Nuevo revés para el Gobierno: el Senado sancionó la ley que recompone en un 8% las jubilaciones

Recibió aprobación definitiva por 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones el proyecto que el presidente Milei amenazó con vetar. Los detalles de la norma.

En una nueva derrota parlamentaria para el oficialismo, el Senado sancionó por 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones la ley que establece una recomposición del 8,1% para este año en los haberes jubilatorios, contempla la fórmula de movilidad por inflación y dispone un aumento del 50% adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial.

Se trata del proyecto que casi toda la oposición aprobó en Diputados en junio pasado, por dos tercios del voto de los presentes. Esa misma mayoría de votos fue la que logró la norma en la sesión de este jueves en la Cámara alta. Estos números condicionan así la decisión que tendrá ahora Javier Milei, pues el artículo 83 de la Constitución Nacional establece que un proyecto desechado por el Poder Ejecutivo puede volver a tratarse en ambas cámaras y, de replicarse esas mayorías, directamente debe ser promulgado. El presidente ya había anticipado que vetaría la ley por atentar contra su objetivo de equilibrio fiscal.

Luego de más de dos meses en los que La Libertad Avanza ganó tiempo en el Senado, la ley finalmente se sancionó con los votos positivos de los bloques UP, UCR, Pro, Cambio Federal, Unidad Federal, los dos santacruceños del Frente Por Santa Cruz y la senadora del bloque JSRN. En contra, además de los siete senadores libertarios, votó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro). 

La votación en particular resultó: artículo 1 aprobado con 69 votos a favor. Sobre el artículo 2 el radical Víctor Zimmermann propuso una modificación sobre la productividad que, en vez de ser el 50% de la diferencia del RIPTE sea del 25%, pero el pedido fue rechazado por UP y resultó aprobado con 49 votos afirmativos y 20 negativos. El artículo 3 resultó afirmativo con 61 votos a favor y 8 en contra.

En cuanto el artículo 4 resultó aprobado con 49 votos afirmativos, 20 negativos y ninguna abstención, mientras que el artículo 5 recibió 67 votos afirmativos y 2 negativos. Además, los artículos 6,7,8 y 9 fueron aprobados con 68 afirmativos y 1 negativo.

El artículo 10 tuvo 54 votos afirmativos, 11 negativos y 4 abstenciones, mientras que los restantes artículos 11, 12 y 13 fueron aprobados con 68 votos a favor.

La flamante ley establece una fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU 274/24 del Ejecutivo-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).

A su vez, establece una garantía para el haber mínimo en 1,09% lo equivalente al valor de la Canasta Básica Total, que en julio fue -según el INDEC- de $291.472.

La recomposición del 8,1% tiene como objetivo complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU del Gobierno, de modo de alcanzar a compensar lo que fue la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.

Por otro lado, en la norma se instruye a la ANSeS a cancelar con los recursos tributarios estipulados por ley con asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.

El debate

Al comienzo del debate, como uno de los miembros informantes del dictamen de mayoría, el senador de Unión por la Patria Mariano Recalde afirmó que el objetivo de la ley es “recuperar el poder adquisitivo, mejorar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados. Ese es el corazón del proyecto”.

Tras detallar las disposiciones que sustentan la propuesta, hizo historia sobre lo que a su juicio representa el inicio del problema del sistema previsional argentino: la creación de las AFJP, que “hicieron un desastre con la plata de los trabajadores y los jubilados”. Luego cargó duramente contra los gobiernos no kirchneristas, que aplicaron “políticas que promueven el desempleo”. Y de esta gestión en particular, que ha provocado -dijo el porteño- aumento del desempleo; caída de los salarios; aumento del empleo no registrado; entre otros indicadores.

A continuación, fue el turno del radical Martín Lousteau, quien enfatizó que “para dar por DNU 100 mil millones de pesos para gastos reservados a la SIDE, sin control a la vista de todos -después está la bicameral-, pero sin publicidad, hay plata. Para los jubilados no hay plata. Eso es inmoral. Las prioridades tienen que ser exactamente las contrarias”.

“Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que un acto de justicia mínima”, consideró el economista, que subrayó además que “desde el año 2017, las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% del poder adquisitivo”.

Como miembro informante del dictamen de minoría, el libertario Bruno Olivera Lucero cuestionó el proyecto sancionado en Diputados, al señalar que “deja expuesto que la fórmula de movilidad jubilatoria que ellos mismos aprobaron (por la oposición) en el Gobierno anterior, no garantizó que los jubilados mantuvieran el nivel adquisitivo, como habían manifestado en 2020. Era una fórmula compleja, que ajustaba trimestralmente, con dos índices, el de la ANSeS y el índice de trabajadores formales, pero era una fórmula que en un contexto inflacionario no lo tenía en cuenta, en un Gobierno que terminó con más de 200% de inflación”.

El sanjuanino valoró que el decreto del Ejecutivo, estableciendo una nueva fórmula por inflación, fue “para que los jubilados dejaran de perder como en años anteriores”. En su discurso, advirtió que este es “un momento muy complejo” y reprochó: “Nos dejaron un Estado con una capacidad de financiamiento agotada, la inflación más grande de los últimos años, pero sin embargo acá hay varios que miran para otro lado y recuerdan todo lo que pasó a partir de diciembre… Para atrás, no reconocen nada”.

También alertó sobre el impacto fiscal de la propuesta. “En 2024, es de 0,4% del PBI como dijeron, pero en 2025 es un 0,8%, y este porcentaje aumenta año a año, complica el equilibrio fiscal y nos va a llevar al déficit fiscal que tanto nos ha agobiado”, sostuvo.

A su turno, el radical Víctor Zimmermann compartió números aportados por la Oficina de Presupuesto del Congreso y también los funcionarios de la ANSeS para indicar que el artículo referido al 50% de aumento en marzo de cada año por RIPTE, “no tendría costo presupuestario” para el año próximo, sino que “recién tendría impacto fiscal en 2026”.

“Yo creo que hay que hacer un esfuerzo”, expresó, sin embargo, inmediatamente propuso: “A lo mejor no hay que darle el 50%, pero sí un 25%”. En ese sentido, confirmó que iba a proponer esa modificación y adelantó su voto en general, pero en particular iba a proponer ese y otros cambios.

El chaqueño, que firmó en disidencias parciales el dictamen del oficialismo, coincidió en que el artículo sobre un piso para el haber mínimo, referenciado en la Canasta Básica Total, era “para dejarlo para más adelante y darle la derecha al Gobierno”.

Por el contrario de introducir modificaciones, el radical Flavio Fama, que acompañó el dictamen de mayoría, manifestó: “Me hubiese encantado buscar una propuesta con modificaciones, ¿pero sabe qué pasa? No voy a caer en la trampa de la dilación”.

La rionegrina Mónica Silva respaldó la media sanción de Diputados que “llegó hace más de 60 días con el 60% de votos favorables”, y sostuvo que “es un proyecto para recomponer de manera urgente el haber jubilatorio”.

“Hay 8 millones de beneficiarios, es evidente que han perdido poder adquisitivo porque la inflación es el peor enemigo de las jubilaciones y salarios”, alertó. Silva señaló que en su provincia son más de 120 mil las personas jubiladas y pensionadas que “están esperando una posibilidad actual de reponer esas percepciones”.

Además, planteó la necesidad de “revisar la totalidad del sistema, la integralidad del mismo, tener en cuenta los diferentes cambios demográficos y cómo la base de sustentabilidad de jubilaciones se va modificando por la baja tasa de natalidad y la cantidad de personas que integran la población económicamente activa que la mayoría no están registrados, ese es un problema”.

“No hay que dilatar más el tema porque es algo muy sensible para la población. Desde el punto de vista técnico no tiene objeciones. El arreglo de la percepción jubilatoria es urgente y tiene que ser ahora”, ratificó.

La senadora de JSRN sostuvo que “estamos hablando de algo que ni siquiera pretende ganarle a la inflación, sino que se pretende proponer para que las jubilaciones dejen de perder poder adquisitivo. En agosto la jubilación mínima equivale a 225.454 pesos. Las jubilaciones han tenido una caída importante para las personas que no cobran el famoso bono”.

