Tal como se conoció días atrás, el Gobierno nacional confirmó este miércoles el envío de 150 pliegos para designar jueces, fiscales y defensores, un trámite que compete al Senado, donde esos nombramientos requieren para su aprobación de mayoría simple (a diferencia de las candidaturas de la Corte Suprema), pero La Libertad Avanza cuenta con una extrema minoría de solo seis legisladores. 

El anuncio lo encabezaron desde Casa Rosada el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Ambos hicieron un llamado al resto de los bloques para lograr que las postulaciones tengan luz verde. 

Al comienzo del gobierno de Javier Milei -al igual que lo hiciera Alberto Fernández con propuestas de Mauricio Macri-, la recién asumida gestión retiró de la Cámara alta 62 pliegos que habían sido girados durante el gobierno del Frente de Todos. 

Adorni destacó que el envío de más de un centenar de candidaturas al Poder Judicial es una medida “inédita” porque “supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri”. 

“Los jueces son los que meten presos a los delincuentes, a los narcos y a los políticos corruptos, los que protegen el derecho de propiedad, los que median en un conflicto laboral, los que emiten sentencia sobre el embargo de una empresa, los que deciden si un niño huérfano va a encontrar una familia”, sostuvo. 

El vocero presidencial consideró que “Argentina se acostumbró a que la impunidad sea regla, que el sistema judicial solo sea instrumento para demorar causas de los políticos de turno, perseguir a una determinada persona o hacer la vista gorda cuando el tiempo apremia”. 

“Esto se terminó, la justicia al servicio de la casta ahora va a ser una justicia que funcione y que esté al servicio de quién debe estar y de quién siempre debió haber estado, que es de todos los argentinos”, agregó y pidió: “El Gobierno espera que el Senado de la Nación tenga la sensatez de tomar esta iniciativa con responsabilidad absoluta”. 

Por su parte, Amerio señaló que “desde el inicio de esta gestión, el Gobierno del presidente Javier Milei estableció como prioridad la designación de jueces idóneos para cubrir las vacantes que hoy existen en todo el país. Heredamos un país con las instituciones destruidas y la justicia obviamente no es una excepción”. 

En ese sentido, amplió que existe “una vacancia de 30% de jueces y casi 50% de vacancias de fiscales; es decir, que uno de cada tres juzgados no tiene juez y una de cada dos fiscalías no tiene un fiscal”. “Los juicios hoy son interminables porque los juzgados no dan a basto con la cantidad de causas que tienen porque no hay jueces designados”, expresó y apuntó que cubrir las vacantes tiene como objetivo “que la sociedad pueda tener una justicia rápida, que es la justicia que se merece”. 

El funcionario de la cartera de Justicia aseguró: “Todos los candidatos que estamos enviando al Senado pasaron previamente por una selección que realiza el Consejo de la Magistratura, en la que se juzga su calidad e idoneidad”. 

“Esperamos que el resto de los partidos tomen este proceso con responsabilidad, ya que no se trata de sacar ventajas políticas sino de tener un Poder Judicial con las herramientas y los recursos necesarios para resolver los problemas de la gente”, añadió. 

Luego, el secretario de Justicia detalló que actualmente hay 311 cargos de jueces vacantes y el Ministerio tiene en condiciones de enviar 146 candidatos; 161 fiscales vacantes, con 37 propuestas para enviar; y 80 defensores por cubrir, con 45 para enviar. 

En el Senado aún resta el debate por los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema que propuso el Gobierno: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Tras pasar por audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, los dictámenes pasaron a la firma, pero siguen sin llegar al recinto. Para aprobarse, el oficialismo requiere inevitablemente del acompañamiento de Unión por la Patria -o al menos una buena parte de sus miembros-, ya que el aval requerido es de dos tercios y con la oposición dialoguista no alcanza. 

Las comisiones de Legislación Penal, y Justicia de la Cámara de Diputados llevaron a cabo un encuentro plenario para dar inicio al debate por el proyecto de ley que modifica al Código Procesal Penal (y Federal) con el fin de regular la realización del “juicio penal en ausencia” del imputado. Fue la primera reunión informativa sobre el tema.

En esta reunión fueron invitados a exponer el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio; el subsecretario de Política Criminal de cartera de Justicia, Alberto Nanzer; y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto. Brevemente, los tres funcionarios explicaron aspectos generales del texto.

En primera instancia, el secretario Sebastián Amerio presentó los cuatro aspectos “más importantes” del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo: “El ámbito de aplicación, el supuesto de procedencia, la revisión posterior una vez que el imputado aparece y el principio de legalidad y su aplicación temporal en el tiempo”.

En consecuencia, el subsecretario Alberto Nanzer profundizó cada aspecto: “Argentina tiene una jurisprudencia donde deben removerse situaciones sobre crímenes internacionales”, refirió sobre el primer tópico, y mencionó “el derecho de las victimas a que el Estado emita una resolución”. También sostuvo que “hemos incluido el delito del terrorismo y el financiamiento del terrorismo”.

Con relación al segundo punto, se anticipó sobre la importancia de ir en un tratamiento “en espejo” sobre el Código Penal. Luego, explicó: “El juicio en ausencia es un supuesto de rebeldía agravada porque el imputado conoce el proceso, pero rechaza la legislación argentina”, y siguió: “El Estado hace esfuerzos razonables para emitir pedido de captura internacional y prevé el registro audiovisual del proceso”.

En tercer lugar, Nanzer amplió:  “Se prevén distintos supuestos al momento de ser aprehendido en el extranjero”, y detalló diferentes situaciones en caso de que el imputado sea aprendido: “Se le reconoce un derecho a ser oído, si la aparición es durante el proceso; si es luego de la sentencia, se le reconoce la posibilidad de aplicar recursos; si aparece con sentencia firme, podrá demostrar que no conocía la existencia del proceso y se le reconoce un nuevo juicio completo; y si sabía y rechazó la jurisdicción argentina, se le da el derecho a un proceso nuevo de revisión”.

En este aspecto, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia ratificó que la idea es “lograr una reglamentación al derecho a la defensa sin obstruir la posibilidad de llevar a cabo los juzgamientos”.

Por último, expresó que este proyecto busca ser “consistente con la ley de cooperación internacional” porque “exige la acreditación de que el condenado tenga un proceso con derecho a ser oído”, cerró.
La última intervención fue la del director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, quien nombró todos los proyectos presentados en la Cámara de Diputados y señaló que se trata de “juzgar algo que la comunidad internacional reclama”.

“Estamos hablando de genocidio, delitos de lesa humanidad, tortura y desaparición forzada de personas que con la legislación actual si (el imputado) no es encontrado, prescribe”, refirió. En tal sentido, añadió: “Deben incorporarse herramientas jurídicas para los responsables de delitos graves”.

En el final, defendió el proyecto y reiteró: “No hay ninguna norma constitucional que prohíba el juicio en ausencia”, propició por a que el “derecho a la revisión es asegurar el derecho a la defensa, que está resguardado en casos de delitos graves”, y concluyó: “Es fundamental y es una deuda del Estado argentino para condenar delitos repugnantes y terribles”.

Un plenario de las Comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de Diputados recibieron este martes a funcionarios y especialistas en materia judicial para profundizar el debate sobre una ley federal de juicios por jurados.

El primer expositor fue el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, quien señaló que son nueve los proyectos presentados que tienen diferencias entre sí. “El juicio por jurados no solo estuvo estipulado en la Constitución de 1853 y efectivamente fue reconfirmado en la reforma del 54. Este sistema de enjuiciamiento existe desde Sumeria en el 3.500 A. C igual que el principio de legalidad”, informó.

“No hay ningún tribunal judicial más independiente e imparcial que el jurado. De su veredicto no dependen ni sus ascensos, ni sus carreras judiciales, ni que los echen de sus trabajos, ni un jury de enjuiciamiento. Este carácter accidental, no permanente, les da la más amplia libertad de decisión sobre los casos conocidos en los sistemas judiciales”, comentó.

Amerio explicó que “el tribunal de jurados es el único tribunal de poder sin ambición propia. Esto es absolutamente fundamental. Son doce conciudadanos que, probablemente, tengan con mucha suerte la oportunidad de participar una sola vez en su vida en esto y los datos empíricos recabados dan cuenta de, no solo lo honorable que resulta para los jurados populares participar, sino el cambio de percepción que tienen de la imagen judicial y en el conocimiento y la dificultad que es juzgar a un ciudadano”.

“El veredicto del jurado por el altísimo número de doce y por la robusta deliberación que implica, goza de una legitimidad incuestionable”, afirmó y sumó: “Las decisiones de los jueces técnicos son a veces difíciles o insoportables de digerir para la población en general. Los ciudadanos no comprenden de absoluciones o condenas de jueces técnicos”.

El funcionario, sostuvo que “muchas veces está esa sensación de que no se hizo justicia y genera recurrentes crisis de legitimidad. Cuando un jurado popular es el que interviene en un veredicto, la confianza en esa decisión es inmensamente superior”.

“El jurado promueve la máxima transparencia de los actos del gobierno del Poder Judicial. Obliga a las partes a presentar sus pruebas y teorías del caso de modo sencillo y preciso para poder ser entendido por la comunidad. El jurado promueve mejor ciudadanía. Quienes ofician como jurado emergen de una experiencia como personas más comprometidas con los temas comunitarios, con más confianza en el Poder Judicial y en los poderes del Estado”, enumeró.

También indicó que “ser jurado hace que el individuo salga de ese círculo vicioso de individualismo y desconfianza absoluta hacia las instituciones. El jurado refuerza la independencia del Poder Judicial al tomar por sí la parte más difícil de la decisión, el jurado permite que se fortalezca la institución de los jueces. Las democracias más sólidas del mundo jamás presidirían del sistema de jurados”.

“Los jurados analizan hechos y pruebas a través de sus experiencias y del sentido común. Es muy importante esto. La decisión de culpable o inocente parte de lo que el ciudadano ve”, manifestó.

Amerio resaltó que “esto es una reforma estructural muy grande donde el fiscal se ocupa de acusar, el juez está más apartado, en ese sistema acusatorio un jurado más imparcial sin la de formación profesional los convierte en personas que están absolutamente vírgenes del sistema. Esto es algo que todos los proyectos basan su cuestión filosófica”.

“El jurado es la máxima democratización de la justicia porque participa de manera directa en el Poder Judicial a través del jurado. El jurado permite un inmenso ahorro en tiempo y dinero dentro del Poder Judicial representa el 0.65% del presupuesto. Son debates rápidos de un par de horas y llegan a la unanimidad, no se estancan. Trabajan en días corridos, jornadas completas. Juicios grandes no duran más de cuatro días”.

El secretario de Justicia afirmó que “el jurado es considerado la herramienta esencial para el gobierno de un Poder Judicial democrático, transparente y abierto al pueblo”, y lamentó: “No haber cumplido con este programa durante 170 años nos convirtió en un país de gran fragilidad institucional y descreimiento en la justicia”.

"El jurado es el único tribunal capaz de absorber las presiones sociales y demandas ciudadanas de justicia que se abaten sobre los sistemas judiciales del siglo XXI", consideró Amerio. Además, el representante del Poder Ejecutivo, apeló a “encontrar los consensos para avanzar” ya que “el jurado promueve la máxima transparencia del Poder Judicial, promueve mejor ciudadanía".

Respecto de los proyectos, indicó que en algunos de ellos se les asigna a la Corte Suprema la Administración de una Oficina Central de Jurados que se conoce como OFICEJ que se encarga de coordinar equipos profesionales en una red de oficinas instaladas a lo largo y ancho del país.  “Esto es algo que me gustaría levantar porque es una tarea muy administrativa que a Corte hay que ver si quieren llevar adelante. Sugerimos que la haga Casación Federal, pero es un tema menor”, sugirió.

Amerio informó que son once las provincias que utiliza el sistema de juicio por jurados. “la ola juradista sobre todo en 2018 ha ido avanzando en una velocidad extraordinaria, pero cada provincia tiene su idiosincrasia y queremos que sea analizado, pero es importante hablar de eso. Esta ley federal va a poder articularse con las leyes de juicio por jurado que ya existen”.

Foto: HCDN-Víctor del Río

Por su parte, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Víctor del Río, recordó que “Chaco fue la tercera provincia a nivel nacional en poner en marcha este sistema", y explicó: "Tenemos muchos delitos en juicios por jurados, y muchas de las excusas para que no se implemente este sistema era que ‘no hay plata’. La plata está muy bien gastada, hemos recuperado la confianza de los ciudadanos".

"Es un honor, como chaqueño, destacar uno de nuestros mayores logros: haber cumplido con un sueño republicano de nuestros constituyentes al ser la tercera provincia en implementar juicios por jurados”, cerró.

Andrés Harfuch, director del área de juicios por jurados del INECIP expresó: "Estamos a punto de hacer realidad una ley tan ansiada por nuestros constituyentes, cuyas características fundamentales han sido validadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

También formaron parte del debate el fiscal General Departamental de Dolores, Diego Escoda quien manifestó: "Existen muchas posibilidades para avanzar hacia sistemas procesales modernos, más eficientes y el juicio por jurados es uno de ellos. La capacitación es fundamental una vez que este sistema entre en funcionamiento”. En tanto, la presidente de la Asociación de Juicios por Jurados, Silvina Manes sostuvo: "La sanción de leyes de juicios por jurado en 11 provincias argentinas demuestra que este sistema llegó para quedarse. Debemos ocuparnos de la ingeniería de este proyecto de ley”.

El director Ejecutivo de INECIF, Julián Alfie les habló a los diputados y les hizo saber que "tienen en sus manos la ley más significativa de toda la agenda de reforma judicial que todos los gobiernos han propuesto durante años. Los juicios por jurados abordan la desconfianza de la ciudadanía hacia las decisiones judiciales”.

El abogado Roberto Rallin afirmó: "Tenemos una oportunidad única de sancionar esta ley. Quizás haya que corregir detalles con el devenir de los juicios, pero no debemos dejar pasar este momento histórico. Es una deuda con nuestra sociedad y nuestros constituyentes”, mientras que Francisco Oneto celebró que "por primera vez el Congreso promoverá la ley de juicio por jurado. Considero que el proyecto que presenta el diputado Carbajal es el que debe sancionar la Cámara”. También disertó Augusto Cassiau.

Previo al debate, los diputados designaron a José Federico Tournier (UCR) como secretario 2° de la comisión de Justicia, cargo que se encontraba vacante.