Minutos antes del vencimiento del plazo para inscribir las listas electorales, se presentó “El Cambio de Nuestras de Vidas”, un espacio que competirá dentro de Juntos por el Cambio (JxC) con Rubén Manzi como precandidato a gobernador y que se alinea con Horacio Rodríguez Larreta como precandidato a presidente.

De esta manera, se confirmó que Silvana Acevedo será la candidata a vicegobernadora y que Alfredo Marchioli competirá por la intendencia de la Capital. Mientras que Tiago Puente encabezará la lista de diputados provinciales, seguido por Natalia Saseta, Alejandro Paez y Vilma Chayle.

En tanto el actual diputado provincial por el Pro Catamarca, Enrique Cesarini, será quien encabece la nomina de precandidatos para la Cámara baja a nivel nacional.

Por su parte, en diálogo con medios locales, Manzi se refirió a la competitividad que puede existir en estas PASO. “A esta lista le tengo una confianza bárbara porque tenemos un desarrollo territorial mucho más potente” y concluyó aseverando: “con la política se nos da la oportunidad de cambiar la realidad”.

Por Lourdes López

Médico de profesión y diputado desde 2019, Rubén Manzi (CC-ARI/Catamarca) presentó un proyecto de ley que pretende fortalecer las capacidades del sector de la sanidad, tanto a nivel nacional como jurisdiccional, para hacer frente al desafío del cambio climático, reconociendo e implementando medidas que permitan mitigar las consecuencias nocivas que este fenómeno provoca sobre la salud de la población.

Es necesario determinar las áreas geograficas más vulnerables, según el punto de vista climatológico, a su vez establecer cuáles son los grupos poblacionales más expuestos a los diferentes tipos de efectos sobre la salud, identificando los puntos débiles de los sistemas que deben protegerlos, reforzando los procesos de planificación de las respuestas del sector de salud y especificando posibles intervenciones ante el fenómeno.

Es hora de desarrollar los instrumentos legislativos necesarios que vinculen el impacto del cambio climático con la salud y el desarrollo y permitan, respetando y protegiendo los derechos humanos relacionados con la temática, implementar la respuesta más adecuada”.

“Los sistemas de salud tienen un desafío con el cambio climático en adaptarse para poder atender las enfermedades que aparezcan y se expandan precisamente por el cambio climático por ejemplo el dengue: una enfermedad que se ha reinstalado en zonas que hace años no existía”, manifestó el legislador de la Coalición Cívica.

Otra de las metas del proyecto que enlaza salud y ambiente, busca desarrollar un plan de acción para alcanzar una meta absoluta e incondicional, aplicable al sector de la salud, de no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e), en el año 2030, en el marco del compromiso asumido en la actualización de la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina, que fue presentada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a fines de 2020 y actualizada a ese valor en la presentación de la “Actualización de la meta de emisiones netas de Argentina al 2030”, en octubre de 2021.

Por último, el autor del proyecto expresó la necesidad de realizar un plan de acción para futuras inversiones en sistemas e instalaciones sanitarias sostenibles y resistentes al clima, encaminado a la completa descarbonización de los servicios de salud para el año 2050.

Colaborando con las medidas para atenuar el Cambio Climático, “la Argentina tiene un compromiso asumido en los foros internacionales para adaptar el sistema de salud”, concluyó Manzi.

5325-D-2022

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados se reunió este martes para avanzar con varios dictámenes entre los que destacan la creación de programas nacionales de prevención de discapacidades en el recién nacido, y de informatización y digitalización de las historias clínicas; atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal; pubertad precoz; y reanimación cardiopulmonar en las escuelas.

La titular de la comitiva Mónica Fein (Partido Socialista) explicó que la iniciativa de creación de un programa nacional único de informatización y digitalización de las historias clínicas de la República Argentina “viene con dictamen del Senado”.

Respecto al tema, la diputada nacional Rossana Chahla (FdT) se mostró a favor y dijo que “es el momento de aplicar la tecnología en Salud”. Además, mencionó a la plataforma “Mi Argentina” (organizadora de registro de conducir y vacunas) como “el ejemplo para implementar este nuevo sistema a corto plazo”.

En esa misma línea, el legislador oficialista Daniel Gollán agregó que “el sistema sanitario presenta resultados negativos con relación al monto que se invierte”. A su vez, destacó que este proyecto de ley traerá la posibilidad de evitar “empezar desde cero cada vez que un paciente visita a un profesional de la salud”.

Por otra parte, relató que muchos pacientes pierden su historial médico por “falta de organización del sistema”, lo que genera que la sociedad no acceda completamente a los diagnósticos necesarios. “Muchas personas descubren enfermedades diez años mas tarde de su aparición por no tener cerca el historial médico y su tratamiento necesario”, enfatizó Gollán.

Con relación al sistema de salud en el interior del país, fue la diputada Carolina Gaillard (FdT) quien lo llevó al debate y sostuvo que “los pacientes de las provincias, cuando vienen a Buenos Aires,  deben sumar tramites de más por una pequeña dolencia, al no tener un sistema de historial clínico”. En tal sentido argumentó que “un sistema coordinado le facilitaría los tratamientos a las personas que vienen de todo el país”.

La diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) expresó la importancia que tiene la información cuando se accede de forma veloz. Por otro lado, Silvia Lospennato (Pro) pidió que, además de ser sancionada, “la ley tenga un seguimiento en concordancia con organismos nacionales”.

En última instancia, la legisladora oficialista Paola Vessvessian acompañó la ley y pidió que “sea respetuoso en función de los Derechos Humanos de las personas y que se trabaje de manera federal para garantizar la llegada del sistema a todo el país”.

Tras el consenso y firma de los diputados presentes, la presidenta de la comisión anunció “el dictamen favorable” de esta normativa. “Es importante la aprobación de este tema y es un gran paso que se convierta en ley”, sostuvo Fein.

El segundo tema para analizar fue el proyecto de ley sobre Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la Muerte Perinatal, donde la diputada Chahla propuso agregar “tener un Comité de asesoramiento genético” y “adherir al día 15 de octubre por el día internacional de la muerte perinatal”.

Además, manifestó que “el acompañamiento que implica la muerte perinatal no solo es una cuestión medica sino también psicosocial”. En ese sentido, propuso ayudar a investigar el motivo y la causa de las muertes para conocer “el causante en los diferentes casos”.

