La jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó este lunes el pedido de eximición de prisión solicitado por la defensa del ex senador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa para que el proceso en su contra, en el marco de la causa que se los investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, se lleve adelante estando en libertad.

La decisión, en el mismo sentido que había dictaminado el fiscal federal Fernando Domínguez, se basó en “la sospecha razonable de que el imputado podrá obstaculizar la investigación en caso de recuperar su libertad”. También señaló que el objetivo del pedido de extradición desde Paraguay - que sigue vigente - es su detención a fines de indagarlo en el país y que se someta a derecho, ante el riesgo de una posible fuga en caso de que quede en libre en ese país.

En el pedido de eximición de prisión, que fue presentado por su nuevo abogado Juan Martín Cerolini -quien defiende también a Guinsel Costa-, había argumentado que ambos “se encuentran a derecho en esta causa (por la de Securitas y la enriquecimiento ilícito que es conexa), pues han propuesto abogado defensor, se sabe fehacientemente donde se encuentran, y, siendo que la investigación comenzó antes de la detención en Paraguay sin media restrictiva alguna, jamás han eludido el accionar judicial ni lo han controvertido”.

Sin embargo, para la magistrada federal, “si bien se tiene en cuenta que poseería domicilio fijo en Argentina, se observa que la valoración objetiva y provisional de las características particulares del hecho en trato hacen presumir fundadamente que, en caso de recuperar la libertad en la República del Paraguay, intentará eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación”.

“El encarcelamiento durante el proceso penal -como toda otra medida coercitiva de carácter procesal- sólo procede para asegurar sus propios fines, esto es, la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal”, explicó Arroyo Salgado.

Actualmente Kueider cumple prisión preventiva domiciliaria, junto a su secretaria, por el intento de contrabando de divisas cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil, en la madrugada del 4 de diciembre con dinero sin declarar.

Arroyo Salgado dictó la resolución en la causa en la que la Justicia Federal se investiga al ex legislador por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el escrito, se señala que está imputado de “conformar una asociación o banda destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras que configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado, a través de la colocación en el sistema financiero local e internacional y ecosistema de activos virtuales, así como también en la adquisición de bienes inmuebles y muebles, durante el período comprendido, en principio, desde inicios de 2017 y hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”.

La jueza federal puso énfasis en la condición de exfuncionario público: “Debe ponderarse que la finalidad orquestada incluiría su enriquecimiento personal, por lo que se realza la necesidad de identificar e interrumpir los circuitos por los que transita o circuló el frondoso provecho ilícito, siendo que la detención cautelar constituye un medio idóneo para evitar dicho cometido. El marco penal de la calificación legal aplicable a las conductas atribuidas a Kueider y las penas en expectativa previstas en el art. 303 del Código Penal (lavado de dinero) , claramente no quedaría absorbida por el primer supuesto del artículo 316 del CPPN -parámetro utilizado también análogamente para analizar las excarcelaciones- al tiempo que el mínimo legal previsto no permite avizorar la posibilidad de aplicación de una condena de ejecución condicional”, advirtió la magistrada en su resolución, en referencia a la pena que tiene ese delito, de 3 a 10 años.

Además, la magistrada advirtió que existen medidas de prueba pendientes de producción, como ser el análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos de sus domicilios, y que la obligaban a tomar “medidas necesarias para resguardar el desarrollo de la pesquisa”.

En este punto, destacó que en los días previos al allanamiento del departamento en Recoleta donde vivía Guinsel Costa en la Ciudad de Buenos, y cuando ya se encontraba detenida en Paraguay, se habrían retirado elementos de ese domicilio. También mencionó que se encontró documentación bancaria incinerada en una maceta del inmueble y restos de velas quemadas.

Para la magistrada, el ex senador “cuenta con el conocimiento, soporte de terceras personas, abundantes medios disponibles y recursos financieros que le podrían permitir organizar una posible fuga del proceso y así entorpecer la investigación”.

En el marco de la investigación por la causa de presunto lavado de activos, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de los despachos que utilizaba Edgardo Kueider. Los mismos se llevaron a cabo durante la tarde de este viernes en el Palacio Legislativo y en el Anexo del Senado ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Tras arribar al Congreso de la Nación, personal de Gendarmería Nacional, vestida de civil, requisó carpetas, computadoras, pendrives y documentación de las oficinas del entrerriano. También fueron allanadas las oficinas de dos asesores de Kueider, de los cuales uno de ellos facilitó el ingreso a las oficinas por el sistema de huella digital.

Mientras cumple detención domiciliaria en Asunción, fue rechazado el amparo presentado por la defensa de Kueider.

Cabe recordar que las oficinas estaban clausuradas, por orden de Arroyo Salgado, desde la tarde del 12 de diciembre luego de que la Cámara alta aprobara por unanimidad la remoción del exlegislador detenido en Paraguay por la tenencia de 211.000 dólares sin declarar en cuando intentaba cruzar al país vecino.

