistema electoral mentiroso, porque los votos de un candidato terminan sumando para otro dentro de su lema y la gente no termina de saber a quién va su voto. Alicia, Vidal y Belloni en el 2019 le mintieron al electorado porque los votos de uno terminaron sumándole al otro, pero no le mintieron tanto porque son ideológicamente parecidos, son kirchneristas. Ahora, de hacer Cambia Santa Cruz una alianza con Claudio Vidal, estaríamos causando la mayor estafa electoral, porque somos diametralmente opuestos.
– ¿Cómo ve la provincia de Santa Cruz actualmente y cómo avizora su futuro electoral?
– La provincia de Santa Cruz es tierra devastada por el kirchnerismo en sus diversas caras. Estado macrocefálico, donde el gran dador de trabajo es el Estado desalentando la actividad privada y el empleo genuino, justicia absolutamente influenciada por el poder político y manipulación de la información y de los sistemas de control. Desmantelamiento del Estado, con funcionarios ricos y prestanombres y amigos del poder. Sistema electoral tramposo como la Ley de Lemas, diputado por pueblo y reelección indefinida. Nuestro espacio ha ganado reiteradamente las elecciones legislativas y se le ha arrebatado la gobernación por la Ley de Lemas, llegando gobernar Alicia Kirchner solamente con el 22% de los votos. Le hemos ganado la última elección legislativa a dos aparatos como el Frente de Todos con todo el poder del Gobierno y a Ser con el aparato del gremio petrolero. Sabemos que representamos el cambio y no creemos en ganar elecciones con cualquiera para que nada cambie o para que las cosas se agraven.
– ¿Con qué frente político competirá finalmente y quiénes lo integran?
– Integramos el Frente Electoral Cambia Santa Cruz formado por la UCR, Coalición Cívica, Socialismo Santacruceño y Unir Santa Cruz.
– ¿Cuál es la lectura que hace del apoyo que ha recibido en redes por parte de dirigentes de la Coalición Cívica y de la UCR?
– Agradezco los apoyos recibidos de mi candidatura de los dirigentes nacionales quienes sobre todo conocen mi trabajo y la convicción que comparto con cada uno de ellos.
En otro proyecto, la diputada radical expresó repudio y preocupación por “la política educativa de persecución sistemática hacia los Gremios Docentes y hacia los docentes por parte del gobierno provincial”.
Tras más de 30 días perdidos de clases, la diputada nacional y pre candidata a gobernadora, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) envió dos proyectos de resolución a la Honorable Cámara de Diputados solicitando al Poder Ejecutivo intervenga a “fin de garantizar el restablecimiento del derecho a la educación en la provincia de Santa Cruz”, fundamentando que “la crisis educativa que atraviesa Santa Cruz da como resultado 35 días perdidos de clases, paro docente, falta de planificación y deterioro de los establecimientos”.
El primero indica solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación de la Nación, intervenga a fin de garantizar el restablecimiento del derecho a la educación en la provincia de Santa Cruz.
Dicha resolución fundamenta que tal como sucedió en 2017 el Gobierno nacional decidió intervenir en el conflicto que mantenía el ejecutivo provincial con el sector sindical de los docentes, a fin de que los niños dejen de perder días de clase, “solicitamos ahora que se tomen medidas similares, que conduzcan a aquel fin que se persiguió durante dicho año”, indicó Reyes.
A su vez, manifestó que “si bien la intervención del gobierno nacional en el conflicto fue un precedente, el problema estructural en el ámbito educativo de la provincia de Santa Cruz nunca fue resuelto completamente”.
“En este año que transcurrimos, el conflicto se ha agudizado, con las consecuencias irreversibles que el mismo presenta: hay más días en los que no se dictaron clases que en los que sí, dentro del calendario lectivo”, sostuvo.
Por otro lado, presentó un proyecto de declaración que indica: “Expresar profundo repudio y alta preocupación por la política educativa de persecución sistemática hacia los Gremios Docentes y hacia los Docentes en particular adoptada por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, que como consecuencia somete a 40 días sin clases a todos los niños y adolescentes”.
“El Consejo Provincial de Educación y la gobernadora de la provincia de Santa Cruz decidieron llevar a cabo una política de desacreditación hacia el sector docente y hacia la educación pública en nuestra provincia. Además, ellos son amenazados por las autoridades del gobierno. El gremio docente está siendo perseguido a través de medios totalmente antisindicales que socavan el derecho a huelga”, denunció la diputada radical.
Cabe destacar que también acompañan el proyecto los diputados Gabriela Lena, Karina Banfi, Gerardo Cipolini, Pamela Verasay, Marcela Coli, Gustavo Bouhid, Jorge Vara, Soledad Carrizo, Lidia Ascarate del bloque Juntos por el Cambio.
Fue luego de que el Gobierno promulgara la norma este miércoles a través de la publicación en el Boletín Oficial. “Sabemos la enorme importancia que tendrá para el cumplimiento eficaz de los derechos de la infancia y adolescencia”, sostuvo la radical.
Tras su publicación en el Boletín Oficial, la presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, y autora del proyecto, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) celebró el avance e invitó a las jurisdicciones a sumarse para su cumplimiento eficaz.
La ley de creación del Plan Federal de Capacitación sobre derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ya es un hecho en la Argentina tras su publicación en el Boletín Oficial. El objetivo es que todas las personas del ámbito público puedan capacitarte en esta materia.
“Invito a las provincias a adherir a la recientemente sancionada ley Lucio. Sabemos la enorme importancia que tendrá para el cumplimiento eficaz y no meramente declarativo de los derechos de la infancia y adolescencia, que todas las jurisdicciones cumplan con esta ley de formación para la prevención y el tratamiento adecuado para la protección de cada uno de los derechos ya largamente proclamados en la Convención sobre Derechos del Niño, con rango constitucional y la ley 26061”, sostuvo Reyes.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de Diputados indicó que “es relevante la adhesión por la sustancia de su objetivo y a la vez, es urgente por la crítica situación de la niñez en nuestro país”.
“Es esencial es que cada uno de los integrantes de los servicios que integran el sistema de protección, desde el funcionario de más alto rango hasta quienes recién se inician en el servicio de las áreas que lo integran: educación, salud, oficinas administrativas de derechos de infancia, como las instituciones no estatales, que prestan servicios de cualquier índole a personas menores de edad, y los actores del poder judicial, cuenten con información adecuada y sobre todo formación rigurosa acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la forma en que se previene su incumplimiento a través de los mecanismos que cada jurisdicción debe implementar”, explicó sobre la norma.
Y finalizó: “La democracia se empobrece irremediablemente cuando no se sabe proteger adecuadamente y en el tiempo debido los derechos de todos los habitantes, pero cuando se trabajan mal o tardíamente para evitar vulneraciones, nos acercamos a un absoluto deterioro institucional”.
La presentó la diputada Roxana Reyes, que atribuyó a la gobernadora Alicia Kirchner “un encono desemedido” contra el gremio docente de su provincia.
La diputada santacruceña Roxana Reyes presentó este miércoles una cuestión de privilegio contra la gobernadora de su provincia, Alicia Kirchner.
Fundamentó la misma en que como integrante de la Comisión de Familia de la Cámara baja, “tenemos el deber de velar y controlar el cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, y ahí se garantiza el derecho a acceder a la educación”. En ese sentido dijo que “tenemos el deber de velar y controlar el cumplimiento de la Convención, que garantiza el derecho a acceder a la educación”.
Al respecto, advirtió que “en Santa Cruz, al día de hoy hemos tenido 16 días de clases y 19 días sin clases. Se está hipotecando el futuro de de miles de niños, niñas y adolescentes de la provincia”.
La diputada radical atribuyó esa situación a “un encono desmedido” de la gobernadora “contra el sector sindical docente, al que persigue, acosa y mantiene con sueldos por debajo de la línea de pobreza, obligándolos a trabajar 12 horas para cobrar por arriba de la canasta familiar”.
Según contó Reyes, desde 2017 no pueden completar en esa provincia un ciclo lectivo.
La diputada radical y presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes fue una de las autoras de los proyectos y planteó: “Es momento de abandonar las excusas y empezar con las capacitaciones y sensibilización en materia de niñez”.
La diputada nacional y presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) celebró la aprobación por unanimidad en el Senado de la Ley Lucio de la que fue autora de uno de los proyectos y manifestó que “es momento de abandonar las excusas y empezar con las capacitaciones y sensibilización en materia de niñez”.
“Tras un arduo trabajo durante el 2022, logrando consensos significativos y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados, la ley que prevé crear un plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes es una realidad con la aprobación del Senado Nacional y ahora a la espera de su reglamentación”, destacó la radical.
Y sumó: “Celebro este avance en materia de derechos para que nunca más tengamos casos como Lucio en La Pampa o Abigail en Santa Cruz”.
En un contexto de 2 de cada 3 niños en la pobreza, “su vulnerabilidad es innegable y la agenda pública no pone la mirada en la continua violación de sus derechos”, dijo Roxana Reyes. “La justicia, los organismos de protección y en general todos los que trabajan con la niñez de una u otra forma deben ser capacitados en el efectivo cumplimiento de los derechos del niño, niña y adolescente”, indicó.
“Es momento de abandonar las excusas y empezar con las capacitaciones y sensibilización en materia de niñez”, planteó la diputada y finalizó: “Vamos a seguir trabajando fuertemente para que no haya más niños, niñas y adolescentes víctimas de un Estado que no fue garante de su protección”.
Cabe destacar que el proyecto convertido en ley establece la creación de un Plan Federal de capacitación obligatoria, continua y permanente para el ámbito público en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y disponible para todos los sectores que trabajen y aborden a las infancias.
Adhiriendo a los pedidos presentados por parte del sector, la diputada santacruceña oficializó junto a sus pares la solicitud al ministro de Economía.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) le solicitó este martes al ministro de Economía, Sergio Massa, un dólar diferencial para los productores patagónicos, atento que “la región patagónica está inmersa en un proceso inflacionario que afecta directamente a quienes producen y exportan desde este punto del país hacia el mundo”.
“Le pedimos al ministro de Economía, Sergio Massa, que pueda impulsar un dólar diferencial para los productores patagónicos a los que hoy se les dificulta la posibilidad de mantener las producciones y exportaciones”, señaló.
La santacruceña explicó que “si se toma como referencia la producción ovina nacional, la Patagonia representa el 70%; y el 97% que circula en el mundo, es de origen argentino. Tan solo este sector es desfavorecido por los constantes aumentos en los combustibles, el pago por estar situados en zona desfavorable, el gasto de esquila y finalmente un tipo de cambio atrasado a las cotizaciones del mercado respecto a las restantes variables”.
“El proyecto presentado permitirá que las exportaciones crezcan, la economía nacional se vea favorecida y genere un impacto a nivel regional”, afirmó la legisladora radical y agregó: “Este tipo de cambio en favor de la producción lanera permitirá enfrentar el aumento de precios que sufre el sector”.
La iniciativa fue acompañada por sus pares Ana Clara Romero y Matías Taccetta, ambos de la provincia del Chubut, y tuvo la adhesión de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y las instituciones homólogas de las Chubut y Río Negro.
La ceremonia se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales, en presencia del jefe de bancada radical Mario Negri.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) juró ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia este miércoles y oficialmente pertenece al Consejo de La Magistratura, órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales, federales y de la administración del Poder Judicial.
También juraron los otros tres legisladores que representan a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade -por el FdT-, y el macrista Álvaro González.
En dicha ceremonia, expresó: “El kirchnerismo ha construido su poder basado en el miedo y el engaño”, y agregó: “Mi compromiso es trabajar por un poder judicial independiente y que sea integrado por los mejores jueces”. Además, indicó que “esta jura representa un hecho importante para fortalecer las instituciones y así garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales”.
Con respecto a las decisiones judiciales que retrasaron la jura, Roxana Reyes sostuvo que “el kirchnerismo ha construido su poder basado en el miedo y el engaño” y afirmó que “los argentinos podemos ganarles a esas trampas”.
La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Tribunales y contó con la presencia del presidente del bloque radical, Mario Negri, y los diputados nacionales Miguel Bazze y Karina Banfi -ambos de la UCR-.
Fue durante un acto en el Salón Bermejo de Tribunales. Se trata de los oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, el macrista Álvaro González y la radical Roxana Reyes.
El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rossati, le tomó juramento este miércoles a los cuatro representantes por la Cámara de Diputados que integrarán el órgano encargado de la selección y remoción de jueces por el período 2022-2026.
Durante el acto, realizado en el Salón Bermejo de Tribunales, juraron los oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, el macrista Álvaro González y la radical Roxana Reyes.
Estas designaciones obedecen a una decisión de la Corte Suprema, que puso solución así a un diferendo que se había planteado a partir de que luego de un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick que había apartado del Consejo a la diputada Roxana Reyes en representación de la segunda minoría, la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, anulara la resolución por la que había designado a esos cuatro legisladores elegidos por sus bloques.
Ese pedido de apelación, agigantó “la grieta” en el Congreso y quedó en evidencia con la fallida sesión preparatoria -para elegir autoridades de la Cámara baja- y en la sesión especial, el pasado primero de diciembre cuando ambas quedaron truncas.
A partir de eso, el máximo tribunal firmó una acordada donde ordenó tomarle juramento a los diputados, y en esa resolución sostuvo que el tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.
Así las cosas, tras la jura de los diputados el Consejo de la Magistratura tendrá a 16 de sus 20 miembros, a la espera de saber qué pasará con el ingreso de los cuatro integrantes por parte del Senado, quienes no han jurado aún.
A diferencia de lo ocurrido en Diputados, la Corte Suprema de Justicia avaló el “per saltum” que presentó el senador Luis Juez (Pro) para impugnar el nombramiento del oficialista Martín Doñate (UC-FdT) para ocupar el espacio en el Consejo por la segunda minoría en la Cámara alta.
Del mismo modo, se resolverá con un fallo de la Corte, ya que, el que se dictó el 8 de noviembre, momento en el que vencían los mandatos iniciados en abril, la Justicia sostuvo que el oficialismo había armado una “maniobra” -al dividir al FdT en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- para ocupar tres de las cuatro sillas de los senadores en el Consejo.
El Senado avaló en sesión especial -el pasado 16 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y a Eduardo Vischi (UCR). La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que votaron a favor del decreto en el recinto.
Los diputados convalidados por un fallo de la Corte Suprema de Justicia prestarán juramento este miércoles.
En un acto previsto para las 11 de este miércoles, el Salón Bermejo del edificio de Tribunales será epicentro de la jura de cuatro miembros del Consejo de la Magistratura: los que estarán allí en representación de la Cámara de Diputados de la Nación.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, tomará juramento a los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos, Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR).
Estas designaciones obedecen a una decisión de la Corte Suprema, que puso solución así a un diferendo que se había planteado a partir de que luego de un fallo del juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick que había apartado del Consejo a la diputada Roxana Reyes en representación de la segunda minoría, la titular de la Cámara baja anulara la resolución por la que había designado a esos cuatro legisladores elegidos por sus bloques.
Ese pedido de apelación, agigantó “la grieta” en el Congreso y quedó en evidencia con la fallida sesión preparatoria -para elegir autoridades de la Cámara baja- y en la sesión especial, el pasado primero de diciembre cuando ambas quedaron truncas.
A partir de eso, la Corte Suprema resolvió el jueves pasado firmar una acordada donde ordenó tomarle juramento a los diputados, y en esa resolución sostuvo que el tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.
Así las cosas, tras la jura de los diputados el Consejo de la Magistratura tendrá a 16 de sus 20 miembros, a la espera de saber qué pasará con el ingreso al Consejo de los cuatro integrantes de parte del Senado, quienes no han jurado aún.
A diferencia de lo ocurrido en Diputados, la Corte Suprema de Justicia avaló el “per saltum” que presentó el senador Luis Juez (Pro) para impugnar el nombramiento del oficialista Martín Doñate para ocupar el espacio en el Consejo por la segunda minoría en la Cámara alta.
Del mismo modo, se resolverá con un fallo de la Corte, ya que, el que se dictó el 8 de noviembre, momento en el que vencían los mandatos iniciados en abril, la Justicia sostuvo que el oficialismo había armado una “maniobra” -al dividir al FdT en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- para ocupar tres de las cuatro sillas de los senadores en el Consejo.
El Senado avaló en sesión especial -el pasado 17 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designaba como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y a Eduardo Vischi (UCR). La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que firmaron el decreto.
En sus últimas apariciones, el senador Juez remarcó que, el senador Doñate, “no puede ocupar nuevamente esa silla porque entiende que esa maniobra que cuestionó la Corte se sigue cometiendo”.
La titular de la Cámara baja justificó la resolución sobre el Consejo de la Magistratura que había generado la reacción opositora.
Puede que la resolución de la Corte Suprema de Justicia anunciada este jueves de confirmar la designación original de cuatro diputados nacionales en el Consejo de la Magistratura permita encontrar una salida a la encerrona en la que oficialismo y oposición habían ingresado las últimas semanas. Al resolver el Tribunal Supremo validar la resolución original firmada por Cecilia Moreau, es de esperar que los ánimos vayan calmándose.
