Exigen medidas urgentes para auxiliar a los salones de fiesta porteños

La diputada oficilista Gisela Marziotta se reunió con dueños de salones de fiesta para visibilizar su crítica situación económica y pedir asistencia al Gobierno.

La diputada nacional Gisela Marziotta (FdT-CABA) se reunió este martes con dueños de diferentes salones de fiestas de la Ciudad en la vereda del salón Submarino Amarillo Fiestas de la calle Segurola, acompañada por el legisaldor porteño Matías Barroetaveña. La diputada instó a visibilizar la situación crítica que está atravesando el rubro.

En el encuentro, la diputada porteña se comprometió a interceder ante el Gobierno nacional para generar algún tipo de ayuda frente a la dura situación que está atravesando el sector y  reiteró la exigencia para que el Gobierno porteño se haga cargo de contener las consecuencias económicas de la pandemia en pymes y comerciantes de la Ciudad y en particular de este rubro.

En la ciudad hay alrededor de 200 salones que desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 no pudieron volver a trabajar. Por un lado, porque las restricciones exigieron el cierre  completo y, por otro lado, porque cuando se habilitó la apertura sólo se podía ocupar un 30% de la capacidad, sin baile y sin exceder las 60 personas. “Muchos somos salones pequeños para fiestas infantiles, con peloteros y la realidad es que una fiesta para 10 personas nadie hace”, declararon.

Con una facturación nula y los gastos que siguieron corriendo, la Ciudad les permitió reconvertirse a restaurantes o bares temporalmente, pero a muchos les falta equipamiento para esa actividad  y no tienen ingresos que puedan invertir.  Además, no todos tienen espacio en la vereda.

Marziotta expresó: “El gobierno de la Ciudad debería destinar alguna partida para auxiliar a este sector. Además debería eximirse del pago de ABL e Ingresos Brutos. No recibieron ningún tipo de ayuda económica ni asistencia. La actividad genera un promedio de 10 empleos alrededor de cada evento. Son 35 rubros los involucrados en las fiestas: DJ, animadores, fotógrafos, videos, catering, ambientación, flores, mozos, souvenir,  cotillón, etc. Al estar cerrados los salones, toda la cadena se vio perjudicada. Queremos darle visibilidad al problema, que se los escuche y se asignen partidas para auxiliarlos”.

Por el lado de los salones,  señalaron que “no somos un bar y reconvertirse exige una inversión que no podemos hacer en este momento. Por otra parte, muchos salones tuvieron que devolver el dinero de fiestas que habían sido señadas con antelación y los gastos cotidianos de mantenimiento siguieron, lo que los llevó a endeudarse o en algunos casos a tener que cerrar y dejar el salón (para los que eran inquilinos). Agradecemos que nos ayuden a mostrar nuestra situación”.

Piden asistencia económica para centros culturales y salones de fiesta

Se trata de un proyecto del FdT que propone un paquete de medidas de auxilio que incluyen exenciones impositivas, créditos blandos y subsidios para afrontar el pago de salarios y tarifas.

Debido a la crisis económica que afrontan tras más de siete meses cerrados a causa de la pandemia del Covid 19, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual solicitarán la creación del “Programa de Protección y Asistencia Económica”, destinado a asegurar la subsistencia de los sectores constituidos en salones privados de eventos y de fiestas, centros culturales y gimnasios deportivos.

Entre las medidas económicas que propone la iniciativa, se encuentra una exención del pago del impuesto a los Ingresos Brutos y el ABL mientras dure la actual emergencia y se condona la deuda generada desde que se inició la emergencia económica. Además plantea que se establezca un subsidio por seis meses sobre el 50% sobre la facturación total en el pago de las tarifas de agua, gas y electricidad que correspondan al uso de sus instalaciones.

El texto también plantea la creación de una línea de crédito a tasa cero, cuyo monto dependerá de la categoría en la que el beneficiario se encuentre inscripto en MiPyMEs, como autónomo y/o monotributista. No obstante, establece como monto máximo para el crédito la suma de 300 mil pesos,  que para su devolución contará con un periodo de gracia de seis meses y se realizará en 24 cuotas fijas sin interés.