El diputado Gollán relató vivencias que le tocaron en épocas de estudiante y remarcó su preocupación sobre “el impacto en la vida real cotidiana”. También añadió que “vamos a tener que trabajar mucho para que lo que legislamos sea realidad y mejore a la calidad de vida de las personas que atraviesan una muerte perinatal”.

Sin emabrgo, el diputado nacional Rúben Manzi (Coalición Cívica) propuso tratar el tema de incorporación del artículo 10 en asesores sobre el asesoramiento genético mencionado por Chahla. “Adhiero a lo que ella plantea, pero es necesario avanzar con el dictamen”, subrayó.

Tras las diferentes opiniones, la titular de la comitiva enunció que “el proyecto pasará a la firma con el dictamen favorable”.

En tercera instancia, se trató la iniciativa de creación del Programa Nacional de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido, el cual llegó con aprobación del Senado, donde el radical Sebastián Salvador propuso agregar la Atrofia Muscular Espinal (AME) dentro las patologías a incluir en el proyecto.

Manzi adhirió al pedido de Salvador, pero junto a Gollán, pidieron por una ronda de consultas para profundizar el tema. A su vez, el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Rio Negro) agregó que “deben conocerse los costos de análisis de cada discapacidad en particular para la redacción final”.

En unanimidad, con las firmas correspondientes y “el compromiso a tratar lo que planteó Salvador”, Mónica Fein anunció el dictamen del proyecto de ley.

Al tratar el proyecto de ley sobre Pubertad precoz, unificado entre tres iniciativas, nuevamente Manzi recordó que “el año pasado hubo un planteo solicitando que el Ministerio de Salud de la Nación tome el tema para detectar de reportes originados en pandemia en ocurrencia de la pubertad precoz”.

“Hubo casos de aparición temprana de los caracteres sexuales en cuerpos donde el proceso puberal empezó a los cinco o seis años”, relató Manzi, quien además agregó que “eso genera una tormenta hormonal a destiempo y trae problemas al crecimiento de la talla de cada niño o niña”.

Además, explico que este proyecto busca “evitar secuelas para toda la vida y encausar en desarrollo sexual en lo fisiológico” y pidió que “el tratamiento de pubertad precoz sea gratuito”.

En esa línea, Carla Carrizo mencionó que “la medicación hormonal es costosa garantizar”, y consideró “necesario” la gratuidad para el universo de niños, niñas y adolescentes.

Respecto al tema, Carrizo expuso: “Es necesaria la ley porque evita la asimetría, garantiza accesibilidad en todo el país y el impacto emocional que antes no estaba cubierto”. Tras ello, el proyecto de ley pasa a la firma, con el dictamen favorable por mayoría.

En una breve exposición de la diputada Soledad Carrizo (UCR) se trató la iniciativa sobre Reanimación Cardiopulmonar en las escuelas. “Debe aprenderse en las escuelas, extendiéndose en el personal docente y no docente e incluir en la Ley de Deportes, porque el mayor riesgo se da en ámbitos no hospitalarios”, relató la legisladora radical. La iniciativa obtuvo el dictamen favorable y Fein dio el paso para que inicie la reunión conjunta con la Comisión de Discapacidad.

La Cámara de Diputados dio media sanción en la madrugada de este viernes al proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. La aprobación se alcanzó con 199 votos a favor, ninguno en contra y solo 4 abstenciones correspondientes a los diputados de la izquierda.

El proyecto fue el último de los tratados en la extensa sesión de la Cámara baja, que concluyó a las 3.22, al cabo de más de 15 horas de debate. En el caso de este último tema, la discusión arrancó en base a tres dictámenes, uno del oficialismo, otro de Juntos por el Cambio y un tercero de la izquierda. Las principales diferencias radicaban en la cuestión presupuestaria que hace a las becas. Sobre el final, antes de la votación, la diputada Blanca Osuna procedió a la lectura de una serie de modificaciones introducidas que fueron aceptadas por su par socialista Mónica Fein.

El proyecto con media sanción, que ahora deberá ser tratado en el Senado, tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.

Además, declara de interés público nacional la Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería en la República Argentina; y establece la creación de una Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería, como organismo de asesoramiento técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias para la mejora continua de la formación y el desarrollo del trabajo profesional de enfermería.

En esa comisión deberá haber representantes del Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud, organizaciones sindicales, instituciones de formación técnica superior, universidades y asociaciones profesionales de enfermería, quienes “actuarán ad honórem”, se aclara.

Asimismo, se crea en el ámbito del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, a fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros, incrementar el número de egresados y promover el desarrollo de la enfermería en todo el país.

En el texto, se promueve el derecho de enfermeras y enfermeros a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión, ya sea a través de la educación formal como de la formación continua en salud. En consecuencia, se estimulará e incentivará la movilidad entre las distintas calificaciones y certificaciones existentes.

También, se fomentará la profesionalización de los auxiliares de enfermería que actualmente sean parte integrante del sistema de salud, tanto público como privado. Y se dispone que a partir de los dos años de promulgada la ley, se prohíbe la formación de nuevos auxiliares en enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso.

La iniciativa contempla el otorgamiento de becas, que podrán ser renovables anualmente y el texto indica que “el monto anual de las mismas deberá actualizarse de forma previa al inicio de cada ciclo lectivo, debiendo definirse una escala progresiva en relación con el avance de estudio de la tecnicatura o licenciatura en Enfermería”.

Los discursos

Abrió el debate la titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la socialista santafesina Mónica Fein, quien destacó el papel de los enfermeros y enfermaras cuya contribución consideró “vital”, destacando que “la pandemia nos demostró la importancia que tiene su rol en nuestro sistema de salud”.

“Pero es necesario y urgente incrementar el número de enfermeras y enfermeros, además de promover y mejorar la formación de la enfermería. Y con este proyecto que vamos a aprobar vamos a mejorar por ley un programa que existe desde 2016 en el Ministerio de Salud y el de Educación, y que ha mejorado sustantivamente el número y la calidad de enfermeras y enfermeros”, resaltó.

