Con más del 98% de las mesas escrutadas en Santa Cruz, donde en noviembre se pondrán en juego tres bancas de diputados, el frente electoral Cambia Santa Cruz se alzó con la victoria alcanzando casi el 35% de los votos. Dentro de la coalición, la lista más votada es la que encabeza la diputada nacional Roxana Reyes, con el 38% de los votos, mientras Leonardo Roquel y Gabriela Mestelán siguen con una diferencia de alrededor del 15%. 

Tras la publicación de los primeros resultados oficiales, Reyes manifestó estar “muy por el apoyo a toda la comunidad santacruceña”, y aseguró a medios locales que, “desde mañana, trabajaremos por esta Santa Cruz que todos queremos”. 

En tanto, el candidato del Frente de Todos de Acuerdo Santacruceño Gustavo “Kaky” González superó el 26% de los votos, manteniéndose como el candidato más votado, seguido por Claudio Vidal, de Ser Unidos, que obtuvo el 23% de los votos. 

Finalmente, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores logró el 8% de los votos, y el ganador de la interna fue Nicolás Gutiérrez, con el 61% de los mismo. 

La diputada nacional Roxana Reyes presentó un proyecto en el Congreso para que se incluya en el Presupuesto Nacional 2022 las obras de ampliación de la pista del aeropuerto de Perito Moreno.

Roxana Reyes se encuentra en El Calafate manteniendo reuniones con empresarios, docentes y vecinos de distintos barrios. Durante la recorrida habló de la economía provincial y la situación del turismo, que dijo sufre la “falta de políticas claras”.

Reyes busca renovar su mandato por un período más como legisladora nacional representando a la provincia. “La actividad turística ha sufrido mucho y se le aplicó un freno de mano, producto de la crisis derivada de la pandemia, lo que perjudicó a muchos comerciantes y emprendimientos y afectó a cientos de santacruceños que tienen una gran incertidumbre por sus puestos de trabajo”, remarcó la diputada.

Reyes se mostró muy crítica sobre el accionar del Gobierno provincial ante la crisis y dijo que no estuvieron para ayudar a este sector de la economía.

“Se vio una ausencia absoluta de quienes están cobrando un sueldo del Estado y deberían estar trabajando para resolver los problemas de los santacruceños y no lo están haciendo”, manifestó la diputada.

También fue crítica con la exsecretaria de Turismo de la Provincia, Valeria Pellizza: “Ella en toda la pandemia debió estar el doble de activa. Porque era muy importante prever qué se iba a hacer con el turismo en Santa Cruz, pero lamentablemente hubo mucho silencio y eso impactó mucho en toda la provincia.”, afirmó.

Para Roxana Reyes hubo una falta de presencia del Estado y culpó también al Gobierno provincial responsabilizándolo de no tener políticas en materia de turismo “ni resolvió de manera acertada ante la gran crisis que vivimos”.

Reyes destacó el enorme potencial turístico de la provincia y se refirió a proyectos presentados desde su banca para lograr mayor conectividad aérea en el interior de Santa Cruz a través de LADE y así poder desarrollar corredores turísticos.

En ese sentido detalló que presentó un pedido para reactivar el aeropuerto de Perito Moreno: “Las dimensiones de este aeropuerto impiden que aterricen vuelos comerciales grandes, lo que hace imposible que lleguen otras líneas aéreas, entre ellas las LOW COST”, destacó Reyes; quien también insistió en la necesidad de generar una mayor conectividad para fomentar el turismo hacia las zonas de Parque Patagonia, Río Pinturas, Cueva de las Manos, El Calafate, El Chaltén y la zona sur de la provincia.

El proyecto busca que el Gobierno Nacional incluya entre las obras para el próximo año en el Presupuesto la ampliación de la pista del Aeropuerto de Perito Moreno.

“La conectividad aérea es fundamental para el desarrollo de cualquier lugar, ya sea pensando en el turismo o en los vecinos que necesitan desplazarse por alguna cuestión de salud, por eso creemos que es fundamental que se invierta en estas obras de infraestructura tan necesaria para la Provincia”, finalizó la diputada.

Luego de la foto de la discordia que muestra un festejo que se llevó a cabo en Olivos en plena cuarentena, la diputada de la oposición Roxana Reyes repudió esta actitud, tildó de “privilegiados” a los funcionarios que participaron del evento, y dijo que este accionar “es moneda corriente en la Santa Cruz del modelo K donde reina la impunidad y los beneficios de quienes tienen el poder”.

“La foto muestra a un grupo que se quedó con el Estado. Algo que vivimos en Santa Cruz constantemente. Les dan trabajo a sus familiares. Les regalan obras públicas a sus amigos y se llevan en bolsos los retornos de la corrupción. Se vacunan primero en un vacunatorio VIP y no respetan las leyes. Creen que el Gobierno les pertenece y que los recursos públicos son propios”, dijo duramente.

La diputada nacional sostuvo que esta foto que se dio a conocer en los últimos días, es “otro capítulo de demostración de los privilegios que disfrutan en nuestro país unos pocos”.

“Mientras todos los argentinos estábamos en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, sufriendo por el encierro y la incertidumbre, en la Quinta de Olivos festejaban. Los privilegios de Alberto no sorprenden a nadie en Santa Cruz porque es lo que vienen haciendo desde hace años Alicia (Kirchner) y los K. Ponen el estado a su servicio”, remarcó Reyes y agregó “nosotros creemos que esto debe terminar y que hay que ponerle un freno a la impunidad y la corrupción K. Por eso trabajamos para cambiar este modelo”.

Para finalizar, Reyes recordó que en septiembre del año pasado en Santa Cruz hubo un escándalo similar por el que la gobernadora Alicia Kirchner tuvo que pedir la renuncia de un grupo de funcionarios de la empresa de energía provincial por haber violado la cuarentena con una reunión social de más de diez personas en Río Gallegos, pese a que regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Un proyecto presentado por los diputados radicales Gustavo Menna (Chubut) y Roxana Reyes (Santa Cruz) denuncian tarifas que salen hasta un 600% más caras en relación a destinos con distancias similares.

“Esta situación perjudica mucho a los vecinos de la zona norte de Santa Cruz que tienen conexión al país a través de esos vuelos para poder llegar al norte de la argentina”, sostuvo Reyes.

Asimismo, la legisladora aseguró que el proyecto lo que contempla es un pedido de revisión de las tarifas que presentan hoy entre un 300 y un 600% más de valor: “Aerolíneas Argentinas perjudica así a los habitantes del sur de Chubut y norte de Santa Cruz que utilizan habitualmente esa ruta para desplazarse. Se trata de tarifas exorbitantes, desproporcionadas y muy por encima de las que cobra para otros destinos la misma compañía”.

Los legisladores lamentaron la política tarifaria que aplica la empresa aerocomercial de bandera propiedad del Estado Nacional, porque deja de manifiesto un abuso hacia los usuarios y lesionan derechos elementales de los consumidores.

“No existe una justificación. Si bien las tarifas varían según los días, en todos los casos se verifica ese mismo rango de diferencia que de ninguna manera se explica en la diferencia de distancia o de tiempo de vuelo”, sostuvo el diputado Menna por su parte.

La diputada nacional Roxana Reyes (Juntos por el Cambio-Santa Cruz) presentó un proyecto para extender el límite de edad de 18 a 25 años para la recepción de una pensión por la muerte de un padre jubilado previsto por la Ley Nacional del Sistema Integrado de Pensiones y Jubilaciones. De esta manera, los hijos solteros y los hijos viudos del jubilado fallecido podrían gozar de la pensión hasta los 25 años siempre y cuando continúen con su formación académica.

Reyes remarcó que tal y como está redactado actualmente el artículo en cuestión, dicho derecho posee un límite temporal, esto es hasta los 18 años. “Debemos contemplar la situación excepcional de aquellos sujetos que desean continuar cultivando sus saberes y que en razón de aquello se encuentran imposibilitados o se les torne dificultoso proveerse de los medios necesarios para poder sostenerse independientemente”, argumentó la legisladora santacruceña.

En los fundamentos de la norma se establece que con estos cambios normativos se compatibiliza, el presente régimen, con lo establecido por el artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual expresa que: “La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido”.

Para concluir, la presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados consideró que “con esta modificación se suprime la injusticia provocada por la norma, esto es que respecto de los mismos sujetos y en las mismas condiciones, pero con la única diferencia de que sus derechohabientes hayan fallecido o no, a unos se les impone un límite temporal de 18 años mientras que a otros el de 25 años de edad. Por esto no podemos resultar indiferentes a introducir la corrección que la sociedad nos solicita y el sentido común nos impone”.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentó un proyecto en el Congreso de la Nación para solicitar la pronta intervención de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta ante la denuncia por abuso sexual realizada contra el comisionado de Fomento, Jorge Soloaga, en el ejercicio de sus funciones públicas, en la localidad de Cañadón Seco. El proyecto también reclama por la inacción de la Subsecretaría de Mujeres de la provincia de Santa Cruz que aseguran que dejó desprotegida a la víctima.

En la misma iniciativa se solicita a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz la inmediata suspensión preventiva de Jorge Soloaga como Comisionado de Fomento de la localidad Cañadón Seco.

El proyecto fue acompañado por los diputados Lorena Matzen, Gustavo Menna, Claudia Najul, Josefina Mendoza, Lidia Ascarate, Gabriela Lena, Karina Banfi, Dolores Martinez, Jose Luis Ricardo, Jorge Vara, Gonzalo del Cerro, Aida Ayala, Carla Carrizo, Fabio Quetglas, Sebastian Salvador,  Monica Frade; Camila Crescimbemi, Mariana Stilman y Mercedes Joury.

La diputada Reyes exige que las autoridades nacionales intervengan y accionen ante la denuncia de abuso sexual radicada por Macarena Barrionuevo, la joven que denuncia haber sido abusada por un funcionario público en Cañadón Seco.

“Vamos a exigir que los derechos de las mujeres sean para todas porque Macarena ha sido abandonada por el sistema. Esta joven está sufriendo no solo las consecuencias de un abuso sino, además, que está siendo ella y su familia perseguida y asechada porque su denuncia afecta a un miembro del kirchnerismo y un funcionario del Poder”, sentenció Reyes.

La diputada radical denunció públicamente que la denunciante no ha recibido apoyo psicológico ni legal de la Subsecretaría de las Mujeres ni del Gobierno de Santa Cruz, y destacó que eso es inaceptable y parte de una discriminación muy grave. 

Además, remarcó que Macarena Barrionuevo fue despedida de su trabajo y que hoy tiene que vender comida para sobrevivir y poder pagar los gastos legales.

“Hoy Macarena hace locreadas para juntar fondos para costear su abogado y el perito de parte sabiendo que lucha contra el poder feudal en una provincia donde todo se tapa”, sentencio Reyes.

La causa

Macarena Barrionuevo radicó en marzo del año 2020, una denuncia por abuso sexual contra el comisionado de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, hecho que sostiene que ocurrió durante una audiencia por la tramitación de un terreno fiscal realizada en el año 2017, en el despacho del funcionario público y mientras el mismo se encontraba en funciones.

Los hechos habrían sucedido en julio del 2017, cuando Macarena solicitó una audiencia con el comisionado de Fomento para poder acceder a un terreno para construir su vivienda.  Macarena fue citada por el funcionario a las 19, y la recibió personalmente en su respacho. En esa oportunidad relató que el mismo habría abusado de ella, según la denuncia de la joven, quien pudo escapar del despacho de la máxima autoridad local y además amigo de su padre.   

De ahí en más se sucedieron denuncias que quedaron en la nada. A Macarena la echaron de su trabajo, y nadie escuchó su reclamo de justicia.

Las diputadas nacionales de la UCR Roxana Reyes (Santa Cruz) y Claudia Najul (Mendoza) solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional, a través de un proyecto, que se respete y garantice el cumplimiento del intervalo de 21 días entre la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna Sinopharm. Además piden que se garantice la provisión de la segunda dosis de las vacunas Sputnik V, puesto las dosis tienen componentes diferentes.

“La decisión del Ministerio de Salud de la Nación de postergar la segunda dosis de la vacuna Sinopharm que se está utilizando en la República Argentina con el objeto de inmunizar rápidamente a mayor número de personas, no es una solución viable porque aún no hay evidencia científica que avalen este tipo de estrategia”, cuestionan las legisladoras.

Fundamentan el pedido en que la vacuna china demostró un porcentaje bajísimo de inmunización con la 1 sola aplicación (5%). Se sabe que esta vacuna de utilización en nuestro país, recién con la segunda dosis, a los 21 días, llegarían a superar el 50% mínimo requerido, y en algunos casos el 75%.

“La teoría que impulsan algunos, que aboga por la posibilidad de vacunar a más gente, pierde sentido porque esa gran cantidad de personas vacunadas con 1 dosis de Sinopharm, estaría expuesta al virus casi como si no se hubiera vacunado, con sólo el 5% de inmunidad”, sostienen.

Acompañan también este proyecto los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, José Riccardo, Gabriela Lena y Aída Ayala.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside Roxana Reyes (UCR) abordó este lunes el caso de Carmen Elizabeth Villalba, una adolescente de 14 años que desapareció en 2020 luego de un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas de Paraguay.

De la reunión virtual participaron Myrian Villalba, tía de la menor de nacionalidad paraguaya; Julia Perié, parlamentaria del Mercosur; y Adolfo Pérez Esquivel, de la Organización Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ), quienes  analizaron el caso y son parte de una campaña nacional e internacional de solidaridad con la familia Villalba.   

Myrian -quien está en Argentina en condición de refugiada política- es además madre de Lilian Mariana y tía de María Carmen, niñas de 11 y 12 años que murieron en manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

En el encuentro, denunció que la muerte de sus hijas y la desaparición de su sobrina fueron responsabilidad del Ejército paraguayo. “Fueron torturadas y luego ejecutadas y se llevaron con vida a Carmen”, aseveró.

Villalba agradeció al Gobierno argentino. “Nos dio una gran mano y una gran ayuda, consiguió el refugio para nuestra familia”, destacó, pero consideró que “es necesario un pronunciamiento” tanto de las autoridades como del Congreso Nacional.

