El sanjuanino, hermano del actual gobernador, se encuentra lúcido y sin déficit neurológico, según el reciente parte médico.
Tras sufrir un ACV, evoluciona favorablemente el senador nacional Rubén Uñac (FNyP-FdT), según se informó en un reciente parte médico de la clínica El Castaño, ubicada en la capital de la provincia de San Juan, a donde fue trasladado de urgencia el pasado viernes.
En un escueto texto, se indica que el legislador muestra “buena evolución clínica” y se encuentra “lúcido, asintomático, sin déficit neurológico” y “se moviliza por sus propios medios”. Agrega que es sometido a “control y seguimiento clínico continuo”.
Uñac fue internado en el comienzo del fin de semana largo tras presentar un cuadro de ACV con hemorragia cerebral subaracnoidea.
El senador, que finaliza su mandato en diciembre, fue candidato a gobernador de su provincia este año cuando la Corte Suprema le impidió a su hermano Sergio ir por una nueva reelección.
De 59 años de edad, fue vicegobernador de San Juan entre 2007 y 2011. En la Cámara alta forma parte de la bancada oficialista y preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
Se trata del sanjuanino Rubén Uñac, quien se encuentra internado en una clínica de su provincia. El parte médico.
Fue un año intenso el del sanjuanino Rubén Uñac este 2023, y no precisamente de buenas noticias. Fue candidato a gobernador de su provincia cuando la Corte Suprema le impidió a su hermano Sergio ir por una nueva reelección, y le fue mal, cayendo ante el diputado nacional Manuel Orrego.
Ahora sus problemas tienen que ver con la salud: debió ser internado tras sufrir un ACV.
La noticia la difundió el Diario de Cuyo, que contó que el accidente cerebrovascular de Uñac lo sufrió en las últimas horas del viernes último. Hubo un comunicado oficial sobre el tema, que precisó en base al parte médico que el senador nacional sanjuanino presenta un cuadro de ACV hemorrágico, con hemorragia cerebral subaracnoidea.
No se descarta que pueda practicársele una cirugía, pero está lúcido y no presenta déficit neurológico alguno.
El legislador se encuentra internado en la Clínica El Castaño, con riguroso seguimiento en colaboración con el Servicio de Neurocirugía.
Uñac tiene 59 años y su mandato como senador vence a fin de año. Fue vicegobernador de su provincia entre 2007 y 2011. Tiene dos hijos.
El oficialismo reconoció la derrota. El lema de José Luis Gioja superó al de Rubén Uñac.
Se confirmaron los pronósticos más optimistas que adelantaban la posibilidad de que el candidato de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, se impusiera este domingo en los comicios de la provincia de San Juan.
En efecto, el diputado nacional de JxC se impuso en los comicios sanjuaninos, que registraron baja participación, en una elección regida por una suerte de Ley de Lemas en la que la suma de los lemas de Rubén Uñac y José Luis Gioja no superaba a la de Orrego.
En rigor, el diputado opositor se impuso por la fuerte ventaja alcanzada en la capital sanjuanina, en tanto que en el interior ganaba, pero por menos margen la sumatoria del peronismo. Y un dato también sorpresivo era que el segundo lugar era ocupado por el exgobernador y actual diputado nacional José Luis Gioja, que superaba al senador Rubén Uñac, hermano del gobernador Sergio Uñac.
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, reconoció el triunfo de la coalición opositora Unidos por San Juan con estas palabras: “Siendo las 21 y, de acuerdo a nuestros cómputos, vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan. Hemos tenido una comunicación con Marcelo Orrego, lo he felicitado, he quedado a disposición para realizar la transición”, expresó Uñac en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno.
“Así como acatamos el fallo de la Corte, que nos pospuso esta elección para esta categoría, tengo que acatar el resultado que ha expresado la provincia, porque soy un hombre de la democracia”, agregó el mandatario provincial, que será candidato a senador nacional en los próximos comicios nacionales.
Contabilizado más del 95% de los votos, Unidos por San Juan, la agrupación que representa a JxC en la provincia, vinculada a Juntos por el Cambio a nivel nacional, se alzaba con 211.499 votos (50,96%), contra 184.472 (44,45%) de San Juan por Todos.
Orrego agradeció a los otros candidatos que formaron parte de su frente, pero también saludó a José Luis Gioja y Rubén Uñac. Anticipó que “vamos a trabajar en resolver los problemas que la gente no puede resolver sola”.
Se manifestó conocedor del perfil de la provincia y aseguró que “hay muchas cosas que cambiar y no me va a temblar la mano para hacerlo”.
“San Juan va a ser el motor de la recuperación de la Argentina, donde le vamos a ganar el peronismo y vamos a iniciar el cambio definitivo que va a hacer que en este país todos vivamos mucho mejor”, aseguró.
“Felicitaciones Marcelo y Fabián por la histórica elección que hicieron”, saludó Horacio Rodríguez Larreta desde el bunker de Juntos por el Cambio en la ciudad de San Juan, adonde arribó acompañado por Miguel Pichetto, presidente de encuentro Republicano Federal y precandidato a diputado nacional; Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno de la CIudad de Buenos Aires; Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y precandidato a diputado nacional; José Luis Espert, precandidato a senador nacional; y Waldo Wolff, precandidato al Parlasur.
