Los senadores bonaerenses Marcelo Leguizamón Brown y Marcelo Daletto presentaron un proyecto de Ley para establecer las bases de un Plan de Gobernanza en Seguridad de carácter voluntario al que podrán adherirse los Municipios de la provincia de Buenos Aires.

“Con esta normativa buscamos que los Intendentes tengan el control de la Gobernanza en Seguridad sobre su territorio -ya que son quienes mejor conocen la realidad local-, con la participación y acompañamiento de las fuerzas provinciales de seguridad y el Poder Judicial, que deberán participar de la confección del plan, y las autoridades federales que también estarán invitadas a formar parte”, sostuvo el senador de Cambio Federal Daletto.

“Este proyecto es una buena herramienta para empezar a abordar las diferentes problemáticas que afectan la seguridad de la ciudadanía poniendo en el centro de la gestión de esta problemática el Plan de Gobernanza en Seguridad otorgando un rol fundamental a los titulares del Poder Ejecutivo Municipal”, agregó el legislador del PRO Leguizamón.

Y coincidieron en que para “ser más eficientes en el territorio y la gobernanza en seguridad permitirá otorgar herramientas de coordinación e información a los municipios para abordar integralmente la problemática de la seguridad, sin quitar a los otros niveles de Estado ni poderes sus responsabilidades propias en esta área”.

Y finalizaron: “buscamos que el intendente, que es el funcionario de cercanía con la sociedad, pueda ser parte de la solución, pero esta responsabilidad solamente puede ser exitosa si le damos la autoridad a través del Plan de Gobernanza en Seguridad”.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó una nueva reunión de la Mesa de Política Criminal del distrito en el Salón Mariano Moreno. El objetivo del encuentro fue repasar las medidas de prevención impulsadas por el Estado local, junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso.

También participaron la secretaria de Unidad Intendente, Estefanía Franco; de Seguridad local, Damián Cardoso; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo González; el titular del Juzgado Federal en lo Crimimal y Correccional N° 2 de Morón, Jorge Rodríguez; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón, Matías Rapazzo; miembro de la Cámara Criminal de Apelaciones, Fabián Cardoso; el titular de la Fiscalía 9 Especializada en Drogas, Ezequiel Novillo; y la defensora oficial del Departamento Judicial de Morón, Claudia Bonanata.

Durante el encuentro, Ghi expresó su satisfacción por la baja en los índices delictivos registrados en el primer cuatrimestre del año y afirmó: “Por el compromiso sostenido en pos de mejorar la seguridad, fruto de una decisión política del Municipio, acompañada por el gobernador, la Justicia y el Departamento Judicial de Morón, hemos logrado revertir una tendencia angustiante y acuciante”.

“Se empiezan a ver resultados emergentes del trabajo mancomunado, como la reducción de los delitos que más trauma le generan a nuestra comunidad”, agregó. Y sostuvo que “profundizar este camino es la principal demanda de nuestra comunidad, y la mejor forma de hacernos cargo es con recursos y con equipo”. Luego concluyó: “El recorte del primer cuatrimestre nos demuestra que este es el camino que tenemos que seguir para mejorar la vida y la tranquilidad de nuestro pueblo”.

En el mismo acto, el intendente hizo entrega al ministro de Seguridad de un proyecto que será elevado a la Legislatura bonaerense. La propuesta busca modificar el Código Procesal Penal de la Provincia para que los delitos cometidos con motocicletas dejen de ser excarcelables y así evitar lo que comúnmente se llama “puerta giratoria”.

 

“El objetivo es evitar que los robos realizados con motos sean excarcelables, y que el juez interviniente tenga herramientas a mano para tomar decisiones acordes”, explicó Ghi.

 

Cabe destacar, que el proyecto fue elaborado por la Secretaría de Seguridad del municipio en continuo intercambio con el Departamento Judicial de Morón y perfeccionado por la Asociación de Magistrados del distrito.

 

En otro tramo de su intervención, criticó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional: “En momentos en que se necesita más presencia del Estado, el Gobierno nacional ha decidido correrse del escenario y desfinanciar algunas políticas. Por el contrario, el Municipio y el Gobierno provincial han redoblado esfuerzos. Agradecemos al gobernador la transferencia de $1.500 millones del Fondo de Seguridad, que ya estamos utilizando para compras y contrataciones que nos permiten seguir profesionalizando las respuestas ante el delito”.

A su turno, el ministro Javier Alonso agradeció la iniciativa legislativa del municipio y afirmó: “Se suma a los proyectos que estamos elaborando, por ejemplo, uno similar que limita la excarcelación a quienes utilizan armas de fuego para cometer delitos. Estamos haciendo un esfuerzo importante junto con la Justicia, porque estas situaciones perpetúan un sentimiento de impunidad en la comunidad”.

El funcionario provincial también señaló que “la mayoría de los detenidos por este tipo de delitos ya fueron imputados en ocasiones anteriores”.

Finalmente, destacó que durante el primer cuatrimestre de 2025 “los homicidios bajaron un 10,2%, el robo automotor un 22%, y también tuvimos una baja en los asaltos a mano armada y robos cometidos con motos. Todo esto en un contexto en el que el Gobierno nacional nos quitó $750.000 millones que ya habían sido aprobados por el Congreso para combatir la inseguridad”.

El Municipio de Morón, junto a efectivos policiales y el Departamento Judicial local, continúa desarrollando un trabajo sostenido para fortalecer la seguridad en los barrios, con operativos estratégicos que permitieron importantes resultados en los últimos días. Los mismos, dejaron como saldo varias detenciones, secuestro de drogas, armas, vehículos y autopartes ilegales.

En el marco de distintos procedimientos, se logró la detención de un individuo en El Palomar que portaba una réplica de arma de fuego, tras un llamado al 911 que motivó una rápida intervención policial. En otra acción destacada, se aprehendió a una persona prófuga de la Justicia, por un delito de robo de modalidad “entradera” en Morón. Junto a la detención se produjo el secuestro de un arma y una moto con pedido activo de captura.

También, se llevaron adelante allanamientos simultáneos en el marco de una causa por robo agravado, donde se detuvo a varias personas y se secuestraron vehículos con pedido de secuestro, drogas fraccionadas para su venta, dinero, celulares y un arma de fuego.

En Castelar norte, se desplegaron operativos cerrojo con controles vehiculares en puntos estratégicos. Como resultado, se secuestraron 12 motos (dos con pedido de secuestro), se detuvo a varias personas por tenencia de estupefacientes y otras infracciones. Además, dieron positivos, en controles de alcoholemia, conductores testeados en los procedimientos realizados.

Por otro lado, en una inspección realizada por personal policial en un depósito de Morón, se incautaron más de 190 autopartes ilegales, entre ellas: puertas, capots, tapas de baúl, tubos de GNC y ruedas, que eran comercializadas sin la documentación correspondiente.

Finalmente, se llevó adelante un allanamiento exitoso en el Barrio Belgrano (en la calle Coronel Arena al 1300, Morón sur), donde se desarticuló un punto de venta de drogas que operaba bajo la fachada de un comercio. La investigación se inició tras una denuncia al 911 y avanzó con tareas de seguimiento, vigilancia y recolección de pruebas.

Durante el procedimiento, se logró el secuestro de cocaína fraccionada lista para la venta, marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo, una pistola calibre 45 y otros elementos asociados a la comercialización, además de la detención de una persona y la imputación de otra.

Estos procedimientos se enmarcan en una estrategia integral de seguridad impulsada por el intendente Lucas Ghi, basada en la articulación entre el Estado municipal, la Justicia, las fuerzas de seguridad y el acompañamiento de la comunidad. La prevención, la denuncia ciudadana y el despliegue territorial son pilares clave en la lucha contra el delito y la construcción de un Morón más seguro.

El Municipio de Morón continúa con la política de control vehicular en las calles del distrito. Es por eso que esta semana continuaron los mega operativos coordinados por la Secretaría de Seguridad , a cargo de Damián Cardoso, que contó con la participación de las distintas fuerzas policiales.

Los controles estuvieron destinados a identificar vehículos con pedidos de captura, detectar a posibles sospechosos de realizar delitos en motos y proteger a usuarios y choferes del transporte público. Con esta medida, se reactivaron una gran cantidad de postas policiales.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, aumenta las políticas que tienen por objetivo garantizar la seguridad de los habitantes del Partido con acciones rápidas y coordinadas para proteger a la comunidad.

 

 

Ante los hechos transcurridos días atrás en inmediaciones del Congreso Nacional, el diputado nacional Gabriel Chumpitaz (Pro) presentó un proyecto de ley que propone el derecho de admisión en manifestaciones en carácter de ley de excepción y considera establecer una medida táctica al estilo “Tribuna Segura” con la finalidad de “disuadir la llegada de delincuentes que solo buscan desestabilizar y generar conmoción social”.

La iniciativa tiene como objetivo establecer un régimen especial de control e identificación para la participación en manifestaciones públicas, con el objeto de prevenir la comisión del delito de sedición, garantizar el orden público y preservar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica.

Además, propone la creación de un mecanismo de control de identificación y antecedentes penales en el acceso a las manifestaciones públicas de gran concurrencia, el cual será aplicado por las fuerzas de seguridad nacionales y jurisdiccionales mediante anillos de control, vallados estratégicos y segmentación por cuadrículas de avance. Por ello, establece que toda persona que desee participar en una manifestación pública deberá someterse a controles de identificación por parte de las fuerzas de seguridad, debiendo acreditar su identidad mediante Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte en caso de ser extranjero.

“Queda expresamente prohibido el uso de capuchas, máscaras, prendas que dificulten la identificación facial y la portación de objetos que puedan ser utilizados con fines violentos, tales como palos, piedras, explosivos caseros o cualquier otro elemento ofensivo”, plantea.

“Es evidente que hay un negocio de tercerización de la violencia que pretende esconderse en la falsa defensa de los más vulnerables como en este caso los jubilados”, manifestó Chumpitaz y sumó: “Hay que tomar medidas concretas cuando peligra el derecho a la vida de los manifestantes, la prensa, la ciudadanía, y de las fuerzas de seguridad”.

El rosarino afirmó: “Tanto la Constitución Nacional en su artículo 22, como el Código Penal en sus artículos 229 y 230, prevén que toda reunión de personas que se atribuye los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición”.

Chumpitaz, quien es especialista en seguridad, propone acciones tácticas como anillos de control operativo, vallados estratégicos e identificación según cuadriculas de avance.

Además, el diputado subrayó que “no se trata de restringir el derecho a la protesta, sino de garantizar que no sea utilizada como excusa para la violencia y la anarquía. Debemos asegurar que quienes se manifiestan pacíficamente no sean utilizados por grupos con fines desestabilizadores”.

Proyecto Protesta Segura Chumpitaz

El Poder Ejecutivo de Morón organizó un encuentro con representante del Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial. El objetivo fue confluir en un espacio común para fortalecer la lucha contra el accionar delictivo en el distrito, como la venta de drogas o los robos.

La reunión tuvo como eje central la interconexión entre los distintos poderes y fuerzas para coordinar soluciones efectivas y garantizar un accionar rápido frente a las distintas problemáticas delictuales. Se avanzó en un plan de acción para mejorar los niveles de prevención y seguridad en la comuna.

Por el Ejecutivo local encabezaron la reunión el intendente de Morón, Lucas Ghi; la secretaria de la Unidad Intendente, Estefanía Franco; y el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.

Del encuentro participaron, por la Provincia de Buenos Aires: el viceministro de Seguridad, Andrés Escudero, y el director del Ministerio de Seguridad, Joaquín López Accotto.

Por el Poder Judicial formaron parte del encuentro: el juez federal, Jorge Rodríguez; los fiscales federales Sebastián Basso y Santiago Marquevich; la fiscal general, Karina Iuozzolino; el fiscal general adjunto, Alejandro Varela; la Fiscalía de Drogas, a cargo de Matías Rapazzo; el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Frega; y la Cámara Criminal de Apelaciones, comandada por Fabián Cardoso.

Después de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le reclamara a la Ciudad de Buenos Aires por la demora en la construcción de la cárcel de Marcos Paz, la vicejefa de Gobierno porteño y presidenta de la Legislatura local, Clara Muzzio, salió a responderle y a cuestionar el alojamiento de presos federales en alcaldías del distrito capitalino.

Todo comenzó cuando la funcionaria nacional cruzó al expresidente de la Nación Mauricio Macri y advirtió que las fugas de presos son responsabilidad de la Ciudad. “El país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo”, afirmó.

“Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve. Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes”, sentenció Bullrich.

Atenta a esta situación, Muzzio explicó que “la Policía de la Ciudad tiene la responsabilidad de combatir el delito para cuidar a tres millones de porteños y a otros tres millones de argentinos que ingresan diariamente a la ciudad” y reconoció que “gracias a ese accionar, aumentó considerablemente la cantidad de delincuentes detenidos”.

“Es sabido que no se ha traspasado la Justicia a la ciudad, reclamo que sigue vigente y que hace a la autonomía porteña. Hasta que no haya transferencia de competencias, los presos deben estar en cárceles federales”, completó la vicejefa de Gobierno.

Tras el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el traslado de presos en la Ciudad a cárceles federales, se desató una nueva tensión en el Pro, que volvió a exhibir las diferencias que existen dentro del espacio.

En apoyo a su primo, el expresidente Mauricio Macri opinó sobre la controversia. Horas después, Bullrich salió a contestarle, sumando así un nuevo capítulo a la fuerte interna que mantienen ambos por el posicionamiento del Pro respecto a La Libertad Avanza.

"Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles", escribió el líder del Pro.

Antes que Bullrich, salió a responderle el diputado Damián Arabia, del riñón de la ministra y quien defiende cada medida o postura oficialista nacional. "Mauricio: los presos de la Ciudad siguen en el mismo lugar que entre 2015 y 2019, en las mismas dependencias que la Ciudad dispuso, porque en 17 años no se construyó ni una sola cárcel. Soy porteño, pero las fuerzas federales están para cuidar a todos los argentinos", le contestó al expresidente.

Desde la otra vereda, la diputada María Eugenia Vidal, elegida por Macri primo como jefa de campaña para las elecciones porteñas, expresó que "los únicos perjudicados por las chicanas y ataques de Patricia Bullrich son los porteños que tienen en las comisarías de su barrio a delincuentes peligrosos que deberían estar en cárceles federales".

"La verdad es esta: el 90% de los presos de la Ciudad tienen que estar en el servicio penitenciario federal. Esos presos cometieron delitos federales, como narcotráfico. Tienen que estar en cárceles federales, no en comisarías, porque no hubo traspaso de competencias penitenciarias con recursos. Hay 2.500 policías que en vez de estar en la calle cuidando a los porteños, están en las comisarías custodiando a presos federales. Ellos se formaron para atrapar delincuentes, no para hacer de guardiacárceles", abundó la legisladora.

Finalmente, Vidal le reclamó a Bullrich que "ponga el bien común por sobre el interés partidario y le resuelvan este problema a los vecinos de la Ciudad".

Sin menciones personales, pero en referencia a los cortocircuitos, la diputada Silvia Lospennato señaló que "en el @proargentina estamos acostumbrados a defender la Ciudad de los gobiernos nacionales, en 20 años de kirchnerismo sufrimos de todo y siempre salimos adelante". "Pensé que ahora era juntos contra el kirchnerismo, no entre nosotros. Qué ingenua y qué triste", lamentó.

En tanto, este jueves llegó la respuesta, también vía red social X, de la ministra Bullrich. "Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo", lanzó.

Y, muy crítica, agregó: "Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2.000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve. Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes".

Después de que el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, asistiera a la Legislatura porteña para dar información acerca de las fugas de presos, la vicepresidenta tercera de esa Casa y jefa del bloque Confianza Pública (CP), Graciela Ocaña, analizó la delicada situación que atraviesa el distrito.

En ese sentido, la legisladora explicó que “la Ciudad se ha vuelto insegura” y recordó que “hay tres mil policías cuidando presos en lugar de estar en la calle”.

Al mismo tiempo que apuntó que “el problema de la cantidad de detenidos en comisarías generó la insólita disputa política entre Woff y Patricia Bullrich. Los vecinos son rehenes de esta pelea entre el Pro y La Libertad Avanza (LLA)”.

“Wolff es el ministro y debe resolver el problema en lugar de venir a chicanear legisladores. También es una incógnita ¿por qué la policía de la ciudad va a cambiar el color de los uniformes? Llama la atención su proceso de licitación que tiene condiciones intrincadas y poco tiempo para la entrega de los uniformes. Me ha tocado desmantelar varias mafias y este tipo de condiciones suele tener que ver con el direccionamiento de las licitaciones”, completó Ocaña.

Tras haber sido citado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dar explicaciones por la fuga de presos, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, reprogramó su interpelación en dicha Casa debido a otro escape de presos, esta vez en una comisaría de Balvanera.

El funcionario debía presentarse este martes a las 14 ante la Comisión de Seguridad del Parlamento local; sin embargo, debido a la contingencia de las últimas horas, el encuentro fue pospuesto para el 26 de febrero en el mismo horario.

En la misiva que se remitió a los miembros de la mencionada comisión explicó que "en virtud de los sucesos de conocimiento público ocurridos en la Comisaría 3A de Balvanera, hechos que requieren la intervención del ministro de Seguridad, se ha decidido reprogramar la reunión informativa de Diputados, prevista para hoy".

La medida generó el rechazo de los legisladores de la oposición, entre ellos la de la peronista Claudia Neira (UP), quien salió al cruce en las redes sociales. "No, Waldo Wolff. A menos que estés pensando en renunciar, tenés que venir a la Legislatura hoy. Si es por la fuga de hoy no vas a poder venir ningún día, porque ser escapan todo el tiempo", comenzó diciendo.

"A las 14 hs te vamos a estar esperando. Decinos un nuevo horario, puede ser a la noche. Si no, vamos a reunir firma por firma, voto por voto, para interpelarte en el recinto. Saludos", sentenció.

 

A raíz de un escrito impulsado por la Fundación Apolo -a cargo del legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro-, la jueza María Rita Acosta, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, quien resolvió citar al director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal, y al secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros.

El Habeas Corpus impulsado por la mencionada fundación tiene como objetivo que el Estado Nacional adopte medidas urgentes para hacerse cargo de los detenidos por causas de jurisdicción nacional y federal que actualmente se encuentran alojados en comisarías, alcaidías y otros espacios no aptos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada hoy por Jorge Macri.

En la cédula, la magistrada resolvió citar a una audiencia a Santoro, José Magioncalda e Ignacio Falcón, en representación de Apolo; a Martina Gómez Romero, a cargo de la Defensoría Oficial N° 9; al fiscal designado; al letrado apoderado del Servicio Penitenciario Federal, Raúl Emanuel Carballo; al director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal; al secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ezequiel Daglio; al jefe de la División Enlace con el Poder Judicial y Servicios Penitenciarios de la Superintendencia de Seguridad Comunal de la Jefatura de la Policía de la Ciudad y al director de la Dirección Autónoma de Alcaidías de la Policía de la Ciudad.

En el escrito original presentado por Apolo, los peticionantes argumentan que la omisión del Estado Nacional que hoy comanda Javier Milei en garantizar cupos en establecimientos federales derivó en una “delegación tácita e impropia de responsabilidades entre distintos niveles estatales”, lo que agrava el problema de sobrepoblación carcelaria en la Ciudad. “Al 31 de diciembre de 2024, el 93,3% de las personas detenidas en dependencias de la Ciudad se encontraban privadas de su libertad por causas en la Justicia Nacional o Federal”, sostiene el escrito.

Por otra parte, el informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, acompañado como prueba en la presentación judicial, revela que al cierre de 2024 había 2.141 personas alojadas en centros de detención no penitenciarios en la Ciudad. “Las comisarías y alcaidías porteñas no solo operan con una sobrepoblación del 35%, sino que también carecen de espacios adecuados para la atención de la salud, la alimentación y la visita de familiares, lo que representa una violación sistemática de derechos fundamentales”, subraya la presentación.

En relación a este tema, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, asistirá el próximo martes a la Legislatura; donde asistirá a la Comisión de Seguridad.

Después de la última fuga de presos de una alcaldía de Caballito, el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, se presentará este martes a las 14 ante la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, a fin de ser interpelado acerca de la delicada situación que atraviesa el distrito capitalino en esa materia.

El funcionario asistirá al Parlamento tras el escape de seis detenidos que huyeron en un taxi de la Alcaidía Comunal 6 de Caballito, en un hecho que se sumó a la decena de fugas ocurridas en comisarías y alcaidías de la Ciudad durante el primer año del Gobierno de Jorge Macri.

Uno de los espacios que solicitó la interpelación de Wolff fue Unión por la Patria (UP), desde el cual plantearon que “nuestro bloque quiere que Wolff venga a la Legislatura, no a contar lo que ya sabemos, como dijo en varios medios periodísticos, sino a explicar cuál es el plan que tiene la Ciudad para que dé una vez por todas dejen de fugarse los detenidos”.

Cabe recordar que la Ciudad afronta una situación crítica que ya es inocultable, con un 62% de sobrepoblación en los espacios de alojamiento de detenidos y más de dos mil presos distribuidos en comisarías y alcaidías de distintos barrios, lo cual demanda respuestas eficientes y soluciones definitivas por parte de quienes deben garantizar la seguridad de los porteños.

El diputado José Luis Espert parece haber encontrado inspiración en fray Tomás de Torquemada, aquel célebre inquisidor del siglo XV que convirtió la persecución y el castigo ejemplar en un espectáculo de terror. Siguiendo su estela, aunque con un giro más “contemporáneo”, Espert propone “llenar de agujeros a balazos” a los delincuentes y “colgarlos en la plaza pública”, como si la solución a la inseguridad fuera una regresión a los métodos de ajusticiamiento medieval.

¿Será que, del mismo modo en que promueven la entrega del fútbol nacional a inversores extranjeros, ahora buscan revivir los espectáculos públicos masivos, reemplazando los penales en la cancha por ejecuciones en la plaza? Vaya uno a saber qué pensamientos cruzan por una mente tan… audaz.

Lo cierto es que, más allá del efectismo de su retórica, el diputado parece olvidar algunos “detalles” fundamentales:

1. Argentina abolió la pena de muerte y ha ratificado tratados internacionales que la prohíben, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, art. 4) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6).
2. Vivimos en un Estado de derecho, donde el uso de la violencia está regulado por la ley y el debido proceso, no por arengas de barricada ni por nostalgias inquisitoriales.

La evidencia empírica moderna confirma que penas más crueles no reducen el delito, sino que alimenta la violencia institucional y socava las instituciones democráticas. Países con índices de criminalidad mucho más bajos que los de Argentina han optado por enfoques basados en la prevención, la inversión en educación y empleo, una justicia ágil y fuerzas de seguridad profesionales.

En un contexto de creciente inseguridad y pobreza, es comprensible que la ciudadanía exija respuestas. Pero si realmente queremos reducir el delito, la solución difícilmente pase por reinstalar patíbulos en las plazas o apelar a la nostalgia por tiempos más oscuros. Quizás sea hora de abandonar la tentación del espectáculo punitivo y apostar por estrategias serias, aunque menos taquilleras. Después de todo, el objetivo debería ser mejorar la seguridad, no el rating.

Finalmente, eximo al diputado Espert de responderme. Prefiero que dedique su tiempo a una tarea más urgente: lograr que la comisión de Presupuesto que él preside presente, de una vez por todas, el proyecto del presente ejercicio. La ley de leyes es más urgente para el bienestar de todos los argentinos, no solo de los argentinos bien (¿?).

La inseguridad es una preocupación constante para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios de la provincia que la rodean. Sin embargo, las políticas preventivas implementadas en ambas jurisdicciones presentan diferencias notables que impactan directamente en la vida cotidiana de sus residentes.

En CABA, la gestión de la seguridad ha sido una prioridad en los últimos años. Según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad, se ha observado una tendencia a la baja en ciertos delitos, aunque persisten desafíos en áreas específicas. Por ejemplo, mientras que la tasa de homicidios se ha mantenido relativamente estable, otros delitos como robos y hurtos continúan siendo motivo de preocupación.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, la situación es más compleja. Según informes de la Procuración bonaerense, en 2022 se registraron 750 víctimas de homicidio en 716 hechos distintos, lo que representa una tasa de 4,27 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que contrasta con las surgidas del Mapa del Delito de 2023, elaborados por el Ministerio de Seguridad porteño, donde en la ciudad, la tasa de homicidios se mantuvo en su nivel más bajo desde 1995, con una tasa de 2,89 por cada 100.000 habitantes.

Las diferencias en las políticas de seguridad entre ambas jurisdicciones son evidentes. Mientras que CABA ha implementado estrategias preventivas y de control más efectivas, la provincia enfrenta desafíos significativos en la aplicación de medidas similares. Esta disparidad se refleja en las declaraciones de sus gobernantes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha sido crítico respecto a la gestión de la seguridad en la provincia. En una entrevista, afirmó: "La provincia de Buenos Aires no tiene la decisión de enfrentar el delito. No veo un gobernador preocupado por esto. Este no es un tema que esté en la agenda del gobernador Kicillof, no es un tema del que él hable, hay mucha orfandad y un avance de bandas, de organizaciones, y de narcotráfico".

En respuesta, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, defendió la gestión provincial y cuestionó las críticas provenientes de la Ciudad sin seriedad. Refiriéndose a las declaraciones de Jorge Macri, Alonso señaló: "Parecen un manotazo de ahogado de un Gobierno que no puede hacer pie en la gestión, que no le encuentra el agujero al mate".

Estas diferencias en las políticas y enfoques de seguridad tienen un impacto directo en la percepción y realidad que viven los vecinos de ambas jurisdicciones. Mientras que en CABA se percibe una mayor presencia policial y estrategias dinámicas de prevención del delito, en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, los residentes expresan preocupación por la falta de medidas efectivas y la creciente sensación de inseguridad que se traduce en muertes y lesiones graves, más allá de los daños a la propiedad.

La disparidad en las políticas de seguridad entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia homónima subraya la necesidad de una coordinación más estrecha y de estrategias integrales que aborden las raíces de la criminalidad en toda la región metropolitana. Solo a través de un enfoque colaborativo y comprometido se podrá garantizar la seguridad y el bienestar de todos los habitantes, sin importar de qué lado de la General Paz se encuentren.

 

Jorge Giorno fue diputado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en dos oportunidades y presidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Actualmente, preside el Partido de las Ciudades en Acción

Tras haber designado a Damián Cardoso como nuevo secretario de Seguridad, el Municipio de Morón anunció la incorporación de seis nuevos vehículos para integrar la flota de móviles destinados al patrullaje de la comuna. El jefe comunal, Lucas Ghi, afirmó que “es una jornada muy importante para la comunidad de Morón”.