Por su parte Perié, quien denunció estos hechos ante el Parlasur, manifestó que es “una familia perseguida por las fuerzas represivas del Paraguay”. “Fueron secuestradas y torturadas y por ese motivo no dejan entrar al Equipo de Antropología Forense argentino”, relató. 

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel  informó que envió una carta al presidente de Paraguay en la que no tuvo respuesta. “Es un firme caso de lesa humanidad que no prescribe en el tiempo. El gobierno paraguayo no responde y no permite el ingreso del grupo forense argentino para investigar el asesinato de las niñas”, alertó.

Luego sugirió que “la Cámara de Diputados se dirija para pedir una misión urgente” y consulte al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni sobre “esta grave situación”.

También participaron de la reunión Daisy Irala Toledo, abogada de la joven, y Laura Tafettani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, entre otros referentes de Derechos Humanos. 

Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), proponen crear a través del Ministerio de Trabajo un “Registro Nacional de Jóvenes desempleados”. El objetivo principal es la creación de un programa de inserción laboral, capacitaciones y convenios con empresas para potenciar las economías regionales y la mano de obra local.

La radical santacruceña, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, presentó el proyecto “ante los alarmantes niveles de pobreza e indigencia que afecta a personas de 18 a 35 años que se encuentran en situación de desempleo, subempleo y sobrecualificación laboral”.

Según la iniciativa, el registro tendrá la finalidad de relevar la situación de desempleo juvenil actual y fomentar la creación de puestos de trabajo registrado para personas jóvenes, promoviendo a su vez la reinserción de aquellos que han quedado fuera del mercado laboral formal.

En el proyecto se detalla la necesidad de que estos jóvenes puedan recibir capacitaciones y oportunidades para insertarse laboralmente en empresas del sector público y privado.

Los legisladores firmantes sostuvieron que “es de vital importancia que desde el Estado Nacional se impulsen políticas públicas para registrar el número de desempleo juvenil y brindar capacitaciones laborales a los jóvenes de acuerdo a las demandas de la región en la que residen; potenciando así economías regionales y la mano de obra local”.

La iniciativa fue acompañada por los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Claudia Najul, Camila Crescimbeni, Leonor Martínez Villada, Estela Regidor, Victoria Morales Gorleri, Lidia Ascarate, Gabriela Lena, Ximena García, Carolina Castets, Gerardo Cipollini y Alicia Terada.

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) pidió junto a sus pares patagónicas Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz) que el Poder Ejecutivo Nacional tome medidas urgentes e intensifique los patrullajes con todos los medios a su disposición para desalentar la presencia de buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva argentina sin permisos de pesca, de manera de proteger los recursos y garantizar la soberanía en el mar.

El reclamo, realizado a través de un proyecto de resolución, tuvo como disparador la reciente difusión de imágenes -a través de redes sociales y medios de comunicación de alcance local y nacional- en las cuales se observa, a partir de sobrevuelos realizados por particulares, la proliferación de embarcaciones de distintas banderas extranjeras sin autorización en la Zona Económica Exclusiva.

Menna, Matzen y Reyes solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional “la adopción de medidas de defensa efectivas del Mar Argentino y sus recursos pesqueros ante la incursión en la Zona Económica Exclusiva de buques pesqueros extranjeros sin permisos de pesca otorgados por la República Argentina”.

En particular, pidieron desplegar y emplear “a ese fin defensivo todos los medios navales, aéreos, electrónicos y satelitales disponibles de patrullaje, disuasión, persecución y captura para garantizar la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales existentes en nuestro mar”.

“Una flota de casi 400 buques pesqueros de matrícula extranjera que carecen de permisos de pesca otorgados por la República Argentina se encuentra operando en el Mar Argentino a la altura del Golfo San Jorge”, observaron.

Indicaron los legisladores que aunque la flota opera más allá de la milla 200, “ha sido detectada incursionando en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, con lo que dicha actividad es ilegal”.

“Esta modalidad de situarse en el límite externo de la Zona Económica Exclusiva y efectuar incursiones furtivas y sin permiso en el caladero argentino demanda el mayor esfuerzo de vigilancia y defensa de esos recursos. No solo está en juego una cuestión de preservación del recurso y de lo que ello implica en términos económicos, sino también de soberanía nacional”, manifestaron.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), presentaron un pedido de informes al ministro de Salud de la Nación, en virtud de las irregularidades en el sistema de vacunación ocurridas en distintas provincias, para que informe en relación al Sistema de Información Sanitaria Argentino (SISA) las siguientes cuestiones:

–           Explique detalladamente cómo funciona el sistema;  

–           Determine si se ha producido la carga de datos de la totalidad de las personas vacunadas en cada una de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires  desde el inicio de la vacunación;

–           Determine cuál es la autoridad responsable de la carga en cada jurisdicción provincial y de la veracidad de los datos cargados en dicho sistema y como se ejerce el control en cada jurisdicción provincial sobre la carga.

–           Si desde dicho sistema se está auditando la cantidad de vacunas enviadas a cada provincia y el destino de las mismas al igual que el cumplimiento del programa estratégico de vacunación de cada provincia.

–           En particular con relación a los casos de público conocimiento en la Provincia de Santa Cruz sobre la vacunación de personal no incluido en el programa estratégico de vacunación, informe los motivos de dicha circunstancia y las medidas a tomarse.

–           Idéntica información con respecto a todas las provincias del país.

–           Remite programa estratégico de vacunación de cada provincia.

“El pasado 16 de febrero del 2021 se dio a conocer a través de medios nacionales y locales que a través del sistema SISA se registró la vacunación del intendente de la localidad de Piedra Buena Federico Bodlovic, su esposa y su chófer. Según los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) por lo menos diez personas que no se consideran esenciales fueron vacunados: además del diputado nacional Juan Vásquez, un diputado provincial, su esposa, dos intendentes, una jueza de paz, un concejal, un comisario de la policía provincial y funcionarios municipales de menor rango, todos militantes o por lo menos de buena llegada con el poder político local”, recordó Reyes.

En este sentido, la diputada nacional destacó: “Estas irregularidades no son propias sólo de la provincia de Santa Cruz. En el día de ayer trascendieron que dichas anomalías también se produjeron en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Hipólito Yrigoyen y Chivilcoy”.

Y agregó que “por todo ello, entendiendo que es un deber del Estado garantizar en primer lugar la vacunación de la persona esencial en todo el territorio, buscamos explicaciones en relación a los recientes registros del sistema SISA, determinando como funciona y quién es la autoridad responsable de asegurar la veracidad de los datos y qué soluciones se generarán para garantizar que quiénes están en la primera línea de batalla contra el virus sean lo que efectivamente sean vacunados”.

Acompañan el pedido informes los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Claudia Najul, Jorge Vara, Lidia Ascárate, Gerardo Cipollini, Dolores Martínez, Alicia Terada, Estela Regidor, Aída Ayala, Alicia Fregonese, Pablo Torello, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Claudia Najul, Jorge Vara, Alicia Terada, Estela Regidor, Aída Ayala, Alicia Fregonese, Pablo Torello, y Leonor Martinez Villada.

El presidente Alberto Fernández anunció este sábado que avanza la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios para dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra mujeres y LGBTI.

“Para poner fin a estos hechos aberrantes necesitamos llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Diputadas nacionales de la UCR cuestionaron la creación del nuevo organismo y reclamaron que el Gobierno “se ocupe realmente de los problemas y de salvar vidas, en lugar de seguir creando cargos y burocracia”.

La presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, Roxana Reyes, remarcó que “no podemos seguir con anuncios y estructuras burocráticas. Los organismos locales, donde hay, no están implementando políticas de prevención, abordaje y menos de capacitación de sus miembros, solo titulares de diario que no salvan vidas”.

“Crear otros organismos, cuando ya hay un Ministerio, habla a las claras de que son reacciones espasmódicas, solo para la prensa, a las que ya estamos acostumbrados. Debemos trabajar en el territorio, sin tanta estructura. No se necesita tanta burocracia cuando hay capacitación y voluntad política”, agregó.

Por su parte, Claudia Najul remarcó que “hay dos maneras de gobernar:  ante un problema buscar soluciones o ante un problema crear organismos, estructuras, cargos. Alberto Fernández crea cargos dónde debería proponer soluciones”.

“No se trata de sumar ministerios, secretarias, direcciones y consejos. No puede ser todo excusa para crear cargos y sumar cuerpos a un Estado superdimensionado e ineficaz. Argentina vive uno de los momentos más críticos en materia de violencia contra las minorías, las mujeres y atropellos contra los derechos humanos. Ocúpese de eso Presidente”, agregó.

“Este gobierno quedará en la historia por los nombramientos políticos en los boletines oficiales y los retrocesos en la realidad. Está a tiempo de cambiarlo”, finalizó Najul.

Reyes también señaló que “existe de parte del Gobierno un total desconocimiento de lo que tiene que ver con el trabajo hacia las personas que sufren o son víctimas de violencia. Por ejemplo, nosotros desde nuestro equipo, sin ministerios, sin consejos federales, secretarías o subsecretarías, hemos trabajado muchísimo en Santa Cruz con lo que tiene que ver con la prevención, concientización de la Violencia de Género, hemos trabajado en los barrios, hemos hecho trabajo de nocturnidad”.

“Hemos trabajado muchísimo en la difusión de la línea 144 -continuó-, todo esto yendo al territorio, con el acompañamiento de los comercios, yendo a lugares donde se reúnen los jóvenes. Para esto no se necesita más burocracia, se necesita personal capacitado. No puede ser que quien va a hacer una denuncia se encuentre que una comisaría de la mujer le dice que no puede hacer una denuncia por violencia si el agresor no es su pareja o ex pareja. Hay una falta de capacitación absoluta”.

“Hoy los lugares que tienen referentes están trabajando exclusivamente en lo que es asistencia alimentaria. La Secretaría de la Mujer de Río Gallegos se dedica a asistencia alimentaria y no a trabajar en violencia. Lo vemos de cerca y todos los actores lo están viendo en cada uno de los municipios y provincias. Esto es muy grave”, finalizó Reyes.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) presentó este lunes un proyecto de resolución con el que busca que la Cámara de Diputados de la Nación exija al gobierno de Paraguay una investigación exhaustiva para el esclarecimiento del asesinato de dos niñas argentinas y la desaparición de Carmen Elizabeth Villalba de 14 años de edad, solicitando asimismo su aparición con vida.

Los hechos que Reyes detalla en el proyecto ocurrieron el 2 de septiembre de 2020, cuando las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) de las Fuerzas Armadas de Paraguay atacaron un campamento del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), ubicado en la zona de Yby Yaú, conocida como “Arroyito”, en el Departamento de Concepción. El resultado de este operativo fue el asesinato de dos niñas argentinas de 11 años de edad y la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba.

A Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, la llaman Lichita, es hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes revolucionarios de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ambos están encarcelados desde el 2004. Lichita, vive en Misiones, Argentina, con parte de su familia por razones de seguridad.

En los fundamentos del proyecto, la diputada afirmó que “el caso de las tres niñas no puede pasar al olvido. Son dos niñas asesinadas, acusadas de guerrilleras por el estado paraguayo que en realidad es responsable del infanticidio de María del Carmen y Lilian de 11 años y de la desaparición de Carmen, Lichita, de 14”.

“Seguimos sin respuestas y los victimarios gozan de total impunidad. Por eso, ante la falta de respuestas, ante el silencio de los medios de comunicación, ante la invisibilización que el poder hace de estos crímenes, continuamos exigiendo Verdad y Justicia”, agregó.

Y concluyó: “Es tiempo que el presidente Alberto Fernández y el canciller Felipe Sola tomen cartas en el asunto, asuman la responsabilidad del Estado argentino ante el asesinato de dos niñas argentinas y presenten los reclamos correspondientes ante el gobierno del Paraguay. Estas niñas merecen que sus derechos sean respetados”.

Acompañan el proyecto los diputados Lorena Matzen, Gustavo Menna, Álvaro de Lamadrid, Victoria Morales Gorleri, Mercedes Joury, Leonor Martínez Villada, Camila Crescibemi, Estela Regidor, Claudia Najul, Alicia Fregonese, Mariana Stilman, Alberto Aseff, Gonzalo del Cerro, Mónica Frade, Karina Banfi, Federico Zamarbide, Jorge Enríquez, Lidia Ascarate, Facundo Suarez Lastra, Graciela Ocaña, Aida Ayala, Alicia Terada.

Promediando la sesión preparatoria para elección de autoridades, pidió la palabra el diputado kirchnerista Pablo González, para expresar el acompañamiento de los diputados a su comprovinciana radical Roxana Reyes, quien el fin de semana pasado sufrió la irreparable pérdida de su hijo menor, Renzo Bonforte. Por eso el legislador oficialista solicitó un minuto de silencio que se cumplió al final de la sesión.

La diputada nacional Roxana Reyes sufrió este sábado una pérdida irreparable. Su hijo Renzo Bonforte, de 23 años de edad, falleció en esta capital, según informó el diario La Opinión Austral.

Las causas del deceso del joven, que residía en la Ciudad de Buenos Aires, se investigan.

Según las informaciones, la legisladora radical santacruceña, quien tiene otros dos hijos, estaba viajando por vía terrestre a esta Ciudad junto a su esposo.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la diputada Roxana Reyes (UCR), recibió a través de videoconferencia a organizaciones civiles y especialistas para analizar los desafíos educativos en la pandemia y la postpandemia.  

En primer lugar, el director Técnico del Observatorio Argentinos por Educación, Víctor Volman expuso un informe sobre conectividad. En ese sentido, dijo que “1 de cada 5 chicos no tiene acceso a internet y se ve una heterogeneidad según cada provincia, con un alto nivel de población sin internet y una situación muy desigual en el país”. Respecto a la calidad del servicio explicó que en el ámbito urbano en la escuela privada “4 de cada 10 familias no tienen un buen servicio, mientras que en el sector público un 60% de éstas no tiene un servicio adecuado”.   

En tanto, Ianina Muñón, investigadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de Deuda social de la UCA, realizó un “aporte multidimensional” y manifestó que “tenemos, no solamente, una problemática vinculada a lo que esencialmente se realiza  en la escuela en términos de aprendizaje sino que también hay sectores sociales que han dejado de acceder a una alimentación sostenida en el ámbito educativo”. Y advirtió sobre la deserción escolar en adolescentes, el desigual acceso a la conectividad y a la salud.   

