El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este jueves que se desestime la denuncia presentada por el oficialismo contra el juez federal Sebastián Ramos por falso testimonio, a partir de la declaración que dio el pasado 23 de febrero cuando se presentó ante la Comisión de Juicio Político -en el marco del proceso contra los miembros del máximo tribunal de justicia- y negó tener vínculos con Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti -presidente de la Corte-, o Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia.

El fundamento de la denuncia presentada fue porque Ramos dijo que no estaba alcanzado por “las generales de la ley” (vínculos tales como parentesco o interés con las partes) y negó, ante una pregunta directa, tener un “vínculo sistemático” con el funcionario porteño.

Según los diputados oficialistas, mintió y eso quedó a la vista después de que se conocieron supuestos chats -que los legisladores dieron por ciertos- entre el magistrado y D’Alessandro en los que hablaban con familiaridad.

“Vengo a postular la desestimación de la denuncia que origina estos actuados”, comienza el dictamen de Marijuan presentado ante el juez Sebastián Casanello que también está a cargo actualmente del juzgado federal 9.

Para el fiscal, no surgen respuestas falsas a las preguntas de la Comisión y sostuvo que la presentación del oficialismo alude a “supuestas conversaciones que se han publicado en medios de comunicación, sobre cuyo origen lícito nada se indica en la noticia ni en la denuncia”, por lo que “no pueden ser incorporadas como prueba en ningún proceso penal sin dañar las bases constitucionales fundamentales que rigen su desarrollo”.

“La denuncia refiere -relató Marijuan- que el testigo Sebastián Roberto Ramos en su declaración fue interrogado respecto de si mantenía algún vínculo sistemático con Marcelo D´Alessandro, a lo cual contestó negativamente. Que de los chats que se hicieran públicos después de la reunión de comisión, surge que habrían mantenido un intercambio por WhatsApp donde se vería demostrada una relación de confianza entre ambos”, plantea.

Al respecto, para Marijuan los hechos denunciados “no constituyen delito”, y explicó que “el falso testimonio debe incidir sobre algo sustancial, que pueda desviar o turbar el curso de la actividad judicial, y no sobre circunstancias secundarias que no alteran el contenido objetivo de la deposición”. Además, el fiscal destacó que la supuesta relación es con D’Alessandro, que no es a quien se está investigando en el Congreso.

“No obstante, tampoco surge de la denuncia de qué manera la respuesta del testigo a la pregunta ha sido falsa”, afirmó Marijuan y que subrayó que la consulta a Ramos no fue si conocía a D’Alessandro sino si tenía con él un “vínculo sistemático”.

En la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, el oficialismo impuso su mayoría para denunciar al juez federal Sebastián Ramos por posible falso testimonio, a partir de la declaración que dio el pasado 23 de febrero, cuando negó tener vínculos con Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti -presidente de la Corte-, o Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia. 

A pedido del presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, se votó trasladar las actuaciones correspondientes al juez competente, de manera que se ingresará una denuncia a Comodoro Py, que será sorteada dentro del fuero en lo Criminal y Correccional. 

Martínez recordó que en su declaración, a Ramos se le “preguntó si además de conocerlos, existía un vínculo sistemático entre él con Robles o Marcelo D’Alessandro. A lo que el juez claramente respondió ‘no señor’”. 

Sin embargo, “casi en forma simultánea a esta declaración tomaron estado público una serie de chats en donde surgiría información que justamente podría contradecir los dichos que dijo bajo juramento el juez Ramos”, apuntó el jefe del FdT. 

Por eso, pidió que se remita el acta certificada de la reunión pasada a la Justicia para que “se analice el posible falso testimonio” y también “se hagan constar las fuentes de dominio público donde fueron publicados estos datos”. 

“Después de difundidos los chats y las notas periodísticas, el abogado Marcelo Mazzeo y el secretario de coordinación de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, han reconocido el contenido de los chats”, agregó Martínez. 

En esa línea, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade solicitó convocar como testigos a Mazzeo y Oliman Espel, quienes “de manera pública reconocieron que mantenían conversaciones con D’Alessandro a través de Telegram” y “los dos dijeron ‘no tenemos nada que ocultar’, porque ninguna conversación tenía que ver con alguna actuación irregular de ambos”. Al momento de la votación, se aprobó que sean incorporados como testigos. 

Desde Juntos por el Cambio, en contra del planteo contra Ramos del oficialismo, la macrista Silvia Lospennato resaltó: “Seguiremos juntando pruebas de que esta comisión funciona de manera ilegal, alterando el Estado de Derecho en Argentina y que esto va a tener responsabilidades que se van a dirimir en organismos internacionales”. 

