El senador Rodas celebró la sanción de dos leyes de su autoría

Se trata de la Ley de eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y la que establece el 27 de agosto de cada año como Día Nacional de la Comunidad Empresarial. Ambas iniciativas fueron sancionadas por la Cámara de Diputados este miércoles.

La Cámara de Diputados convirtió en ley en la madrugada del jueves dos proyectos de la autoría del senador nacional Antonio José Rodas (FdT – Chaco) quien celebró dicha sanción a las iniciativas para eliminar el trámite de Fe de Vida a jubilados y pensionados para el cobro de sus haberes mensuales y la ley que establece el día de la comunidad empresarial.

Respecto de la primera iniciativa, Rodas resaltó que “es de vital importancia para las personas mayores que mes a mes tienen la enorme carga de acreditar su supervivencia en las distintas entidades donde cobran sus haberes”.

Así, detalló que “el trámite de fe de vida acarrea una pesada carga psicológica a nuestros adultos mayores a quienes se les exige que acrediten su existencia, machacando en ellos la idea de su propia muerte porque si no el sistema dará por hecho su deceso, como si de un mero dato estadístico se tratara”.

El senador chaqueño remarcó que “nadie puede retener el cobro de haberes jubilatorios porque atenta contra el derecho de propiedad “toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad” (Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores Ley 27.360)”.

“Una sociedad para todos y todas implica una sociedad sin discriminación por motivos de edad, en la que cada persona tenga la oportunidad de realizarse libremente y de llevar una vida digna y satisfactoria”, concluyó.

Al referirse al otro proyecto que establece el 27 de agosto de cada año como Día Nacional de la Comunidad Empresarial, en conmemoración al ejemplo y legado de Enrique Shaw, que fue impulsada por ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas) institución creada por el mismo Shaw para promover los valores cristianos en el mundo de los negocios.

Rodas señaló que “un modelo económico de rentabilidad sin moral no sirve. Siguiendo a Enrique, el modelo de crecimiento que debemos propiciar es el de las Comunidades de Empresas centradas en la promoción de la persona, con ámbitos de desarrollo que permitan su crecimiento económico, el de sus trabajadores y el de la Nación de quienes son hijos e hijas”.

Enrique E. Shaw, es conocido como “el empresario argentino con sangre obrera” desarrollando su trabajo a cargo de la dirección de Cristalerías Rigolleau en Berazategui, Pcia de Buenos Aires, donde fue declarado ciudadano ilustre. Fue mentor no solo en palabras sino con su ejemplo del modelo de comunidad empresarial que contribuye a la persona, su familia, la economía y en definitiva al Bien Común.

Murió muy joven, a los 41 años, el 27 de agosto de 1962. Sin embargo, en tan corta vida supo dejar en muchas actividades huellas de amor hacia los demás profundamente marcadas, las llamadas virtudes heroicas que hoy lo encaminan a la Santidad.

Rodas finalizó diciendo: “Esta iniciativa se orienta a que las virtudes de Enrique Shaw, estilos y prácticas orientadas al Bien Común, sirvan de guía y orientación al pueblo argentino”.

Es ley el proyecto que reconoce la Lengua de Señas en todo el país como idioma viso-gestual

El Senado aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves la iniciativa que era largamente reclamada por organizaciones de la comunidad sorda.

La Lengua de Señas como idioma viso-gestual en todo el país es ley por unanimidad -63 votos afirmativos-. Así lo indicó el tablero del recinto del Senado en la sesión de este jueves tras debatir la iniciativa reclamada desde hace años por organizaciones de personas sordas.

El texto que llegó al recinto fue producto de un consenso entre propuestas impulsadas por los diputados Lucila Masin (FdT), Leonardo Grosso (FdT) y Julio Cobos (UCR).

A través de la iniciativa se reconoce a la LSA como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

En cuanto a su definición, se señala que “la LSA posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano” y “al ser visual, es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas, como así también para todas las personas”.

Serán organismos legítimos de consulta sobre la LSA aquellas organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas que las representen en todo el territorio de la República Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los Estados nacional, provincial y municipal.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo para “fomentar e impulsar en los distintos ámbitos de su competencia el acceso y el uso de la LSA de todas las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua”.

Esto será bajo los objetivos de tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social; eliminar barreras comunicacionales y actitudinales; equiparar oportunidades tendientes a impulsar y fortalecer la independencia, autonomía personal y toma de decisiones; y diseñar y ejecutar estrategias que aseguren la accesibilidad comunicacional en todas las políticas públicas dirigidas a la sociedad.

El debate

Miembro informante del proyecto fue la radical María Belén Tapia, titular de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que calificó este día como “muy importante para la comunidad sorda de nuestro país, porque una ley por la que vienen luchando desde hace mucho, por fin será ley”.

Recordó que esa norma pasó por las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación, y que representa “un hito en el complejo proceso de ampliación de derechos de esta comunidad”. En ese proceso incluyó elementos de inclusión en algunas áreas, como el lenguaje de señas en las transmisiones televisivas y otras leyes que los van incluyendo.

“Hoy de ninguna manera constituye la culminación de este proceso de inclusión, sino que es otro punto de partida para conseguir lo mucho que hace falta”, remarcó.