El vicepresidente del Comité de Defensa de Niñas, Niños Internacional (DNI), Norberto Liwski, analizó cómo se direccionan las políticas públicas de educación durante la pandemia; cuál es el impacto del aislamiento en niños y jóvenes y en su aprendizaje y el nuevo rol del docente. “La escuela ya no es sólo concebida como edificio material sino como vínculo intangible y ha vuelto a ocupar su rol central como espacio de referencia para niños, ñinas y adolescentes en un contexto de crisis”, señaló. También expresó las opiniones de adolescentes y docentes.   

También participaron, el defensor Adjunto de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Facundo Hernández; Natalia Escoffier de la O.N.G. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Vanesa D’Alessandre, representante del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.

La diputada nacional Roxana Reyes presentó un proyecto de ley por el cual propone una modificación del artículo 45 de la Ley de Fondo Nacional Pesquero, con el objetivo de incentivar la renovación de los puertos argentinos y desarrollar una industria pesquera y naval pujante.  

“Nos encontramos frente a un déficit estructural en lo que representa a logística, transporte de pasajeros y cargas marítimas en lo que se refiere a cabotaje y ultramar. Por eso es necesario tomar cartas en el asunto. Muchos de los puertos argentinos no tienen problemas severos de infraestructura sino falta de mantenimiento, problemas que se resolverían con una asignación presupuestaria específica”, señaló Reyes al respecto. 

“Se estima que nuestro país tiene más de 6.800 Km de línea costera, sin embargo, la cantidad de puertos marítimos operativos no llega a 50.  Si nos referimos a terminales de containers, no se llega a 10 puertos que operen con regularidad, y el número desciende más todavía si describimos terminales de pasajeros”, amplió. 

La legisladora remarcó que “evidenciamos una clara falta de interés en cuanto al desarrollo de la marina mercante argentina, por ello creemos que la financiación de proyectos de remodelación, restauración y reequipamiento de infraestructura portuaria ayudaría a poner en funcionamiento las estructuras vigentes deterioradas. Es fundamental por lo tanto contar con más recursos para el fondo pesquero, con una visión de desarrollo regional por medio de infraestructura portuaria y una serie de políticas que nos lleven a la reactivación de la marina mercante argentina”. 

Según la modificación propuesta, el Fondo Nacional Pesquero se destinará a financiar tareas de investigación del INIDEP con hasta el veinticinco por ciento (25%) del total del fondo; financiar equipamientos y tareas de patrullare y control policial de la actividad pesquera realizados por las autoridades competentes, con hasta el veinte por ciento (20%) del fondo; financiar tareas de la Autoridad de Aplicación con hasta el uno por ciento (1%) y del Consejo Federal Pesquero con hasta el dos por ciento (2%) del fondo; y financiar la formación y capacitación del personal de la pesca a través de los institutos oficiales con hasta el dos por ciento (2%) del fondo; transferir a las provincias integrantes del Consejo Federal Pesquero y al Estado Nacional un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del fondo, en concepto de coparticipación pesquera, la que se distribuirá de acuerdo a lo establecido por el Consejo Federal Pesquero y financiar proyectos de remodelación, restauración y reequipamiento de infraestructura portuaria con previa autorización del Consejo Federal Pesquero. 

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) pidió la urgente intervención de la justicia por los dichos de Dady Brieva: “La amenaza e intimidación no queda en eso, el kirchnerismo ya fue capaz de cumplir esas amenazas”, sostuvo.

La legisladora repudió el mensaje que difundió el actor sobre la marcha en contra del Gobierno nacional que se llevó a cabo en el obelisco.

“Es repudiable que quien pretende ser un representante de la cultura, instigue a la violencia y amenace impunemente sin que nadie del oficialismo repudie ese accionar”, sentenció Reyes; y agregó que “es hora de que terminemos con la instigación a la violencia y las amenazas a las que el kirchnerismo nos tiene acostumbrados”.

Reyes dijo que esta metodología no es nueva y sostuvo que ya pasó en Santa Cruz, al recordar cuando Daniel Varizat, ex ministro de gobierno kirchnernista, atropelló a veinte manifestantes que participaban de una marcha en Río Gallegos.

“Las diferencias se resuelven con diálogo, consensos, y con un interlocutor razonable, pero el kirchnerismo, si no estás de acuerdo, te lleva puesto. Tienen esa lógica de imponerse a la fuerza y eso está presente de manera literal en el discurso de sus funcionarios y hasta de los actores afines, como en este caso”, sostuvo la diputada.

Reyes comentó que es inaceptable un país con estas imágenes donde constantemente vivimos en un déjà vu de acciones que sucedieron, que repudiamos y que vuelven a pasar.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR Santa Cruz) presentó un proyecto por el que expresa preocupación por la intervención del Estado para controlar la circulación de la información, las ideas y las opiniones, luego de que se conociera el lanzamiento de un observatorio estatal para monitorear los medios de comunicación y “desarticular” supuestas noticias “maliciosas”. El observatorio funcionará en el ámbito de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Esta iniciativa, que acompañan los diputados Mario Negri y Alfredo Cornejo, entre otros, señala que “el Gobierno busca castigar a los que piensan distinto, este tipo de  medidas demuestran la voluntad de control que tiene el Gobierno sobre los medios, los periodistas y sobre cualquiera que quiera expresarse libremente”.

La diputada remarcó que la creación de NODIO es parte de un plan que busca controlar y callar a los medios independientes, castigar a los periodistas y a todo el que piense distinto. “Esto es un paso más en un esquema que están tratando de imponer en todo el país, creando medios ultra oficialistas, comprando diarios, radios y páginas de internet a través de empresarios amigos, premiándolos con pauta oficial y favores del Estado”, disparó.

“En medio de la pandemia y una enorme crisis económica que tiene a la mitad de los argentinos bajo la línea de la pobreza es insólito que el Gobierno se ocupe de este tipo de cosas”, señaló la legisladora.

Dijo que el Estado no debe ni puede ser verificador de informaciones, ni censor de los periodistas: “Buscan ponerle un cepo a los periodistas y frenar la libertad de expresión. Por eso condenamos esta medida y llamamos a toda la sociedad a repudiarla”.

Agregó que la puesta en marcha de este observatorio es grave porque va en contra de los principios constitucionales y de los principios democráticos de nuestra sociedad. “La salida frente al fenómeno de la desinformación no es un Estado interventor sino fortalecer el periodismo profesional, contar con contenidos de calidad, y empoderar a la ciudadanía para realizar prácticas de análisis crítico”, resaltó.

“Con esta iniciativa intervencionista del Estado Nacional estamos retrocediendo en materia de derechos y de libertades”, expresó la diputada y explicó que “esta práctica vulnera el derecho humano a la comunicación que tenemos todos los argentinos. Las audiencias, es decir los ciudadanos, verán gravemente afectado su derecho a acceder a la información a ideas y a opiniones”. 

“El Gobierno apuesta a establecer un pensamiento único y busca rédito político. Pero la sociedad argentina está demandando más transparencia, más acceso a la información y menos mentiras”, concluyó Reyes.

Acompañan esta iniciativa los diputados Mario Negri, Alfredo Cornejo, Gustavo Menna, Karina Banfi, José Cano, Alvaro de Lamadrid, Luis Pastori, Gabriela Lena, Juan Martín, Estela Regidor, Diego Mestre, Soledad Carrizo, Mario Arce, José Riccardo, Lidia Ascarate, Miguel Bazze, Claudia Najul, Hugo Romero, Aída Ayala, Atilio Benedetti, Alberto Aseff, Hector Stefani y Mario Cipollini.

Las diputadas nacionales de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Roxana Reyes reclamaron que se incluya a las adultas mayores en el Programa Acompañar, dirigido a personas en situación de riesgo por violencia género, el cual prevé el otorgamiento de una prestación económica, destinado a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo.

Las diputadas instaron a las autoridades del Poder Ejecutivo a corregir la omisión, garantizado íntegramente los derechos humanos de las mujeres mayores, y en especial el derecho a una vida libre de violencias e indicaron que “la norma ha omitido amparar a un grupo especialmente vulnerable si hablamos de violencia de género, en especial de carácter doméstico, como son las mujeres adultas mayores. Las mujeres mayores son un colectivo que padece una doble vulnerabilidad, por su condición de género y su condición etaria, que las coloca en una posición de gran indefensión y desventaja”.

En ese sentido, señalaron que “entendemos que, de la misma forma que la prestación económica otorgada por el Programa Acompañar es compatible con asignaciones como la AUH, lo debe ser en el caso de las jubilaciones y las pensiones por vejez, ya que basta con observar cuanto es el monto de la jubilación mínima, para darse cuenta que dicho importe no es para nada suficiente, para una mujer que quiera rehacer su vida lejos de la violencia”.

Asimismo, las legisladoras nacionales sostuvieron que “es necesario destacar que gran parte de las mujeres mayores son beneficiarias de una jubilación y/o una pensión, lo cual es evidente que al establecer la incompatibilidad con este tipo de prestaciones deja desamparadas a la mayor parte de las mujeres que integran ese grupo etario”.

Cabe recordar que la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema informó que, en el mes de junio de 2020, se registró un aumento de las denuncias en el último año, en comparación con el período anterior, de un 17 %. Del total de las denuncias, un (79%) fueron realizadas por mujeres.

El Programa de Apoyo y Acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género fue creado en el ámbito del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género. La prestación económica será recibida por aquellas personas que se encuentren en situación acreditada de riesgo por violencia por motivos de género, y consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil que se abonará durante seis períodos mensuales consecutivos.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside Roxana Reyes (UCR), realizó este jueves la primera de una serie de reuniones informativas para reflexionar sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia.

Del encuentro virtual participaron representantes de UNICEF Argentina y de Infancia en Deuda, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran CIPPEC, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Doncel, Aldeas Infantiles y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

En representación de UNICEF, Luisa Brumana expuso los resultados de una encuesta telefónica realizada primero en mayo, y luego en julio, sobre 2.537 hogares de todo el país.

Según este sondeo, en julio el 45% de los hogares vio reducidos sus ingresos laborales. “Más allá de la apertura de actividades, del relajamiento de la cuarentena en parte del país y del programa ATP, hay 2,6 millones de hogares que vieron sus ingresos laborales reducidos”, advirtió Brumana.

Asimismo, señaló que el 15% de los hogares tuvo que recurrir a algún préstamo o fiado por parte de algún comercio para comprar alimentos, y en el 10% de los hogares relevados se detectó que un integrante debió acudir a un comedor comunitario.

Entre los hogares con al menos un niño de hasta seis años, se manifestaron algunos cambios desde el inicio de la cuarentena: casi la mitad notó alteraciones con las comidas, con el sueño y, en menor grado, problemas de comunicación.

Por otro lado, “en el 95% de los hogares los niños tuvieron continuidad pedagógica durante el aislamiento”, aunque “el 13% tuvo baja o nula intensidad en las actividades escolares”, y se registró una alta incidencia de los recursos del programa Seguimos Educando en los niños más vulnerables y sin conectividad.

En este contexto, el 65% de los adultos manifestó “temor” a que sus hijos se contagien de coronavirus cuando regresen a la escuela, y “cerca de un 10% de estudiantes quizá no regresen”, esto es, “un millón de chicos”, advirtió Brumana.

La encuesta de UNICEF también arrojó que “siete de cada diez adultos está de acuerdo” con combinar educación presencial y remota.

En el caso de los adolescentes, en abril un 15,7% dijo sentirse “angustiado frente a la incertidumbre que presenta este contexto”, mientras que en julio esa cifra ascendió al 26,8%. Consultados sobre “qué es lo que más les cuesta de la cuarentena”, un 73% respondió “no ver a sus amigos”.

También se evaluó la sobrecarga de tareas de cuidado: según la encuesta, solo el 39% de los hogares declaró poder conciliar las demandas del mercado laboral y del hogar.

Por su parte, en nombre del colectivo Infancia en Deuda, Carmen Ryan se refirió a “las vulneraciones de derechos que se profundizaron en el contexto de la pandemia” y pidió “asegurar que en el Presupuesto se cumpa la Ley 26.061 de Protección Integral”, que indica el presupuesto dirigido a niños, niñas y adolescentes no puede verse reducido.

En nombre de CIPPEC, José Fiorito propuso “eliminar restricciones en la AUH”, puntualmente para los hijos de inmigrantes con menos de tres años de residencia y las familias con más de cinco hijos. También sugirió “dar una discusión sincera sobre una fórmula de actualización de las asignaciones familiares”.

Asimismo, y en consonancia con la ONG Doncel, Fiorito pidió que se controle en el Presupuesto 2021 el sostenimiento del programa de egreso de jóvenes de los dispositivos de cuidado, tales como orfanatos.

Desde ACIJ, Francisco Rodríguez sostuvo que “la conectividad es un requisito esencial en este contexto para acceder a la educación”, y advirtió que “cerca de un 60% de los estudiantes de escuelas estatales” no accede a un dispositivo virtual o no cuenta con conectividad.

Por su parte, Laura Musa (Fundación Sur Argentina) puso énfasis en “los chicos que están institucionalizados” y que “han visto agravada su situación” ya que “en los hogares hay personal contagiado o con muchas licencias y esto hace que la atención a los chicos sea muy dificultosa”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, manifestaron su “profunda consternación” por el asesinato de dos niñas argentinas, de 11 años, en el marco de un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra un campamento de la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en el distrito Yby Yaú, Departamento de Concepción, en Paraguay. 

Los diputados realizaron un pedido “expreso y urgente” de investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes y de la Justicia, para el esclarecimiento e identificación de los responsables de este trágico hecho. 

“El miércoles 2 de septiembre las FTC de Paraguay atacaron un campamento del EPP, en la zona de Yby Yaú, conocida como ‘Arroyito’, departamento de Concepción. La resultante de este operativo fue el asesinato de dos niñas argentinas de 11 años. Las autoridades paraguayas afirmaron que las niñas tenían 15 y 18 años y que estaban armadas. Sin embargo, Miriam Villalba, madre de una de las niñas, afirma que ambas fueron capturadas, torturadas y ejecutadas. Además, señaló que las niñas habían viajado a Paraguay para visitar a sus parientes y que no pudieron regresar a la Argentina a causa de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus. Lilian María y María Carmen nacieron en Clorinda, Formosa, y vivían en Puerto Rico, Misiones”, recordaron los legisladores. 