“Proponemos con la sanción de la norma una mínima recomposición de ingresos que no debería tener dilaciones porque está destinada a la población más vulnerable y que tiene un poder adquisitivo muy menguado por los efectos de la inflación. En general voy a apoyar el proyecto y a particular voy a escuchar las propuestas sobre el artículo 4”, cerró.

En línea con la postura del oficialismo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, cargó contra la oposición e ironizó que “hacen como que ponen el tema en agenda y nos quieren enseñar de política y no es así”. De igual modo, refirió a que este debate estaba contemplado en la Ley de Bases original.

Por otro lado, defendió que “faltan a la verdad cuando dicen que el problema empezó el 10 de diciembre” porque “la democracia está en deuda con los jubilados”, sumó. Al igual que Juan Carlos Pagotto anticipó su voto en favor de algunos artículos (no en la general), y cerró: “Cuando ustedes gobernaban la jubilación estaba en 90 dólares, hoy está en poco más de 200”.

Luego tomó la palabra el senador salteño Juan Carlos Romero apuntó que el panorama de los jubilados se “complicó estos 20 años de achicamiento y decadencia con el gobierno anterior”. “Ahora seguimos poniendo parches al sistema porque esta movilidad jubilatoria puede ser la punta pie, si algún día pensamos, un sistema jubilatorio definitivo. Si no hubiera la inflación del 200% el año pasado no estaríamos debatiendo esto”.

El referente del bloque Cambio Federal recordó que en 2010 aprobaron el 82% móvil que “la presidenta Cristina Kirchner lo vetó al minuto”, y procedió a leer los fundamentos del veto: “La promulgación implicaría prácticamente la quiebra, no solo del sistema previsional argentino, sino del propio Estado. Se trata de una maniobra o un ardil para obligar el veto de la norma especulando sacar algún mezquino reto político”.

Romero señaló como error no haber dividido el beneficio de la moratoria porque “aquel que se jubila sin aportes es un no contributivo. Debería tener un ingreso básico. Hoy soy 1.757.000 no contributivos y se le suman los 3.800.000 de moratorias sin aportes, tenemos 2.200.000 personas que han aportado el 20% en total”.

“Esto indica que estamos con el sistema actual perjudicando, no solo al conjunto de la masa previsional, sino que le estamos haciendo un daño enorme a los que aportaron. El sistema que hay que corregir es que aquellas personas que ingresaron por moratorias no contributivas deben tener un ingreso razonable y, el resto, pagársele de acuerdo a años de aporte.

“Solo el 37% de los trabajadores tiene 30 años de aporte. La cifra es mínima. En 2024 se dieron 42 mil no contributivas, entonces seguimos haciendo crecer el sistema con gente que nunca aportó un peso.”, detalló y planteó: “Si no tuviéramos inflación acá estaríamos discutiendo un aumento real, en cambio estamos enredados en cómo compensamos el magro ingreso castigado por la inflación que el país ha heredado de la gestión anterior”.

El salteño apuntó contra la gestión de Néstor Kirchner por la eliminación del sistema por ahorro que “fue para quedarse con la caja enorme de las AFJP”, y explicó cómo se financia el sistema: “Con el 93% con el 11% del IVA, el 100% de créditos y débitos, 29% de combustibles, 70% del régimen simplificado de impuestos, el 41% del impuesto país”.

“Se han aplicado fórmulas, pero de ninguna manera hemos resuelto el tema. Esta ley no la voy a apoyar”, adelantó y explicó que el proyecto no establece cómo se va a financiar por lo que “no solo se incumple con la Ley de Administración Financiera sino también con el propio reglamento de la Cámara”.

Romero indicó que en el articulado: “Deberíamos haber contemplado un financiamiento y eliminar la exención a los artículos electrónicos producidos en Tierra del Fuego, no es quitarle los beneficios, sino a al exagerado beneficio que tiene más de una docena de ensambladores”. También que implica: “Aumentar el déficit porque hay una gran carga de gasto público. Implica un aumento de casi un punto del PBI”.