“Claramente tenían un conocimiento de que existía una filtración, para ustedes una escucha o un chat ilegal, o lo que fuere, y entonces hicieron la pregunta que luego pudiese colisionar con esa prueba ilegal. Es tan clara maniobra…”, sostuvo. 

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) habló sobre la última reunión de Comisión de Juicio Político y se lanzó contra el juez federal Sebastián Ramos: “Nos mintió en la cara y eso que no sabíamos sobre los chats con (Marcelo) D’Alessandro -ministro de Justicia porteño- “.

Del mismo modo, el diputado kirchnerista expresó: “Ramos se la pasó echándole la culpa al fiscal Carlos Stornelli (quien está citado a declarar como testigo en la próxima reunión)”. Además, agregó: “Algunos medios salieron a decir que humillé a Ramos y fui bastante respetuoso”.

En declaraciones a AM 530, Tailhade apuntó contra varios medios de comunicación y manifestó: “La última reunión hizo ruido y disparó operaciones por parte de varios editores que están buscando confundir a los lectores con un juicio ordinario al enjuiciamiento de la Corte”.

“La competencia de enjuiciar a la Corte es exclusiva del Poder Legislativo y los jueces y fiscales deben tener en claro que lo que estamos haciendo nos corresponde a nosotros”, señaló. Así también, sostuvo que el reglamento de la Comisión de Juicio Político tiene rango constitucional.

En esa línea, aclaró: “Todo el mundo está obligado a declarar en la comisión, pero mi preocupación es el desconocimiento de la ley de algunos magistrados que salen a decir que el reglamento está por fuera de la ley”.

En tal sentido, aseveró: “No hay otra norma que regule el instituto del juicio político que no sea el Congreso”, y agregó: “Lo único que está por encima del reglamento de la comisión es la Constitución”.

En el final, apuntó contra todo el sistema judicial: “Los únicos que pueden declarar por escrito son el presidente, la vicepresidenta y los gobernadores, pero acá los jueces y fiscales, y los miembros de la Corte quieren incorporar más privilegios y quedar por encima de la ley para no asistir a declarar”.

Tras la aparición de unos chats con supuestas conversaciones entre el juez Sebastián Ramos y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) anunció que pedirá denunciar al magistrado por falso testimonio, tras su declaración en la Comisión de Juicio Político.

Además, el legislador oficialista -miembro de la Comisión de Juicio Político- advirtió que va a elevar la denuncia en el Consejo de la Magistratura (el cual también integra). “Ramos negó en la audiencia tener vínculos con D’Alessandro y al rato aparecen audios en tono de amigos para manguearle autos”.

Entrevistado en AM 530, Tailhade recordó que la juez María Servini de Cubría se había excusado de la causa entre D’Alessandro y Silvio Robles, asesor de la Corte, por tener vínculos de amistad con el ministro porteño. De ese modo, manifestó que Ramos “debió haber hecho lo mismo cuando recibió la causa que luego archivó”.

“Esos chats existieron, y las relaciones existen. Lo más importante es el reconocimiento y será interesante en que se profundice con las medidas que tomará la Comisión de Juicio Político y el Consejo de la Magistratura”, lanzó el diputado.

Siguiendo con las denuncias de connivencia entre la gestión porteña y la Justicia, el diputado confirmó que será citada a declarar la esposa de Silvio Robles, Laura La Torre, ya que Tailhade afirmó que “hay chats que la involucran en la causa”.

El jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, opinó este viernes de la filtración de presuntas conversaciones entre el ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, y el juez Sebastián Ramos, quien el jueves negó esos vínculos en su declaración ante la Comisión de Juicio Político.

El titular de bancada oficialista expresó: “Hay una promiscuidad de vínculos que terminan condicionando las decisiones de los fallos de jueces”. Además, sostuvo que “hay una red de vínculos que se manifestó por fuera del juicio político”.

En declaraciones a Radio 10, Martínez se mostró sorprendido por la nueva aparición de chats y explico que “no sabía de los chats entre ellos”. “Cuando me mostraron me sorprendí, pero si se comprueba la validez de esas conversaciones entre D’Alessandro y Ramos, la decisión de enero queda nula”, en alusión al fallo que archivo la causa.

Consultado por la citación al fiscal Carlos Stornelli a la próxima reunion de Comisión de Juicio Político, la cual Martínez integra, manifestó que “sería un papelón si no se presenta”, y agregó: “El jueves hubo dos jueces federales, si un testigo no asiste hay que acudir al Ministerio Público Fiscal. Se está haciendo una tarea ordenada y sistemática del enjuiciamiento”.

