Diputados del interbloque de Juntos por el Cambio volvieron a reclamar la presencia del canciller Felipe Solá en el Congreso, luego que Argentina se retirara de la demanda contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en La Haya, la cual contiene acusaciones por crímenes de lesa humanidad.

“El gobierno de Alberto Fernández dio un paso más para terminar de desmantelar la política de presión hacia el régimen de Nicolás Maduro. Retiró la acusación de Argentina ante la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por los funcionarios chavistas”, señalaron los legisladores.

A través de un comunicado, pidieron que Solá exponga en la Cámara baja para explicar “de manera clara la posición de la Argentina frente a la grave situación que atraviesa Venezuela”, y calificaron a la decisión como una “clara maniobra política a favor de la dictadura venezolana”.

En el proyecto de resolución, encabezado por los radicales Facundo Suárez Lastra y Sebastián Salvador, se remarcó que “la medida encendió las alarmas de quienes defienden la democracia y al Estado de derecho como sistema de gobierno y convivencia en el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles”.

“Esta decisión va en detrimento del liderazgo que ejerce desde 1983 nuestro país en las discusiones internacionales referidas a la protección de los derechos humanos en el mundo. Es una vergüenza que atenta contra la dignidad y reputación de nuestro país”, aseveró Suárez Lastra, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

Por su parte, Salvador expresó que “el gobierno de Fernández se pone una vez más del lado de la violencia y la violación de los derechos humanos”. “Debemos seguir denunciando al régimen de Maduro, no podemos tolerar que desde la cúpula del gobierno argentino se siga venerando a un dictador”, agregó el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.

Para el interbloque opositor esta última medida -acompañada por el “escandaloso” retiro del grupo Lima y la posición tomada ante la OEA- requiere que “el canciller asista al seno de las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos de manera urgente, para responder las inquietudes de diputados y diputadas de la Nación, y para exponer de una vez por todas cuál es la postura del gobierno argentino frente a esta situación que nos interpela de manera directa”.

El proyecto fue acompañado por la firma de los diputados Mario Negri, Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, Ricardo Buryaile,Lucila Lehmann, Carmen Polledo, Alberto Asseff, Marcelo Orrego, Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Albor Cantard, Diego Mestre y Dolores Martínez.

En sus redes, el jefe del interbloque, Mario Negri, apuntó directamente contra el presidente Alberto Fernández, al recordar su posición sobre Venezuela hace años atrás.

“En 2017 Alberto Fernández decía que Maduro cometía ‘abusos imperdonables sobre los derechos humanos en Venezuela’. Ahora cambió radicalmente de opinión y es cómplice del chavismo. El populismo es falso progresismo. No se puede especular con los DDHH”, escribió el cordobés.

Los diputados nacionales de Formosa Ricardo Buryaile y Mario Arce (UCR) acompañaron este jueves a la delegación del interbloque de Juntos por el Cambio que viajó hasta la provincia gobernada por Gildo Insfrán, en su recorrida por Clorinda, la segunda ciudad en importancia del distrito. Esta comitiva está integrada por el radical Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos; Waldo Wolff, del Pro, que preside la Comisión de Libertad de Expresión, y Mónica Frade, del bloque CC-ARI. 

Este viernes, junto al senador Luis Naidenoff, brindarán una conferencia de prensa en la capital provincial.

“La ciudad de Clorinda lleva 159 días de bloqueo y recién hoy el Gobierno provincial decidió extender el horario de los comercios y sacó las vallas que estaban en el ingreso”, explicó Buryaile. Respecto a la flexibilización de la cuarentena que dispuso la administración de Insfrán luego del escándalo que se generó por las denuncias de violaciones de derechos humanos en los centros de aislamientos, el ex ministro de Agroindustria señaló: “Es cierto que ahora son menos días de aislamiento, pero nosotros sostenemos que la cuarentena debe ser domiciliaria y que las fuerzas de Seguridad deben estar abocadas a controlar que quien transite por la calle no sean personas que deben estar aisladas. Sólo aquellos ciudadanos que no pueden aislarse en sus viviendas, porque tienen un solo cuarto, por ejemplo, deben estar en centros de aislamientos, pero en estos centros debe haber condiciones dignas”.