“Hace 20 años que gobiernan los mismos en la provincia y una vez más intentaron todas las trampas posibles para seguir perpetuando en el poder. Hoy los sanjuaninos dijeron basta”, afirmó.
Frente a los miles de militantes reunidos, el precandidato a presidente sostuvo: “Estoy convencido de que la forma de ponerle fin a las trampas, los privilegios y el atraso es con una coalición amplia y plural, como acá en San Juan, donde diferentes espacios que comparten valores y la convicción de cambiar San Juan se unieron para poder ganarle al feudalismo provincial”.
Asimismo Larreta se refirió a Marcelo Orrego como ejemplo de trabajo y dedicación y alguien con quien se siente identificado: “Un tipo que labura, que conoce los problemas; venimos trabajando juntos hace muchos años y se cuánto se preparó para esto”, valoró.
Luego de la postergación impuesta por la decisión de la Corte Suprema de prohibirle a Sergio Uñac ir por otra reelección, la provincia cuyana define quién la gobernará a partir del 10 de diciembre.
La provincia de San Juan se suma este domingo a las provincias que desdoblan sus elecciones y elige a quien la conducirá a partir de fin de año. En efecto, Sergio Uñac se despedirá el próximo 10 de diciembre de la gobernación que ocupa desde 2015, y luego de fracasar su intento reeleccionista, propone que lo suceda su hermano, el senador nacional José Rubén Uñac.
Más de 579 mil votantes están habilitados para participar de las elecciones de este domingo que se realizan con el Sistema de Participación Democrática (Sipad), que no es ni más ni menos que una Ley de Lemas que se ha puesto en marcha en la provincia a partir de esta elección. No fue el único cambio implementado para estos comicios, pues también se eliminaron las PASO en la provincia.
El senador Uñac, que ya fue vicegobernador entre 2007 y 2011, en ese momento de José Luis Gioja, no es el único legislador que se postula en esta elección. También lo hace precisamente Gioja, quien ya fue gobernador en tres oportunidades (desde 2003 a 2015) y ahora compite dentro del espacio oficialista, aunque fuertemente enfrentado con el gobernador Uñac, que fue vice suyo entre 2011 y 2015.
El tercer legislador que participa de estas elecciones es de Juntos por el Cambio, el diputado Marcelo Orrego, donde también hay un lema que encabeza un exdiputado, Eduardo Cáceres.
Diez son las fórmulas que participan de estas elecciones. En el caso de Uñac, es acompañado por el intendente del departamento de San Martín, Cristian Andino, y conforman el lema “Vamos”, dentro del oficialista “Todos por San Juan”. Gioja, que va con el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, compite por el sugerente “Volver”.
Orrego va con el intendente de Rivadavia Fabián Martín.
El senador nacional irá por la gobernación de San Juan luego que la Corte Suprema inhabilitara al actual mandatario.
Luego que la Corte Suprema de Justicia inhabilitara a Sergio Uñac a ir por la re-reelección, el actual mandatario oficializó como candidato a gobernador a su hermano, el senador nacional Rubén Uñac.
El anuncio fue realizado por el propio mandatario en un acto público realizado en un local del departamento Rivadavia, al oeste de la capital. Allí volvió a cargar contra la Corte Suprema que lo inhabilitó a él para competir, y anticipó: “En la elección del 2 de julio vamos a tener que fortalecer desde San Juan las autonomías provinciales que se han vulnerado con una resolución judicial que nada tiene que ver con la voluntad de los sanjuaninos”.
El candidato a vice de Uñac será Cristian Andino.
El Tribunal Electoral provincial había puesto como fecha límite el 6 de junio para la presentación de la nueva fórmula por parte del oficialismo local.
Rubén Uñac ingresó como senador por la mayoría en las elecciones legislativas de 2017, es decir que el próximo 10 de diciembre culmina su mandato en la Cámara alta. Este año, San Juan será una de las ocho provincias que renueve a sus representantes en el Senado de la Nación.
El pasado 14 de mayo, dada la cercanía con el primer fallo de la Corte -el 9 de mayo-, en la provincia se votaron los cargos locales con las boletas que tenían a Sergio Uñac en la foto. El oficialismo triunfó en la mayoría de los departamentos, aunque perdió la capital ante Juntos por el Cambio, de la mano de la diputada nacional Susana Laciar.
En la provincia cuyana, donde se votará con Ley de Lemas, también compiten por la gobernación dos diputados nacionales: Marcelo Orrego, por Juntos por el Cambio; y José Luis Gioja, que enfrentado con Uñac participará bajo el sello “San Juan Vuelve”.
Se trata de los legisladores sanjuaninos Cristina López Valverde y Rubén Uñac. La inauguración de la muestra será el miércoles a las 12 en la estación Congreso de la Línea A de subte.
Los senadores nacionales Cristina López Valverde y Rubén Uñac, ambos del FdT por la provincia de San Juan, llevarán a cabo este miércoles a las 12 la inauguración de la Muestra “Difunta Correa, símbolo de fe y protección” que se exhibirá hasta fin de mes en la estación Congreso de la Línea A de Subte, en colaboración con Juan Cruz Dávila Sirera, director de la Casa de San Juan en Buenos Aires, y la Fundación Difunta Correa.
