Legislación General comenzó el debate del Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas, con la presencia de nueve invitados.
Sancionada la ley en tiempos de Cambiemos, desde hace tiempo el oficialismo intenta sin éxito modificar esa norma y comenzará a debatir este jueves otra iniciativa para modificar la norma.
Tal cual lo había anticipado el jefe del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, la Comisión de Legislación General se reunirá este jueves a partir de las 12 para debatir una modificación de la Ley 27.349, conocida como Apoyo al Capital Emprendedor.
Aprobado durante la gestión macrista, el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) permite abrir una firma en 24 horas por internet, pero siempre fue cuestionada desde el kirchnerismo. En tiempos de su tratamiento durante la gestión Cambiemos y sobre todo en el transcurso del Gobierno de Alberto Fernández.
El Senado llegó a aprobar en su momento un proyecto del senador Oscar Parrilli para suspender el sistema por 180 días, que perdió estado parlamentario en Diputados, donde el 9 de junio de 2021 había alcanzado a tener dictamen. Esa iniciativa establecía que las SAS deberían ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores, como así también suspendía por seis meses la constitución e inscripción de SAS.
Ahora la Cámara baja comenzará a tratar un proyecto de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca. El titular de la bancada oficialista ya había adelantado el pasado 20 de abril que “en unas semanas vamos a empezar a debatir en comisiones el Régimen de Control y Transparencias para las Sociedades Anónimas Simplificadas, un invento societario de la época del macrismo usado para el bien de gran cantidad de emprendedores y para el mal que los monos que lavaron en 36 sociedades anónimas 1200 millones de pesos. Lo dice el fiscal federal N° 2 de Santa Fe”.
En efecto, sobre ese tema había hecho hincapié a principios de marzo el senador Parrilli, cuando a través de un hilo de tuits afirmó que la ley de Sociedades de Acciones Simplificadas fue “una pantalla de apoyo al capital emprendedor” de la banda los Monos. “Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S.): los Monos o el ‘capital Emprendedor’ del macrismo”, tituló Parrilli y explicó: “En el año 2017 el Gobierno de Cambiemos impulsó la creación de las S.A.S. utilizando como pantalla el ‘apoyo al capital emprendedor’”. Y sumó: “En los hechos, estas sociedades que se conforman por internet en tan sólo 24 hs., fueron utilizadas para evadir los controles de legalidad de los registros de comercio y la IGJ, cometer los delitos de lavado de activos y evasión fiscal y ocultar la verdadera operación comercial”.
“¿Sabés quien las utilizó? Los narcos de Rosario… ¡Los Monos! para mover su dinero sucio. Sólo en el año 2018, crearon 40 S.A.S. desde las cuales emitieron más de 12.000 facturas truchas, evadieron impuestos por $1.200 millones y blanquearon el dinero obtenido del narcotráfico”, precisó.
Y remató: “Todo esto lo denunciamos cuando en el Senado dimos media sanción al proyecto de ley de mí autoría para que las S.A.S. tengan el mismo control y supervisión que la ley exige para el resto de las sociedades. ¿Adivina que pasó en Diputados? Cambiemos nunca dio quórum para tratarlo”.
Ahora la Comisión de Legislación General comenzará a analizar el tema con una reunión informativa a la que han sido invitados el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Aníbal Erbetta, y el titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez. Asimismo, concurrirán funcionarios de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ).
El proyecto de Martínez establece que dentro del plazo de 60 días corridos todas las SAS deberán acreditar su existencia ante un registro público, y presentar sus estados contables correspondientes a los últimos 3 ejercicios económicos.
La norma impulsada por el Frente de Todos advierte en la normativa “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”.
“En otras palabras, la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”, expresa el proyecto que basa tal tesitura en “la voz e intervención de distintos actores de la vida institucional, jurídica y de organismos de control”.
El proyecto cita puntualmente a los invitados a la reunión de este jueves, como este párrafo que adjudica al juez Erbetta: “La dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales”.
Los autores aclaran que la propuesta legislativa presentada “no pretende descartar la existencia misma de las SAS como tipo societario. Por el contrario apunta a tener mayores facultades de fiscalización, adecuando el desarrollo de un tipo societario a los estándares legales que promuevan la licitud de la actividad que desarrollará aquel emprendedor o empresario que utilice como instrumento jurídico asociativo las SAS”.
“Proponemos fortalecer el marco normativo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, otorgándoles la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes, y también, combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados”, concluyen los autores de la iniciativa, Martínez, Moreau y Penacca.
0940-D-2023El senador kirchnerista cargó contra la oposición y los tildó de “hipócritas” y “mentirosos”. Aprovechó para cuestionar las SAS creadas durante el gobierno de Macri.
Durante el tramo de expresiones en minoría, luego que la sesión de este jueves en el Senado se quedara sin quórum, el senador Oscar Parrilli (UC-FdT) disparó contra la oposición: “Son hipócritas, son unos mentirosos. No digo de todos, porque no quiero ser injusto, pero que la conducción de Cambiemos es complaciente con el narcotráfico, no tengo ninguna duda”.
Al hacer referencia al proyecto de fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe, que si bien no estaba en el temario se había propuesto para votar sobre tablas, el neuquino resaltó que el narcotráfico “no solamente afecta a la provincia de Santa Fe, donde sin duda hay un problema serio, sino que los que somos senadores sabemos también que en nuestras provincias, a lo mejor no se ha llegado a ese nivel de violencia, intolerancia y complicidad, muchas veces de fuerzas policiales y dirigentes políticos, jueces y fiscales, eso existe y lo vemos”.
En esa línea, dijo que en Neuquén “están llegando niveles de consumo de droga muy altos y además están apareciendo los carteles santafesinos”.
El legislador denunció que desde la oposición “no solamente porque no permiten que se traten estas leyes, sino que cuando llega el momento siempre tienen alguna excusa. Nunca se dedican a luchar verdaderamente contra el narcotráfico. Y cada vez que aparece un problema como en Santa Fe o Córdoba, ‘ah quiero pistolas Taser, quiero al Ejército, quiero más fuerzas de seguridad’”.
“En Santa Fe hay un problema serio, pero la oposición gobernó 12 años”, señaló y consideró que hay que darse un debate “con respecto a la droga” porque “el problema no es la droga, el problema es la prohibición”.
En su discurso, Parrilli aprovechó para hablar en contra de las Sociedades por Acciones Simplificadas, una figura que se creó por ley durante el gobierno de Cambiemos, en 2017. El kirchnerista recordó que eso “mereció la objeción del GAFI”, pero desde el entonces oficialismo “lo disfrazaron como una cuestión de la modernidad”.
“Entre 2017 y 2020 se crearon aproximadamente 40 mil SAS”, detalló y apuntó que “durante el gobierno de Cambiemos hubo más de 2.000 denuncias sobre SAS que tenían facturas truchas”; e incluso hay una denuncia por “un funcionario de Cambiemos que tenía una SAS y a través de ella le vendía productos al Estado”.
El oficialista destacó que la banda “Los Monos están acusados de utilizar las SAS” y que el presidente de la Corte de Santa Fe “dijo que eran un problema y se utilizaban para llevar adelante actividades delictivas”.
Recordó entonces que en 2020 se dio media sanción a un proyecto impulsado por él, que no eliminaba las SAS, pero sí establecía controles, y todas las críticas que se recibieron por parte de Juntos por el Cambio en ese debate. Finalmente, la iniciativa “durmió el sueño de los justos” y perdió estado parlamentario en la Cámara baja. Pero, justamente en Diputados, fue que “hace pocos días nuestro bloque presentó un nuevo proyecto que mejora el que nosotros aprobamos”, celebró.
Al revelar que en las provincias de Córdoba y Mendoza son donde hay más SAS sospechosas, Parrilli cargó: “Vienen acá, dicen ‘queremos más juzgados, Cristina (Kirchner) no nos da el quórum para sacar la ley’, y ellos ¿qué hacen? Son complacientes con la actividad del narcotráfico en Argentina, porque están de alguna manera protegiendo las herramientas y los instrumentos jurídicos que tienen para poder utilizar su dinero”.
Todavía está en veremos una eventual convocatoria, cuando todavía Juntos por el Cambio no ha suscripto la prórroga del protocolo para sesionar, que vence este miércoles.
Si bien se presumía que la Cámara de Diputados volvería a sesionar este jueves, todavía eso no está confirmado. De hecho, sería muy difícil operativamente que la eventual sesión se realizara este jueves.
“La sesión está muy verde”, confió a parlamentario.com una fuente legislativa consultada, que recordó que todavía no se ha resuelto el tema de la continuidad del protocolo para el funcionamiento remoto, que vence este miércoles.
Lo cierto es que este miércoles se reunirá el interbloque de Juntos por el Cambio para definir si firman una nueva prórroga. En rigor, la principal oposición es la única bancada que aún no ha resuelto su postura, pues el resto de los bloques ya han firmado. Como sea, en aras del consenso desde la conducción de la Cámara esperan que el interbloque que encabeza Mario Negri resuelva positivamente el tema este mismo miércoles.
Ese será el primer paso para destrabar una sesión, que podría ser este jueves, o bien el viernes. Las dificultades operativas para sesionar el jueves tienen que ver con que el feriado del lunes comprimió los tiempos y se necesitan unas 48 horas para el proceso de hisopado de todos los diputados que estarán de manera presencial.
Si finalmente se acuerda una reunión para esta semana, el tema principal definido es la reforma del Monotributo. La actualización del gravamen elimina el pago del retroactivo en el aumento del impuesto que regirá desde julio próximo y actualiza las distintas categorías que conforman el régimen.
Otro proyecto en carpeta es el que busca ampliar las exenciones en Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para activos de inversiones financieras en moneda nacional.
En las últimas horas trascendió que se incluiría además el proyecto que suspende la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas. Una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que suspende por seis meses la constitución e inscripción de las SAS, una herramienta que se implementó durante la gestión Cambiemos para facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet. Ese proyecto obtuvo dictamen el pasado 9 de junio.
¿Y el proyecto de emergencia Covid? No hay nada confirmado y lo más probable es que siga postergándose. Este viernes vence el último DNU referido a las restricciones en pandemia y todo indica que el presidente Alberto Fernández firmará un nuevo decreto. Pasa que no hay certezas de que el oficialismo tenga el número necesario para aprobarlo y en esas circunstancias, preferible seguir buscando consensos y postergar una definición en torno a un tema respecto del que muchos se preguntan si tiene sentido insistir en este contexto.
Se trata de una herramienta que había sido creada durante el gobierno de Macri. La iniciativa tiene media sanción del Senado. Se debatirá en comisión este miércoles desde las 19.
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados discutirá este miércoles, a partir de las 19, el proyecto de ley con media sanción del Senado que suspende por 180 días la inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La iniciativa, impulsada en la Cámara alta por el senador kirchnerista Oscar Parrilli, establece que las SAS deberán ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores (Sepyme).
De acuerdo al proyecto, se suspende por seis meses la constitución e inscripción de las SAS, una herramienta que fue creada durante el gobierno de Mauricio Macri, de modo de facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.
Durante este lapso de 180 días, las inscripciones se efectuarán exclusivamente en soporte papel, conforme las disposiciones y procedimientos previstos que al efecto dicte cada registro público.
En su articulado, la iniciativa establece que, para su inscripción, todas SAS deberán ser constituidas únicamente por los emprendedores a que hace mención el Título I de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor, previamente inscriptos en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE).
También determina que el RICE deberá exportar electrónicamente su base completa de datos a la Inspección General de Justicia de la Nación y a los demás Registros Públicos de cada jurisdicción dentro del plazo máximo de 10 días hábiles administrativos desde la vigencia de la ley.
Lo mismo deberá efectuarse con toda inscripción que se produzca en el RICE en forma sobreviniente, dentro del plazo de dos días hábiles administrativos, de modo que los registros públicos correspondientes puedan efectuar el debido control de legalidad.
El jefe de la CC-ARI en Diputados se refirió al proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli y aseguró que "es de suma gravedad política y económica".
El jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, cargó contra la media sanción del Senado a un proyecto, impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli, para suspender la inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), una herramienta creada durante el gobierno de Mauricio Macri.
En su cuenta de Twitter, el diputado consideró que la aprobación de esa iniciativa es "de suma gravedad política y económica" y que suspender las SAS "implica un ataque directo contra miles de emprendedores micro, pequeños y medianos en medio de una pandemia y crisis económica".
"Las SAS son una herramienta para que se puedan constituir instrumentos societarios de manera más ágil, moderna, digital y baratas", defendió y señaló que "el proyecto K busca obstaculizar, genera atraso, falta de control y arbitrariedad por parte de (Ricardo) Nissen (exapoderado de los Kirchner en Hotesur)".