También, sostuvo que “seguimos reforzando la presencia preventiva en todos los barrios de nuestro distrito, a partir de un trabajo que llevó adelante el secretario de Seguridad, las autoridades policiales locales y el subsecretario del Ministerio de Seguridad, Andrés Escudero”.

“Intentamos fortalecer a través de la logística y el recurso humano la presencia tanto de efectivos de la policía como el personal municipal con una clara motivación disuasiva, preventiva. Se van a ver nuevos vehículos transitando las calles de nuestra ciudad y esto lo seguiremos complementando con más recursos en materia de video vigilancia: más cámaras, más alarmas, articulación también con las fuerzas nacionales con una mesa de trabajo que tenemos con el Ministerio de Seguridad de la Nación y el departamento judicial de Morón”, explicó Ghi.

De ese modo, añadió que “la seguridad no es un tema más, es la prioridad en Morón, es la prioridad para este intendente y en eso vamos a seguir invirtiendo porque sabemos que es la principal expectativa y demanda legitima de nuestro pueblo”.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Morón, Damián Cardoso, destacó: “El Intendente nos ha dado recursos para optimizar, para tratar de recuperar nuevos móviles con mayor personalidad y de esta manera vamos a poder reforzar el trabajo que está haciendo la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

“Esto no es un hecho aislado que va a ocurrir o un anuncio esporádico, sino que esto va a ser continuo. El Intendente nos explicó y me dio orden que una de sus prioridades en el Municipio es garantizar el patrimonio, la seguridad y la vida de los moronenses. Así que en eso nos encontramos abocados día a día”, cerró.

En su informe ante los senadores brindado este miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que “en los primeros seis meses del año, los homicidios se redujeron un 10% en todo el país”.

Al respecto, citó que “en la ciudad de Rosario el Plan Bandera, liderado por la ministra Patricia Bullrich con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro derivó en una baja superior al 60% de los homicidios en Rosario”.

“En 2024 los argentinos recuperaron su derecho a circular libremente, arrebatado durante años por organizaciones piqueteras extorsivas, que lucraban con la pobreza y se creían los dueños de la calle”, resaltó también.

Asimismo puso en valor que “también anunciamos un protocolo anti bloqueos sindicales, para proteger a los establecimientos productivos de maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos de cualquier tipo que busquen impedir su funcionamiento o amenacen el ingreso o salida de personas”.

Kicillof creó en sus dos gobiernos la mayor fábrica de delincuencia en la historia argentina, convirtiendo a una parte del conurbano en un territorio peligroso, donde sus vecinos son víctimas y no pueden salir a la calle sin arriesgar sus vidas.

Esos delincuentes peligrosos viven pegados a nuestra ciudad y están apenas separados por una avenida o el riachuelo, como dice

Waldo Wolff en su post.

Por eso, la Ciudad de Buenos Aires tiene que protegerse con un fuerte sistema policial defensivo, técnicamente casi infranqueable, que trata de mantener al territorio protegido de esas amenazas.

Aunque siga habiendo delitos lamentables en CABA, son pocos comparados con el peligro cercano al que nos enfrentamos. Los números demuestran que la Ciudad es una de las dos capitales más seguras de América Latina.

Para que esto ocurra, desde que asumió, Jorge Macri tomó medidas urgentes:

A los más de 18.000 policías permanentes en las calles, sumó 1.000 nuevos agentes que desde agosto están custodiando los barrios. Los policías, además de portar armas de fuego, ahora están equipados con pistolas eléctricas Taser y pistolas Byrna que disparan proyectiles químicos. Para optimizar la acción policial, se creó una fuerza de respuesta rápida formada de parejas policiales en motocicletas que recorren toda el territorio metropolitano. Hay más de 800 motos que funcionan como fuerza de choque veloz contra el delito. Su objetivo es actuar rápido, pero también disuadir la delincuencia con su presencia.

Más del 75% de la ciudad está vigilada por cámaras. Casi no hay puntos ciegos en las áreas estadísticamente más riesgosas. Además se instalaron 118 puntos seguros que funcionan como unidades de comunicación para denuncias instantáneas que les permiten a los vecinos acceder a ayuda policial inmediata.

Literalmente, trabajamos para tener una cuidad fortificada ante la amenaza de delitos que podrían desbordarnos desde la Provincia.

Dos dramáticas estadísticas muestran en qué tipo de tensión estamos: de los 13 policías de ciudad asesinados en los últimos cuatro años, 12 cayeron en la provincia de Buenos Aires saliendo o volviendo de sus hogares donde residían. Cada 30 horas, un policía de la Ciudad es atacado en esa provincia.

La seguridad urbana ocupa el primer puesto en las preocupaciones y  prioridades de nuestro gobierno.

Estamos en un estado de alerta permanente. Nuestras fuerzas de seguridad, la tecnología que los asisten y las estrategias que aplicamos a la vigilancia en las entradas que conectan a la ciudad con la provincia, son nuestro verdadero muro de hierro protector.

Estamos más protegidos que nunca, pero tenemos que permanecer bien atentos porque la amenaza delictiva cercana no deja de crecer.

Los destinos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires están unidos. Si en la provincia crece la violencia, la droga, el delito generalizado, como pasó en estos dos gobiernos de Kicillof, la ciudad inevitablemente sufre las consecuencias.

Estamos blindados, pero rodeados de una Provincia con el delito fuera de control.

La Comisión de Presupuesto, a cargo de la legisladora de Vamos por Más (VxM) Paola Michielotto, recibió al ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, quien explicó los gastos que tiene previstos esa cartera para el próximo año y que están expresados en el Presupuesto 2025.

El encuentro también estuvo presente Diego Kravetz, secretario de seguridad. Durante su exposición, el funcionario señaló que la misión del ministerio es dar seguridad a seis millones de habitantes -tres millones que viven y otros tres millones que ingresan diariamente para estudiar, trabajar o visitar la ciudad-.

En ese sentido, Wolff aseguró que “mientras en la ciudad disminuyen los índices de inseguridad de manera constante, en la provincia de Buenos Aires, aumentan” y puntualizó que “la mitad de los detenidos en la Ciudad de Buenos Aires son de la provincia de Buenos Aires”.

Además, describió los tres ejes de gestión que son pilares: “fortalecer el orden público, proteger a los porteños y todos los que nos visitan; y respeto a la policía de la Ciudad”.

En materia de orden público destacó que se liberó a la ciudad de ranchadas y acampes. En lo que va de año levantaron “más 14.500 ranchadas y acampes”, detalló Wolff y también aseguró haber reducido “un 56% los cortes de calle y piquetes”.

El funcionario también explicó que “se graduaron 851 nuevos oficiales, y lo harán 840 para diciembre”, se realizaron más de 5.800 procedimientos contra el narcotráfico y el narcomenudeo, con más de 6 mil detenciones y en lo que va del año detuvieron a 25.735 personas. También afirmaron haber incautado más de 6 mil armas blancas, algo que logró reducir “a menos de la mitad los homicidios en ocasión de robo” puntualizó Wolff.

El funcionario aprovechó el espacio legislativo para reclamar una ley Penal Juvenil para la Ciudad, bajar la edad de imputabilidad, un régimen de reinserción real y en relación a la Ley de Reiterancia que aprobó la Legislatura porteña destacó que “La Ciudad ya tiene su ley, pero es imperiosa una ley a nivel nacional”.

Tras un operativo que se llevó a cabo en el lugar, la diputada de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira impulsó en la Legislatura porteña un proyecto para que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de detalles acerca de las políticas de seguridad que se implementan en el barrio de Flores, en las inmediaciones de la Alcaidía N° 7.

En ese sentido, la legisladora pidió que se indique el número total de efectivos policiales con los que cuenta la Comuna 7 y la mencionada Alcaidía; la cantidad de efectivos policiales en cada comisaría destinados a la custodia y protección de detenidos; si existió un intento de fuga o si algún detenido logró traspasar el perímetro del edificio; entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, Neira recordó que “el 13/10/2024 por la noche el barrio de Flores vivió un momento de mucha tensión, al momento que agentes de la Policía de la Ciudad recorrían las calles aledañas a la Alcaidía N° 7 ubicada en Rivera Indarte 864” e indicó que “según los relatos de diversos vecinos y miembros de la Junta Comunal, así como material fílmico que fue difundido, los efectivos policiales se encontraban en la búsqueda de individuos que se habrían dado a la fuga de la Alcaidía. En particular, se observó que la búsqueda de centraba en los techos de las viviendas aledañas”.

“Es importante mencionar que la zona en que se halla la Alcaidía destaca por su carácter residencial, con viviendas de baja altura y una convivencia tranquila. Sin embargo, en los momentos previos al operativo policial desplegado, se escucharon fuertes ruidos y vociferaciones que provenían del espacio de detención. No existe claridad sobre estos hechos y no se ha brindado ninguna información oficial respecto de lo sucedido; sin embargo, los hechos descriptos apuntan a la existencia de, al menos, un intento de fuga o conflicto de relevancia dentro de la Alcaidía”, sentenció.

En una extensa presentación inicial ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó que el Presupuesto 2025 prevé un aumento del 19% para el área, anunció nuevos proyectos de ley y dio una catarata de datos con los que defendió su gestión. 

Sobre las partidas que se incrementan para el año que viene, de acuerdo al plan de gastos y recursos presentado por el Gobierno, la funcionaria aseguró: “A los recursos presupuestarios los utilizaremos en renovación de camionetas, patrulleros, motos, chalecos antibalas, pistolas y armamento; y luego tecnología, que es absolutamente fundamental el día de hoy”. “¿Es mucho? No, es poco. Pero es mucho para la situación en la que estábamos y es lo que el país nos puede dar”, sostuvo. 

En su discurso, la ministra agradeció a los legisladores “el voto a las leyes que ha mandado el Ministerio de Seguridad”. “Ya tenemos un avance enorme”, manifestó al referirse a la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, que servirá para “darle una respuesta real a los casos de inseguridad que tiene nuestro país”, afirmó. 

En cuanto a la media sanción de la ley antimafias, expresó: “Yo les puedo asegurar que va a ser un antes y un después en el combate al crimen organizado”. 

Además, anunció que en “los próximos días” desde el Poder Ejecutivo enviarán “una ley anti-barras para bajar la violencia en el fútbol y una ley de homicidios vinculares y género”. “Esperamos sumar estas leyes a las que ya tenemos y las que hemos presentado”, continuó. 

Asimismo, se refirió a proyectos que ya fueron enviados. “Vamos por el proyecto de reiterancia y esperamos que se entienda, porque la reincidencia es la impunidad más importante que tiene nuestro país: entran y salen, entran y salen”. “El régimen penal juvenil es absolutamente imprescindible”, consideró y mencionó también al proyecto de juicio en ausencia y al proyecto “para darle una legitimidad al viejo artículo de legítima defensa, para que los agentes de seguridad en cumplimiento de su deber sientan que está protegidos por la ley y no terminen siendo los victimarios, cuando son las víctimas y los que defienden a la sociedad”. 

Bullrich destacó que para el Gobierno las prioridades son “la transformación económica y la seguridad de los argentinos”. “Nuestro eslogan es clarito: el que las hace, las paga; es un principio que nos guía y nos coloca siempre del lado de la sociedad”, aseveró. 

Para la titular de la cartera de Seguridad, el mandato dado al Gobierno es el de “reestablecer la ley y la confianza”. En ese sentido, “nuestra política de seguridad es contundente y clara en toda la Nación; defendemos a los ciudadanos y combatimos a los criminales con toda la fuerza del Estado”, dijo. 

“No es una tarea sencilla la que enfrentamos. No vinimos a dejar las cosas como estaban. Nos mueve la convicción de que sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad”, siguió. 

Entre los principios que guían su gestión, habló de “una lucha inquebrantable contra el narcotráfico y el crimen organizado”; el “control territorial y orden público para la preservación de nuestra soberanía”; “fortalecer y modernizar las capacidades del sistema de seguridad y penitenciario”; el “impulso de reformas normativas para dejar atrás la impunidad”; la “eliminación de burocracias que favorezcan a los criminales”; la “cooperación internacional y homologación de procedimientos policiales con otros países”; y la “modernización y reforma de la Policía Federal Argentina hacia un modelo de policía de investigación”. 

“Seguimos muchos de los planes que venían del anterior gobierno, diría prácticamente todos, sin embargo nos encontramos con muchos planes desmantelados y con un retroceso en materia de nuestra fuerza de seguridad”, señaló. 

A continuación, sobre la herencia recibida, indicó que hubo un “retroceso en el sistema de control de fronteras, con una cantidad de contenedores inutilizados”. “El 64% de los chalecos antibalas estaban vencidos, el 42% de las mil embarcaciones fuera de servicio, el 50% del parque automotor de las fuerzas obsoleto, el 50% de las aeronaves inoperativas. La Gendarmería Nacional argentina sin un solo helicóptero y un solo avión”, enumeró. 

En la catarata de datos que dio sobre lo realizado en estos diez meses, la ministra reveló que hubo “9.256 kilos de cocaína incautada, un 69,55% más que el año pasado”. “Hemos aprehendido 18.247 personas por infracción a la Ley 23.737 (Estupefacientes)”, añadió y precisó que las investigaciones en materia de trata aumentaron un 70%. 

En otro tramo, Bullrich ponderó que se redujo un 17% la tasa de homicidios en el país. “Es una tendencia a la baja muy importante y de ser así vamos a ser el país con la tasa más baja en América del Sur”, apuntó.

En su exposición se refirió también a las acciones para prevenir atentados terroristas, el avance en la conformación de estadísticas criminales y el refuerzo en fronteras, entre otros puntos. 

“Estamos recuperando el control de Rosario”

Durante la presentación ante diputados, la funcionaria aseguró: “Estamos recuperando el control de Rosario y esto ha sido una prioridad. Estamos cumpliendo con la ley y la Constitución conjuntamente y hermanados con la provincia de Santa Fe”. 

“Hemos logrado algo que nadie había pensado que podía pasar en la ciudad de Rosario: las vacaciones de invierno más importante de los últimos 20 años en términos comerciales”, destacó y subrayó que hubo “una disminución del 65,03 interanual de los homicidios dolosos en toda la ciudad” y “en las zonas de despliegue de las fuerzas de seguridad un 76,92, algo inédito”. 

La titular de la cartera de Seguridad detalló que, en el combate contra el narcotráfico en la localidad santafesina, se detuvieron a 679 personas en 773 procedimientos antidroga. Además, se incautaron 260 kilos de droga, 55 mil unidades de otras sustancias incautadas, y más de 41 mil kilos de precursores químicos. 

“En Rosario no ganaron los narcos, en Rosario el Estado de Derecho se impuso al estado criminal”, resaltó. 

Antes de pasar a las preguntas de los legisladores, Bullrich le dio paso a Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, quien precisó que el aumento del presupuesto para el área está estimado para 2025 en 5,3 billones de pesos, lo que representa un 19% de incremento respecto de este año. 

Esa partida estaría distribuida en 39,85% para cajas de retiro jubilatorio y pensiones; 19,89% para Gendarmería Nacional; 14,31% para la Policía Federal Argentina; 11,12% para la Prefectura Naval Argentina; 7,52% para el Servicio Penitenciario Federal; 4,37% para el Ministerio de Seguridad; 2,89% para la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y 0,06% para el ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).

Durante la tanda de preguntas, en las que Bullrich confrontó con diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, la ministra defendió el protocolo antipiquetes y advirtió que "los diputados no tienen coronita" y "si se ponen adelante a querer pegarle a la policía van a tener las mismas consecuencias" que el resto de los manifestantes. En otro tramo, durante el cruce más fuerte de la tarde, disparó contra Leopoldo Moreau: "¿Queres que te cuente la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá?".

A la hora de hablar de seguridad en la sesión informativa de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, destacó la labor de la ministra Patricia Bullrich por la implementación del “Plan Bandera” en la Ciudad de Rosario y el protocolo anti piquetes y le hizo un pedido al Congreso de la Nación de “avanzar” con el tratamiento de las leyes en seguridad.

El funcionario comentó que “El Plan Bandera” que contó con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, movilizó más de 1.700 efectivos y 170 móviles, dio como resultado un mes sin homicidios en Rosario. “Se trata del periodo más largo desde 2013, año en el que comenzaron a haber registros de estadística criminal”, celebró.

Francos informó que se evidenció una caída del 70% en homicidio dolosos en la zona de despliegue de fuerzas federales. Además de los 30 días sin homicidios, éstos se redujeron en los últimos seis meses. Se implementaron más de 460 operativos y se detuvieron a 418 personas vinculadas al narcotráfico. Los decomisos de cocaína aumentaron un 500% respecto del 2023.

“La coordinación del Gobierno nacional y provincial y municipal de Rosario puso fin a una ciudad dominada por el narco terrorismo. Hoy Rosario ha recuperado la tranquilidad”.

Además, contó que “se rescataron a más de 700 personas de redes de explotación y se expulsaron, a nivel nacional, 390 personas extranjeras involucradas en diversos delitos penales”.

Por otro lado, destacó el “nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones, y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle.  Desde diciembre de 2023 se terminaron los cortes y los piquetes, y las movilizaciones se realizan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos”.

Así, señaló que en pocos meses se enviaron al Congreso múltiples proyectos de ley diseñados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado: Ley Antimafias, Ley de Reiterancia, modificaciones en el Registro Nacional de Datos Genéticos, Ley de Regularización de Tenedores de Armas de Fuego, baja en la edad de imputabilidad, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada y modificaciones en la legislación actual sobre condenas, concurso de delitos, atentado a la autoridad y legítima defensa y pidió que “para seguir cuidando a los argentinos de bien y luchar contra el delito, necesitamos avanzar en su tratamiento”.

El presupuesto a la SIDE

El jefe de Gabinete explicó que avanzaron con la reorganización del sistema nacional de inteligencia, por lo que decidieron disolver la AFI y crear la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias”, apuntó contra la gestión anterior y agregó: “Al asumir, nos encontramos con una Agencia Federal de Inteligencia totalmente desmantelada y desfinanciada, sin capacidad técnica, profesional ni material para hacer frente a las tareas de suma importancia que debía desarrollar”.

Francos cuestionó que “mientras históricamente los organismos de inteligencia en Argentina llegaron a tener presupuestos de 250 millones de dólares, en 2023 la AFI tuvo sólo 50 millones de dólares asignados. Esto no se alinea ni siquiera con el presupuesto designado por el sector privado para algo tan sensible como la ciberseguridad”.

“Vinimos a modernizar el sistema de inteligencia y alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos”, respaldó.

El diputado provincial Valentín Miranda, integrante del bloque UCR+Cambio Federal, presentó un proyecto de declaración en la legislatura bonaerense para manifestar la “preocupación por la falta de efectivos policiales de la Provincia de Buenos Aires en distritos del interior bonaerense”.

“Los jóvenes del interior que van a estudiar a la escuela de policía Vucetich, para sumarse a las fuerzas bonaerense, se reciben con toda la expectativa de volver a sus localidades o región a prestar servicio, pero los envían a distintos distritos del Gran Buenos Aires”, aseguró el legislador federal.

“A raíz de todo esto las fuerzas de seguridad del interior van perdiendo efectivos porque el gobierno provincial, a través del Ministerio de seguridad, los deriva por el plazo de tres años y más tiempo también a prestar servicios al conurbano bonaerense (AMBA)”, continuó.

“Si en el corto plazo no abordamos una estrategia en conjunto para encontrar una solución vamos a estar en dificultades en el interior bonaerense en materia de seguridad”, sentenció Miranda.

Y en ese sentido afirmó: “Si bien resulta innegable que el AMBA y el interior de la provincia poseen realidades muy diferentes, este planteo no deja de ser justo y necesario para quienes egresan como efectivos policiales y quieren regresar a prestar servicio a sus ciudades de origen”.

“Esta problemática aparece constantemente cuando recorremos el interior y preocupa muchísimo a los intendentes. Queremos que esos jóvenes ya egresados puedan volver a sus distritos, no podemos descuidar la seguridad en el interior”, finalizó.

En su tercera reunión, el plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará este martes 13 de agosto desde las 17 el debate sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

Tal como lo había anticipado la titular de la Comisión de Legislación General, Laura Rodríguez Machado, en este nuevo encuentro continuarán exponiendo los autores de proyectos vinculados a la temática. En esta ocasión se pondrán a consideración las iniciativas impulsadas por Carolina Píparo, Juan Manuel López, Álvaro Martínez, Ana Carla Carrizo, Agustina Propato y Natalia Zaracho.

En la primera reunión estuvieron presentes funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, punto central en el que los proyectos de los diputados difieren entre sí, hecho que quedó reflejado en la segunda reunión.

Un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este martes el debate del proyecto enviado por el Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

En esta segunda reunión, que se llevó a cabo en el Anexo “C”, expusieron los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. Además, Laura Rodríguez Machado –titular de Legislación General- aclaró que los diputados que presentaron proyectos, pero que no disertaron en el encuentro de este martes serán convocados para la próxima reunión y resaltó: “Serán escuchados todos”.

El primero en defender su iniciativa fue el diputado de UP Ramiro Gutiérrez quien expresó: “Es un tema muy importante porque tiene un reflejo profundo en la sociedad en la determinación de la responsabilidad penal de los menores por la comisión de delitos previstos en el código penal argentino”. El bonaerense explicó que su proyecto establece un criterio “pro minoris, pero también de defensa de la sociedad y de las víctimas de la comisión de delitos”.

“No es un simple proyecto de ley, es un verdadero código que tiene dos capítulos, ocho títulos y 62 artículos. Nos llevó más de un año la elaboración donde hemos verificado desde la legislación comparada hasta los regímenes de responsabilidad penal juvenil que hoy imperan en nuestro país como en la provincia de Buenos Aires o en La Rioja”, detalló.

Así, el diputado opositor recordó que han presentado en el año 2016 un Código Penal para la República Argentina y precisó: “Ese código establece una nueva forma y un nuevo baremo de delitos, modernizando un Código Penal que hoy tiene más de 100 años en la Argentina”.

“Este código de responsabilidad penal juvenil complementa la responsabilidad de los mayores. Cualquiera que quiera hablar de responsabilidad del menor tiene que hablar de la responsabilidad del mayor, porque los institutos de la suspensión del juicio, prueba atenuante, agravantes, excusas absolutorias, todas las formas de autoría y coautoría, la reincidencia todo está regulado en el código de mayores. Entonces no puede venir una ley complementaria que toma esos institutos a tener independencia respecto de un código el modelo. El código de adultos debe reflejar el modelo de código este de responsabilidad penal juvenil”, explayó.

Al retomar su iniciativa, precisó que tiene “dos grandes capítulos: uno de encuadramiento especial y la especialidad del fuero. Este es un fuero que se rige por tres principios generales: interpretación prominoris, especialidad y especificidad”.

Así, indicó que en el artículo 3 del proyecto de ley tiene en nueve incisos, 21 principios especiales para regular la responsabilidad del joven, 21 normas interpretativas y regulatorias para la mirada de los órganos de persecución, defensa, enjuiciamiento, revisión y ejecución de la pena que deben regirse en forma especial.

Gutiérrez explicó que el artículo 8 contiene cuatro enfoques: género, derechos, interculturalidad y restauración del conflicto. En el artículo 22 se receptan 12 garantías procesales además de las garantías de los adultos, hay 12 garantías en el proceso penal del joven expresamente previsto.

En el artículo 24 se establece un límite temporal de la pena que son los 6 años y explicó: “Antes de los 6 años, el fiscal puede hacer uso de la disposición de la acción penal y, después de los 6 años, son donde se impone las medidas más restrictivas de privación de la libertad para los delitos que tienen pena mayor a los 6 años donde se prevén las medidas alternativas terapéuticas o las medidas de internaciones”.

El artículo 28 prevé el aseguramiento preventivo para los casos de penas mayores de 6 años que “es como la medida cautelar más intensa del proceso está prevista”. El artículo 31 establece la capacitación en principios de especialidad y de prominoris para todos, tanto como el personal que intervenga en el ciclo de prevención y de seguridad, como todo aquel que tenga contacto con un menor en la etapa de la prevención o en la etapa de juicio o en la etapa de ejecución de la pena tiene que ser debidamente formado.

El artículo 32 tiene seis medidas cautelares para los padres o representantes legales; el artículo 46 prevé 10 medidas alternativas a la medida cautelar más intensa; el artículo 48 es la medida cautelar más intensa que es la internación y solo se establece para delitos con pena superior a los 6 años y se prevén sanciones o medidas que son las que el juez va a tener en su haber”.

El diputado opositor destacó las cláusulas transitorias que propone “porque es la implementación y es la gran diferencia con los otros proyectos”, y planteó: “No se puede incrementar en un plazo mínimo de 3 años el fuero de responsabilidad penal juvenil como propone El Ejecutivo”, y remarcó que “debe haber posibilidades de resocialización y reinserción y por ello debemos formar a todos los operadores”.

“Hemos puesto una cláusula de suspensión transitoria por 3 años para la verdadera instrumentación de un fuero que hoy la Argentina no tiene y que es necesaria. Cuando un joven comete delito no nos debemos lavar las manos, debemos intervenir, resolver y solucionar un problema que hoy existe y que la peor manera de abordarlo es no tratarlo”, consideró.

Gutiérrez precisó que "la responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años" y argumentó: “Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño que, en la resolución del año 19, insta los países adoptar una responsabilidad, es decir un grado de esfuerzo de comprensión de la criminalidad del acto que se verifica a partir de los 14 años de edad”. Así ejemplificó que la persona que pone un arma de fuego en la cabeza o en el cuerpo de otra y dispara a los 14 años entiende la gravedad de lo que hace y de las consecuencias que va a causar, pero planteó que “la responsabilidad debe ser diferente a la de los adultos. Comprende, pero el régimen de responsabilidad debe ser diferenciada”, e indicó que hay que regular el proceso penal.

Por último, señaló que prevén medidas cautelares para los padres cuando el menor de edad toma un bien de los padres y produce un daño; se debe poder disponer medidas cautelares como la inhibición general de bienes u otras que van a repercutir sobre el hacer de los padres; si un juez dispone que uno de los chicos debe empezar un tratamiento el padre tiene que supervisar ese tratamiento y es una obligación de hacer que acompañan las medidas cautelares.

Además, explicó que establece más de diez medidas cautelares para que el juez tenga como alternativa frente a un menor porque “no puede dar la misma fórmula para todos”.

"La responsabilidad del menor imputable la fijamos en 14 años. Hemos seguido los criterios de la Convención de los Derechos del Niño".

El segundo en exponer fue el diputado Martín Yeza (Pro) quien criticó los argumentos de algunos legisladores en la reunión informativa pasada que “realmente me han dado escozor al respecto de la noción de cuál es el rol del Estado sobre los menores”.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó.