Por su parte, Sergio Arce señaló que “fue muy importante el acompañamiento a los vecinos de la ciudad de Clorinda, ciudad bloqueada de la cual la gente no puede entrar ni salir. Se escucharon testimonios conmovedores que hacen principalmente a situaciones que tuvieron que vivir, violaciones de derechos humanos, exceso policial. Por eso seguimos ampliando las denuncias contra Gildo Insfrán, contra las funcionarios responsables, con las presentaciones correspondientes en la Justicia Federal y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Arce insistió en que la visita de los diputados nacionales “abre una esperanza de que a la brevedad se pueda volver a la normalidad en Clorinda. Que pueda ser desbloqueada para poder acceder a un derecho constitucional como es el de la libertad de circular en todo el territorio”.

Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, explicó que “escuchamos testimonios que nos parecen increíbles a esta altura de la vida, nos remiten a cuestiones que ocurrían en los años 70 en Argentina, es increíble el estado policial que hay”.

“Nos hemos encontrado con gente que ha padecido el sufrimiento todos estos meses de estos centros que tienen un régimen más carcelario que sanitario, donde prácticamente no hay médicos, tienen que pedir por whatsapp permiso para ir al baño, les toman la fiebre a través de las rejas”, amplió Salvador.

También criticó al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, “quien lo único que hizo Formosa fue venir a convalidar todo esto que es lamentable”.

Ricardo Buryaile contó que los tres diputados de JxC que viajaron a Formosa  también pudieron tomar contacto el miércoles en la capital provincial con abogados que patrocinan las denuncias y con ciudadanos que sufrieron graves violaciones a sus derechos. “La conclusión general que queda es que estas personas estuvieron aisladas en los centros, pero no tenían contacto con médicos, sólo con policías. Esto equiparaba la situación a una detención más que a un aislamiento sanitario”, resumió Buryaile.

Al referirse a la situación de Clorinda, Salvador dijo que “es una realidad increíble, totalmente aislada, el vecino no tiene acceso a la salud, no puede ir a Formosa por algo básico como un reuma o por algo complejo como un cáncer, y la verdad que la gente acá está con mucha bronca porque no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la economía local, y tampoco a la justicia porque está coartada”.

También remarcó que con lo documentado realizarán acciones, más allá de las tomadas hasta ahora en el Congreso de la Nación, y consideró que “lo más importante es que se visibilice”.

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron este miércoles un proyecto para que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, concurra al Congreso para explicar la situación que padecen los internados con Covid en los centros de aislamiento en Formosa, dadas las graves denuncias sobre las condiciones inhumanas  a las que los someten.

Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos e impulsor de la iniciativa, sostuvo que “desde el comienzo de la cuarentena venimos denunciando el incremento de situaciones de vulneración a los derechos de los argentinos”.

“Nuevamente Formosa es protagonista de medidas aberrantes que perjudican a vecinos, enviando a personas que deben cumplir con su aislamiento por el Covid-19 a lugares inhumanos”, afirmó.

En la iniciativa se destacan diferentes hechos de violaciones a los derechos humanos por parte del gobernador Gildo Insfrán desde el inicio de la pandemia.

“El Gobierno Nacional miró hacia otro lado y no dio ninguna respuesta ante las reiteradas denuncias que realizamos”, lamentó Salvador, y agregó: “El Gobierno nacional de Alberto Fernández se debe hacer cargo ante tan aberrantes medidas llevadas a cabo por el gobernador”.

