Autoridades, especialistas y representantes del sector pesquero regional participaron de la jornada “Herramientas para impulsar la transparencia de la pesca”, organizada por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), Sin Azul No Hay Verde y la Fisheries Transparency Initiative (FiTI), con el acompañamiento de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK) y su Centro de Integridad Corporativa.

El encuentro, realizado en el Club Alemán de Buenos Aires, reunió a funcionarios nacionales y regionales, cámaras empresarias, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, para debatir cómo fortalecer la gobernanza y la sostenibilidad del sector pesquero a través del acceso a la información y la transparencia.

Durante la jornada, remarcaron que, en Argentina, el sector pesquero es una fuente importante de divisas, más del 90% del producto pesquero se exporta y representa aproximadamente 2000 millones de dólares al año, generando de forma directa más de 25.000 empleos.

En su disertación, Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, advirtió que Argentina es hoy “el único país de América del Sur que no cuenta con un registro público y en línea de embarcaciones y permisos pesqueros, una herramienta clave para la trazabilidad y la gestión sostenible del recurso”.

“En nuestro país, la información sobre la flota y los permisos no está disponible en línea. Los datos están dispersos en resoluciones o dependen de pedidos formales de acceso a la información. Paradójicamente, hoy son las ONG, los organismos internacionales o el propio sector privado los que publican esa información que el Estado debería liderar”, señaló Bilbao.

La directora del CPA destacó que abrir y sistematizar esos datos sería una oportunidad institucional: “Publicar registros oficiales no es un riesgo, es una oportunidad. Fortalece la autoridad del Estado como fuente técnica y confiable, ordena la información y contribuye a una gestión pesquera más moderna y transparente”.

Consuelo Bilbao, directora de política del Círculo de Políticas Ambientales.

Por su parte, José Vélez Tacuri, secretario nacional de FiTI Ecuador y representante del Viceministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador, compartió la experiencia de su país en la implementación de políticas de apertura y acceso a la información pesquera.

“En Ecuador, la transparencia representó un desafío inicial que abordamos con rigor técnico y diálogo multiactor. Hoy se ha transformado en una oportunidad que nos ha permitido consolidar mercados, fortalecer la confianza con la comunidad internacional y atraer inversiones destinadas a mejorar la gobernanza y la sostenibilidad del sector pesquero”, explicó Vélez Tacuri.

A su vez Nicolás Rovegno, gerente regional de la Fisheries Transparency Initiative (FiTI), subrayó que la transparencia “es una condición esencial” para la sostenibilidad y la legitimidad del sector pesquero. “La transparencia no debe verse como una carga administrativa, sino como una inversión en gobernanza. Publicar información sobre la flota, los permisos y las decisiones del sector pesquero genera confianza, mejora la trazabilidad y posiciona mejor a los países frente a los mercados internacionales y a la cooperación global”, destacó.

Participaron además Darío Sócrates de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos; María Soledad Schulze – Observatorio del Sistema Pesquero Argentino; Mariana Regueira Corti – Directora del Centro de Integridad Corporativa de la Cámara de Industria y Comercio Argentino – Alemana-; Néstor Roche – Unión Argentina de Pescadores Artesanales y Milko Schvartsman, Coordinador de Proyectos de Océanos y Pesca del CPA.

¿Qué pasó con el proyecto de trazabilidad en el Congreso?

El proyecto sobre trazabilidad de la pesca es muy demandado por todos los sectores, bastante transversal en cuanto a quienes abogan por su aprobación, pero una y otra vez el tema queda en el camino. Ya ha obtenido dictamen y ha perdido estado parlamentario.

Hablamos del proyecto de trazabilidad de la pesca, que tuvo dictamen en Diputados el 16 de noviembre de 2022, pero no llegó al recinto y perdió estado parlamentario a fines de ese año. Razón por la cual, y ante el consenso que tiene el tema, fue reflotado el 13 de junio de 2023 para que se le volviera a dar dictamen en el seno de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios a una iniciativa que unificaba entonces proyectos impulsados por el peronista Carlos Selva y la radical Ximena García, ambos ya exdiputados.

Pero si bien se especuló con la incorporación del tema en las sesiones posteriores, eso no sucedió, por lo que en el mes de octubre de ese año se pidió durante una sesión un apartamiento del reglamento para sumarlo al temario de esa jornada. Terminaron aprobándolo con las ¾ partes de los diputados presentes, pero al finalizar la sesión había sido el único tema que se quedó sin tratar: se cayó el quórum justo cuando trataban de abordarlo.

El año pasado los intentos de dictaminar fueron vanos en ambas cámaras y el pasado 21 de mayo un plenario de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo sustentable, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado fracasó por falta de quórum en su intento por tratar el tema. En lo que va de este 2025, solo se retomó el tema en mayo en la Comisión de Ambiente del Senado, pero el debate se suspendió y habían pautado iniciar nuevas rondas de conversaciones para arribar a un nuevo dictamen, algo que jamás sucedió.

Por ese motivo, la Oficina de Presupuesto del Congreso no pudo estimar el impacto fiscal de los estímulos a productores y comercializadores de productos de pesca y acuicultura como tampoco el ingreso por presuntas multas a aplicar en el futuro que compensarían ese gasto por falta de información precisa.

El senador nacional Maximiliano Abad (UCR) reclamó la eliminación de los derechos de exportación que hoy pesan sobre el sector pesquero argentino. “Necesitamos un Estado que acompañe a las actividades productivas y que deje de ponerle trabas al trabajo y al desarrollo. No más retenciones en la pesca”, expresó.

Durante una recorrida por un establecimiento industrial pesquero en Mar del Plata, el radical manifestó su preocupación al observar líneas de producción detenidas, con maquinaria de última generación completamente embalada, sin uso. “Equipamiento que podría estar generando empleo, agregando valor y aumentando el ingreso de divisas, permanece parado por la falta de competitividad que impone el actual esquema impositivo y por la baja de la demanda internacional”, señaló.

El bonaerense subrayó que la industria pesquera constituye el octavo complejo exportador del país y genera miles de empleos directos e indirectos en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. “Es un sector estratégico, que necesita previsibilidad y reglas que fomenten la inversión y la producción”, afirmó.

La eliminación de las retenciones, según el legislador, es una medida clave para reactivar el sector, ya que "haría más competitivo al langostino salvaje argentino frente al camarón de cultivo de otros países, con menores costos de producción. Fomentaría nuevas inversiones en infraestructura, flota y plantas industriales. Estimularía la generación de empleo estable. E impulsaría el ingreso de divisas y el desarrollo de las economías regionales con puerto pesquero".

“Este viernes se resolvió el conflicto que había paralizado la actividad del langostino por varios meses, lo que trae alivio a muchas familias. Pero no alcanza con destrabar coyunturas. Es hora de dar señales claras y duraderas. El sector pesquero necesita crecer, exportar y generar trabajo. Y, para eso, eliminar las retenciones es un paso imprescindible”, concluyó Abad.

La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), recibió a referentes de cámaras empresariales y PyMES del sector pesquero y naval quienes expusieron sobre la situación de crisis que atraviesan, por lo que pidieron un “diálogo sincero” entre las partes para arribar a un acuerdo.

El primer expositor, Eduardo Boiero de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA) sostuvo que la situación de la industria “es igual a la que atraviesa el resto de las industrias del país”. “El Gobierno nacional está tratando de controlar la inflación, tipo de cambio, pero para la industria pesquera esta foto es complicada y nos vemos en la situación de reordenar la micro nosotros, con nuestros proveedores y trabajadores. Eso venimos intentando desde hace un tiempo, poner sobre la mesa los números de las pesquerías. No solo pesquería de langostinos está con problemas, sino varias otras y tiene que ver con el reordenamiento de la micro”, manifestó.

“Esto trae situaciones incómodas y de conflicto, pero no vemos otra salida, no tenemos una solución mágica para los problemas y, simplemente, sentarnos en una mesa todos y reorganizar lo que no funciona. Es lo que estamos haciendo de manera informal. No hemos hecho una presentación formal de procedimientos preventivos de crisis. Hemos presentado los números de manera informal a algunos gremios en marzo y, ahora, llevamos los números al Ministerio de Trabajo expusimos los números y la situación y cuál es la salida, pero estamos a la espera de un diálogo constructivo con los sectores de la pesquería”, planteó.

Por su parte, Agustín de la Fuente, de (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CONARPESA y CAPIP) expresó: “No son situaciones para nada cómodas. Generamos para el país más de 2 mil millones de dólares, tenemos un impacto de más de 60 mil puestos de trabajo y de forma indirecta son mucho más y siempre tratamos de encontrar el estándar para ser declarados de economía regional, pero el derrotero de situaciones diarias que vivimos en cada localidad con puerto, tiene más significancia las economías regionales y podemos hablar de un montón de cuestiones que tiene que ver con el sector pesquero nuestro”.

“Nosotros no somos formadores de precios internacionales, nuestra materia es meramente exportadora, culturalmente nuestro consumo interno es mínimo. La solución no viene por el mercado interno, porque culturalmente somos generadores de divisas y tenemos una matriz meramente exportadora”, señaló.

De La Fuente sostuvo: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las matrices exportadores como el tipo de cambio. ¿Cómo hacemos competitivos los puertos? ¿Cómo son las tasas en cada municipio? pero la cadena productiva la componemos entre todos trabajadores, empresas, capital instalado. Hoy vamos en una situación que, si no nos ordenamos internamente, vamos a padecer un montón de situaciones que están hoy con otras matrices productivas”.

“Cabe aclarar que nosotros todavía tenemos toda nuestra capacidad instalada trabajando sin haber despedido un solo trabajador. Pero me parece que da pie para que discutamos cuestiones de adecuación, a que las condiciones no las ponemos nosotros. En un montón de cuestiones estamos operativamente fuera de la foto de costos y necesitamos actualizar condiciones que están antiguas a jornadas”, exigió.

Así, afirmó: “Sabemos que esta es una reunión informativa, no venimos a pedir nada porque también surge de la situación de que un montón de discusiones tributarias, cuestiones de derechos de exportación que paga el sector pesquero creo que con la Ley Bases ya dimos la discusión”.

“Pero hoy me parece que necesitamos ordenar esos convenios colectivos o esos acuerdos que hemos tenido hace muchos años para poder seguir trabajando. Obviamente de nuestra parte, de todas las cámaras hacemos hincapié en que el único camino es el diálogo, que el único camino es la sinceridad, que nosotros podemos tener sobre una matriz productiva impacta en nuestras familias, que vemos muchos trabajadores en nuestras plantas, en nuestros barcos, en cada servicio que generan nuestras provincias y cada puerto que tiene el litoral marítimo”, aseguró.

Así, el representante de CAPIP advirtió: “Si nosotros no informamos un estado de crisis que está al borde de un conflicto, porque la verdad que los conflictos se van a empezar a atender cuando estemos en la calle , cuando todos nos quejemos o cuando nosotros reflejemos todos los días que tenemos más de 113 barcos amarrados en los puertos porque no podemos dialogar con la otra parte, entonces este lugar es donde nos venimos a manifestar, dónde venimos a pedir a todo el Parlamento que el único camino es el diálogo para poder seguir trabajando y creo que manifestar eso todos los días es lo que nos va a llevar a ponernos de acuerdo para lograr eso”.

“Somos una matriz productiva mucho más importante que un montón de economías regionales sin quitarle importancia a ninguna, pero creo que desde desconocimiento que hay a nosotros también menos cabe explicar qué significa nuestro sector productivo. Las pesquerías la están pasando mal, todas estas empresas están fundidas, están haciendo un esfuerzo enorme para estar en pie y para que cambien las condiciones, pero me parece que si no ponemos un poco en agenda ésta urgencia vamos a ver muchos conflictos en la calle”, alertó.

“El único camino para lograr acuerdos y seguir trabajando va a ser el diálogo y ser sinceros para que los números sean claros. Los números son fríos, son situaciones incómodas, pero va a ser la única situación para seguir trabajando”.

A su turno, de Continental Armadores de Pesca S.A (Conarpesa), Darío Baroli, afirmó: “Nos interesa que sepan la magnitud que tenemos del problema en la flota langostinera que es un tema de precio”, y explicó: “Cuando se estableció el Convenio Colectivo de Trabajo con la gente de la marinería y la maestranza el precio del langostino era de $12,000 la tonelada promedio de venta en el año 2005 en la actualidad ese mismo langostino hoy vale $5500, o sea que el precio ha decrecido de manera significativa”.

“Nosotros no somos formadores de precio, viene dado de afuera. Entonces lo que buscamos nosotros, de alguna manera con los gremios, con quienes nos hemos reunido estos últimos días, es poder adecuar el precio de venta al precio de las liquidaciones que nosotros estamos pagando hoy”, explayó.

Baroli indicó que “el costo actual es superior al precio de venta, el valor de las tripulaciones en su totalidad llega a ser el 60% del total del precio de venta, cosa que antiguamente era alrededor del 35%. Esa es la situación que nosotros estuvimos viendo con los gremios y no hemos podido ponernos de acuerdo tan siquiera no hemos podido ni discutirlo”.

“Entonces lo que velamos, de alguna manera, es tratar de ver los números que nosotros proponemos, los números reales que tenemos, y poder discutirlos para tratar de tener algún tipo de acuerdo”, propuso y sumó: “Sabemos efectivamente que para los gremios modificar el Convenio Colectivo es sumamente difícil. Yo creo que a nadie nos gusta ganar menos, pero la realidad es que, en esta circunstancia, en esta situación actual se hace muy difícil que los barcos salgan a pescar durante este año”.

“Los buques congeladores tangoneros, que son alrededor de 106 más o menos, hacen alrededor de 100,000 toneladas por año. Este año tan siquiera ni salieron a pescar todavía”.

El referente de Conarpesa pidió “poder discutir todo esto, que los gremios no se escuchen, que vean los números reales para comprobar que es cierto. Esto es una situación circunstancial creemos nosotros, una crisis circunstancial y la situación se atiende con medidas circunstanciales”, y contó que “la gente está parada hace 7 meses prácticamente y si perdemos esta campaña de langostino que son los próximos cuatro meses, vamos a tener otros siete meses parados. Esto quiere decir que prácticamente en 18 meses la gente no va a trabajar”.

“Ese es el principal problema que tenemos después tenemos otros costos que son sumamente importantes también dentro del total que es los estamos trabajando con cada uno de los sectores Los costos portuarios, estiba, proveedores y varias cuestiones más, pero lo principal de todo esto para empezar destrabar la situación es la apertura de una discusión seria y cierta sobre los números que nosotros exponemos”, concluyó.

El presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata, Sebastián Agliano, subrayó que “la situación es bastante caótica, nos estamos fundiendo trabajando; no vemos un horizonte promisorio. Los insumos están dolarizados y no vemos ningún beneficio ni bajas en las importaciones, la realidad es esa. Tienen que venir a mojarse las botas para que vean la realidad”.

“Hoy quedamos 13 empresas chicas. Quizás una empresa grande se banca un paro, nosotros no. Nosotros nos fundimos directamente. No tenemos el acceso. Nuestra estructura financiera se desfinancia”, lamentó y comentó que “el 51% del costo es el combustible que lo paga también la gente que trabaja, pese a los gobiernos que pasaron”.

Agliano reflexionó: “Tarde o temprano, si seguimos de esta forma vamos a terminar todos en la calle, con un montón de quebrantos y con los barcos atados”. Además, describió que “la peor situación que le puede pasar a un pescador dueño de una pyme es naufragar en su propio barco”, y antes de concluir, sentenció: “Siento que la pesca en Argentina es mala palabra, fuimos castigados durante toda esta época desde los primeros embates de la Ley Bases, siento que somos la oveja negra de la industria argentina”.

Representando la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) y de la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), Mariano González, puso en foco en que “a pesar de la caída de los distintos precios de los productos a nivel internacional, el sector empresario ha mantenido los acuerdos salariales que se han firmado en los últimos años respecto a la inflación y a la caída del tipo de cambio”.

“Como sector, llegamos al día de hoy con situaciones claras, donde la pesca está teniendo un problema grave de rentabilidad y eso impacta directamente en la capacidad de competitividad que tienen nuestros productos; con nuestra estructura de costo no podemos seguir trabajando de esta manera”, describió González.

Diego Brandán, subsecretario de Pesca de la provincia de Chubut, consideró que “esta problemática no va a salir adelante si no hay diálogo y consenso entre las partes”. También expuso Mariano Vilar, del Sindicato de Conductores Navales, quien declaró que “estamos de acuerdo de que el problema es de costo, del aumento del derecho único de extracción y del precio del combustible”.

El secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Raúl Durdos, recalcó que “la actividad pesquera en argentina representa un sector que genera muchas divisas para el país y también muchos puestos de trabajo”. En otro aspecto, sostuvo que “la actividad del trabajador marítimo es una de las más riesgosas y difíciles del mundo; este es un país que legisla de espaldas al mar y no podemos ser la variable del ajuste”. “Queremos trabajar en una ley de fomento de la industria pesquera para corregir todo en conjunto”, concluyó.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Mariana Zuvic (CC-ARI), advirtieron sobre el riesgo de los trabajadores del sector pesquero frente al coronavirus, y exigieron al Poder Ejecutivo medidas para garantizar la salud de las tripulaciones en medio de la pandemia.

"En las últimas semanas ocurrieron acontecimientos preocupantes relacionados a la sanidad y seguridad de los tripulantes de los buques pesqueros Mishima Maru 8 y Xin Shi Ji N° 89, amarrados en los puertos de Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado", señalaron a través de un comunicado.