“Si el mejor argumento que tiene para ofrecer esta Cámara -que tiene como fin legislar, regular construir soluciones, normativas para los problemas profundos que tiene de arrastre en la Argentina- es que si un chico, lamentablemente, tiene padres pobres lo único que le queda es la delincuencia, creo que mínimamente lo que nos debe generar es una reflexión al respecto”, cuestionó. Yeza planteó que las leyes en la Argentina “no se cumplen” y recordó el caso de Morena, la nena de 11 años asesinada camino al colegio en Lanús por “un pibe de 15 años que había tenido 22 ingresos a la comisaría”.

El diputado del Pro afirmó compartir parte del proyecto de su par preopinante, pero también del proyecto del Gobierno nacional al respecto de bajar la edad de imputabilidad y remarcó que “las pequeñas y sutiles diferencias entre los distintos proyectos tiene que ver con cuáles son las soluciones que han alcanzado distintos países del mundo”, y remarcó que al día de hoy solo la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba.

Dije que solo iba a hablar en el congreso por instrucción del jefe de bloque: hoy defendí el proyecto de baja de edad de imputabilidad a 14 años. https://t.co/4Ht3fL4jga

— Martín Yeza (@martinyeza) August 6, 2024

“Después hay un grupo de países entre los cuales están Suecia, Noruega y Finlandia que comparten una edad de imputabilidad de 15 años y después el resto de los países de la región comparten un estándar internacional. La mayoría de la democracias liberales y occidentales del mundo deben ser los 14 años”, manifestó, pero señaló que científicamente no está establecido si la conciencia termina de desarrollarse entre los 12 y 13 años, aunque remarcó que “es un estándar internacional que definitivamente es a partir de los 14 años”.

Sin embargo, apeló a los criterios jurídicos y a la experiencia comparada a nivel internacional “se observa una mayor cantidad de casos a partir de los 14 años en un tipo de delito que tiene una complejidad dado que la Argentina”.

“En los últimos 20 años se constituyó en un país sin luchar contra el crimen, sin crecimiento económico, con crecimiento de la pobreza, con consolidación del narcotráfico en el caso de la provincia de Buenos Aires, con un narcotráfico organizado en el caso de todo el conurbano mezclado con la marginalidad, lo que ha generado es que en este Régimen Jurídico Penal de la argentina se utilicen a menores de 16 años por el narcotráfico presos de las adicciones”, cuestionó.

Yeza manifestó que “no existe nuestra Constitución Nacional que el derecho a la vida valga menos según quien sea la persona que le quite la vida a las personas”, y respaldó que la edad de imputabilidad sea a partir de los 14 años.

Así, explicó que su iniciativa desarrollo dos sistemas: un sistema cerrado y un sistema semicerrado en donde se contemplan a la vez dos tipos de casos. “El primero y principal el caso en donde las víctimas tienen que ser encerradas privadas de su libertad, pero después por supuesto en casos más complejos que es cuando tratamos con victimarios que tienen problemas psiquiátricos psicológicos o algún tipo de adicción y que merecen otro tipo de tratamiento”.

Además, el proyecto contempla penas para los padres de distinta índole y aclaró: “No solamente inhibición de bienes, sino también vinculados a su propiedad y a otro tipo de herramienta jurídicas”, y cerró: “Hay que pasar a un régimen del imperio de la ley de la justicia que además contemple la rehabilitación de estos menores que entre 14 y 18 años”.

Luego expuso la sanjuanina Nancy Picón Martínez sostuvo que el proyecto tiene que ver con los datos que la misma Corte de Justicia lanza “sobre cómo viene siendo el incremento de menores cometiendo delitos y frente a esto una sociedad que está pidiendo hace rato respuesta y que por supuesto son temas complicados de tratar”.

Picón Martínez señaló coincidencias en varios de los puntos del proyecto presentado por el Ejecutivo, pero aclaró que tiene algunas diferencias. Si bien coincide en que la edad sea de 13 años, su iniciativa “establece que sea un cuerpo de psicólogos y psiquiatras que le diga al Poder Judicial por qué debe responder por este acto, entendiendo que serán ellos quienes estén capacitados de decirle si el menor comprende la criminalidad del acto que llevó a cabo”.

“¿Por qué 13 años?”, preguntó y respondió: “A los 13 años si el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, entonces creemos que si tenemos la posibilidad de elegir frente a otro acto”.

La sanjuanina comentó que la Corte brindó datos que reflejan que ha habido un incremento: “El 21% más que el periodo del año anterior. Respecto a los hechos cometidos por menores y justamente la edad en que cometen estos delitos comienzan a los 13 años”. “Para cuidar los derechos de estos chicos tenemos que saber si comprendió la criminalidad del acto. Si la comprendió, entonces debe ser juzgado por esto y es hora de que la sociedad comience a tener respuesta en estos temas”, planteó.

Además, coincide en incentivarlos a estudiar; cuidado de menores en lugares distintos a los adultos a fin de cuidar su integridad. “Nuestro proyecto habla de que los chicos mayores de 14 años y menores de 18 que se han reprimidos por pena privativa de libertad, cuyo máximo en abstracto no sea inferior a 15 años, serán sometidos a las medidas de coerción seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento”, SUMÓ.

“Entendemos que es hora de que comiencen a responder y porque luego de hablar con muchas familias víctimas del dolor por actos llevados a cabo por menores también nos damos cuenta de que todos tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones”, expresó.

Por último, indicó: “En lo demás coinciden los proyectos, básicamente nuestra diferencia sustancial está dada en esto de que a los 13 años los chicos primero pasen por una auditoría para saber, por personas que estén realmente capacitadas, si el chico comprendía o no el acto que estaba llevando a cabo”.

La última en exponer fue la chubutense Eugenia Alianiello (UP) quien propuso buscar puntos de consenso entre los proyectos, pero criticó: “Es un error caer solamente en la edad de punibilidad creo que tenemos que pensar para poder legislar qué entendemos por encierro, para qué planteamos el encierro, cuáles son las herramientas de resocialización que se van a brindar”.

Así, explicó que en su iniciativa establecen la edad de 16 años y propuso: “Cuando dicen a los 13 años baja edad de punibilidad tienen que saber que cumplida la pena esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad y depende de cuál es el tránsito que ellos tengan con qué herramientas van a salir para poder saber cómo se van a reinsertar en la sociedad. Creo que ese es el punto de inflexión del funcionamiento o no del sistema de protección integral”.

“Tenemos un profundo convencimiento de que nuestro país necesita un Régimen Penal Juvenil ágil, eficiente y especializado, pero sobre todas las cosas tener presente que no alcanza solamente con el Poder Judicial”, consideró Alianiello y precisó que proponen la derogación de la Ley 22.278 “que tiene muchas referencias con el proyecto oficialista y que fue firmada por Videla”.

La chubutense sostuvo que “hay que abordar el tema con un enfoque integral, no solamente punitivo, entendiendo a los jóvenes como lo que son sujetos de derechos porque es necesario contar con un sistema penal juvenil que contemple la justicia restaurativa y, a la vez, la responsabilización de los adolescentes con conductas infractoras”, y afirmó: “La solución no es bajar la edad de punibilidad, ni castigar, sino responsabilizar”.

También destacó que la iniciativa de su autoría plantea que “sin disponibilidad de recursos, sin estructura institucional, sin cumplimiento de las leyes vigentes y los acuerdos internacionales todo esto es un callejón sin salida”.

“El proyecto del Poder Ejecutivo es inconstitucional, ineficaz, inquisitivo, inconsulto, irresponsable e invotable”, destrozó.

Y cerró: “hay una necesidad de debatir este tema tan sensible con una mirada integral, amplia y seria, apoyada en datos certeros y no en meras especulaciones ideológicas teniendo como eje principal de debate acerca del sistema de protección integral el punto de la edad de punibilidad”.

El proyecto que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años continuará siendo debatido en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación General; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El encuentro será este martes a las 12 en el Anexo “C” en el que expondrán los autores de los proyectos presentados vinculados a la temática. En total serán seis los expedientes que se pondrá sobre la mesa, sumado al enviado por el Ejecutivo.

Ésta será la segunda reunión de carácter informativa, ya que en la primera expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto; y el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.

Los funcionarios defendieron la iniciativa al informar que “en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes”, remarcaron la necesidad de modificar la Ley vigente “para proteger a la víctima y al adolescente” porque el ordenamiento legal “está desactualizado” y alertaron que “los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”.

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles a analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

Fue en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, de Justicia, de Familias y de Presupuesto y Hacienda. La reunión fue de carácter informativa, ya que expusieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y Relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto. También participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio Público de la Nación, Alberto Nanzer.

La diputada Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, detalló cómo será el debate: el próximo martes 6 de agosto solicitarán a los bloques que expliquen sus respectivos proyectos presentados; y el miércoles 14 de agosto darán inicio a la ronda de expositores e invitados que los bloques convocarán.

La radical Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familias, expresó que el proyecto “es un régimen penal que apunta a garantizar la Convención de los Derechos del Niño y de las Normas previstas en Naciones Unidas sobre niños jóvenes que delinquen o están en el proceso de reproche penal”.

“Creemos que la comisión tiene la función de garantizar que el Régimen Penal tenga la función de resocialización, educación y que no sea necesariamente punitivo, sino que reinserte al joven que por razones diferentes multicausales ha ingresado a la actividad criminal”, resaltó.

El primer expositor fue Fernando Oscar Soto quien remarcó que la Ley argentina tiene “una deuda con la sociedad y la democracia” respecto de la Ley de menores porque la norma actual fue reformada por la dictadura militar. “Hace 44 años se está debatiendo la necesidad de reformar esta ley”, expresó y recordó que durante la campaña electoral “todos los partidos propusieron bajar la edad de imputabilidad y reformar la Ley de Régimen Penal Juvenil”.

“Esperemos que este Congreso tome el debate y sancione una ley que actualice el régimen penal con las características particulares y tienen en cuenta la edad de imputabilidad que es la que está en la región y en el mundo. Hay una necesidad de actualizar”, sostuvo Soto.

El funcionario comentó que vieron las estadísticas por la Corte Suprema de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y alertó que “vienen en aumento todos los años en la franja de 16 y 17 años que son los punibles, pero en los pocos datos oficiales que hay, también viene en aumento los casos de menores que van de los 13 a los 15 años de edad”.

“Esto tiene que atenderse para proteger a la víctima y al adolescente que está en conflicto con la Ley penal y expuesto a una vulnerabilidad especial por su propio desarrollo psicofísico y por las circunstancias de verse inmerso en la conflictiva penal. Por lo tanto, hay que cuidarlo más allá de su eventual declaración de imputabilidad porque inimputable o menor incluso a la edad de 13 años que proponemos”, explayó.

Luego, disertó Sebastián Amerio quien defendió la iniciativa al plantear: “Entendimos que esta es una demanda que tiene la sociedad y que debemos atenderla como Ejecutivo y ustedes deben atenderla como representantes del pueblo y trabajar en comisión y buscar una reforma porque creemos que esta ley es superadora a la del año 1980”.

Amerio repasó algunos de los fundamentos que llevaron a presentar el proyecto, entre ellos comentó: “La situación de los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple, no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañan al adolescente luego con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada en este sentido”.

El secretario de Justicia destacó que la Ley 22.278, que es el actual Régimen Penal de la minoridad, fue sancionada en el año 1980 y “no responde a los principios reconocidos por la Constitución Nacional y en la legislación internacional respecto al menor que ha infringido la ley penal”.

En ese sentido, planteó que “es indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios a nuestra realidad social”, y explicó que “los adolescentes o actuación y la comprensión de la criminalidad de sus actos han sufrido grandes cambios, lo que trae aparejada la necesidad imperiosa de practicar una reforma legislativa que se corresponda con la situación actual de los adolescentes muchos de los cuales han sido incorporados a bandas criminales”.

"Actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes"

Además, señaló que la legislación actual presenta una serie de “problemas”, y enumeró: “El primero de ellos es la edad de imputabilidad vigente, porque actualmente los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, y sumó: “Estas circunstancias genera una situación de injusticia que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.

Amerio precisó que la legislación argentina se encuentra en minoría en la región en cuanto al umbral de imputabilidad, debido a que la mayoría de los países han establecido sus edades de imputabilidad más baja y subrayó que “nuestro ordenamiento legal se encuentra desactualizado”.

“En nuestra sociedad y en las sociedades sobre todo latinoamericanas que tenemos los índices más elevados del mundo es necesario revisar y ajustar la normativa nacional para su alineamiento con la experiencia comparada y los estándares internacionales en la materia y, garantizar así, una respuesta más efectiva a la criminalidad juvenil”, consideró.

En tanto, informó que la República Argentina y la República de Cuba se encuentran son los únicos países de la región que han establecido los 16 años como la edad mínima de responsabilidad penal contrariamente en consonancia con los cambios operados en las últimas décadas otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes.

En esa línea, ejemplificó: Chile, Colombia y la República de Perú han fijado la edad en 14 años; Guatemala, Nicaragua y de la República Oriental del Uruguay en 13; Brasil y los Estados Unidos en 12 años y Granada y la República de Trinidad y Tobago en siete.

“Los niños, niñas y adolescentes poseen los mismos derechos que todas las personas, pero tienen, además, derechos especiales que derivan de su condición. Eso supone un tratamiento diferenciado en el ámbito de la Justicia penal juvenil lo que requiere la sanción de medidas específicas y esenciales para el resguardo de esos derechos”, aclaró.

Promediando su presentación, el secretario de Justicia brindó datos de la Corte Suprema de los primeros semestres de cada año que “demuestran que en los últimos cuatro años existió un aumento de intervenciones judiciales en adolescentes: 822 para el año 2021 que es un 22% de aumento con respecto al año anterior; 906 para el año 2022 que representa un 10% de aumento aproximadamente respecto al año anterior; y 986 para el mismo periodo en el año 2023 ya venía bastante elevado y esto representa un 9% de aumento respecto del año anterior”.

Por último, brindó tres argumentos de Justicia respecto de la “importancia que tiene este proyecto de ley”, y explayó: “La baja edad de imputabilidad tiene que ver con la falta de credibilidad y legitimidad del sistema porque no se atienden los casos de menores que generan impunidad. Este es un punto que nosotros entendemos que es así y podemos explicar los motivos”.

“Como segundo argumento de Justicia hay una adecuación o de fase entre el derecho penal Juvenil y el derecho constitucional que ha sido resuelto por vía jurisprudencial en el mencionado caso Maldonado de la Corte Suprema”, agregó y cerró: “La tercera cuestión es que hay una elevada reiteración delictiva juvenil. Hay un montón de estudios de criminólogos y sociólogos y especialistas en el tema que demuestran la gran cantidad de reiteración de los delitos que cometen los adolescentes”.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) planteó la necesidad de debatir en el Congreso el uso de la inteligencia artificial en seguridad y recordó el proyecto de ley Turing que presentó en la Cámara baja a fin de readecuar el marco normativo argentino al impacto de la inteligencia artificial.

Fue tras la publicación del DNU 710/2024 este lunes en el Boletín Oficial que hizo el Gobierno nacional que crea una unidad de IA aplicada a la Seguridad para prevenir, detectar e investigar ciberdelitos.

“A través de la Resolución 710, se creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Esta unidad tiene como objetivo prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos mediante el uso de inteligencia artificial”, escribió el legislador en su red social “X”.

Así, consideró que “el uso de IA en seguridad debe ser debatido en el Congreso, con un marco legal urgente y prioritario basado en los proyectos que hemos presentado. Las nuevas regulaciones implementadas sin el debido proceso legislativo aumentan la opacidad de sus objetivos. Es fundamental garantizar que la IA no se utilice como método de vigilancia”.

A través de la Resolución 710, se creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Esta unidad tiene como objetivo prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos mediante el uso de inteligencia artificial.

🚨 Consideramos que el uso de IA en seguridad debe…

— Oscar Agost Carreño (@oagost) July 29, 2024

La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Cele Fierro impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución mediante el cuál buscará obtener detalles acerca de la compra y manipulación de las nuevas pistolas Byrna que portarán los agentes de la Policía de la Ciudad.
En ese sentido, la opositora le exigirá al Gobierno de Jorge Macri que de información sobre la cantidad de pistolas que se adquirieron hasta el momento, así como la modalidad de compra y el valor por unidad; si se sumarán nuevas unidades; y cuantos agentes portan actualmente este tipo de herramientas.
También prevé conocer que fuerzas las portan y el tipo de capacitación recibieron; si el personal del SAME está debidamente capacitado para la atención de personas con heridas y/o secuelas, consecuencia de estas pistolas; entre otros puntos.
En los fundamentos de la iniciativa, Fierro recordó que “dichas pistolas, de color naranja y alimentadas por dióxido de carbono, pueden disparar proyectiles cinéticos totalmente sólidos, o químicos u orgánicos, como balines que liberan una sustancia similar al gas pimienta al impactar, inhabilitando al atacante durante 30 minutos, con un alcance de hasta casi 20 metros” e indicó que “estas armas estarían diseñadas para incapacitar momentáneamente o disuadir a una persona que representa un peligro, proporcionando una opción no letal para manejar situaciones potencialmente peligrosas”.
Al mismo tiempo que precisó que “estas pistolas sólo ‘reducen’ la letalidad policial cuando se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal. De este modo, corremos el riesgo de que su supuesta ‘no letalidad’ sea excusa para habilitar su utilización en cualquier otra situación como en contexto de movilizaciones en el marco del derecho constitucional a la protesta social” y consideró que “esto implica un retroceso en materia de derechos humanos y democráticos, dada la situación de una creciente crisis económica y convulsión social en el cual se adquieren estas armas, que profundiza la política de represión y criminalización de la protesta como única respuesta gubernamental a los problemas sociales”.
“Mientras esperamos anuncios de políticas públicas concretas para revertir la inseguridad y la causa de fondo, que es la desigualdad social que genera pobreza, exclusión, marginalidad y aumento de hechos delictivos, es que necesitamos conocer a fondo el motivo por el cual se suma al equipamiento de la policía este tipo de arma”, completó.

Los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, encabezaron este viernes la presentación del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que el Gobierno Nacional enviará al Congreso, que comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

Los acompañaron el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.

"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", sostuvo la ministra Bullrich.

En tanto, agregó: "A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes los cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas".

“Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”, resaltó por su parte el ministro Cúneo Libarona.

La ministra sostuvo que se busca que los jóvenes “no sólo tengan una sanción, sino que esta les permita darse cuenta y no seguir una carrera delictiva”. En ese sentido, Bullrich explicó que para las penas que vayan de 3 a 6 años van a tener alternativas concretas y no estarán simplemente encerrados sin salida.

“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló.

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— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 28, 2024

La reforma que plantea el Gobierno Nacional se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país.

Además, establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal. Por lo tanto, la ley debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales. Y en esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.

Según señalaron, actualmente en Argentina la edad de imputabilidad es de 16 años, por lo que “los delitos cometidos por adolescentes menores de esa edad quedan impunes, generando una situación de injusticia tanto para las víctimas como para la sociedad en general”.

Por otro lado, la actual legislación argentina es minoritaria en la región., debido a que explicaron: “La mayoría de los países han establecido edades de imputabilidad más bajas. Solo Argentina y Cuba establecen en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. Mientras que Chile y Perú la fijan en 14, Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13, Brasil y México en 12, mientras que Granada y Trinidad y Tobago en 7”.

Delito de adulto, pena de adulto.

Enviamos al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Ahora, los delincuentes serán penalmente responsables.

Nuestro compromiso es con la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien.

— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) June 28, 2024

Respecto de la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad, manifestaron que “esta urgencia no solo se fundamenta en la protección de la comunidad y el mantenimiento del orden público, sino también en el imperativo de salvaguardar el bienestar y el futuro de los propios adolescentes”.

“La persistencia de tasas en crecimiento de criminalidad juvenil representa un desafío para la seguridad pública que requiere de una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al menor de edad después, para que tenga un futuro de vida en paz y armonía, con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento de la conducta que tuvo”, argumentaron.

“Hoy es un día importante para el país, es un día importante para tantas familias que han perdido a sus hijos en manos de un menor que después de cometer un delito, o peor, un asesinato, volvió a su casa como si nada hubiera pasado. La impotencia, la impunidad que genera que un delito o un asesinato no tenga ningún tipo de condena es la peor condena que podemos tener como país. Si no se reduce la criminalidad juvenil es imposible un desarrollo sostenible y la cohesión social de la Nación”, destacaron.

PRINCIPALES EJES DEL PROYECTO

• PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD: En establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
• COMUNICACIÓN A LOS PADRES: De la imputación y demás actos procesales.
• PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA: El juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.
• CONDENACIÓN CONDICIONAL: Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.
• PENAS DE TRES (3) A SEIS (6) AÑOS: Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares (establecimientos de espectáculos o deportivos, p.ej.), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico.
• CONTROL DE CUMPLIMIENTO: El cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si así lo desea.
• MÁXIMO DE PENAS: 20 años. Al cumplir 2/3, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.
• INCUMPLIMIENTO DE LA PENA: Ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
• SUPERVISOR: El juez designará un supervisor para el seguimiento del menor, quien mantendrá entrevistas regulares con el adolescente imputado, elaborará informes y procurará resolver sus problemas de salud.
• INIMPUTABILIDAD: En los casos de menores no imputables (p.ej., menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social.
• DILACIÓN DEL PROCESO: La dilación injustificada del proceso hará incurrir al juez en falta grave.
• VÍCTIMAS: Recibirán atención psicológica y patrocinio gratuito.
• RITERIO DE OPORTUNIDAD: El fiscal podrá prescindir total o parcialmente de la acción penal si el delito tuviera prevista una pena inferior a seis (6) años y no concurrieran otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones gravísimas, existencia de otros procesos, etc.
• MEDIACIÓN: Cuando el delito tuviera una pena prevista inferior a seis (6) años, podrá iniciarse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes.
• PROBATION: En las condiciones previstas para todos los casos, para penas que no excedan de tres (3) años. Si las condiciones fueran incumplidas, el juez dispondrá que se continúe el proceso sin computar el tiempo transcurrido.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, incorporó a 51 conductores de móviles policiales que ingresan a la Policía de la provincia de Buenos Aires en el distrito

Respecto a eso, el intendente expresó: “Seguimos trabajando para fortalecer la seguridad en Esteban Echeverría. Es fundamental continuar sumando más personal para llevar adelante las tareas de prevención del delito en las cinco localidades del distrito”.

El nuevo personal realizó el correspondiente curso de capacitación en el Centro de Entrenamiento de la Policía bonaerense ubicado en el Campo Bargone de Esteban Echeverría, a cargo de la División de Manejo y Mantenimiento de Móviles Policiales de la Superintendencia de Institutos de Formación Policial de la provincia de Buenos Aires.

La formación para la conducción de móviles policiales consistió en prácticas de habilidades de manejo en un circuito especialmente diseñado para hacer maniobras ofensivas y defensivas, y en clases teóricas acerca de temas como la Ley Nacional de Tránsito, la seguridad específica para móviles de emergencia, el reglamento general de la policía y las estrategias de abordaje para emergencias y problemas de seguridad pública, entre otros aprendizajes esenciales para conducir vehículos oficiales.

En la comuna, la flota de seguridad tiene 102 patrulleros y 15 motos de la Policía bonaerense, 50 móviles de la Guardia Urbana y también vehículos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y de Gendarmería Nacional. Asimismo, en el partido hay más de 1.650 cámaras de seguridad y domos con visualización de 360° en funcionamiento, y 70 paradas seguras y tótems equipados con dispositivos de videovigilancia e intercomunicadores que facilitan la asistencia en casos de emergencia y seguridad.

El municipio, además, cuenta con un arco que integra el Anillo Digital de Seguridad y está conformado por cámaras lectoras de patentes que detectan vehículos robados, con chapas de dominio falsas o con pedido de secuestro. Todos los equipos tienen un seguimiento permanente del personal municipal del Centro Operativo de Monitoreo (COM). También dispone de un equipo vinculado al sistema de emergencias, del cual participan las áreas de SAME, Defensa Civil y Bomberos.

En paralelo, en el distrito avanzan los exámenes para las y los aspirantes a ingresar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 2024. Este año ya realizaron la prueba 300 personas y, desde noviembre de 2023 hasta la fecha, 600 aspirantes pasaron por la evaluación para este ingreso que se realiza por tandas y de forma conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Esteban Echeverría, que brinda los espacios territoriales para que se desarrollen las capacitaciones.

En la continuidad del debate de las leyes de seguridad, que contemplan el abordaje integral del crimen organizado, el plenario de comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior recibió las visitas del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quienes alertaron sobre un alertaron sobre un “exceso de garantismo” de la norma, y  por eso puntualmente pidieron a los legisladores no “quedarse cortos” con los alcances nacionales que tendrá la ley que vayan a aprobar.

En el inicio del debate, la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anticipó que volverían a reunirse el martes próximo para tratar cinco tratados con repúblicas hermanas aprobados casi por unanimidad en la Comisión de Relaciones Exteriores,  pero también anticipó que si se ponen de acuerdo en un texto verán la posibilidad de despachar el proyecto de modificación del Banco de Datos Genéticos.

El primero en intervenir fue el ministro de Seguridad de Santa Fe, quien aclaró que compartían los alcances de las iniciativas, fundamentalmente la herramienta de la ley antimafias. “Desde Santa Fe es un imperativo contar con herramientas de persecución amplificada contra este tipo de organizaciones”, dijo Cococcioni, que expresó el apoyo “en términos generales”, pero apuntó algunas cuestiones que sugirió corregir.

A su juicio, “no es necesario vincular la caracterización de las organizaciones al delito que cometen las organizaciones”, e hizo algunas consideraciones puntuales sobre el articulado, que hacen a los medios empleados y la ultrafinalidad perseguida por los  hechos mafiosos.

Sobre el capítulo II del proyecto, referido a la zona sujeta, el ministro consideró que la metodología debería ser similar a la Ley de Seguridad Interior: a requerimiento de la autoridad  provincial, se conforme una especie de comité conjunto entre las autoridades nacionales y locales. “El proyecto dice que los organismos nacionales desplacen totalmente las competencias investigativas de los órganos de la provincia o territorio afectado -explicó-. Una gran proporción de los homicidios estuvieron ligados a la operación de bandas mafiosas”, y se preguntó si es correcto que los organismos nacionales desplacen a las locales. “Preferiría algún tipo de coordinación”, dijo, sugiriendo que sean las autoridades locales las que pidan alguna participación, o bajar recursos para trabajar en conjunto.

Dijo compartir todas las cláusulas procesales, pero alertó sobre herramientas insuficientes, como por ejemplo en materia de detención. Sucede que por las leyes locales, un fiscal puede detener a una persona por un mes, mientras que la norma nacional puesta en discusión el tiempo de detención no puede exceder las 48 horas para un delito mafioso. “Cualquier delito tiene mayor cantidad de días de detención”, advirtió el ministro, que sí aclaró que apoyaban la parte más importante del proyecto, que consideró es la de distintos mecanismos de agravación de penalidades.