Para el legislador opositor, "los senadores que votaron este proyecto destruyen miles de puestos de trabajo y empresas" y "provocan daños irreparables y le cierran las puertas a muchos que quieren escapar de la pobreza".
"Desde una sesión digital en el siglo XXI votaron volver al papel y burocracia del siglo XX", finalizó.
Se trata de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una herramienta creada por ley durante la gestión anterior. Según Oscar Parrilli, autor del proyecto, algunas se utilizaron para delinquir. La oposición, en contra.
Tras la retirada de la oposición, el oficialismo logró aprobar este jueves en el Senado un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), una herramienta que se había creado durante la gestión anterior para facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.
Parrilli aclaró que “las SAS van a seguir” y que “no va a haber ningún perjuicio para aquellos que las constituyeron”, sino que “lo que se suspende por 180 días es el sistema de control electrónico de constitución de la SAS en la Capital Federal, Buenos Aires y Entre Ríos”, donde la inscripción se podrá hacer “por papel”, mientras que “en el resto de las provincias” el sistema “seguirá como está”.
Esto será así “hasta tanto el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE) se normalice y la IGJ (Inspección General de Justicia) tenga el control de ese registro”, explicó el neuquino.
Al fundamentar la iniciativa, sostuvo que “había un Estado bobo que dejaba que aquellos que querían lavar dinero, cometer delitos o evadir responsabilidades, tuvieran un instrumento legal”.
Según el exfuncionario kirchnerista, “aparecieron en el Registro de Propiedad del Inmueble unas 20 sociedades que habían sido constituidas con el único objetivo de adquirir inmuebles, y sin saber de dónde venía la plata, en dos o tres días compraban inmuebles de 8 o 10 millones de dólares, o hasta 500.000 dólares”.
Además, señaló que “en Santa Fe aparecieron 40 SAS que fueron denunciadas por un fiscal que estaba investigando un hecho de lavado de activos”.
Si bien la oposición estuvo ausente durante este debate, senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal dejaron sus críticas durante la discusión del proyecto de educación a distancia, antes de retirarse de la sesión.
Esteban Bullrich (Pro) advirtió que “en los fundamentos” del proyecto de Parrilli “dice que de 30.000 SAS, 10 están sospechadas”. “Con esa lógica, deberíamos revisar todos los conventos porque un convento recibió un bolso con dinero mal habido, o revisar todas las sociedades de hoteles porque hay una sospechada de lavar dinero”, ironizó.
También desde el Pro, Laura Rodríguez Machado sostuvo que la iniciativa “no solo nada tiene que ver con el Covid-19, sino que además perjudica al sector productivo del país y atenta contra los casi 50.000 puestos de trabajo que se crearon bajo esta modalidad”.
“Este gobierno nombró en la IGN a Ricardo Nissen, quien escribió un libro en contra de las SAS y desde su asunción generó normativas en su contra. La Asociación de Emprendedores de Argentina presentó un amparo contra los impedimentos de Nissen, que sigue sin definirse por estas cosas que tiene la Justicia en nuestro país, que permite que los presos salgan bien rápido de las cárceles y los amparos no se resuelvan con la misma celeridad”, alertó Rodríguez Machado.
Asimismo, recordó que Nissen “fue apoderado de la familia Kirchner en la causa Hotesur, en la que se descubrió que los libros de la empresa habían sido corregidos con liquid paper, algo que sería imposible hacer con el sistema SAS, ya que toda la documentación se presenta de forma digital”.
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) habló de la “mediocridad de los argumentos” del proyecto de Parrilli y consideró que las menciones “a expresidentes, a empresas con nombre y apellido, son datos para una denuncia penal, no para un proyecto de ley”.
“Este proyecto va en contra de la libertad de comercio, que es tan antigua, la libertad de asociación”, señaló y reiteró que “no se legisla con nombres y apellidos, no se legisla generando inseguridad jurídica a partir de preconceptos”. “No podemos gobernar ni presentar proyectos desde el romanticismo ideológico ni desde el capricho revanchista”, añadió.
El legislador consideró que detrás de la iniciativa “hay un sesgo de voluntad de perseguir al sector privado” y apuntó que “Argentina necesita más empresas, no menos”.
