La candidata a diputada por La Libertad Avanza afirmó que el electorado que no los votan “tiene una enfermedad mental”.
La segunda candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, afirmó que el electorado que responde a sectores peronistas y kirchneristas “tiene una enfermedad mental”, y el arco opositor salió al cruce a repudiar sus dichos.
“Banalizar la enfermedad mental es de una enorme crueldad y muestra un desconocimiento supino gravísimo. Milei y Sturzenegger quisieron derogar en la Ley bases (original) la ley de salud mental y quisieron cerrar el Hospital Bonaparte, no debería sorprendernos”, escribió el diputado Pablo Yedlin titular de la Comisión de Salud.
Su par de bancada Cecilia Moreau apuntó: “Banaliza los problemas de salud mental, estigmatiza a quienes conviven con padecimientos psiquiátricos, violenta el pensamiento disidente, empobrece el debate democrático…”.
“Llenó todos los casilleros de odio e ignorancia la candidata Karina Vázquez (o como le gusta que le digan, Karen Reichardt); pero sobre Espert, su compañero (socio de narcos) que la precede en la lista, silencio de radio. Hipócritas y odiadores siempre”, criticó.
La diputada Eugenia Alianiello añadió: “Llamar ‘enfermos mentales’ a quienes piensan distinto dice más de quien habla que de quienes escucha. Usar la salud mental como arma política es crueldad revestida de discurso electoral. Es preocupante que personas con esta mirada estigmatizante pretendan ocupar una banca”.
También se adhirió al repudio la diputada Margarita Stolbizer: “NARCOS, ODIO Y MENTIRAS. Una diputada que estuvo presa en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Una candidata que llama ‘enfermos mentales’ a quienes piensan distinto”.
“Los hechos no son aislados: revelan el grado de degradación de un espacio político que prometió libertad y terminó en el barro del odio y la impunidad. El gobierno es un desastre. La economía, un fracaso. Y la mentira, su única política de Estado”, cerró.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública analizó iniciativas para declarar la emergencia en salud mental, respaldar comedores populares y regular el ejercicio profesional de la genética. También se abordó la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, que preside el legislador Pablo Yedlin (UP), abordó este martes un extenso temario centrado en problemáticas sociales y sanitarias urgentes. Entre los proyectos destacados se discutieron iniciativas para declarar la emergencia en salud mental, respaldar el trabajo de comedores y merenderos comunitarios, y regular el ejercicio profesional de los licenciados en genética.
La diputada Agustina Propato (UP) abrió la reunión defendiendo sus proyectos que solicitan al Poder Ejecutivo información sobre la crítica situación financiera del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). “El IOSFA viene siendo desfinanciado, está sufriendo una situación que afecta a toda la familia militar y de las fuerzas de seguridad”, advirtió.
Luego se trató el proyecto de la diputada Mónica Macha (UP), que propone declarar la emergencia pública en materia de cuidados humanitarios por dos años. Macha subrayó que la iniciativa surge de organizaciones sociales y busca instalar el paradigma de los cuidados en la agenda nacional.
En ese marco, la dirigente social Norma Morales participó como invitada y expuso “en nombre de todas las compañeras de barrios populares”, reclamando que el Estado se haga cargo de las consecuencias de la pobreza estructural. “Somos las que enfrentamos el hambre, las que no estamos en lugares de confort”, expresó.
El diputado Daniel Gollán (UP) presentó su proyecto para crear un régimen legal para el ejercicio profesional de los licenciados en genética. “Este marco legal es necesario para una disciplina que tuvo un rol vital durante la pandemia del Covid”, señaló.
La emergencia en salud mental fue otro eje central del debate. La diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) propuso extenderla hasta diciembre de 2027. “No es un slogan, es una realidad que se vive todos los días”, afirmó. En la misma línea, Carolina Gaillard (UP) presentó una iniciativa que contempla la creación de un Fondo Federal Solidario para fortalecer los equipos interdisciplinarios en hospitales y centros de salud.
También se discutió el proyecto de ley que crea el Programa Nacional Pancitas Llenas, destinado a apoyar y financiar comedores y merenderos comunitarios. Su autor, el diputado Pablo Juliano (Democracia para Siempre), destacó que “quienes sostienen las ollas son mujeres, abuelas y madres”, y que el objetivo es “enmendar un gran fracaso: el hambre”.
La diputada Carla Carrizo, del mismo bloque, respaldó la iniciativa con un llamado a la acción: “Hay que dejar de edulcorar las palabras. ‘Inseguridad alimentaria’ son niños que no pueden comer”.
Finalmente, la Comisión abordó de manera informativa diversos proyectos relacionados con consumos problemáticos y adicciones.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública emitió dictamen favorable al proyecto impulsado por Facundo Manes, que propone un programa nacional de prevención, diagnóstico temprano, investigación y apoyo a cuidadores. La iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto.
Facundo Manes en primer plano, autor del proyecto que obtuvo dictamen este miércoles.
En cumplimiento con el emplazamiento realizado por el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación en la sesión especial del miércoles pasado, se procedió este miércoles a emitir dictamen del proyecto que crea un programa para luchar contra el Alzheimer y otras demencias.
El dictamen de mayoría cuenta con 37 firmas y se dio tiempo hasta las 17 para presentar los dictámenes de disidencias que habrá, pero el proyecto ya quedó listo para ser tratado en una próxima sesión de la Cámara de Diputados.
Según se encargó de explicar al defender el proyecto su autor, Facundo Manes, la iniciativa propone la creación del Programa Nacional de Lucha contra el Alzheimer y otras demencias, estableciendo un sistema de prevención e investigación básica y aplicada al diagnóstico temprano, tratamiento y apoyo al cuidador de los pacientes. “Esta ley propone un modelo de campañas nacionales de concientización, formación de profesionales de salud en todo el territorio nacional, y programas de apoyo y capacitación a cuidadores”, enumeró el diputado de Democracia para Siempre, además de destacar también la coordinación federal efectiva a través del COFESA.
En su exposición, Manes dijo que hablaría de economía. La economía, dijo, “es la capacidad de los países de generar valor, de generar conocimiento. Hoy los países que lideran son los que invierten en el desarrollo humano de su gente. Los países con recursos naturales que solo invierten en sacar extractivamente los recursos naturales sin generar valor, son pobres, y los países que no tienen recursos naturales pero invierten en su gente, son ricos. Así que estamos hablando de economía”.
El diputado de DpS informó que “el mundo está envejeciendo; la gente vive más y el principal factor de riesgo el Alzheimer es la edad. Así que ya hay una epidemia en el mundo, y gran parte de los casos están pasando en países de bajos y medios ingresos como la Argentina”.
En nuestro país, contó, esta enfermedad afecta hoy a casi medio millón de argentinos y todo su entorno familiar: es decir dos millones de personas. Según Manes, “Argentina gasta en no tener una estrategia para abordar el deterioro cognitivo y Alzheimer, según la Alzheimer Asociation, una organización de prestigio internacional, alrededor de 2.500 millones de dólares. Y repito: el 70% de los casos de Alzheimer en el mundo van a pasar en el futuro en países como el nuestro”.
Razón por la cual comparó la importancia del tema con dramas como el cambio climático, las migraciones, la desigualdad y las guerras. “Es un tema central, económico y enteramente humano”, enfatizó.
Además, sostuvo que estamos quedando atrás no solo del mundo, sino de los países vecinos, a pesar de haber sido la Argentina líder en la materia. “Hoy este tipo de planes ya lo tienen Chile, México, Brasil, Costa Rica”, contó.
Remarcó además Manes, quien es además de legislador un reconocido neurocientífico, “el 40% de los casos de Alzheimer o de demencia pueden ser prevenidos si actuamos desde la infancia; si nutrimos a los chicos bien; si les damos estímulo afectivo, cognitivo; si acompañamos en la adolescencia con lo mismo; si cuidamos en la edad mediana de la diabetes, la hipertensión arterial, del sobrepeso, el ejercicio físico”. Y destacó que “un Estado inteligente, moderno, que concientice, ahorraría muchísima plata al país y generaría ideas y creatividad en un país en donde lo que falta es pensar cómo prosperar en vez de discutir el pasado y pelearnos unos contra otros. Es una causa de humanidad, que nos define como nación”, cerró el legislador.
El diputado Christian Castillo anunció el acompañamiento de la izquierda, pero propuso algunas disidencias para introducir durante el debate al dictamen de mayoría. Eran cuatro, y la primera tenía que ver con el título del proyecto, que al hablar de luchar contra una enfermedad que el paciente no puede evitar puede verse como una estigmatización, dijo. Propuso entonces denominarlo “Programa nacional de detección temprana y abordaje integral de personas con enfermedad del Alzheimer y otras demencias”.
La segunda modificación propuesta apuntaba a incorporar una mención, junto al Consejo Federal de Salud, a los integrantes de universidades nacionales e investigadores del Conicet; como así también modificaciones tendientes a garantizar tanto la publicidad de la información recabada respecto de las enfermedades en cuestión, como el fomento a la investigación pública.
A continuación, la diputada de UP Mónica Macha hizo especial referencia a la situación del cuidado, “reconocido como un derecho humano por la CIDH”, y quiso resaltar especialmente la función de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el cuidado.
El mismo, señaló, “muchas veces está llevado adelante por mujeres externas a la familia y que están mal pagas, cobran 2.000 pesos por hora, con jornadas extendidísimas de trabajo”, poniendo de manifiesto la “precarización laboral” de lo que definió como la última línea del cuidado sanitario.
La salud mental adolescente atraviesa una crisis sin precedentes en Argentina. El aumento de intentos de suicidio, la falta de recursos y la desigualdad en el acceso a la atención exponen una realidad alarmante.
Desde 2020, la salud mental adolescente en Argentina ha dejado de ser un tema privado para convertirse en una emergencia pública. La pandemia profundizó malestares preexistentes: soledad, ansiedad, depresión y, en muchos casos, pensamientos suicidas. En aquel año murieron 386 adolescentes por suicidio; desde entonces, los hospitales públicos informan un aumento constante de internaciones y urgencias psiquiátricas.
Entre abril de 2023 y abril de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) registró 15.807 intentos de suicidio, un promedio de casi 22 por día. De ellos, 906 terminaron en muerte, es decir, más de un adolescente fallecido cada día.
En el tramo de 15 a 19 años, la tasa es de 91 casos por cada 100.000 habitantes y en 20 a 24 años, 85 por cada 100.000. Las mujeres registran el mayor número de intentos, pero los varones tienen letalidad cinco veces superior.
A nivel clínico, el 46 % de los episodios entre los jóvenes corresponden a sobredosis con medicación (predominante en mujeres), mientras que entre los varones prevalecen los métodos más letales como el ahorcamiento (39 %) y el uso de armas de fuego. El hogar es el principal escenario de estos intentos (86 %), y el 55 % de los involucrados requiere internación, con un 6 % llegando a cuidados intensivos.
Un reciente estudio de Fundar‑OPS revela que uno de cada siete adolescentes padece un trastorno mental —como depresión, ansiedad o trastornos alimentarios— y que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
Sin embargo, en 2023, solo el 0,4 % del presupuesto en salud pública se destinó a salud mental adolescente, y apenas el 4,1 % en total para salud mental, la política mira para otro lado.
El impacto de las redes sociales y el ciberacoso actúan como detonantes claros: estudios muestran que quienes los padecen duplican su riesgo de ideación y conductas suicidas. A estas presiones se suman la pobreza, que afecta a más del 60 % de los niños y adolescentes argentinos, la inseguridad familiar y la ausencia de escucha adulta.
El Estado ha adoptado medidas la Ley 27.130 de prevención del suicidio, el Plan Nacional de Salud Mental 2021‑2025 y la creación de un sistema obligatorio de registro de intentos. A pesar de ello, la cobertura sigue siendo desigual: el foco urbano concentra recursos, mientras que zonas rurales y periferias quedan relegadas. También se necesitan formaciones sistemáticas para docentes, familias y equipos de salud, acompañadas por presupuesto real y continuidad en las estrategias.
Hoy, el desafío es nacional y urgente. No alcanza con nombrar el problema ni con campañas puntuales; requiere un compromiso sostenido. Mucho más inversión, formación integral, dispositivos comunitarios y espacios de cuidado en las escuelas. El futuro de nuestros chicos —y, en definitiva, el de la Argentina— depende de cuán rápido transformemos esta crisis en acción decidida.
La titular de la comisión Roxana Reyes pidió por el plenario junto las demás comisiones. Desde la CC señalaron que en los últimos dos “años hubo 15.807 casos o intentos de quitarse la vida”. La directora de Fundación Empesares afirmó que “el suicidio es la primera causa de muerte violenta en jóvenes de 14 a 23 años”.
Foto: HCDN
La Comisión de Familias, Niñez y Adolescencias de la Cámara de Diputados dio este martes inicio al debate para un nuevo marco normativo que contemple tratamientos de salud mental en niñas, niños y adolescentes, consumos problemáticos y prevención del suicidio en todas las edades. Especialistas presentes en la primera jornada alertaron sobre el incremento de suicidios en adolescentes en los últimos años.
La diputada radical Roxana Reyes, autoridad del debate, pidió por la reunión plenaria junto a las otras comisiones que el texto tiene giro: la de Acción Social y Salud Pública que preside Pablo Yedlin; Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, a cargo de Mónica Frade; y Presupuesto y Hacienda al mando del oficialista José Luis Espert para avanzar con el despacho del proyecto de ley.
En simultáneo se daba la reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sobre autores de proyectos, solo expuso Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, quien presentó datos terribles: “Se trata de una ley que lleva 15 años y con sistema de monitoreo implementado en 2022, detectamos que en dos años hubo 15.807 casos o intentos de suicidio”.
En esa línea, sintetizó que “hay 22 intentos por día, sin contar las muertes dudosas”, y pidió por la “la creación de un organismo estatal para prevenir y reducir el riesgo de suicidios; la creación de un registro detallado por edad, género y causalidad; y la incorporación de materias que capaciten a los estudiantes”.