Al concluir, insistió en que si cualquier fiscal de Santa Fe puede allanar un territorio con la sola orden dispuesta por él mismo, y detener hasta 30 días, “nos parece que las herramientas procesales que propone la ley antimafia lucen un poco débiles y proponemos amplificarlas”.

A continuación, el gobernador Pullaro aclaró que venían a respaldar la ley. “No tenemos que tener miedo para emprender reformas importantes”, enfatizó, advirtiendo a continuación que “nos parece que esta ley tiene un exceso de garantismo. Tiene algunas instituciones e instrumentos que han sido debatidos mucho tiempo en Santa Fe y hoy los estamos aplicando y están empezando a mostrar resultados importantes, porque cuando uno logra tener las herramientas normativas para poder actuar, claramente los índices de delito y violencia comienzan a retrotraerse y bajar mes a mes”. Prueba de ello es, dijo, los seis meses que lleva al frente de su provincia.

Pullaro retomó el planteo que su ministro había hecho sobre la detención por orden del fiscal por 48 horas. “Nosotros tenemos una detención de 30 días, que fue aprobada en la Legislatura casi por unanimidad. Un fiscal puede ordenar un allanamiento, y esas herramientas pueden permitir ser más ágiles. Ese tipo de instituciones, más otras, y que hemos ordenado en el último tiempo, nos han permitido esclarecer hechos importantes”, aseguró.

Pullaro expresó el deseo de brindarle a los legisladores nacionales “la experiencia de todo lo que nos hemos equivocado en la provincia, para que no vuelva a suceder en otra provincia. Porque al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan muchas herramientas. Una violencia perenne, por más que uno logre encapsular, vuelve a agravarse con el paso del tiempo”.

Luego aportó datos de lo que han logrado con estas leyes de las que hablaba. Rosario, el año pasado fue la zona más violenta del país, contó, y allí tuvieron este año 49 homicidios dolosos, contra 129 del año pasado, a esta fecha, “sin estas herramientas. 80 más, tenemos un treinta y pico por ciento menos de casos”, dijo.

“En la capital provincial, otro sitio con mucha violencia, tuvimos 18 homicidios dolosos, cuando llegamos a tener 50 o 60 homicidios dolosos a esta fecha”, detalló a continuación.

El gobernador santafesino valoró los objetivos de la ley antimafias, basada en leyes de Italia y Estados Unidos, y tras reseñar los mismos reparos que su ministro de Seguridad, reiteró: “Vuelvo con las herramientas. Nos parece que tienen una mirada garantista y tenemos que dar el debate en esto. Un fiscal que tiene el control de constitucionalidad por un juez, tiene que tener las herramientas necesarias para actuar de manera contundente cuando está peleando con el delito organizado. Apoyamos la ley; queremos pedirles que no se queden cortos”.

A la hora de contestar preguntas, el ministro de Seguridad santafesino sugirió dejar claro si todo va a ser federal, o si es un esquema de coordinación. “Porque si yo conservo las competencias provinciales, ya tengo lo que nos da el Código Provincial. En materia de detenciones, tengo 28 días más de lo que proponen. Sino, se advierte la necesidad de un régimen diferenciado; es distinto en algunas cuestiones y el Código se va definiendo sobre la marcha; se va mejorando o empeorando. Se le van haciendo reformas, cuya necesidad se advierte en algunos casos de la propia experiencia práctica”, apuntó Cococcioni.

Ante una observación hecha por el diputado Germán Martínez, respecto de que no había hecho referencias a la palabra “mafias” en sus discursos de asunción y la apertura de sesiones ordinarias, a lo que Pullaro respondió que “tenemos que fijar los bordes para poder utilizar esta herramienta y tenerla tipificada. Es verdad que en los discursos no utilizamos el concepto de mafia, pero utilizamos algún concepto más fuerte: terrorismo. Porque lo que intentaron hacer fue quebrar una decisión tomada por el Gobierno de la provincia que tenían que ver algunas leyes que nos había dado la Legislatura, que nos permitió cambiar las condiciones de detención, que sugiero se puedan discutir a nivel nacional”.

En materia de lavado de activos, el gobernador destacó que “tenemos una ley que se sancionó en 2017, muy importante, que nos permite incautar los bienes del delito cometido a nivel provincial. Señaló que eso les permite sacarles recursos a las organizaciones criminales, y contó que días pasados remataron una gran cantidad de autos de alta gama, y lo recaudado se lo dieron a las víctimas de delitos en Santa Fe. Habló entonces de la importancia de privarlos de recursos para “sacarles poder de corrupción, pero también capacidad de que les paguen a los mejores abogados”.

Ante la consulta referida a la fuga de presos, admitieron el hecho reciente y ambos funcionarios santafesinos lo atribuyeron a no haberse hecho obra pública en materia penitenciaria durante los últimos cuatro años. Prometieron que esta gestión la llevará adelante esta gestión y recordaron que durante la gestión de Pullaro como ministro de Seguridad habían reducido a cero la cantidad de presos en comisarías.

El acompañamiento nacional

En un pasaje, la diputada nacional santafesina Florencia Carignano (UP) observó que a su juicio el gobernador había sido condescendiente con el Gobierno nacional, pues la ministra de Seguridad Patricia Bullrich los había “dejado solos en el peor momento”. Pullaro aclaró que eso no había sucedido, y precisó que durante los tiempos complejos que vivieron en el mes de marzo, “tuvimos el acompañamiento incólume y muy fuerte del Gobierno nacional.

“Patricia Bullrich estuvo presente; Luis Petri estuvo presente; Mariano Cúneo Libarona estuvo presente, respaldando las políticas que se llevaban adelante y colaborando con fuerzas federales –aseguró-. Tenían una dificultad muy grande producto del mismo criterio: desfinanciamiento de 4 años de las fuerzas de seguridad. Fuerzas federales que no tenían móviles, y lo que es peor, no tenían aeronaves, ni helicópteros en funcionamiento. Por eso tuvo que colaborar el Ejército argentino”.

“En ningún momento nos sentimos solos, hubo un acompañamiento profundo. No solo del Gobierno nacional sino también del resto de los gobernadores”, destacó, citando el caso del gobernador Axel Kicillof, con el que firmaron un convenio de inteligencia e investigaciones. “El en función de una delegación de recursos que había tenido. Había adquirido infraestructura y la puso a disposición de las fuerzas de Santa Fe”, dijo, y cerró: la ministra de Seguridad de la Nación se encontró con una flota de vehículos devastada por el Gobierno anterior”.

Mientras los tiempos para dictaminar sobre la ley Bases y el paquete fiscal se dilatan en el Senado y el oficialismo encuentra algunas trabas para agilizar los trámites, el Gobierno ya inició nuevamente reuniones con los bloques dialoguistas de Diputados ante un posible regreso de sendos proyectos a la Cámara baja con modificaciones.

Por segundo día consecutivo, este jueves al mediodía la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, recibió en Casa Rosada en el Salón de los Científicos al jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, a los diputados Hernán Lombardi, Silvia Lospennato, Damián Arabia, Silvana Giudici y Martín Maqueyra.

Milei estuvo acompañada por su segundo, “Lule” Menem, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem y el jefe de bloque del oficialismo Gabriel Bornoroni. Además, participaron José Luis Espert y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

A través de un comunicado, el bloque de diputados de la Libertad Avanza contó que siguen “trabajando para la libertad de los argentinos”.

“Se acordó continuar el trabajo conjunto que se viene realizando y que ya dio grandes resultados, como la media sanción de la Ley Bases. En el futuro inmediato se trabajará en los proyectos para mejorar la seguridad en el país, como la baja de imputabilidad, la ley anti mafias, modificaciones en condenas, entre otras”, informaron sobre la reunión. Cabe resaltar que dichas iniciativas están siendo tratadas en plenarios de comisiones.

Además, detallaron que “esta agenda en común será impulsada en las próximas semanas en las comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados”, y cerraron: “El trabajo legislativo realizado por ambos bloques permitirá avanzar en las reformas que el país necesita para resolver la crisis económica y traer más seguridad y libertad a todos los argentinos”.

Este miércoles Karina Milei había recibido en el despacho de su principal articulador Eduardo “Lule” Menem a Ritondo. El encuentro sirvió para hacer un balance, pero también para poder imaginar lo que viene: los cambios que el Senado podría hacer a la Ley ómnibus y al paquete fiscal para reenviarla a Diputados.

Es fundamental el trabajo en conjunto entre el bloque PRO y el bloque La Libertad Avanza, por eso nos reunimos con Karina Milei y @MenemMartin y acordamos una agenda en común para mejorar la seguridad del país. Nuestro compromiso con el cambio es inclaudicable, por eso vamos a… pic.twitter.com/C7PNSebs3z

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) May 9, 2024

Con abogados, docentes, asociaciones de la sociedad civil invitados a exponer, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, tal como se había acordado en la reunión pasada.

La jornada informativa se dividirá en dos partes, primero se reunirá a las 11 en el Anexo “C” la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), que abordará las iniciativas sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

Entre los invitados a exponer están:

• Martín Monedero: Abogado especialista en Derecho Penal. Es miembro del centro de filosofía del derecho Penal. También es autor de Diversas publicaciones en revistas académicas y profesionales, sobre temas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
• María Cecilia Vranicich: Fiscal general del Ministerio Publico de la Acusación de la provincia de Santa Fe.
• Guillermo Todarello: Defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación penal y Coordinador de la Comisión de Cárceles de la defensoría. Expondrá sobre los proyectos de ley antimafias y proyecto sobre reiterancia/reincidencia.
• Eugenio Darío Vezzaro: Abogado penalista egresado de la UNC. Fiscal general de la provincia de Córdoba periodo 2006-2012.
• Juan Segundo Pavez Laciar.
• Daniel Erbetta: Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Profesor Titular y director Especialización en Derecho Penal Facultad de Derecho.
• Gabriela Ríos: Hija de Don Jorge Ríos, jubilado de 71 años que actuó en legítima defensa.
• Diana Cohen Agrest: Filosofa. Fundadora de Asociación Usina de Justicia.
• Miguel Ángel Robles: Docente experto Área Criminología y Ciencias de la Seguridad - Vicerrectorado de Posgrado, Investigación e Innovación - Universidad Siglo 21.
• David Martínez: Víctima de amenazas y daños a sus bienes. CIUDAD DE ROSARIO. ZONA SUR
• Pedro Biscay: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – INCECIP
• Leandro Halperin: Docente Titular a cargo de la materia Principios de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.

A las 12.30 se sumará al encuentro la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), que profundizarán el proyecto que propone la Creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones, con los siguientes invitados a exponer:

• Manuel Garrido: diputado nacional (MC) - UCR. Titular de La Asociación Innocence Project Argentina.
• Silvia Martínez: Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional No 8, y Defensora Pública Interamericana.
• Eduardo Luis Salva Calcagno: presidente de Digifirma Argentina S.A. -expondrá sobre datos técnicos del funcionamiento del ADN de contacto y compartirá tiempo con la ingeniera Rebeca Ciriaci quien realizará aportes sobre gráfica genética-.
• Guillermo Bargna: Miembro del Observatorio de Víctimas de la Honorable Cámara de Diputados. Padre de Soledad Bargna asesinada en un intento de violación en mayo de 2009.
• Isabel Yacoins: Titular de la asociación MADRES DEL DOLOR. Madre de Lucila Yaconis.
• Marcelo Dagostino: Subsecretario de Justicia de los Gobiernos de Alfredo Cornejo (2015-2019), Rodolfo Suárez (2019-2023), y actual Gobierno de Alfredo Cornejo. Consejero del Consejo de la Magistratura de la provincia de Mendoza en representación del Poder Ejecutivo.  Presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina.
• Miguel Marino: Doctor en Genética y Especialista en Genética Forense. Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD), dependencia del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

En el encuentro pasado del 24 de abril asistieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Ambos defendieron el paquete de leyes y resaltaron que “es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, recorrió un destacamento policial en la zona que detuvieron a una banda organizada que se dedicaba al robo automotor organizado y se manifestó respecto al tema: “La inseguridad crece en el conurbano todos los días y no vemos un gobierno provincial activo para prevenir delitos y para agarrar delincuentes”.

“Nosotros hace muchos años hemos tomado la decisión de hacernos cargo de la seguridad de nuestros vecinos. Sacando más patrullas a la calle y un nuevo cuerpo de patrulla motorizado, con motos equipadas y agentes preparados para agarrar delincuentes. Y esto se suma a nuestro sistema integral de cámaras y puntos seguros”, aseguró.

Con respecto al caso policial, la intendenta remarcó que: “Con nuestra patrulla motorizada, este nuevo cuerpo con patrulla de motos, el sistema de cámaras que tenemos y de análisis delictual, pudimos agarrar una banda de motochorros que venía robando en Villa Adelina bastante seguido”.

También expuso que en Vicente López “la mayoría de los delitos son de delincuentes que vienen de fuera del partido. En este caso venían de San Isidro a robar y después se volvían. Nuestro sistema integral de seguridad volvió a mostrar que funciona y está a disposición de los vecinos”.

Durante la rutina de patrullaje, los agentes de la policía municipal detectaron a los sospechosos y desde el centro de monitoreo les dieron refuerzo a los policías, siguiendo a los delincuentes con las cámaras.

Para la detención se utilizó el sistema integral con el que cuenta el Municipio que permite videovigilar un 70% del territorio. Este está compuesto por más de 2300 cámaras, de las 25 cuentan con tecnología 360°, y 175 Puntos Seguros, entre otras herramientas.

Además, recientemente el Municipio incorporó un sistema para detectar e interceptar motochorros. Mediante una analítica de video con Inteligencia Artificial instalada en las cámaras municipales, se puede distinguir los motovehículos que son tripulados por dos personas y permite generar una alerta frente a una situación sospechosa.

Para concluir, Soledad Martínez destacó: “Seguimos trabajando todos los días para mejorar la seguridad de nuestros vecinos. Cada recurso municipal, cada tasa que pagan los vecinos, que podemos invertir en seguridad, lo vamos a seguir haciendo”.

Con funcionarios y asociaciones de la sociedad civil invitados a exponer, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, tal como se había acordado en la reunión pasada.

La jornada informativa se dividirá en dos partes, primero se reunirá a las 11 en el Anexo “C” la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), que abordará las iniciativas sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

A las 12.30 se sumará al encuentro la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), que profundizarán el proyecto que propone la Creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.

En el encuentro pasado del 24 de abril asistieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Ambos defendieron el paquete de leyes y resaltaron que “es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.

Debido a las fugas de presos que hubo en las últimas semanas, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentaron nuevos módulos de detención para descomprimir las comisarías porteñas y anunciaron más medidas para mejorar la seguridad.

En este sentido, el alcalde local explicó que “la situación actual en las comisarías y alcaidías de nuestra Ciudad exige una acción inmediata que garantice la seguridad de los porteños” y destacó que “por un lado, debemos mejorar la infraestructura. Esto incluye remodelaciones, modernizaciones y la instalación de módulos de detención adicionales en tres ubicaciones estratégicas de la Ciudad: la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita y la Comisaría Comunal 4D, de Barracas. Son 19 nuevos módulos, equipados y preparados para albergar a 300 detenidos”.

Además, anunció que se avanzará “en la construcción de una Alcaidía Central en la Ciudad, para aumentar todavía más la capacidad para albergar detenidos en condiciones adecuadas” e informó que “en paralelo, estamos colaborando con la Justicia para implementar el uso de dos mil tobilleras electrónicas para arresto domiciliario, y medidas para acelerar la deportación de delincuentes extranjeros”.

“Por último, si bien es algo que no tiene que ver directamente con los detenidos en nuestras comisarías y alcaidías, vamos a reiniciar las obras en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz para trasladar allí, por etapas y a medida que avance la obra, a los 1.800 presos de la cárcel de Devoto”, detalló.

Finalmente, Macri concluyó agradeciéndole “a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a su equipo, por su respaldo a este anuncio y por el trabajo coordinado que venimos haciendo entre las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad, para mejorar la seguridad y garantizar el orden en el espacio público”.

A raíz de las fugas de presos que se dieron en las últimas semanas, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa para que el distrito capitalino cuente con un servicio penitenciario propio, lo que permitiría resolver problemas centrales en materia de seguridad.

El proyecto de ley prevé crear un servicio penitenciario que tendrá “como objetivos principales la custodia y alojamiento transitorio de los procesados, la ejecución de sanciones penales privativas de la libertad dispuestas por la justicia competente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reinserción social de las personas privadas de libertad, el respeto a sus derechos humanos y el mantenimiento del orden y la seguridad en los centros de detención”.

De esta manera, la iniciativa habilita asimismo la creación de cárceles de instancia privada, a los efectos de enfrentar el problema procurando que el sistema resulte autosustentable y no depende exclusivamente de los recursos provenientes de una mayoría de ciudadanos que no incurren en conductas delictivas ni se hallen en las instancias de detención mencionadas.

Además, esto permitiría descomprimir las 21 alcaidías, los 13 anexos, los centros contraventores y los alojamientos transitorios de las 54 comisarías en la Ciudad, que deriva en una indiscriminada sobrepoblación de personas privadas de su libertad, duplicando o triplicando su capacidad máxima, todo lo cual favorece no solo a la seguridad de los porteños sino también a la de los habitantes del AMBA en su conjunto.

Cabe recordar que, si bien la Ciudad cuenta con su propia legislación, todavía no resuelve la situación emergente de las personas privadas de su libertad para su alojamiento transitorio y permanente, ya que estos —del tipo alcaidías—, no cumplen con las medidas de seguridad penitenciarias suficientes para garantizar la seguridad de la población y el bienestar de las personas privadas de su libertad.

Mientras se llevaba a cabo la sesión en minoría en el recinto de la Cámara de Diputados, en el Anexo “C” comenzó en comisión el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país con funcionarios del Poder Ejecutivo que expusieron y explicaron los lineamientos de las iniciativas.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Pasadas las 14.20 se reunió primero la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (Pro), la cual completó la integración de autoridades siendo designados para la secretaría primera y segunda la libertaria Alida Ferreyra y Rodolfo Tailhade (UP) respectivamente. Luego se sumó la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del santafecino Alejandro Bongiovanni.

La titular de la comisión procedió a comentar que en la próxima reunión se “va a abrir a las exposiciones” por lo que pidió que, a través de las autoridades de la Cámara, cada bloque exprese a qué organismos, miembros de distintas organizaciones o técnicos quienes manifestar para que expongan sobre los cuatro proyectos en tratamiento.

Por otra parte, informó que “hay muchos proyectos de los diputados que tocan la temática de hoy. Algunos de ellos fueron revisados y no tienen estado parlamentario”, por lo que solicitó que los vuelvan a ingresar para “poder incluirlo en el temario de la sesión que viene para poner a la vista a la par de los proyectos del Ejecutivo las iniciativas de los legisladores”.

Hecha esas consideraciones, procedió a explicar que los proyectos en tratamiento son sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

El primero en exponer fue el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, quien planteó que “abordamos en estos momentos un fenómeno harto complejo en el país que ya lo han vivido otras naciones que es el crimen organizado”, y explicó que “consiste en la irrupción de bandas de narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero nada hace prever que no se vayan a extender en la medida que no se los ataque con los instrumentos correspondientes”.

Sobre ese último punto, indicó que “es abordar el tema de una manera completa y no parcializada a los delitos que individualmente comente cada uno de los miembros de estas mafias”.

“Previmos en el proyecto una especie de asociación ilícita que no es exactamente la que conocíamos hasta ahora en el Código Penal, sino que abarca determinados tipos de delitos que son los que más frecuentemente cometen estas mafias”, explicó y ejemplificó: “Tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, tenencia ilegal de armas y explosivos”.

Al respecto, Monfroni precisó que para este tipo de delitos están previendo una pena de prisión de 8 a 20 años por la mera integración de la asociación ilícita. Además, buscan que “todos los miembros de una banda de este género puedan ser penados con la pena máxima que corresponde al mayor delito cometido por la organización”. También hay previsto un artículo sobre extinción de dominio con orden judicial y pasa de forma inmediata al dominio del Estado nacional. “Si la persona resulta inocente, el Estado deberá indemnizarla con la reposición del valor del bien”, aclaró.

También se prevé que “con declaración de las autoridades judiciales de determinadas circunstancias que se pueda declarar una zona sujeta a investigación especial que la Procuraduría de Narco criminalidad procurar la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Unidad Especializada en Narco criminalidad Organizada y el Ministerio de Seguridad podrán determinar la necesidad de una investigación especial que deberá ser declarada por la autoridad especial competente”. En esa línea, precisó que en esa zona delimitada se podrá detener a una persona por 48 horas por averiguación de delitos con autorización del Ministerio Publico Fiscal, incautar mercadería, realizar requisas en establecimientos penitenciarios federales y movilizar activos, realizar allanamientos encadenados.

Otro de los proyectos que explicó fue el que “implica una ampliación significativa del marco de la Legítima defensa frente al delito y el cumplimiento del deber”, y explicó: “Muy frecuente nos encontramos con policías o gendarmes que son encarcelados por haber intervenido para impedir un hecho ilícito con el argumento de que hubo un exceso en la Legítima Defensa”.

“Estos excesos en la Legítima Defensa son frecuentemente opinables. Los jueces hacen una valoración de la actuación del miembro de una fuerza de seguridad como si hubiesen podido pensar su jugada sin contar con el momento de rapidez que se les exige para impedir un delito y defender la vida de otra persona”, planteó y apuntó: “A veces hay disparates judiciales y abusos que ponen siempre a la policía en una situación de temor a actuar, de inhibición de conducta a la que la ley lo obliga”.

El funcionario sostuvo: “Necesitamos políticas, no de gatillo fácil, pero seguros del cumplimiento de su deber sin que haya interpretaciones alocadas de la Ley Penal que los pongan tras las rejas o que les hagan perder la carrera”.

Monfroni precisó que la modificación recae sobre el artículo 34 sobre Legítima Defensa y cumplimiento del deber “mantiene las demás causales de justificación, introducimos un principio que, en realidad ya está en los principios constitucionales, que ante la duda el juez tiene que estar siempre en favor de quien se defiende”.

“Estamos introduciendo en favor de cualquier civil algunos elementos más de la Legítima Defensa porque muchas veces se mide la razonabilidad valorando si una persona está armada y que el que ataca está desarmado. Hay que estar en favor de quien se defiende porque no es quien ha iniciado la acción delictiva”.

También contó que buscan ampliar la condición de escalamiento de muros para cualquier circunstancia, al que defiende su integridad sexual y algunas limitaciones para demandar o querellar a quienes hubieran iniciado el curso de un delito.

Sobre los artículos referidos a resistencia de la autoridad, Monfroni explicó que han aumentado las penas porque “los delitos de atentado a la autoridad agravada tienen penas que no son de cumplimiento efectivo. La Argentina debe ser uno de los pocos países donde se puede golpear a un policía sin que ocurra nada”. Está previsto una pena de 4 a 6 años de cumplimiento efectivo “si el hecho se cometiere a mano armada, por 3 o más personas cuando mediare fuerza contra el funcionario”, y cerró: “Son lógicas de reglas que existen en todas partes del mundo y cobrar consciencia de que golpear a un policía es algo muy grave. Necesitamos que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano. La policía es una institución que debe ser respetada. Si se excede habrá normas para enjuiciarlo, pero necesitamos que sea respetado y terminar con ese espectáculo horroroso de gente pegándole a la policía sin consecuencia alguna”.

Por su parte, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, cuestionó las normas de reincidencia porque “todos los días escuchamos noticias cometidas por personas que tienen más de 14 delitos”, e ironizó: “Se tienen que alinear los planetas para que alguien sea declarado reincidente son muy pocas”. Así, recordó que en el Código Penal original de 1921 “no era así” y contó que funcionó hasta 1984 y se cambió a instancias del Dr. Eugenio Zaffaroni.

Soto criticó que los jueces “no ven el expediente de antecedentes, no lo valoran”. “Estamos proponiendo estos casos con pauta objetivos para determinar un mayor aumento o evaluación del peligro de fuga u obstaculización del proceso. El juez va a tener la facultad de evaluar si, con las pautas, existe la posibilidad de que no accedan una libertad anticipada, sino que cumplan el proceso en detención por las pautas de un mayor aumento de peligro de fuga”, planteó y señaló que en el país ya existe este tipo de pautas en la provincia de Mendoza y agregó: “Es sentido común, pero son costumbres judiciales que no están incorporadas”.

Por último, hizo referencia a otra pauta que tiene que ver con el Concurso de Delitos y Unificación de Penas donde “quien comete delitos tiene un beneficio reduciéndole la pena. La lógica es que cumplan más pena”.

En conjunto con la Comisión de Seguridad Interior, los funcionarios también expusieron sobre la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.

Soto explicó que se trata de un sistema que “permite comparar la huella genética con el perfil genético de un imputado” y consideró que “es un sistema que se utiliza hace muchísimos años en todo el mundo”. Asimismo, el funcionario reconoció la experiencia de la provincia de Mendoza en cuanto al registro genético para la investigación de delitos penales.

“Esto va a traer certeza en una investigación, certeza sobre quien participó de un hecho, permitir identificar restos y, a su vez, exonerar a quien no tiene responsabilidad”, añadió.

La palabra de los diputados

La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada de izquierda Myriam Bregman quien cuestionó el “desguace” del DNU porque “estamos viendo que aquellas normas incluidas en el DNU ahora aparecen fraccionadas”. En esa línea, apuntó: “Veo que les gustaría más bien vivir en un estado de excepción donde no haya ningún tipo de manifestación, no veo lo mismo en la persecución narco”, y planteó que los proyectos buscan “legalizar y profundizar políticas de represión”.

Además, cuestionó: “El proyecto antimafias no se entiende cómo se conjuga con el Derecho Penal, no se entiende cómo van a beneficiar a los narcos con el blanqueo de capitales. No pueden venir con una ley antimafias porque es mentira, solo buscan incrementar la represión a la protesta social”. También planteó que “el aumento de penas no sirvió para nada cuando el narcotráfico no ha parado de crecer”.

Bregman sostuvo que “quieren blindar a las fuerzas policiales para que sigan reprimiendo, no es efectivo”, pero advirtió que ello “debilita el control judicial y todo tipo sobre la policía contradiciendo todos los tratados, les dan una carta blanca para que armen causas, reiterancia, aumento de castigo arbitrario”.

Por su parte, el santefecino Roberto Mirabella (UP) solicitó que el proyecto que refiere al Régimen de Criminalidad Organizada y Narcoterrorismo sea tratado aparte junto con una iniciativa de su autoría. En tanto, sobre la extinción de dominio el santafecino se mostró a favor y propuso que sea incorporado al debate un proyecto del diputado Ramiro Gutiérrez que “tiene el apoyo de todos los bloques y enriquecería más el artículo referido a ese tema en la ley”.