En este sentido, indicaron que “los procedimientos fueron confusos y dejaron muchas dudas. El resultado de semejante operativo fue la muerte de las dos niñas, el entierro de ambas en tumbas NN, la no realización de una autopsia con la debida diligencia y la destrucción de sus prendas, que según informó la fiscalía se realizó por el Covid 19”. La Cancillería argentina realizó un requerimiento a Paraguay para que se esclarezca el hecho. 

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que se investigue el operativo militar. También el representante de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, demandó al Estado paraguayo una investigación “sin demora y de forma imparcial”. 

“Es un hecho gravísimo que requiere de una profunda investigación. Los estados tienen la obligación de establecer mecanismos de prevención y protección hacia niñas, niños y adolescentes para evitar todo tipo de violencia o vulneración a sus derechos humanos”, remarcaron los legisladores. 

Acompañan el proyecto los diputados Mario Negri, Karina Banfi, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Facundo Suarez Lastra, Miguel Bazze, Albor Cantard, Aida Ayala, Federico Zamarbide, Jorge Vara, Gabriela Lenna, Lidia Ascárate, Estela Regidor, Claudia Najul, Gonzalo del Cerro, Carla Carrizo, Sebastián Salvador, José Luis Riccardo, Josefina Mendoza, Gimena Latorre, Victoria Morales Gorleri, Hugo Romero, Ximena García, Diego Mestre y Dolores Martinez. 

La Mesa Nacional de la Red Ser Fiscal, junto a los diputados nacionales del radicalismo Lorena Matzen (Río Negro), Roxana Reyes (Santa Cruz), Gustavo Menna (Chubut) y Martín Berhongaray (La Pampa) presentaron, ante más de 300 asistentes, el proyecto de Boleta Única de Papel.

Estuvieron presentes durante el encuentro virtual Lars-Andre Richtner, director Ejecutivo de la Fundación Nauman, quien destacó que “Ser Fiscal es una contraparte muy importante de la Fundación y que es de vital importancia el trabajo que hace Ser Fiscal en Argentina”.

También estuvieron presentes el diputado nacional Alejandro Cacace, de la UCR San Luis; Gastón Ignacio Marra, impulsor del proyecto Ficha Limpia; el secretario de la Cámara Nacional Electoral Sebastián Schimmel; María José Sanz, diputada provincial (UCR-Mendoza); el fiscal federal Alejandro Moldes; el diputado nacional Rubén Manzi, de la Coalición Cívica de Catamarca; Luciano Bugallo, diputado provincial de Buenos Aires de la Coalición Cívica; Carlos Cardozo, concejal de Juntos por el Cambio de Rosario; Iván Fhur, concejal del Frepam de Alpachiri, La Pampa; Albana Rotela, diputada provincial del Partido Popular de Corrientes; Juan Martín, diputado provincial de Juntos por el Cambio de Río Negro, y Roxana Blanco y Sergio Santana, concejales de Juntos por el Cambio del Partido de la Costa

“Trabajamos en políticas públicas que tienen que ver con la Transparencia Electoral, por eso hemos hecho una serie de propuestas sobre la reforma que debe regir las acciones para cómo se va a votar y como se va a organizar la elección el año próximo”, señaló Claudio Bargach, de la Mesa Nacional de Ser Fiscal. Por otra parte, la doctora Claudia García, también de la Mesa Nacional de Ser Fiscal, sostuvo que “el sistema de sufragio adolece de un problema central para el elector que cuando ingresa al cuarto oscuro puede encontrarse con una oferta electoral que no es completa. La propuesta de la Boleta Única de Papel sería una manera de resolver las dificultades para el elector”.

“Estamos proponiendo superar este modelo de boleta partidaria que es un modelo obsoleto. Tenemos un sistema que prácticamente el mundo ha abandonado y no asegura la competitividad igualitaria entre las fuerzas políticas, no asegura que este toda la oferta electoral para el elector. Estamos proponiendo el sistema de boleta única por categoría y de papel, que tiene que ver con respetar la soberanía del elector”, señaló Gustavo Menna.

“La Boleta Única de Papel corta todo tipo de fraude porque este sistema elimina el voto en cadena”, afirmó Lorena Matzen, y agregó que “en Bariloche ya vamos dos elecciones con Boleta Única de Papel, reduce los costos de la política, evita el robo de boletas y facilita la participación para los candidatos”.

“Un sistema electoral que no cuida la transparencia genera consecuencias nefastas”, afirmó Roxana Reyes y añadió que “tenemos, en Santa Cruz, desde 1998, la Ley de Lemas para la elección de gobernador; dentro de los lemas se distinguen distintos sublemas: todos los votos de los sublemas se suman y llevan a que un candidato que no haya sido el más votado sea el ganador. En el 2015 el candidato más votado fue Eduardo Costa, con cerca de 11.500 votos, pero como el lema de Alicia Kirchner con el exgobernador Daniel Peralta sumaban más votos, el triunfo se le atribuyó a la actual gobernadora, sin ser la candidata más votada. Este sistema de Lemas lleva una interna a la elección general”.

“Antes de ser diputado nacional, fui legislador provincial en La Pampa y presenté un proyecto, junto con el diputado socialista Solanas, que pretendía implementar el sistema de boleta única de papel para todos los procesos electorales de alcance provincial, municipal y comunal”, contó Martín Berhongaray y agregó que “la boleta única papel favorece los que es el derecho democrático de elegir y ser elegido y termina con muchas de las practicas que pueden afectar la transparencia del comicio”.

Legisladores nacionales junto a la organización Ser Fiscal, que trabaja para fomentar y promover políticas de transparencia electoral, presentarán un proyecto para implementar la boleta única en las próximas elecciones nacionales.

La propuesta será presentada de manera virtual este martes a las 18 Participarán los diputados Gustavo Menna, Roxana Reyes, Lorena Matzen, y Martín Berhongaray, autores de la iniciativa.

El proyecto impulsa la implementación de la boleta única para las categorías nacionales, presidente y vice, senadores y diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. El objetivo es lograr una mejora cualitativa del sistema político a partir de conseguir dotarlo de transparencia e igualdad.

El sistema de boleta única evita maniobras ilegales a la hora de las elecciones, facilita el recuento, el control de los comicios y la selección de los candidatos para los electores.

El encuentro será encabezado por el titular de la Red Ser Fiscal, Claudio Bargach, a través del sitio SerFiscal.org.

Desde la Red Ser Fiscal, que viene insistiendo con esta iniciativa, remarcaron que “con la situación del país, una situación económica complicada y con una nueva normalidad por la pandemia, la boleta única de papel es una solución importante en este esquema para las elecciones, porque ataca el principal elemento en las escuelas que es la falta o robo de boletas. El 70% de las denuncias que recibimos son por robo de boletas”.

Ser Fiscal tiene once años de existencia y está compuesta por varias ONGs y ciudadanos independientes que buscan mejorar el sistema electoral, con presencia en casi todas las provincias. Realizan acciones y medidas para fomentar la participación y el control de las elecciones en todo el país.

Para la diputada Roxana Reyes la implementación de la BOLETA ÚNICA será un salto muy importante para garantizar el funcionamiento del sistema electoral y mejorar las prácticas a la hora de la emisión del voto.

“La boleta única garantiza una oferta electoral completa, le da igualdad y transparencia al sistema, elimina las prácticas clientelares y asegura la autonomía de los votantes. Por eso es un gran avance que está siendo impulsado por muchas Organizaciones que trabajan para hacer mejor nuestro sistema de Gobierno”, sostuvo.

Los diputados que impulsan la Boleta Única dejaron en claro que hay urgencias que deben ser atendidas en nuestro país, como las consecuencias y efectos de la pandemia tanto en la educación como en la economía, pero también comentaron que Argentina debe atacar este tipo de cuestiones que requieren cambios para mejorar el sistema democrático.

Según mencionaron, entre los beneficios de la boleta única se encuentra el de eliminar el efecto arrastre que se da entre un candidato de una categoría y el resto de su lista, puesto que al tener boletas por cargo no se genera esa tracción. El efecto arrastre se produce cuando los electores votan por la lista completa de cargos de un partido porque tiene a un candidato conocido. Al presentarse boletas únicas por cargo, el votante elige a su candidato a cada puesto de manera independiente, sin tener la lista con los otros candidatos del partido. Esto hace que las elecciones tengan mayor legitimidad.

Las diputadas nacionales Roxana Reyes y Lorena Matzen presentaron un proyecto por el cual solicitan al Gobierno nacional que autorice la reapertura de los vuelos comerciales de cabotaje en la Argentina, e implemente un plan de reactivación de los vuelos con fines turísticos, aplicando los protocolos necesarios para tal fin. “Miles y miles de argentinos dependientes del turismo se encuentran en una situación económica crítica, por ello la reactivación de los vuelos comerciales se vuelve esencial”, afirmaron.

“La industria del turismo y en particular los sectores de la hospitalidad atraviesan una crisis sin precedentes. Desde el 20 de marzo en Argentina que entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que implementó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el turismo se paralizó total y abruptamente: las compañías aéreas dejaron de operar; lo mismo sucedió con los ómnibus de larga distancia, las agencias de viaje, los hospedajes y todo el circuito que vive de las actividades relacionadas”, señalaron las legisladoras, quienes también recordaron que en abril, la Administración Nacional de Aviación Naval, estableció, mediante la resolución 143/2020 que las líneas aéreas sólo podrán comercializar servicios de transporte aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del territorio nacional, en la medida que se encuentren formalmente autorizados por dicho organismo. En virtud de ello la circulación de personas fue restringida en una acción sin precedente a escala mundial”, recordaron.

“Ahora bien, la aviación comercial genera más de 70.000 empleos directos y 80.000 empleos indirectos, representando U$S 12 millones de dólares; lo que equivales a 2,1% de PBI argentino. No obstante, dicha actividad se encuentra totalmente paralizada”, insistieron.

En Argentina, el turismo genera 165.000 millones de pesos y representa el 10% del PBI del país, según datos de la World Travel & Tourism Council. Además, emplea a más de 1,3 millón de personas, muchas de las cuales lo hacen en Pymes, según la Cámara Argentina de Turismo.

La diputada nacional radical Roxana Reyes pidió al Gobierno que intervenga y garantice las fuentes laborales de los trabajadores del petróleo, ante la inminente decisión de la empresa estatal China Sinopec, de reducir los contratos a cada una de las empresas de servicios, significando esto la pérdida de 400 puestos de trabajo en Santa Cruz. 

Así lo advirtió la diputada ante el inminente despido de los trabajadores petroleros, por parte de la empresa china Sinopec, una de las principales compañías de petróleo en la República Popular de China con negocios que incluyen la exploración de petróleo y gas, refinación y comercialización, producción y ventas de productos petroquímicos, fibras químicas, fertilizantes químicos y otros productos químicos, almacenamiento y transporte por ductos de petróleo y gas natural, importación y exportación de petróleo crudo y gas natural, productos refinados del petróleo y otros productos petroquímicos. 

“Es la quinta operadora petrolera en Santa Cruz y en los últimos años viene mostrando un notorio retroceso en materia de inversiones en la provincia, y en los últimos meses ante el vencimiento de los contratos con las empresas de servicios, decidió no renovarlos y por lo tanto las empresas contratistas no cuentan con recursos para abonar los sueldos de sus empleados”, explicó Reyes. 

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria para las partes involucradas en el conflicto, con fecha 31 de julio. Se intimó a las asociaciones sindicales y a los trabajadores por ellas representadas “a dejar sin efecto durante el período indicado toda medida de acción directa que estuviesen implementando, prestando servicios de manera normal y habitual”. 

Por otra parte, hace lo propio con la empresa Sinopec Argentina a “otorgar tareas en forma normal y habitual a todo su personal, como así también abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por las entidades sindicales”. 

Sin embargo, en la audiencia de conciliación del 14 de agosto, no se llegó a ningún acuerdo entre los gremios petroleros de Santa Cruz y la operadora de yacimientos y persiste la incertidumbre sobre la estabilidad laboral de unos 400 trabajadores de empresas contratistas que son pasibles de despidos por otra reducción de operaciones de Sinopec. 

“En el contexto de la emergencia pública en materia económica, social y sanitaria, el 28 de Julio del 2020, el Gobierno nacional publicó el Decreto 624/2020, en el que se prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días”, destacó Reyes y agregó que “es fundamental preservar las fuentes laborales en el complejo contexto que atravesamos”. 

Acompañan la presente iniciativa los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Gabriela Lenna, Jorge Vara, Jose Riccardo, Gonzalo Del Cerro, Carla Carrizo y Claudia Najul. 

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo nacional que garantice el traslado, por medio de un permiso especial para circular por el territorio nacional, a aquellas personas que tengan en otra provincia un familiar en grave estado de salud durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La situación se visibilizó en los últimos días con el caso de Solange Musse, la joven que falleció por cáncer en Córdoba y a su padre le fue negado el acceso a la provincia para verla. Otro caso, más reciente, es de Martín Garay, quien falleció también por cáncer este martes, y cuyas hijas no pudieron despedir por la cuarentena y las varias negativas que tuvieron para ingresar a la provincia de San Luis.

Asimismo, la presidenta de la comisión de Familias, Niñez y Adolescencia, pidió garantizar el derecho del paciente a no morir solo, sino acompañado por personas de su afecto.

En la iniciativa -firmada además por los radicales Gustavo Menna, Lorena Matzen, Aída Ayala, Martín Berhongaray, Claudia Najul, Lidia Ascarate y Hernán Berisso-, se señaló que “las diferentes acciones del Gobierno para prevenir los contagios durante la pandemia de Covid-19 no pueden y no deben desconocer una mirada integral de la salud”.

Reyes resaltó que “los derechos de los pacientes son derechos subjetivos de la persona humana relacionados con su estado de salud-enfermedad. Se trata del ser humano -en su condición de pacientes- que necesita sean respetados sus derechos humanos fundamentales: a la vida, a la salud, a la integridad física, a la dignidad, a la libertad, a la información, a la identidad, a la intimidad, a la confidencialidad, al consentimiento informado, a la verdad, a la muerte digna y otros”.