Llegado el turno de los invitados, el primero fue el especialista en Desarrollo Infantil Temprano, Javier Quesada, quien es representante de Unicef Argentina y presentó datos relevados de 190 países: “386 chicos y chicas se suicidaron o intentaron hacerlo”. Alertó, además, que los principales factores de riesgo son “la pobreza, violencia y discriminación”.
Entre otros datos aportados, Quesada añadió que “uno de cada siete adolescentes antes de los 19 años tuvo algún trastorno de salud mental; un 9% relató estar deprimido y un 13% está angustiado entre adolescentes de 13 a 17 años; el 20% presenció situaciones de bullyng y el 11% lo padeció en primera persona; el 70% de 16 a 24 años consumió alcohol en el último año; y más del 20% de los jóvenes entre 13 y 15 años consideró la posibilidad de suicidarse”.
En segundo orden, habló el exdirector nacional de Salud Mental, Luciano Grasso. Primero cuestionó al arco político: “Reclamamos la promoción de la defensa de los derechos de NNyA, pero por otro lado nos encontramos con una desprotección y vulneración de esos derechos consagrados”; Luego, explicó que “no todo padecimiento se debe pensar en términos de patología”.
En el marco de un relato personal, Matias Kornetz, director de Adicciones en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires contó que “mi sueño era ser jugador de fútbol y eso se vio truncado porque crecí en un hogar con papás con patologías psiquiátricas, ambos dos con diagnostico bipolares”.
Luego, relató que le tocó vivir en la calle y aseveró: “Conocí la droga a los 12 años y a los 19 me convertí en policonsumidor”. En tal sentido, el fundador de Prevenir es Amar explicó que “las personas que se quitan la vida no es que quieren morir, es que no quieren seguir viviendo así”.
En representación del Hospital Garrahan, estuvo presente en el debate Alejandra Bordato, jefa del Servicio de Salud Mental, quien relató el caso de una paciente de 14 años con la madre de situación de prisión, el padre de consumo de sustancias: “La atención fue interdisciplinaria, pero llegamos tarde porque casi consuma el suicidio”.
Propuso, entre varios ítems, “darles conocimientos a las escuelas y fortalecer la atención primaria de la salud”. Y luego, manifestó que “vemos que hay pocos factores de salud donde los chicos lo necesitan y el silencio y la ausencia de palabra daña”, en relación a los casos de suicidio.
En otro punto, alertó que “post pandemia hubo un incremento del 20%, donde hay cada vez más niños y niñas con intentos de suicidio”, y aseveró que “se ha incrementado la letalidad del método”. Agregó, para culminar, que detectar en la adolescencia quizás es tarde, hay que detectar desde más temprano”.
Después, Roberto Mato, jefe de Clínica de la Unidad de Adolescencia y Transición, expresó que hay un “deterioro en el tejido social con crecimiento en pobreza infantil; incertidumbre, violencia en los barrios y pérdidas de adultos”. Aseveró, también, que “la soledad reemplazó al diálogo y la pantalla reemplazó al afecto”.
En otro momento, explicó que “no alcanza con derivar a salud mental, necesitamos una mirada intersectorial con políticas activas; y recuperar la escucha y sostener la presencia”. En medio de los relatos profesionales, consideró al crecimiento de la tasa de suicidios en adolescentes es “una realidad cotidiana que enfrentamos”.
Exministro de Salud de la Nación, el diputado nacional Daniel Gollán (UP – Buenos Aires) consideró que “podemos hacer un trabajo de mejorar la ley, pero si no hay más recursos no vamos a poder lograr nada”. Cuestionó que la “Ley de Salud Mental iba a tener un 10% (del financiamiento del presupuesto), pero solo se gira un 2%”.
El doctor Darío Sanguineto y la doctora Nora Leal Marchena, ambos de la AAPI (Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil y Profesionales Afines), señalaron que “cada vez hay menos ofertas desde el punto de vista de especialidades”. Criticaron, también, que hay “una falta de políticas sanitarias que dén recursos para efectuar la formación”.
En otra instancia, la trabajadora social y especialista en Ciencias Sociales y Salud, Graciela Touze, propuso “cambiar el enfoque adultocéntrico”, y lamentó la “falta de abordaje específico hasta no estar en situación de crisis”. Mencionó, tras un relevación de datos, que “los adolescentes destacaron posturas punitivistas y discriminatorias a las personas que consumen sustancias, especialmente cuando son jóvenes y pobres, y un abuso policial y otras formas de violencia contra adolescentes”.
Como respuesta a las autoras de proyectos, la directora de Fundación Empesares, Cintya Castañeda, afirmó que “el suicidio es la primera causa de muerte violenta en jóvenes de 14 a 23 años”. Señaló, además, que “en 2023 se suicidaron 4.197 personas” y que “993 tenían de 10 a 24 años”. “No se está haciendo nada”, aseveró la licenciada en Psicología.
De forma explícita, Castañeda ejemplificó: “Un caso de suicidio afecta hasta 135 personas y de manera profunda, si yo me suicido, ustedes no se olvidan más de mí”. Después, sugirió que “para mí, la solución es cambiar la ley porque veo madres que están desesperadas pidiendo la ayuda y hay que enseñar a pedir ayuda”.
En el cierre de su intervención, explicó que dentro de la iniciativa “tiene que ser muy integral el enfoque y que salga de la escuela; organizar desde abajo con grandes campañas de prevención, educación en los colegios; y se tienen que financiar programas desde el Estado”. Estuvo acompañada por Carolina Omelyaniuk, integrante de la Fundación Empesares.
Estuvieron presentes en el debate, también, la jueza y consejera de la Magistratura, María Alejandra Provítola; el médico especialista en Pediatría y Adolescencia, Fernando Zingman; y la doctora en Ciencias Penales, licenciada en Psicología y referente de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, María Lourdes Molina.
El temario contempla, también, proyectos de ley sobre declaración de emergencia en salud mental y otro relacionado a programas de prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes.
La Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados comienza este martes 1ero. de julio a las 16 el debate de los proyectos de ley relacionados a una nueva Ley de Salud Mental impulsado por el oficialismo; la declaración de emergencia en salud mental del Pro; y los programas de prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes.
El encuentro informativo, a cargo de la diputada radical Roxana Reyes, va a contar con la presencia de especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con niñas, niños y adolescentes. “Estamos frente a una crisis silenciosa que se agravó después de la pandemia y que requiere respuestas urgentes”, señaló la titular de la Comisión.
Los expositores invitados son Javier Quesada y Mariano Aizpurúa profesionales del UNICEF; Laura Musa, directora general de la Fundación Sur; María Alejandra Provítola, jueza nacional en lo Criminal y Correccional y consejera de la Magistratura; Graciela Touze, trabajadora social; Cintya Castañeda, directora de la Fundación Empesares; Carolina Omelyaniuk; y María Lourdes Molina, referente del Hogar de Cristo y del Arzobispado de Buenos Aires para temas de niñez y adolescencia.
Además, estarán presentes representantes del Hospital Garrahan: Alejandra Bordato, jefa del Servicio de Salud Mental y Roberto Mato, jefe de Clínica de la Unidad de Adolescencia y Transición.
Según datos oficiales, el suicidio es una de las principales causas de muerte en adolescentes en Argentina, mientras que los consumos problemáticos aumentan cada año. A esto se suma una preocupante falta de acceso a atención temprana y dispositivos territoriales que permitan una intervención eficaz.
Los cinco proyectos que se pondrán a consideración son del oficialismo; del Pro; uno impulsado por Roxana Reyes y Marcela Coli; el de protección de la salud mental de niñas, niños y adolescentes de Carla Carrizo; y uno de prevención del suicidio de la chubutense Eugenia Alianiello y Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica.
La iniciativa impulsada por el mendocino Álvaro Martínez propone promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con trastorno o enfermedad mental y padecimiento de adicciones, y promover el respeto de su dignidad inherente.
A su vez, establece como finalidades el cuidado y tratamiento para la promoción de la recuperación; la provisión de atención hospitalaria, de forma voluntaria cuando corresponda; acceso a la atención adecuada; y la participación del afectado, y de las personas que las cuidan.
Entre otros puntos, el proyecto de La Libertad Avanza define a la "enfermedad mental" como "trastorno mental o padecimiento mental" e incorpora que "es una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo que pueda llevarlo a una angustia considerable, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva".
También considera a "centro de salud mental" a los Centros de Tratamiento Comunitario; y las Casas de Medio Camino.
El legislador del Pro realizó una profunda reflexión acerca de la importancia de la salud mental e insistió en que “no podemos silenciar ni seguir normalizando esta tragedia”.
El diputado de Vamos por Más (VxM) Sergio Siciliano volvió a revalorizar la importancia de la salud mental y advirtió sobre uno de los grandes flagelos de la Argentina: un adolescente se suicida cada 20 horas.
En ese sentido, el oficialista explicó que “a raíz del informe alarmante que publicó el Ministerio de Salud, donde casi 22 personas por día intentan quitarse la vida en Argentina, es urgente que hablemos de este tema” y resaltó que “cada 20 horas, un adolescente se quita la vida en Argentina: no podemos silenciar ni seguir normalizando esta tragedia”.
“Ese número es imposible de digerir. Porque detrás de cada estadística hay una familia, un grupo de amigos, un aula de una escuela, o hasta un barrio que queda roto por la pérdida de un chico que enfrentó un dolor gigante que, en muchos casos, entre todos podríamos haber evitado”, continuó el legislador en diálogo con Clarín y resaltó que el bullying y la competencia entre jóvenes por las redes sociales potencian el riesgo de suicidio.
Además, detalló que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos advierte que el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. UNICEF Argentina señala que, en nuestro país, los suicidios en adolescentes se triplicaron en los últimos 30 años y ya son la segunda causa de muerte en chicos de entre 10 y 19 años. Y por cada adolescente que se quita la vida, entre 20 y 40 intentan hacerlo. Es una verdadera emergencia silenciosa”.
“Como legislador, me importa mucho que las escuelas sean parte de la solución. Por eso impulsé la Ley de Bienestar Integral Escolar en la Ciudad de Buenos Aires, que logramos aprobar a finales del año pasado para que la salud mental empiece a ocupar un lugar central en las aulas”, añadió Siciliano y remarcó: “¿Qué significa esto? Que los chicos tengan espacios donde trabajar sus emociones, desarrollar empatía, construir vínculos sanos, reconocer cuándo necesitan ayuda y cuándo alguien a su alrededor la necesita”.
No obstante, concluyó precisando que con “una ley no alcanza. Necesitamos del apoyo de todos. Las familias tienen que estar atentas, escuchar, no juzgar, preguntar cómo están sus hijos de verdad. Los docentes tienen que sentirse acompañados para detectar señales de alarma que nos permitan intervenir a tiempo. Y los chicos tienen que saber que pedir ayuda no es ser débil: es ser valiente”.
Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en la que se habló de un proyecto para crear un programa de lucha contra el Alzheimer y otras demencias.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública realizó este martes una reunión que tuvo como eje la “Promoción de la salud cerebral”, de la que tomaron parte representantes del sector público y privado, más especialistas que expusieron sobre salud mental.
En el inicio del encuentro, el titular de la comisión, el tucumano Pablo Yedlin (UP) se refirió al proyecto que promueve la creación de un programa nacional de Lucha contra el Alzheimer y otras Demencias “orientado a la prevención, la detección temprana, el tratamiento, y la investigación”.
“Es un tema de suma importancia para la Argentina”, remarcó.
Autor del proyecto, el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes puntualizó: “El programa que proponemos es una estrategia transversal para prevenir, capacitar y desarrollar políticas de salud sustentables”.
“No es una enfermedad más. La memoria y la salud cerebral no son temas médicos, son cimientos de una sociedad más justa”, aseguró.
En ese sentido, distintos especialistas expusieron sobre “Promoción de la Salud Cerebral-Hacia un Plan Nacional de Lucha contra el Alzheimer y otras Demencias”.
“Actualmente hay 60 millones de personas que viven con demencia en el mundo. La demencia es la séptima causa de muerte mundial”, especificó la psicóloga Dévora Kestel, experta mundial en salud mental y reconocida por su colaboración con la Organización Mundial de la Salud.
Luego, el licenciado Diego Aguilar, de Alzheimer’s Disease International (ADI) consideró que “la Argentina no puede esperar más para tener un plan nacional de demencia”. “Tiene que haber un sistema de diagnóstico temprano”, detalló.
En la misma línea, Gladys Bangueses, presidenta de la Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer (ALMA), enfatizó: “Es necesario un plan nacional para mejorar el diagnóstico, la atención, y sobre todo la prevención”.
Además, participaron José María Canelada, diputado provincial (MC) de Tucumán; y la doctora en bioquímica e investigadora del CONICET, Rosana Cheín.
La candidata a legisladora porteña por Evolución reflexionó sobre la importancia de la salud mental y su impacto en la adolescencia.
La candidata a legisladora porteña por Evolución, Lucille 'Lula' Levy, presentó a través de sus redes sociales una serie de iniciativas que se podrían implementar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mejorar la salud mental de sus estudiantes.
La reflexión de la joven candidata se dio a raíz del furor de la serie de Netflix "Adolescencia", lo que le dió el pie para analizar lo que ocurre en materia de salud mental en los colegios.
"Vi Adolescencia y no pude dejar de pensar en las escuelas porteñas. Siete de diez estudiantes del secundario tiene síntomas de ansiedad o depresión. La crisis es real y nadie hace nada. Tengo propuestas: un profesional de la salud mental por escuela es una de ellas", comenzó diciendo Levy.
Al mismo tiempo que indicó que "mientras el 44% de los estudiantes dice sentirse triste o infeliz; y uno de cada cuatro pensó que su vida no tenía sentido, los Equipos de Orientación Escolar (EOE) están desbordados. Un psicólogo para cinco o más escuelas. Sin recursos. Sin políticas públicas. ¿Qué se podría hacer?".