Acompañaron con sus firmas los diputados de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Claudia Najul, Karina Banfi, Omar De Marchi, Graciela Ocaña, José Luis Patiño, Dina Rezinovsky, Mónica Frade, Álvaro De Lamadrid, Gabriela Lena, Luis Petri, Diego Mestre, Mario Arce, Gustavo Menna, Federico Zamarbide, Roxana Reyes, Fabio Quetglas y Estela Regidor, entre otros.

El pedido de citación a Pietragalla se suma a otro proyecto de la Coalición Cívica para intervenir los poderes Ejecutivo y Judicial de Formosa por 180 días con el fin de convocar a elecciones y “normalizar” la provincia.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, anunció este miércoles que presentó un proyecto de declaración para repudiar los dichos del expresidente Eduardo Duhalde, quien habló sobre la posibilidad de un golpe de Estado.

Al comenzar la reunión, en la que se debatió sobre un proyecto de ley para la reparación de los legajos de los trabajadores detenidos-desaparecidos del sector privado, el diputado radical Sebastián Salvador trajo el tema al sostener que esas declaraciones “nos parecen lamentables, desafortunadas y fuera de lugar”.

“No sabemos si tiene información, de dónde las saca o por qué las dice”, señaló el bonaerense y ratificó que desde el bloque de la UCR “siempre” estarán “del lado de la democracia”.

Yasky dijo entonces que se presentó “un proyecto de declaración para que haya un repudio del Congreso de la Nación a estas expresiones”.

“Quienes provenimos de la lucha por la defensa de los derechos humanos, del movimiento sindical, sabemos lo que significa la dictadura militar y el terrorismo de Estado”, manifestó el legislador del Frente de Todos.

Asimismo, el dirigente sindical destacó que “hemos logrado ser el único país del mundo que logró enjuiciar a sus genocidas” y donde “la memoria, verdad y justicia tiene el carácter de una de política de Estado”.

“El único país en que cada año, al recordarse la fecha del golpe de Estado (24 de marzo), millones de argentinos se movilizan en todas las provincias y en la Capital Federal, y esto hay que atesorarlo”, añadió.

En declaraciones a Radio 10, Duhalde expresó que “cuando el deterioro social llega a un límite de anarquía, ¿saben a qué tiene olor la anarquía? A sangre”. “Si nos seguimos peleando vamos hacia un proceso anárquico en la Argentina, yo lo viví en el ’76”, disparó el exmandatario, que luego en otra entrevista habló de que el próximo año no va a haber elecciones.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, se comprometió a convocar al secretario del área, Horacio Pietragalla, a pedido de representantes de Juntos por el Cambio, que en la reunión de este jueves denunciaron “abusos por parte de las fuerzas de seguridad en varias provincias”.

El vicepresidente de la comisión, Sebastián Salvador (UCR), remarcó que “el Estado debe garantizar siempre los Derechos Humanos, pero en estos tiempos de excepcionalidad que estamos viviendo suelen aumentar las arbitrariedades, la discrecionalidad y la violencia en diversos sectores”.

“Durante la pandemia hemos visto episodios donde la actuación de la Policía en algunas provincias nos preocupa mucho. Lo hemos visto en el caso de Luis Espinosa en Tucumán, de Franco Maranguello en Villa Mercedes o en el caso de Magalí Morales, también en San Luis. Estas son algunas de las situaciones que requieren de la concurrencia del secretario de Derechos Humanos a esta comisión”, subrayó Salvador.

Luis Espinoza era un trabajador rural de 31 años que fue detenido en el marco de la cuarentena y estuvo en condición de desaparecido durante seis días, tras lo cual fue hallado muerto en la provincia de Catamarca. La autopsia arrojó que la víctima fue baleada por la espalda y organismos de DDHH apuntan a la responsabilidad de la Policía tucumana.

En tanto, Magalí Morales era una mujer de 39 años que fue detenida por violar la cuarentena y apareció muerta con un cordón atado a su cuello, a principios de abril, en su celda de la Comisaría 25° de Santa Rosa del Conlara.  Según denuncia su familia -en una hipótesis que se reforzó con la ampliación de la autopsia-, Morales fue asesinada por efectivos policiales.