En la vitrina, ubicada en la estación de subterráneo, será montada una réplica del santuario de la Difunta Correa, ubicado en Caucete, San Juan. Deolinda Correa fue una mujer sanjuanina que atravesó el desierto con su bebe en brazos, en busca de su marido que había sido reclutado para la guerra a mediados del siglo XIX. Cuentan los relatos que murió de sed, pero su hijo sobrevivió milagrosamente mamando de su pecho.
A dos siglos de su primer milagro, el santuario recibe más de un millón de visitantes por año y alberga infinitas muestras de fe. Como gesto simbólico, miles de peregrinos depositan en todos los rincones del paraje botellas con agua, como una dádiva a la agonía que en su momento atravesó la deidad sanjuanina.
Tal es su importancia en la cultura de San Juan, que el año pasado la Senadora Cristina López Valverde, junto con sus coterráneos, presentó un proyecto de ley para declarar Patrimonio Inmaterial de la Nación al ritual y prácticas que se celebran anualmente en el Paraje de la Difunta Correa, el cual ya obtuvo media sanción y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Esta exhibición, que se podrá visitar durante todo el mes de noviembre, pretende posicionar el paraje como destino turístico sustentable y acercar al público general la gestión estatal para mejorar el lugar y proteger el acervo cultural, y difundir la leyenda de la Difunta Correa, y la importancia de su ritual y prácticas.
Durante la tercera jornada que se celebró este martes, expusieron dos especialistas. El plenario se reanudará la semana que viene con la visita de la secretaria de Minería.
Tras un cuarto intermedio, se reanudó este martes en el Salón Illia del Senado la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que presiden el sanjuanino Rubén Uñac (Frente Nacional y Popular) y la bonaerense Gladys González (Pro), respectivamente, para continuar el tratamiento sobre el plan de cierres de minas y su impacto ambiental.
Se pusieron a consideración los proyectos presentados por la senadora Gladys González, que reproduce el proyecto de ley sobre cierre de trabajos mineros; la senadora de Catamarca Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular), que establece las obligaciones y procedimientos para el plan de cierre de minas, y el senador chaqueño Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), sobre presupuestos mínimos de protección ambiental en el cierre de minas, garantía ambiental.
Con el fin de debatir los procedimientos, presupuestos mínimos y protocolos necesarios para un plan de cierre de minas que regule la actividad y su correspondiente protección ambiental, en esta oportunidad expusieron José Alfredo Pizone, presidente de la Federación Argentina de la Piedra y vicepresidente de la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires; y Marcelo Sticco, licenciado en Geología, profesor de Legislación e Impacto Ambiental de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina (sede CABA).
Pizone manifestó que “desde el inicio de la presentación de estos proyectos nos sentimos preocupados y queremos quedar fuera de la tercera categoría, y que no nos equiparen con una actividad que no tiene nada que ver con nosotros”.
“No podemos estar todos legislados bajo un mismo proyecto, pedimos que la minería no metalífera sea analizada en esta cuestión”, agregó.
Sostuvo que “las mineras están totalmente reguladas por las leyes provinciales. Los empresarios debemos presentar cada dos años el informe de impacto ambiental que contempla el cierre de minas”.
En tanto, el geólogo Sticco consideró que “sería bueno lograr un proyecto unificado porque brinda mayor peso para la sociedad civil”.
Pidió “la inclusión del cálculo de los pasivos ambientales” al justificar “que permite colocar los números en forma objetiva e independiente, hacer los ajustes en forma progresiva y facilita el cálculo de las garantías que le corresponda definir a cada provincia”.
Al cierre del encuentro, el senador Uñac agradeció la participación de los invitados y destacó que “la idea es que la semana que viene nos visite la secretaria de Minería de la Nación, para así ir dándole forma definitiva a un dictamen unificado sobre los tres proyectos de ley que establece los procedimientos para el cierre de minas”.
La iniciativa se está debatiendo en un plenario del Senado y este martes asistieron más invitados para exponer ante los legisladores.
Continuó este martes en la Cámara de Senadores el debate sobre el plan de cierres de minas y su impacto ambiental. En ese ámbito se planteó la intención de elaborar un dictamen unificado con los tres proyectos presentados.
Asimismo se anunció que la próxima semana continuarán las reuniones informativas, aguardándose la visita de la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Avila, y otros especialistas.
El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidido por el senador sanjuanino Rubén Uñac y la senadora del Pro Gladys González, respectivamente, tuvo lugar este martes en el Salón Illia del Senado.
De esta manera se retomó el cuarto intermedio pautado el miércoles pasado, con los encuentros para el tratamiento de los tres proyectos presentados para así establecer una legislación que determine un plan sobre el cierre de minas, con su protocolo, presupuesto mínimo, normativa y su correspondiente protección ambiental.
En esta oportunidad, fueron invitados a exponer, el vicepresidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), Miguel Soler; el director Nacional de Producción Minera Sustentable perteneciente a la Secretaría de Minería de la Nación, Leonardo Plüger, y el ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo.