"Nada se resuelve con buena voluntad. Hace falta cambiar cosas de fondo y por eso propongo: primero, terapias grupales y familiares en todos los CeSAC´s, como espacios de apoyo y complemento a las terapias individuales. Segundo, crear espacios de atención inmediata con tecnología e inteligencia artificial", continuó la candidata.
Además propuso "formar a las familias en el uso responsable de pantallas. Los consumos digitales influyen en el bienestar emocional" e "incluir educación financiera y prevención de apuestas en las aulas. Prohibir el celular en las aulas solo influye dentro del aula ¿Qué pasa afuera?".
"Y más importante: un profesional de salud mental por escuela: psicólogo, psicopedagogo o trabajador/a social. Es insostenible que estas situaciones sigan cayendo sobre docentes que no están formados para eso", añadió.
Por lo que concluyó señalando que "detrás de todos estos datos, hay historias reales. Si te sentís identificado o conocés a alguien que sí, contalo. Necesitamos que se escuche para poder cambiar las cosas. No hay salud sin salud mental".
El Centro de Salud Mental N°1 "Dr. Hugo Rosarios" forma parte de la lista de inmuebles del Estado de la cual el Gobierno quiere desprenderse.
El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para declarar al Centro de Salud Mental N°1 "Dr. Hugo Rosarios" como patrimonio histórico, con el objetivo de reconocer el trabajo que llevan adelante sus profesionales e impedir la subasta del terreno donde se ubica.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador mencionó que mediante el decreto 950/24, publicado el 25 de octubre en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional informó que impulsará la venta de una serie de inmuebles del Estado enumerados en otros decretos, entre estos el 952/2016, firmado en su momento por Mauricio Macri. Dentro de este decreto se encuentra el terreno perteneciente al hospital ubicado en la calle Manuela Pedraza 1558, en el barrio porteño de Núñez.
"La iniciativa es un reconocimiento a todos sus trabajadores y al aporte que brindan a la sociedad. Nuestro compromiso es en defensa de la salúd pública", afirmó Valdés. El proyecto fue acompañado por sus pares Pablo Yedlin, Eugenia Alianello, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Pablo Todero, Roxana Monzón, Jorge Araujo, Andrea Freites, Lorena Pokoik, Nancy Sand, Julio Pereyra, Jorge Romero y Carlos Cisneros.
El Centro de Salud Mental N° 1 es un efector de atención ambulatoria en salud mental del Gobierno porteño, que funciona desde 1968. Se encarga de atender, con un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, y de forma gratuita, a personas con problemáticas complejas de salud mental. En el espacio trabajan más de 110 trabajadores, profesionales de planta, concurrentes, residentes y administrativos. Se brinda atención a menores, adolescentes, adultos y familias. Se abordan problemáticas de violencia, abuso infantil, vulneración social y trastornos severos de salud mental. Cuenta con equipos especializados de adicciones, violencia de género y grupos.
Además, este centro tiene dos hospitales de día; uno de adultos y otro infanto juvenil llamado “La Cigarra”, especializado en autismo y psicosis. Posee un Área de Comunitaria e Inclusión Social y también un espacio dedicado a docencia e investigación. Se atienden más de 1.000 personas por semana y el sector de Farmacia dispensa más de 500 recetas de medicación por mes.
Desde el momento en que se anoticiaron de la situación, los trabajadores de la institución declararon estado de alerta y movilización para defender su continuidad.
Es en el marco de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental. A través de las redes sociales legisladores ratificaron su apoyo a los profesionales de la salud y pidieron no al cierre del Hospital Bonaparte.
En el marco de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental legisladores de la oposición criticaron al Gobierno nacional por el desfinanciamiento de los hospitales de salud mental y pidieron no al cierre del Hospital Bonaparte.
El diputado tucumano y médico de profesión Pablo Yedlin (UP) informó: “La Salud Mental es un tema crítico y muy importante para la salud pública. Un 25 % de la población se estima la padece o padecerá”, y remarcó: “Sostenemos el compromiso con nuestra sociedad de defender el RR. HH, las instituciones y las políticas de salud mental”.
En la misma línea, la diputada socialista Mónica Fein compartió un video en su cuenta de “X”: “En el Día de la Salud Mental, hacemos un llamado a la acción. Exigimos priorizar las políticas de salud mental, restablecer los recursos necesarios y garantizar el acceso a servicios de calidad para todos. Necesitamos una infraestructura sólida para quienes más lo necesitan”.
“El Gobierno nacional ha decidido desfinanciar los hospitales públicos de salud mental, poniendo a las personas que se atienden por adicciones, o problemas de salud mental y a los trabajadores en situación de alta vulnerabilidad”, alertó y sumó: “Las acciones de los equipos de salud lograron frenar ese cierre. Tenemos que fortalecer los lugares de atención de salud mental en todo el país y oponernos al desfinanciamiento de la salud pública. Que este día sirva de recordatorio para visibilizar e impulsar esta causa”.
La diputada Natalia Zaracho (UP) manifestó: “SALUD MENTAL ES JUSTICIA SOCIAL. Acompañamos a médicos, enfermeros, estudiantes y trabajadores de la salud en el día Mundial de la Salud Mental. ¡Tenemos que seguir en las calles defendiendo la salud pública!”.
10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. 🧠🏥
La #SaludMental no es un lujo, es una necesidad esencial para nuestro bienestar. https://t.co/9Thv0ZEjRF
— Oscar Agost Carreño (@oagost) October 10, 2024
El senador de UP presentó un proyecto en el Senado en el que denuncia la decisión del Gobierno nacional y señala lo “fundamental” del funcionamiento del nosocomio para la salud mental y las adicciones.
El senador nacional Mariano Recalde (Unión por la Patria) presentó un proyecto de declaración repudiando el cierre del Hospital Nacional de Salud Mental “Lic. Laura Bonaparte” que impulsó el Gobierno Nacional.
El proyecto denuncia que el cierre de los servicios de internación y de guardia significa el “abandono de pacientes de salud mental” e “indican que el objetivo del Gobierno Nacional es el cierre definitivo del Hospital, dejando sin tratamiento a miles de pacientes en salud mental, tanto adultos, como jóvenes y niños”.
A su vez, el proyecto detalla que “la problemática que aborda del Hospital Nacional Laura Bonaparte resulta fundamental en los tiempos actuales en que la salud mental y las adicciones exigen no solo el mantenimiento de una institución como ésta sino los máximos esfuerzos por dar respuesta, contención y un camino de recuperación a las personas que lo necesiten”.
Al respecto, el senador nacional declaró que “cerrar un hospital de un día para el otro nunca se ha visto en democracia”. “Este es un paso más en esta idea que dijo Milei explícitamente, que es un topo que viene a destruir todo lo público, que viene a destruir el Estado desde adentro”, aseguró Recalde.
A través de un proyecto del diputado Mario Barletta, la iniciativa establece la incorporación de una serie de prestaciones psiquiátricas y psicopedagogas. “En el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental”, señaló.
El diputado radical Mario Barletta presentó un proyecto de ley por el cual se propone incorporar al Plan Médico Obligatorio (PMO) algunas prestaciones ambulatorias y así contemplarlas en la Ley Nacional de Salud Mental, por el cual busca fortalecer la atención primaria y secundaria con base comunitaria.
A través de esta iniciativa, se incorporarían al PMO prestaciones como Módulo de admisión/evaluación; módulo de evaluación neuropsicológica y otras evaluaciones integrales ambulatorias; psiquiatría (12 consultas ambulatorias anuales); talleres psicoeducativos y de acompañamiento; terapia ocupacional, psicopedagogía, fonoaudiología, musicoterapia y psicomotricidad; módulo de seguimiento intensivo Post Alta; y centro de rehabilitación psicosocial media jornada / jornada completa.
Ante esto, el legislador de la UCR expresó que “la prevención y el tratamiento de la salud mental debe ser prioridad para mejorar la calidad de vida de las personas”. “Queremos adecuar el PMO a la Ley de Salud Mental”, agregó.
“En el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo etario”, amplió.
Y siguió que “la depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes y el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años”.
Por su parte, añadió que “en Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. Las problemáticas más frecuentes son los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los problemas por consumo de sustancias”.
“Frente a este escenario y en el marco de los cambios de paradigma en relación a la salud mental que estamos atravesando, donde las prácticas ambulatorias cobran protagonismo y se requiere la ampliación de servicios de salud mental del primer y segundo nivel de atención con base comunitaria, resulta imperiosa la revisión del PMO y la realización de cambios que redunden en la mejora del acceso a los servicios de salud mental en el país”, afirmó Barletta.
El proyecto fue redactado en conjunto con la exdiputada Ximena García y fue acompañado con las firmas de Julio Cobos, Martín Arjol, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Fabio Quetglas, Melina Giorgi y Natalia Sarapura.
3988-D-2024
Se trata de estudiantes de cuarto año de colegios públicos y privados que forman parte del programa de participación ciudadana de “Escuelas de vecinos”, los cuales se reunieron con legisladores de las diferentes bancadas para acercarles sus propuestas.
Los alumnos de cuarto año de colegios públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires que forman parte del programa de participación ciudadana de Fundación Éforo, Escuela de Vecinos, se reunieron con legisladores de Unión por la Patria (UP), Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) y La Libertad Avanza (LLA) para acercarles iniciativas relacionadas a la salud mental.
De esta manera, los estudiantes les entregaron sus iniciativas a los diputados Alejandro Grillo, Maia Daer (UP), Inés Parry (UCR-Ev) y Sandra Rey (LLA). Para diseñar esas propuestas, los estudiantes participaron de capacitaciones que les aportaron información conceptual y cuantitativa sobre el tema; debatieron con funcionarios y referentes de diversas fuerzas políticas; se entrevistaron con representantes de organizaciones de la sociedad civil; realizaron encuestas; intercambiaron ideas y opiniones con compañeros.
Entre las propuestas presentadas se encuentran generar capacitaciones y talleres para estudiantes y docentes; promover los Departamentos de Orientación Escolar (DOE), aumentando la atención, difundiendo su funcionamiento e incorporando más personal especializado, además de planificar campañas de difusión y prevención sobre Salud Mental.
El presidente de Fundación Éforo, Federico Recagno, precisó que “en el Plenario de la 16ta generación de Escuela de Vecinos en el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, los jóvenes participantes presentaron sus propuestas de salud mental y hablaron de la necesidad de construir redes sociales humanas, además de las redes sociales digitales”.
En tanto, la vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot, sostuvo que “este año los jóvenes abordaron la problemática de “salud mental” en entornos escolares y lo hicieron con enorme seriedad, compromiso y sensibilidad y destacó que “el esfuerzo, la energía y el impulso de esta generación deja huella para las futuras”.
Cabe recordar que Escuela de Vecinos comenzó en 2006 y desde entonces, con una pausa obligada por la pandemia, pasaron más de 200 colegios de cuatro distritos y más de 10 mil alumnos. Esta es la decimosexta generación en la edición de Ciudad de Buenos Aires y del lanzamiento participaron 15 colegios, públicos y privados, representados por más de 100 alumnos.
Se trata del proyecto “Cero miligramos”, impulsado por el influencer Santiago Talledo. “Es un espacio de diálogo honesto donde se comparten experiencias reales relacionadas a la salud mental”, aseveraron los legisladores.
Buscando concientizar acerca de la importancia de la salud mental, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de interés para la comunicación social el podcast “Cero Miligramos”, conducido por el actor e influencer Santiago Talledo.
El texto aprobado fue impulsado por Emmanuel Ferrario (VxM) y contó con el acompañamiento de Darío Nieto, Sergio Siciliano (VxM), Jessica Barreto (PS), Aldana Crucitta, Lucio Lapeña, Francisco Loupias, Fernanda Mollard, María Inés Parry, Manuela Thourte (UCR-Ev), Maia Daer, Victoria Montenegro, Juan Pablo O’Dezaille, Juan Manuel Valdés (UP), Pablo Donati, Marina Kienast (FLR) y María Sol Méndez (CP).
“La salud mental es una parte fundamental de nuestro bienestar general como personas. Sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Es un derecho humano fundamental, y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. En estos tiempos que atravesamos, la necesidad de actuar en relación con la salud mental se volvió indiscutible y urgente”, aseguraron los legisladores.
Al mismo tiempo que precisaron que “el podcast Cero Miligramos, conducido por el actor Santiago Talledo, es un espacio de diálogo honesto donde se comparten experiencias reales relacionadas a la salud mental” y recordaron que “empezó como un proyecto personal de Santiago, quién a partir de su experiencia en la adolescencia, comenzó a visibilizar la importancia de cuidar la salud mental y los mil y un altos y bajos con los que una persona puede encontrarse a lo largo del camino”.
“A lo largo de sus distintos capítulos, el podcast se consolidó como un lugar donde se habla sobre la vida desde la vulnerabilidad, el dolor e incluso el humor. Se habla de historias personales, se comparten conocimientos y se brinda apoyo para quienes estén pasando por situaciones similares”, señalaron y precisaron que “a lo largo de sus primeros capítulos surgieron temas como la ansiedad y los ataques de pánico, las fobias, la depresión y el suicidio. En un contexto donde los jóvenes son uno de los sectores más afectados por esta problemática, y en tiempos de nuevas tecnologías y herramientas de comunicación, Cero Miligramos aparece como una herramienta muy valiosa, que busca romper estigmas y ‘tener conversaciones incómodas’ que nos permitan crecer como sociedad”.
Por lo que concluyeron precisando que “la creación de este podcast es un testimonio del compromiso de su conductor, Santiago Talledo, y sus socios, con la promoción del bienestar emocional y la salud mental de las personas”.
En los fundamentos, la diputada de UP recordó el caso de Ariel Goyeneche. La capacitación obligatoria también incluye a todo el sistema de salud, a todo el personal de las fuerzas de seguridad y a la comunidad educativa en su totalidad.