En este sentido, la santacruceña aseguró que el Ministerio de Salud de la Nación debe “garantizar y articular con las diferentes jurisdicciones provinciales el cumplimiento de los derechos de los pacientes que transitan distintas situaciones de salud-enfermedad y que requieren igual asistencia y acompañamiento a pesar de la situación pandemia que transitamos”.

“En el caso de familiares de personas cuya salud se encuentre en situación crítica y requieran la presencia de sus afectos, es necesario garantizar desde los Estados Provinciales un tránsito respetuoso y activar todos los protocolos de asistencia adecuados”, sostuvo la legisladora.

Finalmente, dijo que “es necesario establecer mecanismos interprovinciales y provinciales que garanticen los derechos de los pacientes a contar con la contención afectiva de sus familiares en situaciones de enfermedad críticas o terminales, en este contexto de emergencia sanitaria provocado por el Covid-19″.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) presentó un proyecto por el que solicita al Ministerio de Educación de la Nación que agilice la confección y expedición de los Títulos de Enfermería de las distintas universidades del país, ante el avance de la pandemia.

“Se hace indispensable que el Ministerio de Educación tome la decisión de expedir lo más rápidamente posible los títulos de los estudiantes de enfermería. En Santa Cruz, por ejemplo, los de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, lo que va a permitir reforzar el personal de salud y descomprimir parcialmente la saturación del sistema”, sostuvo Reyes.

Actualmente la provincia de Santa Cruz volvió a establecer el aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del último sábado, a raíz del brote que se propagó el pasado 14 de julio. Esto derivó en un colapso del sistema sanitario provincial, llegando al 90% de las camas de terapia intensiva ocupadas.

“Debemos reforzar el personal de Salud con el que cuentan las provincias y debemos hacerlo de forma urgente. Hay muchas personas capacitadas y dispuestas a brindar su colaboración, pero necesitan de una decisión política para hacerlo. No es un pedido que pueda esperar, sino que necesitamos resolverlo cuanto antes y esperamos que así lo entiendan las autoridades correspondientes”, concluyó Reyes.

La diputada nacional Roxana Reyes elaboró una iniciativa que busca crear un “Fondo Solidario Compensador Ganadero” destinado a la atención del sector que sufre también las consecuencias de las intensas nevadas invernales. 

Con este proyecto de la diputada santacruceña se verán beneficiadas las personas físicas y jurídicas y propietarios de establecimientos agropecuarios residentes en la región patagónica cuya producción se haya visto afectada por las condiciones climáticas. 

“A la crisis económica que trajo la pandemia para los sectores productivos de nuestro país, al sector ganadero se le sumaron la sequía del primer trimestre del año y las heladas del segundo trimestre. Por un lado, disminuyó el crecimiento de sus cosechas y por el otro, los animales se están muriendo por inanición o hipotermia al no poder alimentarse”, explicó la legisladora radical. 

El Fondo Solidario Compensador que propone Reyes se integrará con aportes del Tesoro de la Nación que serán asignados por el Gobierno nacional y contaría con un presupuesto no menor a 50 millones de pesos. 

“Para soportar el frío los animales necesitan una adecuada nutrición que no están percibiendo. Para alimentarlos, los ganaderos necesitan con urgencia fardos de alfalfa. Actualmente en la Patagonia no hay oferta disponible, lo que hace necesario adquirir este insumo en Córdoba, Santa Fe u otras provincias. Esto significa un costo hasta un 140% mayor que el sólo valor del alimento”, detalló la diputada. 

La iniciativa de Reyes establece que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de aplicación, fijando las pautas y los criterios de distribución, dictando las disposiciones reglamentarias y complementarias necesarias para el funcionamiento, implementación y ejecución del Fondo Solidario. 

“El ministerio de Agricultura deberá asegurar criterios equitativos y objetivos para cada jurisdicción, valorando universos del productor, empleados registrados, facturaciones mensuales previas, la existencia de subsidios, programas específicos de asistencia o exenciones dispuestas por autoridades nacionales, provinciales, municipales o comunales en el marco de la emergencia sanitaria y el ASPO”, sostuvo. 

“Nos encontramos ante una situación urgente que el Estado debe atender. Necesitamos que los productores puedan disponer de fondos para hacer frente a este panorama. Sólo en Santa Cruz, por ejemplo, se encuentra afectado el 70% del sector ovino. Debemos facilitar las herramientas que amortigüen el impacto económico negativo que se avecina”, finalizó la legisladora santacruceña.  

Esta iniciativa se enmarca en la agenda legislativa de la diputada radical destinados a paliar la crisis sanitaria y económica que la pandemia vino a profundizar. 

Diputados nacionales del radicalismo encabezados por la titular de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, Roxana Reyes, presentaron un proyecto por el cual piden que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Secretaría de Derechos Humanos, intervenga para salvaguardar la integridad física y moral de los trabajadores de la salud ante “la vulneración de los derechos humanos” del personal de salud del Hospital de Río Gallegos, en Santa Cruz. “El sistema de salud está colapsado en la provincia, no se cumplen protocolos y no hay suficiente personal, exigiéndoles sobrecarga horaria, poniendo en riesgo su salud y vulnerando sus derechos humanos”, explicaron.

Además de Reyes, el proyecto lleva la firma de los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Karina Banfi, Sebastian Salvador, Campagnoli, Casaress, Acarate, Regidor, Cipollini, Gonzalo del Cerro, Claudia Najul, Mario Arce y Gabriela Lena.

Más allá de las medidas de aislamiento disputas por el Gobierno nacional, la provincia de Santa Cruz, mediante el Decreto 890/20, estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio desde el último sábado en Río Gallegos, en el marco del brote que se inició el pasado 14 de julio. No obstante, el Sistema de Salud de la Provincia, se encuentra colapsado y el pasado 3 de agosto se llegó al 90% de ocupación de las camas de terapia intensiva.

Pero además el total del personal médico afectado a la atención de Unidad de Terapia Intensiva es de 5 personas de planta permanente, con 2 médicos cumpliendo aislamiento por prevención; y sólo 2 o 3 médicos ayudando de manera circunstancial.

Al mismo tiempo, al día de la fecha se encuentran dos médicos en situación de aislamiento, 22 dependientes del Hospital con diagnóstico de Covid-19, y aproximadamente 70 dependientes del hospital en situación de aislamiento. Por otra parte, el total de enfermeros es de 45, encontrándose 13 de ellos en situación de aislamiento.

“En dicho contexto, y ante el evidente avance y aumento de los casos de Covid-19 y demanda de atención hospitalaria, la capacidad de atención resulta claramente ineficiente, tanto en su estructura como en el personal de atención, produciéndose la sobrecarga horaria y exigencia laboral del personal en funciones, y poniéndose además en riesgo su salud y vida, y vulnerando sus derechos humanos”, señaló Reyes.

En el Hospital Regional de Río Gallegos, no se están realizando actualmente pruebas de diagnóstico regular a los trabajadores de la salud, tampoco se ha dado instrucciones precisas para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y tampoco se están garantizando los derechos laborales.

Por todo ello, la oposición sostiene que “ante la amenaza y violación de los derechos humanos del Personal de Hospital Regional de Río Gallegos, solicitamos la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, atendiendo a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 4/2020 Derechos Humanos de las Personas con Covid, en relación a las Directrices sobre la protección de los derechos de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado que atienden personas con Covid-19”.

Entre otras cosas, esa resolución establece que “es fundamental que, para la preservación de la vida y el tratamiento del derecho a la salud de las personas con Covid-19, las personas trabajadoras de la salud y del cuidado cuenten con protocolos de bioseguridad para la protección específica y su entrenamiento, lo que incluye la realización de pruebas de diagnóstico regular, que dispongan de equipos de protección personal suficientes y los materiales necesarios para la desinfección y adecuado mantenimiento de ambientes de salud y de cuidado”.

También establece que el derecho al cuidado profesional exige la debida garantía a los derechos laborales de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado que deben incluir la protección a su estabilidad laboral, descanso, remuneración justa y adecuada, el debido balance de sobrecarga y largas jornadas de trabajo a las que se exponen, así como la abstención de compeler a que realicen sus funciones cuando se encuentren en riesgo por su condición de salud o por no disponer de equipos o materiales de protección personal y de bioseguridad necesario.

Por 230 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que propone modificar la Ley 26.061, sobre las funciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de modo que pueda implementar una línea telefónica nacional, gratuita y de fácil acceso y una aplicación para teléfonos celulares, con el fin de brindar contención y orientación para niños, niñas y adolescentes.

La diputada radical Roxana Reyes celebró el consenso alcanzado con el dictamen y señaló que “cuando se habla de abuso infantil nos estamos refiriendo a una de las peores violencias contra la niñez, donde los niños y niñas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral”.

Por su parte, la diputada Laura Russo señaló que “si la pandemia dejó consecuencias de todo tipo, también la pandemia deja saberes: el Covid-19 aceleró la incorporación de tecnología a muchos ámbitos de la vida humana”, y en ese sentido señaló que “este proyecto propone incorporar tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes y que promuevan su participación”.

La iniciativa establece que este organismo podrá “crear interfaces de tecnologías y plataformas digitales gratuitas y de fácil acceso destinadas a brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato, abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, y que promuevan su participación”.

Además, tendrá la facultad de “establecer las directrices para la compilación y el tratamiento de la información producida por las interfaces de tecnología y por las líneas telefónicas de atención para niños, niñas y adolescentes dependientes de los distintos órganos administrativos de las diversas jurisdicciones”.

Asimismo, la Secretaría de Niñez deberá “generar campañas de difusión masiva” de esas nuevas vías de comunicación.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Roxana Reyes, presentaron un proyecto de declaración solicitando que el Estado garantice la universalidad, accesibilidad, asequibilidad y la equidad en el acceso a los servicios de telefonía móvil e internet y el acceso al derecho a la educación a través de dichos servicios.

“La comunicación audiovisual a través de cualquier soporte, incluida Internet, es un derecho humano que el Estado tiene el deber de garantizar. Hoy la ciudadanía mira, lee, escucha, postea y navega por Internet en la casa, en el móvil y en el trabajo. Sin embargo, los cobros por este servicio siguen siendo excluyentes y desiguales”, explicó Reyes.

En esa línea el proyecto solicita que se implemente un programa integral de Tarifa Social para el acceso a internet y telefonía móvil, especialmente para personas o grupos vulnerables y para los grupos considerados esenciales en este marco de pandemia.

“En 2012 La Organización de las Naciones Unidas declaró a Internet derecho humano, pero sabemos que el acceso está condicionado por el lugar de residencia y la capacidad económica. Por ello es que proponemos, entre otras medidas, incorporar en el debate una tarifa social que garantice el acceso universal a los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” manifestó Reyes.

La propuesta atiende la situación excepcional de pandemia por Covid-19 y establece además que las empresas de los servicios de internet y telefonía móvil deberán abstenerse de suspender, cortar o reducir la calidad de la prestación de los estos servicios a las personas que desarrollan actividades esenciales desde el comienzo ASPO.

Por último, Reyes hizo hincapié en las falencias de la conectividad y la ausencia de recursos para acceder a la misma de muchos estudiantes del país que, debido a esta problemática, no pudieron continuar con las clases de manera remota y esto profundiza y reproduce las desigualdades estructurales.

“Esto plantea un dilema que debe ser resuelto en un futuro inmediato, no sólo porque es un derecho humano fundamental, sino porque expone con una gran crudeza las desigualdades del sistema” concluyó Reyes.

Acompañan a Reyes con su firma en el proyecto los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Karina Banfi, Ximena García, Estela Regidor, Albor Cantard, Claudia Najul, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate, Gabriela Burgos, Dolores Martínez, José Riccardo, Mario Arce, Gabriela Lena, Alfredo Schiavoni, Camila Crescimbeni y Virginia Cornejo.

Luego de que el Gobierno nacional presentará su proyecto de ampliación para el ejercicio presupuestario vigente en el que propone gravar a la leche con un IVA de 10,5%, la diputada nacional Roxana Reyes manifestó su preocupación a través de un proyecto de declaración en el que da cuenta de las consecuencias negativas que tendrá este aumento en el precio final de la leche para la comunidad en su conjunto y, especialmente, para los sectores más vulnerables.

“La exención del IVA a la venta de leche que llevó adelante el gobierno de Cambiemos apuntaba directamente a que los sectores de menores ingresos puedan acceder a su consumo. Al eliminar ahora esa exención, muchos de ellos se verán imposibilitados de adquirir un producto de consumo esencial, en especial para niños, niñas y adolescentes”, explicó Reyes.

Recordemos que el viernes pasado el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley de ampliación del presupuesto 2020 en el cual prevé mayores recaudaciones para contar con recursos que le permitan hacer frente a los compromisos derivados de la atención de la pandemia.

Con este objetivo el documento dispone en su artículo 18, la eliminación de la exención del IVA a la leche en polvo y fluida, entera y descremada, llevándola del 0% al 10,5% lo cual impactaría de manera directa en el precio y, lógicamente, en el bolsillo de los consumidores.

“Los sectores populares e informales han sido los más afectados por la crisis económica generada por la pandemia y muchos de ellos han sufrido una pérdida significativa de sus ingresos. Pero a pesar de esta situación, al Gobierno Nacional se le ocurre aumentar el precio de la leche. Es una medida inentendible e inaceptable teniendo en cuenta que la leche es un producto de consumo básico y esencial, en especial para niños, niñas y adolescentes”, afirmó la diputada Reyes.

Para concluir, la legisladora santacruceña expresó que a las privaciones que ya tienen los niños hoy en día, el Gobierno ahora le sumó la privación de un producto de primera necesidad, nutritivo y beneficioso para la salud como la leche.