En esa línea, el jefe de bancada oficialista explicó: “Se está dando todo lo que planteamos desde el arranque. A medida que citen testigos, se va a ir generando un consenso creciente”. Así también, afirmó: “Estamos seguro de los hechos que denunciamos y de las pruebas que tenemos. Los ocho testigos respondieron todas las preguntas”.

Respecto a la salida provisoria de los integrantes de Juntos por el Cambio, relató: “Los únicos que no volvieron fueron los del Pro, los de la Coalición Cívica – ARI y la Unión Cívica Radical volvieron e hicieron preguntas”.

En el final fue consultado por la precandidatura de Daniel Scioli, explicó: “El problema no es cuando tenes varios candidatos, sino cuando no los tenes”, y añadió: “Tenemos la herramienta de las elecciones primarias. Es bienvenido para el espacio político”.

Para finalizar, anunció que en la sesión del próximo martes 28 en el recinto “hay chances de que se trate la moratoria previsional”, pero advirtió que “JxC sigue con la misma postura de no dar quórum”.

El primer testigo en la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema, fue el juez federal Sebastián Ramos, quien negó vínculos con Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, al tiempo que defendió el dictamen del fiscal Carlos Stornelli para archivar una denuncia contra ambos por la filtración de chats. 

El magistrado fue sometido a preguntas de diputados del Frente de Todos, entre los que comenzó Rodolfo Tailhade, y respondió a casi todos los interrogantes pidiendo “dispensarse”. “Las referencias o aclaraciones me imposibilitan, desde mi punto de vista funcional, modificar alguna palabra o algún concepto que haya sido expresado en esa resolución”, dijo sobre la decisión de dar por cerrada la causa.

La denuncia que originó el caso que recayó en Ramos se inició por la presentación del abogado Gastón Marano contra Robles, director de la vocalía de Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, en relación a supuestas conversaciones por Telegram con D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño con licencia, en relación a la conformación del Consejo de la Magistratura. 

Ante la comisión, el magistrado se excusó de ampliar detalles de su decisión porque “no solamente me perjudica en lo personal cualquier modificación que yo pueda hacer de esa resolución”, sino también podría perjudicar “el derecho de defensa en juicio de alguna de las personas” involucradas. 

Tailhade le consultó si además del pedido de desestimación que le presentó el fiscal, en algún momento él propició “buscar o procurar otros medios para comprobar la existencia de lo denunciado”. “Está absolutamente prohibido por ley establecer o cuestionar de alguna manera lo postulado por el Ministerio Público Fiscal que detenta la titularidad de la acción penal pública”, contestó Ramos y defendió el escrito de Stornelli: “Fue un dictamen legal, razonado y fundamentado, no solamente en hechos que aportó, sino en jurisprudencia y doctrina”. 

Luego respondió que “no había referencia” en el expediente de que Robles y D’Alessandro se hayan presentado para decir que efectivamente ellos eran las personas involucradas en esos chats, que fueron desechados por Stornelli por considerarlos prueba ilegal. 

“Cualquier concepto que yo pueda brindarle de antemano por un caso puntual en el que me tocó intervenir puede comprometer mi criterio como juez a futuro, por lo cual le pido que me dispense”, expresó el juez en otro tramo ante varias consultas que se le hicieron. 

También, ante el pedido de Carolina Gaillard, justificó la habilitación de la feria para resolver sobre la cuestión: “Había elementos suficientes que habilitan la feria judicial. La denuncia finaliza con el pedido de recolección de una prueba urgente que es el secuestro de un teléfono y había un pedido de designación de abogado defensor solicitando la habilitación de la feria”. “¿Dictar el archivo sería una medida urgente?”, repreguntó Gaillard y Ramos afirmó que “absolutamente”. 

Insistente en que el magistrado responda qué consideraba por “filtración”, el diputado Ramiro Gutiérrez, le reclamó que explique la motivación de su fallo para archivar la denuncia. “Usted me está preguntando por un concepto por el cual ya me expresé en la resolución”, reiteró el juez. 

Molesta, la legisladora de la Coalición Cívica Mariana Stilman interrumpió para reprochar que Gutiérrez “estaba induciendo a la respuesta”. “Me opongo a la forma en la que está preguntando el diputado”, agregó en medio de los gritos desde el lado de Juntos por el Cambio. 

“¿Cuál es su motivación para justificar que en el hecho que le tocó resolver había actividad organizada o maniobras organizadas? Si nos puede responder cuáles eran”, continuó luego el diputado oficialista y Ramos reiteró: “Me está pidiendo aclaraciones o definiciones de mis propios conceptos en una resolución de la que no puedo modificar ni una palabra”. “Le pido que en virtud del principio de congruencia nos cuente y nos informe sobre cuál era el hecho a investigar”, intentó ahondar el massista, pero el testigo sentenció: “El hecho está desarrollado y explicado en la propia resolución. Ya expliqué que no voy a sumar ni una palabra. Pedí esa dispensa”.