A su turno, Soler aclaró que el COFEMIN está trabajando en un documento consensuado que integre los tres proyectos más información de las provincias y organismos nacionales al respecto y, a la vez, resaltó que, “la actividad industrial minera de nuestro país es pionera en legislación ambiental”.
El vicepresidente de COFEMIN destacó que, “este trabajo es tan necesario como multidisciplinario”, y agregó, “si bien sabemos que el tema es complejo, entendemos que es posible consensuar un proyecto de ley marco que garantice la gestión de los recursos mineros, el cuidado del ambiente y el desarrollo humano”.
Consideró necesario llevar “claridad” al Código de Minería y. que el mismo esté en sintonía con las legislaciones provinciales.
Luego de destacar el trabajo conjunto y la coincidencia con lo expuesto por el representante del COFEMIN, Plüger informó que, “la Secretaría de Minería tiene una Dirección de Sustentabilidad Minera que trabaja con colegas de otros países e instituciones internacionales, y esto hace al fortalecimiento institucional que está llevando a cabo Argentina en esa materia”.
Sin embargo, solicitó a los presentes que se contemple un “grado de flexibilidad para que las autoridades provinciales competentes lleven este proceso de la manera más armoniosa posible”, y remarcó que, “ya se están desarrollando planes de cierre, lo cual demuestra la vocación del sector por llevar a cabo la actividad de manera responsable”.
El ministro Astudillo informó sobre las importantes inversiones mineras en su provincia y las posibilidades de generar capital y trabajo, e hizo hincapié en no perder de vista la reinserción de los trabajadores una vez que cierra la mina porque ” el Estado invierte en capacitación y para nosotros es importante cuidar el capital, la vida y el ciclo del desarrollo minero pero también es prioritaria la función del trabajador que debe reintegrarse en la sociedad”.
Para finalizar, la senadora González expresó el deseo de comenzar a trabajar en un dictamen conjunto y que la comisión quedaba a la espera del documento consensuado del COFEDIM y otros organismos.
Asistirán funcionarios de la provincia de Catamarca y especialistas. La reunión será este miércoles a las 17.
Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presididas por Rubén Uñac (FNyP-FdT) y Gladys González (Pro-JxC), debatirá el próximo miércoles respecto de los procedimientos para un plan de cierre de minas y sobre presupuestos mínimos de protección ambiental ante esos casos.
El encuentro será desde las 17, en el Salón Illia, y se pondrán a la vista proyectos presentados por González, la catamarqueña Lucía Corpacci (FNyP-FdT) y el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT).
Al plenario fueron invitados a exponer Marcelo Murua Palacio, ministro de Minería de Catamarca, y Olga Teresita Regalado, secretaria de Desarrollo Minero de esa provincia.
También están convocados Rodolfo Micone, profesor adjunto de tratamiento mecánico de minerales de la Faculta de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca; Mario Juárez, miembro del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas; y representantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
Rubén Uñac y Cristina López Valverde respondieron con una iniciativa al reclamo planteado por su gobernador. También acompañó un tucumano que responde a Juan Manzur.
En línea con el reclamo que planteó el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y en el que también se suman con fuerza varios mandatarios provinciales, los senadores oficialistas por esa provincia, Rubén Uñac -hermano del gobernador- y Cristina López Valverde, presentaron un proyecto de ley relacionado a los subsidios al transporte público.
La iniciativa además lleva la firma de otro senador del interbloque Frente de Todos, el tucumano Pablo Yedlin, quien es hombre cercano al jefe de Gabinete, Juan Manzur.
De acuerdo al proyecto, se propone la creación de un Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros (SIFECOT), “con el fin de garantizar, con eficiencia económica y equidad social, una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la República Argentina, destinadas a la prestación del servicio público de transporte automotor de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas”.
El texto declara como servicio esencial el transporte público de pasajeros, al tiempo que establece la conformación de un “Fondo Único” del SIFECOT por la suma de 360 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022.
A su vez, se determinan como criterios objetivos de distribución el parque móvil afectado al servicio, habilitado y declarado ante la CNRT; los kilómetros recorridos promedio mensuales; y los agentes computables.
En el articulado, estipula que se deberán “coordinar esfuerzos entre Nación, provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios” para que transcurrido un año de la sanción de la ley “se proceda a garantizar el acceso e implementación” de la tarjeta SUBE en todo el país.
También aclara que “todos los fondos que se destinen para hacer frente a las compensaciones tarifarias al transporte automotor no podrán afectar o disminuir la coparticipación vigente”.
Entre otros puntos, se prevé la creación del Consejo Federal del Transporte, con participación del Ministerio de Transporte y todas las jurisdicciones.
Días atrás, desde la oposición también se presentó un proyecto relacionado al tema, encabezado por el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, la tucumana Beatriz Ávila, y la senadora de Córdoba Federal, Alejandra Vigo.
Se constituyeron este miércoles la de Infraestructura, Vivienda y Transporte y la de Minería, Energía y Combustibles. Ambas continuarán en manos del oficialismo.
El Senado continúa a paso firme con la conformación de comisiones, retrasada para el comienzo del año parlamentario, pero no al nivel de lo que ocurre en la Cámara de Diputados.