Marisa Graham se pasó buena parte del día en el Congreso de la Nación. En lo que fue su primera visita al Parlamento desde que fue confirmada precisamente en ese ámbito al frente del cargo que ocupará durante los próximos 5 años, la agenda de los legisladores coincidió de tal manera que estuviera este viernes a partir de las 10 de la mañana exponiendo en la Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde permaneció casi hasta el mediodía. Y por la tarde, desde las 15, concurrió a la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, invitada por su presidenta, la radical santacruceña Roxana Reyes. Muy predispuesta a responder las preguntas que le hacían, Graham permaneció más de tres horas exponiendo en la Cámara baja sobre la situación de los menores frente a la cuarentena producida a raíz del coronavirus. Además, presentó un informe de los objetivos de la defensoría.

“Es muy importante encontrar este espacio donde podamos escucharnos, en poner en  agenda a los niños que son víctimas silenciosas del coronavirus. Tenemos que afrontar esta agenda especial, transversal y federal articulando con la defensoría”, expresó la presidenta de la comisión, Roxana Reyes (UCR), luego de darle la bienvenida a Graham.  

A continuación, la defensora comentó que tuvieron que elaborar un documento interno para “refocalizar la agenda que se encontró atravesada por la pandemia” y explicó algunas de las medidas adoptadas por el gobierno frente a la emergencia sanitaria.   

“La pandemia generó que fuésemos cambiando la focalización de los temas y problemas que habíamos asumido como plan de trabajo y como problemas centrales. Primero tuvimos un plan general, con asuntos desde la emergencia alimentaria hasta los temas de trata de niños, niñas y adolescentes, explotación sexual o explotación laboral. Una temática muy amplia que era nuestra gran agenda de trabajo, pero tuvimos que comenzar a focalizar porque había derechos que la cuarentena generaba y ponía en mayor riesgo a los niños, como el abuso sexual infantil por el encierro. Estar encerrados con los victimarios es un riesgo de la cuarentena”, explicó.

“La ausencia de la escuela, que también es un factor de protección, en muchos casos es la primera alerta de situaciones de violencia”, agregó, y señaló que “en un principio abogamos porque los comedores escolares se mantuvieron abiertos, pero por cuestiones sanitarias se decidió cerrarlos. Nosotros insistiremos en tenerlos abiertos”.

La funcionaria destacó la Tarjeta Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asignación Universal, los bolsones de comida y “los esfuerzos que se están haciendo para llegar a aquellos niños y niñas”, dijo.

Sin embargo, también subrayó la preocupación por el cierre de comedores escolares durante la cuarentena y el impacto que eso tiene en la seguridad alimentaria. “Seguimos abogando por la apertura de los mismos”, señaló.

“La pandemia ha producido la pérdida de ingresos de las familias, tenemos una propuesta que son algunas modificaciones a la AUH y garantizar que lleguen a todos los niños, niñas, y adolescentes. Unos 350 mil niños no reciben la asignación universal”, aseveró. Paralelamente reiteró lo que había dicho por la mañana en la bicameral: que impulsa una renta universal para niños y adolescentes pospandemia.

También confió Graham que los niños tienen mucho temor, y sobre todo en los sectores más vulnerables, con relación a la situación de los adultos del hogar, a que pierdan su trabajo o a tener dificultades económicas.

Respecto a la violencia y el maltrato infantil, consideró que el abuso sexual es el más preocupante durante la cuarentena, ya que los niños conviven con sus agresores. “Fue un tema muy reclamado en las reuniones que se hicieron con chicas y chicos de centros de estudiantes de todo el país”, indicó Graham.

“Con respecto al embarazo adolescente, aseguró que no se puede hablar de consentimiento antes de los 13 años. A los 11 o 12 años solo se puede hablar de violación”, dijo.

Asimismo, la abogada precisó que realizaron un documento que focaliza en el tema del abandono de la escuela secundaria, profundizada por las desigualdades en la conectividad, las vacantes en la etapa inicial, y el ingreso y que esta situación se “asevera por la pandemia”.

“El desafío de cómo salir de la pandemia con más derechos para encarar esta situación dramática”, teniendo en cuenta que “los niños van a ser los más afectados, hay estudios de Unicef y UCA que lo indican”, finalizó Graham.

La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que preside la diputada Roxana Reyes, citó para este viernes a la Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, y a los defensores adjuntos Fabián Repetto y Facundo Hernández.

“Entiendo que debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo a nivel mundial con el Covid-19, y en la Argentina con una cuarentena tan prolongada, nos corresponde poner la mirada en la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual será muy importante conocer la forma de trabajo que prevé la Defensoría y las acciones que se están desarrollando o se proyectan”, explicó Reyes.

Recordemos que en el mes de abril, la comisión mantuvo una reunión informativa con el secretario de Niñez de la Nación, Gabriel Lerner, en la que los diputados le plantearon una serie de medidas que resultaban urgentes y necesarias para mitigar las consecuencias del aislamiento social en los niños, niñas y adolescentes.

“Cuando nos reunimos con el secretario de Niñez de la Nación se le preguntó sobre las acciones gubernamentales que apuntaban a morigerar el impacto de la cuarentena en los niños. En este sentido, y a la vez con una mirada del largo plazo, desde la comisión se viene trabajando en varios proyectos para mitigar el efecto de la pandemia, entre ellos la federalización de la línea 102 y la creación de una aplicación para detectar, prevenir y contener las situaciones de abuso y maltrato”, amplió.

“Con un consenso robusto entre los diferentes bloques tanto en la comisión de Familias como de Comunicaciones, logramos dar dictamen favorable a la creación de la aplicación, pero aún nos queda atender la línea 102, que viene a complementar la app y es un recurso indispensable para prevenir la vulneración de derechos de la niñez”, expresó Reyes.

Sin dudas, se espera una reunión muy productiva con la titular de la Defensoría y sus miembros adjuntos. “La idea de este encuentro es conocer las acciones que se despliegan desde la Defensoría, el desempeño en su función esencial de control y el intercambio con los diputados sobre la agenda de niñez que nos ocupa”, dijo.

Por último, la presidenta de la Comisión destacó que “la vulneración de derechos de la niñez se extiende en todo el país, agravado ahora por el aislamiento, lo cual profundiza los problemas de abuso, maltrato infantil, inequidad en el acceso a la educación, grooming y tantos otros flagelos respecto de los cuales debemos trabajar transversalmente y con una mirada federal”.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, presentaron un proyecto para crear una “Campaña Nacional de Concientización y Prevención de la Violencia de Género en Adultos Mayores”, con el objetivo de “garantizar el correcto cumplimiento de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres”. 

Se propone una campaña de difusión de contenidos audiovisuales en medios de comunicación masivos de todo el país, como así también a través de aplicaciones y plataformas digitales, redes sociales a las cuáles las adultas mayores tengan acceso. También en cartelería en ámbitos a los que suelen acudir, como Pami, Anses, Centros de jubilados, geriátricos, salas de esperas. 

“El discurso del desarrollo mundial y la acción sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres está centrado en mujeres y niñas en edad reproductiva. Los conjuntos de datos, según el modelo de las encuestas de salud demográficas, recopilan datos sólo de mujeres de edad reproductiva -de 15 a 49 años-. Como resultado, las mujeres mayores de 50 años, normalmente, no se consideran dentro de las políticas públicas que buscan la reducción de la violencia contra las mujeres”, explicó Reyes. 

“En este sentido, el maltrato está dirigido hacia dos puntos, la vejez por un lado y el ser mujer por otro. El proceso de envejecimiento es un momento en el que el ser humano es visto con mayor fragilidad y vulnerabilidad. En tanto, el género femenino históricamente ha sido considerado y hasta nombrado como el sexo “débil”, con toda la carga de discriminación y estereotipo que, desde hace años, la mujer viene tratando de revertir”, agregó. 

La legisladora radical también remarcó que “en la mayoría de los casos estos maltratos comienzan en el núcleo familiar, no se respeta ni sus deseos, ni sus bienes, ni su tiempo libre, se abusa de esa doble condición. En algunos se vive de su jubilación, o en su casa y se le dejan los niños/as a cargo, como si esta tarea fuera menor, eso es trabajo de cuidado no remunerado. La función de la abuelidad, a tiempo completo es una sobrecarga muy pesada, sienten obligación de ejercerla en términos no deseables, ni placenteros porque a sus nietos los deben educar, cuidar y asistir, a esta tarea pareciera ser que es casi imposible de renunciar”. 

Acompañan con su firma el proyecto los diputados Lorena  Matzen, Gustavo Menna, Graciela Ocaña, Estela Regidor, Jorge Enríquez, Lidia Ascarete, Héctor Stefani, Claudia Najul, Soledad Carrizo, Julio Sahad, Alberto Asseff, Ximena García y Virginia Cornejo. 

La diputada nacional Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, presentó un proyecto de ley para que todas las personas que se desempeñan en la función pública de los tres poderes del Estado deban capacitarse obligatoriamente en derechos de niños, niñas y adolescentes.

El proyecto establece que será la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia la autoridad de aplicación y la encargada de certificar la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo. 

“El objetivo es que todos los funcionarios públicos de todos los niveles y jerarquías conozcan y cumplan con los derechos de los niños, niñas y adolescentes que fueron consagrados en el derecho internacional”, explicó Reyes. 

La iniciativa de la legisladora de Juntos por el Cambio se da en el marco de las recientes denuncias por abuso sexual infantil contra el exconcejal de Río Gallegos Emilio Maldonado, en el que las madres de las niñas abusadas relataron los obstáculos y la falta total de contención y asesoramiento que recibieron por parte de las autoridades policiales, municipales y provinciales. 

“Al relatar los hechos que tuvieron que soportar ambas familias luego de animarse a hacer las denuncias, se pone en evidencia la negligencia del Sistema de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la falta de conocimiento por parte de los miembros/as de la burocracia estatal. Estas fallas son sistemáticas en los distintos escalafones de la administración pública”, manifestó al respecto Reyes.   

El proyecto hace mención al compromiso internacional asumido por nuestro país de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de niños niñas y adolescentes tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual dispone de jerarquía constitucional conforme al artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional.   

“El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia contra la niñez y adolescencia, y a pesar de que constituye un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. La dimensión y la gravedad de estas situaciones vuelven imprescindible el diseño de políticas públicas que promuevan la prevención, la recolección de datos y la identificación de las víctimas de abuso sexual”, concluyó la legisladora santacruceña.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentó un proyecto a través del cual solicita al Poder Ejecutivo que proporcione una nueva instancia de negociación colectiva, ante el inminente cese de operaciones por parte de la empresa Latam Airlines Argentina, lo que ocasionará una pérdida de 1.715 puestos de trabajos directos y un quebranto en la conectividad hacia el interior del país.

“Hace una semana, el 17 de junio de 2020, se hizo público el cierre de operaciones de la filial argentina de Latam Airlines, en lo que respecta a vuelos de pasajeros tanto como cargas. Ésta decisión obedece a las actuales condiciones de la industria local agravadas por la pandemia del Covid-19, según el comunicado oficial de prensa de dicha empresa”, recordó la legisladora, quien resaltó “el rol fundamental que la empresa supo tener en cuanto a lo que respecta en conectividad local, ya que durante los 15 años de operación la firma consolidó destinos desde y hacia Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia”.

“Ante esta gran imposibilidad de volar, la aerolínea presentó un plan de contingencia de recorte salarial temporal de un 50% que en la práctica seria entre un 7% y un 35% (según el sueldo). Sin embargo, pese a firmar este acuerdo con más de 1100 empleados de forma individual, y tras seis audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual intimó a pagar el 100% en época de ingreso cero, el grupo se vio obligado a presentar el procedimiento preventivo de crisis (PPC), a diferencia de lo que ocurrió en el resto de las filiales y países donde opera, donde Latam logró firmar un acuerdo”, explicó Reyes.

“Latam llegó a tener presencia en 14 aeropuertos nacionales, invirtió 2.8 millones de dólares para la flota de aviones con rutas de cabotaje, siempre con tripulaciones argentinas y bajo los derechos de trafico locales, para el año 2019 llego a aportar el 0.6% del PBI una facturación de 2.700 millones en todas sus líneas de negocios, con miles de puestos de trabajo indirecto y hasta llegó a repatriar a 16.000 argentinos varados en el exterior. Sin embargo, nuestro mercado aeronáutico se encargó de poner palos en la rueda; basta recordar cuando el ORSNA intimó a desalojar el hangar de la compañía en el Aeroparque Jorge Newbery, sumadas a las interminables luchas sindicales o al polémico rol que juega el Estado argentino como competidor, regulador y controlador. Siendo que entre 2009 y 2019 el Estado entregó a Aerolíneas Argentinas en concepto de subsidios u$S 5.500 millones, lo cual lejos está de ser un mercado competitivo”, señaló la legisladora.

La diputada agregó que además de los problemas que puede acarrear “el cierre de una empresa de tales magnitudes en respecto a los puestos de trabajo, también es preocupante es la perdida de conectividad, sobre todo en un país tan extenso como el nuestro donde es vital para el desarrollo de las regiones postergadas como la Patagonia. Para dar un ejemplo, solo en la provincia de Santa Cruz, se perdieron 9 vuelos semanales a destinos como Rio Gallegos y El Calafate, perdiendo el 33% de la conectividad con el resto del país. Además, otro de los grandes sectores gravemente afectados por esta decisión es el turismo. Él cual genera más de un millón de puestos de trabajo indirectos, además de una gran cantidad de ingresos a la economía doméstica”, concluyó. 

Acompañan con su firma el proyecto los diputados Lorena Matzen, Gustavo Menna, Soledad Carrizo, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Ximena Garcia, Claudia Najul, Jorge Vara, Juan Martin, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Facundo Suarez Lastra, Luis Pastori y Diego Mestre.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR Santa Cruz) presentó un proyecto de ley que tiene por objeto restablecer los reembolsos por exportaciones a los puertos de la Patagonia para incentivar la circulación de mercaderías desde el lugar donde son originadas y con destino al exterior, a fin de sumarle competitividad a nuestros puertos a la vez incrementar la oferta laboral y posibilitar el desarrollo de la industria regional.

“La exportación de las mercaderías cuyo embarque y cumplido de la declaración aduanera de exportación para consumo, que se realice por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, gozará de un reembolso adicional a la exportación, siempre que se carguen a un buque mercante con destino al exterior”, señaló la diputada patagónica.

“No solo estaremos incentivando la circulación de mercaderías desde nuestros puertos sino, también, generando puestos de empleo de calidad, descomprimiendo así el empleo público a la vez que se logra poblar mayormente el territorio, todo lo cual genera el camino propicio para lograr el adecuado desarrollo industrial”, explicó Reyes.