La piedra de la discordia había estallado con el fallo del juez Martín Cormick, que invalidó la designación de la diputada radical Roxana Reyes, adaptándose según dijo a lo dispuesto por la Corte respecto del Senado. Y a partir de ello fue que además de apelar ese fallo, la titular de la Cámara baja había dispuesto anular las designaciones de los cuatro diputados, hasta que la cuestión se aclarara.
Así lo explicó este jueves por la tarde Cecilia Moreau a través de sus redes sociales, donde señaló que “la decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación”.
“Hoy la Corte Suprema, a través de la acordada 34, ha resuelto sostener la vigencia de la resolución 1608 y tomar juramento a los cuatro diputados y diputadas que fueron designados para el cargo”, agregó la presidenta de la Cámara, dando por concluido el diferendo.
Ocurrió en 2018, cuando la radical transitaba su primer mandato y encabezaba denuncias por corrupción. “No hay lugar para violentos e intolerantes”, expresó la santacruceña.
Comenzó este miércoles el juicio oral por las amenazas de muerte que recibió la diputada Roxana Reyes (UCR-JxC) en octubre de 2018. El hecho ocurrió mientras se encontraba en su primer mandato como legisladora nacional y llevando adelante denuncias de corrupción.
“Fui amenazada por ser legisladora y ejercer representación popular. El objetivo, silenciarme y así atacar al Estado en sus instituciones y funcionamiento”, sostuvo la radical.
El procesado de la causa había solicitado la suspensión del juicio a prueba, pero desde la defensa de la propia Reyes, encabezada por el doctor Javier Stoessel, se opusieron por la gravedad institucional que significa amenazar de muerte a una representante política.
“Nos llevó mucho tiempo llevarlo a juicio, y por eso es importante, porque ante un ataque a una representante del Estado, hicimos lo que había que hacer, denunciarlo a la Justicia”, dijo la santacruceña, y finalizó: “Esperamos de la Justicia que actúe consecuentemente, condenando como lo que fue, un ataque al Estado”.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos.
La medida cautelar fue presentada por los diputados Mario Negri y Roxana Reyes para rechazar la resolución de la presidenta de la Cámara baja que frenó las designaciones en el órgano judicial. Piden que se ratifiquen los nombramientos.
Tras la sesión escandalosa del jueves pasado en medio de la tensión política que enfrenta a la oposición y al oficialismo que dejó paralizada a la Cámara baja, el bloque de diputados de la UCR presentó este martes un amparo para rechazar la resolución de la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, que dejó sin efecto los nombramientos para el Consejo de la Magistratura.
En la presentación plantean: “Venimos a interponer acción de amparo contra la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin que declare la nulidad, invalidez e inconstitucionalidad de la Resolución 1634/22 de Presidencia de ese órgano legislativo mediante la cual dejó sin efecto la RP 1608/22” mediante la cual se frenaron las designaciones de los diputados para el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, encargado de nombrar y controlar a los jueces.
El amparo lleva las firmas del presidente de la bancada radical, Mario Negri, y de los diputados Roxana Reyes y Francisco Monti, quienes fueron nombrados como consejeros titular y suplente, respectivamente, para el período 2022-2026. Esta presentación se suma a la de Álvaro González, que también presentó un amparo para asumir en ese órgano, ya que consideró “nula” la resolución de la titular de la Cámara baja.
En el recurso impulsado por la UCR, los diputados también exigieron que se considere “vigente y consolidada” la resolución mediante la cual fueron nombrados a la Magistratura Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el oficialismo (dos por la primera minoría), Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR).
En los fundamentos se resaltó que Cecilia Moreau a través de la resolución del 17 de noviembre del corriente año N° 1608/22, había admitido como válida la propuesta del bloque de la UCR y la designación de Reyes, quien había asumido como consejera en mayo cuando se completó la representación del Congreso en el organismo tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de Consejo de la Magistratura aprobada en 2006.
“Esta interpretación originaria y auténtica del cuerpo (HCDN) es determinante para la legitimidad del acto y más aún cuando se ha repetido en dos oportunidades y por distintos presidentes de la Cámara. ESTA RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN NO FUE CUESTIONADA POR NADIE”, resaltaron en la presentación.
En noviembre, cuando se designaron los nuevos representantes a la Magistratura, el radicalismo volvió a ratificar a Reyes para el nuevo período. Así, Moreau emitió la resolución con los nuevos representantes y se la comunicó al Consejo de la Magistratura y a la Corte, que en una acordada decidió tomarles juramento a los representantes por la Cámara baja.
En aquella acordada, el máximo tribunal también dejó en suspenso a los designados por el Senado, a partir del conflicto generado por la decisión del kirchnerismo de dividir su bloque para quedarse con el representante de la segunda minoría, cargo para el que fue nominado el kirchnerista Martín Doñate, relegando a Luis Juez que había sido propuesto por el Pro.
“El bloque Frente de Todos, conociendo ya las reglas de integración establecidas por esta Corte, partió su bloque en dos y dispuso integrar cada uno de ellos con el número de senadores necesarios para quedarse con el bloque mayoritario y, al mismo tiempo, desplazar al Frente Pro como segunda minoría. De ese modo, se viola el indudable objetivo de pluralidad representativa que la ley 24.937 persigue en la integración del Consejo de la Magistratura al referirse a los conceptos de mayor y menor representatividad en sus disposiciones”, detallaron respecto a la situación en el Senado.
En Diputados, la controversia estalló tras conocerse el fallo del juez Martín Cormick que cuestionaba la designación de Reyes para el organismo porque según argumentó, la UCR y el Pro conforman un único espacio al integrar sus candidatos la misma lista electoral. Según esta interpretación no corresponde que la segunda minoría sea para el radicalismo si el representante de la primera minoría es el macrista Álvaro González.
“Un Juez Contencioso Administrativo Federal, hace ‘RENACER’ un expediente judicial cuya instancia estaba agotada por abstracción y en forma ‘EXTEMPORANEA, ABSURDA Y NULA’ resuelve que la anterior designación de la diputada Reyes y del diputado Monti no se correspondía con ‘SU’ PECULIAR INTERPRETACIÓN”, cuestionaron y denunciaron que ese fallo “intima a la Cámara de Diputados para que en el futuro realice las designaciones conforme lo que este juez interpreta”.
Moreau apeló el fallo de Cormick, pero en paralelo frenó las designaciones para el Consejo de la Magistratura, lo que provocó una fuerte reacción de la oposición que decidió quitarle su apoyo a la reelección de la titular de la Cámara al no acompañar con el quórum al oficialismo en la fallida sesión preparatoria.
“Se debe acotar que el fallo citado se asienta en una FALACIA, cual es la de asimilar la situación de la designación de los diputados/as a la de los senadores/as ‘Juez/Doñate’. En Senadores se llevó adelante un ardid, engaño, artimaña, para birlarle un consejero al bloque Pro, a través de la división del bloque del Frente de Todos, en dos bloques, hecho este REALIZADO A SABIENDAS Y LUEGO DE HABERSE NOTIFICADO LA SENTENCIA DE LA CORTE”, precisaron.
En ese sentido, compararon que en Diputados los bloques siempre “estuvieron divididos, son autónomos y tienen sus propias autoridades y funcionamiento independiente”, y señalaron que “el juez a través de una evidente arbitrariedad y con la clara y aviesa intención de perjudicar a la UCR y a la diputada Reyes y al diputado Monti realiza esta temeraria y falsa asimilación”.
La decisión de la presidenta del Cuerpo de dejar en suspenso las designaciones para el Consejo de la Magistratura generó una dura reacción de JxC, que no apoyaría su continuidad.
Lo que se perfilaba como una sesión preparatoria tranquila en la que sin mayores inconvenientes se ratificara a todas las autoridades de la Cámara de Diputados, se complicó rotundamente este miércoles con el devenir de los acontecimientos.
Todo comenzó con el fallo del juez Martín Cormick, que el lunes consideró inválida la designación de la diputada radical Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría de la Cámara baja, utilizando los argumentos de la Corte Suprema para rechazar el nombramiento del senador Martín Doñate en representación de la segunda mayoría del Senado.
La situación se complicó este miércoles, cuando la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se hizo eco del pedido del radicalismo y apeló el fallo del citado magistrado, pero al mismo tiempo dejó en suspenso todas las designaciones establecidas por la Resolución 1608/2022, hasta tanto se salde la cuestión.
Semejante proceder desató la inmediata reacción del presidente del bloque radical, Mario Negri, quien sin rodeos la emprendió contra la presidenta de la Cámara al señalar que ella “se subió a la campaña de Cristina para atropellar la Justicia. Dejó de ser la presidenta del Cuerpo para militar por los intereses K”.
La medida anunciada por Cecilia Moreau generó el apoyo del bloque oficialista, cuyo presidente, Germán Martínez, fue quien precisamente impulsó en su momento el planteo judicial al que el juez Cormick terminó dando curso. Y en los cruces posteriores que se dieron a lo largo del día quedó abonado el terreno para complicar definitivamente la sesión preparatoria de este jueves. Más aún: también la sesión especial prevista para las 13.
Recordemos que en la sesión preparatoria la Cámara se propone ratificar en sus cargos a Cecilia Moreau al frente de la misma, y a Omar De Marchi, José Luis Gioja y Julio Cobos como vicepresidentes del Cuerpo.
El tema fue evaluado por el interbloque Juntos por el Cambio que se reunió este miércoles a partir de las 18.30. “No, no tiene nada que ver con el partido”, aclaró una legisladora de ese espacio ante una observación sobre la hora para la convocatoria: “Siempre nos reunimos a esa hora, solo que lo hacemos los martes; pero en este caso como la sesión es este jueves, lo hicimos el miércoles”.
No se descarta que la postura de JxC sea presentada en el marco de una conferencia de prensa que tendría lugar antes de la sesión, en el Salón de Pasos Perdidos.
Lo cierto es que la algarabía generada por el triunfo de la Selección en Qatar no sirvió para morigerar los ánimos encendidos con los que buena parte de los diputados opositores llegaron a la reunión. Según pudo saber parlamentario.com, de inmediato se estableció la decisión tan previsible como irrevocable de no dar quórum para la sesión preparatoria convocada para las 11. Y cuando la sesión pueda arrancar, si es que está el número necesario para hacerlo, Juntos por el Cambio tiene previsto votar en contra de la renovación del mandato de Cecilia Moreau por un año más.
Algo que claramente hasta hace tres días se daba por descontado, se modificó a partir de esta decisión judicial, con lo cual una vez más desde la principal oposición no le darán su apoyo a la titular de la Cámara. Es que el 2 de agosto pasado, cuando asumió en reemplazo de Sergio Massa, Juntos por el Cambio se abstuvo de votar a Cecilia Moreau.
No se descarta que la postura de JxC sea presentada en el marco de una conferencia de prensa que tendría lugar antes de la sesión, en el Salón de Pasos Perdidos. La decisión de hacerla antes y no una vez que comience la sesión, como ha sucedido en otras oportunidades en las que la oposición se retira del recinto para hablar ante la prensa, se debe a que una vez arranque esa sesión -si es que logran el quórum-, la misma se alargaría deliberadamente con el fin de complicar el inicio de la sesión especial posterior.
De hecho, algunas fuentes consultadas sugirieron que la sesión especial directamente podría no realizarse, aunque eso estaría por verse. Recordemos que el tema principal de la sesión de este jueves tiene que ver con la creación de ocho universidades, y Juntos por el Cambio -al menos la mayoría de sus miembros- rechaza a varias de esas altas casas de estudio, con diversos y distintos argumentos.
Karina Banfi salió al cruce del comunicado del bloque oficialista de la Cámara baja en el que califican así a las críticas opositoras.
Crece la tensión entre el oficialismo y la principal oposición por la controversia generada a partir del fallo de un juez que invalidó la designación de la diputada radical Roxana Reyes. En ese marco, el bloque que conduce Germán Martínez emitió un comunicado en el que respaldan a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, considerando que sus decisiones “van en el sentido correcto”.
Les contestó la vicepresidenta del bloque radical de la Cámara baja, Karina Banfi, quien replicó: “No hay misoginia. Violar las instituciones no es un tema de géneros”.
“El kirchnerismo somete a una tensión inusitada a la República desde la Presidencia de la Cámara de Diputados que ostenta una mujer. No tenemos dudas de que un diputado varón también habría obedecido a CFK”, remarcó la diputada radical..
Reprodujo dos párrafos del fallo del magistrado dándole la razón al oficialismo y le dejó una pregunta al titular de la Corte Suprema.
“¿E ora che facciamo, Rosatti?”, le preguntó este lunes la senadora Juliana Di Tullio al titular de la Corte Suprema de Justicia, luego del sorpresivo fallo judicial que haciéndose eco del fallo del Tribunal Supremo ordena que la diputada radical Roxana Reyes no integre el Consejo de la Magistratura.
La presidenta del bloque Unidad Ciudadana del Senado, constituido a partir de la búsqueda del oficialismo de quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura, reprodujo en su cuenta de Twitter dos párrafos del juez Martín Cormick, que anuló la designación de la diputada radical santacruceña en representación de la segunda minoría de la Cámara baja.
Allí reproduce Di Tullio estos párrafos del fallo: “De otorgarle un integrante al bloque constituido por el Pro, y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el fallo citado. Ello, porque los miembros de los bloques Pro y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se le estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto busca representar a tres espacios políticos diferentes”.
El segundo párrafo reproducido por Di Tullio es el que dice: “…debiendo la Presidencia de la Cámara dictar una nueva resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical”.
Y remata la senadora kirchnerista: “Los dos párrafos del juez Cormick aplicando el último fallo de la CSJN en el Consejo de la Magistratura, ordena que la representante de la segunda minoría NO le corresponde a la UCR”.
“¿E ora che facciamo, Rosatti?”, concluye con un dejo de ironía.
Así lo expresó el bloque de diputados de la UCR a través de un comunicado luego de que el juez federal rechazara la designación de Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura.
Luego de que este lunes por la tarde se conociera que el juez Martín Cormick anuló la designación de la radical Roxana Reyes como miembro del Consejo de la Magistratura, respondiendo a una presentación de amparo que había realizado el jefe del FdT en la Cámara Baja, Germán Martínez, el bloque de Diputados de la UCR emitió un comunicado.
“El fallo del juez Cormick es arbitrario, político, nulo y extemporáneo”, calificaron y denunciaron que “ha sido dictado contrariando la ley con el único objetivo de generar confusión” porque “carece de todo efecto jurídico al nulificar una resolución que ha perdido vigencia por haber agotado su objeto”.
En ese contexto, recuerdan que la resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados cuya nulidad decreta la sentencia (resolución 689/22) “se encuentra agotada”, ya que fue la que “designó” como consejera por el bloque de la segunda minoría a la diputada Roxana Reyes para cubrir el lapso que iba entre abril y noviembre de 2022 para cumplir con el fallo de la Corte del 16 de diciembre de 2021 hasta la conformación del nuevo período del Consejo de la Magistratura.
“El mandato devenido de esa resolución concluyó el 18 de noviembre de este año con lo cual la anulación que dispone el fallo lo ha sido sobre una cuestión abstracta que inhibe al juez de resolver”, remarcaron en el texto.
En ese sentido, consideraron que “el fallo no afecta la validez y cumplimiento de la resolución 1608/22 mediante la cual la presidenta de la Cámara de Diputados designó como consejeros por la mayoría a la diputada Siley y al diputado Tailhade por el bloque de mayoría (FDT), al diputado Álvaro González por el bloque de primera minoría (Pro) y a la diputada Roxana Reyes por el bloque de segunda minoría (UCR)”.
“Sin que fuera objeto de la acción el juez Cormick se adentra en una interpretación sobre las pautas para las designaciones de los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura que contradice abiertamente la ley 24.937 y de manera improcedente ‘intima’ a la Cámara de Diputados de la Nación a designar los representantes en el Consejo de una forma que no es la prevista en la ley”, argumentaron.
En tanto, señalaron que “la norma claramente expresa que las propuestas corresponden a los bloques (dos al que tiene mayor representación, uno por la primera minoría y uno por la segunda). Peso a ello el juez pretende que la pauta sea la pertenencia a un mismo frente electoral”.
“Con malicia habla de un ardid que está desmentido por el hecho de que el Pro y la UCR siempre fueron bloques independientes con sus propias autoridades y funcionamiento autónomo”, subrayaron y compararon que “no se trata de una situación equiparable a la escisión del bloque del FDT en el Senado pues en este caso los bloques de la UCR y el Pro son preexistentes al fallo de la Corte y de ninguna manera fueron montados para aprovechar una designación adicional”.
En ese marco, calificaron al fallo de “escandaloso” que resuelve sobre una cuestión que se había tornado “abstracta por tratarse de una resolución que ya ha perdido vigencia, que comete la grosería de tener una fecha de emisión antedatada ya que fue firmado el día de hoy, pero en el encabezado se cita al mes de septiembre”.