A las 11 comisiones que ya hay constituidas (son 27 en total), se sumaron este miércoles dos más: Infraestructura, Vivienda y Transporte; y Minería, Energía y Combustibles.
La primera reunión que se realizó en el Salón Illia fue para elegir las autoridades de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, que continuará en manos de la formoseña Teresa González (FdT), mientras que en la vicepresidencia resultó designada la mendocina Mariana Juri (UCR). El santafesino Marcelo Lewandowski (FdT) será el secretario.
Tras agradecer haber sido reelecta, González señaló que esta comisión “como nunca adquiere una verdadera y justa trascendencia, tanto en la situación que está viviendo nuestra patria como la que está viviendo el mundo entero”. “La infraestructura, el transporte, son ejes fundamentales en materia de desarrollo de todos los pueblos”, agregó.
“Enfrentamos un desafío muy importante para todas las provincias, para todas las regiones”, expresó la oficialista y abogó por tratar proyectos que contribuyan “a una Argentina más inclusiva y más grande para todos y todas”.
Por su parte, Juri afirmó que “tenemos que ser capaces entre todos de encontrar ejes comunes”. “El tema de la federalización de los fondos públicos para los tres temas que convocan a esta comisión” es una de las cuestiones a tratar, consideró, como también “la grave crisis de política aerocomercial”.
En tanto, Lewandowski señaló que la comisión “tiene aspectos que para quienes representamos a las provincias son fundamentales”. En esa línea, sobre transporte, mencionó “la lucha que se viene dando por los subsidios” y las diferencias que existen entre el AMBA y las provincias. Y pidió “poner esas diferencias sobre la mesa para ser un país federal e igualitario”.
Asimismo, el oficialista resaltó que “la vivienda es una de las grandes deudas que tiene la democracia” y, en cuanto a la infraestructura en general”, apuntó que la pandemia puso al descubierto las dificultades en cuanto a la conectividad en la totalidad del país.
La comisión está integrada por los senadores del Frente de Todos Teresa González, Ana María Ianni, Carlos “Camau” Espínola, Guillermo Snopek, Cristina López Valverde, Mariano Recalde, Maurice Closs y Marcelo Lewandowski.
Mientras que por Juntos por el Cambio se encuentran Beatriz Ávila, Mariana Juri, Gabriela González Riollo, Pablo Blanco, Alfredo De Angeli, Dionisio Scarpin y Luis Naidenoff. También son miembros las monobloquistas Clara Vega y Magdalena Solari Quintana.
Minutos después se conformó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que también tendrá al mismo presidente que estuvo durante los dos años anteriores: el sanjuanino Rubén Uñac (FdT). En tanto, el catamarqueño Flavio Fama (UCR) será vicepresidente y la neuquina Silvia Sapag (FdT), secretaria.
Al tomar la conducción de la reunión, Uñac agradeció a su bloque “por la confianza y la ratificación. Para mí es un grato honor presidir esta comisión”. “Espero que podamos trabajar en la generación de consensos y de esta manera emitir los mejores dictámenes”, expresó.
Fama aseguró que en su provincia “la minería es un hito fundamental” y “estamos viviendo un momento muy especial”, por eso “es importante para nosotros estar discutiendo” estos temas. También abogó por “los consensos que son tan necesarios para temas tan importantes del país”.
En la misma línea, Sapag apuntó a sacar “leyes que sean beneficiosas para toda la Nación, no solamente para Neuquén” y que “tengamos un buen desarrollo de la industria porque hay una buena legislación”.
Por el oficialismo integran la comisión Rubén Uñac, Ana María Ianni, Matías Rodríguez, José Mayans, Sergio “Oso” Leavy, Martín Doñate, Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Guillermo Snopek y Carlos Linares.
Por su parte, por Juntos por el Cambio fueron nombrados Eduardo Costa, Humberto Schiavoni, Mariana Juri, Gabriela González Riollo, Gladys González, María Belén Tapia, Lucila Crexell y Flavio Fama. La nómina se completa con el rionegrino Alberto Weretilneck.
La senadora sanjuanina, junto a su par Rubén Uñac, pidió la ayuda del Gobierno nacional para atender la situación que atraviesa la provincia.
La senadora nacional Cristina López Valverde, en acompañamiento de su par Rubén Uñac, solicitó declarar la “Emergencia Agropecuaria por Cuestiones Hídricas” en la provincia de San Juan, conforme lo dispuesto en la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria.
La iniciativa propuesta por los legisladores sanjuaninos del Frente de Todos faculta al Poder Ejecutivo Nacional a determinar partidas presupuestarias especiales para la provincia, a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), previsto en la Ley 26.509, para realizar las acciones y obras de refuerzo, mantenimiento y conservación, tendientes a la prevención de los daños que pudieran ocurrir por las inclemencias climáticas y escasez de recursos hídricos.
El pedido de declaración de la emergencia hídrica “va en consonancia con el trabajo que desde hace años viene realizando el gobernador Sergio Uñac en pos de la preservación y utilización racional del recurso hídrico”, señalaron.
