El Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) se encaminaba a realizar este viernes sus elecciones de medio término, suspendidas en 2020 por la pandemia de Covid-19, para renovar parcialmente los miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Disciplina y sus directores a la Caja de Previsión Social.

En virtud de la pandemia, el Consejo Directivo de la institución colegial comandada por Santiago Quarneti dispuso la suspensión de la Asamblea General en sus reuniones de los días 4 y 5 de mayo. Así lo decidió la totalidad del cuerpo a fin de garantizar la mayor participación posible a ese acto que tenía como puntos salientes del orden del día la deliberación -y en su caso- la aprobación de la memoria, balance y presupuesto anual de gastos. El Colegio entendió que debía primar la salud de sus matriculados y la mayor participación que -en las actuales circunstancias epidemiológicas y normativas- no podía garantizarse.

Por otro lado, también se dispuso que en virtud de las atribuciones que concede la resolución 334/21 del Ministerio de Justicia de la Provincia, se proclamaría la única lista debidamente oficializada en el proceso electoral pudiendo respetar las restricciones vigentes, acto que se vio truncado por una jugada judicial.

Dicha medida, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de San Martin luego que el juez de primera instancia se declarase incompetente, fue emitida unilateralmente, sin escuchar ni pedir informe alguno al Colegio de Abogados, según denuncian desde esa entidad, “en franca violación al derecho de defensa y al Código Contencioso Administrativo (ley 12.008) que en su artículo 23 inc. 1 requiere pedir un informe previo a quien se le pretende aplicar la medida”. Desde el Colegio resaltan que la Cámara -además- resolvió esta medida que califican “de una gravedad institucional inédita”, en muy pocas horas, sin siquiera tener a la vista el expediente eleccionario completo, de modo que sólo contó para hacerlo con información parcial, y el alegato de sólo una de las partes.

En relación a la polémica por la no oficialización de la lista “Unidos por la Reconstrucción”, desde el Consejo Directivo sostienen que “la lista fue rechazada dado que varios de sus postulantes incumplían con requisitos exigidos por la normativa legal vigente, a pesar de haberle otorgado un plazo para su subsanación, pese a lo cual, continuaron los incumplimientos normativos”. Sostienen que los argumentos tomados por la Cámara para decidir, “son fácilmente rebatibles si hubieran contado con los elementos íntegros del expediente eleccionario, cosa que no quisieron ver”.

Además, criticaron al abogado que patrocinó la lista opositora, Luciano Juan Locatelli. Sostienen que “sus gestiones como tesorero y secretario del Colegio de Abogados de San Isidro fueron un descalabro, al presentar esta lista se equivocó por dos veces y ahora patrocina y demanda a su colegio”, por lo que prefieren que los hechos hablen por sí mismos. Además, -el apoderado de la lista opositora “Unidos por la reconstrucción”, Luciano- Locatelli, consintió la convocatoria electoral que ahora ataca tardíamente, mientras dice que está siendo ‘presionado’ por sectores de la política”.

Según informaron las autoridades colegiales, estarán impugnando la medida judicial dentro de los plazos procesales, y haciendo uso del derecho de defensa que se desconoció, dando cuenta como corresponde de los fundamentos y constancias que motivaron suficientemente la decisión tomada.