En el cierre, el jefe de bloque radical, Eduardo Vischi, señaló que este tema es “sumamente sensible a nuestra sociedad, como a la mayoría de los países del mundo”, y ratificó que la Unión Cívica Radical tiene un “firme compromiso con nuestros jubilados”, pero advirtió que “es un gran problema resolver la situación del sistema”. Cargó, además, que el sistema ha pasado de “banquina a banquina”, y repasó las gestiones presidenciales de los últimos 16 años.

“En el medio de todos (esos cambios del sistema previsional), están nuestros jubilados en la ruleta de cómo se juega su futuro”, señaló el senador correntino, quien también cuestionó que “nos encontramos con pensiones que se hicieron con radiografías de perros y pasamos de una idea populista de darle a todos pensado para el sostenimiento político de un gobierno”, en alusión al kirchnerismo.

En el término de su exposición, Vischi catalogó al proyecto en cuestión como “parche de coyuntura” y se expidió hacia el Gobierno nacional con relación a los fondos de coparticipación de las provincias: “Esta administración que se dice federal que tenga en cuenta que este proyecto le da plazos con auditorías sine die (sin fecha fijada)”, en relación a transferencias desde Nación en gestiones anteriores.

Por el bloque Unidad Ciudadana, la senadora bonaerense Juliana di Tullio trajo al debate un posteo reciente de Milei en donde reafirmó la posibilidad del veto y le respondió: “El presidente es un degenerado social por haber montado escenario que explique al principio (Según un informe de la UCA, hay un 55,5% de pobres y un 17,5 de indigentes y solo en ocho meses”. “Si me va a llamar degenerada social, tengo el derecho a llamarlo degenerado social”, cargó contra el jefe de Estado.

Para terminar sus consideraciones en el recinto, donde destacó que en la segunda presidencia de Cristina Kirchner la jubilación mínima estaba en 470 dólares, la senadora Di Tullio reveló que “el presidente va a vetar 66.000 pesos”, y cerró: “6 de cada 10 jubilados lo votaron a Milei. Ustedes que están gobernando deberían aprender de los errores de quienes hemos gobernado”.

Previo a la votación, el presidente de bancada oficialista, Ezequiel Atauche, reiteró que “no se puede seguir resolviendo con parches”. Asimismo, reiteró la postura mencionada anteriormente por el presidente provisional del Senado y añadió: “Nosotros queríamos discutir cuando empezamos el gobierno, parece que hay que discutir cuando ustedes quieren”. “Una vez más no se demostró querer solucionar los problemas de fondo, hacer un videíto para Instagram, hacer demagogia y traer un parche más”, remarcó.

De forma irónica, expresó: “Nos cuesta gestionar porque no tenemos esa capacidad profesional de meter gente en el Estado como tienen ustedes”, y para terminar, el senador jujeño manifestó: “Admitan la incapacidad de gestión y así podemos dar una discusión integral porque acá estamos pagando la maquinita de imprimir”, y concluyó: “Le quiero hablar a los jubilados y entendemos que tienen miedo porque hace décadas que viven con miedo de que no les alcance”.

Senadores de la UCR piden a Diputados respetar los cambios a la ley Bases para su sanción definitiva

El bloque emitió este martes un comunicado en el que destacan que “se lograron modificaciones de relevancia”, y reclaman a la Cámara baja que “evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos”.

Pese a las modificaciones acordadas en el Senado para darle aprobación a la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el paquete fiscal -con una ajustada votación que tuvo que desempatar la vicepresidenta Victoria Villarruel-  el Gobierno reclama a los diputados dialoguistas que insistan por el proyecto original que salió de dicha cámara, pero desde el bloque de senadores de la UCR le hicieron un pedido particular a Diputados.

A través de un comunicado difundido este martes desde la bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi, los senadores radicales resaltaron que “con actitud propositiva y en línea con las esperanzas de cambio de los argentinos, trabajó intensamente y realizó importantes aportes a los proyectos ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ y ‘Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes’, enviados por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso”.

En el mensaje se resaltó que “los expedientes, tras su media sanción en la Cámara de Diputados, fueron trabajados a conciencia, en nueve extensas y productivas jornadas, a lo largo de un mes y medio de tratamiento en comisiones”.