La diputada nacional Carolina Gaillard (UP – Entre Ríos), apoyada por su bloque, presentó un proyecto de ley para establecer la capacitación obligatoria sobre la Ley de Salud Mental 26.657 con una “perspectiva comunitaria y de derechos humanos”.
En la iniciativa, se exige la capacitación obligatoria en salud mental a todo el personal de las fuerzas de seguridad, de educación y de salud del ámbito nacional, provincial y municipal, del sector público y privado, desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos, y entendiendo a la salud mental “como un derecho humano fundamental”.
Para Gaillard, “hay un déficit en la respuesta concreta a situaciones de emergencia en salud mental”, y con el objeto de lograr la capacitación y formación que permita una coordinación y articulación de todas las áreas para lograr abordajes adecuados y medidas concretas que salvaguarden los derechos de los pacientes, según establece la Ley de Salud Mental.
Propone, también, que “tiene como objeto establecer la capacitación obligatoria de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 a todos los efectores del sistema de salud, a todo el personal de las fuerzas de seguridad y a la comunidad educativa en su totalidad, sea del ámbito público como del ámbito privado”.
“Estará dirigida a todas las personas que se desempeñen en el sector público, en todos sus niveles y jerarquías, definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156, en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, y en los ministerios públicos, así como en el sector privado, en las áreas mencionadas específicamente”, añadió.
Agrega que “el proyecto surge de la necesidad de promover y garantizar la formación, capacitación a todos aquellos actores involucrados en la implementación de la Ley de Salud Mental, en las áreas de salud, seguridad y educación”.
“Consideramos que gran parte del problema no está en la ley en sí misma, sino en la falta de conocimiento y formación sobre la misma, en la falta de articulación y coordinación entre los efectores del sistema de las distintas áreas, como en la ausencia de recursos o readecuación de los mismos para una implementación”, cuestionó la entrerriana.
En tal sentido, la diputada nacional expresó que “si las fuerzas de seguridad hubiesen tenido la capacitación necesaria para saber cómo actuar en el caso de Ariel Goyeneche, él estaría probablemente con vida, porque fue tratado como un delincuente cuando se trataba de una persona con un padecimiento de salud mental”.
Este proyecto de ley implica también que la atención en salud mental no esté centrada únicamente en las principales ciudades donde existe mayor concentración de profesionales, sino que por el contrario, busca incorporar una perspectiva federal integrada, con el objetivo que las provincias y sus municipios accedan, en igualdad de condiciones a contar con personal capacitado e idóneo para dar respuestas oportunas a la gran cantidad de demanda.
Desde esa perspectiva, el proyecto impulsado tiene como finalidad contribuir a que se garanticen aspectos centrales como buenas prácticas respecto de las medidas no coercitivas, la inclusión de la comunidad y el respeto de la capacidad jurídica de las personas, es decir, el derecho a tomar decisiones sobre su tratamiento y su vida.
Además, en su articulado, el proyecto establece que “El Poder Ejecutivo Nacional llevará adelante campañas de concientización a través de los medios masivos de comunicación, plataformas digitales, redes sociales, entre otros, a los efectos de concientizar a la población en general respecto a la importancia de la correcta implementación de la ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su enfoque de derechos humanos”.
Proyecto 1160-D-2024Marina Charpentier expuso en el plenario de comisiones de Diputados, celebró las modificaciones que se plantean en el proyecto de ley ómnibus y dijo que la ley actual “está hecha para gente con dinero”.
Foto: HCDN
A favor de las modificaciones en la Ley de Salud Mental que propone el proyecto de ley ómnibus, Marina Charpentier, madre de Santiago “Chano” Charpentier, el líder de Tan Biónica, pidió a los legisladores dejar “de mirar para atrás y miremos para adelante” porque “los pibes se están muriendo, el fentanilo llegó a las calles de la Argentina”.
En representación de la Asociación Civil La Madre Marcha, exclamó que hay una “cantidad de familias y de madres desesperadas diciendo ‘mi hijo se quiere internar y no hay dónde’, porque realmente no hay dónde. Los psiquiatras tienen sueldos que son de vergüenza y casi que hacen un trabajo vocacional”.
“Celebramos la interdisciplina de la que habla la ley, celebramos que hablen de prevención”, destacó y sobre la norma actual dijo que “será muy buena, pero es teórica. Es lo mismo que si hoy (Javier) Milei dijera saco una ley para que desaparezca la inflación, no se puede, hay que tomar medidas para eso”.
La madre de “Chano”, que a raíz de su experiencia personal encabeza la lucha de madres de hijos con adicciones, se preguntó: “¿Qué derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar, que no puede criar a un hijo y que no puede convivir en la sociedad?”.
Sobre su hijo, sostuvo que “gracias a Dios él está bien, ¿pero saben por qué mi hijo está bien? Porque él puede pagar tratamientos y puede pagar psiquiatras. Esta ley está hecha para gente con dinero, porque esto no es Australia, Finlandia ni Nueva Zelanda. Argentina tienen a los pibes muriéndose en la calle”. “Hagamos leyes para los pibes que tenemos, no los que soñamos tener”, reclamó.
También celebró que “por fin se hayan decidido poner sobre la mesa la Ley de Salud Mental, contra la que no tenemos bronca ni estamos en contra, simplemente creemos que es una ley que quedó vieja, que cuando se hizo no intervinieron las personas que tenían que intervenir”.
“Los artículos que propone la ley ómnibus estamos interesados a sentarnos en una mesa a discutir con los legisladores estos cambios, que nos parecen interesantes, que nos ayudan a ayudar a las madres que están desesperadas”, expresó.
En otro tramo, Charpentier se preguntó: “¿Qué estigmatización más grande hay que decir que no puede haber un hospital psiquiátrico para enfermos mentales? ¿Por qué los que defienden la ley hablan de que el hospital es la cárcel, o que adentro se asocia con la tortura o con la ESMA? Por favor señores”. “No estamos en contra de los derechos humanos, pero ya están defendidos, la salud mental no”, añadió.
A su lado, Stella Mauri resaltó que “la adicción es una enfermedad” y los adictos “no son usuarios como dice la ley, son enfermos”. “Todos los días tenemos hechos desgraciados. Llevamos años pidiendo las familias que el Estado nos escuche. Necesitamos un hospital monovalente donde puedan tratarse las patologías de salud mental y adicciones”, reclamó.
Asimismo, consideró que “es urgente decretar el estado de emergencia en salud mental en todo el territorio nacional”. Sobre la Ley 26.657, opinó que “seguramente la intención fue buena, pero lamentablemente no funcionó ni funciona”. “Mi hijo se terminó suicidando porque nunca lo pude hacer atender, porque la ley pide voluntad de internación. ¿A un adicto se le puede pedir voluntad de internación cuando lo primero que se quiebra es la voluntad?”, relató.
Por el contrario, Claudia Pugliese, del Consejo Consultivo Honorífico en Salud Mental y Adicciones, expresó el “profundo” y “absoluto rechazo” a las reformas propuestas, las cuales fueron concebidas “a espaldas del Congreso y el pueblo, sin ningún tipo de participación de usuarios, trabajadores, familias” y además “implica un retroceso volviendo a todos los modelos que han fracasado”.
En ese sentido, enumeró que se trata de “volver a la centralización de modelos hegemónicos, a la ausencia de abordajes interdisciplinarios, a la privatización de la libertad, a la despersonalización de los usuarios, a la manicomialización, al encierro indiscriminado, a la destrucción de los lazos sociales, a la desprotección, la estigmatización y el aislamiento”.
La especialista cuestionó que se busca “incorporar nuevamente la intervención judicial y tutelar para las personas con padecimiento psíquico” cuando “ los jueces y los abogados no son quienes tienen que decidir”. También habló en contra de “propiciar el encierro como modalidad primordial” y “habilitar la creación de nuevos manicomios e interrumpir los procesos de transformación de los existentes”.
Para Pugliese, la propuesta “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos” y responde a “intereses de ciertos grupos de poder” en pos de la “mercantilización del sistema”.
Así se lo preguntó Jorge Yabkowski, representante de los profesionales de salud, quien dio un discurso político y reclamó fuertemente por el presupuesto en salud pública.
Foto: HCDN
Durante la jornada con invitados de la sociedad civil en el marco del debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, Jorge Yabkowski, de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), cuestionó el proyecto del Ejecutivo y -con un discurso político- reclamó por el presupuesto destinado a la salud pública.
“¿Volveremos en salud mental al chaleco de fuerza, a los manicomios, a la internación compulsiva, al glorioso 1880 como hoy nos plantea el presidente?”, se preguntó para criticar la reforma a la Ley de Salud Mental planteada en la iniciativa.
Para el expositor, “no hay salud pública sin república, y el DNU y la ley ómnibus son al entender de nuestro colectivo un corpus indivisible y reaccionario, profundamente subversivo del conjunto de valores que cimentaron 40 años de democracia”.
“La liquidación del derecho de huelga y de protesta social, su criminalización, conforman una reforma constitucional de hecho, que instala en Argentina una autocracia policial, con el objetivo de terminar la tarea de la dictadura genocida”, lanzó.
Tras pedirle a los legisladores “el rechazo liso, llano e indivisible del DNU y la ley ómnibus”, ratificó que “estaremos en la calle el 24 de enero para hacerlo sentir a toda la sociedad”.
“El aumento de las prepagas causó un desbarajuste”, dijo, pero apuntó que “sólo 5 de los 46 millones de argentinos están cubiertos por prepagas”. “En 2019 este ‘insuficiente’ sistema produjo 150 millones de consultas, ni hablemos de la pandemia, cuando estuvimos a la cabeza”, destacó y se quejó: “¿Qué dice (el proyecto) de reforzar la contención de la red pública frente al aumento de la miseria, la desocupación y la pobreza? Nada”.
Yabkowski detalló que el 20% de la financiación de la salud pública está a cargo de Nación, el 65% de los Estados provinciales y el 15% de los municipios, pero “con el presupuesto congelado a merced de los giros discrecionales de la Jefatura de Gabinete, como vivimos en otros momentos, ¿cuál será el destino de los sistemas de salud pública? ¿Cuál será la suerte del medio millón de trabajadores de la salud pública mal pagos y precarizados?”.
Finalmente, anticipó que si se ratifica el DNU 70/23 y se aprueba la ley, “sepan todos que la resistencia social para nuestras conquistas, los derechos a la salud, al trabajo, a una vida democrática estarán garantizados por nuestra movilización en las calles”.
La iniciativa, que fue tratada sobre tablas, tuvo una sola modificación y cosechó 149 votos afirmativos y una abstención. La misma tenía dictamen de comisión desde julio y fue girada al Senado.
Previo al recambio legislativo, la Cámara de Diputados le dio media sanción en la sesión especial de este jueves -en donde se aceptaron las renuncias de legisladores- al proyecto de ley de seguridad de la paciente también conocida como “Ley Nicolás” que tenía dictamen de comisión desde julio. Giró al Senado.
La iniciativa cosechó 149 votos afirmativos y 1 abstención de Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos). El texto resultó de la unificación de los proyectos de los diputados Fabio Quetglas (UCR) y Mónica Macha (FdT). Fue lo último que la composición actual aprobó de forma exprés y sin debate, debido a que se trató de un proyecto muy consensuado.
No se había adelantado el tratamiento de esta norma. Quien pidió incluirla al hacer uso de la palabra fue el propio Quetglas -autor de una de las propuestas-, quien hizo entonces un pedido de apartamiento para poner a consideración el orden del día 721 “Ley de Seguridad y Calidad Sanitaria. Ley Nicolás”, que fue aprobado con las ¾ partes de los votos, y con las 2/3 partes se logró su tratamiento sobre tablas.
El oficialista Daniel Gollan procedió a leer a continuación una modificación al texto que “está completamente consensuado”, sobre el título del capítulo quinto por el siguiente: “Verificación de la aptitud profesional del equipo de salud”, y detalló un cambio en la redacción del artículo 18: “Verificación de aptitud profesional a fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria es obligatoria la verificación periódica de la aptitud profesional del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por la vía reglamentaria”.
En su carácter de presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein aceptó las modificaciones que “están ampliamente consensuadas”, y agregó: “Es una alegría que en esta última sesión se trate algo de la Comisión de Salud”.
Tras la votación, de profesión médica el catamarqueño Rubén Manzi (Coalición Cívica) se despidió del recinto con un breve y emotivo mensaje que le valió el aplauso de toda la cámara: “Terminar este periodo con una ley de salud, con un dictamen unificado también es un buen mensaje para terminar un periodo donde la Comisión de Salud hemos trabajado básicamente por consensos. Quiero agradecer a todos, por supuesto a los autores de la ley, y a todos los diputados y diputadas de este proyecto”.
La iniciativa tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
De acuerdo al proyecto, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley. A su vez, estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos.
También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”.
“A fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación periódica de las condiciones psicofísicas del equipo de salud. Este requisito será aplicable en los plazos que se determinen por vía reglamentaria”, estipula otro de los artículos.
La iniciativa determina que “el equipo de salud debe realizar capacitaciones periódicas en materia de calidad y seguridad de la atención sanitaria y legislación vigente vinculada a temáticas de acceso al derecho a la salud, independientemente del área y cargo en el que se desempeñe”.
Entre otros aspectos, adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, “con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud”.
La propuesta recibió el nombre de “Ley Nicolás” en referencia al caso del joven Nicolás Deanna, quien falleció en 2017 cuando le dieron un diagnóstico errado y en realidad padecía una meningitis bacteriana.
Se trata de una iniciativa de la oficialista Lucía Romano (VJ), a través de la cual se prevé resguardar y asegurar el acceso a la protección de la salud mental de los profesionales y del personal del servicio de salud.
La legisladora de Vamos Juntos (VJ) Lucía Romano impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del cual buscará o resguardar y asegurar el acceso a la protección de la salud mental de los profesionales y del personal del servicio de salud en los hospitales públicos del distrito capitalino.