“Desde hace años vivimos en San Juan una crisis hídrica producto de la reducción del caudal del Río San Juan, que abastece a nuestra provincia. Debemos trabajar mancomunadamente con el Gobierno nacional para paliar la crisis de los productores afectados, como así también para llevar adelante obras de conducción y aplicación de agua, adquisición y modernización de instrumentos para aforar los caudales en los circuitos de los ríos afectados en sus niveles normales”, sostuvo López Valverde.
El sanjuanino Rubén Uñac, ratificado como presidente de la comisión, confirmó que se invitará al secretario de Energía.
Durante una breve reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, oficialismo y oposición coincidieron en citar en el corto plazo al secretario de Energía, Darío Martínez, para que brinde respuestas e información sobre los proyectos que el Gobierno tiene pensado impulsar en materia energética.
El sanjuanino Rubén Uñac (Frente de Todos), ratificado como presidente de la comisión, confirmó que se le cursará una invitación al funcionario, porque “creemos que hay temas muy interesantes” para abordar.
“Nosotros sancionamos por unanimidad el año pasado la prórroga de la ley de beneficios y promociones de los biocombustibles, que está en Diputados con media sanción y esperando qué se va a hacer. Todos sabemos que desde el Poder Ejecutivo se está trabajando en una reforma integral o casi integral de la ley. Todos estamos pendientes de esta situación”, sostuvo.
Además, el oficialista abogó por un año “más agitado en cuanto trabajo” respecto del anterior, a raíz de “los anuncios que hizo el presidente de los proyectos que enviará al Congreso” sobre electromovilidad, hidrocarburos y emergencia de los servicios públicos. En ese sentido, dijo que habrá que “darle la premura a todos estos temas”.
Por su parte, la mendocina Pamela Verasay (UCR) resaltó que “tenemos un desafío sumamente interesante de poder motorizar esta comisión pensando en la idea tan importante como es rediscutir la ley de hidrocarburos”.
“Y en particular en el Senado, sabiendo que estamos hablando de una competencia donde claramente el federalismo tiene que tener participación, opinión, justamente para respetar la soberanía de las provincias en materia de recursos no renovables”, agregó la radical.
También, la senadora, que continuará como vicepresidenta de la comisión, señaló que “sería buena la visita de los funcionarios del área de Energía, sabiendo que ya se han cerrado las dos audiencias públicas en materia tarifaria”, y ante los anuncios del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre los aumentos segmentados que habrá este año en luz y gas.
Verasay consideró que es necesario abordar la discusión de la energía “no solo como materia de servicio para los consumidores, sino también para la industria, y también pensando que es una de las causales de los grandes déficit en Argentina”. Por eso, llamó a debatir “ideas que nos hagan crecer y nos hagan mirar y marchar para adelante”.
A su turno, el salteño Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos), que seguirá como secretario de la comisión, destacó que en su provincia se constituyó recientemente “la mesa del litio” y afirmó, además, que “hay mucho trabajo para hacer con respecto al petróleo y también a los biocombustibles, que todavía no logramos que la ley se ratifique en la Cámara de Diputados”. “En las provincias del NOA causa un efecto multiplicador” esta industria, remarcó.
“Una nueva ley de hidrocarburos nos tiene que encontrar a todos, más allá de nuestros colores políticos, trabajando juntos por los intereses de nuestros recursos naturales, de nuestras provincias, y también por una actividad tan valiosa e importante”, expresó durante el encuentro la santacruceña Ana María Ianni (Frente de Todos).
La iniciativa comenzó a ser discutido pasadas las 4 de la madrugada, tras la histórica aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se aprobó por unanimidad.
Igual que en Diputados, inmediatamente después de votado el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los senadores se abocaron al debate del proyecto de ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.
Fue aprobado por unanimidad a las 4.36, tras 12 horas y media desde el inicio de esa prolongada sesión.
El objeto del proyecto es “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”.
Al exponer sobre el proyecto, el senador santiagueño oficialista José Neder sostuvo que este proyecto “jerarquiza y amplía las agendas de la primera infancia” y tras detallar los alcances del mismo, destacó que con este programa “reconoce un conjunto de derechos y líneas de trabajo entre los distintos organismo. Porque la equidad territorial en la cobertura se logra atendiendo las necesidades tanto en los grandes centros urbanos, como en el interior profundo, con una mirada federal, como todas las acciones que este gobierno nacional y popular viene marcando en el sentido de determinar mejor salud para todos y todas las argentinas”.
“Esta es una ley que avanza en el sentido de recuperar derechos esenciales para la vida, por esto le pido a mis pares que conviertan en ley acompañando este proyecto”, concluyó.
Por su parte, el senador sanjuanino Rubén Uñac garantizó el éxito de este programa a futuro porque en su provincia en 2016 presentaron un proyecto llamado “Los primeros mil días”, de su autoría, que luego se amplió a dos mil días. “Un proyecto que ha sido informado y además promocionado por Unicef”, contó, destacando que “la primera infancia importa y esto es lo que nos inspira”.