Y reiteraron que “intima a la Cámara de Diputados con un mandato de en lo sucesivo efectuar designaciones en contradicción con lo que dispone la ley orgánica del Consejo de la Magistratura y que en dicha intimación remita a un considerando –el nro. XIV se lee en el punto 2° de la parte dispositiva de la sentencia- que no existe en el resolutorio, lo que evidencia la desprolijidad e improvisación con el que fue redactado”.
“Se ha pretendido generar confusión y zozobra institucional con la evidente intención de compensar con la cuestión suscitada con la representación de la minoría correspondiente al Senado”, denunciaron.
Y concluyeron: “De ningún modo son situaciones equiparables y más allá de que la Presidencia de la Cámara de Diputados ha comunicado a este bloque que el fallo será apelado, es importante dejar sentado que de ninguna manera lo resuelto conmueve o afecta la legalidad de la designación de la diputada Reyes ni constituye un obstáculo para que le sea tomado el juramento de ley e incorporada al Consejo de la Magistratura como vocal para el período 2022/2026”.
Se trata de Martín Cormick, que falló ante una presentación de amparo del jefe de bloque del FdT, Germán Martínez. Los motivos.
A tan solo cuatro días de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera tomar juramento a los cuatro diputados nacionales elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura – lo que todavía no tiene fecha-, y mientras la designación de los senadores continúa en un limbo por la disputa entre el Pro y el FdT por el escaño, se sumó este lunes otro capítulo de polémica.
Un juez federal falló contra la designación de la diputada radical Roxana Reyes, al considerar que la UCR y el Pro deberían ser considerados la misma minoría para acceder a una banca en el organismo de contralor judicial.
El fallo Martín Cormick, juez en lo Contencioso Administrativo Federal, responde a una presentación de amparo que realizó el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez.
Reyes había jurado como integrante del Consejo de la Magistratura en mayo pasado. El fallo se refiere al mandato ya cumplido de la radical en el organismo, pero avanza sobre los criterios usados para que sea nuevamente postulada.
Con firma de la presidenta de la Cámara, la kirchnerista Cecilia Moreau, Reyes fue propuesta y aprobada como representante de la segunda minoría de la UCR, junto con Álvaro González, del Pro y por la primera, además de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, los dos correspondientes a la mayoría. Todos ellos entrarían en funciones con el juramente que les toma la Corte, que fuera ordenado, pero no tiene fecha.
Cormick basa su argumentación citando el fallo que la Corte Suprema realizó en favor de Luis Juez para que ocupe una de las bancas en la Magistratura desde el Senado, al considerar que el oficialismo dividió el bloque entre Unión Ciudadana y Frente Nacional y Popular para ocupar más representación de la correspondiente para la mayoría.
“Los miembros de los bloques Pro y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se le estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto busca representar a tres espacios políticos diferentes”, dijo el magistrado.
Y sumó: “De otorgarle un integrante al bloque constituido por el Pro, y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el fallo citado. Ello, porque los miembros de los bloques Pro y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019”.
“En ambos procesos electorales –más allá de denominaciones circunstanciales, el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; el Frente Juntos por el Cambio (PRO, U.C.R., Coalición Cívica, entre otros), otra; y, por mencionar dos más, el Frente de Izquierda los Trabajadores, y La Libertad Avanza, entre otras, otras alternativa que, según el análisis que debe hacerse en el seno de la Cámara de Diputados y ajeno a este proceso, debiendo la Presidencia de la Cámara dictar una nueva Resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical”, analizó y determinó el juez.
En ese contexto el juez dio lugar a la acción de amparo que presentó el oficialista Martínez y declaró “nula la Resolución 689/22 [de] la Presidencia de la Cámara de Diputados y las que en lo sucesivo integren la segunda minoría con Partidos Políticos o Alianzas a las que ya les han sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría”.
La presentación de la iniciativa, que tiene media sanción de la Cámara baja, contó con la presencia de sus impulsores y con el abuelo paterno del niño asesinado.
En un encuentro organizado por la senadora pampeana Victoria Huala (Pro), se presentó este miércoles en la Cámara alta el proyecto de “Ley Lucio”, sobre capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. También estuvieron los diputados Martín Maquieyra (Pro) y Roxana Reyes (UCR), dos de los legisladores que impulsaron la iniciativa.
El proyecto, que ya fue girado al Senado, cuenta con media sanción de Diputados. Propone la creación de un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
La propuesta surgió tras el crimen de Lucio Dupuy, un niño de cinco años que fue castigado y torturado durante varios meses por la madre y su pareja en La Pampa. Ambas personas se encuentran detenidas y atravesando el juicio.
La diputada Reyes, presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, inició la presentación en la que estuvo presente el abuelo paterno del niño asesinado, Ramón Dupuy, quien expresó: “Les hablo desde el dolor de perder a un nieto. Les pido que se apruebe esta ley y no queremos que suceda otro caso Lucio más”.
Del mismo modo, Dupuy afirmó que “si el conjunto de niñez hubiese trabajado como debería” la muerte de su nieto se hubiese evitado. Además, el hombre fue aplaudido por todos los presentes y -emocionado- sostuvo: “A mí nadie me va a devolver a Lucio, pero debemos evitar que vuelva a pasar”.
Además, Reyes mencionó al caso reciente ocurrido en Río Gallegos – Santa Cruz- donde una menor de cuatro años, Nicole Díaz, falleció por una amebiasis parasitaria (una infección del colon provocada por una ameba). La niña se encontraba en manos de un hogar de acogida bajo la intervención del área de Niñez Municipal. “Con esta ley buscamos prevenir violaciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes generando capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y funcionarios del Estado que trabajan en niñez y adolescencia”, señaló.
Al explicar la iniciativa, el diputado Maquieyra indicó que “se trata de una ley que vela por los derechos de los niños y la detención temprana de la vulneración en las infancias”. Asimismo, detalló los tres fundamentos principales: “En primer lugar, la capacitación a quienes trabajan en niñez, salud y educación, tanto en el ámbito estatal y en las instituciones privadas; luego, incentivar a los ciudadanos a participar en la concientización del tema y el uso de la línea 102 para denunciar; y, por último, resguardar la identidad de quien denuncie”.
En esa línea, el pampeano relató que “una docente denunció las aberraciones que vivía Lucio y fue golpeada por la madre tras esto”. De ese modo, pidió a la sociedad -en general- “perder el temor a denunciar”, a través de este mecanismo de resguardo.
Así también, Maquieyra, junto a Reyes, afirmaron que “no hay grieta” en este proyecto, ya que fue aprobado de forma unánime. En tal sentido, las senadoras Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Belén Tapia (UCR) coincidieron con la premisa del diputado, y brindaron su apoyo respecto a la iniciativa en la Cámara alta.
Tapia reclamó trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados otro proyecto, en este caso con media sanción del Senado, que establece protocolos de prevención de abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes. “Pido empatía y compromiso con este proyecto que servirá como complemento de esta ley”, señaló.
En el final, Vega remarcó su apoyo y compromiso con la Ley Lucio, y agregó que “la iniciativa debe ser el comienzo para legislar para un mejor futuro en el tema infancias”.
Hay dos oficialistas y dos opositores, uno del Pro y una radical. Se producirá el retorno a ese organismo del diputado Rodolfo Tailhade.
Sin el polémico contexto que acompaña al tema en la Cámara alta, la presidenta del Cuerpo envió este jueves al Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Senado, la nómina de nuevos consejeros que corresponden a Diputados.
La resolución suscripta por la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, establece la designación de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el Frente de Todos; el diputado Alvaro González (Pro) y la radical Roxana Reyes por la tercera minoría.
Es la vuelta de Tailhade, un viejo habitante del Consejo de la Magistratura donde estuvo hasta 2018. En ese entonces, un acuerdo del Frente para la Victoria y el Frente Renovador les permitió arrebatarle a Cambiemos un lugar. Presente en esa negociación, el líder del FR, Sergio Massa, le había pedido al FpV que le aportaran un nombre que no fuera el de Tailhade, que no veía viable, y entonces el bloque que entonces conducía Agustín Rossi sugirió a Eduardo “Wado” de Pedro, quien despertaba menos resistencias en el Frente Renovador, que por su parte impulsó a Graciela Camaño. Esta última renunció ahora a ser reelecta y su lugar es el que ocupará Tailhade.
El otro nuevo es Alvaro González, quien reemplaza a Pablo Tonelli, quien tampoco buscó su reelección, cosa que podría haber hecho a partir de un fallo de la jueza María Servini.
Los diputados suplentes designados son, por el oficialismo, Juan Manuel Pedrini y Bernardo José Herrera, y por la oposición la diputada del Pro Soher El Sukaria y el radical Francisco Monti.
20221608En un día signado por las discusiones que abrió el fallo del Tribunal Superior, el bloque que conduce Mario Negri confirmó a la diputada Roxana Reyes en el organismo.
Mientras crece la polémica luego del fallo de la Corte Suprema que invalidó la designación de Martín Doñate como representante por la segunda minoría del Senado, el bloque radical de Diputados designó a sus representantes por la Cámara baja.
Así lo anunció a través de las redes sociales, precisando que “por decisión unánime” esa bancada resolvió proponer la continuidad de la santacruceña Roxana Reyes como representante de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, “labor que ha realizado excelentemente”, destacaron.
También ratificaron al catamarqueño Francisco Monti como consejero suplente.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados logró junto a sus pares obtener dictamen favorable y unificado en el proyecto de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) celebró el dictamen unificado y consensuado al que se arribó este jueves en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados que preside, que propone crear un Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que prevé capacitar de forma permanente y continua a las personas que se desempeñen en áreas o dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de Argentina.
Al respecto, la radical destacó el trabajo en conjunto que hicieron en la Comisión y sostuvo que “esto nos hace sentir que podemos dar respuestas a algo tan urgente y que nos interpela tanto como se trata la niñez y la adolescencia que está atravesada por tantos flagelos y que requiere de quienes estemos trabajando en esta temática, estemos preparados y capacitados para ser lo más cercanos y empáticos a los problemas que los atraviesa”.
“Cuando transitamos nuestras infancias y adolescencias, es el momento de la vida donde somos más vulnerables, por ello necesitamos poner atención y garantizar la protección de derechos. Tratándolos con igualdad, respeto y dignidad dada su condición de sujetos de derechos”, dijo Reyes.
El proyecto establece que sea la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia la encargada de ejecutar los planes de capacitaciones de acuerdo con las realidades de cada una de las provincias, como así también responsables de generar campañas de concientización, convenios marco con instituciones y una articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
Según la diputada santacruceña “la capacitación es una herramienta significativa y de importancia que permite problematizar la realidad y asumir una postura crítica, reflexiva y resolutiva ante las situaciones de vulneración de derechos”.
“El enfoque de derechos debe ser nuestra brújula y orientar nuestras acciones, intervenciones y abordajes buscando evitar que las niñas, niños y sus familias sean revictimizadas por intervenciones adulto céntricas despojadas de una mirada centrada en el interés Superior del Niño”, continuó.
Por último, Reyes indicó que “el presente proyecto de ley nos invita y desafía a dotar a los funcionarios y operadores de los diferentes niveles y estamento de gobierno, de herramientas que les permita conceptualizar y materializar los principios rectores de la promoción y protección de derechos”.
El proyecto fue impulsado a raíz del brutal asesinato en la provincia de La Pampa del niño de cinco años Lucio Dupuy en manos de su madre y la compañera de la misma. Además, los miembros de la Comisión determinaron que la iniciativa no será denominada “Ley Lucio”.
Se trata de la iniciativa originada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy. Sin embargo, los legisladores acordaron que no llevará ese nombre
La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados avanzó este jueves con el dictamen del proyecto de ley sobre capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Esta norma fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, un niño de 5 años asesinado en La Pampa por su madre y la compañera de la misma.
El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así, pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.
Además, hubo tres dictámenes más: avanzó la derogación de la Ley 11.317 que prohíbe actividades laborales a mujeres; la adhesión al Día Internacional de las Infancias, a celebrarse el 1 de junio de cada año; y expresar beneplácito por la elección de la doctora Mary Beloff como integrante del Comité de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema de Naciones Unidas, para el período 2023 – 2027.
La titular de la comisión, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz), anunció el dictamen sobre la “ley Lucio”, el cual fue unificado entre tres proyectos (dos de la oposición y uno del oficialismo). “El fin de esta norma es prevenir la violencia intrafamiliar”, sostuvo Reyes.
El diputado nacional Martín Maquieyra (Pro – La Pampa) explicó que “los tres ejes de la iniciativa son la capacitación, para que ningún caso sea invisibilizado; las campañas de concientización para llegar a la sociedad, y el resguardo de identidad de quienes denuncian”, y comparó los casos de abuso y violencia infantil como una “epidemia”, la cual se puede prevenir y detectar tempranamente.
“En memoria de Lucio debemos dar este paso para que ningún chico pase por esto nunca más. En La Pampa hay una denuncia por día sobre violencia contra los niños. Las autoridades recapacitaron sobre la línea 102 para denunciar estos casos”, remarcó Maquieyra.
En esa línea la diputada Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) manifestó que “hay muchos retos y desafíos para continuar trabajando, sobre todo las alertas de violencia temprana”. Así también, planteó sumar a organizaciones no gubernamentales que trabajan con infancias y a las provincias.
Sin más exposiciones, Reyes afirmó que “hay muchos componentes que juegan en la desprotección. Debemos trabajar en la capacitación de quienes reciben las denuncias”. La iniciativa obtuvo el acuerdo y pasó la firma el dictamen por mayoría.
La segunda iniciativa en obtener el dictamen fue la derogación de la Ley 11.317, impulsada por la diputada Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires), quien remarcó la importancia de llevar al recinto la derogación de una norma que enumera tareas y actividades que no pueden realizarse por mujeres. “Es una ley de 1924, por eso es importante que trabajemos para cambiar esto”, explicó Siley.
En tal sentido, la legisladora oficialista habló sobre rubros como el subte o el manejo de grúas, que “han derogado” esta ley. “Varios estudios establecen que aquellos trabajos que tienen paridad de género son menos insalubres”, argumentó. La iniciativa obtuvo el dictamen, tras el acuerdo de todos los legisladores presentes.
Tras breves exposiciones, obtuvieron el dictamen por mayoría el proyecto de resolución impulsado por Victoria Morales Gorleri (Pro – CABA), sobre la adhesión al 1 de junio como el Día Internacional de las Infancias, y el beneplácito por la elección de la doctora Mary Beloff como integrante del Comité de los derechos de niñas, niños y adolescentes del sistema de Naciones Unidas, para el periodo 2023 – 2027.
En última instancia, la presidenta de la comisión le dio la bienvenida a la diputada Micaela Morán (FdT – Buenos Aires) quien asumió este miércoles para completar el mandato como diputada de Victoria Tolosa Paz, y reemplazará también en esta comisión a la nueva ministra de Desarrollo Social de la Nación.
La iniciativa es encabezada por la radical Roxana Reyes junto a los diputados chubutenses Matías Taccetta y Ana Clara Romero. La misma busca que se establezca un tipo de cambio diferencial al igual como se hizo con la soja.
Ante la crítica situación en que se encuentra la producción ovina en el país, la diputada radical Roxana Reyes (Santa Cruz), junto a los legisladores chubutenses Matías Taccetta (Pro) y Ana Clara Romero (Pro), presentaron un proyecto de resolución que busca que se logre un dólar diferencial para el sector que representa un 70% de exportación de esta materia prima desde el país por puertos patagónicos y que en el mundo el 97% de la lana que circula, es de industria nacional.
“Esto va a permitir que las exportaciones en nuestro país crezcan, favoreciendo a la economía nacional con un fuerte impacto en nuestra región patagónica”, sostuvo Reyes al tiempo que destacó que “la industria lanera en nuestro país no es comercializada como otros productos de consumo, por lo tanto, no influye en el sector local porque no es formadora de precio”.
En ese sentido, analizó: “Si se estableciera este dólar diferencial que se propone, los recursos incrementales por las exportaciones que redundan en ingresos fiscales pueden ser destinados también a atender a la población más afectada por la alta inflación, la pérdida de poder adquisitivo y contribuir al impacto negativo en las importaciones locales de la suba en los precios de combustibles y energía que afecta severamente la disponibilidad de reservas externas”.
“La producción de lana se encuentra peligrosamente atrapada entre el proceso inflacionario de sus costos, el crecimiento de la tasa de interés, el aumento paritario de salarios para todo el país, el desigual pago del 20% de zona desfavorable, aumentos de combustible y gastos de esquila y un tipo de cambio absolutamente retrasado con respecto a las restantes variables”, describió.
Por último, la radical indicó que “el tipo de cambio que pueda tener la lana es fundamental ya que permitirá enfrentar al constante aumento de precio que hoy sufre el sector”.
Eso expresó la diputada radical tras la designación de exministro de gobierno de Santa Cruz, Fernando Basanta, como nuevo integrante del Tribunal Superior de Justicia.