En el caso de Franco Maranguello, un joven de 16 años detenido por “comportamiento sospechoso”, apareció ahorcado en una celda de la Comisaria de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) de la ciudad puntana de Villa Mercedes.

“En San Luis desde el comienzo de la cuarentena se implementó una política de establecer salidas en cuarentena según el número de DNI. Todo lo mal que hizo Magalí Morales en Santa Rosa del Polara fue salir el día equivocado, y por eso la arrestaron y muere en circunstancias sospechosas. En el segundo caso, Franco Maranguello también fue detenido por no portar el DNI. Esas son las infracciones que cometieron, y que llevaron a que murieran en las comisarías”, advirtió el puntano Alejandro Cacace (UCR).

A su turno, Brenda Austin, detalló otros hechos registrados en la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Gendarmería Nacional; en La Matanza con la Policía Bonaerense; y en provincias como Chubut, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Misiones y Santiago del Estero.

“Un conjunto de denuncias que vienen realizando los organismos de Derechos Humanos y que merecen toda la atención de esta comisión, por la situación de anormalidad que vivimos en torno a las violaciones de Derechos Humanos en la pandemia y el rol de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de estas medidas”, señaló Austin, también de la UCR.

Las diputadas Karina Banfi y Carla Carrizo reforzaron el reclamo, y finalmente Yasky aclaró que Pietragalla tiene voluntad de asistir a la comisión en la fecha que se establezca, para responder preguntas y aclarar dudas.

El diputado nacional radical Sebastián Salvador presentó un proyecto para modificar la ley de Régimen de Monotributo actual, con el objetivo de suspender el índice vigente de facturación y establecer nuevos montos.

“El proyecto propone modificar la Ley 26.565 para que numerosos contribuyentes, los más pequeños de la economía, puedan desprenderse de una enorme presión impositiva, en un momento en el que son los más perjudicados por la crisis sanitaria vigente”, afirmó Salvador.

Explicó que “se establecerían nuevas escalas aplicables para los períodos 2019 y 2020, para que aquellos contribuyentes que se vieron expulsados del régimen de monotributo por efecto de la inflación, puedan reingresar o permanecer en el mismo”.

Salvador señaló que “la modificación del artículo 20 de la Ley 26.565, fijaría que el cómputo de los ingresos brutos sea efectuado por mes calendario, de este modo iría en sintonía con el hecho Imponible del tributo que es mensual”.

Además, “se elevan los montos de las categorías de monotributo permitiendo que, hasta una facturación mensual de $ 169.235 y $ 253.853, para servicios y ventas respectivamente, puedan permanecer en el régimen, sin ser expulsados”.

“Los contribuyentes excluidos del régimen en los períodos 2019 y 2020 que estén tributando en el régimen general, podrán reingresar al régimen de monotributo siempre que su facturación esté comprendida en la nueva tabla de ingresos propuestos”, indicó el legislador por Buenos Aires .

“También se busca suspender la tabla de facturación de la AFIP para los períodos 2019 y 2020, sin afectar las contribuciones de obra social, previsión social e impuesto integrado, y que las causales de exclusión del régimen sea considerando la facturación de los últimos 12 meses calendario”, concluyó Salvador.

Acompañan esta iniciativa los diputados del interbloque Juntos por el Cambio Mario Arce, Estela Regidor, Gabriela Lena, Carlos Fernández, Sofía Brambilla, Álvaro De Lamadrid, Hernán Berisso, Gonzalo del Cerro, Claudia Najul, Julio Sahad, Gerardo Cipolini, Federico Zamarbide, Hector Stefani, Luis Pastori, Alberto Assef, Aida Ayala, David Schereth, Ingrid Jetter, Lorena Matzen, Dina Rezinovsky, Ximena García y Juan Martín.