Fein reconoció que en el mundo hay un déficit. Mientras en Europa y otros países hay 81 enfermeros cada 10 mil personas en nuestro país, no llegan a 35, además de registrarse “una distribución sumamente inequitativa”.

En ese sentido destacó que “en las grandes ciudades tenemos una concentración muy alta, mientras que en el resto del país no llegan a la mitad”.

“Es fundamental que en nuestro país se considere la formación como una política de Estado y se definan líneas estratégicas que contribuyan a estos objetivos”, señaló sobre el final, concluyendo que “es un gran paso para garantizar una mejor calidad y una mayor cantidad de enfermeros y enfermeras”.

A continuación, la presidenta de la Comisión de Educación, la entrerriana oficialista Blanca Osuna, resaltó el “profundo sentido humano” que tiene la práctica de la enfermería. Coincidió en que “faltan enfermeros, y eso se notó más durante la pandemia. Pero ahí estuvieron ellos y ellas”, resaltó la legisladora.

“Es importante destacar algunos sesgos y detalles que hacen a esta ley. Una tiene que ver con la profesionalización. No solo es despareja la distribución, sino que hay una diversidad de propuestas educativas: auxiliares, técnicos y técnicas y licenciados y licenciadas”, señaló, resaltando que “hay una decisión de que esa jerarquización en la profesión sea acompañada por las universidades, que van a tener un fuerte compromiso, junto al Ministerio de Educación y el de Salud, que deben trabajar coordinadamente en la materia”.

Para Osuna, “uno de los desafíos mayores es justamente la coordinación de distintas áreas. Van a tener ese desafío Salud y Educación”. Y agregó que “otra cuestión que tiene que ver con una decisión de acompañar con un incentivo económico para jerarquizar profesionalmente, sino a través de las becas”.

Recordó la diputada entrerriana que durante el Gobierno de Cristina Kirchner, el Plan Progresar dispuso toda una línea de becas para enfermeros y enfermeras. “El Pronafe es eso, y si bien hubo un período de gobierno donde las becas estuvieron congeladas, han tenido un incremento de montos y cobertura”, remarcó.

En el proyecto, agregó, se incorporan becas de posgrado y de acompañamiento que atienden las fases de la carrera.

Expresó además su deseo de que se esté “abriendo además un gran debate pendiente que tiene la Argentina sobre su sistema de salud. Poner en cuestión acompañar el proceso de formación de actores sustantivos, como son enfermeros. Dar este paso dependerá de la decisión política que conjuguemos oposición y oficialismo, y los distintos actores que van a participar del sistema: sindicatos, asociaciones, universidades, instituciones formadoras y los entes del Estado que asumirán esta responsabilidad con esta ley hoy”.

Expuso por uno de los dictámenes de minoría el diputado catamarqueño Rubén Manzi (CC), quien arrancó con un reconocimiento hacia el exdiputado Pablo Yedlin y la diputada Graciela Ocaña, sobre cuyos proyectos “hoy se llegó a esta síntesis”, dijo.

“La enfermería no es reconocida como debe”, observó, aclarando que “tampoco esta ley va a lograrlo, porque es bueno aclarar que no estamos legislando ni sobre las condiciones de trabajo, ni sobre la remuneración. Lo que estamos legislando, y no es poco, es intentando generar una corriente de mejora en la capacidad técnica, sobre todo destinado a ese 30% de auxiliares que hoy cumplen la tarea de enfermero a la par de técnicas y licenciados en enfermería”.

Manzi resaltó que el objetivo central de la norma es “generar una rápida y significativa expansión del número para acercarnos a ese ideal numérico al que hizo referencia la presidenta”.

“Pero a esta ley a mi criterio hubiese sido el ideal que tuviese un fuerte acompañamiento económico para establecer por ley el monto de becas y que sean ajustables en el tiempo –agregó-. Entendemos que la situación macroeconómica, el desplome económico, impiden que en este momento tomemos esta decisión. Así que vamos a tener que confiar en que el Poder Ejecutivo y los poderes ejecutivos siguientes le den la importancia nodal que los enfermeros y enfermeras tienen. Esos son un actor importante en el sistema de salud y eso tiene que ver con ir cambiando la visión medicocéntrica hacia una visión sistémica del sistema. Y esto también vale para lo siguiente. En esto no hay diferencias sustanciales entre las distintas fuerzas. En la importancia que le damos a la enfermería y la necesidad que todos reconocemos que la enfermería sea atendida y desarrollada como corresponde, creo que no hay grieta y que trabajemos en consecuencia para que esta ley no termine siendo una ley anodina por falta de recursos”.

“Esta ley va a permitir que haya más enfermeras en el país”, resaltó el diputado Gustavo Bouhid (UCR-Jujuy), quien habló de “la injusticia que tienen aquellos auxiliares de la enfermería que están haciendo el mismo trabajo que una enfermera profesional, pero no pueden cobrar el título, la misma cantidad de plata. Esta ley les permite la nivelación. Hay que tratar que todas las enfermeras tengan una formación universitaria”.

Pasadas las 3 de la madrugada, cerró el debate el diputado oficialista Daniel Gollan, quien arrancó descartando el cierre de la escuela de enfermería del Hospital Fiorito, como se expresó durante el debate. “Probablemente esta ley no resuelva todos los problemas, pero es un inicio, es un hito”, valoró, para destacar luego otra ley que prontamente será presentada: la que permitirá el reconocimiento del convenio 149 de la OIT. “Hoy estamos dando un paso fundamental para poner en valor lo que es la enfermería en nuestro país”, enfatizó el exministro de Salud.

Los cambios en el dictamen de mayoría

A las 3 de la madrugada, cuando los legisladores se aprestaban a votar la última ley puesta a consideración, la diputada Blanca Osuna pasó a leer los cambios acordados con la oposición que permitieron la amplia aprobación de la norma.

La primera modificación figuraba en el Capítulo II, referido a la autoridad de aplicación, que quedó así redactado: “Será el Ministerio de Educación, que podrá articular y cooperar con el Ministerio de Salud en todo aquello que sea pertinente”.

En ese mismo capítulo, el artículo 5° tuvo modificaciones de forma, mientras que en el ar´ticulo 7° se agregó después del Consejo Federal de Educación, el Consejo de Universidades.