La legislatura de Santa Cruz aprobó la designación del exministro de gobierno de esa provincia, Fernando Basanta, como integrante del máximo órgano judicial tras la aprobación de los diputados provinciales del Frente de Todos. Al respecto, la diputada nacional Roxana Reyes (UCR) fue fuertemente crítica del nombramiento por considerarlo contrario a la Constitución Provincial.
“Se violó la constitución una vez más y de manera grosera cuando se nombra a Fernando Basanta en el mayor cargo de la justicia de Santa Cruz”, denunció la legisladora y agregó: “No se violó la Constitución porque se nombró a un amigo o militante porque eso lo hacen siempre, sino porque el nombrado no tiene los requisitos del mínimo de seis años en el ejercicio de la profesión o de la función judicial que exige la Constitución Provincial”.
Con respecto a la sesión de este jueves la diputada radical indicó que “fue grave” que se le impida la palabra al presidente de Nueva Santa Cruz, Daniel Roquel, y se limitara el ingreso de periodistas eligiendo a quien dejaban entrar discriminando a parte de la prensa y por último se agravió a los representantes de la sociedad civil y de los abogados tratándolos de “mercaderes del derecho”.
En ese contexto, Reyes indicó que “el Gobierno siente el fin de su ciclo y está desesperado por lo cual comete estas violaciones graves y se pone brutal”. Además, la legisladora nacional resaltó el accionar del vicegobernador, Eugenio Quiroga, al negarle la palabra a la oposición porque “no registra antecedentes y solo se justifica por el miedo a las diferencias, a quien piensa distinto, las mismas razones que lo llevaron a excluir a la prensa que entiende que no le responde”.
“Buscan garantizarse la impunidad y eso los hace cometer groserías y brutalidades. Los santacruceños vamos a construir una nueva realidad, poniendo por delante las instituciones, la transparencia y el trabajo”, concluyó Reyes.
La solicitud es encabezada por la diputada nacional Roxana Reyes que, junto a sus pares del interbloque, solicitaron una “urgente intervención en la situación acaecida en el Hospital Materno Neonatal Dr. Ramon Castillo”.
Ante el fallecimiento de al menos cinco bebés recién nacidos entre marzo y junio de este año en la ciudad de Córdoba, diputados nacionales de Córdoba e integrantes de Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR- Santa Cruz), presentaron este martes un pedido urgente de intervención de la defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), Marisa Graham.
Acompañan el pedido los diputados nacionales Mario Negri, María Soledad Carrizo, Víctor Hugo Romero, Marcos Gustavo Carasso, Rodrigo de Loredo, Gabriela Brouwer De Koning, Soher El Sukaria, Héctor Baldassi, Adriana Ruarte, Laura Rodríguez Machado, Leonor Martínez Villada, Gabriela Lena, María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Mario Barletta, Marcela Coli, Gabriela Besana, María Sotolano, Camila Crescimbeni, Martin Maquieyra, María de las Mercedes Joury y Victoria Morales Gorleri.
“Según ha trascendido en los medios de comunicación, los fallecimientos se vinculan a la presencia de valores de potasio mayor a los normales, siendo esto solo posible, a consideración de los especialistas, a través de la intervención de personas que tomaron contacto con los niños y niñas”, sostuvieron los legisladores.
Los días previos de hacerse pública esta situación, el Gobierno anunciaba una inversión de 72 millones de pesos en equipamiento en el Hospital Materno Neonatal, lugar en donde acontecieron los hechos.
En el petitorio, los diputados resaltan las personas que fueron designadas por la provincia de Córdoba para desempeñarse como interventora del hospital y de quien debía llevar adelante el monitoreo de mortalidad infantil, siendo esta última la encargada de advertir “la irregular situación de los fallecimientos de los y las bebes”.
“Este contexto profundiza la gravedad de los hechos, abonada por la escasa claridad del gobierno en el manejo de la información de los hechos, evidenciando deficiencias en el sistema de atención sanitaria de la provincia de Córdoba que atentan contra los derechos de las NNA protegidos por la Constitución Nacional y la Ley 26.061”, sostuvieron los legisladores.
En tal sentido, manifestaron que “las familias tienen el derecho de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades administrativas y judiciales locales para que se esclarezcan los hechos y, a la intervención de los organismos que integran el sistema de protección de los derechos de las NNA con todas sus instituciones”.
Por último, los diputados de JxC reiteraron su “compromiso indeclinable con las infancias”, solicitando la intervención de la Defensora Nacional “para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de derechos poniendo en resalto la necesidad de que se asuman las responsabilidades pertinentes y se garantice la tranquilidad de las familias cordobesas sobre la protección de los derechos”.
Al encuentro organizado por la Comisión de Familias asistieron funcionarios e instituciones que se ocupan de los derechos de los niños y abordaron las leyes denominadas Lucio y Abigail.
La Comisión de Familias, Niñez y juventudes, que conduce la diputada Roxana Reyes (UCR), continuó este miércoles con reuniones informativas de especialistas sobre abuso y maltrato infantil.
Por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Luongo, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia planteó los trabajos realizados en el Registro Único Nominal (RUN) y la línea 102. Sobre el RUN dijo que “ya tiene un desarrollo que estamos promoviendo. Hay 20 provincias que tienen registros unificados de niñez y en 4 específicos estamos trabajando las homologaciones de manera tal que podamos presentar resultados. Es uno de los logros más firmes del Consejo Federal la articulación con cada provincia”.
Respecto a la línea 102 expresó que está presente en las 24 provincias. “Hay unos 96.000 llamados registrados entre 2020 y 2022 y cada provincia tiene un dispositivo de 102 en que no se parte de cero, hay acuerdos específicos”, manifestó. A modo de resumen, el funcionario consideró “muy importante saber si hay vacío legal con respecto a los temas tratados, ya que hay mucha legislación en cada una de las provincias y puntualmente esto deriva en procedimientos e instituciones, procesos administrativos, protocolos de actuación específicos en cada una de las jurisdicciones”.
En tanto, Juan Hernández, defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consideró que en materia de implementación la ley 26.061 marcó “un hito en la Argentina y nos parece un buen momento para plantear actualización en muchos aspectos como por ejemplo en el RUN y algunos aspectos de la línea 102”.
Respecto al proyecto consideró que tiene tres objetivos: “capacitación, concientización e implementación de políticas públicas”. “En materia de capacitación y concientización nos parece lo más central del proyecto”, agregó y explicó que “es un tema central para la Defensoría el abordaje de las violencias contra las infancias que es uno de los ejes de casos que gestionamos”.
El funcionario aportó datos que arrojó la encuesta nacional. Entre 2019-2022 el 59,4% de los niños y adolescentes, es decir 6 de cada 10, sufrieron violencia de cualquier tipo en la crianza. “La recomendación apunta a que haya estándares mínimos de actuación de todos estos actores y circuitos de intervención, que quede claro quién tiene que intervenir, en qué momento, y haciendo qué y esto está en potestad de las provincias”, dijo.
Mirta Simone, ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de Chubut, valoró los proyectos y se explayó en tres ejes: “las concepciones que subyacen al proyecto para que las podamos pensar; qué tenemos disponible hasta el momento y cómo lo tenemos disponible y que tendríamos que mejorar y; un tercer eje sobre algunas superposiciones y disonancias en el territorio”.
De acuerdo con las capacitaciones destacó que la provincia realiza diversas capacitaciones en la especialización en niñez y “la consigna es la dispersión territorial y de diferentes titulaciones dirigido al cuerpo profesional, también formación al 100% del personal policial”.
Mariana Incarnato, de la ONG Doncel, manifestó estar “absolutamente de acuerdo” con un plan federal de capacitación. “Creo que es imprescindible sobre todo para las fuerzas de seguridad y para efectores cuyo trabajo no está cotidianamente o directamente ligado con la protección de niñas niños y adolescentes”.
“Que hacemos después es el primer problema cuando no hay estándares mínimos de calidad de cuidado como sabemos si avanzamos sino tenemos un piso mínimo que implica indicadores que los trabajadores deben conocer respetar y deben poder cumplir y que ese cumplimiento sea vinculante”. “Propongo una reforma más profunda, tenemos que seguir discutiendo pero a partir de una coordinación mayor de los sistemas y de una mirada sobre la calidad de cuidado que todavía está pendiente”, aseveró a modo de cierre.
Además participaron Gabriel Leconte presidente del COPNAF, Entre Ríos; Pablo Ferrari, juez del Juzgado N° 2 de Familia, Departamento Judicial Quilmes; Nora Schulman, ONG CASACIDN; el abuelo del niño asesinado Lucio, Ramón Dupuy, entre otros.
Será este miércoles en el seno de la Comisión de Familias que encabeza la radical Roxana Reyes, donde analizarán los proyectos de ley Lucio y Abigail.
Con la presencia de funcionarios y representantes de instituciones relacionadas con los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se reunirá este miércoles la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, que preside la diputada santacruceña Roxana Reyes. La cita es a las 16, en la sala 3 (244), donde abordarán la temática de abuso y maltrato infantil, en el marco de las iniciativas presentadas: “Ley Lucio” y “Ley Abigail”.
En el primero de los casos, el proyecto fue impulsado por los diputados del Pro Cristian Ritondo y Martín Maquieyra, y promueve la “Protección de los Derechos de la Infancia y Prevención contra las violencias de los Niñas, Niños y Adolescentes. Impulsa una serie de modificaciones y propuestas que abarcan desde la capacitación de los funcionarios públicos de los tres poderes en la temática de los derechos de niños, niñas y adolescentes, hasta cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación, como los referidos a la preservación del vínculo parental en casos de restricciones y a aceptar la competencia del juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida.
Esta iniciativa presentada el 15 de diciembre del año pasado refiere al caso Lucio Dupuy, cuyo crimen “violó todos los derechos humanos existentes y puso al descubierto falencias gravísimas en los procedimientos judiciales y policiales, aunque también desnudó la carencia de una norma jurídica precisa y clara”, tales los conceptos vertidos en su momento por Ritondo.
Maquieyra considera que ese caso “no fue aislado” y por el contrario esos hechos “se repiten constantemente”.
En el caso de la Ley Abigail, fue presentada a nivel nacional por la radical Roxana Reyes en 2020 y vuelta a presentar el pasado 13 de junio de 2022. Establece la obligatoriedad de la capacitación a funcionarios en derechos de niñas, niños y adolescentes. Deberán cumplirla todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, que forman parte corresponsable del sistema de protección de los derechos de niñez y adolescencia.
En varias provincias ya se han aprobado iniciativas en ese sentido, que refieren al caso de Abigail Jiménez, la niña con cáncer a la que le impidieron ingresar a Santiago del Estero en medio de las restricciones por la cuarentena. Sostiene Roxana Reyes que “la pandemia dejó al descubierto las deficiencias de los diversos poderes del Estado para tratar con violaciones a los derechos de la niñez. Muchos de los funcionarios estatales vinculados al sistema de protección actuaron de manera deficiente ante la presencia de casos de abuso o maltrato infantil”.
A instancias de la diputada radical Roxana Reyes, desde la bancada opositora sostienen que esa medida afecta “el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional”.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentaron un proyecto exigiendo al Gobierno que desista de imponer a los usuarios de los servicios públicos de gas y energía eléctrica la renuncia a oponer el derecho al secreto fiscal, financiero y bancario en los formularios para tramitar el mantenimiento de los subsidios en el marco del programa “Segmentación Energética”, por afectar el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional e implicar además de una exigencia impuesta aprovechando el estado de necesidad de los usuarios.
“Esta garantía se verá vulnerada por la potestad del Estado Nacional de cruzar los datos consignados en la Declaración Jurada con la base de datos de la AFIP, SINTyS (datos tributarios y sociales), la ANSES, y los registros de propiedad. Tal mecanismo pone en riesgo el efectivo cumplimiento de la ley citada más arriba”, expresaron.
En ese sentido, la diputada santacruceña afirmó que “más allá de que no sabemos hasta qué punto la seguridad informática y el Estado asegurarán el resguardo de nuestra información, nos sometemos a la incertidumbre de lo que podrán realizar los entes gubernamentales encargados del tema, a partir de la recolección, análisis y verificación de la información personal de cada usuario”.
“Ningún beneficio podrá suplantar, vulnerar ni omitir el derecho de un ciudadano, según establece el artículo 19 de la Constitución Nacional que indica: ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’”, concluyó Reyes.
Acompañan esta iniciativa los diputados de JxC Karina Banfi, Juan Martín, Lisandro Nieri, Jorge Vara, Gabriela Lena, Mario Barletta, Lidia Ascárate, Jorge Vara, Gerardo Cipolini, Gerardo Milman, Alberto Asseff, Laura Rodríguez Machado y Héctor Stefani.
La diputada radical, que asumió como consejera en mayo pasado, le reclamó al presidente del órgano judicial si se realizó la denuncias y qué medidas se tomaron.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) pidió al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que informe sobre el posible robo de declaraciones juradas de magistrados.
La radical, que asumió como consejera en mayo pasado, señaló que la solicitud se debe al hecho que se hizo público en los medios de comunicación sobre el robo de documentación sensible vinculada al Poder Judicial.
“En las últimas horas se hizo público en diversos medios de comunicación que el día 21 de junio se habría constatado una irrupción no autorizada en la oficina en la que se encuentran a resguardo las declaraciones juradas que presentan los magistrados en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Ética Pública”, señaló la santacruceña y agregó: “Es decir que se habría cometido un ilícito a fin de acceder a información sensible de los miembros del Poder Judicial de la Nación”.
Cabe destacar que la información que circula en los medios da cuenta de que habrían sido vulneradas 24 de esas declaraciones juradas, encontrándose abiertos los sobres lacrados respectivos.
Por tal motivo, Reyes solicitó a Rosatti que informe si se iniciaron investigaciones, denuncias y qué medidas se tomaron.
“Habida cuenta la preocupación que genera un hecho de tales características, sobre todo en lo vinculado a las condiciones de seguridad con la que está resguardada documentación crítica, como así también la determinación de la identidad de los perpetradores de la intrusión, es que nos dirigirnos al titular del cuerpo con la finalidad de solicitar se informe si se ha ordenado la apertura de un sumario, como así también si interpuso denuncia penal y el estado la misma”, remarcó la legisladora.
Un grupo de especialistas brindaron su diagnóstico sobre la problemática, convocadas por la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que está elaborando un proyecto de ley en este sentido.
Con la exposición de especialistas en la temática de maltrato infantil la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes que preside la diputada Roxana Reyes (UCR) realizó una reunión informativa sobre la problemática.
En el inicio, la diputada Reyes explicó que “es muy importante que en este momento la comisión se avoque al tratamiento y conocimiento de este flagelo como lo es la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
“Sabemos que el maltrato, el abuso y la falta de perspectiva de los derechos de los niños tiene su escenario en el seno familiar y hay muchos componentes que juegan para que no se llegue a protegerlos debidamente”, alertó.
En tanto, Pilar Molina, secretaria General de Gestión del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, repasó el marco normativo del sistema de protección de derechos de la niñez. “Uno de los temas es la ignorancia por no conocer como hay que defender los derechos, hay que trabajar en la capacitación de quienes reciben la denuncia”, aseguró.
En ese sentido la funcionaria solicitó que se trabaje en “contenidos operativos muy específicos que ayuden a quienes sean capacitados satisfactoriamente en entender que, en cada uno, se juegan sus decisiones judiciales, administrativas, legislativas en ejemplos concretos de aplicación”.
“Vamos a tener una ley que va a implicar que todos los actores judiciales y administrativos de los tres poderes van a tener que comprometerse con una determinada mirada. Tenemos que trabajar mucho en la fase práctica más que declarativa”, advirtió.
Desde Fundación Sur, Analía Haedo pidió por la articulación de todo el sistema de protección. “Vemos permanentemente patrocinio para niños y familias de mucha vulnerabilidad social. Queremos recalcar que cuando llegan al patrocinio la situación ya está judicializada”, dijo. Agregó que en esta instancia “nos damos cuenta que el sistema conformado por salud, educación y quien dirige fue parcializado, no comunicado y no hubo un trabajo articulado”.
También se explayó sobre la capacitación: “Conocer como es el sistema de protección, cuales son los deberes y obligaciones de cada actor del sistema y que esto pueda funcionar de forma articulada. El sistema funciona con estamentos estancos”, observó.
Por su parte, Lucía Buratovich directora de Aldeas Infantiles SOS Argentina trabaja con dos programas de espacio de cuidado alternativo y programa de fortalecimiento familiar. “Hay que trabajar en la prevención y restitución porque hablamos mucho de las medidas de excepción de derechos, ¿pero qué pasa después? se preguntó. Y esto nos importa mucho porque actualmente no tenemos números en Argentina de las niñas y niños que están en cuidado alternativo. No sabemos cuántos son”, manifestó.
