El diputado de UP se refirió a la contradicción exhibida por el oficialismo en el tema tierras. Por otra parte, reclamó información sobre operaciones de venta de tierras que se hayan producido durante el tiempo que pasó entre los fallos de la Corte.
El diputado nacional Sebastián Galmarini (Unión por la Patria) opinó que "estamos ante un Gobierno que es un desgobierno total", tras cuestionar la contradicción exhibida por el oficialismo en torno al tema tierras.
"Los vimos retroceder en chancletas, un verdadero papelón. Diputados radicales y algunos bloques provinciales que, con sonrisas socarronas, agregaron lo que es contradictorio con la firma de (Javier) Milei en el DNU 70/23", señaló, en relación a la firma del dictamen sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, donde La Libertad Avanza y sus aliados incorporaron derogar el artículo 154 del DNU, que derogó la Ley 26.737, y disponer la plena vigencia de la norma.
El massista expresó que "ya hemos visto todo de este Gobierno, un papelón tras otro, una vergüenza tras otra, pero además no sabemos qué piensan, porque hace un año nos decían que (la de Tierras) era una ley mala para Argentina y ahora nos dicen que no estaba tan mal".
Sobre los aliados del oficialismo, el bonaerense criticó que "terminan yendo a la cola de las posiciones del Gobierno, sólo esperando alguna dádiva, alguna ayuda para sus provincias, para su partido, o lo que sea" cuando "el Gobierno es un incumplidor serial, incumple los acuerdos políticos y lo que dice, y hace un tuit a favor y otro en contra".
En declaraciones a Radio 10, Galmarini resaltó que pidió información a organismos oficiales para saber "si hubo efectivamente inscripción de transferencia de grandes extensiones de tierras" y "si el Registro de la Propiedad Rural siguió funcionando" durante la ventana de tiempo producida entre el fallo de la Corte que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras (al no reconocer la legitimidad del CECIM La Plata) y la resolución posterior, en la que suspendió el artículo 154 del DNU 70/23, al responder al reclamo de la Asociación Civil Árbol de Pie.
El opositor no descartó que "muchos boletos de transferencia de propiedad hayan estado esperando esa ventana de tiempo para ir e inscribirlos". "Queremos saber qué pasó en este lapso de tiempo, habida cuenta de informes del Observatorio de Tierras sobre venta de campos con lagos en la Patagonia", agregó.
En cuanto al DNU 70/23, el diputado aseveró que "es abiertamente inconstitucional" y consideró que hay que modificar la Ley 26.122, sobre el tratamiento legislativo de los decretos, de manera que, para que un decreto quede vigente, "ambas cámaras tengan que aprobarlo". "Si seguimos con una norma de esas características nos vamos a tener que someter a estas locuras de Milei", completó.
Las iniciativas fueron presentadas por Sebastián Galmarini y Sergio Palazzo junto a diputados de UP. Ambas apuntan a revertir artículos de la Ley de Modernización Laboral que dispusieron la derogación del Estatuto del Periodista Profesional a partir de 2027.
Dos proyectos de ley ingresaron a la Cámara de Diputados con el objetivo de dejar sin efecto la derogación de los estatutos especiales que regulan la actividad periodística, una decisión incluida en la Ley 27.802 de Modernización Laboral y cuya entrada en vigencia está prevista para el 1° de enero de 2027. Ambos expedientes fueron girados a las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión.
La iniciativa más amplia corresponde al diputado nacional Sebastián Galmarini, quien propone derogar los artículos 197, 212 y 213 de la Ley 27.802 para restablecer la vigencia de la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista Profesional, así como del Decreto-Ley 13.839/46, que regula al personal administrativo de empresas periodísticas, y del Decreto-Ley 14.954/46, referido al personal de redacción de agencias noticiosas. Además, plantea la creación de una Mesa de Actualización de los Estatutos del Trabajo Periodístico en el ámbito de Diputados para elaborar una nueva normativa adaptada a los desafíos tecnológicos y laborales actuales, incluyendo teletrabajo, plataformas digitales e inteligencia artificial.
Por su parte, el proyecto impulsado por Sergio Palazzo, acompañado por diputados de Unión por la Patria como Máximo Kirchner, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Hugo Moyano, se concentra exclusivamente en derogar el artículo 197 de la Ley 27.802 y ratificar la vigencia de la Ley 12.908.
En los fundamentos de ambas iniciativas aparece un argumento común: la defensa de la libertad de expresión. Galmarini sostiene que el Estatuto del Periodista Profesional constituye una garantía para el ejercicio independiente del periodismo y advierte que su eliminación implicaría la pérdida de derechos específicos como la cláusula de conciencia, el régimen especial de jornada laboral, las horas extras y las indemnizaciones agravadas. También señala que la derogación no fue acompañada por un régimen de transición ni por una normativa alternativa que contemple las particularidades de la actividad.
En la misma línea, Palazzo argumenta que el estatuto periodístico no puede ser considerado una norma laboral más, dado que el ejercicio de la profesión está estrechamente vinculado con el derecho constitucional a la libertad de expresión y al acceso a la información. Según sostiene, la eliminación de ese régimen especial favorecería procesos de precarización laboral que podrían afectar la independencia de los trabajadores de prensa.
El proyecto de Palazzo cuestiona además la derogación aprobada dentro de la Ley de Modernización Laboral y cita fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fundamentar la necesidad de mantener una protección diferenciada para la actividad periodística.
De prosperar cualquiera de las dos iniciativas, quedaría sin efecto la decisión adoptada por la Ley 27.802 y continuarían vigentes los estatutos especiales que regulan el trabajo periodístico en la Argentina desde mediados del siglo pasado.
Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados busca dejar sin efecto la derogación prevista para 2027 del Estatuto del Periodista Profesional y otros regímenes especiales de prensa. Al mismo tiempo, plantea conformar una mesa multisectorial para adecuar la normativa a los desafíos del periodismo digital, el teletrabajo y la inteligencia artificial.
El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó un proyecto de ley para restablecer la vigencia de los principales estatutos que regulan la actividad periodística en la Argentina y evitar que queden derogados a partir del 1° de enero de 2027, tal como establece la Ley de Modernización Laboral Nº 27.802. La iniciativa también propone iniciar un proceso de actualización de esas normas mediante una mesa de trabajo integrada por representantes sindicales, empresariales, académicos y legislativos.
La propuesta deroga los artículos 197, 212 y 213 de la Ley 27.802 y restituye la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), del Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas y del Estatuto del Personal de Redacción de Agencias Noticiosas.
Según explicó Galmarini, la iniciativa busca preservar derechos específicos de la actividad que no se encuentran contemplados en la legislación laboral general, entre ellos la cláusula de conciencia, la jornada laboral de 36 horas semanales, el régimen de horas extras agravadas y un sistema indemnizatorio especial. En los fundamentos del proyecto se sostiene que la estabilidad laboral de los trabajadores de prensa constituye una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión y la independencia profesional.
La iniciativa reconoce, sin embargo, que los estatutos vigentes fueron sancionados en la década de 1940 y requieren una actualización acorde a las transformaciones que atravesó el sector en las últimas décadas. Por ese motivo, propone la creación de una Mesa de Actualización de los Estatutos del Trabajo Periodístico en el ámbito de la Cámara de Diputados.
Ese organismo estará integrado por representantes de sindicatos de prensa, asociaciones empresarias de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, plataformas de comunicación, universidades nacionales, entidades profesionales y legisladores. Su misión será elaborar, en un plazo de 180 días prorrogable por única vez, un anteproyecto de ley que unifique y modernice el marco regulatorio de la actividad periodística. Entre los temas a abordar figuran el teletrabajo, las plataformas digitales, el impacto de la inteligencia artificial en las redacciones y la incorporación de una perspectiva de género.
“Restituir los estatutos del periodismo no es conservadurismo: es proteger el piso de derechos de quienes tienen a su cargo la tarea de informar a la sociedad, mientras se construye el debate necesario para su actualización”, señaló el legislador al presentar la iniciativa.
En los fundamentos, el proyecto sostiene que la derogación de los regímenes especiales prevista por la ley sancionada este año implicaría que los trabajadores de prensa queden alcanzados exclusivamente por la Ley de Contrato de Trabajo, con la consecuente pérdida de derechos específicos que actualmente distinguen a la actividad. Por ello, Galmarini plantea que cualquier reforma del sistema debe surgir de una discusión sectorial amplia y no de la eliminación lisa y llana de los estatutos vigentes.
El diputado massista afirmó que ya “existen varios proyectos desde 2020 para la creación de este Consejo de Seguridad Integral, con lo cual no hay ninguna novedad”, y criticó al Gobierno porque “lo único que hizo fue desfinanciar la Basa Naval”.
Tras la cadena nacional del presidente de la Nación, Javier Milei, el diputado nacional Sebastián Galmarini (UP) cuestionó el mensaje del mandatario y definió que su "giro sobre la causa Malvinas, que hasta acá parecía no reconocer, es absolutamente pura especulación electoral".
En esa línea, Galmarini agregó: "Hasta ahora se había mostrado reticente. Ayer mismo estaba hablando loas de Pinochet y ya se había declarado fan de Margaret Thatcher, con lo cual evidentemente hay un cambio, un giro copernicano en la estrategia de Milei, no solamente respecto a la cuestión Malvinas, sino ante la situación política y electoral que se avecina en la Argentina”.
Sobre las medidas anunciadas, el diputado fue irónico: “Es peligroso cuando hacen tanto humo con mucha gente junta, porque puede intoxicarse”, y detalló: “Existen varios proyectos ya desde 2020 para la creación de este Consejo de Seguridad Integral, con lo cual no hay ninguna novedad”.
Así, cuestionó respecto de la creación de la base naval: “Lo único que hizo el Gobierno hasta acá fue desfinanciarla. De hecho, el propio gobierno anterior en 2022 puso la piedra fundamental, lanzando primero las obras de la base y además la creación de la guarnición militar. Es decir, no hay ninguna novedad”.
El diputado del Frente Renovador recordó, además, la visita de la entonces jefa del Comando Sur: "Al principio de la gestión de Javier Milei fue Laura Richardson a Ushuaia y ya había planteado la necesidad de la puesta en funcionamiento de esas obras que este presidente desfinanció”. En ese sentido, apuntó contra el anuncio de endurecimiento de las penas económicas a las petroleras y a las empresas que operan en el Atlántico Sur: “Esa es una ley del 2011”.
Sobre ese caso, Galmarini marcó que el Gobierno “podría haber avanzado con auditorías a compañías como Rockhopper”, y que para eso “no necesitaban hacer una cadena nacional”, y detalló: “ADNOC tiene participación accionaria en XRG, que es el grupo que desarrolla el proyecto de gas natural licuado en la Patagonia argentina y es socia de YPF en los desarrollos. Y tienen un director, Paul Mayland, que forma parte de la empresa que ya está desarrollando actividades económicas en la Argentina en sociedad. Es decir, habría que avisarle a Milei, al canciller Quirno y a todas las autoridades argentinas que esto ya está pasando y que la ley está vigente, no entiendo por qué no lo hicieron hasta acá”.
En medio del debate sobre una posible reforma electoral, el diputado del Frente Renovador sostuvo que la eliminación de las PASO no alterará la definición presidencial y pronosticó una derrota oficialista en 2027.
El diputado nacional del Frente Renovador Sebastián Galmarini aseguró que La Libertad Avanza podría desaparecer como fuerza política al finalizar el mandato de Javier Milei y sostuvo que el oficialismo corre el riesgo de quedarse sin representación legislativa ni territorial.
A través de un posteo en la red social X, el legislador cuestionó el debate sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y consideró que esa medida no alterará el resultado de la elección presidencial.
“Eliminar las PASO solo va a cambiar el reparto de las bancas. A presidente hay balotaje por Constitución”, expresó Galmarini, al tiempo que afirmó que al propio Gobierno le convendría mantener el sistema de primarias.
En ese sentido, lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei al asegurar que “va a perder las elecciones” y advirtió que el oficialismo podría sufrir una fuerte merma en su representación parlamentaria. “A Milei le conviene mantenerlas porque va a perder las elecciones y se va a quedar sin siquiera bloque en diputados en 2027”, señaló.
Galmarini fue más allá y sostuvo que La Libertad Avanza enfrenta el riesgo de concluir la gestión sin presencia institucional significativa. “LLA corre el riesgo de terminar su mandato y quedarse sin diputados ni concejales al cabo de cuatro años”, remarcó.
El dirigente del Frente Renovador comparó la situación con la evolución del Pro después de la derrota presidencial de Mauricio Macri en 2019. “Así como el Pro volvió a ser un partido de distrito con la derrota de Macri, LLA va a desaparecer”, afirmó.
Finalmente, cerró su mensaje con una invitación al debate: “Vengan de a uno”.
Las declaraciones de Galmarini se producen en medio de las discusiones sobre una eventual reforma electoral y cuando distintos sectores de la oposición y del oficialismo analizan el impacto que podrían tener los cambios en las reglas de competencia de cara a las elecciones de 2027.
La comisión que preside Sebastián Galmarini se reunirá el próximo 19 de agosto para analizar la situación institucional del organismo, el avance de la implementación del Código Procesal Penal Federal, el nuevo régimen penal juvenil y los proyectos actualmente en marcha.
La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación convocó a una reunión para el próximo miércoles 19 de agosto, a las 11, en el Anexo A de la Cámara de Diputados, con la participación del defensor general de la Nación interino, Julián Langevin.
El encuentro fue convocado por el presidente de la comisión, el diputado nacional Sebastián Galmarini, y tendrá como eje una exposición institucional del titular de la Defensa Pública.
De acuerdo con el temario previsto, Langevin realizará una presentación ante los integrantes de la bicameral y brindará un informe sobre el estado de situación del organismo durante el período 2025-2026. También expondrá sobre el grado de implementación del Código Procesal Penal Federal y del Nuevo Régimen Penal Juvenil.
Asimismo, se analizarán los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución y las iniciativas previstas para los próximos meses dentro de la órbita del Ministerio Público de la Defensa.
La reunión se desarrollará en la Sala de Reuniones Nº 4, ubicada en el tercer piso del Anexo A de la Cámara baja.
El diputado nacional de UP presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe sobre las consecuencias económicas, comerciales e institucionales derivadas de la decisión de Brasil de retirar a su embajador en la Argentina.
El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó en la Cámara baja un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el impacto de la crisis diplomática abierta con Brasil, luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva retirara a su embajador en Buenos Aires y redujera la representación diplomática al nivel de encargado de negocios.
La iniciativa requiere que la Jefatura de Gabinete y la Cancillería detallen las consecuencias económicas, comerciales e institucionales de la medida adoptada por Brasil, considerada en los fundamentos del proyecto como un hecho de “gravedad poco habitual en la historia reciente de la relación bilateral”.
“No se trata de ideologías ni de afinidad, sino de cuidar los intereses de la Argentina y de los argentinos”, sostuvo Galmarini al fundamentar su pedido.
El legislador del Frente Renovador puso el foco en la necesidad de conocer cuál es la evaluación oficial sobre el posible deterioro del intercambio comercial entre ambos países y el riesgo de una profundización del déficit bilateral. También reclamó precisiones sobre el estado de las exportaciones e importaciones con Brasil y sobre las consecuencias que podría tener la situación para la agenda de integración regional dentro del Mercosur.
Uno de los puntos centrales del proyecto está vinculado al impacto sobre la provincia de Buenos Aires. Galmarini solicitó información sobre los efectos que la crisis diplomática podría generar en las industrias exportadoras bonaerenses, particularmente en el sector automotriz, cuya producción está fuertemente orientada al mercado brasileño.
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que la provincia concentró en 2025 exportaciones por 31.684 millones de dólares, equivalentes al 36,4% del total nacional, mientras que el rubro de material de transporte terrestre representó 6.801 millones de dólares. El texto menciona especialmente las plantas automotrices ubicadas en Zárate, El Palomar y General Pacheco, esta última con más de 3.500 empleos directos y una producción destinada en un 70% a la exportación.
El proyecto también pide conocer si la reducción del nivel de representación diplomática afecta negociaciones o gestiones en curso dentro del Mercosur y cuáles son las medidas que prevé adoptar el Gobierno para sostener los vínculos comerciales y diplomáticos mientras persista la situación.
Asimismo, Galmarini requirió información sobre las eventuales gestiones destinadas a normalizar la relación bilateral y facilitar el regreso de un embajador brasileño a la Argentina. Según remarcó en los fundamentos, corresponde al Congreso conocer las consecuencias comerciales y de integración regional derivadas de un conflicto diplomático que involucra al principal socio comercial de la Argentina.
Así lo reveló el jefe de los fiscales ante la Bicameral del Ministerio Público. En el marco del informe de gestión, advirtieron por la pérdida en materia presupuestaria.
Funcionarios del Ministerio Público de la Nación, encabezados por Eduardo Casal, se presentaron este martes ante la bicameral competente. Allí, el procurador interino renovó su pedido al Presidente Javier Milei para que dicte un decreto que le permita a los fiscales intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia porteño.
El jefe de los fiscales estuvo junto a los secretarios de la Procuración Juan Manuel Casanovas (Técnica y Disciplinaria) y Juan Manuel Olima Espel (Coordinación Institucional), quienes expusieron el balance anual de la gestión del organismo y respondieron consultas de los legisladores.
Durante la reunión de la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, presidida por el diputado Sebastián Galmarini (UP), Casal agradeció la convocatoria y expresó que ese ámbito constituye el vínculo de la Procuración con el Congreso, “donde se hace valer nuestra responsabilidad institucional”.
En su intervención, el jefe de los fiscales se refirió a las consecuencias del fallo “Levinas” y reveló que le solicitaron al Poder Ejecutivo el dictado de un decreto de necesidad y urgencia que permita mantener la intervención del Ministerio Público Fiscal en las causas de la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires mientras se completa el proceso de transferencia de competencias a la órbita porteña.
“Tenemos una responsabilidad fundamental de hacer efectiva la justicia penal y no perjudicar el ejercicio de la acción”, afirmó y agregó que, mientras la situación no se resuelva, “la Procuración continuará interponiendo los recursos correspondientes”. A su vez, reveló que el borrador del DNU se encuentra actualmente bajo análisis del Ministerio de Justicia.
La presentación se inició con la exposición de Olima Espel, quien destacó que el informe de gestión fue presentado “en tiempo y forma”. Explicó que, además del cumplimiento de la obligación legal, el organismo consideró importante exponer ante los legisladores los principales hitos de la gestión y fortalecer el vínculo institucional con el Congreso.
En tal sentido, detalló los lineamientos de política criminal impulsados por la Procuración General y resaltó que, por primera vez, se establecieron directrices comunes para todo el Ministerio Público Fiscal en materia de persecución de la criminalidad organizada. Sobre esto, ahondó que delitos complejos como la trata de personas, el narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado requieren respuestas especializadas y destacó el trabajo coordinado de las fiscalías especializadas en todo el país para mejorar la trazabilidad de las investigaciones.
En materia presupuestaria, advirtió que los recursos del organismo crecieron muy por debajo de la inflación y señaló una pérdida del 47% en los últimos dos años. A pesar de ese escenario, el secretario remarcó que se avanzó en políticas de modernización como la digitalización de expedientes, la implementación de un sistema único de gestión para causas penales y no penales, herramientas de cruce de datos para fortalecer la transparencia y la puesta en marcha, el año pasado, de un programa destinado a regular el uso de la inteligencia artificial dentro del Ministerio Público Fiscal.
También destacó la aprobación de un protocolo regional sobre protección y seguridad de fiscales en el ámbito de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la creación de la estructura de coordinación del Sistema Federal de Recupero de Activos (SIFRAI), la institucionalización del vínculo con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la participación activa de la Procuración en las evaluaciones de la OCDE y del GAFI, proceso que contribuyó a que la Argentina saliera de la denominada “lista gris” por primera vez desde 2001.
A su turno, Casanovas se refirió al impacto de la implementación del Código Procesal Penal Federal, al que definió como una transformación institucional de gran magnitud. Explicó que el nuevo sistema acusatorio, al otorgar a los fiscales la conducción de las investigaciones penales, exige una profunda reorganización del organismo para garantizar un servicio de justicia más ágil, transparente y eficiente. Indicó que la Procuración trabaja en la redistribución de recursos humanos y en el traspaso de personal desde los juzgados hacia las fiscalías, y precisó que el Código Procesal Penal Federal ya se encuentra implementado en 13 distritos judiciales, que abarcan 19 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Finalmente, sostuvo que, pese a tratarse de un organismo austero y con recursos limitados, se logró sostener una gestión eficiente. No obstante, pidió el acompañamiento institucional del Congreso para que, en la discusión del próximo Presupuesto, se contemplen los recursos necesarios.
Según el Informe de Gestión 2025, durante el período analizado ingresaron 1.282 expedientes al área de dictámenes: 24 recursos extraordinarios concedidos, 221 quejas por denegatoria de recurso extraordinario, 1.003 incidentes de competencia, 33 recursos ordinarios de apelación y un expediente originario.
En cuanto a la actividad desarrollada, el Ministerio Público Fiscal informó que elaboró proyectos de dictamen en 1.499 expedientes y emitió un total de 1.509 dictámenes durante el período de referencia. Esa cifra representa un nivel de actividad similar al registrado en el ejercicio anterior, cuando se produjeron 1.526 dictámenes, superior al de los años 2023, 2021 y 2020, aunque inferior al máximo alcanzado en 2022.
El Informe de Gestión 2025 constituye la rendición anual de cuentas de la Procuración General de la Nación y reúne estadísticas sobre la actividad institucional, los expedientes tramitados y el desempeño del Ministerio Público Fiscal durante el último ejercicio.
La iniciativa busca habilitar el uso de métodos científicos no invasivos o mínimamente invasivos para determinar las causas de una muerte. Pretenden actualizar la legislación a los avances de la medicina forense, otorgar valor probatorio pleno a estas técnicas y contemplar objeciones religiosas o culturales de los familiares del fallecido.
El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó un proyecto de ley para incorporar al proceso penal argentino métodos científicos no invasivos o mínimamente invasivos como alternativa válida a la autopsia convencional en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. La iniciativa, registrada bajo el expediente 3229-D-2026 y girada a la Comisión de Legislación Penal, modifica disposiciones tanto del Código Procesal Penal de la Nación como del Código Procesal Penal Federal.
La propuesta sustituye los artículos que actualmente obligan a realizar autopsias, permitiendo que pueda aplicarse “otro método que científicamente cumpla su fin” cuando resulte apto para determinar la causa de muerte. Además, establece que estas prácticas deberán ser realizadas por profesionales médicos habilitados con formación en medicina forense y que sus resultados tendrán el mismo valor probatorio que una autopsia tradicional.
Entre las técnicas contempladas se encuentra la denominada “virtopsia”, un procedimiento de examen post mortem basado en estudios por imágenes, como tomografías computadas, resonancias magnéticas y angiografías, que permite reconstruir digitalmente el cuerpo sin necesidad de abrir el cadáver. Según los fundamentos del proyecto, en determinados casos este método puede igualar o incluso superar la precisión de la autopsia convencional.
Galmarini sostiene que la legislación vigente quedó desactualizada frente a los avances de la ciencia forense. En ese sentido, recuerda que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema aprobó en enero de 2025 un protocolo para autopsias mínimamente invasivas y que la Procuración General bonaerense había adoptado una decisión similar en 2024, aunque mediante resoluciones administrativas y no a través de una ley de alcance general.
El proyecto también incorpora una dimensión vinculada al respeto de las creencias religiosas y culturales. La autoridad judicial competente, con asesoramiento del médico forense interviniente, podrá evaluar la utilización de métodos alternativos considerando las circunstancias del caso, la disponibilidad tecnológica y las objeciones fundadas que presenten familiares o representantes del fallecido. Los fundamentos mencionan especialmente las tradiciones judía y musulmana, que promueven la preservación de la integridad corporal de los difuntos.
Entre las ventajas señaladas figuran además los beneficios sanitarios para el personal forense, al reducir la manipulación directa de cadáveres y la exposición a agentes biológicos potencialmente peligrosos. Asimismo, destaca que los registros digitales obtenidos mediante virtopsias constituyen pruebas permanentes y reproducibles que pueden ser revisadas o reanalizadas durante cualquier etapa del proceso judicial.
La iniciativa aclara que la autopsia convencional continuará siendo el procedimiento de referencia y que la decisión sobre la utilización de métodos alternativos seguirá en manos de jueces o fiscales, según el régimen procesal aplicable. El objetivo, señala Galmarini, es que la normativa procesal penal acompañe los avances científicos sin afectar la eficacia de las investigaciones judiciales.
El encuentro fue breve y estuvo moderado por Sebastián Galmarini. La Libertad Avanza propuso autoridades que estaban vacantes. El plan de trabajo de este nuevo período legislativo.
Foto: Comunicación Senado
La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación se reunió brevemente este jueves para completar la designación de autoridades. Ausente por motivos de salud, el senador chaqueño Juan Cruz Godoy fue ratificado como vicepresidente y el diputados chaqueño Manuel Quintar fue elegido secretario.
Lesionado en una de sus rodillas, el presidente de la Bicameral, Sebastián Galmarini, mencionó que las ausencias en la Sala 6 del Anexo de la Cámara baja fueron mayoritariamente de su bancad y luego informó que “por los años sin constituirse, estuvieron vacantes las dos presentaciones de los presupuestos y rendiciones de cuentas del Ministerio Público Fiscal y el del Ministerio Público de la Defensa”.
Luego, explicó: “Esta no es una comisión que debate proyectos de ley, pero sí tenemos en tratamiento las dos presentaciones obligatorias que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público que las hemos enviado por email y son profundas”.
En segundo lugar, anunció que “obra por secretaria una nota que envió el Procurador General de la Nación interino (Eduardo Casal) planteando las dificultades que está teniendo de algunas inconsistencias del fallo Levinas”. “El fallo estableció que fiscales, defensor y abogados vayan a el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos, nacionales y la Corte Suprema dado que no tienen claro donde hacer las presentaciones”, amplió.
Finalmente, Galmarini señaló “la necesidad de acompañar este proceso del cambio hacia el régimen acusatorio con prórrogas en los plazos que generan debates en las capacidades y recursos de ambos Ministerios Públicos”. Y cerró: “Esta bicameral debe participar en los procesos de control y tiene opiniones no vinculantes sobre otros procesos”.
La iniciativa presentada por Sebastián Galmarini propone crear un marco que abarque a los tres poderes del Estado, con un enfoque preventivo para combatir la corrupción y reforzar la transparencia.
En el marco del plenario de comisiones que dio inicio al debate sobre la regulación del lobby, el diputado Sebastián Galmarini, del Frente Renovador, presentó un proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública que busca reformular de manera integral los mecanismos de prevención de la corrupción en la Argentina.
La iniciativa propone la creación del Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública, un esquema que alcanzará a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público, y que estará conformado por instituciones, procedimientos y herramientas orientadas a prevenir, detectar y sancionar irregularidades en el sector público nacional. El objetivo, según se desprende del texto, es dejar atrás un enfoque centrado exclusivamente en la reacción frente a hechos consumados y avanzar hacia un modelo preventivo, basado en políticas activas de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
Entre los ejes centrales del proyecto se destaca la incorporación de principios rectores obligatorios para quienes ejercen funciones públicas, entre ellos la legalidad, la imparcialidad, la transparencia, la probidad, la preservación del interés público, la igualdad y la perspectiva de género. A la par, se fijan deberes concretos para funcionarios y funcionarias, como la obligación de denunciar irregularidades, garantizar el acceso a la información pública y promover un uso eficiente de los recursos del Estado.
Uno de los puntos más novedosos es la creación de un régimen más exigente de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, con el fin de prevenir conflictos y fortalecer la transparencia. Este sistema alcanzará a autoridades de los tres poderes, organismos de control, empresas públicas y fuerzas de seguridad, entre otros sectores clave. Las declaraciones deberán incluir información detallada sobre patrimonio, antecedentes laborales, participaciones societarias, vínculos de interés y posibles incompatibilidades, y estarán disponibles para consulta pública mediante plataformas digitales en formatos abiertos.
El proyecto también introduce una regulación integral de los conflictos de intereses, diferenciando entre situaciones reales, potenciales y aparentes. Para cada una de ellas se establecen mecanismos específicos, que incluyen la obligación de abstenerse de intervenir en determinados casos, así como mayores exigencias de transparencia para evitar que intereses privados interfieran en las decisiones públicas.
Otro capítulo relevante es el referido al antinepotismo. La iniciativa prohíbe la designación o contratación de familiares en organismos bajo la órbita de funcionarios nacionales, así como los esquemas de designaciones cruzadas entre distintas dependencias estatales. Además, establece la nulidad de los nombramientos que violen estas disposiciones.
Asimismo, se abordan las denominadas situaciones de “puerta giratoria”, imponiendo restricciones a quienes dejan cargos públicos y luego pasan a desempeñarse en empresas o actividades vinculadas con las áreas que regulaban o supervisaban desde el Estado. De este modo, se busca evitar conflictos de intereses posteriores al ejercicio de la función pública.
En los fundamentos del proyecto se señala que la propuesta apunta a consolidar una cultura de integridad en la administración pública, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y adecuar la normativa argentina a los estándares internacionales más avanzados en materia de ética pública y lucha contra la corrupción.
“La transparencia y la integridad no pueden depender únicamente de la sanción posterior de los hechos de corrupción. Es necesario construir un sistema que prevenga, detecte y corrija las irregularidades antes de que produzcan daño al Estado y a la ciudadanía”. Con esta premisa, el Frente Renovador busca posicionar su iniciativa como un aporte clave en el debate sobre la regulación del lobby y la calidad institucional.
Con esta propuesta, el espacio que lidera Sergio Massa plantea avanzar hacia un Estado más transparente, eficiente y comprometido con el interés público, en línea con las demandas sociales de mayor control y rendición de cuentas en la gestión pública.
Fue la novena conformación de comisión bicameral y la sexta de esta semana. No fueron fijados los días y horarios de reunión. La Secretaría quedó en reserva para La Libertad Avanza.
Foto: Comunicación Senado
En una breve reunión, el diputado nacional Sebastián Galmarini (Unión por la Patria – Buenos Aires) fue designado como nuevo presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. A su vez, el senador nacional Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza – Chaco) quedó a cargo de la Vicepresidencia y la Secretaría quedó en reserva para el oficialismo.
Al subir al estrado como autoridad, el legislador massista manifestó: “Intentaremos hacer de la mejor manera nuestra tarea porque tenemos muchos desafíos por delante en materia específicamente del Ministerio Público y leyes que son un poco más amplias como lo es la reforma del Régimen Acusatorio”. Asimismo, pidió “trabajar con seriedad, responsabilidad y coherencia, y que sepamos respetar nuestras diferencias, pero que podamos construir la mayoría de los consensos”.
El senador chaqueño designado nuevo vicepresidente de la Bicameral ocupó su rol como autoridad y cargó: “Pienso ejercerla con mucho compromiso y esfuerzo para ser una gran tarea y representar a mi bloque, al Senado de la Nación y a toda la juventud argentina”. Además de dejar vacante la Secretaría para La Libertad Avanza, también quedó pendiente de definición la fecha y hora de días de reunión.
Quedaron definidos como vocales de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación los diputados Marcelo Barabur y Gustavo Bordet de Unión por la Patria; y Beltrán Benedit, Gabriel Bornoroni, Nicolás Emma, Álvaro Martínez y Manuel Quintar de La Libertad Avanza.
Mientras que por la Cámara alta fueron designados como vocales la santacruceña Alicia Kirchner, el entrerriano Adán Bahl y el chubutense Carlos Linares del bloque Justicialista; la tucumana Sandra Mendoza de Convicción Federal; el cordobés Luis Juez de La Libertad Avanza; Julieta Corroza de La Neuquinidad; y el mendocino Rodolfo Suárez de la Unión Cívica Radical.
Esta conformación de bicameral es la sexta de esta semana junto a la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Trámite Legislativo; Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior; Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia; y Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. Además ya se habían conformado la semana pasada la Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas; de la Defensoría del Pueblo; y Control de los Fondos de la Seguridad Social.
Referentes de ENAC y cámaras empresarias mantuvieron un encuentro con el diputado nacional para analizar la situación del sector productivo y avanzar en el tratamiento legislativo de una iniciativa clave frente a la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.
La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) volvió a reforzar el impulso parlamentario a la Ley de Emergencia PyME tras mantener una reunión con el diputado nacional Sebastián Galmarini. El encuentro se realizó este martes por la tarde en el despacho del legislador y se inscribió en una agenda más amplia de contactos con distintos bloques para sumar respaldos a la iniciativa.
Por parte de ENAC participaron su presidente, Diego Ojeda; el secretario general, Xavier De Escalada, y los empresarios Arturo Stabile y Rodolfo Di Vanni. También estuvieron presentes representantes de otras cámaras sectoriales que vienen trabajando de manera coordinada en el proyecto: Marco Meloni, de Pro Tejer; Santiago Quetglas, de la Cámara del Calzado, y Rubén Pallone, de CIMA Marroquinería.
Durante la reunión, los dirigentes empresariales expusieron la necesidad de acelerar el tratamiento de la Ley de Emergencia PyME en el Congreso y compartieron un diagnóstico común sobre la delicada situación que atraviesa el entramado productivo. En ese sentido, señalaron el impacto negativo de la caída de la actividad, el sostenido aumento de costos y las crecientes dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para sostener la producción y preservar los puestos de trabajo.
El encuentro con Galmarini formó parte de una serie de gestiones que ENAC y las cámaras PyME vienen desarrollando con legisladores de distintos espacios políticos, con el objetivo de avanzar en una norma que contemple herramientas urgentes para el sector. Desde la entidad remarcaron que la iniciativa apunta a brindar respuestas concretas ante un escenario que afecta a miles de empresas en todo el país.
En ese marco, desde ENAC reafirmaron la importancia de contar con medidas que permitan sostener a las PyMEs, preservar el empleo y fortalecer el desarrollo productivo nacional, al tiempo que destacaron la necesidad de que el Congreso tome un rol activo frente a la crisis que atraviesa el sector.
Dos proyectos ingresados en Diputados buscan crear nuevos juzgados federales de primera instancia en municipios clave del norte y oeste del conurbano, con el objetivo de reducir la saturación de los tribunales de San Martín y mejorar el acceso a la justicia.
El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó en el Congreso dos proyectos de ley destinados a ampliar la estructura judicial federal en el conurbano bonaerense mediante la creación de juzgados de primera instancia con asiento en San Isidro y Morón. La iniciativa apunta a descomprimir el alto volumen de causas que hoy tramitan en los juzgados federales de General San Martín —referencia histórica para los partidos del norte y del oeste del Gran Buenos Aires— y a mejorar la cercanía territorial para los vecinos de las zonas involucradas.
Los proyectos responden al crecimiento sostenido de la litigiosidad en ambas regiones del conurbano. Según los fundamentos presentados, los juzgados de San Martín atraviesan una situación de saturación crítica, con casi 500.000 causas en trámite distribuidas solo en dos tribunales, lo que genera demoras de meses y hasta años en procesos de todo tipo. A esta sobrecarga se suma la necesidad de los justiciables de trasladarse largas distancias para iniciar y seguir expedientes, lo que implica un obstáculo adicional para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.
Un juzgado federal para San Isidro
El primero de los proyectos crea un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo con asiento en San Isidro, que contará con dos secretarías y tendrá jurisdicción sobre los partidos de San Isidro, Tigre, San Fernando y Vicente López.
También propone la creación de una fiscalía y una defensoría de pobres, incapaces y ausentes, y redefine la competencia territorial de los juzgados de San Martín, que dejarán de intervenir en las causas provenientes de esos cuatro distritos.
Según los fundamentos, la zona norte concentra más de un millón y medio de habitantes y una actividad económica en permanente expansión. El crecimiento demográfico y comercial no fue acompañado por una actualización equivalente de la estructura federal, prácticamente inalterada desde la década de 1950.
Otro tribunal para Morón
El segundo proyecto impulsa la creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo con sede en Morón, también con dos secretarías y una fiscalía y defensoría asociadas. Tendrá competencia sobre Morón, La Matanza, Merlo, Moreno y Marcos Paz.
Esta iniciativa replica el mismo criterio de reorganización territorial, excluyendo a esos distritos de la competencia de los juzgados federales de San Martín y asignándolos al nuevo tribunal.
Los fundamentos del proyecto destacan que la zona oeste —que incluye a La Matanza, el distrito más poblado de la provincia— supera los cuatro millones de habitantes y registra un fuerte incremento de litigiosidad, que la estructura actual ya no consigue absorber.
Ambas iniciativas subrayan la importancia de garantizar el acceso a la justicia, un derecho constitucional que hoy se ve afectado por la demora excesiva en la resolución de conflictos y por la distancia física entre los ciudadanos y los tribunales federales. También señalan que la creación de nuevos juzgados es una práctica parlamentaria consolidada, enmarcada en las facultades del Congreso para organizar los tribunales federales inferiores sin necesidad de modificar la estructura general del Poder Judicial.
Los proyectos incluyen además disposiciones transitorias para que las causas ya radicadas en San Martín continúen tramitando allí hasta su conclusión, y establecen que la Cámara Federal de San Martín será tribunal de alzada de los nuevos juzgados.
Galmarini plantea que la ampliación de la estructura federal permitirá una “distribución más equitativa de las causas, mayor celeridad procesal y una mejora sustancial en la calidad del servicio de justicia”, en línea con políticas de fortalecimiento institucional y eficiencia administrativa.
Con el objetivo de iniciar un debate sobre lo que significaría la introducción de la boleta única papel en el sistema electoral, diputados del FR tuvieron un conversatorio con espiritud reformista.
Organizado por el vicepresidente del bloque Unión por la Patria, Ruben Eslaiman, el politólogo y referente del Frente Renovador Sebastián Galmarini participó en una charla abierta sobre Boleta Única Papel en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
La charla abierta fue titulada Boleta Única ¿Reforma electoral o cosmética comunicacional?
La misma estuvo a cargo del politólogo y referente del Frente Renovador Sebastián Galmarini y del vicepresidente del bloque de Unión por la Patria, Ruben Eslaiman.
“Llevamos adelante esta iniciativa para interiorizar a la sociedad de las contras que tiene este cambio en el sistema electoral, y cómo eso puede perjudicar a los y las bonaerenses: se deja de lado el tradicional sistema de boleta partidaria que era efectivo, la que aseguró la transparencia y la alternancia de las fuerzas políticas”, afirmó Eslaiman.
Sobre la incorporación de la Boleta Única de Papel al sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, el legislador de Unión por la Patria manifestó que “es crucial analizarla en profundidad y con rigor, despojándose de falacias, mitos o soluciones mágicas, por eso hay que centrarse en los beneficios y en los costos reales que puede generar, tanto para el sistema electoral, en particular, como para la calidad democrática en general”.
Durante el encuentro, Sebastian Galmarini explicó de qué se trata la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional y cuáles podrían ser sus efectos de cara a las elecciones en Buenos Aires en 2025.
“En realidad, no se está haciendo una reforma estructural del Sistema Electoral, sino que se modificó un apartado menor de un mecanismo de relojería mucho más amplio y complejo con el que votamos”, refirió Galmarini.
El politólogo también comparó los impactos de la utilización de la BUP sobre los partidos y electores con la Boleta Múltiple Partidaria, usada actualmente para emitir el voto.
En ese sentido, detalló las ventajas y las desventajas de la reforma electoral producida por la modificación en la forma de votar.
Los diputados Rubén Eslaiman y Alexis Guerrera durante el debate sobre el sistema electoral provincial a la luz de los cambios nacionales.
“La Boleta Única de Papel no significa mágicamente una reducción del gasto, puede provocar un aumento del voto cruzado, una mayor confusión para la población y una profundización del voto en blanco y nulo, tal como sucedió en Mendoza en las últimas elecciones”, explicó.
Por último, Galmarini dejó abiertos varios interrogantes sobre cómo podrían desarrollarse las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires sin Ley de Financiamiento, con ciertas debilidades en el sistema de gobernanza electoral y con elecciones PASO desarrollándose en simultáneo con las elecciones nacionales.
“No deberíamos caer en el desastre que significó la superposición de dos formas de votar, como le pasó a CABA hace unos años”, finalizó.
Del acuerdo participaron Santiago Cafiero, Teresa García y Sebastián Galmarini.
El peronismo de San Isidro confirmó listas únicas de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de septiembre en todo el territorio nacional.
En el cierre de la jornada del sábado y con la presencia del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero; la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, y el director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini, se acordó que la lista del Frente de Todos en San Isidro, estará encabezada como primer precandidato a concejal por Mateo Bartolini, titular del Fondo Nacional de Capital Social (FONCAP) y referente del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero.
Bartolini llegó a ese puesto a principios del 2020, después de haber estudiado economía y ser pasante internacional en el Banco Grameen, en Bangladesh, junto al primer economista que ganó el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus.
El FONCAP tiene presencia en 163 ciudades de la Argentina y cuenta con más de 10 mil inscriptos, los cuales son personas que tienen un emprendimiento productivo, brindando oportunidades a diferentes actores de la economía.
En el segundo lugar de la lista sanisidrense quedó Celia Sarmiento, alineada con la ministra de Gobierno bonaerense Teresa García, mientras que en el tercero se ubicó el massista Federico Meca, cuyo referente es Sebastián Galmarini. Manuela Schuppisser (La Cámpora) irá cuarta en la nómina.