Se introdujo un nuevo artículo: el 8°, referido a los requisitos mínimos. “A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad de formación, la Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de la Enfermería considera para las titulaciones de enfermería los siguientes requisitos, a los fines de la validez de las mismas: 1) contenidos curriculares mínimos; 2) perfil profesional; 3) carga horaria mínima; 4) criterios para las prácticas formativas”.

En el Capítulo V, hubo modificaciones en lo referente al Programa Nacional de Formación de Enfermería. En el artículo 13°, de objetivos, se incorporó el inciso K: “Favorecer y promover la creación de becas de posgrado, con el objeto de fortalecer los conocimientos y el trabajo de los proesionales de la enfermería en todo el territorio argentino. Tambén en las áreas de las especialidades críticas como terapia intensiva y neonatología”.

El Capítulo VI tuvo modificaciones en Formación continua profesional. Se incorporó el artículo 16°, de Articulación, que dice: “A los efectos de la mejora de la calidad de la formación en la enfermería, el Ministerio de Educación asistirá a través del INED y también promoverá la articulación a través de convenios entre las universidades y las instituciones formadoras para el desarrollo de ciclos de complementación curricular para alcanzar títulos de grado y de posgrado universitario en la materia”.

El artículo 17°, Reconversión de ofertas educativas de auxiliares en enfermería, dice: “A partir de los 2 años de promulgada la presente ley, se discontinua la formación en auxiliar de enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso”.

El Capítulo VII, Incentivos y aportes económicos a la formación, tuvo modificaciones en el artículo 22°, que responden a la remuneración, y los artículos 18° y 19° pasaron a ser 20° y 21°.

Las votaciones en particular se hicieron a mano alzada y Juntos por el Cambio votó en contra de los artículos 6°, 7°, 9°, 10° y 11°.

El diputado nacional Rubén Manzi (Colación Cívica – Catamarca) habló este viernes sobre el rechazo del radical Facundo Manes a firmar el pedido de Juicio Político contra el presidente y le contestó que “no podemos jugar de neutrales en una situación tan grave, no es una banalización”, y sostuvo que la frase de Alberto Fernández “fue tremendamente desafortunada y anticonstitucional”. Por otro lado, se refirió a los temas a tratar en la próxima sesión de Diputados prevista para el próximo miércoles y adelantó que la ley de enfermería “no” se trataría.

En una entrevista por DTV, Manzi apuntó contra el jefe de Estado por su comparación entre Alberto Nisman y el fiscal Diego Luciani: “El presidente violentó la constitución nacional, incurrió en una falta grave porque en una cuestión judicial que está en proceso. Direccionó, opinó y encima, desde el punto de vista comunicacional, fue terrible y homologó la situación de Nisman con Luciani, cuando todos sabemos que para la justicia fue asesinado y para gran parte del pueblo argentino”, y sumó: “Eso sonó a una velada amenaza”.

En ese sentido, se refirió al rechazo de Manes al pedido de juicio político que presentó el interbloque de JxC contra el presidente y le respondió: “No se banaliza la cuestión del pedido de juicio político. Manes entró en una contradicción muy grave porque él dice que hay que oponerse a las mafias y luego dice que es un exceso el pedido de juicio político. Ahora ¿nos oponemos a las mafias? sí, pero no le pidamos juicio político si pensamos que detrás de esto hubo una actitud cuasi mafiosa. Hay una contracción en sí misma”.

“No quiero dramatizar, pero cuando Manes puso su posición me acordé de esa frase de la Divina Comedia que dice que uno de los lugares del infierno está reservado para aquellos que en momentos de profunda crisis optan por ser neutrales porque en épocas de profundas crisis no cabe la neutralidad. Uno se puede equivocar, parte del pueblo argentino que cree que CFK es inocente o la otra parte que cree que es culpable, la equivocación existe en el hombre y la política, pero no podemos jugar de neutrales en una situación tan grave porque estamos hablando de uno de los delitos que la Constitución impone como de los más graves”, opinó el diputado catamarqueño.

Y agregó: “La ruptura de la continuidad constitucional y el hecho grave de corrupción en contra del Estado. Son delitos que están previstos en la Constitución Nacional y que dice que no serán pasibles de indulto”, y remarcó: “La situación es grave, no es una banalización”.

Por otro lado, al ser consultado por la sesión citada para el próximo miércoles en Diputados, en cuyo temario estaría la ley de enfermería, Manzi aclaró: “No creo que se trate porque me parece que hay un intento de que lleguemos a un acuerdo antes porque hay dos dictámenes. No nos han dicho de que haya voluntad de tratarla, pero en unos días la situación puede variar”.

Sobre el proyecto de Consenso Fiscal explicó: “Vamos a tener una sesión bastante movida. En el tema de Consenso Fiscal que es donde hay dos dictámenes y nosotros desde la Coalición Cívica nos oponemos a eso porque creemos que avanza en lo contrario de lo que hay que avanzar. Creemos en la idea y espíritu de Consenso Fiscal del gobierno de (Mauricio) Macri donde progresivamente a muchas actividades se les iba reduciendo el impuesto de ingresos brutos y ahora, lejos de reducirse, se va a incrementar y no estamos de acuerdo con eso. Sabemos que es un recurso para que se financien los estados provinciales, no estoy vetando eso”,

“Pedimos que los gobernadores también se sumen al plan de austeridad porque en muchas provincias se siguen haciendo gastos inútiles y se sigue, mientras que la situación de la gente es grave, el cinturón tanto del Estado nacional, provincial y municipal, lo deben ceñir todos, no solo la reducción del gasto fiscal tiene que ser a nivel nacional porque no vamos a salir y no está bien cargarlo a la gente de las provincias que sigan pagando más y más ingresos brutos porque el incremento de los ingresos cuando cae el pacto fiscal anterior terminó traduciéndose en inflación, encareció los productos de muchos servicios provinciales”, explayó el diputado e la CC.

Y finalizó al respecto: “Hay un dictamen que firmó el Pro y la UCR propio. La CC expresó públicamente que se va a oponer. No uno un dictamen único en JxC no adherimos al dictamen de mayoría”.

Ley de Salud Mental

Sobre el seminario sobre drogadicción que se dio en Congreso, explicó: “La Argentina puntualmente, y en el Congreso estamos en eso, tiene un vacío legal y nos está haciendo falta una ley que aborde la problemática de las adicciones. La Ley de Salud Mental actual no desarrolla esa problemática, solo la toca muy tangencialmente. Necesitamos una ley para el tratamiento prevención de adicciones”.

“Sería importante una ley que organice, mínimamente, una estructura para el tratamiento de adicciones para que después las distintas administraciones generen programas consistentes que, entiendo, no van a ser igual en cada provincia y municipio porque las realidades no son los mismos, pero necesitamos un marco nacional para el tratamiento y prevención de adicciones”, consideró Manzi.

Asimismo, señaló que “es un tema en el que oficialismo y oposición no hay grieta y se puede encaminar a discutir, pero esto toca un tema conflictivo que es la ley de salud mental. Hay mucha gente que cree que esa ley hay que cambiarla. Suscribo entre los que piensan que necesita algunas reformas, no es una ley para tirarla por la ventana. Tenemos que generar una ley aparte y puntal para el tema adicciones”.

“La Ley de Salud Mental lo que hace es dar valor, resaltar los derechos individuales lo cual está absolutamente bien. También deja la puerta abierta para que la justicia intervenga. En una situación de peligro inminente está prevista la internación sin el consentimiento de la persona”, precisó y cerró: “En muchas cosas la Ley de Salud Mental es letra muerta, por falta de voluntad política, por falta de voluntad de la autoridades, por falta de presupuesto quizás”.

La Comisión de Minería, que preside el diputado sanjuanino Walberto Allende (FdT), analizó una modificación al Código Minero para generar presupuestos mínimos ambientales para la actividad minera, y en ese sentido, uno de los autores del proyecto, el diputado Rubén Manzi (Coalición Cívica), sostuvo que, el objetivo es “estar en línea con todos los tratados internacionales que existen sobre el ambiente”. “Buscamos dotar a esta actividad de mayor certeza, seguridad y credibilidad internacional”, destacó el diputado.

Luego, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) se refirió a la modificación del Código de Minería (Ley 1919), respecto al artículo 1° sobre prohibición de actividad minera extractiva en los fondos marinos. “El cuidado de los océanos es vital para la vida del planeta”, indicó la legisladora, al tiempo que pidió “proteger nuestras especies marinas, nuestra pesca y nuestra soberanía”.

Según los fundamentos de la iniciativa, “en los últimos 10 años muchos países han promovido la exploración minera submarina sin que exista un marco internacional claro que evite los daños ambientales, como pérdida de biodiversidad, alteración del fondo del mar y generación de residuos mineros”.

La reunión se puso picante al principio, cuando se trató un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con la exportación de litio desde el año 2012, que cerca estuvo de ser aprobada por cuanto la oposición tenía más votos que un oficialismo al que le habían faltado varios legisladores. Finalmente el catamarqueño Rubén Manzi levantó el pie del acelerador y el proyecto pasó a ser debatido por los asesores. Lo  mismo se dispuso con la modificación de los artículos 22 y 23, del Código de Minería, sobre prohibición para la adquisición de minas; y la iniciativa sobre un bono de crédito fiscal de cancelación de obligaciones impositivas para los productores de creta, carbonato de calcio y carburo de calcio con destino a la exportación.

El diputado nacional Rubén Manzi (CC-ARI- Catamarca) abogó por la eliminación de cualquier tipo de intermediario en la administración de los distintos tipos de planes sociales que, con recursos del Estado Nacional, se reparten entre organizaciones sociales.

En tal sentido, afirmó que “los planes sociales en manos de los gobernadores van a terminar fortaleciendo los feudos”, en respuesta a la posición fijada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que días atrás se expresó a favor de quitarles la administración de los planes a las organizaciones sociales para entregárselas a gobernadores e intendentes, postura que también compartió el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

“Es real que no podemos seguir permitiendo que los dirigentes de las organizaciones sociales tengan de rehenes a los beneficiarios de los planes sociales, a quienes manipulan y utilizan políticamente”, sostuvo el legislador, quien agregó: “Pero tampoco estoy de acuerdo con que el manejo quede en manos de los jefes comunales o de los gobernadores”.

En tal sentido, detalló que “uno de los problemas graves de la Argentina es la democracia de baja calidad en el interior. Entregar la administración de esos planes a los gobernadores terminaría por acentuar la tendencia a crear feudos, unicatos donde el gobernador termina siendo jefe del gobierno, del partido político, de la Justicia y la legislatura, lo cual es sumamente dañino para la sociedad y para la democracia”.

“En Catamarca, si bien no existe ese nivel de concentración del poder, muchas de las acciones del gobernador Jalil tienen a hegemonizar el poder, desde la concentración económica, a la concentración del manejo político”, afirmó e insistió: “Los planes sociales en manos de los gobernadores van a terminar fortaleciendo los feudos”.

El legislador nacional sostuvo que los planes “son recursos del Gobierno nacional puestos en función de la gente que por alguna circunstancia carece de ingresos regulares, y deben ser cobrados en forma directa, a través de la bancarización y sin intermediarios de ningún tipo”.

También cuestionó que “la concentración de la gran cantidad de personas que hoy dependen de un plan -alrededor de 1,2 millones de personas en todo el país- está generando situaciones graves, donde los cabecillas de estas organizaciones retienen porcentajes de los magros ingresos que representan estos planes”.

“Están concentrando recursos millonarios para financiar sus organizaciones a costa de la pobreza, con lo cual, termina siendo redituable para estas organizaciones que la gente no tenga trabajo, que no pueda progresar, porque mientras más gente se caiga del sistema, más poder acumulan estas organizaciones; es un círculo vicioso macabro al que hay que ponerle un coto”, cuestionó.

Y finalizó que para ellos “el Gobierno tiene que dejar de discutir quién ‘gerencia’ la pobreza y comenzar a pensar alternativas para comenzar a incorporar a toda esa masa de gente al trabajo formal”.

Vicepresidente 2° de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, el catamarqueño Rubén Manzi llevó la voz cantante de la mayoría de las modificaciones que se buscaron introducir a la norma. En primer lugar, para el inciso “a” del artículo 1° el legislador de la Coalición Cívica propuso ampliar a la enfermedad de la lepra el espectro alcanzado por la norma, quedando redactado de la siguiente manera: “La respuesta integral e intersectorial para enfermedades infecciosas crónicas de transmisión interhumana tales como el virus de inmuno deficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual (ITS), la tuberculosis (TBC); la lepra y otras que por su evolución, características e impacto sean homologables a estas.

Propuso también agregar un inciso “f” que diga “la promoción del establecimiento de nuevos centros de testeos como estrategia para lograr efectuar mayor cantidad de diagnósticos”, y un inciso “g” que diga “la disponibilidad de los medicamentos en el lugar de residencia de residencia del paciente, con el fin de facilitar su adherencia al tratamiento”.

La presidenta de la comisión, Mónica Fein, aceptó incorporar los citados incisos “f” y “g”, mas no el pedido de sumar otras enfermedades, por cuanto consideró que “esta es una ley integral que inclusive incorpora un régimen previsional, y dejar abierta a otras enfermedades podría generar un universo que no conocemos”.

El diputado Gustavo Bouhid propuso modificar el artículo 3° estableciendo que “la asistencia será general universal y gratuita para aquellas personas que carecen de cobertura médica, quedando a cargo de las entidades comprendidas en este artículo las prestaciones correspondientes a los tratamientos de los afiliados”. Fein aclaró que no aceptaban la modificación por cuanto “se sobreentiende que la asistencia es integral, universal y gratuita como concepto, y obviamente quien tiene obra social o prepaga aporta a partir de esa adhesión a la garantía de la cobertura integral y que no sea un pago de coseguro cuando se tiene la consulta”.

Antes de votar, el diputado Alejandro Cacace aclaró que tal cual se había conversado proponían al final del artículo que diga “y las distintas herramientas e innovaciones de la estrategia de la prevención combinada”, y esa incorporación sí fue aceptada.

Respecto del artículo 8°, el diputado Manzi reiteró lo que había dicho durante el debate respecto de las pruebas de diagnóstico para trabajadores de la salud que pudieran tener un intercambio accidental de sangre con el paciente. Y entre silbidos desde los palcos leyó cómo quedaría el texto: “Se prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras ITS en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral, exceptuando las relaciones con actividades que estén expuestas a un intercambio accidental de sangre del postulante con sangre de terceros y que por ello requieran la constatación de posibles accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, además de resguardar la salud de terceros afectados. No podrá condicionarse la permanencia o promoción en los puestos de trabajo a la realización o al resultado de esta prueba”. La presidenta de la comisión rechazó las modificaciones propuestas.

Llegando a la parte relacionada con Derechos laborales, el diputado Alejandro Cacace propuso para el inciso “a” del artículo 9°, teniendo en cuenta que muchas veces se producen despidos con otras aparentes justificaciones, pero que tienen que ver con que la persona tiene HIV, sumar al final la siguiente incorporación: “Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y/o TBC ITS o TBC, obedece a razones de discriminación”.

Manzi sumó en el inciso “c”, que dice “el derecho a no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo”, la frase: “en los casos de HIV y hepatitis virales”. Esto es por cuanto en casos de tuberculosis se podría poner en riesgo a los compañeros de trabajo.

Ahí se produjo una confusión, pues la presidenta de la comisión aceptó en principio la modificación propuesta por Cacace y no la de Manzi, aunque inmediatamente se desdijo y aclaró que la aceptación y rechazo era al revés. Con una sonrisa, el presidente de la Cámara la corrigió: “Yo entiendo que es al revés, diputada. Entiendo que es al revés, se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Cacace, no se aceptan las propuestas por el diputado Manzi”, precisó Sergio Massa.

En cuanto al artículo 17°, el diputado Manzi sugirió incluir un párrafo destinado a las personas que en función de su residencia están alejadas de los centros asistenciales a los cuales deben concurrir: “Establécese asimismo la obligatoriedad de ofrecer al paciente el seguimiento del tratamiento y la provisión de los medicamentos en su lugar de residencia”. Mónica Fein aceptó la modificación.

A continuación, Mónica Fein pidió la reconsideración del artículo 15°, donde retiraron del texto lo referido a las hepatitis B y C. dicho artículo refiere a “la realización y/o procesamiento de las pruebas diagnósticas para la detección de VIH”, para las cuales “es requisito suficiente la solicitud y firma del consentimiento informado de la persona interesada”.

Al llegar al segmento correspondiente a la “seguridad social”, Alejandro Cacace se refirió a la creación de los regímenes previsionales de excepción y para el artículo 24° propuso poner: “Se presumen cumplidas las condiciones para acceder al beneficio establecido en el artículo 17° inciso ‘c’, de la Ley 24.241 para las personas con VIH y/o hepatitis B y C que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 25° de esta ley”.

La presidenta de la Comisión de Salud rechazó la modificación, y a continuación pidió la palabra Maximiliano Ferraro para expresar que “no me parece habilitar en términos de este debate que producto de las dos cuestiones que hacen a la seguridad social, pensiones no contributivas y adelanto de la edad jubilatorias, considerarlos como un régimen especial o de privilegio”.

“Uno puede respetar las opiniones que tiene cada uno con respecto a la situación actual de las jubilaciones, pero, ¿sabe qué siento? Pagan justos por pecadores, porque este Congreso de la Nación históricamente mira a otro lado en el otorgamiento de jubilaciones de privilegio que son escandalosas y acá estamos hablando de que en la Argentina hay 130 mil personas diagnosticadas con VIH, que se está estableciendo qué es una contributiva para personas de alta vulnerabilidad social, pero que esos 130 mil que hoy conocen su serología, tienen que tener 20 años de aporte y 10 años de diagnosticada. Yo respeto la opinión que pueda tener la mayoría de mi interbloque y el resto de los diputados, pero lo que no quiero es que se instale en una cuestión de reparación histórica, en una cuestión de reconocimiento, que es un sistema de jubilación de privilegio o un régimen especial”.