Por otra parte, prevé que el Gobierno de la Ciudad disponga un subsidio mensual por un importe que no sea inferior a cuatro sueldos básicos vital y móvil, por un periodo de ocho meses pagaderos.

Al respecto de la iniciativa, Matías Barroetaveña (FdT) -el autor de la misma- explicó que las actividades en salones o multiespacios que organizan eventos sociales, los centros culturales, espacios culturales independientes, clubes de música y teatros independientes se encontraron imposibilitados de proseguir con su normal funcionamiento, afectando así sus capacidades de ingresos que al mismo tiempo trajo aparejados problemas de empleo y atraso en el pago de servicios e impuestos. Asimismo recordó que se trata de actividades que no se han beneficiado de la apertura y no cuentan con cronograma o protocolos aprobados.

“La nueva normalidad supone que una serie de actividades continúen en apertura cero o casi cero; es indispensable activar una política focalizada para auxiliar a sectores como Centros Culturales y Salones de Fiestas”, manifestó el legislador e indicó que “el objetivo de este proyecto es crear una asistencia económica que permita a estas actividades subsistir hasta que las autoridades gubernamentales autoricen su funcionamiento pleno. Frente a la situación crítica que atraviesa el empleo en la ciudad, es necesario desarrollar medidas que sostengan a flote a estas actividades para resguardar los puestos de trabajo”.

La medida también lleva la firma de los diputados Santiago Roberto, Claudio Morresi y Manuel Socías (FdT).

Abrevaya: “los salones de fiestas también necesitan volver a trabajar”

La Legislatura porteña aprobó una declaración a través de la cual se incita al Gobierno a habilitar la exhibición de salones de eventos, a fin de que puedan concretarse futuras celebraciones y reuniones.

Gracias a una iniciativa impulsada por el diputado del GEN Sergio Abrevaya, la Legislatura de la Ciudad sancionó un proyecto de declaración para que el Gobierno establezca un protocolo para que los salones de eventos y fiestas puedan realizar actividades alternativas y permitir que puedan exhibir los locales para concretar futuros eventos.

En ese sentido, el legislador manifestó que “los salones de fiestas van a ser de los últimos comercios en poder reabrir sus puertas, por eso, le solicitamos al Ejecutivo les permita desarrollar actividades alternativas en los espacios que disponen, así como también poder ser exhibidos para futuros eventos” e indicó que “hay que darles opciones a los comercios y a las PyMEs, la pandemia también ha arrasado con la economía y la gente necesita trabajar”.

En los fundamentos de la medida, Abrevaya explicó que “a partir del 20 de marzo del corriente, los salones de fiestas y eventos privados vieron un freno en su actividad de manera total; la pausa extendida por ya casi siete meses provocó una situación de ahogamiento en el sector en donde los gastos  fijos de manutención de los establecimientos superan a los nulos ingresos que registran”.

“Agrava la situación que los eventos y fiestas con aglomeración de gente sean probablemente una de las últimas actividades en permitirse, por el riesgo de proliferación del Covid 19. Por esta situación es que el diagnóstico para esta actividad es crítico, sin saber si van a poder reabrir, o ´mantener a flote el negocio ‘en el momento en que se les permita”, señaló y destacó que “muchos salones de fiestas y eventos tienen la opción de reinventar sus actividades de manera temporal y solo con el fin de poder cubrir los gastos fijos mínimos para poder mantener el negocio hasta el momento de la reapertura normal del sector al fin del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y por ello es importante poder proporcionar a este sector la posibilidad de diversificar su actividad momentáneamente y con protocolos sanitarios establecidos por el Poder Ejecutivo, y así no verse obligados a cerrar definitivamente”.