Asimismo, consideró que “fundamentalmente nos parece importantísimo que la implementación sea territorial y federal. Es necesario que las personas que forman parte del sistema de protección estén capacitadas para acompañar este proceso de fortalecer habilidades de cuidado porque lo que está pasando es que estamos llegando tarde y se están tomando medidas de excepción, y no medidas que puedan acompañar y promover un mayor acceso de derechos a las familias a partir de prácticas de prevención y de prevención de la pérdida de cuidado”.
Estuvo presente el abuelo de Lucio Dupuy –el niño abusado y asesinado en noviembre de 2021-, quien pidió por la aprobación de la ley “lo más rápido posible, ya que son muchos los niños maltratados en el país”.
La radical Roxana Reyes pidió informes sobre el estado de obras en la frontera Mina Uno-Dorotea y el Parque Nacional Monte León.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo vinculado a las obras de infraestructura en el paso internacional Mina Uno-Dorotea, que une las ciudades de Río Turbio (Santa Cruz) con Puerto Natales (Chile).
Dado el valor de dicha frontera para ambos países y el turismo en la región “es de vital importancia que se arbitren todos los medios necesarios para generar las obras que posibiliten que dicha frontera permanezca abierta y en condiciones todo el año”, expresó la radical.
En 2009, Argentina y Chile acordaron acondicionar el paso internacional, sin embargo, al día de la fecha las obras no se han iniciado, recordó.
Cabe destacar que uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad santacruceña es el Centro Invernal Valdelén, convirtiéndose en el único de estas características en la zona.
“Si existieran las obras, se garantizaría el ingreso de cientos de turistas chilenos que elegirían nuestra provincia para vacacionar. Esto a su vez implicaría mayor movimiento en la economía local y provincial”, enfatizó la legisladora de Juntos por el Cambio.
Además, se reiteró el pedido de invertir en obras en los pasos terrestres al Parque Nacional Monte León ubicado en Puerto Santa Cruz, como así también que se acondicionen el portal de ingreso y mejoren las comunicaciones.
“Es inaudito que se sigan anunciando obras que no se concretan, y que son necesarias para un lugar de tan extremada importancia como lo es Monte León”, indicó Reyes.
La diputada recordó que su pedido no es nuevo, sino que en 2019 hizo lo propio alertando a las actuales autoridades de la Administración de Parques Nacionales sobre la situación crítica de Monte León. Sin embargo hasta la fecha no se han concretado obras apuntadas al mejoramiento del sector.
Por último, Reyes sostuvo: “El turismo, sin dudas, podrá generar puestos de trabajo directos e indirectos en la medida que se adopten las inversiones necesarias. En una provincia como la nuestra, donde los niveles de empleo público y desempleo son altos, es urgente que la actividad económica y la diversificación de la matriz productiva sean un objetivo más allá de los gobiernos de turnos”.
“La necesidad de repotenciar los destinos turísticos del país y, en especial de la Patagonia, son una realidad, pero sin una inversión propicia lo único que se logra es un desincentivo a la actividad”, completó.
Obras en el Río Don Guillermo, ampliación del aeropuerto de Perito Moreno y puesta en valor del Parque Nacional Monte León son algunos de los proyectos presentados por la diputada nacional.
Roxana Reyes propuso medidas concretas para impulsar el trabajo a través del desarrollo turístico, una fuente de riqueza que “actualmente no es aprovechada en Santa Cruz” y que apunta al crecimiento de la provincia.
De esta manera, presentó proyectos para la ejecución de obras de infraestructura en el Río Don Guillermo, de vital importancia para el circuito turístico con Chile; así como la ampliación del aeropuerto de Perito Moreno y la puesta en valor del Parque Nacional Monte León, completando una agenda activa que “apunta a potenciar el turismo en Santa Cruz para generar fuentes de trabajo y desarrollo económico en las localidades santacruceñas”.
“El proyecto sobre el Río Don Guillermo tiene por objeto solicitarle al Gobierno Nacional que realicen distintas obras de infraestructuras claves para mejorar el lugar y prepararlo para un mayor flujo turístico, debido a que, con el paso de los años, ha quedado en desventaja con los servicios chilenos”, expresó la legisladora de la UCR.
Este paso es el principal vínculo entre el parque nacional chileno Torres del Paine y el argentino, PN Los Glaciares. Cada año se registran por allí más de 200.000 cruces migratorios. Si bien el Río Don Guillermo es la frontera utilizada por la industria turística, desde sus inicios no fue concebido a tal fin. Por ello, “la realización de estas obras es necesarias para fomentar el turismo internacional y también para facilitar los accesos y controles necesarios en el sector”, sostuvo Reyes.
A este proyecto se le suma la ampliación del aeropuerto de Perito Moreno, el cual es de suma importancia para la llegada de más vuelos comerciales a la provincia, aumentando la conectividad en la zona noroeste y así generar un corredor turístico que incluya el Parque Patagonia, el Río Pinturas, Cueva de las Manos, El Calafate, El Chaltén y la zona sur de la provincia.
Por último, la concreción de las obras de acondicionamiento de ingreso y los servicios básicos del Parque Nacional Monte León, son claves para “ofrecer dicho parque como un producto turístico nacional e internacional”, representativo de la biodiversidad de la estepa y costa patagónica en buen estado de conservación, con sitios de valor paleontológicos únicos en el mundo.
“Con estas obras necesarias, no solo se continuaría posicionando a Santa Cruz en el mundo sino también que aportaría al desarrollo económico de las localidades a través de puestos laborales directos”, finalizó Roxana Reyes.
La flamante consejera electa remarcó que es “fundamental” que la Corte Suprema de Justicia esté “vinculada” al Consejo de la Magistratura.
La diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz), subrayó que el órgano debe tener “agilidad” en su funcionamiento para poder avanzar en la cobertura de juzgados vacantes, al tiempo que remarcó que es “fundamental” que la Corte Suprema de Justicia esté “vinculada” al organismo encargado de controlar a los jueces.
“Tenemos que tener agilidad en la cobertura de los juzgados, porque hay algunos que están vacantes durante años. Y también tenemos que ser un Consejo de la Magistratura de puertas abiertas a la población, transparente con los procesos. Que el Consejo no sea algo extraño y de espaldas a la gente”, remarcó la santacruceña en declaraciones en la AM 990.
La dirigente opositora remarcó que se debe “afianzar la justicia”, ya que advirtió que de lo contrario “las consecuencias son muy difíciles de reparar, muy estructurales, el daño para la ciudadanía es irreversible”.
Al retomar el tema de los juzgados vacantes, Reyes señaló que “si bien la agenda de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) está vinculada a las causas de corrupción que tiene la Justicia, hay muchas más que están paralizadas por falta de jueces”.
Por otra parte, la patagónica se refirió a la Corte Suprema y los proyectos de modificación que hay en el Congreso, ante lo cual indicó que “hay que dar un debate profundo”.
Y agregó: “No me gusta esto de la manipulación por coyunturas políticas vinculadas al poder por conveniencias. Es un tema que tenemos que debatir”. Además, destacó que “es fundamental tener a la Corte Suprema vinculada al Consejo de la Magistratura”.
Así lo aclaró el jefe del bloque radical al acompañar a Roxana Reyes en la jura para integrarse a ese organismo. Para él, se trata de “un escándalo institucional sin precedentes”.
El presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, asistió este jueves a la jura de su correligionaria Roxana Reyes como miembro del Consejo de la Magistratura, que se realizó en la sede de la Corte Suprema.
“Desde el bloque de diputados radicales vinimos a acompañar a Roxana Reyes en su jura como miembro por la segunda minoría de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Roxana defenderá la independencia del Poder Judicial y los más altos valores republicanos”, publicó Negri en Twitter.
Al ser consultado por la prensa, Negri agregó: “El fallo de la Corte lo que ha dicho con respecto a estos dos casos (el de Reyes y el del senador Martín Doñate) es que no están finalizadas las apelaciones, en absoluto, sin perjuicio que hayan tomado juramento y con dos diferencias notorias”.
Y agregó: “En el caso de Roxana Reyes, se cumplió de acuerdo con lo que dice la Constitución. Lo del Senado es de un mamarracho y de un escándalo institucional sin precedentes, porque ahí lo que había que elegir era la segunda minoría para completar el mandato que termina en noviembre de todo el Consejo de la Magistratura. Eso no es picardía eso es fraude a la ley. Dividieron un bloque para quedarse con 3 de 4 integrantes”.
“El peligro es si es noviembre siguen haciendo lo mismo, en ese caso estaríamos ya con la Constitución pisoteada por completo”, concluyó.
Junto al presidente del bloque UCR, también estuvieron la vicepresidenta Karina Banfi y el secretario general de la bancada Miguel Bazze.
Con la vuelta a la conformación original de la ley de 1997, ese órgano judicial vuelve a tener 20 miembros y ya juraron todos sus integrantes.
Tal cual lo resuelto por la Corte Suprema el martes último, juraron este jueves el senador nacional Martín Doñate y la diputada nacional Roxana Reyes como nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura.
La ceremonia se celebró al mediodía en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, con la presencia de integrantes del Consejo e invitados, y encargado de tomarles juramento a los legisladores fue el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien es además presidente del Consejo de la Magistratura.
Concretada la jura, el Consejo de la Magistratura quedó completo, con los 20 miembros que establece la ley de 1997 que fue restablecida a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada en 2006.
Es en principio el final de la larga disputa generada a partir de la polémica en torno a las designaciones por parte de ambas cámaras de los representantes del Senado y Diputados ante el Consejo. Recordemos que Juntos por el Cambio reclamaba los dos lugares vacantes a partir del hecho de ser segunda minoría, pero en el Senado el oficialismo optó por dividir su bloque, creando el del Frente Nacional y Popular y el de Unidad Ciudadana, con lo que determinó que le correspondía ese lugar en dicha Cámara a un miembro de UC.
El juramento se concretó luego de la acordada 11/22 suscripta el martes por los cuatro miembros de la CSJN, que avaló las designaciones más allá de los cuestionamientos existentes en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal. De hecho, la propia Corte aclaró que su convalidación está sujeta a la resolución final de los reclamos que tramitan ante la Justicia contra ambas designaciones.
Acompañaron a la diputada santacruceña Roxana Reyes miembros del bloque radical, que afirmaron que ella “defenderá la independencia del Poder Judicial y los más altos valores republicanos”. Ella, por su parte, señaló en declaraciones al periodismo que “vamos a trabajar para que se cubran rápidamente las subrogancias evitando juzgados vacantes y que los procedimientos sean ágiles y transparentes al momento de selección de cada uno de ellos”, expresó la legisladora.
Por último, la diputada santacruceña remarcó y sostuvo la postura que “el lugar para la segunda minoría en el Senado le corresponde a Juntos por el Cambio y no a Unidad Ciudadana que son parte del oficialismo”. “Esto fue una estrategia del kirchnerismo al igual que lo hicieron y siguen haciendo en Santa Cruz, es parte de la maqueta que intentan replicar en todo el país y de la impunidad que quieren lograr con la justicia”, finalizó Roxana Reyes.
“Independientemente del servicio de justicia y de la nueva ley orgánica y de funcionamiento del Consejo de la Magistratura que se debate en el Congreso, entiendo que es momento de repensar una nueva arquitectura institucional en la justicia Argentina”, expresó por su parte el senador rionegrino.
Para Doñate, “la Justicia debe adecuarse y dar respuestas a las demandas propias de un mundo en permanente transformación, y a las demandas sociales que lejos están de ser satisfechas con el modelo institucional actual”.
El senador K y la diputada de la UCR tomarán juramente este jueves al mediodía. Así, se completará el órgano judicial, cuya composición de 20 miembros fue restituida por la Corte en abril pasado.
Luego de más de un mes desde que la Corte Suprema de Justicia restituyó la composición de 20 miembros del Consejo de la Magistratura, y tras las controversias que se dieron en el Congreso por los representantes a enviar, asumirán este jueves al mediodía como consejeros el senador kirchnerista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes.
Así, se completará la conformación del órgano encargado de seleccionar y remover jueces, y administrar el Poder Judicial, que desde abril pasado es presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, después de haberse vencido el plazo que el máximo tribunal le dio al Poder Legislativo para sancionar una nueva ley.
Es que la ley de 2006, impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner, fue declarada inconstitucional por la Corte, en diciembre de 2021, y entonces se resolvió retornar a la composición que el Consejo tenía según la ley de 1997, salvo que en un plazo de 120 días el Congreso aprobara una nueva ley, lo que no ocurrió.
De acuerdo a la norma del ’97, en el Consejo deben tener lugar las “segundas minorías”, con cual ahí comenzó la puja en el Congreso: mientras la UCR pudo imponer a Reyes en esa condición, el oficialismo en el Senado dividió el bloque para desplazar al Pro de ese lugar y evitar que sea consejero Luis Juez.
Ambas designaciones originaron presentaciones ante la Justicia. En el caso de la Cámara alta, reclamaron contra la decisión de Cristina Kirchner desde la bancada macrista; pero en el caso de Diputados, fue el propio jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien recurrió a una acción de amparo contra la resolución de Sergio Massa.
Finalmente, ambos juzgados en lo Contencioso Administrativo, donde recayeron las presentaciones, resolvieron a favor de las resoluciones que las autoridades del Congreso firmaron.
Este martes, en la acordada 11/22, suscripta por sus cuatro integrantes, la Corte Suprema avaló las designaciones y expresó que “la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”.
Y agregaron que, más allá de las tramitaciones presentadas, “no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que, en las condiciones reseñadas, se tomen los juramentos requeridos”.
Para el entrerriano, la decisión del Tribunal Supremo sobre las designaciones en el Consejo de la Magistratura les dio la razón, y lo graficó de manera resultadista: 1 a 1.
Autor del amparo ante un juez entrerriano con el que buscó frenar la designación de dos legisladores para el Consejo de la Magistratura, el diputado nacional Marcelo Casaretto consideró que la acordada 11/22 conocida este martes no hizo más que darle la razón, y sintetizó su reflexión con este resultado: 1 a 1.
“Hoy la Corte Suprema de Justicia dispuso tomar juramento a Martín Doñate, senador del Frente de Todos, y a Roxana Reyes, diputada de JxC en el Consejo de la Magistratura”, tuiteó este martes el diputado entrerriano.
Y continuó señalando que “finalmente el tiempo nos dió la razón”. ¿En qué se basa para semejante planteo? En que “ante la pretensión de JxC de designar los 2 nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, uno por cada Cámara, el resultado sería 2 a 0. Por eso presenté una precautelar y una cautelar ante la Justicia Federal para evitar esas designaciones”.
“Obtuve un fallo a mi favor, pero la Corte Suprema aplicando el per saltum dispuso la nulidad de la cautelar otorgada en mi presentación. Pero durante la vigencia de esa medida, los presidentes de las cámaras, Cristina Fernández y Sergio Massa dispusieron la designación de Doñate y Reyes, con un equilibrio entre las 2 principales coaliciones parlamentarias, lo que finalmente termina siendo convalidado hoy por la Corte Suprema, disponiendo recibir juramento a estos legisladores, más allá de los trámites de las impugnaciones realizadas en otros juzgados”, describió el legislador oficialista.
De tal manera, tuiteó, en tono deportivo: “Resultado 1 a 1. El partido no termina, hasta que no termina… y se juega en equipo…”.
Más allá de que haya todavía reclamos judiciales pendientes, el Tribunal Superior aceptó sus designaciones y de esta manera podrán asumir.
Tras tantas dilaciones, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde para las dos designaciones del Congreso de la Nación, por lo que el Consejo de la Magistratura podrá completarse esta semana. Así las cosas, el senador nacional del Frente de Todos Martín Doñate y la diputada nacional radical Roxana Reyes podrán asumir este jueves, con lo que el Consejo de la Magistratura estará completo, con sus 20 miembros según la ley que entró en vigencia tras la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada en 2006.
De tal manera, este jueves se les tomará juramento a ambos legisladores en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales al mediodía y han sido invitados los restantes integrantes del Consejo.
La decisión de la Corte Suprema figura en la acordada 11/22, suscripta por los cuatro integrantes del Tribunal, y allí se expresa que “la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”.
Con todo, la resolución de la Corte es ad referéndum de cómo se resuelvan los reclamos judiciales pendientes en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. “La circunstancia de que se encuentren en trámite actuaciones judiciales en las que se impugnan expresamente los títulos de los legisladores mencionados”, precisa el fallo, que tiene en consideración que “no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que, en las condiciones reseñadas, se tomen los juramentos requeridos”.
Además, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo al senador del Pro Luis Juez para ingresar al órgano judicial.
El conflicto en torno a la designación de los miembros al Consejo de la Magistratura sigue dando de qué hablar. Por un lado, Diputados solicitó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechace el amparo que presentó el titular del bloque FdT, Germán Martínez, contra la designación de la radical Roxana Reyes. Por el otro lado, la Cámara en lo Contencioso desestimó el pedido del senador nacional Luis Juez (Pro) para ser designado en el Consejo.