Destacó que “la eliminación de los reembolsos ha generado un desplazamiento de la actividad desde la Patagonia hacia la provincia de Buenos Aires por lo que, de persistir esta tendencia, el resultado será que los porcentajes de empleo privado, que ya se ubican entre los más bajos del país, se reduzcan aún más, con la consiguiente presión sobre la administración pública para atender los reclamos laborales, o con la consabida desocupación de los trabajadores”.

“No debemos entender este proyecto tendiente a generar desigualdad entre los puertos de la Patagonia y aquellos que no lo son”, aclaró Reyes y advirtió que la “justificación de la medida radica en generar empleo a la vez que cuida a las economías regionales potenciando nuestros puertos más postergados atendiendo a las desventajas de clima y distancia”.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR Santa Cruz) pidió que el Ministerio de Educación informe sobre la virtualidad impuesta al Sistema de Educación Pública, producto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

“Esta pandemia logró que visualicemos las profundas asimetrías del Sistema Educativo Nacional. De un día para otro se impuso la enseñanza remota, a distancia, y virtual en el mejor de los casos. Sin ningún tipo de planificación ni tiempo para prepararse, todas las escuelas del país intentaron dar respuesta a la continuidad pedagógica. Cada una con las herramientas disponibles y con el principal objetivo de no perder el vínculo con sus alumnos”, señaló Reyes.

Reyes requirió información sobre deserción estudiantil; cantidad de alumnos que reciben educación virtual; cumplimiento de consignas educativas; asistencia de gabinetes psicopedagógicos por impactos psicológicos; garantía de conectividad, entre otros.

“Desde que se inició la cuarentena hasta que se aprobó el protocolo de clases virtuales, los alumnos con dificultades para el aprendizaje estuvieron librados a su suerte: sin atención psicopedagógica -o con la poca que los profesionales pudieron brindar online-; con poca o ninguna contemplación por parte de las escuelas; muchos sin acceso a la tecnología; y otros tantos con papás que no pueden o no saben cómo asistirlos, ‘perdieron’ casi tres meses de actividades educativas”, agregó la diputada.

Explicó que “cada escuela administró su manera de enseñar, los docentes de la misma escuela manejaron diferentes canales para hacer llegar las actividades a los alumnos: fotocopias, cuadernillos educativos oficiales, contenidos por televisión, clases grupales por Zoom o Meet, entre otros”.

Reyes destacó que “no todos los chicos acceden a internet y en muchas casas hay pocos dispositivos tecnológicos -o ninguno- y muchas veces se comparten para el teletrabajo del grupo familiar o el acceso a los contenidos educativos de otros miembros de la familia, descontando las actividades de tipo social, para las que ahora también es imprescindible contar con algún celular o computadora”.

Advirtió que “los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas, se encuentran prácticamente sin actividad y es preocupante como se efectuará la reinserción de los jóvenes el sistema educativo y qué medidas se tomarán para abordar las consecuencias psicológicas que implica ésta pandemia”.

“Además creemos que es fundamental que los niños sigan recibiendo educación sexual integral, puesto que en muchos casos los mismos viven con su agresor y sin las herramientas educativas necesarias, los abusos se vuelven una constante en diversos hogares”, resaltó Reyes.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) pidió al Ministerio de Educación informes sobre la enseñanza realizada a través de la virtualidad, producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Esta pandemia logró que visualicemos las profundas asimetrías del Sistema Educativo Nacional. De un día para otro se impuso la enseñanza remota, a distancia, y virtual en el mejor de los casos”, señaló la radical.

En ese sentido, resaltó que “sin ningún tipo de planificación ni tiempo para prepararse, todas las escuelas del país intentaron dar respuesta a la continuidad pedagógica, cada una con las herramientas disponibles y con el principal objetivo de no perder el vínculo con sus alumnos”.

En la iniciativa, la legisladora requirió información sobre deserción estudiantil; cantidad de alumnos que reciben educación virtual; cumplimiento de consignas educativas; asistencia de gabinetes psicopedagógicos por impactos psicológicos; garantía de conectividad, entre otros.

“Desde que se inició la cuarentena hasta que se aprobó el protocolo de clases virtuales, los alumnos con dificultades para el aprendizaje estuvieron librados a su suerte: sin atención psicopedagógica -o con la poca que los profesionales pudieron brindar online-; con poca o ninguna contemplación por parte de las escuelas; muchos sin acceso a la tecnología; y otros tantos con papás que no pueden o no saben cómo asistirlos, ‘perdieron’ casi tres meses de actividades educativas”, enfatizó.

La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes valoró que “cada escuela administró su manera de enseñar, los docentes de una misma escuela manejaron diferentes canales para hacer llegar las actividades a los alumnos: fotocopias, cuadernillos educativos oficiales, contenidos por televisión, clases grupales por Zoom o Meet, entre otros”.

Sin embargo, apuntó que “no todos los chicos acceden a internet y en muchas casas hay pocos dispositivos tecnológicos -o ninguno-, y muchas veces se comparten para el teletrabajo del grupo familiar o el acceso a los contenidos educativos de otros miembros de la familia, descontando las actividades de tipo social, para las que ahora también es imprescindible contar con algún celular o computadora”.

La diputada advirtió que “los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas se encuentran prácticamente sin actividad y es preocupante como se efectuará la reinserción de los jóvenes al sistema educativo, y qué medidas se tomarán para abordar las consecuencias psicológicas que implica esta pandemia”.

Por otra parte, la santacruceña subrayó que “es fundamental que los niños sigan recibiendo Educación Sexual Integral, puesto que en muchos casos los mismos viven con su agresor y sin las herramientas educativas necesarias, los abusos se vuelven una constante en diversos hogares”.

La diputada nacional Roxana Reyes presentó un proyecto en el que solicita al Poder Ejecutivo que, a través de ENARGAS, tome “medidas urgentes” para ayudar a las familias más vulnerables de la Patagonia, que “aún no cuentan con redes de abastecimiento de gas natural y pagan sobreprecios por la provisión de Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.

Reyes dijo que “es sumamente necesario, y sobre todo en el actual contexto de pandemia donde muchas familias vieron disminuidos sus ingresos, que se tomen medidas para equiparar las tarifas a los usuarios de GLP en relación a aquellos que viven en localidades que tienen la suerte de estar conectados al gasoducto nacional. Se deben mitigar las consecuencias económicas que significa la no construcción del Gasoducto Nacional en las provincias patagónicas”, señaló.

En este sentido, advirtió que “hay una gran desigualdad” porque hay hogares humildes en muchas localidades patagónicas que no tienen acceso a la red de gas natural del tendido nacional y “no les queda otra solución que pagar cuatro veces más por la única alternativa que tienen, que es utilizar un combustible alternativo, garrafas y tubos de GLP para calefaccionarse o cocinar y otras cuestiones”.

La diputada insistió en la importancia de mitigar las consecuencias de no tener al día de la fecha en funcionamiento, ni en construcción, el gasoducto nacional en las provincias patagónicas, y remarcó que en las últimas semanas hubo vecinos de Río Gallegos, Perito Moreno y Gobernador Gregores que pagaron facturas por montos que van desde los 4 a los 15 mil pesos.

“Estamos hablando de zonas donde el clima en invierno es crudísimo, y donde este recurso se vuelve muchísimo más necesario para calefaccionar la vivienda. Necesitamos que el Estado nacional tome las riendas y ayude a estas familias especialmente en un momento como el actual donde la falta de ingresos se ve profundizada enormemente por el impacto pandémico del Covid 19”, concluyó Reyes.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) presentó un proyecto en el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de ENARGAS, tome “medidas urgentes para ayudar a las familias más vulnerables de la Patagonia que aún no cuentan con redes de abastecimiento de gas natural y pagan sobreprecios por la provisión de Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.

La radical enfatizó que “es sumamente necesario y, sobre todo en el actual contexto de pandemia, donde muchas familias vieron disminuidos sus ingresos, que se tomen medidas para equiparar las tarifas a los usuarios de GLP en relación a aquellos que viven en localidades que tienen la suerte de estar conectados al gasoducto nacional”. “Se deben mitigar las consecuencias económicas que significa la no construcción del gasoducto nacional en las provincias patagónicas”, reclamó.

En ese sentido, la santacruceña señaló que “hay una gran desigualdad porque hay hogares humildes en muchas localidades patagónicas que no tienen acceso a la red de gas natural del tendido nacional y no les queda otra solución que pagar cuatro veces más por la única alternativa que tienen, que es utilizar un combustible alternativo, garrafas y tubos de GLP para calefaccionarse o cocinar y otras cuestiones”.

La legisladora insistió en que se deben “mitigar las consecuencias de no tener al día de la fecha en funcionamiento ni en construcción el gasoducto nacional en las provincias patagónicas”, y remarcó que en las últimas semanas hubo vecinos de Río Gallegos, Perito Moreno y Gobernador Gregores que “pagaron facturas por montos que van desde los 4 a los 15 mil pesos”.

“Estamos hablando de zonas donde el clima en invierno es crudísimo, y donde este recurso se vuelve muchísimo más necesario para calefaccionar la vivienda. Necesitamos que el Estado Nacional tome las riendas y ayude a estas familias especialmente en un momento como el actual donde la falta de ingresos se ve profundizada enormemente por el impacto pandémico del Covid-19”, concluyó Reyes.

Las diputadas nacionales Graciela Ocaña y Roxana Reyes impulsan un pedido de informes para que el Gobierno aclare si relanzó el polémico Plan Qunita en la provincia de Santa Cruz, tal como trascendió en medios de comunicación locales, y que fue suspendido en el año 2016 por contener elementos peligrosos para la salud.

Ocaña denunció penalmente en 2015 la licitación del Plan Quinita por 900 millones de pesos con grandes repercusiones en el ámbito judicial, tanto por investigaciones concernientes a la peligrosidad de ciertos productos que integraban el kit, como por aquellas que investigaban la existencia de sobreprecios, razón por la cual se imputó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el actual ministro y vice de Salud bonaerense respectivamente, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak.

Al respecto, las diputadas coincidieron en que “esos kits, independientemente de si fuesen o no los mismos que se entregaban en el año 2015, ameritan contar con la aprobación de los expertos luego de ser sometidos a rigurosos análisis de calidad y seguridad” y agregaron que “así como para el caso de la pandemia causada por el Covid-19 escuchamos a los expertos en salud y tomamos las medidas que aquellos juzgan pertinentes, en este caso debe ocurrir exactamente lo mismo ya que de no ser así son susceptibles de poner en riesgo la vida de las personas”.

Asimismo, indicaron que “los defectos y deficiencias que presentaban estos productos ponen en riesgo las vidas de las personas a las que pretenden beneficiar por lo que es de suma urgencia que se determine si los mismos han sido subsanados o, por el contrario, si son los mismos kits que, almacenados en depósitos desde la suspensión del plan, fueron recogidos y nuevamente entregados desatendiendo los análisis de seguridad preexistentes”.

Por otro lado, el proyecto de resolución presentado pregunta además si “los kits que actualmente se están distribuyendo fueren los mismos que años atrás habían sido sometidos a análisis debemos conocer si, entre otros, el porta-enfant, que era considerado peligroso, fue extraído y todo lo que pueda ser mercadería vencida como por ejemplo las cremas que integraban el mismo”.

El 14 de septiembre del 2016 el juez que entendía en la causa ordenó destruir 60 mil cunas del plan “Qunita” por considerarlas inseguras, medida que encontró justificada atendiendo al informe elaborado por el INTI y en virtud del cual expresó que “las cunas y sacos de dormir resultan riesgosos para la salud de acuerdo a dictámenes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y a informe de la Sociedad Argentina de Pediatría”.

El Plan Qunita fue lanzado con la intención de evitar muertes de recién nacidos producto del colecho y así brindarles ayudas a las familias que lo necesitan para que los recién nacidos tengan un lugar en su hogar donde puedan descansar.

Sin embargo, los sobreprecios en la compra de los productos y la pésima calidad de los materiales que fueron entregados envolvió de corrupción la licitación.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de declaración manifestando la preocupación por el pedido de cierre del aeropuerto El Palomar, primera terminal low cost de América Latina que comenzó a funcionar en febrero de 2018, y es el cuarto aeropuerto más importante de toda Argentina en cantidad de pasajeros de cabotaje.

Según se conoció, habría un pedido de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 al Ente Regulador para trasladar estas operaciones al aeropuerto de Ezeiza, cerrando definitivamente la terminal de El Palomar, lo que según manifiestan los legisladores representaría la pérdida de fuentes laborales para las familias que allí trabajan.

La autora del proyecto es la diputada Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) quien es acompañada en la iniciativa por el presidente de la Comisión de Turismo Alfredo Cornejo; y el presidente de la Comisión de Transporte, José Cano, quienes vienen trabajando sobre el tema y manteniendo reuniones con los actores involucrados en la temática. También los diputados patagónicos Lorena Matzen y Gustavo Menna.

Reyes argumentó respecto a la importancia de este aeropuerto diciendo que en el mismo operan las líneas aéreas denominadas “Low Cost”, tales como Flybondi y JetSmart, que generan actualmente más de mil puestos de trabajo directos entre pilotos, tripulantes, operadores, maleteros, personal de tráfico, etcétera; y 9 mil puestos indirectos integrados por transportistas, seguridad y gastronómicos, entre otros rubros.

“Las low cost, además de representar fuentes de trabajo genuinas para muchas familias, impulsan el desarrollo de las economías regionales y democratizan el acceso a personas que encuentran en estas segundas líneas la posibilidad de viajar en avión por las tarifas más baratas. Le dan la posibilidad de volar a personas que antes no podían pagar un ticket carísimo de las líneas comerciales tradicionales y viajaban muchísimas horas en micro para llegar a su destino”, sostuvo Reyes.

La diputada comentó además que esta conexión permite que los pasajeros puedan trasladarse desde o hacia Capital Federal a un precio muy accesible que es impensado si operara en otro aeropuerto como el caso de Ezeiza; y recordó que el cierre del Aeropuerto de Palomar afecta profundamente a la conectividad federal, y a la industria turística, puesto que las aerolíneas operan hacia destinos como Mendoza, Rosario, Ushuaia, Neuquén, Córdoba, Salta, Bariloche, Corrientes, Iguazú, Jujuy, Santiago del Estero y Posadas.