A primera hora de este viernes, el juez federal Enrique Lavié Pico rechazó el recurso de amparo presentado por Kueider, por el cual consideraba como "inválida" a la sesión donde se votó su expulsión. El entrerriano continúa cumpliendo detención domiciliaria en Asunción junto a su secretaria Iara Costa.

Así las cosas, la propia jueza Arroyo Salgado solicitó a la justicia paraguaya la extradición de Kueider y Costa, para ser interpelados en Argentina. En el pedido judicial, también, contempla el allanamiento al complejo habitacional donde ambos imputados cumplen la prisión domiciliaria.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó este martes a la Justicia de Paraguay la extradición de Edgardo Kueider con el propósito de tomarle declaración indagatoria dentro de la investigación por la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido también contempla a su secretaria, Iara Costa, quien acompaña al entrerriano en su detención domiciliaria en un complejo habitacional en Asunción.

Conocida públicamente desde que le solicitó al Senado que avanzara con la destitución del entrerriano horas antes de la sesión, la magistrada envió el petitorio a través de Cancillería Argentina. Ahí mismo, detalló una serie de medidas vinculadas al secuestro de teléfonos celulares y demás elementos que ambos tenían consigo al momento de ser demorados con 211.000 dólares in declarar en la Triple Frontera.

Del mismo modo, reclamó que se allane el complejo donde Kueider y Costa cumplen arresto domiciliario y que se envíe a la Argentina todo elemento que pueda resultar de interés, en particular dispositivos electrónicos.

Por otra parte trascendió este martes que el fiscal civil, comercial y contencioso administrativo federal Miguel Ángel Gilligan dictaminó a favor de que la justicia federal trate el amparo presentado por la defensa del exsenador respecto de su destitución. Según trascendió, el fiscal Gilligan presentó un dictamen en el que sostuvo que el fuero contencioso administrativo federal es competente para intervenir en el caso. La opinión se la había pedido el juez federal Enrique Lavié Pico.

De acuerdo con fuentes judiciales, este es un primer paso en toda causa judicial, dado que ahora el magistrado quedó en condiciones de resolver la medida cautelar que Kueider solicitó para ser repuesto en el cargo.

La causa por la que Arroyo Salgado investiga al entrerriano es por presuntos vínculos con tres departamentos en una torre en la ciudad entrerriana de Concordia, que están a nombre de una sociedad "Betuil", los cuales no podrían ser justificados con sus ingresos en la función pública.

Al ser removido de la Cámara alta, Edgardo Kueider ya no cuenta con fueros parlamentarios y podría cumplir prisión efectiva en este país. Sin embargo, presentó un amparo para que se le restituya su banca argumentando que la sesión fue “inválida”.

Aprobada la expulsión Edgardo Kueider, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó el allanamiento del despacho que el entrerriano tenía en el Senado, el cual ya este jueves había sido clausurado.

Previo a la sesión, el pedido de desafuero enviado por la magistrada fue clave para torcer las posturas que había en torno al futuro de Kueider, detenido en Paraguay por presunto contrabando.

Arroyo Salgado investiga al entrerriano, y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa -también con prisión domiciliaria en el país vecino-, en una causa sobre enriquecimiento ilícito.

Se trata del caso Securitas, referido al pago de coimas por parte de esta empresa de seguridad privada a funcionarios públicos de distintos organismos, entre las que está involucrada la empresa estatal de energía de Entre Ríos, de la Kueider fue director entre 2016 y 2018.

Además del despacho en el Senado, Arroyo Salgado -que buscará la extradición de Kueider- dispuso allanamientos en domicilios en Entre Ríos vinculados al ahora exsenador.

En el oficio enviado a la Cámara alta, la jueza fundamentó la medida ante la posibilidad de dar con "elementos de prueba" para corroborar las "hipótesis delictivas bajo examen".

Si bien no tenían dudas de que el entrerriano Edgardo Kueider debía quedar fuera del Senado, para la Mesa Ejecutiva del Pro, el procedimiento correcto era “seguir el camino institucional de suspensión sin goce de sueldo y desafuero, solicitado por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Este procedimiento, que respeta el debido proceso, requiere un trámite, por lo menos, similar al aplicado en la Cámara de Diputados en el caso De Vido durante el gobierno de Juntos por el Cambio”.

Así lo hicieron saber a través de un comunicado en el que explicaron que dicho trámite consiste en girar el expediente del desafuero, otorgar un plazo mínimo para el derecho a defensa -que puede incluir un descargo por escrito- y proceder a la suspensión del legislador. Alternativamente, también podría optarse por la expulsión siguiendo el mismo procedimiento.

“En el Pro somos coherentes y respetamos las normas para evitar impugnaciones judiciales. El peor escenario es que un acto de corrupción quede impune por la violación de los procesos legales”, señalaron, aclarando que les resulta “llamativo” que “quienes se oponían a impedir que un condenado en segunda instancia fuera candidato hoy expulsen sin el mínimo debido proceso a un senador (Edgardo Kueider) mientras protegen a otro (Oscar Parrilli)”.