En el texto recientemente presentado, la diputada propuso crear un “Gabinete de Salud Mental (GSM)” en cada una de las unidades programáticas de los distintos hospitales públicos de la Ciudad, el cual tendrá como principal función la contención y atención de los profesionales y del personal del servicio de salud ante situaciones traumáticas y/o de estrés que fueran desencadenadas en la institución en la que desempeñan sus tareas.
Asimismo, el GSM se “encargará de diseñar protocolos, establecer capacitaciones, y métodos para abordar dichas situaciones de manera idónea y profesional”.
En los fundamentos de la iniciativa, Romano recordó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Salud, como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. Asimismo, detalló que “se considera a la Salud Mental, como parte del conjunto Salud y al Estrés Laboral como un patrón de reacciones psicológicas, cognitivas y conductuales que se dan cuando los trabajadores se enfrentan a exigencias que no se corresponden con su nivel de conocimiento, destreza o habilidad”.
Por otro lado, la legisladora se refirió al impacto que tuvo la pandemia del Covid 19 en la salud mental de los argentinos. “Dejó al descubierto, en nuestro país y a lo largo del mundo, las contemplaciones, riesgos, cuidados y restricciones que los/as profesionales y resto del personal de servicio de la Salud deben tener en cuenta diariamente, antes, ahora y siempre que desempeñen su tarea”.
“El sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se caracteriza por ser piramidal. En la cúspide de la pirámide, se encuentra un grupo de profesionales con mayor poder y empleos mejor remunerados, las condiciones laborales mejoran, se trabaja en forma más organizada y reconocida. El acceso a estos niveles es dificultoso y selectivo. A medida que se desciende por la pirámide, los niveles se van ensanchando y allí también hombres y mujeres, en el inicio de sus prácticas profesionales, afrontan situaciones de riesgo, malestar e incertidumbre, contando con recursos más escasos a nivel subjetivo, económico, laboral. Por ende, jornadas laborales caracterizadas por ser largas, agobiantes, con alto nivel de estrés, entre otras cosas, desencadenan desbordes físicos y emocionales en las personas que forman parte de las instituciones de salud”, agregó la oficialista.
Es por ello que concluyó explicando que “el estrés laboral es uno de los riesgos psico-sociales más importantes en nuestra sociedad y principalmente en el ámbito de la salud. Es importante poder identificar estas situaciones y actuar en consecuencia de ellas, para así́ brindar una mejor calidad de vida a quienes destinan su vida al cuidado de la sociedad, y por consiguiente, generar un mayor bienestar en el paciente”.
Por Mario Clemente Emerger*. Cada 10 de octubre se celebra en el mundo el Día de la Salud Mental con el objetivo de dar mayor visibilidad a una problemática que crece de manera exponencial. Este día nos brinda la posibilidad de reflexionar sobre la importancia del abordaje integral de la salud.
La salud mental es un componente esencial de nuestro bienestar general que merece la misma atención, cuidado y respeto que le brindamos a la salud física. Las enfermedades mentales afectan a personas de todas las edades, géneros y grupos socioeconómicos; en Argentina, 1 de cada 3 personas sufre algún problema de salud mental a partir de los 20 años y, según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), una cuarta parte de la población mundial experimentará alguno de estos trastornos a lo largo de su vida.
Poder identificar esta problemática es un paso fundamental para desestigmatizar y superar los prejuicios hacia las personas que la padecen.
La salud mental es aquel bienestar emocional y psíquico fundamental para el desarrollo del pensamiento, los sentimientos, la capacidad para aprender, trabajar o establecer relaciones sociales.
La O.M.S. define a la salud mental como un estado en el cual cada individuo desarrolla al máximo su potencial, es capaz de afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y aportar algo a su comunidad. Es decir, la salud mental es mucho más que la ausencia de trastornos mentales ya que, como dijimos, es la base del bienestar general del ser humano.
Podemos mencionar algunas enfermedades de salud mental como la ansiedad, depresión, ataques de pánico, estrés, entre las más conocidas. Este tipo de padecimientos se presentan como transitorios o duraderos y pueden requerir diversos dispositivos o estrategias de acompañamiento, cuidado y atención.
Cada año, la Organización Mundial de la Salud se centra en un tema específico en relación a la salud mental, estas temáticas van desde la prevención del suicidio hasta la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo, buscando abordar cuestiones importantes y diversas en torno a esta problemática en todo el mundo.
En este Día Mundial de la Salud Mental 2023 la O.M.S. propone el lema “La salud mental es un derecho humano universal” con el objetivo de sensibilizar y concientizar que todas las personas tienen derecho a gozar de salud mental, lo que incluye el derecho a ser protegido de los riesgos para la salud mental y el derecho a una atención digna y de calidad.
* Mario Clemente Emerger, Presidente de la Fundación Observatorio para la Medicina Prehospitalaria.
El candidato a jefe de Gobierno anunció este fin de semana un plan de prevención y acción para la problemática de la salud mental en la Ciudad.
El candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, anunció este spabadi una serie de medidas referidas a la problemática de la salud mental para ser aplicadas en el ámbito de la Ciudad mientras promueve la modificación de la Ley de Salud Mental vigente.
Entre las principales medidas se anticipan nuevos protocolos de evaluación; capacitación especializada para el personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME); más centros de Acompañamiento Terapéutico y la creación de otros para aliviar la demanda del todo el sistema, entre las principales medidas.
“La ley que tenemos hoy en nuestro país, no sirve. Y no sólo no sirve, sino que hace mucho, mucho daño”, sostuvo el candidato a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio. “Para muchos teóricos es divina pero para los que laburan en el territorio no funciona -señaló por Radio Rivadavia-. Y mientras tanto, hay cientos de personas y familiares que viven una realidad sumamente dura porque no encuentran en la ley actual, un marco que les permita encarar las situaciones que necesitan. Tenemos que replantear la ley y poder intervenir con profesionales en casos que hoy quedan aislados y sin atención”.
Macri contó que quiere “promover la reapertura del debate para cambiar la Ley de Salud Mental”. Con todo, aclaró que no podemos quedarnos quietos esperando que eso pase”, por lo que “een la Ciudad vamos a desarrollar protocolos específicos de evaluación, para identificar la gravedad del trastorno mental de la persona, su vulnerabilidad, y el riesgo que pueda tener tanto para ella como para otros”.
“Vamos a crear un sistema de capacitación especializada en crisis psiquiátricas permanente para el personal médico del SAME. Vamos a sumar más Centros de Acompañamiento Terapéutico para personas que tienen consumos problemáticos de sustancias legales e ilegales que requieren largos tratamientos y apoyo”, anunció, como así también dijo que “vamos a construir nuevos centros para descentralizar y aliviar la demanda del todo el sistema de Salud Mental de la Ciudad, haciendo que para los pacientes y familiares la atención sea más accesible y en muchos casos cercana”.
Macri sostuvo que “vamos a reforzar el sistema de emergencia y especializar la asistencia en adicciones para que pueda atender de manera temprana los pedidos de ayuda que se presentan en las madrugadas y en salas de emergencia”.
“Vamos a coordinar los múltiples esfuerzos privados para expandir los servicios de asistencia en entidades certificadas por la Ciudad que ofrezcan tratamientos y soporte. Colaborarán también iglesias que tienen programas de asistencia”, agregó, convencido de que “este es un tema que me atraviesa porque conozco, escucho y veo el sufrimiento que genera. Tengo toda la voluntad para que esto cambie y sé que el rol nuestro, desde el gobierno, es modernizar la ley actual y usar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para mitigar o apagar el sufrimiento de aquellos que padecen un problema de salud mental y de sus familiares y seres queridos”.
La legisladora porteña presentó sus propuestas en materia de salud mental, la mayoría de ellas orientadas a la juventud, y explicó que trabajando en ese sentido “tenemos la posibilidad de ordenar la vida de esta generación”.
A raíz del debate que se comenzó a instalar en la sociedad desde la pandemia, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Ofelia Fernández se refirió a la problemática de la salud mental, especialmente en la juventud, y planteó una serie de propuestas para abordar el tema a nivel nacional.
En ese sentido, la diputada afirmó que “si asumimos la salud mental como una cuestión política, tenemos la posibilidad de ordenar la vida de esta generación, pasar de sobrevivir a vivir” y remarcó que “hay que encontrarnos generacionalmente para pensarlo. Si la pandemia fue la máxima expresión de locura, tal vez fue justamente porque estábamos todos separados de los demás”.
“Tenemos que intentar que, en esta campaña electoral, discutamos problemas reales y concretos”, siguió Fernández y concluyó señalando: “Juan Grabois es el candidato a presidente de nuestro espacio por una nueva generación tomando decisiones y con una Argentina más humana que esta. Que puedas trabajar, descansar y ser feliz vos y los demás, no es fantasía, estamos para pelearlo y para discutir nuestras ideas”.
De esta manera, la legisladora planteó cuatro propuestas para abordar la problemática: en primer lugar, aplicar la Ley de Salud Mental y, entre otras cosas, mejorar los Departamentos de Orientación Educativa en las escuelas. En segundo lugar, realizar un estudio epidemiológico en salud mental a nivel nacional para obtener datos precisos sobre la problemática. Luego propone elaborar un plan de acción en base a la información producida.
La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico se reunió para debatir la necesidad de repensar una nueva ley de salud mental.
Pasada una década de la reglamentación de la norma vigente y en medio de la polémica generada por su implementación, se realizó en Diputados una reunión informativa donde expusieron especialistas.
La Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, que preside el santafesino Federico Angelini, se reunió este jueves convocada para abordar la temática “La necesidad de repensar una nueva Ley sobre Salud Mental y Adicciones”.
El debate se desarrolló en esa comisión de manera paralela a la reunión de la Comisión de Juicio Político, y fue casi tan extensa como aquella. Es que hubo más de una decena de especialistas invitados a exponer, y tal cual se anunció en el inicio de la reunión, habrá nuevas reuniones con invitados de todos los sectores.
La idea es repensar una nueva ley sobre Salud Mental y Adicciones, y abrió el debate Sandra Alvarez, fundadora de Proyecto Vida Digna, de Mar del Plata, quien planteó que esa ONG trabaja “la justicia penal terapéutica, con los juzgados y los abogados defensores y fiscales para que cuando la problemática es atravesada por la adicción y tiene un problema con la justicia penal, pueda conseguir una morigeración y hacerse un tratamiento en un lugar donde se le pueda dar la atención que necesita por su atención”.
“Notamos que estamos llegando tarde, cuando los chicos están ya adentro de una unidad penal, y tenemos que llegar antes”, destacó Alvarez, quien destacó que “se trabaja con la familia, que sufre muchísimo”, y que muchas veces “queda afuera”. Para graficar el impacto que el tema tiene en las familias, citó dos casos trágicos muy renombrados estos días, en uno de los cuales un joven adicto mató a martillazos a su abuelo porque no le quiso dar plata para drogarse. Y después, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, estrelló su auto contra un camión para suicidarse.
“La familia necesita ayuda urgente; estamos hablando de abuelos de 85 años, que viven con hijos de 42, 44 años, que son adictos, a los cuales les tienen miedo y viven violencia constantemente”, graficó la especialista, que agregó que “si pudiéramos abarcar esto dentro de una ley específica de adicciones, sería muy importante. Tiene que sanar todo su entorno”.
En otro pasaje dijo que “el concepto de internación está muy poco claro. Hay que aclarar cuáles son los conceptos de internaciones. El criterio de que los manden a 600 kilómetros hace que a veces la familia pase meses in poder verlos”.
Por último señaló que hay 51 mil presos en la provincia de Buenos Aires, 5.000 en comisarías, y los abogados de oficio se niegan a gestionar la morigeración de penas en juzgados, eso hace que la posibilidad de recuperación llegue tarde”.
Luego fue el turno de Gabriel Avena, especialista en salud mental y adicciones, quien hace más de 30 años que trabaja en los temas drogas y alcohol. Admitió que sería un poco autorreferencial en su exposición y en ese sentido graficó que esa “es una ley que vengo padeciendo, que padecen los usuarios de droga con los cuales trabajo, sus familias y los barrios”.
Advirtió que existe un “enorme crecimiento en el consumo de droga y alcohol”, como así también mucha más oferta y los adictos arrancan más temprano en el consumo.
“Esta ley tiene propuestas que en cualquier lugar del mundo sensato sonarían como disparatadas. En 2010 la idea era que para 2020 las comunidades terapéuticas deberían desaparecer y cerrar sus puertas, porque eso avasalla un montón de derechos…”, planteó con un dejo de ironía. Hizo también hincapié en que “este país tiene una historia de un Estado ausente, salvo honrosas excepciones. El adicto siempre fue expulsado del hospital”.
Agregó que “estos dispositivos tienen asistencia ambulatoria, hospital de día y de noche… este es un país raro. En la Facultad de Medicina y Psicología no se forma profesionales para estos tratamientos, no tenemos ninguna materia que nos prepare para abordar una problemática por la que golpean la puerta de nuestros consultorios un montón de padres”.
Graficó también que en este país se ponen semáforos en las esquinas luego de varios accidentes. Nunca se piensa antes si esa esquina será peligrosa. “Esta es la historia de la prevención en la Argentina: siempre vamos atrás de la enfermedad”, reconoció.
En ese marco remarcó que este es “el peor momento de la historia del país, donde uno de cada dos argentinos es pobre.
En su cuestionamiento a la ley vigente dijo que esta norma “demoniza la psiquiatría y la monovalencia”. Añadió que “hemos visto en el último tiempo el surgimiento de comunidades terapéuticas clandestinas a las que la gente acude en forma desesperada y claramente va a seguir habiendo cada vez más, si no se puede habilitar una sola cama, ni ningún centro nuevo. Esta ley entonces favorece la creación de centros clandestinos”.
Al cerrar, Avena aseguró que “esta ley es una ley de escritorio, donde no consultaron a los que saben. Ojalá podamos hacer algo con esto”.
Claudia Cazabat, directora nacional de Atención Crítica en Sedronar, consideró “importante reconocer a la persona como un sujeto de derechos; no cualquier persona tiene un consumo problemático, las respuestas deben ser singulares. La exclusión no favorece al tratamiento”.