Al hacer uso de la palabra, la bonaerense Patricia Vásquez (Pro) le respondió a Bregman y le pidió pensar en “las víctimas que tenemos todos los días en todo el país de enorme cantidad de delitos. No me parece seguir atados al pasado”.

“Parece que los únicos hechos que importan desde otra mirada política son las manifestaciones y el estado de lucha permanente”, cuestionó y preguntó: “¿No nos importa a cada uno de nosotros cada familia que todos los días tengamos este tipo de episodios que nos tiene superados como sociedad, estar en riesgo de muerte cada día que salimos a la calle?”.

“Estamos en una enorme emergencia de inseguridad, tenemos que dar respuesta a la gente no a la política, no al resalte del derecho manifestarse, es más importante darle respuesta a los 46 millones de argentinos que nos piden que pongamos todas las reglas necesarias y ajustemos todas las normas sin excepción y dar respuesta al problema concreto”, planteó Vásquez.

Y cerró: “Estamos dando una herramienta precisa para atacar el crimen organizado en determinadas zonas y características particulares. No hablamos de persecución social cuando hablamos de reiterancia, terminemos con el resentimiento barato no hablamos de perseguir a alguien porque no nos gusta su forma de pensar”.

El radical Manuel Aguirre (Corrientes) preguntó: “¿Cómo podemos aplicar un código que, en definitiva, no tenemos las herramientas necesarias sin institutos para llevar a los detenidos, tenemos fiscales suficientes para actuar en estos casos?”, y resaltó que “la norma penal necesita precisión”. El correntino sugirió que incluyan definiciones dentro del proyecto porque “el Código Penal es de 1921, es muy viejo y hay que actualizarlo no presentar proyectos sueltos”.

Por su parte, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez (Santa Fe), planteó que a los expedientes les faltan giro a otras comisiones como la de Justicia y cuestionó: “Están haciendo cualquiera con los giros a las comisiones y no es algo reglamentario nada más sino de vida y práctica de funcionamiento parlamentario”.

El santafecino reclamó que “hay que hacerse cargo de la cuestión de inseguridad. Hay que discutir los temas de seguridad pública en profundidad y las cuestiones de Rosario también porque sino nos agarramos de Rosario cuando nos conviene”. Así, lamentó: “Hubo siete homicidios en la semana en la ciudad”.

A raíz de las fugas de presos que se dieron en el último mes, el diputado de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura de la Ciudad, Facundo Del Gaiso, se refirió a la crisis de seguridad que golpea al distrito capitalino. Además, explicó los motivos que llevaron a una merma en la actividad parlamentaria dentro de esa Casa.

En diálogo con el periodista Jorge Moure, el legislador definió a la Legislatura “como difícil, porque está muy atomizada” y aseguró que es “muy difícil lograr acuerdos para poder sesionar”.

Además, se refirió a la inseguridad de la Ciudad y con respecto a la fuga de presos de las comisarías porteñas, se mostró preocupado: “la situación no es normal. Se van a seguir escapando presos. Son delitos federales, dependen del Servicio Penitenciario Federal. Teníamos 60 presos por delitos federales y hoy tenemos mil Las comisarías no están preparadas para eso. Hay responsabilidad del Gobierno nacional”, advirtió.

Por otro lado, hizo un balance de los 100 días del Gobierno y la situación económica, y que si bien “la sociedad necesita seguir creyendo y no quiere volver atrás” hay mucha “incertidumbre" frente a la recesión que se viene.

En este sentido, agregó que “la gente la va a pasar mal. No veo empatía en el Gobierno ni preocupación por la clase media y los jubilados” y aseguró “estar muy preocupado porque los salarios no pueden subir porque sube la inflación, con tarifas que cuando lleguen van a presionar sobre la inflación. El que abre su comercio todos los días no vende, tiene que pagar sueldos, la luz. El jubilado no puede comprar alimentos ni medicamentos. No veo un gramo de humanismo en las políticas".

La Cámara de Diputados comenzará a analizar el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país, que envió el Poder Ejecutivo, en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), y de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe).

El debate será el próximo miércoles 24 de abril, en doble turno, pues a partir de las 14 en el Anexo “C” ha sido convocada la Comisión de Legislación Penal, a la que fueron invitados a exponer el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación,  Carlos Alberto Monfroni y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación,  Fernando Soto. Los funcionarios abordarán modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

A partir de las 16, comenzará a funcionar un plenario de Legislación Penal con Seguridad Interior, con los mismos funcionarios que ahora se referirán a la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que comprenderá modificaciones a la Ley 26.879.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

Los diputados nacionales del bloque Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Nicolás Massot presentaron un proyecto de ley destinado a combatir la delincuencia organizada en Argentina y el narcotráfico.

El texto propone la creación de la Fuerza Federal de Elite contra el Delito Organizado y la Fiscalía Especial contra el Delito Organizado, con el objetivo de investigar, prevenir y desbaratar actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas, estupefacientes, trata de personas, el secuestro extorsivo, entre otros, “logrando así una lucha más efectiva contra el narcotráfico”.

El proyecto contempla la definición de la delincuencia organizada como “la acción de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer delitos con el fin de obtener un beneficio económico”.

Además, establece penas más severas para los delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, así como la obligatoriedad de cumplir la privación de la libertad de forma efectiva, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional, y la creación de un registro de personas investigadas por estos delitos.

La Fuerza Federal de Elite estará integrada por personal altamente capacitado y se encargará de la investigación y persecución de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional. Por su parte, la Fiscalía Especial dirigirá las investigaciones y contará con amplias facultades para recolectar pruebas y llevar adelante procesos judiciales.

“Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de combatir de manera efectiva la creciente actividad delictiva organizada en Argentina, especialmente en áreas como el secuestro extorsivo, el tráfico de drogas y la evasión impositiva. Se espera que su implementación contribuya significativamente a mejorar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos”, fundamentaron.

Fiscalia y Fuerza Elite contra el Crimen1051-D-2024

Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

MENSAJE N° 15-2024 Comunica el Proyecto de Ley Antimafia

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

MENSAJE N° 17-2024 - Proyecto de Ley - Modifica la Ley N° 26.879 - Registro Nacional de Datos Genéticos

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

MENSAJE N° 18 - 2024 PROYECTO DE LEY REINCIDENCIA, REITERANCIA Y UNIFICACIÓN DE CONDENAS MENSAJE N° 16-2024 que comunica Proyecto de Ley - Modifica el Código Penal - Orden Público

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, encabezaron la reunión del Consejo de Seguridad del distrito.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Malvinas Argentinas del Palacio municipal, donde se resumió el trabajo realizado y se recibieron las propuestas por parte de los distintos sectores que representan a los vecinos del Municipio.

De ese modo, el Municipio fue ratificado como coordinador y enlace entre el Ministerio de seguridad, las fuerzas de seguridad y la Justicia. Además, en la jornada se diagramaron nuevas acciones territoriales con el fin de seguir construyendo una comunidad vecinal más segura.

Al final del encuentro, el ministro Javier Alonso señaló que “la decisión política del Intendente, que es el que conoce el territorio, su liderazgo político y el de nuestro gobernador Axel Kicillof, y una Policía Bonaerense que no baja los brazos, son las herramientas fundamentales con las que atacamos a las organizaciones criminales”.

“Este año, cuando planificamos con el Intendente, nos pidió fortalecer con una estrategia clara el plan de seguridad del distrito de acuerdo con las distintas realidades del territorio. Y eso fue lo que hicimos. Vamos a inaugurar una base de UTOI en el sur, una en el centro y una en el norte de La Matanza. Cada una con características particulares. Y eso nos permite avanzar y nos permite desbaratar las bandas que hemos desbaratado”, agregó.

Al iniciar la reunión, el intendente de La Matanza destacó que “esta mesa es un ejemplo de trabajo conjunto con el que logramos avances. Conseguimos el doble de patrulleros que teníamos, el doble de efectivos de seguridad, vinieron las fuerzas especiales UTOI a La Matanza, abrimos 3 nuevas bases de   investigaciones policiales descentralizadas en el norte, sur y centro del distrito”.

También, resaltó que “estamos construyendo 3 nuevas bases de las fuerzas especiales, 6 nuevas comisarías, una nueva unidad penitenciaria en González Catán para alojar a los detenidos de las comisarías y también estamos haciendo una inversión en tecnología muy grande”.

“Todo esto significa la inversión más grande en seguridad de toda la historia de La Matanza, que hace que hoy podamos, por ejemplo, a través de la tecnología, crear anillos digitales que controlan las entradas y las salidas de los accesos más importantes del Distrito”, enfatizó el Intendente.

Además, resaltó que “entregamos más de 15.000 alarmas vecinales, que a través del programa Ojos en Alerta, permite que los vecinos puedan organizarse en cada manzana y puedan bajarse a su celular una aplicación que, ante cualquier situación de peligro, con un clic hacen sonar la alarma, prenden un reflector en la cuadra y automáticamente hace un llamado al teléfono de emergencia policial. Esto nos está dando muy buenos resultados”.

Asimismo, Fernando Espinoza enfatizó ante los participantes del Consejo de Seguridad que “la herramienta más poderosa que tenemos para tener una ciudad más segura es la educación, la inclusión social y los derechos”. También participó de la reunión la fiscal general del Departamento Judicial de La Matanza, Patricia Ochoa.

Completaron el encuentro: el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad provincial, Ignacio Pacho; el jefe de Gabinete, Claudio Lentini; la secretaria de Géneros local, Liliana Hendel; la secretaria de Políticas Educativas, Silvina Gvirtz; la jefa regional de Inspectores, María Sesana; representantes de Bomberos Voluntarios, de los Foros de Seguridad de las diferentes localidades, cámaras de comercio, cámaras empresariales, docentes, entre otros.

Después de que se fugaran diez presos en menos de un mes, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyó la comisión especial de Seguimiento de Sistemas de Video Vigilancia, la cual tiene por objeto realizar un seguimiento del uso de estas tecnologías en el ámbito del distrito capitalino.

En la reunión que llevó adelante en el Salón Alfonsín fue designada como presidenta la diputada de Vamos por Más (VxM) Gimena Villafruela, quien estará acompañada por José Ignacio Parera, Facundo Del Gaiso (VxM), Victoria Montenegro (UP) e Inés Parry (UCR- Evolución).

La comisión funcionará en cumplimiento del artículo 497 de la Ley 5688, Resolución 300/2023 y Decreto 3 de Vicepresidencia primera.

Los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente, se reunieron este lunes por la tarde con un puñado de diputados oficialistas a fin de conversar sobre las cinco leyes que proponen reformas y un endurecimiento en políticas en materia de seguridad en medio de la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo que azota la ciudad de Rosario.

El encuentro se llevó a cabo este lunes pasado el mediodía en la sede del Ministerio de Seguridad en la calle Gelly y Obes 2289 del barrio de Recoleta. En el mismo estuvieron presentes Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Nicolás Emma, Lisandro Almirón, Lorena Villaverde, Juliana Santillán, Santiago Santurio, María Fernanda Araujo, Eduardo Falcone, Emilia Orozco, Rocío Bonacci, Marcela Pagano, Facundo Correa Llano y María Cecilia Ibáñez. Cabe destacar que no participó el titular del bloque, Oscar Zago, enemistado con Pagano.

Se trató de la primera reunión que Bullrich y Petri mantienen con el espacio oficialista en Diputados y se espera que lo mismo hagan con bloques opositores dialoguistas en busca de respaldo político para poder aprobar las iniciativas en el recinto.

“Reunión de bloque con la ministra de Seguridad @PatoBullrich y @luispetri conversamos sobre los proyectos de ley del ministerio, los cuáles constituyen la herramienta para combatir y vencer el Narco terrorismo. #VLLC”, posteó la diputada Santillán. En el mismo sentido lo hizo Emma: “Conversamos sobre los distintos proyectos de ley orientados a mejorar la seguridad de todos los argentinos y de nuestro territorio Nacional”.

La aprobación de los proyectos permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.

En concreto, se trata de las siguientes leyes: contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.

El presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, presentó un paquete de proyectos de ley con la finalidad de aportar herramientas jurídicas al Estado en la lucha contra el narcotráfico en todo el territorio nacional.

Entre las iniciativas impulsadas por el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires están la modificación del Código Penal, de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior; la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico; la baja de la edad de imputabilidad; y la instalación de inhibidores de comunicación en las cárceles.

A través de X, Ritondo afirmó que “la droga y el narcotráfico están arruinando y matando a toda una generación de chicos y jóvenes que consume, roba y mata para conseguirla o es víctima de la violencia y las mafias que manejan el negocio. Negarlo o mirar para otro lado, es criminal”.

La droga es la madre y el padre de la mayoría de los delitos en el país. El narcotráfico está arruinando y matando a toda una generación de chicos y jóvenes que consumen, roban y matan para conseguirla o son víctimas de la violencia y las mafias que manejan el negocio. Negarlo o… pic.twitter.com/QnyLgLYVGt

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 13, 2024

“El problema existe y día tras día le arruina la vida a miles y miles de argentinos. No sólo lo vemos en Rosario y en la Provincia de Buenos Aires, donde día a día asesinan inocentes por culpa de este flagelo, el problema se expande a todo el territorio nacional. Tenemos que actuar en consecuencia”, agregó.

En ese sentido, Ritondo volvió a presentar una serie de proyectos que habían perdido estado parlamentario. El primero de ellos consiste en la creación de la Agencia Federal Antinarcotráfico, un organismo armado y especializado, dotados de recursos humanos y técnicos calificados y especializados en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, Ritondo impulsó la modificación del Código Penal donde, entre otros puntos, sostiene el decomiso anticipado de los bienes criminales, terminar con el beneficio de la libertad condicional para reincidentes de delitos, el apoyo total al trabajo de las Fuerzas de Seguridad, calificar como homicidio agravado el asesinato de miembros de las fuerzas, el aumento de las penas por el tráfico de estupefacientes, agravantes para el tráfico de droga utilizando menores de edad, el aumento de penas si los hechos fueron cometidos por un funcionario público encargado de la prevención de esos delitos, y habilitar a los jueces a juzgar en nuestro país a organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico.

Por otro lado, la modificación de la ley de Seguridad Interior que fue presentada en la Cámara de Diputados permite que las Fuerzas Armadas puedan actuar para combatir amenazas internas de poderosas bandas de narco terroristas.

La baja de imputabilidad a los 14 años también es otra de las iniciativas legislativas que impulsa el diputado Cristian Ritondo: “No sólo buscamos poder darle reparación a la víctima del delito, sino también brindar un proceso adecuado al menor que delinque, para poder contenerlo y darle una nueva oportunidad en lugar de dejarlo abandonado en el delito. Es una herramienta clave si queremos atacar de verdad el uso de menores por parte de organizaciones criminales como soldaditos que la justicia no puede detener”.

Por último, Ritondo propone instalar inhibidores de señal en complejos penitenciarios de la Argentina. “Esto es para terminar con la locura de que las bandas siguen operando desde el interior de las cárceles con total impunidad”, explicó en los fundamentos del texto.

“Hoy existe la decisión política clara de enfrentar el crimen organizado. No importa el color político de los gobernadores o intendentes, la prioridad siempre es la gente”, concluyó Cristian Ritondo.

El Municipio de Esteban Echeverría y el Ministerio de Seguridad de la Provincia Buenos Aires llevaron a cabo una mesa de trabajo con el objetivo de fortalecer estrategias para la prevención del delito.

En su visita al distrito, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anunció la llegada de una nueva fuerza de seguridad a Esteban Echeverría: la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que estará compuesta por 200 agentes. LA FBA integra las fuerzas especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y está formada y entrenada para trabajar en proximidad con la ciudadanía, patrullar los barrios e implementar controles de seguridad.

La semana pasada, las autoridades municipales y provinciales se reunieron en el Centro Operativo de Monitoreo (COM) municipal para planificar la mejora en el intercambio de información entre la Guardia Urbana local y la Policía bonaerense. También se centraron en cómo abordar el fortalecimiento del trabajo en conjunto en los operativos de seguridad y prevención del delito que se llevan a cabo en el partido, y los mecanismos de contención a la ciudadanía. Del encuentro participaron el secretario de Seguridad Comunal, Gabriel Villegas; el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial del AMBA y Capital, Andrés Escudero; la directora de Gestión de la Información Criminal en Región AMBA Sur, Florencia Nella Castro, y las jefas y los jefes policiales de Esteban Echeverría.

En el municipio de Esteban Echeverría, la flota de seguridad cuenta con 102 patrulleros y 15 motos de la Policía bonaerense, 50 móviles de la Guardia Urbana y también vehículos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y de Gendarmería Nacional. Asimismo, el partido tiene más de 1.650 cámaras de seguridad y domos con visualización de 360° en funcionamiento, y 70 paradas seguras y tótems equipados con dispositivos de videovigilancia e intercomunicadores que facilitan la asistencia en casos de emergencia y seguridad.

La comuna, además, cuenta con un arco que integra el Anillo Digital de Seguridad y está conformado por cámaras lectoras de patentes que detectan vehículos robados, con chapas de dominio falsas o con pedido de secuestro. Todos los equipos tienen un seguimiento permanente del personal municipal del COM. También consolidó un equipo vinculado al sistema de emergencias, del cual participan las áreas de SAME, Defensa Civil y Bomberos.

En paralelo, en el distrito avanzan los exámenes para las y los aspirantes a ingresar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires en 2024. Este año ya realizaron la prueba 300 personas y, desde noviembre de 2023 hasta la fecha, 600 aspirantes pasaron por la evaluación para este ingreso que se realiza por tandas y de forma conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Esteban Echeverría, que brinda los espacios territoriales para que se desarrollen las capacitaciones.

El diputado nacional Mario Barletta presentó un proyecto de ley este lunes para exigir la declaración de emergencia en seguridad en la provincia de Santa Fe hasta el 31 de diciembre del 2024, tras de los asesinatos y la violencia callejera en la ciudad de Rosario.

El texto señala que el plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por un año como máximo. También, propone fortalecer “la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes”.

Y agrega que también está previsto para enfrentar “la corrupción de niños, niñas y adolescentes, terrorismo, las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, los delitos aduaneros, los secuestros extorsivos y la trata de personas”.

El proyecto fue acompañado con la firma de la vicepresidenta del bloque radical Karina Banfi y los diputados nacionales Julio Cobos, Gerardo Cipollini, Pamela Varasay, Soledad Carrizo, Roberto Sánchez y Francisco Monti.

Este tema había sido reclamado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el cual había sido incorporado por la oposición “dialoguista” en el tratamiento de ley ómnibus que finalmente se cayó el 6 de febrero pasado. Sin embargo, el bloque radical tendrá la oportunidad de tratarlo sobre tablas este miércoles en la sesión especial convocada para debatir sobre movilidad jubilatoria.

0541-D-2024 Proyecto de Ley Declaracion de Emergencia en Seguridad en la Provincia de Santa Fe

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (UP – Buenos Aires) cruzó este lunes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que la funcionaria afirmara que el legislador “estaba al mando de una policía paralela de espionaje”. "No tengo la menor idea de qué hablas, magnicida frustrada. Supongo que será efecto del delirium tremens”, le contestó.

Las declaraciones de Bullrich se dieron en el programa televisivo en LN+, al referirse a la situación en la que encontró a la Policía de Seguridad Aeroportuaria: “Es un escándalo y un delito. Encontramos un grupo de inteligencia armado que estaba al mando de Tailhade y lo desarmamos en dos minutos”.

No tengo la menor idea de qué hablás, magnicida frustrada @PatoBullrich. Supongo que será efecto del delirium tremens. https://t.co/sexcD5woup

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) March 11, 2024

Además, la ministra relató que se encontró con un “intento -de la gestión anterior- de 'partidizar' la entrada a la Gendarmería Nacional”. “Le repartieron a los intendentes cuotas para poner gendarmes”, señaló y vinculó a La Cámpora con lo relatado.

Tailhade, quien fue uno de los diputados kirchneristas con participación más activa durante las reuniones de Comisión de Juicio Político durante el 2023, le respondió a Bullrich a través de X y consideró que “será efecto del delirium tremens”.

Este síndrome mencionado por el diputado de UP se refiere al cuadro confusional agudo producido por la privación alcohólica. En este caso, el legislador utilizó la frase -en tono irónico- para recordarle a la ministra un episodio del 2009 cuando dio positivo un test de alcoholemia mientras era diputada nacional.

En medio de una nueva ola violenta en Rosario, a raíz de la seguidilla de asesinatos cometidos por bandas narco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó a los diputados que no votaron a favor de la ley ómnibus, la cual contemplaba la emergencia en seguridad, con su correspondiente base de delegación.

Durante la conferencia de prensa que dio este lunes, la funcionaria anunció el envío de una ley 'anti-mafias', y aprovechó para criticar a la oposición: “Lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad”.

Horas antes de la conferencia, el diputado nacional del Pro Damián Arabia, quien le responde directamente, había publicado en sus redes sociales: "Hoy Rosario sangra y todos postean, pero hace un mes votaban en contra de las bases para facultar al Poder Ejecutivo en 'Fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales'. En el Pro y LLA votamos todos a favor, sin excepción. Algunos UCR y Hacemos votaron a favor, y otros en contra, y el kirchnerismo y la izquierda votaron todos en contra, inclusive diputados santafesinos. Espero que cuando vengan nuevamente las leyes de seguridad, esta vez publiquen menos y voten mejor".

"Ruin. Hacer política con la mentira y usando los muertos del narcotráfico en Rosario es de una bajeza que Patricia Bullrich no tendría en estos temas. Pero últimamente en política vale todo, que triste", le respondió el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, en un intercambio que se dio justo antes que Bullrich hiciera su reclamo de manera pública.

Ruin. Hacer política con la mentira y usando los muertos del narcotráfico en Rosario es de una bajeza que Patricia Bullrich no tendría en estos temas. Pero últimamente en política vale todo, que triste. https://t.co/RWFHctvzr4

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) March 10, 2024

Ante el planteo de la ministra de Seguridad, el radical Manuel Aguirre, uno de los que votó a favor del texto aludido, le recordó: "Señora Ministra @PatoBullrich usted nunca solicitó la emergencia en Seguridad por Narcotráfico en la Ley Ómnibus, sólo se preocupó en las manifestaciones sociales. Desde el radicalismo fuimos los primeros en pedirlo ya que es un tema de urgencia para evitar más muertes inocentes".

Puntualmente, el texto original enviado por el Poder Ejecutivo contenía la emergencia en seguridad -la que sí se había aprobado en el artículo 1-, pero no contemplaba en la base de delegación el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad o la lucha contra el narcotráfico. Fueron, durante el proceso de negociaciones, los bloques dialoguistas quienes redactaron el inciso "j" del artículo 4, que igualmente en la votación en particular fue rechazado por 130 votos negativos y 123 positivos. Posteriormente, se cayó toda la ley.

El inciso incorporado por la oposición en el dictamen rezaba: "Fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en: (i) la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; (ii) la producción y tráfico de estupefacientes; (iii) la corrupción de niños, niñas y adolescentes; (iv) terrorismo; (v) las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas; (vi) los delitos aduaneros; (vi) los secuestros extorsivos y (vii) la trata de personas".

Los votos negativos a ese inciso fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Por Santa Cruz. Mientras que dentro de los bloques dialoguistas, como la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, hubo división.

Dentro de la bancada radical hubo cuatro votos en contra, de Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes y Fernando Carbajal, quien este lunes le contestó a Bullrich: "@PatoBullrich deja de mentir a la ciudadanía. En la ley ómnibus no había ni una letra sobre narcotraficantes y crimen organizado. Solo un montón de demagogia punitivista absolutamente inútiles. Cumplí tu función y deja de promover leyes que no cambian nada".

En tanto, la diputada Mónica Frade se sumó: "Sra. ministro, en la fracasada sesión de ley ómnibus, en el artículo 1 habían logrado se les apruebe la emergencia en seguridad. Reclame al diputado @dipzago (Oscar Zago) que intempestivamente ordenó levantar la sesión, haciendo caer todo lo votado".

Frade fue uno de los votos en contra de Hacemos Coalición Federal, donde también rechazaron ese inciso sus pares de la Coalición Cívica, los diputados de Córdoba Federal, la bonaerense Margarita Stolbizer y los socialistas de Santa Fe Mónica Fein y Esteban Paulon.

Un aliado del oficialismo en el Senado pidió que se elimine la “Tasa Milei” que sigue vigente por la prórroga del plan de gastos realizado por el gobierno libertario. Se trata de una tasa de “Seguridad de la Aviación” que se cobra en los pasajes para fondear a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que había sido aprobado en octubre de 2022 cuando el kirchnerismo lo introdujo dentro del Presupuesto 2023 tan solo por un voto de diferencia lo que le valió de fuertes críticas por parte de la oposición a Javier Milei y Victoria Villarruel porque se habían ausentado del recinto a la hora de la votación.

La iniciativa fue presentada por el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y tiene como objetivo, según consta en los fundamentos del texto, “derogar un artículo de una ley impulsada por la gestión del presidente Alberto Fernández, que empeora la falta de competitividad de un sector de la economía de inmenso valor socioeconómico, trasladando, una vez más, la responsabilidad de un Estado que debiera ser eficiente en el uso de sus recursos, hacia el bolsillo de los ciudadanos”.

En concreto, Romero demanda eliminar “el artículo 115 de la Ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023″, prorrogado por el Ejecutivo para el corriente año. Este impuesto fue empujado en octubre de 2022 por la actual diputada camporista Paula Penacca y es, según explicó el legislador salteño, “abonada por los pasajeros de vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje, desde aeropuertos o aeródromos nacionales, recursos que son destinados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)”.

Dicho artículo establece que “la tasa de seguridad de la aviación será un monto fijo que determinará el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo valor no podrá superar el equivalente a cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del sueldo básico del grado jerárquico de oficial principal del escalafón general del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria aprobado por ley 26.102 y su decreto reglamentario 836/08 y modificatorios”.

“La nueva tasa, que entró en vigencia el 1° de diciembre de 2022, provocó un fuerte rechazo desde el sector aéreo comercial. La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), emitió en su momento un comunicado en el que sostenía que la Argentina es el país que más grava la actividad aérea en la región, y con la nueva tasa, ‘se encarece sustancialmente la tarifa del ticket que debe pagar el viajero, en ocasiones hasta duplicando la tarifa base que cubre la operación aérea’”, señaló Romero.

El senador luego detalló: “La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) se sumó al rechazo a la medida y argumentó que ‘la seguridad en la aviación civil es una responsabilidad del Estado y, tal como recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es el mismo Estado quien debe cubrir con ese costo, sin trasladarlo al pasajero’”.

Romero también dijo que “sobre este último aspecto, el artículo que aquí se propone derogar prevé que esos recursos presupuestados sean destinados al servicio público de seguridad de la aviación, para evitar delitos que debieran ser prevenidos con capacitación y recursos de un Estado bien administrado, no cobrándole una tasa más al pasajero”.

 

Por otra parte, el senador agregó: “Actualmente, el 54% del valor total de un boleto aéreo que paga el pasajero en Argentina corresponde a tasas. Un dato revelador de un país que asfixia con gravámenes destinados a solventar un Estado ineficiente y que se empecina en neutralizar la competitividad de su economía. A ello se le agrega otro dato: operar en la Argentina es mucho más costoso que en cualquier país de la región, ya que los costos de navegación área son ocho veces más caro que en Chile y los costos de aterrizaje son casi el triple comparado con Paraguay (basado en un avión Airbus A320-200), según datos difundidos por IATA”.

La finalidad de la iniciativa es “buscar las herramientas para que el sector aerocomercial sea más dinámico, competitivo y un impulsor más de la economía, con un Estado eficiente en el control y en el servicio que brinda a los ciudadanos”, aseveró el legislador salteño.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró a través de las redes sociales la implementación de las pistolas Taser y recorrió el Centro de Monitoreo Urbano de la Chacarita y dialogó con los oficiales que participaron de los operativos en los que se usaron esas armas.

En ese sentido, el oficialista aseguró que “la implementación de las Taser en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue un tema de debate que carecía de sentido. Luego de mucha demora y frenos que puso el kirchnerismo, nuestra policía ya las está utilizando y los resultados de su uso en los primeros operativos han sido claramente positivos”.

En tanto sobre su conversación con los efectivos acerca de la utilización de dichas armas en los operativos, Macri señaló que “sus testimonios son muy valiosos y todos coinciden en que es una herramienta muy útil para proteger a los vecinos y sobre todo, a ellos mismos”.

Sobre esa misma línea, explicó que “actualmente, la Policía de la Ciudad cuenta con 60 Taser y se espera el ingreso de más. Ya están capacitados más de 250 que realizaron los cursos específicos en el Instituto Superior de Seguridad Pública donde se los instruye sobre el marco legal y los principios generales de Derechos Humanos, el uso de la fuerza, las características técnicas, el funcionamiento y sus efectos físicos”.

“Las Taser son una tecnología efectiva para la prevención de delitos y la contención de hechos violentos. Vamos a seguir trabajando para que nuestra Ciudad sea cada vez más segura para los vecinos y para todos aquellos que tienen la tarea de cuidarnos”, sentenció.

En medio del debate por la expulsión de los extranjeros que delinquen, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvieron un encuentro en el que se comprometieron a trabajar en conjunto para mejorar la seguridad en el distrito capitalino.

De esta manera, el alcalde porteño explicó que “con Patricia Bullrich tenemos un mismo objetivo, lograr que la Ciudad sea un lugar más seguro” y aseguró que “juntos vamos a seguir trabajando por la seguridad, combatiendo el delito para llevarles cada vez más tranquilidad a los vecinos”.

“No vamos a permitir que nuestra ciudad sea un lugar al que se viene a cometer delitos, es importarte trabajar para que todo aquel que incumpla la ley sea deportado”, añadió y concluyó precisando que “vamos a enfrentar el narcotráfico y sacar la droga de los barrios. Sabemos que siempre podemos hacer más y eso se logra trabajando en conjunto para devolverle a los ciudadanos la tranquilidad de poder caminar por la calle sin miedo, con el objetivo bien claro, que los porteños se sientan cada vez más seguros”.

Mientras que Bullrich manifestó que “con Jorge Macri tenemos un mismo objetivo: lograr que la Ciudad sea un lugar más seguro” y destacó que van “a seguir trabajando por la seguridad, combatiendo el delito para llevarles cada vez más tranquilidad a los argentinos de bien”.

“No vamos a permitir que nuestra ciudad sea un lugar al que se viene a cometer delitos. Es importante trabajar para que todo aquel que incumpla la ley sea deportado”, señaló y concluyó planteando que “vamos a enfrentar el narcotráfico y sacar la droga de los barrios. Sabemos que siempre podemos hacer más y eso se logra trabajando en conjunto para devolverles a los ciudadanos la tranquilidad de poder caminar por la calle tranquilos y sin miedo, con el objetivo bien claro, que los porteños y los argentinos se sientan cada vez más seguros”.

Segunda jornada maratónica tuvo lugar este miércoles en Diputados durante el plenario de comisiones que continuó con el debate por la ley ómnibus a la que asistieron un total de ocho funcionarios del Poder Ejecutivo.

Los primeros en exponer fueron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Promediando la tarde, fue el turno de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía; Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Pablo Lavigne, secretario de Comercio; Carlos Casares, interventor del Enargas; Juan Paso, secretario de Industria y Desarrollo, y Fernando Vilella, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Quirno y Lavigne no alcanzaron a exponer. A la 1.43, después de más de 16 horas de plenario, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, anunció que tal cual lo acordado con las autoridades de los bloques y los propios funcionarios se había decidido reprogramar la presentación de Pablo Quirno y Pablo Lavigne, para exponer a partir de las 17.30 de este jueves. Tenía sentido, pues de lo que iban a hablar ambos secretarios involucraba un centenar de artículos de la ley ómnibus.

Un sistema de energía con riesgo de desabastecimiento

Por segunda vez consecutiva asistió el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien puntualizó a explicar la situación actual y el por qué de ciertas medidas. Al iniciar su presentación, Chirillo alertó que “el sistema energético actual está desinvertido, desfinanciado y es altamente ineficiente, con alto riesgo de desabastecimiento. La balanza comercial acumulada de los últimos 10 años en materia energética nos dio una pérdida de 30 mil millones de dólares acumulados”, y lamentó: “Parece mentira que, en un país tan rico en recursos, tengamos una pérdida así en materia energética”.

El funcionario explicó: “La situación actual tiene un debilitamiento institucional del sector donde el ente regulador no funciona como tal. Requiere la necesidad de recuperar la capacidad técnica y la idoneidad y se encuentra con una estructura sobredimensionada”.

“En cuanto al parque de generación, que es muy preocupante, es que al no haber inversiones en generación la potencia disponible, que no es la instalada, esta muy cerca de la demanda máxima por lo que los riesgos de cortes son muy altos y tenemos que apelar a importar electricidad por parte de Brasil”, alertó y detalló que “esa desinversión que hay en generación además viene de la mano de que está disociado del precio que reciben los generadores respecto del precio que pagan los distribuidores y pasan a la tarifa del usuario final. Hay un pago a los generadores cuyo precio no se pasa a la tarifa y por lo tanto es el Estado el que realiza continuos aportes a un parque que está al limite y no se hace nueva inversión”.

En tanto, indicó que “a esto se suma que respecto de los costos que significa generar electricidad la tarifa solo cubre el 40% del costo del suministro. Hemos pasado por tanto durante dos décadas, esto no es de un gobierno o de dos, sino que fue progresivamente pasamos de un mercado competitivo a uno regulado pagando costos medios y requiere de importantes aportes del Tesoro Nacional para poder sostener esa generación”.

Chirillo contó que “el Estado financia en los 2023 7 mil millones de dólares y en el 2022 fueron 10 mil millones de dólares. Además, el Estado decidió que CAMESA que es el organismo que organiza el mercado sea el comprador de combustibles por lo cual se generan sobrecostos, y que el Estado tiene que pagar”.

“Los cuadros tarifarios al estar planchadas y congeladas desde el 2020 las tarifas y solo durante estos últimos años con ajustes parciales han fomentado el crecimiento de la demanda porque cuando la energía esta barata, no cuesta y por tanto se gasta más de lo que se necesita”, planteó.

Por tanto, contó que “en algún momento del tiempo de estas últimas décadas hemos roto con algo fundamental que es que la tarifa refleje el costo del suministro y esto que parece tan básico decirlo lo hemos mezclado, en realidad, con que la tarifa se tiene que asociar a la capacidad adquisitiva de la gente. Ese tema está relacionado con el subsidio, no con la tarifa”.

“El esquema que se viene haciendo con la segmentación, donde algunas personas pagan un precio y otros pagan otro costo por el poder adquisitivo, eso conceptualmente esta mal y es a través de los subsidios que el Estado debe ayudar a las personas de bajos ingresos que no pueden pagar el costo del suministro”, planteó el secretario de Energía.

A su vez, advirtió que “en materia de transporte estamos peor aún, la red no crece y está saturada y esto nos lleva a una situación de total ineficiencia porque no se hacen las redes de transporte. Por tanto, no aprovechamos de nuestro país los lugares donde se pueden obtener las fuentes primarias de energía de forma más económica, no se hacen redes hace muchísimo tiempo. No hemos crecido y tampoco acompañado”.

“Sumado a toda esta situación de déficit, de desfinanciamiento y de desinversión, la situación que tenemos en el sector eléctrico es muy vulnerable y realmente preocupante”, alertó Chirillo y siguió: “Como contrapartida a todo esto, desde el punto de vista económico el sistema no es autosuficiente y tiene que serlo, pero no logramos hace tiempo conseguirlo. Entonces, ocurre que el Estado financia, subsidia a la generación y a todos los usuarios y, por otro lado, las tarifas no logran recaudar lo que las distribuidoras deben pagar y entonces se generan deudas y si eso prospera nos quedamos sin un sistema funcionando”.

En materia de gas, también indicó que existe “ese debilitamiento institucional” porque “las señales de precios se han perdido. Tenemos Vaca Muerta que es la segunda reserva de gas en el mundo y solo explotamos el 6% de su potencial”.

“El Estado cubre dos tercios del costo del precio de la molécula de gas a través de subsidios pagando parte del Plan Envasar a precios que no paga el usuario, paga el Estado y a las distribuidoras se les pasa una parte y como no viene inversión de nada y viene justa y en momentos de pico necesitamos importar. Compramos a Bolivia a un costo de 10 dólares que luego a las distribuidoras se las pasa a 1,2 dólares y el resto lo paga el Estado”

Sobre el GNL, informó que “es insostenible”, al igual que los cuadros tarifarios porque “hay 90 tipos de tarifas”.

Al referirse a la transición energética, lamentó que “no hemos logrado casi nada, en ningún año se cumplió con los porcentajes de energía renovable previstos en las leyes. No se conocen multas por incumplimientos, tampoco se cumplieron las metas de transición, solo son expresiones de deseo”.

“Esta situación que es preocupante requiere de medidas importantes a tomar que algunas se tomarán por DNU y resoluciones. Nos permitirían recuperar el sector energético que necesitamos, es una cuestión de actualización”, planteó el funcionario y explicó que son 10 las propuestas: “Respetar derechos adquiridos, revisar las funciones del Estado, recuperar confianza en la inversión, indispensable transparencia en la regulación que dictan, en infraestructura estamos escasos y por eso se propone ese régimen de iniciativa privada y tenemos que integrarnos con el exterior, fomentar los contratos a largo plazo, cambios con senderos de precios, incentivas inversiones, dar estabilidad fiscal, aggiornar los tratados de protección de inversiones. Algunas medidas que necesitamos, requieren de una modificación de ley”.

Chirillo explicó que hubo cambios en la redacción porque “se han producido algunos errores” y precisó que “daban a entender que el Estado quería nacionalizar los recursos de las provincias, se ha tomado la modificación de una ley con el texto original y se mantuvo el nombre de Poder Ejecutivo que se usaba en ese momento. Es un error que se está arreglando”.

Sobre los hidrocarburos, contó que proponen un cambio que “es sustancial para la seguridad jurídica y de inversión que es reconocer el derecho de las empresas a la libre comercialización al exterior de petróleo y gas sujeto a la no objeción del Estado, que se puede oponer a ese derecho cuando se produce un sobrecosto en el abastecimiento local. Cambia el régimen de ser un derecho a una autorización que eran parciales y precarias. La misión es bajar el riesgo país”.

También aclaró sobre el tema de los biocombustibles que han “actualizado la versión que ingresó con unos artículos y que ahora van a estar alineados a comentarios de gobernadores y diputados”, y explicó que “el Estado libera el precio y se aumenta el corte obligatorio de 7 al 10 y luego aumentar al 15% hasta el 2026, lo cual permitirá alinearnos con Brasil. En materia de bioetanol se aumenta al 12% y se aumenta en tres años un 18% hasta seguir un sendero del 27%”.

“Los cupos queremos que sean cambiados por licitaciones pero que ninguna empresa pueda tener mas del 14% de la participación de demanda interna, no pueden participar más allá del 100% de la capacidad instalada, tiene que haber elación ente la producción y la capacidad de todas las integradas debe ser iguala  las no integradas, vamos a permitir que tanto empresas chicas y grande participen del mismo modo”, agregó y contó que el cuarto capítulo propone la unificación de los entes reguladores con una buena gobernanza dará mayor seguridad a los inversores y en materia eléctrica los cambios son menores”.

En la segunda jornada sobre el debate de la ley ómnibus, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la eliminación del artículo 331 del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos durante la reunión plenaria de este miércoles.

Así las cosas, Bullrich explicó: “Ha habido una mala interpretación del artículo 331 sobre permisos de reunión de más de 3 personas, pero en realidad está vinculado a la Ley de Tránsito”. “Al haber confusión, lo retiramos”, anunció la ministra.

Igualmente, Bullrich consideró que “no se trata por ser tres personas” sino que “tres, cinco o veinte que corten un puente e impidan la circulación es lo mismo, pero igualmente vamos a retirar ese artículo”, remarcó.

Del mismo modo, recalcó que se trataba de una modificación a la Ley de Tránsito, pero insistió: “Una persona o las que sean pueden cortar un puente o impedir el tránsito”. Finalmente, remarcó: “Denlo por retirado”.

En la segunda jornada del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, estuvo presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para aportar lineamientos sobre la ley ómnibus.

Ante las ironías de fondo de los diputados de Unión por la Patria, la ministra afirmó que “necesitamos tener a las fuerzas con la certeza de que el Estado no es su enemigo”. Asimismo, explicó tres temas dentro del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos.

La ministra de Seguridad planteó que todas las medidas de seguridad establecidas en el proyecto de ley del presidente Javier Milei “son de las urgencias que el país necesita para salir de la crisis económica en la que está”. “Cualquier error que pueda surgir en las decisiones de cambios pueden generar una situación de incertidumbre”, anticipó.

En primera instancia, se refirió a que “ha habido una mala interpretación del artículo 331 sobre permiso de reunión de más de 3 personas”, y anunció que será eliminado de la iniciativa en tratamiento. “Al haber confusión, lo retiramos”, afirmó.

Después, señaló: “Hemos cambiado el artículo 34 de la legítima defensa a lo que sucede hoy en día con la violencia de los delitos que destruye la vida de tantos ciudadanos”, y agregó: “Planteamos un cambio en línea con los países sudamericanos porque nosotros teníamos una legítima defensa en base a delitos no violentos”, explicó Bullrich.

Los tres puntos de Bullrich

Uno de los temas que la funcionaria señaló de “gravedad” fue la protesta social: “Para tener un país con inversiones, debemos tener un país con orden y esta es una situación imposible de convivencia social que ha generado más problemas”.

“Estamos planteando que a partir de ahora haya mayores penas si usan armas como morteros, palos y cañas porque hemos tenido casos donde hubo miembros de las fuerzas de seguridad heridos”, anunció Bullrich.

Así las cosas, profundizó que “no se trata de un modelo autónomo, sino que se organizan a partir del uso de recursos del Estado que tiene como contrapartida la participación en la manifestación y hay organizadores, un sentido y un objetivo de cortes, y lo hacen con una capacidad de presión sobre los concurrentes, el quite del beneficio social”.

En tal sentido, agregó que “esto ha generado un modelo que termina con la autonomía y la voluntad de la persona porque la gente debe darle dinero a los organizadores”. “La pena del organizador es de 3 a 6 años de prisión”, aseveró.

En el final del primer punto, relató que “de ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado que le dé o quite beneficios a las personas porque ese dinero es de los contribuyentes”, y concluyó: “Hay más de 25.000 denuncias, donde una cuenta que una familia que cobraba 108.000 pesos, solo recibía 20.000”.

El segundo punto que la ministra desarrolló fue respecto a la legítima defensa: “Hemos cambiado el artículo 34 de la legitima defensa a lo que sucede hoy en día con la violencia de los delitos que destruye la vida de tantos ciudadanos y planteamos un cambio en línea con los países sudamericanos”.

“Nosotros teníamos una legítima defensa en base a delitos no violentos con el uso solo para impedir muertes o ataques hacia terceros”, remarcó, y advirtió que “el policía no puede verificar al instante si el delincuente tiene un arma de verdad o no”.
Asimismo, explicó que “sacamos el concepto del ataque por la noche porque hay infinidad de casos, en donde vemos al robo en moto, que al huir de la escena del crimen disparan hacia atrás”. “Cuando el motochorro se va tirando para atrás, el policía aplica la legitima defensa”, explicó.

“Queremos darle la seguridad que no van a ser juzgados, ni pasar de agentes del orden a víctimas porque si no actuamos con firmeza nos va a pasar como Ecuador y estamos hablando con los gobiernos (provinciales) para ir contra los núcleos del narcotráfico”, enfatizó.

Finalmente, el tercer punto fue la modificación para que “el delincuente no pueda ser querellante en el hecho”, y amplió: “Una persona que sale a robar, es decir viola la ley, después no puede exigir un resarcimiento”.

También, propuso “aumentar las penas a quienes golpean a policías (3 años y 6 meses)”. Sobre todo, cuando sean más de tres personas, con armas o un funcionario público que esgrima poder”.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó al nuevo personal de seguridad que se incorpora a la Guardia Urbana local y al cuerpo de inspectoras e inspectores de la Dirección de Tránsito local.

“La seguridad en Esteban Echeverría es una prioridad en nuestra gestión. Es muy importante que sigamos sumando más agentes de seguridad que permitan brindar mayor cobertura para las tareas de prevención del delito en el distrito”, expresó Fernando Gray en el Centro Operativo de Monitoreo (COM).

Con estas nuevas incorporaciones, la Guardia Urbana local cuenta con más de 100 agentes que realizan patrullajes preventivos (las 24 horas del día los 365 días del año) en los barrios de las cinco localidades del distrito. También participan en los operativos de seguridad y de control vehicular que se despliegan todas las semanas en el partido. En tanto, a partir de ahora, la dirección de Tránsito estará integrada por 32 agentes.

La flota de seguridad del municipio cuenta con 102 patrulleros y 15 motos de la Policía bonaerense, 50 móviles de la Guardia Urbana y también vehículos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense y de Gendarmería Nacional. Asimismo, Esteban Echeverría tiene más de 1.680 cámaras de seguridad y domos con visualización de 360° en funcionamiento, y 70 paradas seguras y tótems equipados con dispositivos de videovigilancia e intercomunicadores que facilitan la asistencia en casos de emergencia y seguridad.

El municipio, además, cuenta con un arco que integra el Anillo Digital de Seguridad y está conformado por cámaras lectoras de patentes que detectan vehículos robados, con chapas de dominio falsas o con pedido de secuestro. Todos los equipos tienen un seguimiento permanente del personal municipal del COM. También consolidó un equipo vinculado al sistema de emergencias del cual participan las áreas de SAME, Defensa Civil y Bomberos.

Uno de los tópicos que el presidente de la Nación, Javier Milei, relativizó en su discurso fue el de la seguridad y amplió que “Argentina se ha convertido en un baño de sangre porque los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas”.

Asimismo, puntualizó sobre la ciudad de Rosario y agregó: “El narcotráfico se apoderó totalmente de nuestras calles a punto tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia”.

“Nuestras fuerzas de seguridad han sido humilladas y maltratadas durante décadas, han sido abandonadas por una clase política que le ha dado la espalda quienes nos cuidan”, señaló Milei.

Se sabe que Patricia Bullrich será nuevamente ministra de Seguridad de la Nación y además, Milei envió un mensaje contra la Justicia: “La anomia es tal que solo el 3% de los delitos son condenados. Se acabó con el siga-siga de los delincuentes”.

En materia de seguridad, durante el debate presidencial de este domingo, Javier Milei habló de un país que “es un baño de sangre” y esto “empezó de manera mucho más grosera a partir del año 2001, 2002; y se hizo mucho más fuerte con la llegada de un señor llamado Eugenio Zaffaroni”, en alusión al exjuez de la Corte, quien “hacía que las víctimas fueran los victimarios”, lanzó. 

“Nosotros no creemos en esa lógica de que el delincuente es una víctima, nosotros creemos en aplicar la ley del que las hace, las paga”, aseguró el candidato de La Libertad Avanza. 

Por su parte, Sergio Massa se refirió a su gestión como intendente en Tigre, donde se bajó “80% el robo automotor y 47% todos los delitos”, a través de un sistema de “cámaras, móviles, botón de pánico y tecnología aplicada a todo lo que es un programa satelital de prevención”. “He planteado lo mismo para las 140 ciudades de más de 50 mil habitantes”, dijo. 

En su exposición, el candidato de Unión por la Patria agregó que “no es solo la tarea de prevención, tenemos la responsabilidad de atacar los tres crímenes transnacionales: corrupción, narcotráfico y trata de personas”. Y prometió “la instalación en Rosario de la sede de una agencia federal que va a trabajar con lo mejor de las cuatro fuerzas federales”. 

“Reconozco que lo que has hecho en materia de seguridad en Tigre es bueno, y querer extenderlo al resto del país es bueno. Ahora, debe ser muy malo el resto que hiciste para que cada vez que fue tu mujer (Malena Galmarini) a las elecciones perdió siempre, o quizás te conocen demasiado”, chicaneó. 

El libertario repasó que su plataforma electoral propone “reformar varios aspectos de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el sistema carcelario”. “Nosotros queremos que la ley se cumpla, no como ustedes que soltaron chorros en la pandemia”, lanzó. 

Tras decirle que sobre eso debería presentar una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, Massa volvió al tema narcotráfico. “Me gustaría volver al sistema de inhibidores en las cárceles, que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el control y seguimiento de Los Monos en Santa Fe”, expresó. 

Ante un silencio de Milei, lo vapuleó: “El problema es que cuando uno no tiene nada que decir para un tema que no sabe, que no estudió, busca tiempo para rellenar. Yo realmente este tema lo tomo como un tema personal. Para mí centralmente va a ser responsabilidad mía la lucha contra la inseguridad”. 

“En la lucha contra el narcotráfico no hay un solo policía preso, no hay un solo policía muerto, eso quiere decir que baja la orden del poder político para darle cobertura a los narcotraficantes”, cuestionó el candidato de LLA. 

Finalmente, el ministro de Economía prometió poner “todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y los santafesinos”. “Vamos a construir fuerzas de seguridad profesionales, vamos a controlar que la Justicia cumpla con su parte, y además vamos a plantear una política de seguridad como la que te conté: prevención y, sobre todas las cosas, un trabajo articulado con gobernadores e intendentes. La seguridad no es de jurisdicciones, la seguridad es un derecho a que vos seas de nuevo dueño de la calle y no los delincuentes”, concluyó. 

En su carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Ramiro Gutiérrez, ponderó las propuestas del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en materia de seguridad, entre ellas el "modelo Tigre de seguridad inteligente" y la creación de “un FBI con radicación en Rosario” que planteó en el debate presidencial de este domingo.

En declaraciones a radiales, Gutiérrez resaltó la idea de “federalizar con todos los gobernadores y los intendentes que quieran llevar adelante su modelo Tigre de seguridad inteligente”. El legislador se refirió así a la “video vigilancia las 24 horas del día” que promulga Massa y que significa: “Ver la tormenta cuando se está formando" para evitar ser víctima de un delito "con una intervención rápida a partir de un centro de monitoreo que ve lo que pasa".

Gutiérrez evaluó también como "muy interesante" la instalación de una "nueva agencia, que no existe en la Argentina", para abordar "el crimen grande, el crimen estructurado, transfronterizo, el narcotráfico, la trata de personas, los lavados de activos".

"Un FBI con radicación en Rosario", remarcó el dirigente del Frente Renovador al considerar que, de esta manera, se puede "ir al corazón del problema".

La iniciativa de asentar en Rosario esta fuerza servirá "no sólo para desbaratar ese crimen", sino también para "estrangular el crimen financiero y que esos dineros vuelvan en acciones sociales, preventivas y de seguridad", agregó Gutiérrez.

Anoche, en el debate presidencial llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, Massa ratificó que aplicará en el país lo que hizo en Tigre en materia de seguridad y anunció la creación de un "FBI argentino" que funcionará en el edificio Central Córdoba de Rosario. Según lo anticipado por el candidato a presidente de UP, ese organismo estará compuesto por "los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales".

El candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a respaldar su polémica propuesta de portación de armas: “Queremos que se respete la Ley de Armas que existe”, y sostuvo que en “la Argentina liberal se van a hacer efectivo los castigos”, y afirmó: “Tampoco proponemos la venta de órganos”. La exministra de Seguridad y candidata de JxC, Patricia Bullrich, le salió al cruce.

El candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a respaldar su polémica propuesta de portación de armas: “Queremos que se respete la Ley de Armas que existe”, y sostuvo que en “la Argentina liberal se van a hacer efectivo los castigos”, y afirmó: “Tampoco proponemos la venta de órganos”. La exministra de Seguridad y candidata de JxC, Patricia Bullrich, le salió al cruce.

En el tópico de seguridad, Milei expresó: “Salvo en el caso del anarquismo, todos los arreglos institucionales contemplan la existencia del Estado, donde éste se ocupa de seguridad y justicia”, y señaló que en Argentina por “culpa de la casta política, el Estado también falla en esta materia y el país es un baño de sangre”.

“Este desastre es culpa de haber abrazado las ideas del Doctor Zaffaroni, que en los últimos 20 años ha causado un verdadero desastre en este país, porque básicamente cambia el rol entre víctima y victimario, haciendo que los delincuentes sean tratados como las víctimas, cuando en realidad son los que tienen que estar encerrados. Estas ideas, cuando las propuso Zaffaroni, no eran nuevas, ya se habían impulsado en los sesentas en Nueva York, y también 20 años después era un desastre”, apuntó el liberal.

En esa línea, remarcó que “es importante el rol de la seguridad, sino que se vuelve fundamental el rol de la justicia”, y propuso: “Hacer efectivo los castigos, es decir, que sea costoso ser delincuente. En este sentido, para que esto empiece a funcionar nuevamente como corresponde en Argentina, nosotros proponemos hacer una reforma de la Ley de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia, modificar el sistema carcelario, modificar el Código Penal, el Código Penal Procesal, y en un contexto de reforma del sistema judicial para que sea verdaderamente independiente y que los delincuentes tengan que pagar, porque en la Argentina liberal lo que la van a pasar mal y van a tener miedo son los delincuentes”.

En su derecho a réplica, Bullrich le subrayó: “Milei, mira tu plataforma, artículo 17, desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cambiala, pero si cambias la plataforma, es porque no estabas convencido”.

“A las mamás y a los papás les digo que si se liberan las armas van a estar en manos de Los Monos. Las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas, esa es la realidad”, alertó la candidata de JxC. También le recordó otra propuesta que generó polémica: la venta de órganos: “Si liberas la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo, es trata de personas, secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos, esta es la realidad, hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito, la venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal y eso es lo que vos propones”.

De la vereda de enfrente, el liberal el contestó: “No sólo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones que lo único que hace es favorecer a los delincuentes, pero parece que está muy seteada, por favor suéltese un poquito”.

“Y lo otro, la venta de órganos, tampoco proponemos la venta de órganos, lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción, ¿o acaso a usted le gusta la corrupción?”, cerró.

A la hora de hablar de seguridad durante el segundo Debate Presidencial 2023, el candidato oficialista y actual ministro de Economía, Sergio Massa, explicó los tres ejes centrales de su política que aplicó en Tigre cuando fue intendente. Fue la exministra de Seguridad y presidencial de JxC, Patricia Bullrich, quien le salió al cruce recordándole que “hace 4 años estás en el Gobierno”, y le enrostró el conflicto con Martín Insaurralde, pero Massa le replicó: “Yo le pedí la renuncia, vos nunca pediste la renuncia de Gerardo Milman”.

En los 2 minutos de exposición, Massa expresó: “Tengo la decisión de transformar la Argentina en un país seguro y el tema de la lucha contra la inseguridad lo voy a tomar como presidente desde el primer día”.

En esa línea, propuso: “Lo voy a hacer sobre 3 ejes muy claros”, y detalló: “El primero, la prevención. Ya lo hice en Tigre, mi ciudad. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que nadie deja de denunciar. Cámaras, móviles, sistemas satelitales de rastreo, botón de pánico en cada celular para cada una de las ciudades de la Argentina de más de 50.000 habitantes financiada desde el Estado Nacional”.

“Además, vamos a encarar como segundo eje la lucha de política contra el crimen y en ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales. Un FBI argentino instalado en Central Córdoba, el edificio de Rosario que va a permitir que trabajemos sobre tres crímenes que son transnacionales, corrupción, narcotráfico y además la trata de personas”, planteó y contó: “Tenemos el objetivo de que lo recaudado por la justicia y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia y una parte vaya a los clubes de barrio por la tarea social que realizan”.

Por último, manifestó como tercer eje “exigirle cuentas también a la justicia. No puede ser que un juicio por indemnización demore 5 años, que una adopción demore 7 años y que una excarcelación o una orden de allanamiento demore 7, 10 o 15 días. Claramente vamos a medir, con un cambio en la ley, el funcionamiento de los jueces para que también ellos tengan que rendir cuentas frente a la sociedad”.

Fue Patricia Bullrich (JxC) la única que pidió derecho a réplica para recordarle que “hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre. Parece una vergüenza que hables de Tigre cuando hace 4 años que estás con el Gobierno que aumentó los homicidios el 70% en Rosario, dejó liberados a todos los narcotraficantes, generó la peor crisis de seguridad que tenemos en la Argentina”.

¿Tus números quién te los da, Insaurralde? que te dijo que vale 500 pesos el bote que se compró, el yate que se compró. No podes hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y son delincuentes”, lanzó Bullrich y le enrostró: “Vos defendiste a Scapolán un fiscal del narcotráfico, lo defendiste así, de cara, entonces no hables de seguridad porque no tenes autoridad moral para hacerlo”.

Massa le respondió: “Yo quiero contarles que Tigre se transformó en seis años en la ciudad más segura del conurbano, pero que además vinieron de distintos lugares del mundo para copiar el modelo que había, que hayamos desarrollado, móviles controlados satelitalmente para que los patrulleros no duerman en las estaciones de servicio, cámaras en todas las esquinas de los barrios y además el botón de pánico en el celular de cada ciudadano”.

“Yo no hablo de acusaciones falsas y respecto a Insaurralde, cometió un hecho gravísimo, le pedí la renuncia al cargo, le pedí la renuncia a la candidatura y no todos somos lo mismo. Yo le pedí la renuncia, pero vos nunca le pediste la renuncia a Milman”, remató.

Palabra autorizada para hablar de seguridad, la primera en exponer al abrir el segundo Debate Presidencial 2023 sobre ese tópico fue la candidata de JxC Patricia Bullrich quien recordó su rol como exministra de la cartera y comparó: “Nosotros defendemos a los ciudadanos, el kirchnerismo defiende a los delincuentes y Milei quiere liberar las armas”, al tiempo que planteó la baja de imputabilidad. Se cruzó con Sergio Massa, quien le enrostró: “Vos no denunciaste a Milman”, y con Javier Milei que respaldó la portación de armas.

En sus dos minutos de exposición, Patricia Bullrich (JxC) recordó su rol como ministra de Seguridad: “Ustedes saben que yo los protegí”, y sumó: “Lo llevó en el corazón porque me enfrenté a cada una de las mafias, criminales, narcotraficantes que le sacan la vida a la gente”.

“Entre nosotros las cosas están muy claras porque sabemos a quién defender. Ellos liberan presos y hoy les dan internet y celulares en las cárceles, por eso la gente tiene miedo porque sabe que los presos andan sueltos porque los largan como si no pasara nada”, comparó y agregó: “Por eso nosotros defendemos a los ciudadanos, no como el kirchnerismo que defiende a los delincuentes. Ni Milei que quiere liberar las armas y con las armas liberadas ¿saben dónde caen? en las manos de los delincuentes y narcotraficantes”.

Siguiendo su slogan de campaña, Bullrich enfatizó: “A mí no me tiembla el pulso. Voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico. Con las fuerzas provinciales, las federales y si hace falta las Fuerzas Armadas Argentinas”.

“Voy a cambiar el código de imputabilidad de los menores a los 14 años, el Código penal para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar”, propuso.

En ese sentido, recordó el caso del policía Chocobar y manifestó: “Acá en Argentina se vive el mundo del revés. Chocobar defendió a un ciudadano, le metieron 9 puñaladas y, sin embargo, los kirchneristas lo querían mandar a la cárcel para toda la vida, pero él defendió a la ciudadanía. Ese es el mundo que nosotros defendemos”.

“El orden va a ser nuestro principal fundamento en esta política de seguridad, nosotros la tenemos clara en defender a los ciudadanos y los delincuentes con aquellos que liberan presos, el que las hace las paga”, remató su intervención.

La primera en replicarle fue la candidata de izquierda Myriam Bregman quien le planteó: “Usted y todos los que promueven la mano dura fracasaron. En una década incrementaron en un 97% la población carcelaria, aumentaron todas las leyes generando una verdadera inflación penal”.

“¿Qué tienen para mostrar? porque cuando era ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros”, la chicaneó y le cuestionó: “Ahora la escucho que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría que nos cuente hasta dónde ¿hasta los 12, hasta los 10 hasta el jardín de infantes? Me gustaría aclarar que estamos en una elección que se elige presidente, no jefe del servicio penitenciario”.

A su turno, el cordobés Juan Schiaretti (Hacemos Por Nuestro País) señaló que “los últimos gobiernos, los kirchneristas y los de cambiemos dejaron solas a las provincias en la lucha contra el narcotráfico”, así recordó que “hicieron una Ley de Federalización del Narcomenudeo, a la que 8 provincias adhirieron, pero la ley decía que nos tenían que enviar recursos, pero no nos llegó ni un peso desde el 2005. El gobierno nacional está ausente”.

Luego fue el momento del candidato de La Libertad Avanza Javier Milei: “Lamento que usted mienta de las cosas que yo digo. Yo se que usted tiene gente que deforma mis mensajes”, y procedió a explicarle y a respaldar su propuesta: “Nosotros decimos que hay una Ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirlas, porque no puede ser que estén armados los delincuentes y los honestos no”.

“Usted habló de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas las garantías constitucionales a lo largo de la semana ¿ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿quiere que esto sea una dictadura?”, le planteó.

Por último, el candidato de Unión por la Patria Sergio Massa dijo: “Los datos desmienten las mentiras”, y comparó que “en el año 2019 en la Argentina se liberaron 16 mil presos, en el año 2020 se liberaron 9 mil, con lo cual quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra en ese entonces”. También la acusó de que “en el 2017 usted eliminó los inhibidores en las cárceles en Rosario por lo que las medidas de seguridad deben partir por los candidatos comprometidos con la verdad”.

El Municipio de Esteban Echeverría compró 15 camionetas 0 kilómetro para reforzar el patrullaje en las cinco localidades del distrito. Los móviles son destinados a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Guardia Urbana, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense y el Comando Unificado del Conurbano (CUC) integrado por las Fuerzas Federales.

“Continuamos ampliando el parque automotor de las fuerzas de seguridad en el distrito para realizar tareas de prevención y cuidado de nuestras vecinas y nuestros vecinos”, expresó Fernando Gray, quien estuvo acompañado en el acto por el jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Esteban Echeverría, Julio Méndez, y el secretario de Seguridad Comunal, Gabriel Villegas.

Las unidades —adquiridas con fondos municipales— están equipadas con blindajes, balizas, sistema de comunicación de última tecnología y rastreo vehicular automático. Con esta adquisición, la flota de seguridad del distrito cuenta con 92 patrulleros y 15 motos de la Policía bonaerense, y 50 móviles de la Guardia Urbana.

Los nuevos móviles se suman a la inversión tecnológica realizada por el Municipio de Esteban Echeverría que, actualmente tiene más de 1.500 cámaras de videovigilancia en funcionamiento con un sistema de monitoreo GPS. Asimismo, la comuna consolidó un equipo vinculado al sistema de emergencias del que participan las áreas de SAME, Defensa Civil y Bomberos.

Uno de los puntos salientes que tuvo el debate de candidatos a vicepresidentes de la Nación organizado por el programa A Dos Voces, del canal Todo Noticias (TN), fue el cruce entre Luis Petri (JxC) y Victoria Villarruel (LLA) en torno a la actividad legislativa de la compañera de fórmula de Javier Milei. Puntualmente el vice de Patricia Bullrich le preguntó a la actual diputada cuántos proyectos sobre seguridad había presentado durante su mandato, teniendo en cuenta que se anticipa que en caso de ganar La Libertad Avanza ella se ocupará de ese tema en la eventual gestión oficial.

Petri se respondió a sí mismo: cero proyectos, cosa que su interlocutora negó.

Vayamos entonces a la actividad legislativa ya no solo de Villarruel, sino también la de su compañero de bancada y también de fórmula.

Ya se ha dicho que Milei no presenta proyectos; sí acompaña los de otros. Pero puntualmente Villarruel es autora de 15 iniciativas, en lo que lleva de mandato, desde 2021 hasta el presente. Solo tres de ellos son de ley, los más importantes. Ninguno en materia de seguridad, lo cual le da la razón al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

Javier Milei acompañó 30 proyectos ajenos, diez de ellos de ley.

En cuanto a su compañera de bancada, el primer proyecto de ley presentó Villarruel data del 9 de marzo de 2022 y es para derogar la Ley 25.413 de Competitividad. Esta iniciativa incluye el mismo destino para el impuesto al Cheque; impuestos sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.

“En momentos tan difíciles de nuestra Patria, en donde la dirigencia debe y tiene que estar a la altura de las circunstancias, es menester que simbólicamente empecemos a cumplir con nuestra palabra, y en este caso, implica darle fin a un tributo que nació para ser transitorio y terminó siendo perpetuo”, dice esa iniciativa en el tramo final de sus fundamentos.

Su segundo proyecto de ley es del 12 de mayo de 2022 y tuvo mayor acompañamiento. Además de Milei -el único que había firmado también el anterior-, lleva las firmas de Francisco Sánchez, Carolina Piparo, José Luis Espert, Dina Rezinovsky, Carlos Zapata, Paula Omodeo y Alberto Asseff, y es otra derogación: la de la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena. También mencionada en el debate, es una ley de 2006, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas del país, y que ha sido prorrogada varias veces. La misma ordena la suspensión de desalojos o desocupación de esas tierras y que se realice un relevamiento técnico y jurídico catastral sobre el dominio de las mismas.

El tercero y último proyecto también es del año pasado (2 de junio), pero ya no es una derogación, sino una modificación del artículo 11 de la Ley 11.683, de procedimiento fiscal. El proyecto incorpora un texto relativo a la fijación de un tope mínimo de días a partir de los cuales queda establecido el vencimiento de presentación de las declaraciones juradas, para cumplimiento de las obligaciones tributarias. Argumenta la diputada Villarruel que “fijar las fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias en un plazo no menor a 60 días posteriores a la puesta a disposición de los sistemas desarrollados por la AFIP constituye un importante gesto de respeto hacia los contribuyentes y brinda un poco de equilibrio en su relación con el fisco”.

Este proyecto tuvo el acompañamiento de Milei, Ricardo López Murphy, Francisco Sánchez, Paula Omodeo y Carlos Zapata.

Otros proyectos

Fuera de los proyectos de ley, Villarruel presentó el 22 de marzo del año pasado un pedido de informes sobre la ejecución presupuestaria integral del Programa Acompañar, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

El 8 de junio de 2022 elevó otro pedido de informes, esta vez sobre el izamiento de una bandera mapuche en facultades públicas de la Universidad Nacional del Comahue.

Otro proyecto de resolución tiene fecha el 22 de julio y es un pedido de informes al jefe de Gabinete, que por entonces era Juan Manzur, sobre las acciones llevadas adelante por el Poder Ejecutivo “ante la grave situación institucional que atraviesa la República Argentina”. “La situación económica, política, social e institucional de nuestro país atraviesa una crisis, ya tristemente extendida en el tiempo, que consideramos sumamente riesgosa”, señalaba en su proyecto, que aludía fundamentalmente a la falta de asistencia del jefe de Gabinete a dar sus informes ante el Congreso, tal cual establece la Constitución.

El 5 de agosto volvería sobre la cuestión mapuche, ahora para pedir informes al PEN sobre la decisión de la Administración de Parques Nacionales de declarar como “sitio sagrado” al volcán Lanín, por parte de esa comunidad indígena.

El 14 de septiembre Villarruel presentó un pedido de informes sobre cuestiones vinculadas con la decisión de designar a Julia Epstein como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE). Según el texto, a juicio de la diputada esa joven “no posee méritos conocidos públicamente para desempeñar un rol de Estado de tamaña envergadura”.

“La cultura de la mediocridad y el amiguismo destruye la ética pública -decía el texto-. Tener dirigentes políticos poco preparados profesionalmente denota desprecio al pueblo que debería beneficiarse de ellos”.

Victoria Villarruel presentó el 3 de noviembre del año pasado un pedido de informes sobre “diversas cuestiones relacionadas con la frustrada compra de un avión para la flota presidencial”, en tanto que el 19 de diciembre elevó otro pedido de informes sobre el proceso de licitación y aceptación de ofertas de “servicio de acustización y acondicionamiento” del Salón Presidente Néstor Kirchner”, llevado a cabo el 12 de octubre de ese año.

En ese sentido la diputada pide conocer el precio unitario pagado por el Ministerio de Ambiente, por cuanto había trascendido que se había abonado $1.159.400,17.

Ese mismo 19 de diciembre presentó un pedido de informes sobre los motivos del viaje del presidente Alberto Fernández a San Pablo, Brasil, el 1 de noviembre anterior. Quería conocer el costo e integrantes de la comitiva, atento a que había viajado con el fin de “felicitar” a Lula  por haber ganado las elecciones brasileñas. “Es una nueva muestra de la falta de austeridad de un gobierno que exige un esfuerzo inmenso al pueblo mientras no retribuye de la misma forma reduciendo acciones como la mencionada de viajar a felicitar a un presidente electo teniendo en cuenta que ya lo había realizado de manera telefónica y que tiene planeado viajar a su asunción el 1° de enero de 2023”, señaló Villarruel.

El primer proyecto del corriente año lo presentó el 23 de enero, y fue para declarar “persona non grata” a Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel y Evo Morales, como así también repudiar la reunión de movimientos cocaleros extranjeros en suelo argentino y la creación de una “coordinadora” de movimientos sociales e indígenas.

El 22 de febrero pidió informes sobre el faltante de municiones desaparecidas de un transporte militar originado en el Batallón de Arsenales 604 de la provincia de Córdoba; mientras que el 20 de julio pasado pidió informes sobre cuestiones relacionadas con el otorgamiento de un permiso de uso precario y gratuito con opción de compra a la Municipalidad de Funes, provincia de Santa Fe, de un sector de terreno ubicado en el predio de Liceo Aeronáutico Militar, por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Por último, el 18 de agosto pasado -cinco días después de las PASO- presentó un pedido de informes sobre la caída de una avioneta el 18 de julio en un campo de Avia Terai, provincia del Chaco, con un cargamento de cocaína.

A quiénes acompaña

En calidad de cofirmante, Victoria Villarruel ha acompañado durante su mandato 38 proyectos de otros legisladores. El más reciente data del 23 de agosto pasado y es de Carolina Piparo, para derogar la ley de alquileres.

En materia de proyectos de ley, además del de Piparo, acompañó el 3 de enero del año pasado uno de Gerardo Milman para modificar la aplicación de la alícuota del IVA a diversos productos; otro de Milman para derogar dos artículos del Código Aduanero sobre Derechos de Exportación; y uno del diputado del Pro Francisco Sánchez sobre trámites especiales de importación de equipos contra incendios forestales y rurales.

El 18 de marzo acompañó un proyecto de Martín Tetaz para derogar la Ley de Abastecimiento; y otro del mismo autor para derogar el impuesto sobre Bienes Personales.

El 20 de septiembre del año pasado acompañó un proyecto de Alberto Asseff para declarar héroe nacional al teniente coronel de Marina Miguel Luis Piedra Buena Rodríguez; y con toda lógica el 24 de octubre de 2022 uno de Pablo Torello para instituir el 5 de octubre de cada año como Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo en Argentina.

También acompañó a Dina Rezinovsky en su proyecto para instituir la semana número 40 de cada año como “Semana nacional del Puerperio”; y el 15 de diciembre uno de Paula Omodeo sobre Desregulación Económica para el Desarrollo Productivo.

Con Carlos Zapata firmó un proyecto para prohibir cancelar y/o suspender el CUIT de toda persona física o jurídica sin expresa autorización judicial; y con el mismo autor firmó la incorporación de un artículo sobre “declaración jurada de adicciones” en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Firmó el 5 de mayo de este año un proyecto de Rezinovsky para crear el programa de “Prevención de Adicciones en el Embarazo”; y otro de Asseff para reconocer a todo el personal que participe o haya participado en misiones de paz de la ONU.

En el caso de Mile, acompañó -como dijimos- 30 proyectos ajenos, correspondientes a Victoria Villarruel, como hemos dicho, y a Gerardo Milman, Fernando Iglesias -democratización de las asociaciones sindicales-, Martín Tetaz y Carolina Piparo.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, esta tarde presentó una flota de 16 móviles que se destinarán a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para reforzar la vigilancia en todo el distrito. Están totalmente equipados, blindados y tienen cámaras individuales.

“Seguimos sumando recursos, equipamiento y patrulleros con el objetivo de continuar profundizando en la prevención en materia de seguridad. Esta nueva dotación de vehículos aumenta la presencia, amplía la cobertura y optimiza el servicio”, expresó Posse.

Del mismo modo, añadió: “Nosotros, como municipio, hacemos un gran esfuerzo y somos conscientes de que a la inseguridad debemos combatirla sin dilaciones y sin escatimar recursos humanos y materiales. Estamos comprometidos, día a día, en el cuidado de los vecinos y visitantes”.

Los nuevos móviles fueron comprados por el municipio a través del programa de Fondo de Fortalecimiento de la Nación, y se entregaron en comodato al Ministerio de Seguridad bonaerense.

Son unas ocho camionetas Toyota Hilux y ocho automóviles Toyota Etios que están totalmente equipados con blindaje, ploteo, radio, cámaras especiales, mampara y balizas.

San Isidro tiene más de 2.000 cámaras de última generación, 220 vehículos totalmente blindados y equipados y sigue sumando tendido de fibra óptica para agregar equipamiento. Cuenta con el sistema LTR, cámaras lectoras que reconoce automáticamente la chapa patente de los vehículos para que los autos que tengan pedido de captura o algún impedimento para circular sean interceptados a la brevedad.

El municipio cuenta con elementos de comunicación y visualización denominados Tótem en distintos espacios públicos, a través de los cuales los vecinos pueden, mediante un botón de emergencia, establecer una comunicación directa con el Centro de Operaciones municipal.

A esto se le suma la aplicación móvil “SI24”, que unifica los llamados de emergencias policiales, salud o bomberos, y permite también reportar incidentes y hacer denuncias.

En los distintos centros urbanos del país, en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deambulan y se afincan en la vía pública personas sin destino careciendo la mayoría de vivienda, trabajo, asistencia médica, espiritual y quizás vínculos familiares, que no solo son la cara del sufrimiento humano, sino que además muchos de ellos constituyen amenazas reales a la tranquilidad y seguridad pública. Terminan siendo marginales.

Cada tanto aparece algún hecho de sangre o de inseguridad relacionado con el protagonismo de alguna persona que vive en la calle, pero a diario vemos cómo la degradación de la persona (drogas, trata, indigencia, promiscuidad, prostitución, etc.) transita frente a la indiferencia de las mayorías, pero que en definitiva termina repercutiendo en nuestras vidas. 

Es obligación del Estado dar respuesta en protección de los Derechos Humanos y el bien común, por cuanto los derechos de las personas en este sentido devienen de una concepción de la persona humana hecha a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto su dignidad es portadora de derechos naturales, que los conocemos como derechos humanos.

Estos derechos son anteriores a la construcción de los Estados y, por lo tanto, éstos deben garantizarlos en su integralidad. Asimismo, las Constituciones modernas, en este caso la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, programáticamente reconocen estos derechos en forma amplia, pero los distintos gobiernos han hecho a lo largo de los años oídos parciales o sordos a estas responsabilidades.

Es por ello que deviene necesario emprender acciones al respecto para evitar que se siga profundizando esta situación de necesidad moral y humana, llegando a la actualidad a la indiferencia del dolor ajeno por parte de los ciudadanos lo que termina actuando como búmeran al poner en peligro la propia seguridad ciudadana.

Debemos empezar a ver, pensar, considerar y sentir nuevamente lo que resulta necesario al prójimo y dar respuesta a ello, por parte de los distintos gobiernos municipales, provinciales y del orden nacional, en particular el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La situación de calle de muchas personas, en ciertos casos puntuales que deben también ser oídos y objeto de respuesta por parte del Estado, afecta a los vecinos en forma directa, en su tranquilidad, seguridad, patrimonio, limpieza y, en casos extremos, puede llegar a poner en riesgo sus vidas.

Chocamos acá con un hecho incontrovertible: la escasez natural de los recursos. La naturaleza -dice Santo Tomás de Aquino- en muy pocas cosas ha provisto al hombre suficientemente (Ver Suma contra Gentiles, Club de Lectores de Librería Acción, libro III, p. 225). Las necesidades son ilimitadas, pero los medios para satisfacerlas son escasos, por definición de la ciencia económica. La economización de los medios no elimina la escasez, pero sí dispone los medios del mejor modo posible dada esa escasez. Luego, es imposible, físicamente, que haya siempre de todo para todos.  Por ello, expresarse de modo tal que parezca que toda persona tiene derecho a recibir mágicamente toda clase de bienes y servicios suena tentador pero irrealizable.

El principio básico es que es un atentado contra la dignidad humana el suponer que la persona tiene derecho a recibir todo sin la mediación de su trabajo y esfuerzo, como si fuera un animal sin inteligencia y voluntad.  Sin dudas, surge aquí la cuestión acerca de qué hacer con aquellos absolutamente incapacitados para cuidar de sí mismos y que no están atendidos por la familia o alguna sociedad intermedia.

Un derecho implica una capacidad jurídica de hacer tal o cual cosa -o no hacerla-, pero una capacidad de hecho de realizarla.  La tan declamada "igualdad de oportunidades" debe entenderse con cuidado. Todas las personas deben ser respetadas en sus derechos, y en ese sentido, la igualdad ante la ley implica necesariamente la igualdad de oportunidades jurídicas para todos. Pero, si "oportunidades" entonces significa cualquier hecho fruto de la diversidad de talentos humanos y/o de la escasez natural de recursos, entonces, otra vez, la "igualdad de oportunidades" es literalmente un imposible que no puede ser necesariamente fuente del derecho.

 Soy consciente del natural desacuerdo que habrá con la negativa a aceptar una expresión tan generalizada, pero los filósofos sólo se arrodillan ante la verdad. Las oportunidades, fruto de la natural desigualdad humana accidental y de la escasez de recursos, son por definición desiguales, lo cual no quita que una sociedad respetuosa de los derechos del hombre brinde mayores oportunidades para todos. Pero "iguales" oportunidades, más allá de la igualdad ante la ley, implicaría que deben ser iguales la salud, las fuerzas, los talentos, la inteligencia y los patrimonios o las fortunas de todos los seres humanos más allá de su igual naturaleza.

Desde luego, nada de lo que digo contradice que, dado el destino universal de los bienes y el derecho a la vida, sea inmoral y hasta antijurídico que existan grandes áreas de la población sumidas en una miseria absoluta (sin asistencia del Estado superaría el 50% la pobreza en la actualidad). Una buena política económica -que en gran parte emerge naturalmente del respeto a los derechos del hombre- implica una progresiva extensión y crecimiento de la cantidad de recursos para toda la población y, como dije, mayores oportunidades, consiguientemente, para todos. Este es un punto central del humanismo cristiano:  la elevación del nivel de vida de toda la población - lo cual no significa un igualitarismo absoluto.

 En definitiva, los ciudadanos nos merecemos respuestas concretas y comprometidas de parte de los funcionarios y la política para evitar la ocupación de la vía pública por personas sin horizonte, que generan situaciones de peligro para ellos y para terceros.  El Estado no puede permanecer ausente y menos aún los funcionarios, trasladando la responsabilidad del cuidado y protección de los “sintecho” y personas con ciertas discapacidadedes en situación de calle a la solidaridad y el compromiso ciudadano de los vecinos.  La función de velar por el respeto y la seguridad de las personas es irrenunciable y obligatoria del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades real a la comunidad toda. La marginalidad y la inseguridad son un dolor evitable si se hacen las cosas correctamente sin mirar para otro lado.

Luego de que Eugenio Burzaco presentara su renuncia tras el asesinato de Mariano Marbieri en Palermo, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó a Gustavo Coria como el nuevo ministro de Seguridad del distrito capitalino.