La senadora santacruceña recordó que esta media sanción procedente de Diputados, “como varios de los temas que serán tratados en esta sesión, son transversales a todos los espacios políticos, y con diferentes iniciativas de estos espacios”. Recordó que esta media sanción era un texto idéntico al que habían dictaminado en las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación, y en el colectivo de asociaciones que nuclean a la comunidad sorda “lograron ponerse de acuerdo, porque en varias oportunidades, al no haber un acuerdo en la comunidad sorda, nunca se convertían en ley”.

Citó también que había iniciativas sobre el tema de las y los senadores López Valverde, Rodas, Duré, Catalfamo, Valenzuela, quienes por ser autores de iniciativas “fueron el puente que nos permitió vincularnos con estos colectivos”, a los que felicitó porque “significan un ejemplo de lucha por sus derechos”.

A continuación, también como miembro informante habló la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) reflexionó: “Hablamos mucho de la palabra inclusión, empatía, son términos que se ponen de moda, pero no siempre tienen la correlación directa y no denotan totalmente la realidad y creo que estamos ante eso”, pero festejó que “se usen esos términos porque las prácticas lingüísticas pueden llegar a situaciones como estas”.

“Acá si estamos hablando de inclusión y empatía con una ley que será aprobada por todos. Valoro este tipo de instituciones en la que hay que intercambiar, debatir y consensuar cuando se pone de primacía la mirada en perspectiva humana porque terminamos coincidiendo todos y queremos siempre el bienestar, puede haber bifurcaciones, pero esencialmente somos eso y lo estamos demostrando con todos los proyectos”, ponderó.

Y siguió: “Una vez más este Senado está trabajando sobre la ampliación de derechos. No es un derecho cualquiera, es un derecho humano y esencial porque estamos hablando de la comunicación”.

“¿Cómo podríamos relacionarnos con el otro sin comunicación? ¿Cómo podríamos entender la realidad y comprenderla, interpretarla? ¿Cómo podríamos subjetivar esa realidad?”, se preguntó la sanjuanina y explicó que en el proceso de socialización del humano la comunicación “es esencial” porque “nos permite relacionarnos con el otro. Permite crear nuestra identidad y permite que seamos autónomos, que podamos expresar lo que sentimos, que podamos acordar y consensuar”.

Al respecto, remarcó que “la comunicación es esencial. Es una dimensión transversal a la sociedad”, y destacó el trabajo en comisión porque “no hubo mezquindad. Hubo una mirada humanista. Hubo humildad y sumar esfuerzo para darles bienestar y un mundo del habla especial a aquellos que tienen cierta discapacidad para escuchar”.

Además, subrayó que “estamos cumpliendo con una deuda de hace 15 años que las distintas organizaciones que agrupan a la comunidad sorda vienen luchando por esto, por sus derechos”.

“La Lengua de señas permite expresar mejor sus sentimientos. Entender y comprender mejor el mundo que los rodea”, sostuvo la oficialista.

También destacó que “es un paso importante en la legislación y en la mirada de la problemática porque desde los años 70 viene cambiando la mirada hacia la discapacidad, incluyendo la sordera. De una mirada puramente médica a una mirada social que busca el desarrollo de esa persona en una sociedad porque si no, no se habla de desarrollo”.

A su turno, la correntina radical Mercedes Valenzuela expresó: “No puede haber inclusión si no hay reconocimiento de algo que para ellos significa una herramienta fundamental para desarrollarse”, señaló a su turno la senadora correntina Mercedes Valenzuela, que agregó: “En una sociedad verdaderamente justa, hablamos de derechos humanos, de oportunidades y tratos igualitarios en todos los niveles de la vida”.

María Eugenia Duré destacó que “trabajamos muchísimo en las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación, y fue transversal a nuestros partidos políticos. Pero lamentablemente en la sesión anterior no pudimos darle a esta comunidad, y a la comunidad argentina, la respuesta que como legisladores tenemos que priorizar, humanizar a la política y sensibilizarnos con aquellos y aquellas que tienen que ser incluidos dentro de nuestra sociedad”.

“Tenemos que darnos cuenta de que lo único que importa en este Senado de la nación es ampliar derechos, y ampliar derechos es una responsabilidad de cada uno y cada una que ocupan estas bancas –agregó-. Porque esta comunidad también ha votado para que nosotros estemos representándolos acá y no dejándolos esperar 20 años más, esta nueva ley”.

Aprueban una actualización de las multas por el desecho de residuos peligrosos

La Cámara baja dio luz verde a un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece modificaciones a la Ley 24.051. Los montos van desde los 115 mil a los 115 millones de pesos.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves con 207 votos afirmativos y 2 negativos -de los liberales Javier Milei y Victoria Villarroel-, un proyecto que modifica la Ley 24.051, de modo de establecer una actualización sobre las multas que se aplican para quienes desechan residuos peligrosos.

El proyecto, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, propone la modificación del artículo 49 de la Ley 24.051, sobre las multas y sanciones que se aplican a los infractores de la norma.

El principal cambio tiene que ver con los montos de las multas ya que actualmente la ley habla de “australes convertibles”.

Se establecen Unidades Fijas, para las cuales se toma como referencia el valor de la unidad retributiva del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

De esta manera, las multas irán de las 900 a 900.000 UF, lo que significa 115.623 pesos a 115.623.000 millones de pesos, de acuerdo a la actualización del pasado 30 de septiembre.

Además, se dispone que la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

Asimismo, indica que las sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora.