Luego de escuchar la exposición del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, referentes del sector del campo expresaron su acompañamiento al proyecto de agrobioindustria, pero cuestionario que es “chiquito” y reclaman que se trate una ley agrícola Argentina que sea más abarcativa.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en noviembre pasado, apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

El primero en hablar en representación de ese sector fue Raúl Carlos Dente, director ejecutivo Federación Acopiadores de Granos de la República Argentina, quien sostuvo: “Este proyecto lo vemos como un incentivo fiscal a la inversión, no es para nosotros un proyecto que implique una ley agrícola, que implique consideraciones de otro tipo. Es un proyecto que se ciñe estrictamente a analizar incentivos fiscales a la inversión”.

“Tiene la importancia que redefine al sector agroindustrial como un sector competitivo externo, cosa que es muy buena al hacer referencia a la cadena o a la agroalimentación en general”, ponderó Dente, pero cuestionó que “hay que distinguirlo porque consideramos que esta es la primera etapa de la consideración del tema, pero debería haber una ley agrícola Argentina es decir al estilo de Estados Unidos que establece reglas del mediano plazo para el funcionamiento de la agroindustria, la ganadería”.

Y siguió: “Eso es mucho más abarcativo, esto es un aspecto chiquito del otro tema que debería ser considerado por ley porque es una responsabilidad del Congreso porque en esa especie de ley agrícola hay que establecer derechos de políticas de exportación, inserción de la Argentina en el mundo, su política comercial externa. Todos aquellos aspectos que hacen al diseño de una política comercial interna sostenida en el mediano plazo y aprobado por legisladores que al mismo tiempo sirva como base de estrategia de desarrollo económico argentino”.

“Si no se discuten esos temas en un plano legislativo como adición a este proyecto, no va a tener el efecto que esperamos porque le faltan todas las otras circunstancias que hacen a la certidumbre dentro del cual se tiene que manejar el sector agroindustrial”, remarcó el director ejecutivo Federación Acopiadores de Granos

Además, ratificó que “se debería empezar a tratar una ley graciola donde se establezcan las reglas del juego, se defina la política comercial argentina como estrategia y base de desarrollo económico sostenible del país. El tema retenciones, bienes salarios, precios internacionales debería ser parte de una ley que realmente pueda dar contenido y previsibilidad a todos los actos y a estas inversiones que se pretende incentivar con los mecanismos fiscales”.

Retomando el proyecto, Dente consideró “interesante” porque por primera vez se hable de “incentivos, amortizaciones aceleradas, utilización de crédito fiscal de IVA”, aunque remarcó que “hay que desburocratizarlo un poco, tiene muchos elementos de pedidos de autorización. Hay un poco de discrecionalidad que deberían ser analizados para ver si se pueden subsanar”.

En su intervención, el presidente de la Cámara de Feedlot, Fernando Storni, coincidió con su predecesor y agregó que “cualquier proyecto de reglamentación o normativa que tienda a fomentar el desarrollo y el agregado de valor, es sumamente importante por esa brecha que existe a nuestra producción agrícola a pesar de todo el agregado de valor que tienen los granos”.

“Apoyamos en líneas generales el proyecto. Hay oportunidades de mejoras en algunas cosas que tiene que ver con la ampliación y sistemas burocráticos de algunos artículos”, opinó y señaló que “uno de los temas tiene mucho que ver con el agregado de valor, el IVA y la disponibilidad de saldos técnicos, los que tienen que ver con le párrafo 1 porque nuestra actividad no solo consume granos como tales sino muchos subproductos que tiene una alícuota del 21% cuando vendemos animales con una alícuota del 10%. Esto genera saldos de IVA a favor que no pueden ser utilizados, y creemos que debe ser considerado”.

Sergio Raffaeli, vicepresidente primero de CLERA-Legumbres, consideró que el proyecto “es una oportunidad muy importante. Adherimos al impacto de la Ley de Fomento en sus cuatro estados que es inclusiva, federal, exportadora. El mejoramiento productivo con la incorporación de bienes de capital nos dará maquinaria con mayor tecnología”.

“Tenemos que ir a un plan de desarrollo genético que es lo que no hemos tenido en los últimos años”, reclamó y agregó: “Si miramos a nuestra competencia, Brasil ha desarrollado una política de desarrollo genético donde producen alrededor de mil kilos por hectáreas más que nosotros. Tienen desarrollos permanentes, cuando nosotros tenemos algunas pocas. Eso es fundamental a futuro si queremos tener un desarrollo en nuestro sector que nos permita tomar el desafío de lo que significa no solo el grano sino todo el desarrollo”.

Y finalizó: “Es muy importante todo el desarrollo que la ley nos permita para tener una previsión sobre los recupero de la inversión. Podemos incrementar en un 30% la actividad laboral en cada provincia”.

A su turno, Pablo Molo, presidente FeCIER (Federación del Citrus Entre Ríos) brindó un resumen de su industria y expresó de forma breve: “Estamos de acuerdo con la ley”.

Cerró la lista de invitados la secretaria de Barbechando, Ángeles Naveyra, quien manifestó: “La ley tiene que ayudar a contribuir al bien común del país para que sea una ley que queramos votar todos. No tiene que tener ambigüedades y tiene que tener bien identificado el impacto del proyecto. La implementación operativa debe ser viable porque sino no nos sirve. Debe tener un enfoque propositivo en lugar de que sea punitivo”.

Respecto a las mejoras, señaló que la iniciativa establece que “primero el productor debe hacer la inversión para luego quedar sujeto a la aprobación de los beneficios. Ahí hay un riesgo. Hay burocracia en algunos puntos asociado a la creación de registros, deberían ser más ágil. Los cupos fiscales que existen llevan al punto primero”.

“La amortización acelerada es un beneficio excelente, pero tratemos de reducir los años; la valuación de la hacienda; saldo técnico de IVA; certificado de crédito fiscal, eliminar obligación de registro”, pidió Naveyra.

Por último, resumió: “Hay que federalizar el proyecto discutiendo los impuestos no coparticipables que empobrecen a las provincias. Que sea inclusivo porque el 80% de los productores son mini PyMes. Simplificar y generar un nuevo registro. Que sea sustentable a largo plazo y que sea exportador”.

Al respecto, los presidentes de las comisiones de Agricultura y de Industria, Ricardo Buryaile y Marcelo Casaretto, respectivamente, solicitaron que envíen por escrito cuáles serían las modificaciones a realizar en el texto enviado por el Ejecutivo para arribar a consensos para tener la ley.