En el pedido de informes presentado por los legisladores, se solicita información acerca de esos buques y los protocolos previstos para garantizar la salud de las tripulaciones frente al Covid-19 al Poder Ejecutivo Nacional y a los ministerios de Seguridad; de Salud; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Trabajo y Previsión Social; y de Transporte de la Nación.

Los diputados recordaron dos casos recientes de tripulantes de buques pesqueros afectados por Covid-19 que "alertaron sobre los protocolos de sanidad y seguridad para la actividad y la intervención de los diferentes responsables ante las urgencias de los tripulantes a bordo de los buques pesqueros".

"Uno de ellos fue el fallecimiento del oficial de máquinas Walter Manuel Quiquinte el miércoles 5 de mayo de 2021, que representa el primer caso de deceso a bordo de la flota pesquera nacional, causado por Covid-19. De acuerdo a diversos informes periodísticos, se reportaron irregularidades a bordo del Xin Shi Ji N°89 en lo que respecta al fallecimiento del tripulante y la aparición de sus síntomas", relataron.

En los fundamentos de la iniciativa se mencionó que "el cuerpo de Quiquinte fue desembarcado en el Puerto de Punta Quilla, provincia de Santa Cruz, mientras que la embarcación se dirigió hacia Puerto Deseado, donde actualmente se encuentra amarrada. La tripulación fue alojada en tierra con el objeto de practicarles los exámenes, estudios y tratamientos necesarios para la recuperación de los casos positivos de Covid-19 y evitar nuevos contagios”.

"Existen imprecisiones respecto a la fecha de fallecimiento de Quiquinte denunciadas por sus familiares, así como también señalan una completa falta de atención médica a bordo y negligencia en la aplicación de protocolo ante casos sospechosos de Covid-19", resaltaron los legisladores.

Y continuaron: "Este caso reviste aspectos que deben investigarse de manera urgente por las graves irregularidades, como ser que el capitán de la embarcación haya desestimado los pedidos de la tripulación de atención sanitaria para tratar los casos de urgencia, y que la empresa armadora en ningún momento se haya comunicado para informar el incidente, ni brindado ningún tipo de apoyo a la familia del tripulante, ni siquiera dos semanas más tarde".

"La empresa armadora del Xin Shi Ji N°89, Fenix International S.A., de capitales chinos, ha sido denunciada, a su vez, por operar regularmente, embarcando capitán y otros oficiales de nacionalidad china, violatorio de la Ley N°24.922 Régimen Federal de Pesca", apuntaron.

Además, denunciaron que "la empresa china encubriría la maniobra embarcando a su vez capitán, oficiales y patrón de pesca de nacionalidad argentina, que lo hacen a modo de formalidad, pero sin autoridad alguna en el buque, esto asimismo es sospechado de ser encubierto por parte de algunos sindicatos argentinos, los que deberían velar por el cumplimiento de las leyes, y más que nada por la vida de los tripulantes argentinos. La empresa china está a su vez relacionada a las empresas pesqueras que operan al borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina, también llamada Milla 201".

"Es necesario que la Justicia investigue a fondo"

Por otra parte, en el proyecto de resolución, Zuvic y sus pares se refierieron al caso del pasado 13 de mayo en el cual "el capitán del buque pesquero Mishima Maru N°8, Rubén Meloni, que se encontraba en actividad de pesca, solicitó a la Administración Portuaria del Puerto Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, autorización para amarrar en puerto por cuestiones humanitarias, ya que parte de su tripulación se encontraba con síntomas de Covid-19, y algunos de ellos requerían asistencia médica urgente. De acuerdo a los reportes de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, la autoridad portuaria habría denegado el amarre a puerto de la embarcación, siguiendo indicaciones del intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia".

"Frente a esta situación, el capitán del buque decidió igualmente avanzar con el amarre en puerto, lo que habría sido sancionado por la Prefectura Naval Argentina labrando actas de infracción al capitán y el armador. El incidente producido en relación al amarre del Mishima Maru N°8 derivó en una protesta sindical que amenaza con paralizar la actividad pesquera nacional. El barco pesquero contaba con 22 tripulantes contagiados de Covid-19, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de Chubut", agregaron.

Por último, los diputados de JxC consideraron que "los graves hechos sucedidos y las irregularidades ocurridas en el embarque y operación de buques de la flota pesquera nacional, tornan urgente investigar las causas de tales incidentes y reforzar los controles sobre la correcta aplicación de todas las normativas relativas a las actividades pesqueras para evitar los contagios Covid-19, atendiendo a las situaciones que requieran asistencia médica y logística urgente con la mayor celeridad a modo de prevenir complicaciones en la salud de todos los trabajadores de la actividad pesquera”.