Para el Pro, “esto demuestra, una vez más, que como hemos sostenido siempre desde el Pro, no existe acuerdo alguno con el kirchnerismo que pase el más mínimo filtro republicano. Seguiremos defendiendo los valores de la institucionalidad, la justicia y la transparencia como lo hicimos desde nuestra irrupción en la política argentina, hace más de 20 años”.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado le envió un oficio a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, pidiendo el desafuero y la detención del senador peronista Edgardo Kueider, con el objeto de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”, minutos antes que se comience a debatir su futuro en la Cámara alta en la sesión convocada para este jueves.

En su presentación, Arroyo Salgado pide también la detención de la secretaria del legislador, Iara Guinsel Costa, quien lo acompañaba cuando fue descubierto, y se atribuyó la posesión del dinero. La jueza también anunció que pedirá la extradición de ambos por la vías diplomáticas correspondientes.

El desafuero debe ser resuelto por los legisladores, pues la Carta Magna impide a la Justicia detener a los legisladores nacionales, allanar sus domicilios o lugares de trabajo, o interceptar sus comunicaciones.

Así lo establece el artículo 68 de la Constitución, que establece que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. A su vez, el artículo 69 precisa que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

El diputado nacional Cristian Ritondo fue consultado sobre las acusaciones que le hizo la jueza Sandra Arroyo Salgado, y manifestó: “Es raro que sea invitada a una nota donde se va a hablar de una causa que está siguiendo el fiscal Luciani y el doctor Mola, y diga esto en medio de un contexto donde en Juntos por el Cambio estamos discutiendo algunas cosas”.

Entrevistado por Radio Mitre, el jefe del bloque Pro afirmó que “el objetivo es ganarle al kirchnerismo que tan mal le está haciendo al país”, y remarcó: “La política y principalmente Juntos por el Cambio tiene que elaborar propuestas, dejar claro qué país queremos, qué provincia queremos. La semana pasada dijimos todo lo que teníamos que decir. Estoy seguro que es el momento de otra cosa”.

Respecto de la interna de JxC, Ritondo dijo que “dejaron muy en claro que desde Juntos por el Cambio tienen el foco puesto en trabajar por el país porque la sociedad está harta de las peleas políticas”.

Por otro lado, ante las acusaciones de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, el opositor manifestó: “No sé cuál es la acusación en alguien que es abogado y trabajó en el Ministerio de Seguridad que ejerza su profesión”, restándole importancia a los dichos.

“Es algo que yo no puedo opinar, es el caso del doctor Marcelo D’Angelo y ni sobre lo que me corresponde opinar. Sí puedo exigir a un funcionario mío que cumpla con sus funciones y quienes trabajaron bajo mi mando lo hicieron, y quienes se apartaron de la ley los eché”, aclaró el diputado.

Continuando con las aclaraciones, Ritondo dijo que “el doctor Marcelo D’Angelo no fue ni abogado defensor de ningún policía acusado en lo que se investiga al fiscal Scapolán, era defensor del fiscal, pero a fines del 2020”, y añadió: “No tiene nada que ver con lo que tenía el Ministerio de Seguridad”.

Para cerrar, a Ritondo se le preguntó si se trataba de alguna operación para perjudicarlo y afirmó: “No creo que la doctora Salgado se preste a algo así, pero sí es cierto que pocas veces recibí una operación de esta categoría y críticas sin pruebas como en ese reportaje”.

La Coalición Cívica volvió a insistir este martes en su reclamo para que se complete el juicio y la destitución del fiscal Claudio Scapolán con fundamentos en la “falta de los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de su función”.

Recuerdan desde la CC que el 1° de julio pasado enviaron una nota al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires para volver a reclamar la remoción del cargo del fiscal Scapolán ante la gravedad, pluralidad y extensión en el tiempo de los hechos y faltas atribuidos y por haber “perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad”. La nota, que fue enviada a las autoridades partidarias y parlamentarias de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires y firmada por Elisa Carrió en su calidad de denunciante, y por los legisladores nacionales y provinciales de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires, obedece a la falta de avances contra ese fiscal por parte de la política provincial.

Las recientes manifestaciones públicas de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien fuera apartada de la causa por abogados con aceitados contactos políticos, de acuerdo con lo que ella misma ha expresado, respaldan “la veracidad de los dichos de Elisa Carrió de los últimos días”, afirman desde la Coalición Cívica.

Es importante recordar que el 1º de octubre del año pasado, la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro dictó el procesamiento del fiscal Claudio Scapolán en orden a distintos hechos delictivos (asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público reiterada, instigación al falso testimonio agravado, sustracción de medios de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, uso de documento público falso reiterado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público).

A través de un comunicado, la Coalición Cívica recordó que desde el año 2016, también se han ocupado de advertir en privado a las autoridades políticas que se encontraban en funciones en la Provincia de Buenos Aires, acerca de la actuación del entonces funcionario del Ministerio de Seguridad Marcelo Rochetti en algunos hechos, y de presentaciones judiciales que han realizado al respecto.