La Cámara de Diputados, como cuerpo legislativo, le pidió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechace el amparo que presentó Martínez contra la designación de como consejera de la Magistratura por la segunda minoría de la Cámara baja. Fue a través de un escrito firmado por el abogado Raúl Garo, la representación legal reclamó que la Cámara confirme el fallo de primera instancia del juez Martín Cormick, que en los hechos avaló la designación de Reyes.
La diputada de la UCR fue designada el 13 de abril junto con Francisco Manuel Monti en calidad de suplente, pero en el marco de la disputa política que también incluye a la Cámara de Senadores, Martínez judicializó la nominación.
Según el apoderado de la Cámara de Diputados, Martínez -quien apeló el rechazo de primera instancia- “no acredita ni delimita de qué manera fueron afectados sus derechos ni qué perjuicios sufrió como consecuencia del dictado del acto que aquí cuestiona”, por lo que el recurso debería ser rechazado.
Además, subrayó que “según la doctrina sentada por la Corte Suprema, es regla general la no judiciabilidad (sic) de las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder”.
“El objeto de autos se encuentra íntimamente relacionado a la conformación de los bloques parlamentarios, conforme las decisiones políticas emanadas de los representantes legislativos, democráticamente elegidos, siendo ello lo que precisamente pretende impugnarse”, advirtió el escrito, de 23 páginas.
“De admitirse, implicaría una gravísima vulneración de las facultades exclusivas del Poder Legislativo Nacional”, resumió.
Por otro lado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia que desestimó el pedido del Juez para ser designado en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Así lo resolvieron los camaristas Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, hay un planteo de per saltum presentado ante la Corte Suprema de Justicia por el propio Juez.
Lo hizo la Sala V que ratificó lo resuelto por el juez Pablo Cayssials, quien rechazó el pedido del legislador cordobés luego que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, designara en su lugar al oficialista Martín Doñate.
“Lo relacionado con el momento, y consistencia de las afinidades políticas necesarias y suficientes para conformar un nuevo bloque, constituyen cuestiones inherentes al funcionamiento interno de la Cámara, y responden a las reglas de la lógica política, puesto que de la propia dinámica parlamentaria resulta que los bloques conformados por los representantes elegidos por el voto popular se forman, se modifican, mutan, se transforman y se transfiguran; se integran y se desintegran; forman coaliciones entre ellos, de un modo temporal o permanente”, según los jueces.
Además, señalaron que “la representación parlamentaria puede asumir válidamente cualquiera de esas modalidades, con el debido respeto de las reglas preestablecidas por el propio cuerpo, a los derechos y prerrogativas inherentes a la calidad de legislador, y a la participación de las minorías”.
La queja de Juez es porque él debía ser designado en representación de la segunda minoría, pero la presidenta del Senado partió su bloque del Frente de Todos y así habilitó que sea designado un senador oficialista. La polémica se desató cuando la Corte Suprema de Justicia dispuso el regreso de la vieja ley luego de vencer el plazo de 120 días que tenía el Congreso para sancionar una nueva ley.
De esta manera, la composición pasó de 13 a 20 miembros y la titularidad del Cuerpo a manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Horacio Rosatti.
La iniciativa fue presentada por la diputada santacruceña Roxana Reyes, quien resaltó el rol de garante que debe cumplir el Estado.
La presidenta de la Comisión Familias, Niñez y Juventudes en Diputados, Roxana Reyes (UCR), presentó un proyecto para la creación de un Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias (R.N.P.D.A.) en el ámbito del Ministerio Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En su iniciativa, la radical señaló que “en la Argentina, como en otras regiones, las familias no siempre resuelven adecuadamente la organización familiar de la mejor manera. La alta tasa de divorcios y separaciones en general se produce en contextos de alta conflictividad familiar”. Por ese motivo, propone la creación de este registro, ante “la necesidad imperiosa de que el Estado actúe en pos de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
“Creemos que es necesario contar con un registro de orden nacional y que sirva para entrecruzar la información de las provincias, con el objetivo de evitar que aquellas personas obligadas a cumplir con el deber de asistencia a su descendencia no lo hagan. Cuando las familias no pueden asistir a sus hijos o hijas, el Estado debe estar presente y cumplir su rol de garante, pero cuando pudiendo contribuir a las necesidades de sus hijos o hijas, teniendo recursos y medios dejan de cumplir con sus obligaciones alimentarias, también tiene que estar el Estado presente y actuar. Basta de hijos mendigando la cuota alimentaria”, enfatizó la legisladora.
El proyecto de ley consta en que se inscriban a las personas deudoras alimentarias que hayan sido declaradas como tales por autoridad judicial y llevar un listado de las personas que adeuden total o parcialmente prestaciones alimentarias consecutivas o alternadas, ya sea como prestaciones provisorias o definitivas fijadas u homologadas por sentencia firme.
Además, el texto prevé que se expidan certificados de libre deuda para trámites como: solicitud de pasaporte o su renovación, habilitaciones para la apertura de comercios y/o industrias, solicitud de la licencia de conductor o su renovación, solicitudes de apertura de cuentas corrientes y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, como también cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles que la respectiva reglamentación determine, entre otros.
“El Estado es precisamente el garante de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y en tal sentido debe diseñar e implementar todas las medidas que sean necesarias para que las disposiciones de la Convención de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (CDN) y demás normativas internacionales y nacionales se puedan aplicar efectivamente, garantizando así la protección integral a la infancia. Para eso es absolutamente necesario avanzar en una política pública que cree dicho registro y garantice los derechos”, concluyó Reyes.
El titular de la bancada FdT de Diputados insiste en obturar la llegada de Roxana Reyes al Consejo de la Magistratura.
El presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, apeló el rechazo del dictado de una medida cautelar para suspender la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura.
El fallo fue adoptado esta semana por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien se pronunció en contra del pedido del presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, que busca frenar la designación de la diputada santacruceña como consejera de la Magistratura.
Para el juez Cormick, “la UCR constituye -al día de la fecha- la ‘segunda minoría’ en cantidad de diputados”, por lo que rechazó la “verosimilitud del derecho”, condición necesaria para el dictado de una medida cautelar que impidiera la asunción de Reyes como consejera.
El fallo establece que “no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho del amparista para otorgar la medida cautelar de suspensión solicitada. La falta de acreditación de ello exime de analizar el peligro en la demora pues la sola ausencia de uno de los requisitos es suficiente para impedir su procedencia”.
El diputado Germán Martínez pidió al Tribunal de Apelaciones que “se revoque la decisión apelada en todas sus partes y se dicten un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, haciendo lugar a la medida cautelar interpuesta”.
El pedido será analizado por la Sala II del Tribunal de Apelaciones que integran José Luis López Castiñeira, María Caputi y Luis María Márquez.
La había impulsado el titular del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez.
Así como el sábado un juez falló en favor del senador Martín Doñate, ahora otro magistrado lo hizo por la diputada radical Roxana Reyes. Se trata del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien se pronunció en contra del pedido del presidente del bloque de diputados del Frente de Todos Germán Martínez, que buscaba frenar la designación de la diputada santacruceña como consejera de la Magistratura.
Para el juez Cormick, “la UCR constituye -al día de la fecha- la ‘segunda minoría’ en cantidad de diputados”, por lo que rechazó la “verosimilitud del derecho”, condición necesaria para el dictado de una medida cautelar que impidiera la asunción de Reyes como consejera.
El fallo establece que “no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho del amparista para otorgar la medida cautelar de suspensión solicitada. La falta de acreditación de ello exime de analizar el peligro en la demora pues la sola ausencia de uno de los requisitos es suficiente para impedir su procedencia”.
“La circunstancia de que la diputada Reyes -a la fecha- no ha asumido como representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura quita sustento al peligro invocado por el amparista”, agrega el fallo frente al planteo del diputado Germán Martínez.
El magistrado rechazó la consideración del legislador santafesino que había expresado que si asume Reyes “todos los actos en los cuales participe dicha diputada como consejera serian pasibles de la sanción de nulidad”, expresando que en tal situación “podrían tomarse medidas que declaren nula su designación en el resolutorio de fondo”, la cual aún no ha sido expresada.
Los abogados de la Cámara de Diputados expresaron ante la justicia que el nombramiento de la diputada fue legal, tras el amparo que presentó el jefe del bloque oficial para que sea declarado nulo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, remitió al fuero contencioso administrativo el informe sobre la designación de la diputada Roxana Reyes (UCR) para que integre el Consejo de la Magistratura. En el planteo, pidió que se rechace el amparo solicitado por el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que se había opuesto en la justicia a dicha designación.
El nuevo Consejo que se restableció tras el fallo de la Corte comenzó a funcionar, bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, con 18 de sus 20 miembros, ya que la justicia debe dirimir la situación de los dos representantes del Congreso: por un lado, el reclamo de Luis Juez para que no asuma el candidato de Cristina Kirchner, Martín Doñate, mientras que desde el Senado solicitaron que se rechace el amparo presentado por los senadores del Pro. Por el otro, el reclamo del diputado Martínez, que se opuso a la decisión de Massa de postular a Reyes como integrante de la segunda minoría.
Desde ambas cámaras del Congreso remitieron a la justicia en lo contencioso administrativo el informe requerido, donde explicaron bajo qué criterios se designaron los representantes como también la documentación que sustenta que cumplen con los requisitos impuestos por la normativa del Consejo.
En el escrito que presentó el asesor de asuntos jurídicos de la Cámara baja sostuvo que el planteo del diputado Martínez es “manifiestamente improcedente” y que por ese motivo “planteamos la falta de legitimación del accionante, circunstancia que sella la suerte no sólo de la medida cautelar, sino también del proceso en general”.
Entre los argumentos, indicó que el presidente del bloque del Frente de Todos, “no especifica la existencia de un derecho subjetivo concreto que se encuentre agraviado, así como tampoco alega ni demuestra la existencia de una afectación particular” causada por la designación de Reyes. “Cabe el rechazo de la pretensión cautelar por la falta de legitimación activa del actor como diputado nacional y como presidente del bloque que integra”, sostiene la presentación.
El titular del bloque oficialista había presentado un amparo reclamando la nulidad de la designación, que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11 a cargo de Martín Cormick, quien consideró que “no aparecen conformada” las “circunstancias graves y objetivamente impostergables”, que justifiquen dictar la medida cautelar para impedir que Reyes asuma como consejera.
Salió así al cruce de las versiones periodísticas que lo sindicaban en un toma y daca por aprobación de la reforma del Consejo de la Magistratura.
El presidente del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió al cruce de las versiones que lo sindicaban habiendo negociado probablemente la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura con Sergio Massa.
Puntualmente fue el periodista Carlos Pagni el que en su programa de La Nación+ deslizó que el mandatario jujeño habría negociado con el titular de la Cámara baja para que no hiciera allí lo que hizo Cristina Kirchner en el Senado. Y a cambio él aportaría los votos de los diputados de su provincia para que se pueda aprobar una nueva ley del Consejo de la Magistratura.
En ese sentido Morales recordó que “el radicalismo es quien impulsó, junto a otras fuerzas de JxC, un único proyecto de ley para el Consejo. Por eso rechazamos las versiones que buscan desprestigiar al radicalismo en un tema medular y estructural para el sostenimiento de la República en nuestro país”.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente del radicalismo sostuvo que la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo se la Magistratura “es innegociable, porque es la representación que le corresponde a la UCR a partir del fallo de la Corte. No es moneda de cambio, es un derecho que vamos a defender frente a cualquier circunstancia”.
“La maniobra y la trampa llevada a cabo por Cristina Kirchner en el Senado es repudiada y rechazada por todo el arco del radicalismo. Se trata de un burdo atajo que toma el kirchnerismo para impedir que Luis Juez ocupe el lugar que le corresponde a JxC en el Consejo de la Magistratura”.
El juez Martín Cormick no hizo lugar al reclamo del jefe del Frente de Todos en Diputados, que buscaba invalidar la resolución del presidente de la Cámara.
El magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 11, rechazó la medida cautelar presentada por el jefe del bloque Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, quien buscaba que se declare “inválida” la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura.
No obstante, al igual que ocurrió en el caso del Senado, el juez solicitó a la Cámara baja que remita un informe sobre el nombramiento, en este caso en un plazo de tres días, tras lo cual se pronunciará sobre la resolución que firmó Sergio Massa la semana pasada.
El escrito señala que “la medida cautelar interina está prevista en el artículo 4to., segundo párrafo de la Ley 26.854 para que ‘solo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción'”.
“El argumento que lleva al amparista a solicitar la petición interina -tal es ‘…que suspenda los efectos del acto hasta tanto se corra traslado al Sr. Presidente…’- no aparece conformada pues no existe impedimento legal o fáctico para requerir -a la fecha- el informe previsto en el artículo 4to. de la Ley 26.854 al Presidente la Honorable Cámara de Diputados por el plazo de tres (3) días”, agrega.
Luego de la designación de Reyes, Martínez salió a anunciar su disconformidad con la decisión del presidente de la Cámara baja, al asegurar que, de concretarse la jura de la legisladora radical, el bloque oficialista, siendo el de la mayoría, quedaría subrepresentado en el Consejo.
A diferencia del Senado, donde el bloque Frente de Todos se partió con el objetivo de arrebatarle al Pro la condición de segunda minoría, en Diputados, Massa resolvió nombrar a la diputada de la UCR, bloque que representa la segunda minoría.
Además de la presentación ante la Justicia, Martínez había enviado una carta al presidente de la Corte Suprema y -ahora también- del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para que se “abstenga” de tomar juramento a Reyes.
El jefe del Frente de Todos presentó una acción de amparo contra la decisión del presidente de la Cámara baja, al tiempo que envió una carta al presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura.
Tal como lo adelantó al expresar su disconformidad con la designación de la diputada radical Roxana Reyes como consejera, el jefe del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez, presentó una acción de amparo ante la Justicia para que se declare “inválida” la resolución de Sergio Massa, al tiempo que exigió a Horacio Rosatti, presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura, que no permita la asunción de la legisladora.
“Lo anticipé ayer. Como Presidente de Bloque @Diputados_Todos presenté un amparo pidiendo la nulidad de la designación de la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura. La solicitud recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 11 a cargo del Dr. Martín Cormick“, reveló este jueves el santafesino en su cuenta de Twitter.
Además, el presidente de la bancada oficialista señaló que le pidió mediante una carta a Rosatti que “se abstenga de tomarle juramento a la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura”.
“Es ilógico que el bloque con mayor representación parlamentaria (Frente de Todos) tenga UN solo diputado en el Consejo de la Magistratura. Y que Juntos por el Cambio tenga DOS representantes”, argumentó.
En esa línea, en la misiva enviada a Rosatti, Martínez señala: “Advertirá usted que, de aceptar la integración al cuerpo de la Dra. Reyes, se producirá una sobrerepresentación del espacio Juntos por el Cambio, que pasará a tener dos diputados dentro del Consejo, considerando que ya forma parte del mismo el Dr. Pablo Gabriel Tonelli”.
“El Frente de Todos tendrá la representación de tan solo una diputada, la Sra. Vanesa Siley y el interbloque Federal, por su parte, tendrá también una representante, la Dra. Graciela Camaño”, continua.
En la carta, el diputado destaca “la complejidad que reviste la determinación del criterio de definición de lo que cabe considerar como ‘el bloque con mayor representación legislativa’, ‘la primera minoría’ y ‘la segunda minoría’ conforme al artículo 2, inciso 3, de la Ley 24.937, y su modificatoria ley 24.939”.
Pero le pide al juez que “se abstenga de adoptar cualquier medida u acto que implique la concreción de la aludida designación hasta tanto se consensue en el seno de la Cámara de Diputados el criterio mediante el cual deberá completarse la representación del estamento de los diputados y las diputadas para el período 2018/2022”.
Asimismo, Martínez insiste que, de asumir Reyes, se “atentará contra el equilibrio y representación de las fuerzas políticas que deben integrar el Consejo”.
Por otra parte, en la acción de amparo presentada contra la decisión de Massa, Martínez enfatiza que “se trata de una resolución dictada con vicios en la causa, objeto, competencia y procedimiento”.
“La resolución adoptada avasalla el principio republicano y el gobierno representativo y, por ende, el federalismo al avanzar sobre los principios establecidos tanto en la Constitución Nacional como por una ley formal del Congreso de la Nación”, apunta, solicitando que se declare “inválida” y se así también la “ilegalidad, inconstitucionalidad y nulidad” de la designación de Reyes.
Denuncia-SolaEso expresó el jefe del bloque radical en Diputados luego de que el legislador oficialista anticipara la “impugnación de la resolución” que firmó Sergio Massa al designar a Roxana Reyes ante el Consejo de la Magistratura.
Tras conocerse la resolución por la cual el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, comunicó al Consejo de la Magistratura la designación de la radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría en la Cámara baja, el jefe del bloque UCR, Mario Negri, destacó: “El presidente de la Cámara baja no ha hecho más que reconocer y acatar lo que mandó la Corte”.