Por último, el senador Mario Fiad se mostró crítico con el proyecto, hablando de “pocas innovaciones” del mismo y dijo que se lo difunde como “una verdadera política pública para el cuidado de nuestros niños y niñas de hasta años, espero que no quede en un compendio de buenos propósitos, ya que este proyecto está expresado en tiempo futuro, sin crear verdaderas obligaciones para el Estado, sin plazos ni especificaciones. La verdad que tenemos ya una cantidad de derechos y de cuestiones estructurales que son urgentes y prioritarias para resolver respecto de las mujeres, de las niñas y niños y adolescentes, y nos llega este proyecto que dice que la autoridad de aplicación promoverá las respuestas”.
“Tenemos muchas leyes y decretos que se superponen; espero que este proyecto pueda articularlos y va a tener un gran trabajo en la reglamentación, ya que tiene que compilar muchos de las leyes y decretos que ya existen. Por eso creo que es bastante declarativo y ni siquiera se ha dicho de donde se van a sacar los fondos para poder atender estas acciones”, siguió criticando, aunque adelantó que votarían a favor “para no retrasar las poquísimas medidas que establece”.
De acuerdo con el texto, se incorpora a la Ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares, la “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, que “consistirá en el pago de una suma de dinero que se abonará una vez al año” a las madres “por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la prestación” y “siempre que acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario, de conformidad con los requisitos de la ANSeS”.
En tanto, se modifica la legislación sobre la “Asignación por Embarazo para Protección Social”, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual que se abonará a la persona gestante, desde el inicio de su embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, siempre que no exceda de nueve mensualidades, debiendo solicitarse a partir de la decimosegunda semana de gestación.
En el capítulo referido al “derecho a la identidad”, se crea en el ámbito del Renaper “el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos a fin de garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos, de conformidad con los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”.
“El Sistema se implementará a través de la plataforma de emisión de Certificados Digitales de Hechos Vitales, medio por el cual los y las profesionales médicos intervinientes deben certificar por documento electrónico con firma digital los hechos vitales de las personas”, agrega el articulado.
Asimismo, se indica que “el personal de salud, obstétrica o agente sanitario habilitado al efecto, que hubiere atendido el parto en caso de nacimientos ocurridos fuera de establecimientos médicos asistenciales de gestión pública o privada, deberá informar el hecho del nacimiento al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas correspondiente y al Registro Nacional de las Personas dentro de los siete días corridos de ocurrido y del modo que dicha autoridad reglamente”.
La autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Salud, deberá “diseñar un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, y teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país”.
“El modelo de atención definido debe incluir de manera transversal a los tres subsectores que componen el sistema de salud y articular con otros organismos públicos competentes en la materia”, añade el proyecto.
Por otra parte, se establece que “el Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación”.
En especial, se atenderá a la provisión de: medicamentos esenciales; vacunas; leche; y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez, en el marco de los programas disponibles al efecto.
También se prevé “el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” con la creación de “modelos de atención especial” para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años; personas que cursen embarazos de alto riesgo y casos de trombofilia; mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género; y niñas y adolescentes embarazadas.
Además se crea, en el ámbito del Ministerio de Salud, una “Unidad de Coordinación Administrativa para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo, y de sus hijos e hijas hasta los tres años”, la cual estará integrada por representantes del Ministerio de Salud; Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; Ministerio de Desarrollo Social; la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); Ministerio de Educación; la ANSeS, el Renaper; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y de otros organismos que la autoridad de aplicación considere relevantes para la implementación efectiva de la ley.
En el dictamen se incorporó a la redacción original un artículo referido a los indicadores, el cual establece que el Ministerio de Salud deberá acordar con esta Unidad de Coordinación Administrativa “un listado de indicadores integrales que incluyan los determinantes sociales de la salud, para aportar información a nivel poblacional con la que sea posible identificar a las personas gestantes, los niños y las niñas en situaciones de amenaza o vulneración de derechos que afecten o pudieran afectar su salud integral”.
Y, asimismo, se “promoverá la capacitación en estos indicadores, búsqueda activa e incumbencias sobre protocolos a seguir en casos de vulneración de derechos que afecten la salud integral, a todos los integrantes de equipos de salud, desarrollo social, educación y de protección de las infancias, responsables del cuidado integral de la salud de las personas gestantes, las niñas y los niños hasta los tres años de edad”.
Otro de los artículos indica que la cartera de Salud tendrá que “enviar al Honorable Congreso de la Nación un informe anual con el estado de avance e indicadores respecto de la implementación” de la norma.
En una exposición ante el Senado, el secretario del área habló de la importancia de la actividad para la generación de divisas. Dijo que apuntan a una minería “verde” y “sustentable” y adelantó que trabajan en una resolución conjunta con la AFIP para dar estabilidad fiscal.
El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, sostuvo este viernes en el Senado que la actividad “está llamada a cumplir un rol crucial en la situación difícil que atraviesa nuestro país” en lo que hace a la generación de divisas, y por otra parte aseguró que el Gobierno apunta a una minería “verde” y “sustentable”.
“Argentina necesita producir, crecer, exportar, fortalecer todos sus complejos exportadores, para conseguir las divisas que el país hoy necesita, porque allí es donde radica la debilidad de nuestra moneda. Por lo tanto, la minería está llamada a cumplir un rol crucial en la situación difícil la que atraviesa nuestro país”, sostuvo Hensel.