“Durante ese tiempo se recibió y escuchó a más de 50 expositores y funcionarios nacionales, sumando unas 60 horas de debate que enriquecieron los textos con la contribución de este y otros bloques legislativos. Finalmente, dicho proceso culminó con otras 22 horas de sesión y las votaciones afirmativas en general”, agregaron.

Asimismo, indicaron que en el debate en la Cámara alta se lograron “modificaciones de relevancia, como las que se hicieron al capítulo de Privatizaciones, para resguardar organismos de importancia estratégica federal; al RIGI, con el objetivo de contener e impulsar a las PyMEs y a las economías regionales; y al apartado de Modernización Laboral que, en base a las iniciativas que hemos presentado en esta Cámara, busca la registración laboral y la expansión del mercado laboral argentino”.

“Cumplimos el rol para el que la sociedad nos eligió y que espera de nosotros. No votamos a libro cerrado, ni somos un engranaje más de la ‘máquina de impedir’ que sólo obstaculiza, demora y bloquea los cambios. Estamos convencidos, que el trabajo desarrollado mejoró los proyectos. Solicitamos a la Cámara de Diputados que evalúe los aportes a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva”, concluye el documento.

Bloque de Senadores UCR - Acompañamiento a los cambios

El senador Rodas celebró la sanción de dos leyes de su autoría

Se trata de la Ley de eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y la que establece el 27 de agosto de cada año como Día Nacional de la Comunidad Empresarial. Ambas iniciativas fueron sancionadas por la Cámara de Diputados este miércoles.

La Cámara de Diputados convirtió en ley en la madrugada del jueves dos proyectos de la autoría del senador nacional Antonio José Rodas (FdT – Chaco) quien celebró dicha sanción a las iniciativas para eliminar el trámite de Fe de Vida a jubilados y pensionados para el cobro de sus haberes mensuales y la ley que establece el día de la comunidad empresarial.

Respecto de la primera iniciativa, Rodas resaltó que “es de vital importancia para las personas mayores que mes a mes tienen la enorme carga de acreditar su supervivencia en las distintas entidades donde cobran sus haberes”.

Así, detalló que “el trámite de fe de vida acarrea una pesada carga psicológica a nuestros adultos mayores a quienes se les exige que acrediten su existencia, machacando en ellos la idea de su propia muerte porque si no el sistema dará por hecho su deceso, como si de un mero dato estadístico se tratara”.

El senador chaqueño remarcó que “nadie puede retener el cobro de haberes jubilatorios porque atenta contra el derecho de propiedad “toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad” (Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores Ley 27.360)”.

“Una sociedad para todos y todas implica una sociedad sin discriminación por motivos de edad, en la que cada persona tenga la oportunidad de realizarse libremente y de llevar una vida digna y satisfactoria”, concluyó.

Al referirse al otro proyecto que establece el 27 de agosto de cada año como Día Nacional de la Comunidad Empresarial, en conmemoración al ejemplo y legado de Enrique Shaw, que fue impulsada por ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas) institución creada por el mismo Shaw para promover los valores cristianos en el mundo de los negocios.

Rodas señaló que “un modelo económico de rentabilidad sin moral no sirve. Siguiendo a Enrique, el modelo de crecimiento que debemos propiciar es el de las Comunidades de Empresas centradas en la promoción de la persona, con ámbitos de desarrollo que permitan su crecimiento económico, el de sus trabajadores y el de la Nación de quienes son hijos e hijas”.

Enrique E. Shaw, es conocido como “el empresario argentino con sangre obrera” desarrollando su trabajo a cargo de la dirección de Cristalerías Rigolleau en Berazategui, Pcia de Buenos Aires, donde fue declarado ciudadano ilustre. Fue mentor no solo en palabras sino con su ejemplo del modelo de comunidad empresarial que contribuye a la persona, su familia, la economía y en definitiva al Bien Común.

Murió muy joven, a los 41 años, el 27 de agosto de 1962. Sin embargo, en tan corta vida supo dejar en muchas actividades huellas de amor hacia los demás profundamente marcadas, las llamadas virtudes heroicas que hoy lo encaminan a la Santidad.

