Dos diputadas de JxC cuestionaron la difusión de panfletos sobre “lawfare” desde el Gobierno

Desde la Secretaría de Derechos Humanos difundieron un volante titulado “lawfare, la democracia en riesgo”, en defensa de la vicepresidenta. JxC acusó que se financió con fondos estatales. La respuesta de Rossi.

La presidenta del bloque de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, y la diputada nacional Karina Banfi (UCR- Buenos Aires) le preguntaron a Agustin Rossi sobre una publicación que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con la leyenda “lawfare, una democracia en riesgo”. Ambas legisladoras acusaron al Gobierno de hacer política con fondos del Estado.

En primera instancia, Stolbizer criticó: “No saben gobernar ni gestionar y se entretienen con un panfleto publicitario sobre la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre una proscripción que no es proscripción”. Además, afirmó que “las pruebas sobre la corrupción de CFK han sido ratificada por varios magistrados”.

Del mismo modo, agregó: “No vengo a defender a la Justicia, pero la falta de confianza tiene que ver cuando no se investiga”. “Es un panfleto incorrecto, ilícito y falto de responsabilidad del manejo de los fondos públicos”, indicó.

De igual manera, la diputada radical Banfi catalogó al panfleto como“un apunte de militancia”, y le pidió al Instituto Patria que se ocupe de investigar sobre los 23 muertos durante el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio durante la pandemia de coronavirus.

Banfi pidió al Instituto Patria que investigue sobre 23 muertes durante el ASPO.

Rossi respondió que “el lawfare es un mecanismo que tiene patas claras establecidas porque primero se estigmatiza a una persona y después se la condena”. Además, agregó: “El poder Judicial en Argentina funciona mal desde que lo maneja el partido judicial que persigue a unos y protege a otros en complicidad de los medios de comunicación”.

Finalmente, recordó los chats filtrados entre el asesor de la Corte, Silvio Robles, y el exministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro “para arreglar fallos”. “Nadie dio disculpas o explicación, están protegidos”, señaló y cerró: “A partir del pedido de juicio político nos enteramos mas cosas como lo de la obra social”.

Austin salió al cruce del Inadi y la Secretaría de DDHH por campañas que desarrollan

“El Inadi y la Secretaría de DDHH promueven denuncias sobre un derecho que el Estado debe garantizar”, advirtió la diputada radical por el llamado a denunciar a colegios.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR Córdoba) reclamó este viernes por la campaña que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y la Secretaría Derechos Humanos de la Nación que promueve la denuncia en torno al desarrollo de las clases presenciales y lamentó que ambos organismos no tengan “el mismo empeño” para recibir los pedidos de los miles de niños, niñas y adolescentes que perdieron contacto con la escuela o para atender los repetidos hechos de violencia institucional que se registraron en el país durante la pandemia.

“Me preocupa que el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos abran líneas para denunciar a aquellos que garantizan el derecho a la educación, un derecho que el Estado debe garantizar”, señaló Austin en el plenario de comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja.

En este sentido, remarcó que se trata de “dos organismos clave para garantizar el respeto de los derechos humanos en la Argentina, especialmente durante la pandemia” y agregó: “Que justamente abran un canal para recibir denuncias contra aquellos que están garantizando el derecho a la educación, algo definido recientemente por la Corte y que es un derecho humano fundamental para el desarrollo integral de las personas, es tremendamente grave”.

La diputada insistió en que la Secretaría de Derechos Humanos “debería, en realidad, estar poniendo todo el esfuerzo para que las situaciones de violencia institucional que se repiten en la Argentina sean parte del pasado y del compromiso real del Nunca Más” en lugar de promover este tipo de campañas de denuncia.

 “Me hubiera gustado encontrar tanto al Inadi como a la Secretaría de Derechos Humanos abriendo las puertas para poder escuchar, por ejemplo, las historias de los chicos y chicas de Chubut que estuvieron más de tres años sin clases. Si eso no es la negación de un derecho tan básico como el derecho a la educación... ¿Qué es?”, señaló Austin.

Y completó: “Me hubiera gustado también que tuvieran el mismo compromiso y empeño para poder recibir las denuncias que estaban llevando adelante padres, madres, adolescentes, niños y niñas que no tenían acceso a la conectividad en medio de la pandemia y atender la situación del millón y medio de alumnos/as que dejaron la escuela. Cumplir su rol también era eso”.