La UCR intentará ordenar la interna de su bloque, mientras crecen los cruces

De Loredo y otros referentes radicales se despegaron de esa decisión, mientras un gobernador alertó sobre el riesgo de que esas decisiones dejen al partido en “ínfima minoría” en el Congreso.

Complicado como está, el bloque radical de diputados realizará este martes a las 18 una reunión para intentar ordenar la interna, exacerbada por la suspensión de cuatro legisladores dispuesta este lunes por la Convención Nacional del partido, que dirige Gastón Manes.

Consultado al respecto, el jefe del bloque UCR, Rodrigo de Loredo dijo este martes no compartir “en lo más mínimo” la decisión tomada por la Convención, que a su juicio “no se corresponde con lo que representa el radicalismo, que es ante todo el partido de las instituciones”. En ese marco, se manifestó contrario a sancionar a una persona por el contenido de sus opiniones políticas, que pueden ser “sumamente reprochables, pero nunca sancionables”.

“O sea que, en cuanto al contenido estoy totalmente en desacuerdo. Y en cuanto a la instrumentación, peor todavía. Peor, porque la ley pareja para todos no es injusta, es un refrán más viejo que la escarapela... Lo que nunca puede tener un organismo es doble estándar”, expresó al ser consultado por la prensa a la salida del ForbesAr Summit, en donde expuso. Al respecto citó que dentro del panorama “complejo” de la política y de la “atomización de todos los bloques”, el suyo ha tenido “comportamientos aislados a la postura del bloque, incluso de quienes hoy señalan el comportamiento de estos cinco diputados”, y en esos casos no hubo ninguna reacción de los organismos partidarios.

Además, continuó De Loredo, no resulta propicio que se pongan a sancionar gente ahora. “Menos en este delicado momento, pero ha tenido casos tan evidentes, donde no se ha expresado, que me parece que es un uso muy nocivo para lo institucional de nuestro partido”.

Consultado sobre las expresiones del diputado de LLA Santiago Santurio, quien dijo ver con buenos ojos que los diputados radicales sancionados puedan pasarse a su partido, teniendo en cuenta la minoría legislativa del oficialismo, De Loredo retrucó: “Que se ocupen ellos del psiquiátrico que tienen, que se le van diputados para todos lados”, e insistió en que nadie puede tirar la primera piedra: “Es un momento muy complejo. Le pasa al pro, le pasa al peronismo, le pasa al kirchnerismo, también le pasa al radicalismo”.

Con relación a la conducción partidaria de Martín Lousteau, De Loredo aclaró que no hace nombres personales y advirtió sobre “dos cosmovisiones” que existen en su partido: “Una porteño-centrista y del AMBA, muy ruidosa, que tiene mucha pantalla televisiva, porque así está diseñada la Argentina, pero no gobierna absolutamente nada, ni un consorcio. No gobierna nada. Y tenés un radicalismo que es ampliamente mayoritario, que gobierna cinco provincias argentinas, en mi caso en Córdoba, 170 municipios”.

La réplica de Manes

De Loredo ya había considerado como “una gran irresponsabilidad y parcialidad selectiva” la decisión tomada por la Convención Radical, cuyo titular, Gastón Manes, le salió al cruce diciéndole que “el problema no es votar en contra del bloque, sino negociar de espaldas a la sociedad y del partido un cambio intempestivo de su voto en contra de un proyecto de ley de la UCR que usted mismo impulsó y que ellos mismos defendieron y votaron unos días antes”.

“Los diputados sancionados entregaron a los jubilados vaya uno a saber por qué beneficio personal”, observó Manes, quien recordó que “los radicales tenemos muchos referentes, como Alem, Yrigoyen, Lebensohn, Illia y Alfonsín. Borocotó no está entre ellos”.

Por último, respecto del efecto que tendrá la decisión de la Convención en el bloque que dirige, Manes le aconsejó “dejar un rato las redes sociales” y lo mandó a releer la Carta Orgánica del partido.

El clima de tensión se expande de manera explosiva en el seno de un bloque donde crecen los cruces públicos. Por citar un caso, la vicepresidenta del bloque, Karina Banfi, dijo no compartir la decisión de suspender a cuatro diputados, argumentó que la Convención “carece de información y por consecuencia es desproporcionada e innecesaria. Nuestro partido, profundamente democrático, decide a partir del debate de ideas. Promover acciones desde el sectarismo no es lo que esperan los argentinos de nosotros”. Y le salió al cruce su par Danya Tavela, quien le advirtió que “no vale tirar la pelota afuera. No es esa la discusión”. Para la diputada de Evolución, la cuestión pasaba por rechazar el veto. “No es tan difícil”, remarcó.