Rodas finalizó diciendo: “Esta iniciativa se orienta a que las virtudes de Enrique Shaw, estilos y prácticas orientadas al Bien Común, sirvan de guía y orientación al pueblo argentino”.

Es ley el proyecto que reconoce la Lengua de Señas en todo el país como idioma viso-gestual

El Senado aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves la iniciativa que era largamente reclamada por organizaciones de la comunidad sorda.

La Lengua de Señas como idioma viso-gestual en todo el país es ley por unanimidad -63 votos afirmativos-. Así lo indicó el tablero del recinto del Senado en la sesión de este jueves tras debatir la iniciativa reclamada desde hace años por organizaciones de personas sordas.

El texto que llegó al recinto fue producto de un consenso entre propuestas impulsadas por los diputados Lucila Masin (FdT), Leonardo Grosso (FdT) y Julio Cobos (UCR).

A través de la iniciativa se reconoce a la LSA como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua.

En cuanto a su definición, se señala que “la LSA posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano” y “al ser visual, es completamente accesible desde el punto de vista perceptual para las personas sordas, como así también para todas las personas”.

Serán organismos legítimos de consulta sobre la LSA aquellas organizaciones constituidas íntegramente por personas sordas que las representen en todo el territorio de la República Argentina y que se encuentren oficialmente constituidas e inscriptas con reconocimiento de los Estados nacional, provincial y municipal.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo para “fomentar e impulsar en los distintos ámbitos de su competencia el acceso y el uso de la LSA de todas las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua”.

Esto será bajo los objetivos de tener una accesibilidad efectiva y plena a la vida social; eliminar barreras comunicacionales y actitudinales; equiparar oportunidades tendientes a impulsar y fortalecer la independencia, autonomía personal y toma de decisiones; y diseñar y ejecutar estrategias que aseguren la accesibilidad comunicacional en todas las políticas públicas dirigidas a la sociedad.

El debate

Miembro informante del proyecto fue la radical María Belén Tapia, titular de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que calificó este día como “muy importante para la comunidad sorda de nuestro país, porque una ley por la que vienen luchando desde hace mucho, por fin será ley”.

Recordó que esa norma pasó por las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación, y que representa “un hito en el complejo proceso de ampliación de derechos de esta comunidad”. En ese proceso incluyó elementos de inclusión en algunas áreas, como el lenguaje de señas en las transmisiones televisivas y otras leyes que los van incluyendo.

“Hoy de ninguna manera constituye la culminación de este proceso de inclusión, sino que es otro punto de partida para conseguir lo mucho que hace falta”, remarcó.

La senadora santacruceña recordó que esta media sanción procedente de Diputados, “como varios de los temas que serán tratados en esta sesión, son transversales a todos los espacios políticos, y con diferentes iniciativas de estos espacios”. Recordó que esta media sanción era un texto idéntico al que habían dictaminado en las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación, y en el colectivo de asociaciones que nuclean a la comunidad sorda “lograron ponerse de acuerdo, porque en varias oportunidades, al no haber un acuerdo en la comunidad sorda, nunca se convertían en ley”.

Citó también que había iniciativas sobre el tema de las y los senadores López Valverde, Rodas, Duré, Catalfamo, Valenzuela, quienes por ser autores de iniciativas “fueron el puente que nos permitió vincularnos con estos colectivos”, a los que felicitó porque “significan un ejemplo de lucha por sus derechos”.

A continuación, también como miembro informante habló la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) reflexionó: “Hablamos mucho de la palabra inclusión, empatía, son términos que se ponen de moda, pero no siempre tienen la correlación directa y no denotan totalmente la realidad y creo que estamos ante eso”, pero festejó que “se usen esos términos porque las prácticas lingüísticas pueden llegar a situaciones como estas”.

“Acá si estamos hablando de inclusión y empatía con una ley que será aprobada por todos. Valoro este tipo de instituciones en la que hay que intercambiar, debatir y consensuar cuando se pone de primacía la mirada en perspectiva humana porque terminamos coincidiendo todos y queremos siempre el bienestar, puede haber bifurcaciones, pero esencialmente somos eso y lo estamos demostrando con todos los proyectos”, ponderó.