“La emergencia institucional en Argentina no ha desaparecido. En el Senado lo que sigue en juego tiene la misma gravedad institucional que venimos advirtiendo desde un comienzo”, señaló el titular del bloque UCR en Diputados.
Negri se refirió luego al anuncio formulado por el titular de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, sobre una posible impugnación a esa resolución: “Germán Martínez corre el riesgo de hacer el mismo papelón que hizo el diputado Marcelo Casaretto, quien acudió al juez de Paraná Daniel Alonso en búsqueda de un ridículo fallo contrario a una sentencia de la Corte Suprema”.
“Nos preocupa mucho lo del Senado, no hay que bajar la guardia. El oficialismo parece no tomar dimensión de lo que están haciendo. La inflación vuela, la tensión social es tremenda, y ellos jugando con cuestiones de extrema gravedad. Cristina y el kirchnerismo llevan a situaciones de elevado nivel de tensión social y política al país”, sostuvo Negri.
Y agregó: “En el Senado es tanto el barbarismo, que de 4 integrantes se quieren quedar con 3. Con tantos problemas de inflación, de desocupación, de inseguridad, creen que la gente no se da cuenta de estas cosas. Impugnaremos en el Consejo de la Magistratura la designación de Doñate. Incluso evaluaremos una posible sanción penal”.
“Además, el presidente se metió hoy al barro a través del jefe de Gabinete para convalidar la violación de la Constitución y el atropello al Poder Judicial y sus decisiones. Es una franca obsesión por controlar la Justicia para que no se avance en la investigación de hechos del pasado. Perdí ya toda capacidad de asombro al escuchar al jefe Gabinete decir que se dividen solo porque no les gusta la ley, y que eso está bien. Han hecho barbarismo constitucional”, finalizó el diputado cordobés.
Por su parte, Reyes agregó que esto es algo “que está en el ADN del kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner. Ella quiere todo, no acepta límites, se lleva puesta la República, la división de poderes. Su única agenda es la impunidad y el dominio de la Justicia. Hay un toque de brutalidad, es gravísimo”.
“En Santa Cruz, durante mucho tiempo, manipuló los sistemas electorales, los sistemas de control, la Justicia; pusieron la reelección indefinida, la ley de lemas; está el caso del fiscal Sosa que nunca fue restablecido pese a un fallo de la Corte”, sumó.
Y señaló que Cristina Kirchner “está perdiendo el estilo, ahora ya hace cosas que causan gracia, como fue echar mano a un juez inferior para intentar suspender una orden firme de la Corte Suprema”.
“Sergio Massa demoró la resolución, no debería haber dudado. Pero finalmente priorizó la continuidad y el funcionamiento de las instituciones. Hizo lo que tenía que hacer. Hubiera sido muy difícil continuar trabajando en la Cámara de Diputados si no tomaba esta decisión”, finalizó Reyes.
Fue luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmara la resolución. En tanto, el jefe del bloque radical pidió que se “rectifique la nominación del senador K”.
Pasado el mediodía de este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cedió a los reclamos de Juntos por el Cambio y firmó la designación de la diputada radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría ante el Consejo de la Magistratura, en medio de la jugada que hizo el Frente de Todos en el Senado de dividir el bloque oficialista en dos para convertir a Unidad Ciudadana en la segunda minoría y, así, dejar sin chances al Pro para poder designar al senador Luis Juez.
En ese contexto, el titular del bloque UCR en la Cámara baja, Mario Negri, lo celebró a través de las redes sociales: “El presidente de la Cámara de Diputados firmó la designación de Roxana Reyes como representante de la segunda minoría ante el Consejo de Magistratura”, y le dejó un mensaje a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado: “Cristina Kirchner se burló de la ley y del fallo de Corte. ¡Debe rectificarse la nominación del senador K!”.
En una resolución que firmaron en conjunto, las autoridades del Congreso formalizaron los nombramientos de los nuevos consejeros.
En una resolución conjunta, pero con decisiones de diferente tenor, Sergio Massa y Cristina Kirchner firmaron este miércoles la resolución designando a los dos nuevos consejeros: mientras el presidente de la Cámara baja cedió a los reclamos de Juntos por el Cambio y nombró a la diputada de la UCR Roxana Reyes, la vicepresidenta, en virtud de la reciente fractura del bloque oficialista, envió al órgano judicial al senador kirchnerista Martín Doñate, desplazando así al macrista Luis Juez, pedido por la oposición.
La controversia llegó a su punto máximo este lunes cuando la Corte Suprema de Justicia tomó el control del Consejo ante el vencimiento del plazo dado al Congreso -en diciembre pasado- para sancionar una nueva ley, la cual tuvo media sanción en el Senado, pero no llegó a tratarse en la Cámara de Diputados.
El reclamo de Juntos por el Cambio para que se designen como consejeros a dos legisladores por su espacio se hizo más fuerte, pidiendo esos lugares para la diputada Reyes y el senador Juez, por ser la UCR en Diputados y el Pro en el Senado la segunda minoría, como lo establecía la ley de 1997 que la Corte restituyó al declarar inconstitucional la ley de 2006 que había llevado el Consejo de 20 a 13 miembros.
Pero en la noche de este martes, en una jugada orquestada por CFK, el bloque Frente de Todos en la Cámara alta se partió, quedando por un lado el Frente Nacional y Popular, con 21 miembros, y el de Unidad Ciudadana, con 14 integrantes, convirtiéndose así este en la segunda minoría y desplazando al Pro, con 9 senadores.
En Diputados la estrategia no fue la misma, pues la bancada no se iba a partir.
En la antesala de las juras de los nuevos consejeros, este miércoles, pasadas las 16, se conoció la resolución en la que las autoridades del Congreso designaron finalmente a los consejeros: mientras Massa cedió al pedido de la oposición, Cristina se aseguró un representante más de su núcleo duro en el órgano encargado de seleccionar y remover jueces.
Nota-CONG.-1Doñate se sumará a sus pares María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde. Por JxC ya es consejera la radical Silvia Giacoppo.
En tanto, por Diputados, Reyes se acoplará al macrista Pablo Tonelli. Las otras diputadas consejeras son Vanesa Siley, del Frente de Todos, y Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense.
La resolución establece que el eventual reemplazante de Reyes es el catamarqueño Francisco Monti; mientras que el de Doñate es el jujeño Guillermo Snopek.
La aspirante a ocupar el lugar en el Consejo de la Magistratura por la Cámara baja advirtió que la vicepresidenta “se quiere quedar con todos los consejeros”.
La diputada nacional del radicalismo Roxana Reyes es quien Juntos por el Cambio impulsa para ocupar uno de los lugares pendientes en el nuevo Consejo de la Magistratura. La maniobra del oficialismo ya habría sacado de circulación a Luis Juez en la Cámara alta, y ahora la santacruceña imagina que el oficialismo podría intentar lo mismo en Diputados, ya que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “se quiere quedar con todos los consejeros”, dijo.
La diputada radical recordó por CNN Radio que sigue aguardando el aval del presidente de la Cámara baja, y al respecto afirmó que “Sergio Massa está muy presionado por Cristina”.
Santacruceña al fin, Reyes dijo conocer el ADN de la vicepresidenta, “porque tiene una obsesión por concentrar el poder. Ella sabe que el sentido del Consejo de la Magistratura era que hubiera oficialismo y oposición. Me parece muy berreta y está perdiendo la genialidad”.
“Hasta ahora, discutir si se cumplía o no la orden de la Corte era una crisis institucional… es penoso lo que está haciendo”, insistió la diputada en diálogo con María Laura Santillán y llamó a “impedir que esto suceda y no se trata de oposición u oficialismo, sino con el sentido más íntegro de la república”.
“Vamos a ir a la Justicia”, lanzó Reyes, y concluyó: “Esto no se mira desde la tribuna”.
En el marco de una conferencia de prensa, diputados y senadores de la principal oposición reclamaron la designación de sus postulantes para el Consejo de la Magistratura.
Juntos por el Cambio exigió a Sergio Massa y Cristina Kirchner que designen ya como representantes de las segundas minorías parlamentarias en el Consejo de la Magistratura a la diputada Roxana Reyes (UCR) y al senador Luis Juez (Pro). Las autoridades legislativas del principal espacio de la oposición brindaron este martes una conferencia de prensa en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados.
Los diputados y senadores de JxC advirtieron que tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa serán pasibles de denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público y sedición si llegaran a alzarse contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia y las resoluciones firmadas ayer por el Máximo Tribunal.
“Hace pocos minutos, tanto en Diputados como en el Senado, volvimos a pedir por nota a Sergio Massa y a Cristina Kirchner que de forma inmediata y sin dilaciones procedan a las designaciones de la diputada Reyes y del senador Juez. Cualquier otra conducta puede llevar a un camino de gravedad institucional que le hará muy mal al país”, dijo Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la UCR. “No vamos a tolerar ninguna maniobra parlamentaria de parte del oficialismo”, agregó el radical.
Y expresó: “Son dos designaciones las que faltan, las que corresponden al Congreso, y han hecho de todo para embarrar la cancha. Desde 1997 a 2006 funcionó el Consejo con 20 miembros y la presidencia de la Corte Suprema y no hubo ningún tipo de inconvenientes. Hoy hablan de golpe institucional pero la hoy vicepresidenta en 1997 dijo que la ley era ejemplar”.
El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente Pro, Cristian Ritondo, llamó “a la reflexión a las autoridades del Senado y de Diputados para que retomen el camino de la racionalidad y de la legalidad”. Y agregó: “Tienen que acatar el fallo de la Corte Suprema. La Constitución está para ser cumplida, no para que sea interpretada según la conveniencia política del gobierno de turno”.
“Que designen a los representantes del Congreso para que se complete la integración del Consejo de la Magistratura. Deben despejar la incertidumbre institucional y respetar la división de poderes. Es lo que corresponde en una República democrática”, advirtió Ritondo.
El presidente del interbloque de senadores Alfredo Cornejo ratificó que esta es una posición puramente institucional que debería acatar tanto la principal autoridad del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, como Sergio Massa. “Deben cumplir inmediatamente con el envío de los representantes en el Consejo de la Magistratura. Esto no está sujeto a la opinión de Cristina Fernández de Kirchner o de Sergio Massa. Es un fallo de la Corte y debe acatarse”.
Por su parte, el senador Luis Juez advirtió que “no venimos a mendigar nada, le pedimos a la presidenta del Senado de la Nación que cumpla con la ley y que, si esto no lo hace, en un tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, agregó que la sentencia de la Corte del lunes en la que anuló lo actuado por el juez de Paraná Daniel Alonso habló de un alzamiento contra el Máximo Tribunal.
Y añadió: “Ya la Corte habló de alzamiento y ese alzamiento es contra la Corte, contra el orden constitucional y tiene una figura penal que es la sedición. Esa figura de la sedición también es la figura que le puede caber a Cristina Kirchner y a Sergio Massa si no designan a los representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura. Esta situación puede terminar en una denuncia penal por sedición e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
El presidente del bloque de senadores del Pro, Humberto Schiavoni, manifestó: “Los fallos de la corte no son opinables, son acatables. Debemos respetar la división de poderes y acatar los fallos de la justicia más allá que nos guste o no nos guste”.
La diputada radical Roxana Reyes sostuvo que “ningún ciudadano está por encima de la ley o por encima de las instituciones. Las sentencias de la Corte deben acatarse, en el convencimiento de que no depende de la voluntad exclusiva de ningún funcionario. El único camino es el cumplimiento de la sentencia, y así lo pedimos, para salir de una situación que roza la gravedad institucional que debemos evitar”.
A su vez, Margarita Stolbizer expresó: “El kirchnerismo tiene amplia trayectoria en no respetar fallos de la Corte Suprema. Dijeron que volvieron mejores y no es cierto. Volvieron peores”.
Es para frenar la medida que tomó un juez de Paraná. Igualmente, el recurso quedó extemporáneo ante un nuevo fallo del máximo tribunal, que asumió el control del Consejo.
Juntos por el Cambio presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia un per-saltum para frenar la medida tomada por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien buscaba impedir la designación de dos legisladores como nuevos consejeros, al restituirse la ley de 1997.
Igualmente, al mismo tiempo que se presentaba el recurso extraordinario, el máximo tribunal emitió un nuevo fallo en el que asumió el control del Consejo de la Magistratura, con Horacio Rosatti a la cabeza, y ordenó prestar juramento a los nuevos miembros.
“Es imposible intentar parar, empantanar y embarrar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura e ir en contra de una sentencia del máximo tribunal del país”, enfatizó el jefe del bloque UCR en Diputados, Mario Negri.
Asimismo, el cordobés expresó, tras la presentación de per-saltum: “Estamos muy satisfechos. Desde Juntos por el Cambio coincidimos con lo que se estableció en la acordada que acaban de firmar los jueces supremos para evitar que el juez de Paraná impida que se elijan los dos consejeros del Congreso que faltan designarse”.
“De cualquier manera, esperamos que el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y la presidenta del Senado (Cristina Kirchner) no pongan más obstáculos y rápidamente designen a quienes fueron propuestos por el radicalismo, la diputada Roxana Reyes, y por el Pro, el senador Luis Juez, quienes representan a la segunda minoría en cada una de las dos cámaras, tal como establece la ley de 1997 a la que se retornó según el fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006″, agregó Negri.
Por su parte, la diputada Reyes consideró que “resulta indispensable la independencia de los poderes del Estado, y el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue en esa dirección, ya que del Consejo de la Magistratura depende la designación de los jueces y el control de sus desempeño”.
“Es grave la demora de la designación de muchos jueces para el buen funcionamiento del Poder Judicial, retrasos solamente justificados en la necesidad del kirchnerismo de obtener impunidad”, manifestó la santacruceña.
Y agregó que “el per-saltum es un recurso extraordinario por el cual decimos al máximo tribunal que el fallo que dictó, que ordenó la inconstitucionalidad de la ley de 2006 y la vigencia de la ley de 1997 está siendo obstaculizada por un juez de Paraná. Requerimos anulación del accionar de ese juez y hacer cumplir el fallo de diciembre”.
Es en representación de la segunda minoría a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema, más allá de la decisión de un juez de Entre Ríos.
El presidente del bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri, comunicó a través de sus redes sociales que la bancada radical “propuso a la diputada Roxana Reyes (Santa Cruz) para el Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría, a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema”. Además, se nominó como suplente a Francisco Monti (Catamarca).
De manera paralela el Frente Pro oficializó en la Cámara alta la presentación del senador Luis Juez para el lugar correspondiente al Senado.
“Se presentó la nota en Mesa de Entradas, dirigida a Sergio Massa, con copia a la Corte y al Consejo”, explicó el diputado cordobés y agregó: “El fallo de la Corte es de cumplimiento obligatorio”.
En tanto, sostuvo que “la ley que regula los amparos dice expresamente que la acción de amparo no es admisible contra actos de un órgano judicial. Por lo tanto, la decisión del juez de Paraná de hacer lugar al amparo solicitado por el kirchnerismo es abiertamente contraria a la normativa vigente”.
“El kirchnerismo no puede subvertir, con la ayuda de jueces amigos, el orden constitucional. El próximo lunes el presidente de la Cámara baja deberá cumplir el fallo del Máximo Tribunal”, manifestó el jefe de bloque radical.
1641-D-2022La legisladora santacruceña mostró preocupación por la situación que atraviesa su provincia: “Cada año que pasa no se generan oportunidades de progreso”, y advirtió: “Estamos ubicados en lo más alto de la pobreza a nivel patagónico”.
La diputada radical Roxana Reyes (Santa Cruz) expresó su preocupación por el aumento de la pobreza en la capital provincial y sostuvo que “en 6 meses Río Gallegos aumentó su índice de pobreza, se sumaron más de 6 mil personas bajo este nivel. Esto demuestra, una vez más, que es la consecuencia de insistir con un modelo económico que no funciona”.
“Somos una provincia con abundancia de recursos, gran oferta turística, producción agrícola, ganadera; explotación hidrocarburífera, etc. Sin embargo, Río Gallegos se ubica dentro de la Patagonia con el mayor nivel de pobreza superando a Comodoro Rivadavia, Neuquén, Ushuaia, Rawson y Viedma”, explicó.
Además, advirtió: “Cada año que pasa no se generan oportunidades de progreso, subiendo la pobreza estructural y la infantil, hipotecando el futuro de nuestra provincia. Necesitamos entre todos implementar reformas estructurales para superar urgente esta situación”.
“Estamos ubicados en lo más alto de la pobreza a nivel patagónico. Los números son claros, el 35,1% de quienes habitan en la ciudad capital de Santa Cruz son pobres y el 3,9% son indigentes. De 42.898 hogares, hay 11.260 que son pobres y 1.682 están en la indigencia. De 125.507 personas que viven en la ciudad, 44,007 son pobres y 4,919 son indigentes. Los datos comparados de la pobreza desde el segundo semestre del 2020, al segundo semestre del 2021, reflejan un lento y sostenido aumento”, relató la diputada radical.
Y sumó: “En cuanto a hogares, en el segundo semestre del 2020, había un 26% de hogares pobres y un 33,2% de personas pobres. En el primer semestre del 2021, había un 25,9% de hogares pobres y un 34,7% de personas pobres. Para el segundo semestre del 2021, es de un 26,7% de hogares pobres y un 35,5% de personas pobres”.
Se había dispuesto por ley en 2020 para recibir denuncias de abuso sexual y violencia. La diputada Roxana Reyes enfatizó que “hasta la fecha no vemos avance alguno en la implementación de esta política pública”.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, informe acerca de las medidas adoptadas para la implementación de la creación de una inter-fase tecnológica destinada a dar información, contención y brindar asesoramiento en materia de violencia, maltrato y abuso sexual, y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes (NNyA).
“Actualmente la línea 102 funciona solo en 17 de las 24 provincias de nuestro país y no cuenta con una aplicación para que los NNyA puedan comunicarse. Las provincias de Santa Fe, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis cuentan con números de línea diferentes al 102, que son más extensos y no son gratuitos, lo que implica una enorme dificultad para recordar los mismos y comunicarse”, explicó la legisladora.
La reforma de la Ley 26.061 que se sancionó en el año 2020 por medio de la Ley 27.576 preveía la creación de una inter-fase tecnológica para la información y denuncia de situaciones de abuso sexual y otras vulneraciones de derechos.
“La idea era que se pudieran realizar intervenciones de forma conjunta y articulada con los distintos organismos del Estado que trabajan ante la amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se pretendía también unificar la información de todas las provincias en la materia. Sin embargo, hasta el día de la fecha no vemos avance alguno en la implementación de ésta política pública. Lo que resulta sumamente preocupante puesto que constituye una violación al derecho de los niños, niñas adolescentes a ser oídos, protegido en nuestro ordenamiento jurídico”, fundamentó la santacruceña.
Y concluyó: “Solicito con urgencia se informen las medidas que se han implementado al día de la fecha para dar lugar a la concreción de dicha política pública, apoyada por ambas cámaras del Congreso y pensada como un aporte al sistema de canalización de denuncias actual”.
La iniciativa fue acompañada por sus pares Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Karina Bachey, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Graciela Ocaña, Germana Figueroa Casas y Mariana Stilman.
La legisladora radical había presentado la iniciativa hace dos años junto al diputado Menna. “La corrupción es una de las principales causas del atraso de los países”, fundamentó.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) confirmó que están representando el proyecto de ficha limpia que fue presentado junto al diputado Menna en 2020, “con la finalidad de introducir un supuesto de inhabilidad para precandidaturas y candidaturas a cargos electivos para quienes hayan resultado condenados en primera instancia por hechos de corrupción.”
“Se propicia también la modificación del Código Nacional Electoral en su artículo 60 bis, con la finalidad de incorporar como una de las atribuciones del juez con competencia electoral a la hora de oficializar una precandidatura o candidatura, la de verificar la inexistencia de condenas penales de las previstas como inhabilitantes. Inhabilidad que se propone se extienda también a la elección o designación para el ejercicio de cargos partidarios”, explicó la legisladora santacruceña.
Además, sostuvo: “La corrupción es una de las principales causas del atraso de los países y perjudica a sectores más postergados y vulnerables de la sociedad. Argentina está especialmente afectada por una crisis de corrupción estructural y sistémica, con multiplicidad de funcionarios y ex funcionarios encausados por hechos de esta naturaleza, es por ello que las normas electorales y de partidos políticos deben impedir que sean parte de la competencia electoral y eventualmente integrantes de cargos de representación popular, aquellas personas en conflicto con la ley penal por, cuanto menos, delitos dolosos por hechos de corrupción”.
“Los delitos cuya condena no firme ratificada en segunda instancia que provocarán la inhabilitación , propuestos por este proyecto son los delitos contra la seguridad de la Nación; los delitos contra los poderes públicos y orden constitucional; los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y los delitos previstos contra el orden económico y financiero”, argumenta en la iniciativa.
En tanto, Reyes concluyó: “En nuestro país, el dictamen emitido en la Cámara de Diputados de la Nación, fue también producto de una iniciativa auspiciada por un grupo de ciudadanos liderados por el profesor Gastón Ignacio Marra en la plataforma www.change.org que ha reunido hasta el momento casi doscientas cincuenta mil firmas de adhesión. Tenemos un compromiso y la convicción de que se trata de una causa justa que permitirá mejorar las instituciones de la República, por eso presentamos este proyecto de ley, y seguiremos luchando por ‘Ficha Limpia’ en nuestro país”.
Acompañaron este proyecto los diputados Mario Negri, Lidia Ascárate, Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Mario Barletta, Julio Cobos, Fernando Carabajal, Hugo Romero, Marcos Carasso, Miguel Bazze, Soledad Carrizo, Pedro Galimberti, Juan Martín Musacchio y Ximena García.
La diputada radical denunció que “el gobierno provincial incumple el freno judicial al pase sanitario en las escuelas” porque “un juez ha dado la orden de permitir el ingreso a todos los alumnos estén o no vacunados”.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz), realizó declaraciones a través de su cuenta de Twitter sobre el pedido de pase sanitario en escuelas de su provincia y explicó que “un juez ha dado la orden al gobierno de Santa Cruz de permitir el ingreso de todos los niños, niñas y adolescentes a la escolaridad independientemente que estén o no vacunados”.
“El gobierno de Alicia Kirchner incumple la orden y no solo eso, sino que amedrenta y amenaza al juez diciendo que ha excedido sus funciones. La provincia está desplegando una actitud delictiva al desconocer una orden judicial además de generar un conflicto de poderes”, denunció la diputada radical.
Y concluyó en sus redes sociales: “Este es el modelo y la maqueta de lo que no debe pasar en un Estado de Derecho para ser un país serio”.
La diputada radical participó de un seminario del Parlatino, en el que reivindicó el reclamo nacional por las islas.
Como parte de su participación en la 36° Asamblea Ordinaria del Parlatino, la diputada nacional Roxana Reyes asistió al seminario “La Cuestión Malvinas. Una causa Latinoamericana”, y reivindicó el reclamo de soberania sobre las islas.
“Seguimos firmes en nuestro compromiso con la Cuestión Malvinas y la reivindicación de la soberanía argentina sobre esa parte del territorio argentino”, sostuvo la diputada radical.
Y agregó: “Reafirmo la importancia que debe tener para el Estado argentino la Cuestión Malvinas como uno de los ejes de la política exterior. Deben reanudarse las negociaciones y respetar el derecho internacional, ya que es muy simbólico este Seminario en Panamá en el marco de ser un territorio recuperado. Como sostuvo la canciller Erika Mouynes, ministra de Relaciones exteriores de Panamá, ‘el canal es de Panamá y Malvinas debe ser de Argentina'”, expresó Reyes.
En el encuentro, se presentaron los fundamentos de la posición argentina y la comisión para el diálogo con Malvinas en Panamá.
Lo impulsan diputados radicales para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.
Los diputados nacionales del radicalismo Roxana Reyes (Santa Cruz) y Miguel Nanni (Salta) presentaron un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre los medios necesarios con las autoridades de la provincia de Salta, a fin de que se instrumenten los planes y obras necesarias en dicha provincia para la obtención de agua potable en las localidades de Rivadavia, Orán y San Martín, con el objetivo de proteger la vida e integridad física de niñas, niños y adolescentes.
“Las comunidades indígenas de los departamentos del norte de Salta no tienen agua potable y viven en zonas que, frente a la lluvia o crecidas del río, se vuelven intransitables. La situación es muy preocupante para niñas y niños que residen en Rivadavia, Orán y San Martín, departamentos del norte de la provincia que se encuentran en emergencia socio-sanitaria”, explicó la diputada radical.
“A casi dos años de la declaración de la emergencia socio-sanitaria, la situación de grave vulnerabilidad estructural respecto a la niñez indígena en estos territorios persiste. Los reclamos por la inequidad de acceso al agua potable se replican en toda Salta, donde el Chaco Salteño es la zona más afectada con un 70% de la población no accede a este servicio. Frente a la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo Salteño, desde fines del año pasado se sostienen distintos cortes de ruta en estos territorios por comunidades indígenas reclamando el acceso a este derecho. Se reclama que: (1) se aseguren medidas de contingencia que requieren bajos recursos (compra de mangueras, mejoras en los recorridos de los camiones cisterna, refacción de pozos, entre otras) 2) acceso al agua en las comunidades de forma permanente (pozos, redes de agua, entre otras)”, sostuvo la legisladora Reyes.
Agregó la diputada que “el agravamiento de la situación producto del contexto climático impacta de forma negativa en la salud de las niñas, niños y adolescentes: se reportan gravísimos cuadros de deshidratación, bajo peso y fallecimientos”.
Para ella, “no se puede esperar más. Es urgente que Salta garantice el acceso al agua a niñas y niños de las comunidades originarias”.
La legisladora Roxana Reyes impulsó esta solicitud y expresó su preocupación luego de conocerse los datos del INDEC sobre los índices de inflación del año 2021.
El INDEC reveló que el índice inflacionario del 2021 llegó al 50,9% lo cual despertó la preocupación de la oposición y el enojo. Por ese motivo, la diputada santacruceña Roxana Reyes junto a otros legisladores del bloque de la UCR pidieron al Gobierno nacional abandonar el relato y presentar un plan económico serio y real que combata las causas de la crisis.
“El Gobierno debe decirles a los argentinos cuál es la estrategia para que el país crezca y para eso deben presentar un plan económico. Es imposible hablar de crecimiento con la carga impositiva altísima que tenemos, el cambio de reglas de juego constante, este nivel de inflación, trabas a las exportaciones, limitaciones a las importaciones de lo que se necesita para la producción local”, sostuvo Reyes.
Además, la legisladora radical manifestó que “el Gobierno tiene un relato, que se adapta y va cambiando, pero que nada tiene que ver con la realidad que sufren los argentinos que ven cómo se deprecia el valor de su salario con una inflación anual del 50,9% solo superada por Venezuela y Sudán”.
“Con este nivel de inflación y sin un programa económico, sin reglas claras y con esta presión impositiva que impacta directamente en los ciudadanos y desalienta la inversión no se puede pensar en crecimiento y no se puede tapar con el relato”, cuestionó la diputada de JxC.
Para Reyes la inflación “es un problema muy serio que deteriora mes a mes el bolsillo de nuestras familias y que no está siendo atendido por el Gobierno, que mira para otro lado y prefiere tapar con discursos y publicidades este problema central de nuestro país”.
“Falta un programa, un rumbo en materia económica y reconocer que la inflación es el problema central”, señaló y agregó: “El Gobierno dice que va a conseguir superávit a partir del crecimiento que va tener la economía, pero en ningún momento plantea cómo va crecer esta economía; no hay más que una serie de enunciados lanzados al aire, sin programa, plan ni medidas.”
Sin inversiones no hay crecimiento
La diputada de la UCR indicó que “las previsiones de crecimiento de todas las consultoras de todos los organismos para este año son bajas porque esta es una economía que no tiene inversión, que tiene una carga impositiva altísima y que tiene un cambio de reglas de juego constante”.
Por otro lado, destacó que hay muchas dudas por la falta de un plan económico serio: “Desde el Gobierno dicen que vamos a crecer y que con eso se van a conseguir divisas y se va a pagar la deuda; pero nada dicen sobre qué medidas llevaran a ese crecimiento, que planes piensan aplicar y cuál es la estrategia para que el país crezca.”
Tiene como objetivo capacidad a funcionarios públicos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Respaldo desde la Legislatura de Santa Cruz.
El pasado 13 de diciembre se aprobó en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz una adhesión al proyecto de ley de “Capacitación en Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, presentado por la diputada Roxana Reyes (UCR) a nivel nacional durante el transcurso del 2020. Sin embargo, la iniciativa está pendiente de tratamiento en el Congreso.
“La expectativa hoy está puesta en que la adhesión provincial le dé un gran envión para que sea aprobada rápidamente, ya que dicha propuesta cuenta con el apoyo de los diversos sectores políticos que integran la Legislatura Nacional”, señaló la legisladora radical.
En homenaje a Abigail Jiménez, la niña con cáncer a la que le impidieron ingresar a Santiago del Estero en medio de las restricciones por la cuarentena, Reyes apuntó que “la pandemia dejó al descubierto las deficiencias de los diversos poderes del Estado para tratar con violaciones a los derechos de la niñez. Muchos de los funcionarios estatales vinculados al sistema de protección actuaron de manera deficiente ante la presencia de casos de abuso o maltrato infantil”.
En ese sentido, el proyecto tiene como objetivo capacitar a los diversos funcionarios públicos en materia de derechos de la niñez y adolescencia.
Muchos hogares argentinos, donde alrededor del 54% de niños y niñas viven en la absoluta pobreza, las situaciones de maltrato y abuso infantil son cada vez más frecuentes. El diverso complejo social que transitan las familias argentinas hace muy difícil que desde el Estado se puedan identificar este tipo de violaciones.
“Entendiendo esta problemática es que esta ley se propuso como objetivo capacitar a todos los funcionarios para que la respuesta sea necesaria, oportuna y efectiva, y el maltrato infantil deje de ser un problema frecuente de la sociedad argentina”, agregó la santacruceña.
A pesar de alzarse con la victoria, JxC no logró repetir lo logrado en las PASO cuando había hecho marcas que le permitían soñar con quedarse con dos bancas.
Juntos por el Cambio no pudo repetir la buena performance en las PASO de Santa Cruz, cuando –sumando todas las listas- había alcanzado el 39% de los votos. De tal manera no logró sumar dos bancas, como hubiera sucedido en caso de haberse repetido el porcentaje del 12 de septiembre. Se coló en la disputa el candidato de SER Santa Cruz, mientras que el Frente de Todos se quedó con el tercer escaño.
Sabor amargo para Juntos por el Cambio, que a pesar de alzarse con la victoria en el distrito con el 35% de los votos, no le alcanzó para ratificar lo logrado en las PASO (39%) y conseguir dos bancas. La radical Roxana Reyes obtuvo su reelección, pero no pudo coronar Leonardo Roquel.
En tanto, SER Santa Cruz dio la sorpresa y se quedó con el segundo lugar, relegando al Frente de Todos a un histórico tercer puesto, por lo que el dirigente petrolero Claudio Vidal ingresará a la Cámara de Diputados, mientras que por el peronismo lo hará el actual intendente de Puerto Deseado Gustavo “Kaky” González, que asumirá en lugar de Juan Vázquez.
Tras conocerse los resultados, Vidal encabezó el acto frente a afiliados del sindicato petrolero y militantes del partido SER, y señaló que son el espacio que viene a cerrar la grieta: “La provincia de Santa Cruz necesita renovación, oxigeno, ideas y generar empleo. Hay un proyecto con el que hay que terminar, hay que terminar con la mala praxis del gobierno pero también hay que terminar con el odio y desprecio que ofrece el sector de Cambiemos a través de la diputada nacional Roxana Reyes”, manifestó.
“Es hora de dejar las épocas de atraso, opacidad, inoperancia y manejos autoritarios del dinero público”, expresó el presidente de la CC ARI.
Maximiliano Ferraro, presidente de la CC ARI y diputado nacional, manifestó este domingo desde la provincia de Santa Cruz su apoyo a la candidata a diputada nacional Roxana Reyes: “Queremos que lo que algunos llaman la ‘cuna del kirchnerismo’ sea la cuna de la prosperidad austral de nuestro país. Santa Cruz debe integrarse a la Argentina y al mundo plenamente”, sostuvo.
Para Ferraro, “tenemos que abrir las puertas para que el mundo conozca este paraíso, pero también para conseguir inversiones, conectividad por tierra y aire, prosperidad y oportunidades para los jóvenes fomentando el turismo y la protección del medio ambiente. Santa Cruz tiene que democratizarse plenamente, permitir la participación de todos los que piensan diferente, dialogar y construir consensos en base a la verdad”.
Y agregó que “es hora de dejar las épocas de atraso, opacidad, inoperancia y manejos autoritarios del dinero público. Tenemos que transparentar la gestión, ser eficientes, ocupar los cargos con funcionarios de mérito y decirle no al nepotismo, los privilegios de apellido y a los amigos del poder. En Santa Cruz también debemos decir basta”.
El proyecto sigue siendo omitido al momento de elaborar los temarios de las sesiones en la Cámara baja.
Una de las objeciones de la principal oposición hacia el oficialismo en Diputados para la sesión de este martes es que se hayan omitido temas de interés en el temario. Uno de esos es la Ley Ovina, proyeto no incluido en el temario de la sesión pedida por el Frente de Todos.
Al respecto el diputado radical chubutense Gustavo Menna expresó su cuestionamiento y a través de las redes sociales anticipó que junto a sus pares patagónicos Ignacio Torres (Pro – Chubut), Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) y Lorena Matzen (UCR – Río Negro) “vamos a insistir en el tratamiento y aprobación de la prórroga de la Ley Ovina”.
Asimismo consideraron “inaceptable” que no haya sido incluido en el temario de la sesión de este martes.