A lo que Banfi le contestó diciendo que “no se usan las instituciones del partido para sostener posiciones facciosas. Vos faltaste a la reunión del bloque, pero estos diputados en minoría, argumentaron su posición. No estuve de acuerdo pero no echo a nadie”. Y remató: “Salite de la chiquita Danya, estás para más”.

En el mismo sentido crítico de las sanciones anunciadas por la Convención, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo sostuvo que “la política de mayorías populares no es para setas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal”. Y concluyó pidiéndole a las autoridades del partido asumir “la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción”.

Práctico, en declaraciones a Radio Mitre, el gobernador mendocino advirtió que “sancionar y expulsar a los diputados puede dejar al radicalismo en una posición de ínfima minoría, con correlatos electorales pésimos. Esta no es la forma de conducir a la UCR”.

Proponen aumentar las multas y sanciones a infractores de la ley de usuarios y consumidores

Se pretende actualizar y ampliar el monto de la multa aplicable al procedimiento de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa de la legisladora del FdT Gabriela Demaría busca modificar la Ley 13.133, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, proponiendo una actualización y aumento del monto de la multa aplicable por incumplimientos, como así también elevar la sanción de clausura o suspensión de servicios a un plazo de hasta 60 días, con un sentido disuasorio.

La senadora del FdT Gabriela Demaría, en concreto, presentó una iniciativa parlamentaria para modificar el artículo 73 de la Ley 13133, con el objetivo de actualizar y ampliar el monto de la multa aplicable al procedimiento de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires.

El aumento de la multa prevista en la propuesta implica el paso de los montos vigentes fijados en un rango de 100 a 500.000 pesos, a una nueva escala que varía entre cien (100) y dos millones (2.000.000) de litros Nafta Súper YPF.

“Con esta medida no solo se busca aumentar el monto efectivo de la multa, sino también implementar un sistema que contemple una fórmula móvil, para evitar su depreciación. La finalidad es proteger a las y los consumidores actuales, como así también a las y los futuros”, explica Demaría.

En la letra del proyecto, la senadora argumenta que “resulta fundamental adecuar y elevar los estándares de protección de la/os consumidoras/es y usuarias/os bonaerenses, de modo tal que los montos de las multas en nuestra provincia no sean inferiores a los previstos en la Ley de Defensa del Consumidor, y que se contemplen también las distintas propuestas de los proyectos de Código Nacional de Defensa del Consumidor, dado que en todos ellos se plantea utilizar fórmulas móviles y montos más elevados en las multas”.

En ese sentido, propone elevar también la sanción de clausura o suspensión de servicios: actualmente el plazo es de hasta 30 días y, de aprobarse el proyecto, pasaría a un plazo de hasta 60 días.

La Ley provincial 13133, que entró en vigencia en el año 2004, fue modificada en reiteradas oportunidades con el propósito de adecuarla a las necesidades que surgieron en la materia.

Sin embargo, “a pesar de la desvalorización que ha sufrido por el paso del tiempo, la multa prevista en el artículo 73 no ha sido actualizada. Esa multa es una de las sanciones (la más habitual, y por ese motivo quizá la más importante) que puede ser impuesta a los proveedores que cometan infracciones en contra de las/os consumidoras/es y usuarias/os de nuestra Provincia”, sostiene la legisladora del FdT.

En el proyecto de ley ingresado en el Senado bonaerense, Demaría explica que “la finalidad de las sanciones de este tipo es disuadir la comisión de conductas similares por parte de los proveedores de productos y servicios, buscando de ese modo lograr el objetivo de proteger a las/os consumidoras/es y usuarias/os en sus relaciones de consumo”.

Se advierte que difícilmente pueda tener un gran sentido disuasorio una multa que resulte exigua, agrega la legisladora de la alianza de gobierno.

Para finalizar, la senadora destaca que la iniciativa es fruto del diálogo que mantiene con miembros del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), en especial con la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, con quienes ha consensuado proponer la fórmula expresada en litros de nafta YPF que conforma el texto del proyecto.

En ese sentido, actualmente el COFEDEC impulsa en el Congreso Nacional la actualización de la multa contenida en la Ley 24.240, utilizando la misma escala que se propone en la iniciativa presentada por Demaría.