Los diputados de la Coalición Cívica presentaron este martes ante la Procuración General de la Nación una denuncia a través de la cual buscan remover a los fiscales federales que intervienen en la causa de las supuestas maniobras de espionaje que habrían sido practicadas por la Agencia Federal de Inteligencia en tiempos de Mauricio Macri.

La denuncia es contra los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes llevan adelante la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri contra dirigentes de toda índole que está radicada ante el juzgado federal de Lomas de Zamora que subroga el magistrado Juan Pablo Auge.

En la presentación hecha por diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic y Mariana Stilman, se advierte que se cargó en el sistema de gestión del Poder Judicial (Lex 100) información vinculada al ex presidente Mauricio Macri, extraída del celular de su secretario privado Darío Nieto quien está imputado en el caso. Dicha información, señala la presentación, “incluye documentación sensible, como los números de teléfonos personales y laborales; la dirección de su oficina y domicilio particular; la dirección de correo electrónico; su usuario y contraseña de Facebook; su usuario y contraseña de Mercado Libre; el número de CUIT y clave fiscal; y hasta el número de tarjeta de crédito del expresidente”.

La diputada nacional de Confianza Pública, Graciela Ocaña, pidió que se cite a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para evaluar su participación en la filtración de datos relacionados al espionaje ilegal.

A través de una nota dirigida al presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público, Martín Doñate, la legisladora nacional, que integra esa comisión, señaló que “la evidente impericia que habría mostrado la interventora al enviar, aparentemente, la documentación secreta sin los recaudos de protección necesaria, y la decisión de los fiscales de correr traslado digital de tales instrumentos, que deberían haber quedado como prueba reservada por su carácter sensible y secreto, son conductas que han puesto en peligro la vida de los agentes y las de sus familias, como así también la seguridad interior de nuestro país”.

En ese sentido, Ocaña afirmó que “al tomar conocimiento las partes intervinientes en el proceso de su existencia, pareciera que todos los responsables de mantener ese elemental resguardo han incumplido sus obligaciones funcionales, y por ello es tan importante y vital que esta Comisión tome cartas en el asunto e impulse las citaciones”.

“Revelar la identidad de los agentes que se encuentran protegidos por la Ley de Inteligencia constituye nada menos que un delito contra la seguridad de la Nación (y de las personas cuya identificación se facilitó), por lo cual es urgente y perentorio la concurrencia de los fiscales y la interventora de la AFI para que brinden las explicaciones del caso”, subrayó la diputada en el escrito.

Ocaña consideró que “es vergonzosa la filtración de 3.850 resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) conteniendo decenas de datos sensibles que se encontraban en el Libro de Protocolo de Resoluciones conteniendo nombres personales, números de documentos, designaciones, viajes, jubilaciones de espías y ex agentes de inteligencia, registro de entradas y salidas entre tantos otros”.

Asimismo, sostuvo que “es escandalosa la filtración de datos personales del expresidente Mauricio Macri, tales como sus claves, direcciones, teléfonos, bienes personales, tarjetas de crédito, mails, entre otros datos, en violación de su derecho de privacidad e intimidad extralimitándose ampliamente el objeto procesal de la causa al publicar esos datos personales”.