Y siguió: “Una vez más este Senado está trabajando sobre la ampliación de derechos. No es un derecho cualquiera, es un derecho humano y esencial porque estamos hablando de la comunicación”.

“¿Cómo podríamos relacionarnos con el otro sin comunicación? ¿Cómo podríamos entender la realidad y comprenderla, interpretarla? ¿Cómo podríamos subjetivar esa realidad?”, se preguntó la sanjuanina y explicó que en el proceso de socialización del humano la comunicación “es esencial” porque “nos permite relacionarnos con el otro. Permite crear nuestra identidad y permite que seamos autónomos, que podamos expresar lo que sentimos, que podamos acordar y consensuar”.

Al respecto, remarcó que “la comunicación es esencial. Es una dimensión transversal a la sociedad”, y destacó el trabajo en comisión porque “no hubo mezquindad. Hubo una mirada humanista. Hubo humildad y sumar esfuerzo para darles bienestar y un mundo del habla especial a aquellos que tienen cierta discapacidad para escuchar”.

Además, subrayó que “estamos cumpliendo con una deuda de hace 15 años que las distintas organizaciones que agrupan a la comunidad sorda vienen luchando por esto, por sus derechos”.

“La Lengua de señas permite expresar mejor sus sentimientos. Entender y comprender mejor el mundo que los rodea”, sostuvo la oficialista.

También destacó que “es un paso importante en la legislación y en la mirada de la problemática porque desde los años 70 viene cambiando la mirada hacia la discapacidad, incluyendo la sordera. De una mirada puramente médica a una mirada social que busca el desarrollo de esa persona en una sociedad porque si no, no se habla de desarrollo”.

A su turno, la correntina radical Mercedes Valenzuela expresó: “No puede haber inclusión si no hay reconocimiento de algo que para ellos significa una herramienta fundamental para desarrollarse”, señaló a su turno la senadora correntina Mercedes Valenzuela, que agregó: “En una sociedad verdaderamente justa, hablamos de derechos humanos, de oportunidades y tratos igualitarios en todos los niveles de la vida”.

María Eugenia Duré destacó que “trabajamos muchísimo en las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación, y fue transversal a nuestros partidos políticos. Pero lamentablemente en la sesión anterior no pudimos darle a esta comunidad, y a la comunidad argentina, la respuesta que como legisladores tenemos que priorizar, humanizar a la política y sensibilizarnos con aquellos y aquellas que tienen que ser incluidos dentro de nuestra sociedad”.

“Tenemos que darnos cuenta de que lo único que importa en este Senado de la nación es ampliar derechos, y ampliar derechos es una responsabilidad de cada uno y cada una que ocupan estas bancas –agregó-. Porque esta comunidad también ha votado para que nosotros estemos representándolos acá y no dejándolos esperar 20 años más, esta nueva ley”.

Aprueban una actualización de las multas por el desecho de residuos peligrosos

La Cámara baja dio luz verde a un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece modificaciones a la Ley 24.051. Los montos van desde los 115 mil a los 115 millones de pesos.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves con 207 votos afirmativos y 2 negativos -de los liberales Javier Milei y Victoria Villarroel-, un proyecto que modifica la Ley 24.051, de modo de establecer una actualización sobre las multas que se aplican para quienes desechan residuos peligrosos.

El proyecto, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, propone la modificación del artículo 49 de la Ley 24.051, sobre las multas y sanciones que se aplican a los infractores de la norma.

El principal cambio tiene que ver con los montos de las multas ya que actualmente la ley habla de “australes convertibles”.

Se establecen Unidades Fijas, para las cuales se toma como referencia el valor de la unidad retributiva del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

De esta manera, las multas irán de las 900 a 900.000 UF, lo que significa 115.623 pesos a 115.623.000 millones de pesos, de acuerdo a la actualización del pasado 30 de septiembre.

Además, se dispone que la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

Asimismo, indica que las sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora.