La Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social resolvió a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, rechazando que diputados de la oposición fueran incluidos como “terceros voluntarios” en la causa por la doble pensión de la vicepresidenta.

Aquella presentación fue realizada por Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Alejandro Cacace, Luis Petri, María Dolores Martínez, Graciela Ocaña y Alberto Asseff, patrocinados por el abogado Federico Despoulis Netri, en la sala 3 de la Justicia Federal de la Seguridad Social.

La Cámara decidió rechazar el pedido de intervención de los diputados de la oposición alegando que “no les asiste razón a los recurrentes, no se advierte en la causa la existencia de un interés jurídico que justifique la pretendida intervención, sin que sea suficiente, la alegación de su carácter de legisladores nacionales en representación del pueblo o los jubilados”.

Los citados legisladores emitieron un comunicado en el que cuestionaron la medida argumentando lo siguiente: “Pareciera que para la Cámara y la ANSeS no es razón ni interés suficiente que la jubilación mínima en nuestro país es de $25.922, y la vicepresidenta perciba $2.000.000 por mes, más un retroactivo de $100.000.000”.

“Tampoco es ‘suficiente’ demostración del desinterés por defender los intereses de los jubilados de la titular del ANSeS el hecho de que existen 90.000 juicios pendientes de pago y miles sin sentencia. En nuestro país los jubilados se mueren esperando lo que les pertenece. Mientras que la ANSeS y la injusticia le garantiza a Cristina su platita”, concluyeron los diputados de Juntos por el Cambio.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad con 55 votos a favor este jueves dos acuerdos de seguridad social rubricados durante la administración de Mauricio Macri con Israel y con Corea del Sur.
En un corto debate en el que no hubo ningún contrapunto, solo expusieron el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) y el senador mendocino Julio Cobos (Juntos por el Cambio).

Al respecto, el flamante presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Rodríguez Saá, manifestó que “este convenio atiende a una importante necesidad de los residentes argentinos y coreanos en el territorio de la contraparte y avanza en la mejora de nuestras relaciones internacionales”.

Con respecto al acuerdo a Israel, Rodríguez Saá destacó que “aquellas personas que son contempladas por este convenio tendrán los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos en la parte en que desarrollo su actividad”.

“Este convenio significa un avance en los fluidos enlaces que tiene los dos Estados y además permitirá regular la relación de ambos países sen el campo de la seguridad social”.

A su turno, Cobos sostuvo que “este tipo de convenio permite que los aportes que haya hecho un trabajador en un país, sea en Argentina, Israel o Corea, sirvan para su historia de la seguridad social, y así también evitar la doble imposición”.

Uno de los puntos que aclaró el senador radical es que según el convenio, “cuando los aportes son por un tiempo corto, temporario, el trabajador puede optar por hacerlos en el país de orígen”.

Por otra parte, Cobos celebró que “el Frente de Todos haya puesto en el temario estos dos temas que son de la gestión anterior porque eso da una continuidad en el trabajo de la administración”.

En la reunión de comisión, minutos antes de ser anunciado como ministro de Defensa, Jorge Taiania, quien era el presidente de esa sala, manifestó: “Estos convenios le da la posibilidad a quienes han comenzado su vida laboral en Corea o que han migrado a Israel, de utilizar sus años de aporte para las prestaciones jubilatorias”.

Convenio con Israel es ley

El acuerdo con Israel fue firmado en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de septiembre de 2017, casi 4 años atrás.

El convenio será aplicable en la Argentina a los beneficios contributivos de la seguridad social derivadas de las contingencias de vejez, invalidez o sobrevivencia, administrados por organismos nacionales, regímenes provinciales para empleados públicos o profesionales universitarios independientes y regímenes municipales, y a las asignaciones por maternidad.

Las personas alcanzadas por el convenio tendrán, en lo que refiere a la aplicación de las disposiciones legales, los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos de la parte en la que desarrollen su actividad y sus familiares o derechohabientes.

Los beneficios no serán sujetos a reducción, modificación, suspensión o supresión a causa de que dicha persona resida o permanezca en el territorio de la otra parte, y se abonarán de acuerdo con la legislación de cada parte.

El convenio establece las disposiciones generales, especiales y excepciones para determinar la legislación aplicable. Las autoridades competentes de ambas partes estarán facultadas para acordar el procedimiento de implementación del convenio a través de un acuerdo administrativo, como así también para designar organismos de enlace que faciliten y aceleren la implementación.

La comunicación de datos personales deberá estar sujeta a la legislación relativa a la protección de la privacidad y datos personales del país que los transfiere.

La institución competente podrá efectuar el pago de cualquier beneficio de conformidad con el convenio en la moneda de curso legal y de acuerdo con su propia legislación.

Convenio con Corea del Sur pasó a Diputados

El acuerdo de seguridad social con la República de Corea fue rubricado el 27 de noviembre de 2018.
El convenio se aplicará en Argentina a las prestaciones contributivas de seguridad social, especialmente aquellas derivadas de las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia, que son administradas por organismos nacionales, organismos provinciales de empleados públicos o profesionales, organismos municipales y compañías de seguro de retiro.

Tendrá aplicación para las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de cualquiera de los dos países, y para los familiares y sobrevivientes de dichas personas. Las personas alcanzadas por el convenio tienen los derechos y obligaciones previstos en la legislación de los Estados parte, en las mismas condiciones que los nacionales de esos países.

El convenio establece las disposiciones generales y las disposiciones sobre los trabajadores trasladados temporalmente asalariados o independientes, trabajadores marítimos, aeronavegantes o de misiones diplomáticas, oficinas consulares y funcionarios públicos y otras excepciones.

Las autoridades competentes de ambos países deberán concluir y eventualmente modificar el o los acuerdos administrativos que establezcan las medidas necesarias para la implementación del convenio y designar los respectivos organismos de enlace.

Las autoridades e instituciones competentes de ambas partes, dentro del alcance de sus respectivas competencias, deberán brindar toda asistencia necesaria para la implementación del convenio. Esta asistencia será gratuita, salvo las excepciones que puedan ser convenidas.

Cualquier información recibida por la autoridad o institución competente de una parte quedará sometida a la legislación de esa parte sobre protección de la privacidad y confidencialidad de los datos personales.