“Es importante el trabajo en red. Tenemos que trabajar en forma conjunta con Educación, Salud, Desarrollo Social, con todos los actores de la comunidad. La ley se refiere a la reglamentación de cómo tiene que ser la internación involuntaria, tenemos que ver los huecos y dónde trabajar para la plena implementación de la ley”, aseguró.
A su turno, Diego Celli, director y fundador del Hogar Jesús es mi Refugio, sostuvo que “nos encontramos que personas de los ámbitos de salud o judicial se niegan a firmar las internaciones. Tendríamos que articular la forma. Tendríamos que tener una cultura de tipo preventivo. Creemos que tendría que haber una ley nueva, que no hay que tener a la gente en los manicomios, pero las comunidades terapéuticas no son psiquiátricos”, agregó
En tanto, Marisol Froy, miembro de Madres del Ser, pidió por una “ley específica en adicciones donde el acceso al sistema de salud sea acorde a la problemática real y actual. Y a al mismo tiempo solicitó la emergencia en salud, para la “creación de más dispositivos de abordaje”.
Por su lado, Leonardo Gorvacz, ex diputado y coautor de la Ley de Salud Mental, recordó que las leyes existentes fueron votadas por amplia mayoría. Remarcó que “hemos podido construir consensos alrededor del tema de las adiciones y la salud mental, no significa que se haya resuelto el problema”.
Luego fundamentó que “la ley no prohíbe la internación involuntaria, expone un criterio y un sistema de control, el tema es cómo se interpreta en la guardia, se podría mejorar, pero no hace falta cambiar la ley, tal vez establecer protocolos. La verdadera prevención es construir una sociedad con más oportunidades”.
El médico Andy Blake agregó que Argentina no tiene un mecanismo de medición sistemático de los problemas de salud mental y adicciones. “Saber con qué recursos humanos contamos y su distribución geográfica es importante. Tampoco tenemos información de qué tipo de problemas de salud mental tenemos. Lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede abordar”, afirmó. Y propuso unificar leyes, “no generar leyes por problemas”.
Mariano Rey, director provincial de Salud Mental, manifestó que “podemos decir que el sistema sanitario que recibimos es bastante fragmentado con poco nivel de articulación. Todavía cuesta llegar a aquel que más nos necesita y ahí hay un proceso de trabajo que también tenemos que dar”.
Además participaron de esa extensa reunión Hugo Leale, director del Observatorio de Prevención y Promoción de Salud Comunitaria, Facultad de Psicología. UBA; Mariano Rey, director provincial de Salud Mental; Alicia Stolkiner, doctora en Salud Mental, investigadora y docente universitaria. Integrante de la Mesa de Expertos en Salud Mental; Alberto Trimboli, doctor en Psicología Social, coordinador del Sector de Adicciones del Hospital Álvarez; Osvaldo Denton, de la asociación Hay Salida; Norma Galeano, directora de Madres territoriales; y Luciano Grasso, ex director Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, entre otros.
Se trata de una iniciativa de la oficialista Paola Michielotto (VJ) para que el personal de seguridad y de los servicios de emergencia reciban formación, entrenamiento, asistencia técnica y/o asesoramiento en materia de discapacidad y salud mental.
La diputada de Vamos Juntos (VJ) Paola Michielotto presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear un “Programa de Formación y Capacitación con Perspectiva de derechos de las personas con discapacidad y/o diagnósticos de salud mental”, para que todos los miembros del servicio de seguridad pública y emergencia puedan formarse.
De esta manera, a través de ese programa recibirán información, entrenamiento, asistencia técnica y/o asesoramiento para asegurar competencia en el personal de seguridad en orden a: “brindar un trato adecuado y no discriminatorio a personas con discapacidad y/o diagnósticos de salud mental”, “orientar a personas con discapacidad y/o diagnósticos de salud mental para ejercer sus derechos”, “contribuir a vigilar el cumplimiento de las normas urbanas vigentes destinadas a facilitar el acceso y goce de los espacios de uso público” e “intervenir para preservar el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad y/o diagnósticos de salud mental”.
En los fundamentos de la iniciativa, Michielotto explicó que a través de esta iniciativa “se busca dotar a los agentes antes mencionados de las herramientas suficientes para un correcto proceder al momento de hacer frente ante alguna situación en la que se encuentre una persona con una discapacidad o con alguna enfermedad mental” e indicó que “un alto nivel de capacitación y una actitud comprometida en la prestación del servicio son condiciones indispensables para que la policía cumpla correctamente con sus funciones. Es necesario que ambas características se mantengan permanentemente integrados a fin de que la actividad sea orientada por los mejores criterios y, por supuesto, para que la práctica no se separe de lo que debe ser el mejor desempeño policial en cada situación”.
Asimismo afirmó que “un agente policial debe orientar su conducta tanto en función de las normas legales como por criterios profesionales, ambos resultantes de un proceso de formación que debe ser estricta y regularmente renovado y verificado” y resaltó que “el aspecto humano de la función es imprescindible dentro del cumplimiento del Servicio de Policía. Una adecuada relación ciudadano-policía o policía-vecino, ayuda significativamente en la calidad del servicio”.
Sobre esa misma línea, la oficialista señaló que “la grandeza de esta nueva percepción implica ir más allá de la lucha contra la delincuencia, lleva sujeta la exigencia de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica” y precisó que “la función policial tiene un amplio campo de acción en el tema de la seguridad. Las estrategias y vías que cada gobierno implemente respecto a sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen una repercusión directa, ya sea positiva o negativa, en la seguridad de la ciudadanía”.
“Los agentes tienen que actuar con responsabilidad, respondiendo adecuadamente a todos y cada uno de esos escenarios. Por lo que es muy importante proveerles de los recursos suficientes y adecuados en el marco del espíritu de este proyecto”, sentenció.
El legislador del FIT advirtió que existe un “vaciamiento” en esa materia y alertó acerca de que “la no implementación de la Ley 448 de CABA como así también de la Ley de Salud Mental 26.657 ha profundizado esta situación año tras año”.
Luego de que se proyectara en la Legislatura de la Ciudad un película que ponía en relieve los desafíos a los que se enfrenta una persona que requiere de una asistencia psicológica o psiquiátrica, el legislador del FIT y presidente de la Comisión para la Prevención de la Violencia Institucional, Gabriel Solano, advirtió sobre la necesidad de que en el distrito capitalino se cree un “sistema integral de Salud Mental”.
En ese sentido, el trotskista aseguró que “el debate (que se generó a raíz de la proyección del film) atravesó diferentes ejes, pero el acuerdo fue total en relación al vaciamiento y ajuste que se viene llevando en materia de salud mental, agravado por el marco de ajuste más general” e indicó que “la no implementación de la Ley 448 de CABA como así también de la Ley de Salud Mental 26.657 ha profundizado esta situación año tras año”.
Además señaló que “desinstitucionalizar no significa de ninguna forma el cierre de hospitales monovalentes, de hecho rechazamos los cierres del Borda y el Moyano bajo planteos engañosos y por fuera de los requisitos establecidos por las leyes vigentes” y remarcó que “la salud mental requiere un sistema integral y en consonancia con la estrategia de atención primaria de la salud (APS), atendiendo todo el amplio y complejo espectro de padecimientos mentales -entre ellos, por su incidencia, la atención de las adicciones y la violencia de género y familiar”.
“Todo lo contrario a lo que sucede hoy: no hay turnos o atención en Cesacs y hospitales para consultas sobre salud mental y tenemos a gran parte del personal de salud completamente precarizado. Hay mucho por lo que luchar, otra salud mental es posible”, completó.
En tanto el corredactor de la Ley de Salud Mental 448, Ángel Barraco, quien estuvo presente en la proyección del film, concluyó argumentando que “si no se ha podido avanzar en el proceso de desinstitucionalización de los hospitales monovalentes (psiquiátricos) del sistema es por un lado, por culpa de los gobiernos y sus políticas de ajuste, y otro, por el accionar corporativo de la cúpula burocrática de la Asociación de Médicos Municipales, que sistemáticamente se han opuesto a la implementación de ambas leyes. Esto que sucede en CABA, se repite en el resto del país”.
Legisladores, especialistas y asociaciones analizarán la norma aprobada en noviembre de 2010 , que sigue generando polémica en cuanto a su implementación.
Organizada por el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli, este lunes 4 se desarrollará en el Auditorio del Senado de la Nación, la última jornada de reflexión y debate “A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones”.
Cabe destacar que será la última jornada en la que se volverá a poner en valor la Ley de Salud Mental y Adicciones aprobada en noviembre del año 2010, con la presencia de legisladores, especialistas en la materia y asociaciones civiles.
En relación a esto, Mario Fiad expresó: “Luego de dos jornadas muy fructíferas, en donde pudimos escuchar diversas posturas de profesionales del sector salud, como también los testimonios de familiares de pacientes, este lunes seguiremos analizando esta ley que sigue generando polémica respecto a su implementación y su funcionamiento”.
En esta tercera ocasión, la jornada estará dividida en dos paneles de cuatro expositores. El primero será encabezado por Andrés Mega, presidente del Capítulo de Responsabilidad Profesional en la Asociación Argentina de Psiquiatras; Hugo Cohen, exasesor de Salud Mental en la OMS, Claudio Grecco; Magister en adicciones, y Stella Maurig, operadora socioterapéutica.
Por su parte, el segundo panel estará integrado por Liliana González, directora de la carrera de Psiquiatría de la UBA, André Blake, médico especialista en psiquiatría y Salud Pública, Horacio Barberis, exjuez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores, y Silvana Natale, miembro de la Asociación de Ayuda a Familiares de personas que padecen esquizofrenia.
“No hay duda que en la actualidad el sistema de salud no le está dando respuesta a los pacientes ni a sus familiares. Es por este motivo que empezamos con estas jornadas, para analizar y debatir si el problema es la ley en sí, o es un problema con la implementación de la misma. A partir de esta tercera jornada sacaremos las conclusiones y trabajaremos en consecuencia para dar respuestas y traer soluciones”, manifestó el legislador jujeño.
Marina Charpentier participará de la segunda jornada de reflexión organizada por el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli.
Organizada por el senador Mario Fiad (UCR) y la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI), el próximo lunes, a las 14, se llevará a cabo en el Auditorio del Senado de la Nación la segunda “Jornada de reflexión y debate: A 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones".
En la actividad participarán diferentes especialistas y entre los expositores también estará Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, quien se encuentra nuevamente internado.
La primera jornada se realizó el pasado 28 de abril, también en el Anexo de la Cámara alta, y contó con la presencia de especialistas del sector, quienes expusieron sobre distintos puntos de la Ley de Salud Mental y Adicciones, que a más de una década de su aprobación sigue generando polémica respecto a su aplicación y funcionamiento.
En este sentido, Fiad manifestó: “En esta segunda jornada vamos a seguir escuchando a actores que están involucrados y trabajan día a día en esta temática. Es muy importante seguir conociendo las diferentes posturas respecto a esta Ley de Salud Mental y Adicciones, para poder trabajar en las reformas o modificaciones necesarias para que su aplicación y funcionamiento sean realmente efectivas”.
En esta segunda ocasión expondrá el doctor Christian Molina Radio, médico especialista en psiquiatría y maestrando en prevención y asistencia de drogodependencias; el doctor Atilio Álvarez, defensor de Menores e Incapaces de la Justicia Nacional en lo Civil; Marina Charpentier, trabajadora social especialista en adicciones y madre del cantante Chano Charpentier; el doctor Agustín Yecora, secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de la provincia de Jujuy; el licenciado Ángel Barraco, asesor en la elaboración de la Ley Nacional de Salud Mental; y el doctor Daniel Navarro, especialista en clínica médica y psiquiatría infanto-juvenil.
“Es muy importante lograr estos espacios de debate para que los diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil puedan brindar su postura y apreciaciones sobre esta ley, que a pesar de haber sido aprobada hace más de once años todavía sigue sin dar respuesta a las necesidades de los pacientes y sus familias”, finalizó Fiad.
La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud desmintió en la Cámara baja que hubo un recorte en el presupuesto y, por el contrario, aseguró que hubo un incremento.
En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de este martes, Sonia Gabriela Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, respondió las consultas que los legisladores Graciela Ocaña (Pro), Nicolás del Caño (FIT), Carolina Gaillard (FdT) y Luis Di Giacomo (JSRN) hicieron sobre salud mental.
“En relación la mención del diputado (Nicolás) Del Caño de un recorte en el Presupuesto, honestamente nosotros no visualizamos un recorte en el Presupuesto, de hecho, tenemos un presupuesto que se ha incrementado respecto 2021 en un 20%, en 10% si hablamos de las jurisdicciones y organismos descentralizados. Si lo comparamos con el año pasado no tenemos una reducción de 24%”, aclaró la funcionaria.
A su vez, indicó que “a veces los números no reflejan la gestión que hay detrás”, y ratificó: “En ningún caso estamos previendo reducción en el prepuesto”.
“El Plan Nacional de Salud Mental que se acaba de presentar en el Consejo Federal de Salud es un trabajo que se articula a través de las jurisdicciones. Quizás la línea presupuestaria de salud mental no contempla todos los gastos en salud mental porque están incluidos en otros programas, por ejemplo, en niñeces y adolescencia, en "Mil Días", en Remediar”, precisó Tarragona.
Asimismo, afirmó: “Hemos discutido en el Ministerio y en el Consejo Federal de Salud las implicancias que tiene no solamente el abordaje de la salud mental en términos individuales, sino el abordaje de la salud mental comunitaria, porque todos nosotros en mayor o menor medida nos hemos visto afectados por la pandemia, o por la pérdida de trabajo, o por la pérdida de familiares, o por estar encerrados”.
“Una vez que los equipos de salud, que ustedes saben bien están exhaustos de dos años de trabajo ininterrumpidos, en las condiciones que les ha tocado trabajar, recién ahora se están recuperando para poder empezar a trabajar en otras líneas”, agregó la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud y concluyó: “La salud mental es una de las líneas de trabajo más importantes que tenemos para 2022”.
El candidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio ofició de moderador de “Hablemos de la salud mental”, donde se pusieron en el centro de la escenas cuestiones que tienen que ver con el impacto de la pandemia y la depresión.
Con el objetivo de profundizar el tema salud mental, el candidato a legislador de Juntos por el cambio, Emmanuel Ferrario, realizó una dinámica de participación directa con preguntas y respuestas junto a seis jóvenes, que tiene como finalidad escuchar y darle visibilidad a la temática.
Con una introducción que presenta a Ferrario como moderador de “Hablemos de la salud mental” y a los jóvenes como protagonistas principales, todo transcurre en una escena rectangular de siete líneas paralelas entre sí. Allí los participantes comienzan posicionándose sobre una línea neutral, y escuchan una pregunta por vez, la cual tienen que ponderar su respuesta moviéndose de un lado o del otro de la línea central, calificándola de acuerdo a: algo de acuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo, algo en desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo.
Con distintas preguntas como: ¿la cuarentena me afectó emocionalmente?, ¿alguna vez tuve pensamientos suicidas?, ¿la depresión es algo que le pasa sólo a los débiles?, ¿me avergüenza mi sexualidad y evito hablar de eso?,¿las redes sociales me producen ansiedad?.
Una vez que califican su respuesta, cada uno la explica frente al resto de los participantes, generándose un entorno amigable, de escucha plena y puesta en común entre todos. Durante el encuentro, los participantes solicitaron que: “exista mayor educación emocional, hablar las cosas y naturalizar más lo que nos pasa”.
Al finalizar, Ferrario les consulta a los participantes; qué les pareció la charla y si se llevan algo de la misma. Como cierre el “moderador” señala que para tratar la salud mental es clave, “hablar del tema y visibilizarlo para que nadie se sienta solo”.
El tiro recibido por el ex cantante de Tan Biónica por parte de un policía en un confuso episodio abrió el debate sobre la necesidad de una ley específica sobre el tratamiento y abordaje de las adicciones.
¿Se viene la ley Chano? Ante la movilización al Parlamento de distintas organizaciones para reclamar una ley específica para el tratamiento de las adicciones, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) recibió a varios representantes y recibió los petitorios.
“Recibí sus petitorios y voy a tomar los aportes para el proyecto de ley que estamos preparando” explicó Di Giacomo, quien preside la Comisión de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara baja y se encuentra desarrollando con su equipo de asesores un proyecto de ley que promueve el abordaje integral de la droga dependencia.
En este sentido, afirmó: “Asumí el compromiso de impulsar encuentros, congresos y actividades que enriquezcan el proyecto y sumen a todos los actores de la Nación”.
“Lo que queremos es que este proyecto contemple acciones preventivas, control de oferta de drogas lícitas e ilícitas y la creación de un Sistema Nacional de Atención a personas droga dependientes”, explicó.
Con respecto a la reunión, señaló: “Pudimos tener un interesante intercambio y recibí sus petitorios que tienen que ver más que nada con una ley específica de adicciones, enfatizando en las dificultades que tiene el actual marco normativo para las persona afectadas”, y adelantó que “los pedidos serán tomados en cuenta en el desarrollo del proyecto de ley”.
Los petitorios fueron firmados por las organizaciones: Madres Territoriales (Nacional); Madres contra el Paco; Madres del Ser; F.O.N.G.A. (Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas); Programa Vida. (Red Nacional Cristiana de Rehabilitación; Capacitación y Prevención de Adicciones); A.E.A. (Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones); Cámara CIPRA (Cámara de Prestadores de atención en adicciones y Vulnerabilidad Social); CAAVS (Cámara Argentina de Adicciones y Vulnerabilidad Social); Pastoral de adicciones, Diócesis de La Plata, Pastoral de Adicciones, Diócesis de Lomas de Zamora, Pastoral de Adicciones Diócesis de Morón, presente Pastoral de Hurlingham; A.C.I.E.R.A. (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina); Foro de Habitantes a Ciudadanos. Equipo de Adicciones; Foro Provincial de Adicciones. Provincia de Santa fe.
La Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes mantuvo un encuentro durante el que diputadas y senadoras interactuaron con jóvenes de distintos puntos del país. La educación, la salud mental y la cuarentena, los principales temas.
La voz de los pibes y pibas llegó al Congreso. Fue en el marco de una reunión informativa de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la diputada Paola Vessvessian (FdT), un grupo de jóvenes de diferentes puntos del país relataron sus testimonios sobre cómo transitaron la pandemia.
Durante un encuentro remoto, que duró más de dos horas, adolescentes de distintas provincias interactuaron con las integrantes de la comisión, quienes los consultaron sobre varios temas. Entre ellos se destacaron la educación, la salud mental, el trabajo en el núcleo familiar y los efectos de la cuarentena.
Una de las invitadas, Ángeles Virginia Tapia de San Fernando del Valle de Catamarca, expresó que "la pandemia fue difícil" porque "en esta edad era muy necesario estar con mis amigos, y quedamos encerrados. Me afectó en lo emocional, pero lo supe llevar". Para la joven, lo más complicado fue "extrañar a mis amigos, verlos en el colegio, compartir cosas con ellos".
En lo que respecta a los ingresos de su familia, Tapia relató que el emprendimiento de harinas alternativas que realiza con su mamá "fue un ingreso muy importante en mi familia". "Gracias a eso llegábamos a fin de mes, porque no se podía trabajar", agregó.
Desde la localidad de Gaiman, provincia de Chubut, Lautaro Balge señaló que la tecnología "ayudó mucho a que pudiéramos seguir en línea con los familiares a distancia" y con los amigos. "El tema de la escuela fue difícil; en un principio acostumbrarse a lo que es estudiar en tu casa con bastantes distracciones, te distraes mirando una serie, una peli, no haces la tarea", contó.
Y graficó que algunos de sus compañeros "no tenían para conectarse y algunas escuelas le han dado la oportunidad con una computadora" o "algunos profesores imprimían la tarea y se las llevaban a las casas".
"El mayor miedo es que volvamos a las casas, que se pierda la presencialidad en las escuelas, ver cara a cara a tu familia y no en una pantalla", dijo sobre el futuro.
También desde Chubut, pero en la localidad de Puerto Madryn, Macarena Pizzaro manifestó: "En pandemia no la pasamos muy bien con mi familia, fue una situación bastante difícil por el hecho del trabajo y los estudios".
"Hace tres años que estamos atravesando en Chubut una situación bastante difícil con los docentes, que no se les están pagando los sueldos, se les debe más de cuatro meses de sueldo este año", apuntó.
Desde lo personal, Pizzaro reveló: "Repetí tercero y me han hecho pasar a cuarto sin tener la base que se necesita para cuarto. Estoy cursando este año como puedo, hay cosas que no las entiendo, que me cuestan un montón".
"En mi escuela más de 30 estudiantes están pasando por la situación de no contar con un celular, una computadora o servicio de internet para hacer las actividades", subrayó y completó diciendo que "a nosotros todavía nunca nos entregaron las computadoras del gobierno, porque cuando me tenía que tocar a mí fue cuando entró en gobierno (Mauricio) Macri y sacó este sistema de entregar las computadoras, y después nunca más nos entregaron ninguna".
Por su parte, Magalí Buccolo, integrante del centro de estudiantes del Instituto Comunicaciones, habló de los efectos en las relaciones familiares, como por ejemplo la que tuvo con su padre, quien es una persona de riesgo y al no vivir en la misma casa solo vio tres veces el año pasado. "Es terrible para un vínculo padre-hija", resaltó.
La joven también señaló que, respecto a las relaciones con los amigos, "cuando pasaron unos meses la falta se empezó a sentir. Es una edad en la que queremos estar constantemente con nuestros pares". Y mencionó que "Argentina es uno de los países que tiene la tasa más alta de ansiedad en los jóvenes, y por supuesto la pandemia lo agudizó".
A su turno, Ulises Llanes, estudiante de la provincia de Mendoza, puso sobre la mesa la cuestión de los centros de estudiantes, que "son el primer espacio democrático que tienen los pibes y las pibas una vez que entran a la escuela". "Con la pandemia vimos muy afectado eso", aseguró y advirtió que hay "directivos y directivas que no quieren que creemos centros de estudiantes; es una realidad que ya nos venía sucediendo pero que quizás se ha profundizado con la pandemia".
Llanes advirtió que la pandemia dejó "un montón de necesidades, un alto nivel de pobreza y donde el centro de estudiantes puede ser una ayuda muy concreta".
"El acceso a la educación el año pasado fue totalmente desigual", aseveró y continuó: "Yo pude acceder a educación, conectarme, resolver mis trabajos, porque tenía una situación socio-económica en mi familia que me lo permitió". Sin embargo, "dejamos bastante afuera a todos aquellos pibes y pibas que no tenían una compu, o tenían que compartirla, o en su casa había solo uno o dos teléfonos", remarcó.
Durante la reunión expuso además Lucca Ocampo, estudiante de la provincia de Salta, quien expresó que la cuarentena ha causado "altos niveles de estrés y ansiedad; necesitábamos salir a tomar aire, distraernos, y salir de ese encierro que tanto daño nos ha hecho". "La salud mental ha sido uno de los elementos en los que los adolescentes y toda la sociedad se ha visto perjudicada", alertó.
Y añadió que "hubo sentimientos de tristeza, soledad, desolación e incertidumbre, lo que ha provocado que muchos cayeran en trastornos de alimentación e incluso depresión. Ser adolescente es difícil en cualquier etapa, pero más en este período de contingencia".
También participaron Nicolás Améndola, de la localidad bonaerense de Necochea e integrante de la Selección Argentina de Natación para personas con Síndrome de Down; Juan Ignacio Cardenas Alonso, también estudiante de Necochea; Agustina González, referente de Casa Joven, dentro del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo; Ariela Sánchez, estudiante de la provincia de Mendoza; Julieta Rufino, estudiante de la provincia de Santa Cruz; y Mateo Juárez, estudiante de la provincia de Tucumán.
Tras un ciclo de encuentros que involucró a más de cien participantes integrados por madres, padres y ong vinculadas a la infancia y adolescencia, desde Juntos por el Cambio pidieron respuestas a una de las consecuencia de la pandemia: la salud mental. Autocrítica y cuestionamientos al presidente Alberto Fernández.
"Necesitamos impulsar el primer programa nacional de salud mental para niñas, niños y adolescentes en el país”, reclamó Carla Carrizo, la vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, junto a la diputada bonaerense Camila Crescimbeni (Pro), quienes encabezaron este jueves una mesa virtual junto a representantes de los tres poderes de la Ciudad de Buenso Aires, que debatieron sobre la otra pandemia que trajo el COVID: la “salud mental de niñas, niños y adolescentes en Argentina”.
Más de 100 participantes integrados por padres madres, responsables de hogares, referentes y ONGs que trabajan en infancia y adolescencia en Argentina, abrieron un ciclo de encuentros que se trasladará a cada provincia con el objetivo de generar el volumen político y social necesario para avanzar con políticas concretas en el Congreso nacional, según informaron a través de un comunicado.
El encuentro contó con las palabras de María Patricia Vischi, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Salud; Manuela Thourte, legisladora porteña y vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y Juventud; Pilar Molina, secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar de Ciudad de Buenos Aires y, Humberto Persano, director general de Salud Mental del Gobierno porteño.
Durante el debate, Carrizo se preguntó: "¿Qué pasaba con la Salud Mental de NNyA antes de la pandemia? Lo mismo que con la escuela: todos sabíamos que estaba el problema. Pero la dirigencia no reaccionaba con una acción colectiva. La estrategia fue en educación y en salud mental el salto hacia adelante", protestó.
"¿Cuáles eran los datos antes de la pandemia? En 2017, según Unicef, su agenda prioritaria eran los adolescentes de la Argentina porque teníamos 10 muertes diarias. De esas 10 muertes, 6 eran evitables (autoagresión, accidentes, suicidios) Es decir, la emergencia de los adolescentes estaba invisibilizada para las familias y la dirigencia política Argentina”, destacó.
Y continuo: “El Congreso tenía 3 grandes leyes para la adolescencia: Ley de prevención del suicidio, sancionada en 2015; 6 años esperando ser reglamentada. Ley de salud mental integral sancionada en 2010 que omite mencionar a Niños/as y Adolescentes y la Ley de Protecciòn integral a la Infancia, sancionada en 2006, hace 16 años pero no habal de salud mental. Es decir, la respuesta del Estado estos 16 años fue evitar la patologizaciòn y no nombrar, es decir, omitir, ocultar",
"Desde 2017 venimos trabajando en un proyecto que crea el primer programa nacional de salud mental para niñas y adolescentes, focalizado en la terapia multifamiliar, para achicar la medicalización y evitar la patologización y tampoco se pudo avanzar. Con la Pandemia todos estos datos empeoraron con un agravante. La ley de salud mental estipula que el 10% del presupuesto de salud debe asignarse a salud mental y sólo se le asignó el 2% ¿cuànto màs debemos avanzar?", dijo la diputada radical en una autocrítica al gobierno de Mauricio Macri y también a la gestión de Alberto Fernández.
Luego, Camila Crescimbeni expresó que “siempre es interesante ver quiénes nos escuchan. Y somos, en una mayoría muy fuerte, mujeres. Lo cual por un lado es positivo por el trabajo muy particular que tenemos sobre este tema. Pero vale la pena resaltar que los temas de salud mental no son solamente nuestros. Es un tema también de los varones. Y tiene que ser una política que nos pueda atravesar. Tenemos el desafío de transmitirle a la sociedad que este es un tema del que tenemos que hablar y muy fuerte, nos atraviesa y nos recorre a todas y todos”.