En el cierre, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, le consultó: “Además de conocerlo, ¿hay algún vínculo sistemático que usted tenga con Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles?”. “No señor”, aseguró Ramos. 

El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) cuestionó el fallo del juez federal Sebastián Ramos quien cerró la causa contra el secretario del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Silvio Robles, por la violación a los derechos civiles, entre ellos el de la intimidad que supone hacer una denuncia en base a chats obtenidos ilegalmente.

“El fallo de Sergio Ramos deja en evidencia que estamos frente a una Justicia a la carta e independientemente del juez Ramos lo que está claro es que hay una asociación ilícita que negocia fallos”, expresó Moreau en declaraciones radiales y sumó: “Ellos negociaron dos sentencias, coparticipación y Consejo de la Magistratura”.

Al respecto, el diputado opinó que “la Justicia argentina está obturada” y que este tipo de fallos “demuestra que la Justicia independiente no existe en nuestro país”. En ese sentido, manifestó que “hay que hacer como hizo Lula (da Silva), recurrir a la Justicia internacional”.

El oficialista continuó sus críticas a través de su cuenta de Twitter: “JUSTICIA A LA CARTA: En un fallo inusitadamente veloz, el Juez Ramos, dictaminó respecto a la denuncia contra Silvio Robles, ladero de Horacio Rosatti, que no podía ser imputado de ningún delito porque la denuncia se apoyaba en una ‘escucha ilegal’”.

“Es más el juez calificó a esta metodología como propia de la dictadura militar. Hasta aquí todo luce como un fallo razonablemente opinable, pero a la vez también confirma que en Argentina para Comodoro Py hay dos códigos de procedimiento y dos códigos penales”, planteó Moreau.

En esa línea, detalló: “Uno que se aplica en la persecución contra el movimiento popular y otro que se aplica a favor del macrismo y de la banda mafiosa que los representa en los tribunales”, y recordó la causa del memorándum de entendimiento con Irán -en la que esta implicada Cristina Kirchner– “estaba cerrada y fue reabierta precisamente por la utilización de una escucha ilegal que fue avalada por distintas instancias desde Bonadío hasta los Camaristas Hornos y Borinsky. Esta reapertura implicó que Carlos Zannini estuviera ilegalmente preso más de 3 meses”.

“Lo que es peor aún, llevar a la muerte a Héctor Timerman. Como si fuera una trágica parodia la defensa de Robles se apoya en el único voto que rechazó esa ilegalidad, pero quedó en minoría, que fue el de la Dra. Ana Figueroa”, sumó a las críticas.

También recordó “otro paso de este minué desfachatado y vergonzante lo dio en esta causa el Fiscal Stornelli, que adujo que no acusaba porque la prueba era ‘ilegal’. Recordemos que esa ilegalidad él la usó en su propia defensa cuando se presentó en Comodoro Py a acusar al diputado Eduardo Valdés en lo que se conoce como la causa puf puf, apoyándose en escuchas ilegales que clandestinamente le hizo llegar la AFI de Macri, Arribas y Majdalani cuyas transcripciones habían sido obtenidas de escuchas en el penal de Ezeiza entre presos políticos y sus abogados”.

En ese marco, preguntó: “¿Que harán ahora en Comodoro Py con este fallo? ¿Alguien procesará a Hornos y Borinsky por haber utilizado herramientas que se parangonan con las que usó la dictadura militar?”.

“¿Alguien abrirá una causa para castigar a los que llevaron a la muerte a Timerman y a una prisión arbitraria a Zannini? ¿El Procurador Casal le aplicará una dura sanción a Stornelli por su doble estándar?”, remató Moreau.

El juez Ramos cerró la causa contra Robles, abierta a raíz de los chats hackeados con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente con pedido de licencia.

En el fallo escribió que la protección de los derechos humanos “sufrió su punto de menoscabo más alto durante la última dictadura militar como se encuentra acreditado en los diversos precedentes sometidos a juicio desde el inicio de la causa n°13/84, en las que se comprobaron testimonios arrancados bajo tortura, secuestro de personas e incluso de sus hijos, su desaparición y todo otro tipo de atropello que no encuentra asidero alguno”, entre otras medidas ilegales.

“Recomponer, en base a los flagelos sufridos a lo largo de la historia el estado constitucional de derecho, llevó y lleva en la actualidad un arduo trabajo, que involucra a la sociedad en su conjunto, de la cual forman parte tanto los funcionarios públicos como aquellos que sobre todo se dedican al derecho, motivo por el que es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal”, agregó el magistrado.

En consecuencia, “no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, explicó el juez Ramos en su fallo.