Según cifras aportadas por Parrilli, “desde 2017 se han constituido alrededor de 27.000 SAS, pero en el RICE solo se inscribieron 21 instituciones, y en los tres años el aporte total fue de 168 millones de pesos. Quiere decir que de esos 168 millones, aproximadamente 50 millones de pesos fueron los que se invirtieron en capital emprendedor”.
Además, precisó que “todos los beneficios impositivos que hubo no fueron más que 31 millones de pesos en tres años” y agregó que “si tomamos todo este capital dividido en SAS, nos encontramos con no más de 6.500, 7.000 pesos por cada sociedad”.
Tras participar de la votación de la ley de educación a distancia, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal abandonaron el debate. Acusan al oficialismo de romper el acuerdo sobre las sesiones virtuales.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
La tensión entre el oficialismo y la oposición en el Senado escaló este jueves cuando, tras reiteradas amenazas, Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal se retiraron por segunda vez consecutiva de la sesión virtual, acusando al Frente de Todos de violar la regulación de los debates virtuales.
Las bancadas presididas por el formoseño Luis Naidenoff y el salteño Juan Carlos Romero volvieron a actuar en tándem y abandonaron la sesión virtual cuando terminó de aprobarse el proyecto de ley de educación a distancia. El único que, según advirtieron, está vinculado a la pandemia del Covid-19.
La oposición le enrostró al bloque de José Mayans y a la propia vicepresidenta Cristina Kirchner que el decreto 8/20, que reguló el funcionamiento retomo, estableció que las sesiones telemáticas serían acotadas a temas referidos a la pandemia y sus derivados.
Sin embargo, el oficialismo incluyó la semana pasada dos DNU de la gestión anterior -uno de los cuales transfería a la Corte Suprema las escuchas judiciales- y este jueves incorporó a la agenda la iniciativa sobre alquileres y otra de Oscar Parrilli para suspender la inscripción de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS).
Fue la gota que rebalsó el vaso para la oposición, que dejó asentada su postura desde el inicio, con una cuestión de privilegio presentada por Laura Rodríguez Machado (Pro) contra Cristina y Mayans.
Los senadores fueron más allá y, a lo largo del debate sobre educación a distancia, aprovecharon la oportunidad para reforzar las críticas, en un clima de crispación que tuvo que ser controlado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, ante la ausencia de Cristina durante buena parte del debate.
“Nos vamos a abstener de participar de la votación (de alquileres) porque se trata de un proyecto que está fuera de lo que habíamos acordado para tratar en las sesiones remotas”, anticipó Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro.
En el mismo sentido, su par Pablo Blanco aclaró: “No es que uno esté en contra de estos proyectos, pero debemos respetar el marco por el cual ibamos a funcionar. Si en la casa de las leyes fijamos reglas de común acuerdo aprobadas por unanimidad, es una muy mala señal que le damos a la sociedad al no respetar los acuerdos”.
Además, advirtió que “hay más de 100 proyectos relacionados al Covid-19” presentados por Juntos por el Cambio “que ni siquiera fueron tratados en comisión”.
Tanto Blanco como Schiavoni señalaron además que los inquilinos “están protegidos” por el DNU firmado por el Poder Ejecutivo a fines de marzo que prohibió los desalojos por falta de pago y congeló el precio de los alquileres debido a la situación de emergencia sanitaria.
También muy molesta, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) consideró “muy triste” que “el oficialismo haya decidido terminar” con los acuerdos, “un modo de trabajo indispensable en la democracia actual”.
También se quejó de que “a los proyectos que vienen de Diputados no se los deja revisar ni cambiar una coma”. “¿Qué quieren ahora, qué seamos nosotros la escribanía de Sergio Massa? ¡Me resisto, señora presidenta!”, exclamó, al referirse al tema de alquileres y las dudas sobre la redacción aprobada en la Cámara baja.
La tucumana le pidió al Frente de Todos “que recapacite” porque “se equivocan” al “tomar esta manera antidemocrática, porque cuando no respeto lo que acuerdo, las formas de actuar y tratar a la oposición, hiero de muerte a la democracia. ¡Y eso es lo que están haciendo! Creer que tienen los votos y que por eso tienen derecho a hacer lo que quieren”.
La riojana Clara Vega, del Interbloque Federal, también lamentó la decisión de “no respetar los acuerdos en tiempos de pandemia”, al tratar en esta sesión “dos temas que no tienen que ver con el Covid-19”, sino que “tienen que ver con un oportunismo y un sesgo ideológico”.