“Con el proyecto que presentamos, hacer una gran campaña de concientización y de sensibilización respecto de la salud mental. Y ahí no queremos detenernos solo en la pandemia porque los puso muy en evidencia. Pero desde sectores, como el Observatorio de Psicología, nos alertaron sobre adolescencias y juventudes sobre los sentimientos agravados de angustia, depresión y soledad. Nuestro proyecto apunta a generar una campaña nacional donde podamos difundir los recursos que tenemos. Y nuestra intención es que se trabaje integralmente en temas de salud mental”, señaló la diputada bonaerense.
Por su parte, Humberto Persano, médico psiquiatra, consideró: “Creo que la escuela resolvió un problema que la salud no resolvió. Por ejemplo, a nadie se ocurría que un alumno secundario estudie junto a un niño del jardín de infantes. Pero en salud mental eso no está dividido. Entonces, tenemos en salas de pediatría bebés con adolescentes de 16 años. Eso, que parece un tema menor, es un tema muy grave porque los adolescentes carecen de un espacio propio de la salud. Hay que crear una sala de adolescentes separado de los niños. Eso la escuela lo resolvió, pero la salud no lo hizo”.
“Por otro lado, en salud mental infanto-juvenil el recurso humano es insuficiente. No alcanza con la redistribución de recursos, no alcanza con el apoyo de distintos efectores. Hay que generar muchos equipos en los lugares más cercanos a la gente. La pandemia puso sobre el tapete el pedido de la atención cercana al domicilio”, apuntó.
María Patricia Vischi, a su turno, remarcó que "los profesionales de la salud mental deben trabajar sobre medidas que orienten las acciones de los diferentes actores relevantes para proteger y evitar el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes que tenemos alrededor. Esto tiene que estar determinado, sin duda, por los factores que todos los días tenemos alrededor. Me parece que el compromiso de todos nosotros va a implicar tener una mejor dinámica sobre estos derechos que son humanos y sociales. Para eso vamos a comprometernos para garantizar poder salir de la mejor manera de esta pandemia que aún nos sigue sorprendiendo”.
Por su parte, Pilar Molina, dijo: “Los chicos se quedaron sin red donde se detectan vulneraciones de derechos. No es lo mismo la presencialidad, sobre todo para situaciones como organismos de Consejo de derechos, La Dirección de niñez, o la Asesoría General Tutelar. Son cuestiones que requieren escucha, mirada, abrazo, otro tipo de contención. Venimos de un tiempo muy largo de vulneración de derechos en los que no hubo un cumplimiento de ese norte que nos marca la Convención hace 32 años, que es el interés superior del niño. Frente a cualquier decisión público-privada que haya que tomar, esas decisiones deben ser lo mejor para los chicos”.
Por último, Manuela Thourte señaló que “desde la Legislatura, desde el inicio del aislamiento, trabajamos algunos proyectos que tenían que ver con permitir las salidas recreativas de los niños. Y también trabajamos para que el Ejecutivo estableciera protocolos para los tratamientos de los chicos con trastornos de salud mental porque en algún momento se habían discontinuado cualquier tipo de atención. Perder el miedo a estigmatizar cuando hablamos de salud mental y afianzar el concepto de salud integral que es fìsica, mental y emocional”.
La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja encabezará el encuentro en el que funcionarios y expertos debatirán sobre la salud mental de los jóvenes tras la pandemia, los programas que existen y las políticas que necesitamos.
Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja, junto a su par Camila Crescimbeni encabezarán una mesa virtual de debate sobre la problemática que trajo pandemia de Covid 19 respecto a la salud mental de niñas, niños y adolescentes en Argentina.
Durante más de una hora, María Patricia Vischi, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Salud; Manuela Thourte, legisladora porteña y vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y Juventud; Pilar Molina, Secretaria General de Gestión del Ministerio Público Tutelar de Ciudad de Buenos Aires y, Humberto Persano, director general de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires analizarán el problema que advierten los expertos: salud mental de los jóvenes tras la pandemia, los programas que existen y las políticas que necesitamos.
El encuentro se llevará a cabo este jueves, desde las 19:30 y contará además con la presencia de legisladores de CABA y funcionarios públicos.
Por Gimena Villafruela. La legisladora porteña de Vamos Juntos y psicóloga analizó el impacto que la pandemia generó en niños que nacieron o viven sus primeros años en este complejo contexto socio sanitario.
La pandemia trajo innumerables cambios en la manera en que vivimos. Y las restricciones adoptadas durante 2020 y parte de este año impactaron en el orden y en la dinámica cotidiana de la vida personal y laboral, y desde ya, en el normal desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
Con el correr de los meses, empezamos a familiarizarnos con el concepto de “generación pandemia”, es decir, niños y niñas que nacieron o viven sus primeros años bajo las restricciones impuestas durante el último tiempo.
La problemática del aislamiento y la falta de contacto son en este momento de las preocupaciones más recurrentes entre madres y padres. Es esperable que al atravesar un contexto inédito y de incertidumbre, se comiencen a desarrollar ciertos patrones: cambios de humor, ansiedad, desordenes emocionales.
Según los datos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, el año pasado el malestar psicológico alcanzó el nivel más elevado de la última década: el 23,6% de la población urbana argentina manifestó sentir inquietud, agitación, nerviosismo, desesperanza, tristeza y cansancio.
En lo que va de la pandemia, muchos estudiantes no lograron alcanzar los conocimientos esperados, aumentó la deserción escolar y hubo casos de ansiedad y soledad por haber perdido la rutina de ir a la escuela y no poder compartir espacios con sus pares.
Según la Convención de las Naciones Unidas (CDN) celebrada el 20 de noviembre de 1989, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, es importante comprender que la falta de estímulos y relaciones pueden afectar su desarrollo, y la generación de vínculos sanos se vuelve especialmente clave en estos tiempos.
De esta manera, es necesario que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan socializar, estar en contacto con sus pares de forma cotidiana. En este contexto, el rol de la escuela es fundamental. Está ampliamente comprobado que, respetando los protocolos correspondientes, el aula es un lugar seguro no solo para los alumnos y alumnas sino también para los y las docentes y todo el personal escolar.
La generación de otros espacios de contención, de actividades que involucren a toda la familia para compartir experiencias cotidianas, el acompañamiento de nuestros hijos e hijas se vuelven clave para atravesar con mejores recursos esta pandemia. En este sentido, el control de los dispositivos tecnológicos - cuyo uso se ha extendido en el último tiempo - también es un punto importante a tener en cuenta.
No tenemos certeza de cuándo va a terminar esta pandemia que presenta tantos desafíos en todos los ámbitos. Lo que sí sabemos es que no puede haber más que consenso en torno a la necesidad de preservación de los niños, niñas y adolescentes. La educación presencial, el encuentro con los pares, en síntesis, la priorización de los más chicos debe estar fuera de toda discusión.
Desde la oposición se resaltó “la pandemia psicológica” y los efectos del encierro, como así también la falta de socialización.
Durante su intervención en el recinto, la senadora provincial oriunda de Merlo, Aldana Ahumada respaldó la necesidad de lograr un consenso generalizado para que la presencialidad en las escuelas de la provincia sea la regla.
"Cuando hablamos de virtualidad y vemos la defensa tan férrea que hace el gobierno, tal virtualidad no existe, podemos verla en algunos centros urbanos, donde algunas familias pueden tener dispositivos, conectividad y además un acompañamiento pedagógico activo, pero en los barrios más humildes eso no pasa, hay una desigualdad marcada y la vemos todos ", expresó la senadora de JxC Aldana Ahumada.
Asimismo, en abril del año pasado, la senadora Ahumada presentó un proyecto de ley para la creación de una línea telefónica gratuita de fácil acceso para los vecinos que necesitan contención y una escucha activa ante el aumento de consultas a profesionales de salud mental en la provincia.
"Esta es la pandemia que no quieren ver el gobernador y su equipo. No veo una política activa de parte de la provincia", indicó Ahumada.
El Senado provincial aprobó el proyecto que declara la educación como servicio esencial y trató la nueva ley de emergencia educativa. Ambos proyectos no fueron acompañados por los legisladores del Frente de Todos.
La presidenta de la Comuna 7 moderó el encuentro virtual, que contó con la participación de destacados especialistas.
La presidente de la Comuna 7 de la UCR María Raquel Herrero encabezó un encuentro virtual organizado por Ateneo Sur sobre el cuidado de la salud mental durante la pandemia
El evento contó con las exposiciones exvice ministro de Salud de Nación y exsubsecretario de Salud de la Nación y de CABA Néstor Pérez Baliño; y Andy Blake, médico especialista en psiquiatría.
En el comienzo, Herrero inauguró el evento con casi 100 personas y dijo: “El objetivo de este encuentro con especialistas tan prestigiosos es empezar a terminar con el relato y escuchar a gente que nos diga la verdad. Ni el pánico que nos inmoviliza, ni relajarnos porque esta pandemia no terminó”.
A su turno, Pérez Baliño explicó: “La pandemia no terminó por ello hay que seguir cuidándose, pero no entrar ni en el extremo de los que niegan la pandemia ni en el otro extremo que dan mensajes apocalípticos, ya que ambos hacen daños”. A su vez, criticó la estrategia sanitaria y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional: “Las cuarentas prolongadas no sirven, solo pueden ser secciónales, donde se cierra y se vuelve a abrir, pero de ninguna manera puede ser una cuarentena de 6 a 8 meses. Además, no se testea como corresponde, los países con más éxito fueron los que hicieron mayor cantidad de testeos, aislaron a los enfermos y controlaron a los contactos estrechos”.
Herrero coincidió con el doctor en que “la pandemia también debe enseñarnos que debemos tener un sistema de salud fuerte y organizado porque esta no va a ser la última pandemia y para ello debeos estar preparados con equipos interdisciplinarios para afrontarlas de la mejor manera”.
Por su parte, Blake se refirió a varias aristas que la pandemia afectó en la salud mental. “En primer lugar, el encierro. Somos seres de vivir en comunidad, sobre todo los latinos que necesitamos más el contacto. En segundo lugar, la pérdida del ritmo cotidiano. En situaciones normales, nos levantamos, nos cambiamos, salimos a hacer nuestras actividades para luego volver y retomar la actividad hogareña. Con el encierro perdimos eso. Nos levantamos, desayunamos frente a la computadora, casi no nos cambiamos la ropa, y no salimos a ningún lado. Eso produce que vayamos descalabrando el cuerpo. En tercer lugar, no ejercitar los músculos. Una de las funciones que tiene los músculos es que son un elemento biológico. Producen una hormona que provoca la protección del sistema nervioso y estimula un neurotransmisor que nos genera placer. El estar encerrados hace que produzcamos menos esa hormona y tendamos más a la depresión”.
Herrero agradeció la participación de los doctores y de los presentes mostrando la satisfacción de haber concretado un encuentro tan interesante y especial y para cerrar, afirmó: “Vamos a continuar realizando estas charlas y encuentros con cada afiliado radical y vecino que se quiera sumar. Hay mucho trabajo por hacer, el después de la pandemia nos va a dejar la terrible cifra de más de 50% de pobres, una economía destrozada, una clase media destruida, el dolor de ver nietos o hijos partir en el aeropuerto de Ezeiza, por eso tenemos que trabajar más que nunca por un radicalismo unido, que vuelva a ser protagonista, participando, haciéndose cargo para terminar con un populismo que tanto daño le hizo al país, levantando nuestras banderas defendiendo los derechos humanos, por una Argentina con mejor salud pública, con más y mejor educación”.
En el Senado bonaerense se debate un proyecto de ley propone crear un Programa Especial de Abordaje de los efectos adversos sobre la salud mental de la población derivados de la pandemia de coronavirus COVID-19.
El proyecto propone instancias de investigación estratégica sobre la problemática, que permitan identificar los efectos adversos psicológicos y psicosociales directos e indirectos de la pandemia por Covid-19 en la población bonaerense.
Por un lado, estimar el impacto cuantitativo que tiene y tendrá la crisis sanitaria derivada de la pandemia en las tasas de ansiedad, depresión, autolesiones, consumos problemáticos, suicidios y otras dolencias de la salud mental.
Además, por otro lado, la iniciativa propone realizar un análisis cualitativo para identificar formas o estrategias en que los efectos psicológicos y emocionales de la pandemia podrían aliviarse.
“Durante el año y meses que llevamos viviendo en medio de la pandemia, muchas personas enfrentaron la enfermedad de sus familiares, o la suya propia, y muchos lamentaron la muerte de seres queridos de forma inesperada”, detalló el senador del FdT Marcelo Feliú, autor de la iniciativa que busca acuerdo en la Cámara alta bonaerense.
El senador de Bahía Blanca detalló que la pandemia produjo situaciones críticas, personas que “perdieron su trabajo, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad; quienes han convivido en un clima intrafamiliar complejo, incluso violento; y muchas personas desarrollaron patologías psíquicas o, se agravaron aquellas que padecían previamente”.
Por ello en la propuesta se detiene en las estructuras y políticas existentes, y prioriza mejorar el acceso y la atención en los servicios y efectores de salud, para la prevención, abordaje y detección precoz de los trastornos desde la infancia y la adolescencia, con orientación asistencial comunitaria y con la debida continuidad de los cuidados en todos los rangos de edad, según se explicita en el articulado.
También impulsa que el gobierno de la provincia establezca mecanismos de cooperación con universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de profesionales y entidades del sector público y privado nacional y provincial que den lugar a una planificación de políticas públicas con amplia participación social en relación al tema.
Y como tercera instancia se propone confeccionar, en colaboración con colegios profesionales, sociedades científicas y asociaciones afines, una Guía de Recomendaciones de ayuda psicosocial accesible al público en general y para los trabajadores del sistema educativo y de salud que cumplen con servicios esenciales, en la que se establecerán pautas de recomendaciones de acuerdo a las particularidades de cada grupo etario, sean niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores.
La intención es que la Guía de Recomendaciones de ayuda psicosocial se encuentre disponible en los canales de comunicación oficiales de la provincia, y en medios e instituciones que garanticen su difusión masiva y alcance efectivo.