El acto de presentación se llevó a cabo en el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), ubicado en Rodney 301, en Chacarita. En ese contexto, Coria aseguró que “vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que todos nuestros policías y recursos estén en la calle. Confío plenamente en nuestra Fuerza. Todo el esfuerzo tiene que estar puesto para que los vecinos y las personas que ingresan a la Ciudad diariamente puedan vivir en paz. El que tiene que tener miedo es el delincuente”.

Además, planteó que “toda la política de seguridad de la Ciudad es una política de Estado que empezó hace muchos años atrás, que requirió en primer lugar un plan y luego firmeza y decisión política para llevarlo adelante. Ese plan se basó sobre un despliegue inteligente de las fuerzas centrado en el mapa del delito”.

Sobre esa misma línea, el funcionario indicó que están trabajando en la redistribución de las fuerzas de seguridad en función de los criterios de la población, la movilidad demográfica, la superficie y el mapa del delito. “La Ciudad es hoy la segunda capital de América con menor índice de homicidios. Eso indica que el camino es el correcto, lo que no implica que no tengamos que hacer permanentes acciones de ajustes”, remarcó.

En la presentación del ministro estuvieron presentes el jefe de Gabinete capitalino, Felipe Miguel; la secretaria de Seguridad, Genoveva Ferrero; el jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Fornaro.

El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FdT) destacó que el sistema de seguridad impulsado por el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el partido bonaerense de Tigre "puede ser federalizado" y remarcó que pretenden "trabajar fuertemente en contra de la puerta giratoria".

En diálogo por la AM 990, conocedor en la materia en su carácter de presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja explicó que “el sistema aplicado en Tigre en cuestión de seguridad puede ser federalizado que es la seguridad inteligente con la aplicación de los centros de monitoreo, los domos de vigilancia, personal formado en seguridad, un tiempo de respuesta de menos de 3 minutos para que vos sientas que alguien no te está mirando para robarte, sino para cuidarte”.

“Es un sistema que está aprobado y se usa en ciudades muy calientes porque opera el sicariato en forma constante como Medellín. Es un sistema que requiere una capacitación de operadores que te van a observar, van a ver quién no es habitué, quién se queda mucho tiempo mirando tu casa, detectar antecedentes penales", sostuvo el legislador oficialista y sumó: “Poder accionar un botón antipánico que va a estar en el auto, en el comercio, y poder tener el más bajo tiempo de respuesta para que venga un móvil que van a tener un sistema que pones un dedo y en 60 segundos te saltan los antecedentes penales”.

Al respecto, afirmó que en el país hay 55 mil prófugos y evadidos y el 10% son de alto perfil y “son personas que han matado, violado”.

El dirigente del Frente Renovador destacó que se debe "trabajar con estos sistemas, pero sin descuidar al policía, las cuadrículas, cadenas de WhatsApp. Todo lo que permita acercarse a este sistema de seguridad está en la cabeza, decisión y acción de Massa. Que cada 30 o 40 minutos vas a escuchar un golpe de sirena con su luz, porque los móviles deben tener sus buenas herramientas para hacer un buen patrullaje".

"Es necesario una fuerte recapacitación de la Policía, porque muchos entran por una cuestión salarial y no por vocación. También es necesario un control y supervisión y un respaldo para el accionar policial, porque vos sentís un ruido raro y vos los llamas, por eso deben saber cómo proceder correctamente. El Estado te debe enviar una policía capacitada y bien remunerada", indicó Gutiérrez.

Al referirse a la figura de los uniformados, el diputado nacional aseguró que los dirigentes alineados con Massa tienen la concepción de que son "profesionales de servicio de la seguridad pública".

Además, apuntó contra la Justicia y remarcó que van a "trabajar fuertemente en contra de la puerta giratoria. Los jueces tienen un rol en el Estado y lo tienen que cumplir", tras lo cual ironizó: "Es más fácil encontrar la farmacia de turno que saber el fiscal".

"Es necesario que la fiscalía de turno deba estar abiertas las 24 horas para que conozcas a quien te debe cuidar", añadió.

El diputado nacional Ramiro Gutiérrez (FdT) se refirió al tema de la seguridad y destacó la gestión de Sergio Massa cuando fue intendente: "La seguridad inteligente de Massa fue la que volteó la fiebre del delito en Tigre".

Conocedor en la materia, el presidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja consideró que "tenemos que tener seguridad anticipatoria. Muchos recursos del Estado puestos en ver la tormenta antes de que se forme. Tenemos que poder ver al lanchador, al que anda caminando, al que te va a robar. Entonces el policía tiene que estar preparado para ver antes lo que va a pasar. Y si ese esquema vos lo tenés linkeado con un sistema de domos y de cámaras presentes -una buena cámara que puede tomar 300 metros-, reemplaza a cuatro policías de terreno".

En declaraciones a A24, el oficialista señaló que "ya lo dijo todo Massa: el tipo que toma la decisión de subirse a una moto para ir a robar, se baja en la cárcel y no tiene privilegios. Tenemos que tener una gran conversación, la sociedad, con los fiscales y con los jueces, y hay que terminar con la puerta giratoria".

Además, el massista se refirió a un proyecto de ley suyo presentado en el Congreso, por el cual propone crear "doce portaciones agravadas de arma de fuego. Llevas un arma tumbera, no salís. Llevas un arma con la numeración cambiada, no salís. Llevas un arma que se utilizó para un delito, no salís. Llevas un arma con cartel que es la que le robaron un policía, no vas a salir. Llevas bala, mata policía, no vas a salir. Creamos el delito de balacera". “¿Dónde está en el Código Penal el delito de balacera? Entonces, ¿es lo mismo tirar un tiro que tirar 100 tiros? No”, resumió.

“En este tema no tenemos que tener fisuras y todos deben levantar la mano en el Congreso si queremos mandar el delito a la casa o meterlo a la cárcel al delincuente. Hay que tomar esas decisiones de Estado y por los próximos 10 años todos saber que vamos para el mismo lado”, concluyó.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, estuvo presente en el Centro Operativo de Monitoreo (COM), lugar donde se opera el seguimiento (las 24 horas, los 365 días del año) de las 1.500 cámaras de videovigilancia que el Municipio ya tiene en el distrito.

“Continuamos sumando cámaras en todas las localidades para fortalecer la seguridad y prevenir el delito en el distrito. También avanzamos con la colocación de paradas seguras para cuidar a vecinos en la vía pública”, señaló Fernando Gray.

La comuna tiene instaladas unas 1.500 cámaras de videovigilancia y domos con visualización de 360° en corredores escolares, sectores comerciales, accesos al partido y zonas de gran circulación.

Además, a través del Programa Nacional Paradas Seguras, en las rutas de los colectivos que recorren el municipio hay paradas y tótems equipados con cámaras e intercomunicadores. Esto facilita la asistencia en casos de emergencia y previene actos delictivos, lo que brinda una mayor protección y tranquilidad a las personas que utilizan el transporte público.

El jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó 15 motos a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para reforzar el patrullaje en las cinco localidades del distrito.

“Seguimos comprando elementos para brindar mayor seguridad a los vecinos. En esta oportunidad adquirimos motos 0 km que se sumarán a los 84 patrulleros de la Policía bonaerense y a los 30 móviles de la Guardia Urbana”, expresó Fernando Gray, quien estuvo acompañado por el jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Esteban Echeverría, Julio Méndez, y el secretario de Seguridad Comunal, Gabriel Villegas.

Las unidades —adquiridas con fondos municipales— están completamente equipadas. Son motos de 250 centímetros cúbicos de cilindrada con micrófono altavoz, balizas, valijones y el equipamiento de comunicación.

El municipio se encuentra trabajando en la capacitación de las y los agentes que conducirán los vehículos. Estas medidas se suman a la inversión tecnológica realizada por la comuna, que actualmente cuenta con 1.200 cámaras de videovigilancia en funcionamiento, con sistema de monitoreo GPS. Asimismo, se consolidó un equipo vinculado al sistema de emergencias en el que participan las áreas de SAME, Bomberos y Defensa Civil.

Al pie del Monumento Nacional a la Bandera, los precandidatos de la lista “Es con Vos” (Unidos para Cambiar Santa Fe), a gobernadora, Carolina Losada, y a intendente de Rosario, Pablo Javkin, recibieron el respaldo de la precandidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, y ratificaron el Acuerdo por la Seguridad para la ciudad de Rosario en la antesala a las elecciones provinciales que tendrán lugar el próximo domingo 16 de julio.

“Si tenemos un pacto, un convenio, y un compromiso entre la Nación, la provincia y la ciudad, no nos para a nadie. Lo que queremos todos, absolutamente todos en Rosario, es poder volver a vivir en paz, tener nuevamente libertad, poder salir a la calle sabiendo que vas a volver a tu casa, es poder dormir tranquilo porque sabes que tus hijos van a volver a tu casa a dormir y con tranquilidad”, señaló Losada.

En ese sentido, la senadora radical garantizó: “Lo que estamos ratificando hoy, es ese compromiso que hace que nadie se tire la pelota de un lado para el otro entre Nación y Provincia. Todos nos comprometemos en el mismo proyecto, cada uno con la parte que le toca, incluyendo el Municipio. Eso es lo importante y eso es lo que vamos a hacer. Es nuestro compromiso para con todos ustedes, y para con la gente”.

En el mismo sentido, Bullrich señaló que “Santa Fe es una provincia muy productiva, que puede dar mucho más de lo que está dando, que tiene una problemática especial, sobre todo en Rosario, en lo que creo que, uniendo los tres niveles: municipal, provincial y nacional, vamos a poder generar un encapsulamiento del problema del narcotráfico, del sicariato, y de las muertes de una ciudad que es tierra de nadie”.

“Conformamos un equipo muy sólido y le podemos decir a los santafesinos y a los rosarinos que acá va a venir un equipo que se va a hacer cargo, que ha desarrollado un polan coordinado y multidimensional, que vamos a aplicar a fondo desde el primer día de nuestro gobierno. No vamos a esperar para diagnosticar y relatar la realidad, vamos a tener todo listo el 10/12 para que los santafesinos empiecen a sentir que se termina la desgracia que están viviendo”, expresó.

Por su parte, Javkin dijo que “todos los candidatos a presidente de la Argentina tendrían que tener con esta ciudad una actitud de justicia y comprometernos a firmar en este Monumento a la Bandera, no ante el intendente, ante los rosarinos, las medidas que necesitamos que se tomen en Rosario, en la Nación y en la provincia para vivir y caminar en paz”.

Y en esa misma línea de discurso agradeció el compromiso de Bullrich y Losada: “Puedo agradecerles, en nombre de la ciudad, el compromiso de que esto no va a suceder nunca más, y eso es lo que necesitamos, en nombre de la ciudad, de las víctimas de esta ciudad, pero sobre todo, en el nombre de un lugar como Rosario que le aporta muchísimo a la Argentina en muchos órdenes y que sin embargo no recibe del país el trato básico que necesita que es que nos cuiden cuando caminamos por nuestras calles. Ese es el objetivo de hacerlo por escrito y haberlo firmado también implica darle a la política la veracidad y el compromiso que durante mucho tiempo perdió”.

También estuvieron en el acto, entre otros postulantes, el precandidato a vicepresidente, Luis Petri, a vicegobernador, Federico Angelini y a primer diputado provincial, Dionisio Scarpin.

Cabe recordar, que recientemente, Losada y Bullrich presentaron, junto a sus equipos técnicos, un detallado plan en materia de seguridad para la provincia de Santa Fe, y específicamente para disminuir la violencia narco en Rosario, y del que se conocieron algunos detalles.

“No vamos a esperar asumir para saber con qué nos vamos a encontrar. Nosotros vamos a llegar al 10 de diciembre con un conocimiento exacto de lo que tenemos que hacer, porque tenemos un equipo que ya realizó un diagnóstico claro de lo que sucede, establecimos un programa detallado y tenemos el equipo para llevarlo adelante”, anticiparon las precandidatas a gobernadora y presidenta.

Entre los principios rectores del plan, Losada mencionó que su gobierno se basará en el “orden social e institucional”, y reafirmó que la “responsabilidad primaria” en materia de seguridad es del gobernador. “Yo voy a asumir esta responsabilidad totalmente, no va a existir ningún tipo de dudas al respecto”, aclaró la senadora.

“Nuestro gobierno pone al combate de la violencia narco como eje prioritario de gestión”, señaló la precandidata a gobernadora, y sostuvo que en consecuencia se van a destinar todos los recursos materiales y humanos que esta tarea demande, sin burocracias, sin dilaciones, con la mayor decisión política.

“Vamos a ir contra la ruta del dinero narco, vamos a terminar con los delitos ordenados desde las cárceles, vamos a profesionalizar y revalorizar el trabajo de la policía y penitenciarios, y mejoraremos la protección de jueces y fiscales que vayan contra el narco”, garantizó, describiendo los principales ejes del programa.

El senador nacional Mario Fiad (UCR – Jujuy) presentó un proyecto para que el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Aníbal Fernández, informe al Senado de la Nación sobre el accionar de dicha cartera en relación a los cortes de tránsito y las interrupciones a la libre circulación en las diferentes rutas nacionales que atraviesan la provincia de Jujuy.

La iniciativa, que fue acompañada por gran parte del bloque de Juntos por el Cambio, solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre las acciones llevadas a cabo por el Ministerio de Seguridad, y los contactos de dicho ministerio con las autoridades de seguridad de Jujuy.

En este sentido, Fiad expresó: “Está claro que es responsabilidad del Estado Nacional garantizar el derecho constitucional a la libre circulación en las rutas nacionales. Lamentablemente, en la provincia de Jujuy asistimos a la inacción de las fuerzas de seguridad nacionales, a pesar que un Juez Federal autorizara a la gendarmería a garantizar la libre circulación”.

A su vez, el proyecto también solicita que se informe sobre las acciones de seguimiento y monitoreo, respecto de la afectación de derechos, especialmente a la salud y a la integridad de quienes se ven impedidos de circular libremente.

Al respecto, el legislador jujeño manifestó que “son miles los jujeños que cada día se ven impedidos de ir puntualmente a sus trabajos, de transportar su mercadería, de concurrir a servicios de salud para acceder a la atención médica que requieren. También se registraron pérdidas millonarias en la industria del turismo”.

El proyecto fue acompañado por Luis Naidenoff, Pablo Blanco, Silvia Giacoppo, Stella Olalla, Guadalupe Tagliaferri, Carolina Losada, Víctor Zimmermann, Gabriela Valenzuela, Daniel Kroneberger, Edith Terenzi, Beatriz Ávila, Eduardo Vischi, María Belén Tapia, Mariana Juri, Roberto Basualdo y Juan Carlos Romero.

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Luego de que el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, anunciara que las fuerzas de seguridad porteña sumarán unas 500 armas no letales, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas le exigió al funcionario que actualicen los datos relacionados a la inseguridad y que expliciten cual será el armamento que se incorporará.

En ese sentido, la diputada planteó que Miguel “nos habló sobre la baja de los delitos con robos de armas, el robo de motos etc. pero lamentablemente uno cuando va a ver las estadísticas que debería informar el Gobierno de la Ciudad, estas no están actualizadas, tampoco respondió por Comuna, qué es una de las preguntas que se le hizo” y volvió a pedir información acerca de “cuántos son los efectivos que están apostados por Comuna. Sí nos brindó el número total de efectivos que actualmente hay más de 326 mil efectivos, pero no informo cuál es la cantidad de baja de efectivos policiales que se ha producido el año pasado y en el actual año”.

“Tampoco informó, y esto es sumamente importante, respecto a las cámaras de seguridad, no informó cuáles es la cantidad de cámaras públicas y privadas que existen actualmente en funcionamiento, y por Comunas. Tampoco informó quiénes son los encargados del almacenamiento y resguardo de material registrado por las cámaras, ni tampoco por cuánto tiempo resguardan ese material”, añadió.

Además resaltó que Miguel “nos habló sobre la inclusión de más de mil patrulleros con geo localización y 690 motos, etc. pero no informó cuántos patrulleros-móviles hay por comuna son 15 comunas y son mil móviles, nos da 66 móviles por Comuna en promedio. Estaría bueno que se puede especificar por Comuna, cuántos son los vehículos, los patrulleros, las motos…”.

“Un tema que me parece no menor tiene que ver con el tema de recambio de los uniformes que se hace a la Policía de la Ciudad, que es algo que vengo reiterando desde el año pasado en las dos sesiones especiales informativas, no nos informa la frecuencia de recambio de los equipamientos vencidos o de reposición para cada efectivo y para cada división, lo que incluye uniformes diarios, uniformes especiales, móviles especiales, insumos especiales, teniendo en cuenta que los insumos son funda porta pistola y chalecos”, remarcó.

A la vez que concluyó preguntando: “otra de las cosas que tampoco aclara y me encanta que tomen como referencia del proyecto de armas no letales que presenté y que tampoco se ha tratado. Que se van a incorporar 30 taser más y se van a incorporar 500 armas más de baja letalidad, me gustaría saber si sabe cuáles son esas armas de baja letalidad, ya que mi proyecto lo estipula y si sabe cómo se aplicarían y se aplicaría algún protocolo o no”.

La precandidata a gobernadora de Santa Fe en el Frente de Frentes, Carolina Losada, se expresó este martes respecto a las medidas que tomará en caso de ganar y afirmó que “queremos meter al Estado en los lugares más picantes”.

La actual senadora cuenta con el apoyo de la precandidata presidencial Patricia Bullrich con quién firmó un convenio de trabajo en caso de que ambas ganen las elecciones: “Firmamos un compromiso para trabajar en conjunto en el tema seguridad porque queremos un abordaje multidimensional y recuperar a los jóvenes adictos”.

En diálogo con Radio 2, relató que “los soldaditos son remunerados con dinero y droga, no los dejan salir y terminan muertos”. Además, sostuvo que el 60 por ciento de los homicidios son en Rosario y la ciudad de Santa Fe.

“En estos años cerraron once comisarías, que debemos reabrir y equipar a la policía”, señaló. A su vez, cuestionó que las fuerzas de seguridad “practican tiro poco” y que “los penales son lugares donde se asocian bandas de afuera”.

Consultada por la bandera que mostraron “Los Monos” en la cancha de Newell`s el sábado pasado en la despedida del futbolista Maximiliano Rodríguez, Losada respondió: “Fue una provocación tremenda que demuestra que el Estado se corre”.

Por otro lado, manifestó que “hablo con muchos economistas y todos forman parte de lo que estamos generando”, en alusión a su programa en la provincia.

“Debemos revertir la imagen de Rosario y recuperar el atractivo turístico. Si un policía que es corrupto debe salir de la fuerza”, aseveró.

Del mismo modo, amplió: “La seguridad pasó a ser un problema en lugares chiquitos de la provincia”, y agregó: “Queremos una educación enfocada al trabajo para generar una infraestructura enfocada a los trabajos donde viva la persona, pero en muchos lugares faltan recursos humanos”.

A su vez, cuestionó al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo: “La única idea que tienen cuando necesitan dólares es manotear al campo, nosotros queremos transformar a Santa Fe en la provincia con mayor desarrollo agroindustrial”.

Por último, Carolina Losada afirmó que “queremos ser el ejemplo de como nos dejaron un pozo repugnante y como pasamos a ser una ciudad pujante”, y cerró: “Queremos ser la política sana que saque a la provincia del lugar de donde esta”.

La diputada nacional Agustina Propato (Frente de Todos) denunció que el municipio de Zárate “no invirtió en seguridad” y adeudan la rendición de casi 5 millones de pesos. Además, apuntó contra el intendente, Osvaldo Cáffaro: “Si algo caracterizó su gestión fue la irresponsabilidad con la que gestionó el Fondo de Fortalecimiento Provincial de la Seguridad 2022".

“El Municipio cuestionó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por el Fondo de Fortalecimiento 2022. Puntualizaron que de los 46 millones de pesos que les correspondía, solamente recibieron 14 millones. Y que el resto no fue girado ya que el Ministerio consideraba como no necesarios a los rubros propuestos por el municipio”, planteó Propato.

Así, denunció: “Si algo caracterizó a la gestión Cáffaro fue la irresponsabilidad con la que gestionó el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad 2022”.

Es que según datos oficiales de la ley de presupuesto provincial 2022, a Zárate le correspondían $46.930.800,00 millones a pagar en tres tramos: en el primer tramo $14.079.240 (30%); $18.772.320 (40%), y en el tercero $14.079.240 (30%).

"Para recibir el segundo tramo de la partida, era requisito legal rendir las inversiones correspondientes al primero. Como el Gobierno Municipal de Zárate nunca rindió, los zarateños se vieron privados de recibir los $32.851.560 (70%) restantes", enfatizó Propato.

Y detalló que “la fecha tope para presentar el plan de inversiones por ese monto era el 30 de mayo del 2022. Pero el Municipio de Zárate presentó su plan de inversiones el 12 de julio de 2022". Sin embargo, explicó que “como el plan municipal no contemplaba ninguna inversión en reparación de patrulleros, prioridad para el Ministerio, se le solicitó la readecuación del mismo”.

Por lo que la gestión de Cáffaro "presentó la corrección del plan 2022 el 1 de febrero de 2023. Podría decirse, sin faltar a la verdad, que Cáffaro presentó un plan de inversiones para el año pasado", reveló la legisladora oficialista.

“A pesar de que el municipio insiste en que Zárate rindió todo, lo que se pudo corroborar de forma oficial por el Ministerio es que solamente rindió $9.090.000 de los $14.079.240 enviados”, informó.

En tanto, sumó: “El Municipio también sostuvo que los fondos no se recibieron porque el Ministerio consideraba como no necesarios a los rubros propuestos por el municipio”.

En ese sentido Propato consideró que "Zárate se vio privado de recibir los fondos que le correspondían por el incumplimiento del Municipio en su obligación de rendir las inversiones". Además, agregó que "el Ministerio le mandó a Zárate 6 notas formales a lo largo de 2022 solicitando la rendición que no presentó".

Según datos corroborados, al 15 de junio de 2023, Zárate aún adeuda la rendición de $4.989.240 de los fondos transferidos por el Ministerio de Seguridad en 2022. "La fecha límite para presentar el plan de inversiones correspondiente al Fondo 2023 era el 20 de mayo. Como es de prever, el mismo aún no fue presentado por el Municipio" concluyó Propato.

El legislador de la Ciudad por La Libertad Avanza (LLA) Leonardo Saifert presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que busca que las fuerzas de seguridad locales puedan usar gas pimienta.

"Autorizase el uso de dispositivos lanzadores, contenedores o rociadores de sustancias orgánicas de tipo pimienta (Oleoresin Capsicum) no letal a las fuerzas policiales y de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", plantea la iniciativa presentada por Saifert.

Según la propuesta de ley, las fuerzas de seguridad de la Ciudad solo podrán emplear estos dispositivos "cuando sea estrictamente necesario en el cumplimiento de sus deberes y en la medida que lo requiera el desempeño de sus funciones".

Asimismo, detalla en qué situaciones se deberán implementar. "En caso que sea necesario para facilitar el accionar de las fuerzas policiales en uso de sus atribuciones y en cumplimento de sus deberes. Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse. Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas, y se considere como medio suficiente para impedir y/o repeler y/o detener una agresión. Cuando el personal interviniente lo considere medio suficiente para impedir la comisión de un delito de acción pública, en preferencia de la utilización de otros medios más peligrosos y/o dañoso", sostiene el proyecto, entre otros puntos.

Además, detalla que los funcionarios de las fuerzas de seguridad "deberán ser instruidos" para así poder emplear de forma óptima dichos "medios orgánicos no letales"  y saber en qué situaciones se deberán utilizar.

Dentro de los fundamentos, la propuesta explica que "no existe justificación legal alguna para pretender prohibir la utilización de estas sustancias que ya son de uso y venta libre para la normativa nacional que concluye que el empleo de las mismas no tiene efectos letales sobre las personas". "Para mayor abundamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó oportunamente que legitima y autoriza el uso de medios no letales por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, con las debidas reglas para ello y la necesaria capacitación al personal policial, como propone nuestro proyecto", finaliza el texto.     

Con la intención de entender de qué forma impacta la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual buscarán interpelar a la directora general de Estadística Criminal y Mapa del Delito, Ana María Magri, por la falta de actualización de dicho mapa.

De esta manera, solicitaron que la funcionaria asista a la Comisión de Seguridad para dar detalles acerca de la falta de publicación de los datos estadísticos del Mapa del Delito del año 2022 y al estado actual de avance en el desarrollo del mismo; al proceso de confección y procesamiento de los datos que son incluidos anualmente en el mismo y en sus informes complementarios; y en todo lo relativo a los procesos de autoevaluación y desarrollo de mejoras en la elaboración del Mapa del Delito y la confección de estadísticas criminales de la Ciudad.

La iniciativa es de autoría de la vicepresidenta primera de la Comisión de Seguridad y legisladora del FdT, Claudia Neira, quien explicó en los fundamentos de la iniciativa que el Mapa del Delito es una “herramienta es un pilar fundamental para el desarrollo de políticas públicas y el análisis certero de la situación, así como la evaluación de las acciones llevadas adelante por el Gobierno en la materia”.

“Además de no haberse publicados los datos luego de transcurridos cinco meses, encontramos una situación cuanto menos irregular: desde el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha difundido, en el mes de enero, un ‘informe preliminar’ a periodistas con algunos datos que fueron, aparentemente, considerados relevantes. Cabe destacar que este informe nunca fue publicado por parte del Gobierno de la Ciudad, y que lo escueto del mismo demostraba una jerarquización de la difusión mediática por sobre otros elementos como la rendición de cuentas a la ciudadanía, la transparencia de las acciones de gobierno o el análisis riguroso de las políticas públicas”, agregó.

Al mismo tiempo que señaló que “en paralelo, el jefe de Gobierno y diversos funcionarios, utilizaron en reiteradas ocasiones estos mismos datos que fueron difundidos a medios de comunicación en discursos e intervenciones públicas. Es decir que, no sólo se define no dar conocimiento a la población de los datos obtenidos, sino que también los mismos son utilizados con una función política”.

“Creemos fundamental contar con la presencia de la Directora General de Estadística Criminal y Mapa del Delito a fin de profundizar en la problemática expresada. De esta forma, podremos contar con la información pertinente para comprender el proceso de confección y procesamiento de los datos, y en particular de los correspondientes al año 2022, los factores que llevan a la falta de publicación hasta la actualidad de ellos, así como las perspectivas de trabajo para volver más eficiente los mismos y los elementos de autoevaluación con los que cuenta la Dirección General, entre otros aspectos que hacen al interés de esta Legislatura”, completó.

La iniciativa también lleva la firma de Maia Daer, Claudio Ferreño, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés y Laura Velasco (FdT).