Reafirmó esta postura el jefe de Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, quien se quejó de que ambos temas "nada tienen que ver con la pandemia". Y cargó contra "un sector del oficialismo" que gobernó hasta diciembre de 2015 por expresar "día a día un revanchismo contra el campo, la prensa, los periodistas no adeptos, las empresas, los jueces. En fin, todos los que piensen distinto a ustedes están siendo castigados".
"Creemos que deben respetarse los acuerdos", enfatizó y recordó que en julio vencerá el plazo establecido para las sesiones remotas, con lo cual se podrá "discutir" sobre nuevas reglas. Pero advirtió que eso se hace con "consensos" porque "ante la imposición es más difícil, se agranda la grieta".
Finalmente, el salteño lanzó que "ganar las elecciones no es un boleto para el 'todo vale'" y "ser mayoría no es ser dueños. Ser mayoría les da una mayor responsabilidad. No es un cheque en blanco para hacer lo que se les ocurra".
En nombre de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado advirtió que se volvió a violar el decreto que acota las sesiones remotas a temas vinculados a la pandemia.
Al inicio de la sesión de este jueves en el Senado, y en nombre del interbloque Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado (Pro) volvió a advertir al oficialismo sobre el temario de los debates virtuales, que según la resolución firmada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, debe acotarse a proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19.
Desde su banca en el recinto, Rodríguez Machado presentó una cuestión de privilegio contra Cristina y el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, por haber incluido este jueves una iniciativa ajena a la pandemia, que suspende por seis meses la inscripción de las Sociedades de Acción Simplificada (SAS), es decir, la creación de empresas vía Internet.
La legisladora del Pro recordó que el decreto presidencial 8/20, aprobado por unanimidad, estableció que “la temática a tratar en las sesiones virtuales mientras dure la situación de cuarentena y la pandemia tienen que ver solo con temáticas relacionadas al Covid-19”.
Puntualmente, el artículo 2 de dicho decreto señala que “las sesiones virtuales o remotas tratarán sobre medidas específicas en el marco de la emergencia sanitaria declarada a raíz del Covid-19, sobre aquellas leyes que requiera el Poder Ejecutivo Nacional y aquellas iniciativas que a criterio del Congreso de la Nación sean necesarias para combatir el Covid-19, sus consecuencias y las que deriven de las medidas para prevenir la pandemia o sus efectos”.
“Lo que más me preocupa -expresó Rodríguez Machado- es que si los senadores no respetamos las normas que nosotros mismos nos damos, ¿qué le podemos pedir al resto de las instituciones? Tenemos que dar el ejemplo”.
Al referirse puntualmente al proyecto de suspensión de las SAS, recordó que la ley que creó esa modalidad fue aprobada durante la gestión de Mauricio Macri y recibió unanimidad en la Cámara alta.
Según la cordobesa, “la SAS es una modalidad que ha generado infinidad de posibilidades de trabajo para los argentinos: 47.000 puestos de trabajo y alrededor de 30.000 asociaciones creadas bajo este tipo societario”.
La oposición ya había cuestionado, la semana pasada, la decisión del oficialismo de apartarse de la regulación de las sesiones virtuales. Es que, en la última sesión remota, el Frente de Todos incluyó en el temario el rechazo al DNU 256/15, que pasó las escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.
A modo de represalia, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se negaron a aportar los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas otros dos proyectos, los de educación a distancia y alquileres. Y, cuando comenzó el tratamiento de los decretos, ambas bancadas se desconectaron de la sesión.
Además de la cuestión de privilegio presentada por Rodríguez Machado, los senadores Luis Naidenoff (UCR), Humberto Schiavoni (Pro) y Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) enviaron una nota a Cristina donde advirtieron que “se ha vulnerado una norma interna y se han incumplido los acuerdos políticos que le dieran origen”.
“La vulneración de una normativa interna y transitoria que nos hemos dado sólo a los efectos de atender de manera especial a la pandemia viene a romper el indispensable marco de confianza requerido entre las partes para poder sesionar de esta forma remota por medios telemáticos con el actual sistema”, sostuvieron.
Además, subrayaron que “este tipo de sesiones, con el sistema informático que se ha adoptado, concentra su administración en áreas operativas que dependen de la Presidencia y que limitan sensiblemente la posibilidad de control tanto a esta oposición como a la ciudadanía”.