En cuanto al artículo 30°, referido a las pensiones no contributivas para personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, de carácter vitalicio y no contributivo, que se encuentren en situación de vulnerabilidad social. “Tal dictamen no define qué es la vulnerabilidad social ni a quién aplica”, señaló el diputado Cacace, por lo cual sugirió sumarle al final la aclaración: “cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. El trabajo en relación de dependencia no impedirá el goce de la pensión indicada en el presente artículo. Esta pensión será compatible con otros beneficios sociales”. En rigor, aclaró que esa frase correspondía a un anterior dictamen cuya autoría atribuyó a Carolina Gaillard y otros diputados. La diputada entrerriana intervino para aclarar que eso había sido consultado con la ANSeS, organismo que avaló el régimen especial de jubilaciones, entendiendo que no era de privilegio, y en cuanto a la pensión no contributiva “sugirieron la redacción actual del artículo 30°, por eso vamos a sostener la redacción actual, porque están hechas las consultas con los organismos pertinentes”. Obviamente no se aceptó la modificación de JxC.

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Rubén Manzi (CC-ARI) presentaron un proyecto de ley para crear un “Banco Nacional de Guarda de Tejido Germinal y Gametos de Niñas, Niños y Adolescentes” menores de 18 años, para preservar su fertilidad en etapa adulta, ante un eventual daño colateral por tratamientos para patologías oncológicas, metabólicas, autoinmunes u otras.

La iniciativa surge como propuesta de María Itatí Albamonte, presidenta de la Sociedad Argentina para la Preservación de la Fertilidad, organización que hace años viene trabajando en pos de la creación de este banco que amplifique las posibilidades de preservación de la fertilidad de niños, niñas y adolescentes.

El cáncer, como otras patologías distintas a las oncológicas que puedan sufrir chicos o adolescentes, ponen en riesgo su vida y su futuro como padres o madres, ya que los tratamientos como la quimioterapia o radioterapia destruyen los óvulos y espermatozoides como daño colateral. El objetivo fundamental del proyecto presentado es preservarlos antes de que sea tarde.

Los ovarios y los testículos, que están expuestos tanto a los efectos citotóxicos de las drogas quimioterápicas u otras, como a los daños inducidos por métodos físicos como la radioterapia, sufren un daño irreversible conllevando en muchas ocasiones a la esterilidad del individuo.

La criopreservación de óvulos, semen o tejido germinal de ovarios o testículos son técnicas que pueden ser utilizadas para preservar la fertilidad futura en pacientes. En ese sentido, el proyecto tiene por objeto la generación de un banco, de carácter público y nacional que brinde los servicios de congelamiento de tejido ovárico y semen para niños y adolescentes que por indicación médica deban preservar su fertilidad por poseer alguna patología que implique la realización de un tratamiento que ocasione daño en sus gónadas.

“La importancia de contar con los medios para salvaguardar la salud integral de los niños, niñas y adolescentes radica en poder brindar un horizonte post-tratamiento y ofrecer una vida plena, lo que mejora ampliamente el ánimo de los pacientes y aumenta las posibilidades de curación”, explicaron los autores del proyecto de ley.

De acuerdo al texto, todos los servicios prestados por el banco serán gratuitos para los titulares de los tejidos biológicos; mientras que sus principales funciones serán las de transportar, procesar, conservar y almacenar el material biológico de acuerdo a técnicas y procedimientos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación; entregar en condiciones el material bajo guarda a pedido del titular; y garantizar la calidad y bioseguridad de los procedimientos.

Asimismo, deberá organizar, administrar y actualizar de manera continua un registro de lotes de tejido germinal o gametos, de forma de asegurar la trazabilidad del material biológico; y coordinar protocolos y pautas de acción comunes con otros organismos públicos o privados relacionados con su competencia.

El legislador catamarqueño Rubén Horacio Manzi (Juntos por el Cambio) cuestionó la iniciativa de ley que impulsa el senador coterráneo Dalmacio Mera (Frente de Todos) que propone la quita de tierras del INTA en esa provincia para que se construya viviendas sociales, lo que generó la reacción de las entidades agrarias.

En su cuenta de Twitter, Manzi afirmó: “No avalamos la destrucción del Estado en nombre del populismo. Defendamos el INTA”, remarcó.

Al igual que el diputado de Juntos por el Cambio, la Federación Agraria, el Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca y la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica rechazaron la propuesta de Mera, que ya tiene media sanción de la Cámara alta.

La media sanción de Mera

La iniciativa del senador nacional del Frente de Todos por Catamarca pretende la transferencia a título gratuito a la mencionada provincia del inmueble que detenta el Estado nacional ubicado en la Ruta Provincial 33 KM 4, en el departamento de Valle Viejo, con el objetivo de “impulsar un reordenamiento y rediseño urbano, construcción de escuela, complejo deportivo, obras de parquización y espacios verdes”.

Para Mera, el lugar en cuestión “se trata de una zona de viviendas familiares y no resulta adecuado el funcionamiento de una agencia experimental rural”.

Sin embargo, Manzi no acuerda y publicó en su cuenta de Twitter el hastag “defendamoselcampo”.

El rechazo de un grupo importante de entidades vinculadas a la actividad agropecuaria se debe a dichas tierras se encuentran bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y forman parte de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca del INTA, en la que se llevan adelante tareas de investigación, experimentación y extensión en apoyo a la innovación y al desarrollo regional, a través de sus laboratorios de suelos, de aceites y grasas, ensayos experimentales de cultivos de interés regional, plantaciones de olivos, higueras y nogales que constituyen colecciones históricas, producto de décadas de investigación, entre otras actividades de alto impacto para la región y el país.

Durante la mañana de este sábado, los presidentes de los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio en Catamarca se reunieron con Maximiliano Ferraro, presidente de la CC-ARI a nivel nacional, para analizar cómo llega la oposición al proceso electoral que está en marcha. En ese marco coincidieron en que “vamos a consolidar nuestro espacio proponiendo las mejores candidaturas para darle pelea al oficialismo y construir una alternativa de cambio y esperanza para los catamarqueños”.

Francisco Monti, presidente de la UCR; Enrique Cesarini, por el Pro, y Rubén Manzi, de la CC-ARI Catamarca, dialogaron con Ferraro sobre la coyuntura política de la provincia.

Este diálogo fue el puntapié inicial a las negociaciones de cara al cierre de las listas que competirán en las PASO de septiembre y las generales de noviembre, fecha que vence el próximo sábado.

Los diputados nacionales de la CC ARI Maximiliano Ferraro y Rubén Manzi visitaron este jueves la capital santiagueña donde se reunieron con organizaciones como las Madres del Dolor, Las Julietas, y el Comité contra la Injusticia y la Impunidad para interiorizarse de las denuncias por graves hechos de violencia institucional en los que estarían involucradas las fuerzas de seguridad de la provincia y personas ligadas al poder local.