Como hemos dicho, este proyecto fue acompañado por diputados de todas las provincias: Lorena Matzen (UCR-Río Negro), Gustavo Menna (UCR-Chubut) , Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), José Cano (UCR-Tucumán), Soledad Carrizo (UCR-CABA), Alejandro García (Pro-Ciudad de Buenos Aires), Pablo Torello (PRO-Buenos Aires), Jorge Enriquez (Pro-Ciudad de Buenos Aires), Lidia Ascarate (UCR-Tucumán), Luis Pastori (UCR-Misiones), Estela Regidor (UCR-Corrientes), Aída Ayala (UCR-Chaco), Claudia Najul (UCR-Mendoza), Julio Sahad (Pro-La Rioja), Gerardo Cipolini (UCR-Chaco), Gonzalo Del Cerro (UCR-Santa Fe), Virginia Cornejo (Pro-Salta), Ingrid Jetter (Pro-Corrientes) y Camila Crescimbemi (Pro-Buenos Aires).

La presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz), solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que garantice la vinculación familiar a niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en Hogares, a través de medios tecnológicos disponibles, durante la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

“Dada la situación de vulnerabilidad que atraviesan aquellos niños institucionalizados, creemos que es de vital importancia puedan establecer algún tipo de contacto, al menos virtual, con sus familiares. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional aún no se han previsto medidas para permitir que aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en hogares, puedan comunicarse con sus familiares mediante esta modalidad durante la cuarentena”, explicó Reyes.

Agregó que Unicef advirtió que “si no se toman medidas urgentes, esta crisis de la salud amenaza con convertirse en una crisis de los derechos de los niños. Los trastornos que ha provocado en la sociedad tienen una profunda repercusión sobre los niños: sobre su seguridad, su bienestar y su futuro”.

En el mismo sentido, el Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó “hacer frente a la pandemia del Covid-19 sin dejar de respetar los derechos humanos de niñas y niños y considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y recreativos de la pandemia sobre los derechos que les asisten”, dijo, y agregó que “dado que  aún no se han establecido las salidas transitorias para este universo de 13 millones de argentinos, entendemos que crear mecanismos adicionales de comunicación es una manera de salvaguardar los derechos del niño y contribuir a su bienestar psicosocial”.

Luego de las fuertes críticas que han ido in crescendo durante los últimos días sobre la parálisis del Congreso, los diputados de Juntos por el Cambio tomaron la semana pasada la decisión de instalarse en Buenos Aires esta semana con el fin de presionar al oficialismo para poner en marcha la Cámara baja.

La idea era presentarse en el Congreso este martes, y hacia Buenos Aires entonces partieron todos desde sus provincias en automóvil, la única manera de llegar, habida cuenta de que los vuelos comerciales están todos suspendidos.

Para ponerle épica a la situación, los legisladores difundieron en las redes sociales la consigna “Los diputados de JxC viajan al Congreso”, sugiriendo a sus seguidores acompañarlos “en esta travesía por la democracia”. Y de hecho, buscaron imponer el hashtag #TravesíaPorLaDemocracia. En ese mensaje que difundieron por las redes sociales apuntaron contra el oficialismo señalando: “Alberto, Massa y Cristina no los dejan sesionar. Se presentan para exigir que el Congreso sesione”.

La “travesía” tuvo su momento dramático el domingo por la tarde, cuando el Peugeot 208 que conducía la diputada santacruceña Fernanda Reyes volcó, pero afortunadamente la legisladora radical no sufrió heridas y pudo continuar su viaje. Ahora en el auto conducido por su par chubutense Gustavo Menna.

#CongresoAllaVamos es otro de los hashtags con el que matizaron esta cruzada de la oposición que encuentra como punto negativo para ellos que un grupo de diputados del JxC tomó distancia de la dureza de la conducción del interbloque, firmando con el interbloque Federal un pedido de sesión para este jueves, en el que se avienen a que la reunión sea no presencial.

Recordemos que la conducción del interbloque Juntos por el Cambio reclama a través de Mario Negri que haya por lo menos una sesión presencial para modificar el reglamento, antes de sentarse para hacer una por videoconferencia.

El que salió a criticarlos fue el mendocino José Luis Ramón. Lo hizo también a través de las redes sociales, recordando que cuando él también viajó en auto a Buenos Aires para pedir que se reactivara el Congreso, el diputado Mario Negri rechazó su propuesta. Y remató: “La interna de Juntos por el Cambio está haciendo daño a personas”.

“Pedimos debatir y trabajar”, ratificó en sus redes sociales la diputada nacional Roxana Reyes, que con ese objetivo pensaba participar de las reuniones previstas para esta semana en el Congreso de la Nación, que tienen por objeto reactivar cuanto antes las sesiones.

Por eso emprendió viaje este domingo bien temprano desde Río Gallegos, pues ya se sabe que los vuelos de cabotaje están suspendidos por la cuarentena. Y lo transmitió en su cuenta de Twitter, donde puso: “Domingo 26 de abril, amanece en Río Gallegos y emprendo viaje para estar en mi lugar de trabajo donde pedimos debatir y trabajar”.

Pasado el mediodía, volvió a tuitear. “No vamos a avalar la concentración de poder que ocurre en el país, sin servicio de justicia, lluvias de DN y el Congreso paralizado. No hay ningún obstáculo insalvable para que podamos reunirnos de manera presencial guardando los protocolos sanitarios que correspondan”, escribió.

Pero este domingo por la tarde, un tiempo después de ese último tuit, sufrió un accidente. Ocurrió en la Ruta Nacional 3, cuando volcó el Peugeot 208 que manejaba, a la altura de Fitz Roy.

Según pudo saberse, la diputada Reyes se encuentra en buen estado de salud, luego de haber sido atendida en el puesto sanitario N°3 de Fitz Roy.

La diputada nacional radical Roxana Reyes presentó un proyecto por el cual propone al Gobierno que se incluya como “servicio esencial” a los organismos de control del sector Público Nacional mientras dure la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y que a tal efecto se establezca un protocolo de atención especial para el funcionamiento de los mismos.

“Mediante la decisión administrativa 450/2020 y 490/2020, el Poder Ejecutivo nacional amplió el listado de actividades y servicios considerados esenciales. Atendiendo a lo que motivo dicha decisión, podemos observar que entre sus fundamentos expresa que ‘…la realidad de la implementación de aislamiento social, preventivo y obligatorio ha demostrado la necesidad de incorporar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el fin de mitigar los efectos ocasionados por las medidas adoptadas’. De ello se desprende que la declaración de actividades y servicios esenciales es una cuestión dinámica que ha de ser observada día a día con el objeto de conservar la salud pública, pero del mismo modo garantizar que las necesidades básicas de todos los ciudadanos sean solventadas”, explicó Reyes al respecto.

En este sentido, señaló que “se debe asegurar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la Justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales, en el contexto de la pandemia y sus consecuencias, incluyendo abusos por parte de actores privados y actos de corrupción o captura del Estado en perjuicio de los derechos humanos”.

“Ante el avance del conavirus y teniendo en cuenta que la democracia y el Estado de Derecho son condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto de los derechos humanos, y que la naturaleza jurídica de las limitaciones a dichos derechos puede tener impactos directos en los sistemas democrático de los Estados, la Comisión Interamericana de Derechos humanos reafirmó en la Resolución 1/2020 el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado aún en contextos de pandemia”, recordó la legisladora radical.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentó un proyecto de ley para crear el “Fondo de asistencia a Ciudadanos en tránsito y  estudiantes”, en el marco de la pandemia del Covid-19”.

El objetivo del mencionado Fondo será atender a las necesidades básicas de los ciudadanos o estudiantes de nivel superior en tránsito fuera de sus residencias habituales al momento de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en las condiciones establecidas en la presente ley.

Se trata de una asignación monetaria excepcional, de un mínimo de diez mil pesos, que se abonará mensualmente y a la que tienen derecho todos los ciudadanos y estudiantes argentinos nativos o por opción que al momento de decretarse el aislamiento social obligatorio se encontraran  fueran del lugar de su domicilio, mientras esté en vigencia el decreto que prevé el aislamiento social, preventivo y obligatorio o hasta tanto se les permita regresar a su lugar de residencia.

Esta asignación solo aplicará a aquellas personas en situación de desempleo, monotributista hasta clase C inclusive, o que tengan un ingreso que no supere los 40.000 pesos; y será compatible con la percepción del Programa de Becas Progresar.

“Creemos fundamental atender a situaciones como la de aquellas personas que por motivos de salud, turísticos, de trabajo, estudio, etc., se encontraban  fuera del lugar de su domicilio y que por motivos de las restricciones de circulación dispuestas por la pandemia se vieron obligados a mantenerse en el lugar en el que se encontrasen”, señaló Reyes.

“Basta pensar que quienes fueron a rendir materias o hacer el ingreso universitario o que por cualquier motivo estaban en tránsito nunca pensaron que pasarían tantos días sin poder regresar a su domicilio, siendo que aún en el supuesto de tener ingresos, supone afrontar gastos extraordinarios e imprevisibles. Los estudiantes que estaban regularmente viviendo en otro punto del país suman a la situación general el estar lejos de su familia y en muchos caso sus padre privados o disminuidos sus ingresos al no poder desarrollar su actividad, lo cual genera una situación de mayor incertidumbre y vulnerabilidad”, agregó.

“Esta asignación debe concebirse como el mínimo esfuerzo que el Estado debe realizar para cubrir la situación de indefensión de estas personas agravada por la lejanía de su lugar de residencia y hasta tanto se les pueda garantizar el retorno a sus hogares”, finalizó.

Acompañan el proyecto con su firma los diputados Jose Cano, Gustavo Menna, Federico Zamarbide, Ximena Garcia, Karina Banfi, Luis Pastori, Gabriela Lena, Ricardo Buryaile, Estela Regidor, Sebastian Salvador, Hugo Romero, Jose Luis Riccardo y Claudia Najul.

La diputada nacional Roxana Reyes presentó un proyecto para pedirle al Poder Ejecutivo Nacional que exija se informe a la ANSeS, en un plazo de 48 horas, sobre las bajas de personal en todos los organismos estatales para que las personas despedidas puedan acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, y quienes hayan sido despedidos o desvinculados por cualquier causa y aún no se hubiera informado impidiendo de esta forma el acceso al beneficio.

Pidió que “se instruya de igual modo a las provincias y municipalidades de todo el país y luego de cumplirse tal medida se abra un nuevo período de inscripción en el Ingreso Familiar de Emergencia o se revean las solicitudes denegadas por inconsistencia de información al ANSeS”.

“El jueves 27 de febrero del año en curso, se despidió a 419 trabajadores en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y también, en los últimos meses, se han registrado despidos o desvinculaciones en otros organismos del Estado Nacional como ANSeS y PAMI de los municipios y provincias. Este hecho ha dejado sin sustento a un número verdaderamente significativo de familias de nuestro país”, advirtió la diputada radical.

En el marco del programa Argentina Vive Sano, la diputada nacional Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) presentó un proyecto de ley que modifica la Ley de Contrato de Trabajo, otorgando una licencia especial para que los trabajadores puedan realizarse chequeos médicos anuales.

“A nivel mundial las enfermedades cardiovasculares constituyen el 31 por ciento de las muertes. Un 80 por ciento de esas muertes podrían evitarse si se controlaran los factores de riesgo principales: colesterol elevado, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo y estrés”, explicó Reyes.

“El derecho a la salud es ante todo un derecho humano fundamental. Por ello el Estado Nacional debe garantizar la implementación de políticas públicas tangibles en la materia que tengan un impacto significativo en la vida de la gente”, destacó la legisladora radical.

El proyecto establece sustituir el artículo 158 de la ley 20.744 de Régimen de Contrato de Trabajo para incorporar una licencia de dos días corridos por año calendario para realizar chequeos médicos.

Con el objetivo de promover, regular y generar hábitos saludables como política de estado, y mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, la diputada nacional Roxana Reyes presentó un proyecto que tiene como objetivo la creación del programa “Argentina Vive Sano”.

El proyecto de la legisladora radical se enfoca en prevenir y corregir “todas aquellas conductas no saludables vinculados a enfermedades no transmisibles y transmisibles de tipo infecciosas, derivadas de conductas o hábitos asociados a todo tipo de adicciones y/o consumos problemáticos”.

A través de esta iniciativa se busca generar acciones tangibles por parte del Estado en materia de salud, promoviendo y concientizando acerca de la importancia de una alimentación sana y el ejercicio regular.

En Argentina, las enfermedades cardiovasculares, los problemas relacionados con el corazón, con el sedentarismo, con el alcoholismo, con el tabaquismo, son muy impactantes en la vida de la gente. Todos los ciudadanos, sin importar su sexo o edad sufren estos problemas. Las cifras son alarmantes: sólo el 4,9% de la población consume las 5 porciones diarias de frutas recomendadas, 1 de cada 2 personas no hace actividad física y 1 de cada 4 fuma, mientras el exceso de peso (ya sea por sobrepeso u obesidad) llega a afectar al 57,9% de la población.

En este contexto, esta iniciativa propone “generar un impacto sustancial en la materia, donde el Estado con colaboración del sector privado, diseñe, formule, implemente y evalué políticas públicas que contribuyan a mejorar la salud de los argentinos”.

El proyecto plantea que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, deberá tener en sus políticas planes, programas y en general en el funcionamiento de la administración, la finalidad de “informar, educar y fomentar la prevención de los factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles y transmisibles, de tipo infecciosas, derivadas de hábitos y estilos de vida no saludables”.

Entre los objetivos del programa se cuentan el fomento de la alimentación saludable, la promoción de prácticas deportivas, la difusión de las actividades al aire libre, acciones de autocuidado, que implican desarrollar habilidades que permitan optar por decisiones saludables que, incorporadas a las prácticas cotidianas, mejoren la calidad de vida del individuo, de la familia o de su comunidad; medidas de información, educación y comunicación y contribuir a disminuir obstáculos que dificultan el acceso a hábitos y estilos de vida saludables de las personas más vulnerables.