Sobre esa misma línea consideró que “garantizar la continuidad de los empleos es fundamental para la Ciudad y es un sector que no comprende únicamente a los dueños de los inmuebles y establecimientos, sino a un amplio número de trabajadores como cocineros, musicalizadores, artistas, meseros, decoradores, floristas, sonidistas, cocineros y demás trabajadores que vieron sus ingresos pausados durante ya un largo tiempo”.

Asimismo remarcó que “durante la extensión en el tiempo del aislamiento, todas estas personas y sus familias se vieron afectadas por la falta de ingreso para subsistir” e insistió en que “en un momento como el que la Ciudad se encuentra atravesando, de una gran caída económica, es importante salvaguardar las actividades de la mejor manera posible, y sin que eso implique un riesgo a la salud pública”.

Cabe recordar que Abrevaya a lo largo de estos meses ha solicitado al Gobierno permita trabajar con protocolos a muchas actividades tales como comercios barriales al principio, profesionales como psicólogos y contadores, paseadores y peluqueros caninos, lavaderos de automóviles, así como también a bares con mesas exteriores y albergues transitorios, entre otros.

Salen a socorrer a los salones de eventos y multiusos

Propuesta del radicalismo para asegurar la subsistencia de esos espacios en el marco de la pandemia.

La vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Carla Carrizo, junto a 14 diputados del partido centenario, presentó un proyecto de ley para crear un Programa Nacional de Protección para salones y multiespacios de eventos para asegurar la subsistencia de este sector económico.

El plan incluye la exención del pago de servicios públicos y contribuciones patronales, créditos a tasa cero y subsidios para comercios que tengan como actividad económica principal la organización de eventos sociales, salones de juego y esparcimiento infantil.

Además, establece la suspensión de ejecuciones y de medidas cautelares durante la vigencia de la emergencia sanitaria cuando tengan por objeto el cobro de deudas contraídas desde el 20 de marzo.

Entre las medidas económicas, se destacan la exención del pago y condonación de deudas contraídas por los servicios públicos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Otorgar una línea de créditos a tasa 0% a través del Banco de la Nación para el pago de salarios, alquileres, impuestos y otros costos que se otorgarán con un plazo máximo de 36 meses y con 6 meses de gracia para el pago de capital e intereses.

También, se implementa la eximición del pago de contribuciones patronales y la implementación de un subsidio especial para quienes no hayan accedido a los beneficios del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras”.

“Es un sector que genera un mercado de trabajo en 34 rubros y son más de 250 familias del país de todas las provincias que quedan sin sustento económico. Antes de la pandemia eran clase media, hoy integran los datos de pobreza que publicó ayer el INDEC. Necesitamos proteger urgente a ese sector de la economía que son los comercios de cercanía, empresas familiares en la unidad mínima, autónomos y monotributistas, que justamente por la unidad productiva que caracteriza estos emprendimientos están absolutamente huérfanos de la ayuda que el gobierno viene implementando desde el Ministerio de Producción de la Nación”, señaló Carrizo.

La semana pasada, Carrizo junto al diputado Diego Sartori (Frente de la Concordia de Misiones) y la diputada Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica – Córdoba) acompañada por más de 35 diputados nacionales de distintas provincias recibieron en el Congreso a representantes del sector agrupados en más de diez asociaciones de distintas provincias del país (CASYMA; CASAFIC; CAPREV; ASAFIR; AMPROE; APSFA; CEASF; CASADE; Grupo autoconvocados de Tierra del Fuego, SYMA-AMBA). “El objetivo de la reunión fue escuchar a los protagonistas y definir una estrategia política e institucional que permita que las puertas del gobierno nacional se abran para este sector que representa la clase media del país, la que más sufre en este contexto y la que menos ayuda recibe del gobierno”, concluyó Carrizo.

El proyecto cuenta con las firmas de Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, José Cano, Lidia Ascárate, Juan Martín, Soledad Carrizo, Estela Regidor, Ximena García, Claudia Najul, Diego Mestre, Gabriela Lena, Lorena Matzen y Federico Zamarbide.