Por su parte, Ferraro señaló que su visita a la provincia fue para “poder escuchar, acompañar y poder visibilizar lo que está sucediendo en muchas provincias de nuestro país, pero particularmente en Santiago del Estero que se expresan a través de las Madres del Dolor”.

“Uno siente mucha conmoción interior de lo que pasa en nuestra patria”, expresó a su vez, el diputado Manzi y advirtió sobre la importancia de “mostrar este rostro oculto, cruel, autoritario y hegemónico de muchos gobiernos de la Argentina”.

En el primer encuentro, los legisladores recibieron un informe que pide la intervención del Poder Judicial de la Provincia donde se detallan numerosas causas de homicidios, desaparición forzada de personas, tormentos que habrían sido perpetrados por efectivos policiales y que fueron deficientemente investigados por la Justicia.

Durante la tarde, el presidente de la CC ARI nacional y el diputado por Catamarca acompañaron una radio abierta que realizaron las organizaciones en la Plaza Libertad, en el centro de la ciudad.

Por otra parte, Manzi y Ferraro se reunieron en la sede local de la CCARI con dirigentes de las tres fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio, además de dirigentes sindicales de distintos sectores.

Allí, el presidente de la CC ARI nacional y el diputado instaron a la dirigencia a trabajar para consolidar una unidad que permita mostrar una opción válida y fortalecida para las próximas elecciones.

En Santiago del Estero, el oficialismo concentra 33 de las 40 bancas en la legislatura provincial y no hay representantes de la oposición en ninguna de las cámaras del Congreso de la Nación.

El jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y su par por Catamarca Rubén Manzi viajarán este miércoles a la provincia de Santiago del Estero para acompañar a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que denuncian una supuesta violación de los derechos humanos en el marco de la pandemia.

En agosto de 2020, Manzi presentó un informe sobre violencia institucional en el Noroeste Argentino, por presuntos abusos cometidos por los gobiernos de las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, con la excusa de la cuarentena.

La investigación releva “decenas de casos de hechos de violencia institucional” que se registraron entre el 20 de marzo y el 17 de julio del 2020. A través de entrevistas con los afectados, se denuncia “desde el abuso de poder de funcionarios públicos de distintos niveles – como persecuciones y hostigamientos -, hasta torturas que causaron lesiones graves y hasta la muerte en algunos casos”. Entre los más graves se encuentran el caso de Mauro Coronel, fallecido después recibir apremios tras su detención; y el de Franco Isorni, que oficialmente fue considerado como un accidente de tránsito aunque su familia asegura que fue asesinado.

“Es intolerable e inadmisible el estado parapolicial y la violación sistemática a los derechos humanos que lleva adelante el gobernador Gerardo Zamora. Vamos a acompañar a los santiagueños en sus reclamos y luchas, así como lo hicimos en Formosa. La situación sanitaria no es excusa para violar los derechos humanos”, aseguró Ferraro.

Por su parte, Manzi destacó que “la visita busca fortalecer a los santiagueños que le dicen basta a la violencia institucional ejercida por un régimen autoritario”.

Los diputados se reunirán este jueves a las 10 con los integrantes del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad, y a las 18 brindarán una conferencia de prensa en el Hotel Libertador, ubicado en la calle Catamarca entre Belgrano y 24 de Septiembre. A las 19 se realizará una importante concentración en la Plaza Libertad de la Ciudad de Santiago del Estero.

El viernes tienen previsto visitar en la ciudad de Loreto, a 40 kilómetros de Santiago, a la familia Jaimez, en el día del aniversario de la muerte de Felipe Jaimez, víctima de violencia institucional, donde se realizará una misa. Por la tarde mantendrán una reunión con pobladores de Añatuya. 

El diputado nacional de la CC ARI por Catamarca Rubén Manzi exigió que se inicie una investigación a nivel nacional sobre el manejo de la vacuna contra el Covid-19. “Es urgente investigar si hubo vacunatorios VIP para funcionarios, familiares y amigos en todo el país”, aseguró el diputado y reclamó que el Ministerio de Salud de la Nación se encargue de transparentar y establecer criterios uniformes de la campaña de vacunación”, señaló el diputado riojano.

“Esto ya venía ocurriendo en distintas provincias; en el caso de Catamarca, hay dos intendentes del oficialismo, personas jóvenes que se vacunaron apenas llegó la primera partida de la Sputnik V, pasando por encima del personal médico y de las personas de riesgo”, alertó Manzi en referencia a la intendenta de Fiambalá Roxana Paulón y el jefe comunal de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra.

Manzi agregó que “Paulón se justificó señalando que en su caso ‘fue elegida por el pueblo para tomar decisiones’, mientras reconocía que había personal médico dentro de su distrito que no había recibido su dosis y dijo también que ‘todo el gabinete’ del gobernador Raúl Jalil se había vacunado sin tener en cuenta edad ni situación de riesgo”.

Ante esta situación, y los casos que trascendieron públicamente de distintas provincias, Manzi señaló que: “Es evidente que la práctica de vacunar primero a los amigos del poder no fueron casos aislados, por lo tanto, es necesario que haya una investigación a nivel nacional sobre qué destino tuvieron las partidas de vacunas que fueron distribuidas desde fines de diciembre”.

“Lo que se hizo hasta ahora, provocó que el plan de vacunación más importante de las últimas décadas termine en este vergonzoso escándalo de corrupción; creo que las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación deben dejar de mirar para otro lado; dejar de excusarse en la autonomía de las provincias y hacerse cargo de que se cumplan con los criterios de vacunación”, sostuvo el legislador nacional que integra la Comisión de Salud de la Cámara baja, y reclamó: “Ya bastante desilusión sufrió el ciudadano de a pie con las promesas de los millones de vacunas que todavía no llegaron, con la economía que se cayó a pedazos y ahora con esta estafa de los vacunatorios VIP”.

Por último, Manzi consideró que debe haber una “secuencia de prelación única de la vacuna en todo el país. No puede ser que cada distrito altere el plan de vacunación como se le antoje y que todo termine, de nuevo, en un caos”.