Se trata del proyecto aprobado en Diputados en noviembre del año pasado. Desde el propio oficialismo sugirieron modificaciones.
El proyecto de ley de alquileres recibió este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Ana Almirón (Frente de Todos), y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque no se descarta que reciba modificaciones.
Se trata de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, que extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Según este proyecto, el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad de inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o fiador solidario, o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
Si bien el texto dictaminado fue el mismo de la media sanción, hubo planteos por parte de los propios senadores oficialistas, entre ellos el chubutense Mario Pais, que apuntó al artículo 14 del proyecto, el cual establece el mecanismo de actualización de los montos.
Allí se indica que en los contratos de locación de inmuebles para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.
“Como está redactada la norma, se establece que el valor del alquiler debe mantenerse por doce meses y al año se puede actualizar. Se puede interpretar que el primer año se mantendría el valor, pero luego se permitiría establecer una cláusula gatillo mensual”, dijo Pais.
Proyecto de ley de alquileres by Parlamentario on Scribd
Por otra parte, Ernesto Martínez (Pro) apuntó que “socialmente, hoy estamos bien cubiertos por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo que evitan los desalojos” por falta de pago del alquiler.
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) coincidió en que “los términos del DNU expresan la comprensión de la particular situación por la que están atravesando los inquilinos”, pero consideró que “hay que acompañar con legislación”.
La rionegrina Silvina García Larraburu, autora de un proyecto que se aprobó en el Senado en 2016 pero que la Cámara baja nunca debatió, aportó: “Es lamentable que el proyecto estuviera tanto tiempo en Diputados. Esta ley no es la ideal pero sí hay que darle dictamen para proteger a las 9 millones de personas que vienen bregando por una ley de alquileres”.
En tanto, las senadoras del Frente de Todos Eugenia Catalfamo y Beatriz Mirkin, así como la misionera Magdalena Solari Quintana, plantearon la necesidad de incluir en el Programa de Alquiler Social a los jóvenes, ya que en el proyecto se contempla solo a adultos mayores y víctimas de violencia de género.
En la reunión virtual de la Comisión de Legislación General también obtuvo dictamen favorable un proyecto de ley del oficialista Oscar Parrilli que suspende por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La iniciativa modifica una ley aprobada durante la gestión de Mauricio Macri destinada a agilizar la conformación de empresas. El objetivo, explicó Parrilli, es “no permitir que un mecanismo de la promoción del capital emprendedor sea mal utilizado y tergiversada la voluntad del legislador”.
En el lapso de seis meses, las SAS que ya fueron creadas deberán ratificar su inscripción ante la IGJ (Inspección General de Justicia) cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias tienen sus propios registros de sociedades.
El neuquino advirtió que las empresas así constituidas “tenían un capital social irrisorio, un objeto social vago y general, no había garantías de respaldo o funcionamiento, ausencia de legalidad, no tenían obligación de presentar balances ante la IGJ y hasta podían hacer oferta pública de sus acciones”.
“Lo que ocurrió desde 2017 fue una catarata de inscripciones que no tienen que ver con la actividad de los emprendedores”, expresó.
Además, aseguró que las SAS “se usaron con fines diferentes a los que decía la ley, como compra de inmuebles” y deslizó que “no sabemos si fueron para blanquear dinero porque grupos narcos habían constituido estas sociedades en la provincia de Santa Fe”.
Los senadores de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y pidieron una semana más para estudiarlo, alegando que las modificaciones anunciadas por Parrilli fueron dadas a conocer minutos antes del inicio de la videoconferencia.
La Comisión de Legislación General se reunirá este martes para analizar proyectos que modifican el Código Civil y Comercial.
Se reunirá este martes a partir de las 15 la Comisión de Legislación General que preside la correntina Ana Almirón para analizar una serie de proyectos que incluyen modificaciones relacionadas con el tema alquileres
Uno de ellos es un proyecto de ley proveniente de la Cámara baja que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación. Asimismo analizarán un proyecto de ley de la senadora Silvina García Larraburu, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la Ley de Alquileres, y otro de los senadores nacionales (MC) Magdalena Odarda y Fernando “Pino” Solanas, de Ley de Defensa de las Inquilinas e Inquilinos.
Asimismo tratarán un proyecto de ley de Oscar Parrilli que dispone suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) regulado en el título III de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor.