El funcionario expuso durante tres horas en una reunión virtual de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta, presidida por José Rubén Uñac (Frente de Todos).
Allí, destacó que en San Juan la minería representa prácticamente el 80% de sus exportaciones; en Santa Cruz, casi el 88%; en Jujuy, el 68%; y en Catamarca -antes del cierre de Bajo de la Alumbrera-, el 90%. También puntualizó que en el período 2009-2017, la minería “captó el mayor flujo de inversión extranjera directa, por un monto de 16.000 millones de dólares”.
Hensel puso como ejemplo que “el año pasado, Argentina exportó en total poco más de 65.000 millones de dólares, mientras que Chile exportó por poco más de 69.000 millones”. “¿Cómo es posible que un país que no tiene complejo sojero, ni complejo maicero, ni complejo automotriz, ni complejo de cueros y carnes, que prácticamente no tiene industria, haya exportado más que Argentina? Eso tiene una sola respuesta: la minería”.
El secretario indicó que “el principal potencial” de nuestro país está en el oro, el cobre, la plata y el litio. “Argentina tiene lo que hoy el mundo está demandando”, resumió.
Hensel resaltó que se está elaborando un “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino”, que fijará las reglas del juego para los próximos 30 años. “No es el plan de los mineros para los mineros, sino el plan de todos los argentinos definiendo cuál es el rol que pretendemos darle a la actividad minera en el desarrollo del país”, dijo.
Informó que se convocó a las comunidades religiosas, a los empresarios, a los sindicatos, a las asociaciones civiles y a la academia “para constituir un documento base para poder discutir no si hacemos o no hacemos minería, sino cómo la hacemos”.
En ese sentido, consideró que “la minería debe ser ambientalmente sostenible, socialmente inclusiva, económicamente integrada, globalmente competitiva” y con “institucionalidad en el aprovechamiento de los recursos naturales”.
Al dar su informe de gestión, Hensel explicó que “teniendo en cuenta que los recursos y el ambiente son de las provincias, la función de la Secretaría es, por un lado, la promoción de las inversiones mineras en el país, empujar para conseguir las mejores condiciones posibles para la inversión; y a su vez, acompañar a las provincias con distintas guías o procedimientos que contemplen los más altos estándares internacionales que deben regir la actividad”.
“Esto no es algo que se nos haya ocurrido por generación espontánea: tiene que ver con años de experiencia en este sector desde el mostrador público, defendiendo los intereses del sector público”, dijo, al recordar su paso como ministro de Minería de San Juan.
En ese marco, el funcionario precisó que se elaboraron “informes de impacto ambiental, guías de cómo debe ser una declaración de impacto ambiental”, la cual “debe ser un verdadero instrumento de gestión, que debe contener no solo aspectos ambientales sino también sociales, económicos, institucionales, porque es lo que permite que cada jurisdicción con proyectos mineros en operación pueda revisar cada dos años el cumplimiento de los condicionantes de esas declaraciones, que además tienen que tener plazos de cumplimiento y no ser solo declaraciones de deseos”.
Hensel también informó que se está trabajando en “una guía de evaluación temprana de riesgos, porque la prevención es fundamental”, y a su vez se trabaja junto a las provincias “un manual de buenas prácticas de la actividad minera, sobre la base de lo dispuesto en el Código de Minería”.
La Secretaría de Minería trabaja con la AFIP en una resolución conjunta de estabilidad fiscal.
Por otra parte, destacó que la Secretaría “apunta a una minería más verde, mucho más amigable, que esté vinculada a los principios de la economía circular, a las energías renovables, la eficiencia energética y la trazabilidad de los metales”.
El funcionario objetó el concepto de “responsabilidad social empresaria” aplicado a la minería: “Considero que pareciera ser un gesto de liberalidad, y en realidad en minería los dueños de los recursos somos nosotros, y esto implica la participación del estado, las empresas y las comunidades”, opinó.
En otro orden, Hensel detalló que “en la minería solo el 8% de los trabajadores son mujeres, y la mayoría se desempeñan en ámbitos administrativos, pero poco a poco estamos avanzando en un proceso de incorporación de las mujeres en distintos sectores que comprenden a la actividad”, en un trabajo conjunto con la Asociación Obrera Minera Argentina y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
Asimismo, afirmó que se está trabajando en un convenio marco con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos relativo a la capacitación de comunidades indígenas respecto de la actividad.
También aseguró que “no hay ninguna posibilidad de desarrollar la minería si no es una minería sustentable, ambientalmente sostenible, y esto nadie lo discute. El nivel de consumo indiscriminado tiene un impacto importante desde el punto de vista ambiental que, por supuesto, termina trayendo consecuencias sociales”.
Otro aspecto importante mencionado por Hensel es el trabajo con la AFIP para lanzar una resolución conjunta de estabilidad fiscal.
“Si se vulnera la carga tributaria y no hay posibilidad de recuperar esos créditos fiscales, tenemos un problema que se traslada a la vida útil de los proyectos, y el acortamiento de la vida útil de un proyecto, como Cerro Negro, Cerro Vanguardia o Venadero, significa la pérdida de puestos de trabajo, de exportaciones y de tributos generados por las pymes de la cadena de valor”, explicó.
