“Le pido a nuestra oposición que se sienten, que negocien, pero que voten los pliegos”, dijo el gobernador en un acto en Avellaneda.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto de inauguración de la obra de remodelación y ampliación del Polo Judicial Avellaneda-Lanús, y aprovechó la oportunidad para revivir una polémica.
Kicillof afirmó que el Ejecutivo provincial envió al Senado bonaerense “casi cien pliegos para la designación y nombramiento de funcionarios, jueces”, y acto seguido dijo “le pido a nuestra oposición que se sienten, que negocien, pero que voten los pliegos”.
Las declaraciones del gobernador llegan luego de que uno de los principales operadores legislativos de la Cámara de Diputados, el vicepresidente de la misma, Rubén Eslaiman, también se expresara sobre la cuestión.
“No sesionamos porque la alianza Juntos nos extorsiona. Para sesionar se necesitan 47 diputados sentados y nosotros somos 42″, apuntó el diputado massista.
Pero los desencuentros en el Senado tienen su propia historia y el gobernador la conoce bien, o al menos eso se supone, pues está directamente involucrado.
Luego de dos largos años, los dos primeros años de gestión del gobernador Kicillof 2020/21, de tironeo por retiro y resistencia a tratar pliegos que habían sido despachados por mayoría en el último tramo de la gestión de María Eugenia Vidal, durante la última parte de este último año es que se produjeron los primeros entendimientos.
Es que el oficialismo esperó la renovación parcial del Senado para tratar de doblegar a la oposición en función de una composición distinta del Cuerpo, y algo de eso pasó, pero no se puede salir de una suerte de “empate a lo Pirro”.
Los últimos desencuentros por los pliegos judiciales en el Senado bonaerense fueron en la sesión de Asuntos Constitucionales de noviembre de 2022, los legisladores de Juntos abandonaron el Salón Dorado sin validar los expedientes, con portazo de por medio. El oficialismo insistió en el tratamiento de 41 expedientes, pero finalmente no hubo despacho.
Todo empezó en 2020 cuando fueron acordados 41 pliegos por mayoría compuesta por la oposición con el rechazo y ausencia del oficialismo que era franca minoría en el recinto.
Pero esos acuerdos tuvieron que esperar la designación por debe hacer el Ejecutivo vía decreto y que nunca se dignó a realizar ese trámite final indispensable. Eso espera la oposición, aún.
Pero como quien no quiere la cosa, el Poder Ejecutivo remite una nueva remesa de pliegos, son en total 40 de jueces, fiscales y defensores oficiales con los que Kicillof quiere dar una señal de disposición para avanzar en la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, luego de que la Suprema Corte advirtiera sobre un récord histórico de oficinas judiciales que están sin su titular en la provincia.
Así se comenzó a desplegar una suerte de juego en espejo. Y mientras el gobierno que encabeza Kicillof se negó a promulgar los decretos de designación de los 41 funcionarios “acordados”, remitió un paquete de idéntico número de funcionarios judiciales para el Senado preste acuerdo.
Luego, Kicillof revisó nombres y firmó el decreto para nombrar a 31 funcionarios “acordados” en la era Vidal, del total de 41. Y al mismo tiempo la oposición en el Senado posibilitó avanzar en el trámite formal para acordar 31 funcionarios que recientemente remitiera el gobierno de Kicillof, de un total de 41 remitidos.
Una vez publicadas las designaciones, los senadores avanzaron con los 31 despachos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que luego fueron tratados en el recinto para la eventual prestación de acuerdo. Finalizado ese trámite legislativo el PE podrá proceder a la designación de los mismo, vía decreto de designación debidamente publicado.
Pero luego de esas idas y vueltas, los senadores opositores alegaban un conjunto de giros “inconsultos” de pliegos judiciales, además de marcar una serie de objeciones sobre los perfiles de los magistrados propuestos por el gobernador Kicillof.
Entre los expedientes más rechazados por los opositores se encontraba el del ex defensor oficial de La Plata, Manuel Bouchoux, propuesto para el importante Tribunal de Casación bonaerense. Desde Juntos le achacaban su pertenencia a Justicia Legítima y su perfil cercano a La Cámpora.
Pero al mismo tiempo, la principal fuerza opositora espera que los dos postulantes para el Tribunal de Casación que tienen acuerdo desde 2020, Francisco Pont Vergés y Ana Julia Biasotti, no sean designados.
Ambos fueron parte de los pliegos judiciales que aprobó la oposición cuando ostentaba mayoría en el recinto del Senado bonaerense, en septiembre de 2020, en una sesión que quedó en la historia.
Será muy difícil que se produzcan acuerdos para la designación de funcionarios judiciales ahora, pues hay posturas históricas, incluso fervientemente reclamada por el actual oficialismo, que durante el proceso electoral no se trata acuerdos en el Senado bonaerense.
De esta forma, el gobernador Axel Kicillof, junto con su ministro de Justicia, Julio Alak, estarían haciendo historia, pues ante una cantidad de vacantes y los reclamos sucesivos de los magistrados, cumplirán con apenas unas 62 designaciones judiciales en cuatro años de mandato.
El Senado bonaerense firmó un convenio de cooperación con la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
La vicegobernadora Verónica Magario y la presidente de la FAM, Marcela Ruiz, rubricaron el acuerdo que busca acompañar y fortalecer los procesos tendientes a garantizar el acceso a la justicia, la igualdad de género y brindar un servicio de justicia cercano, en todo el ámbito de la Nación.
El Convenio Marco de Cooperación firmado, busca mejorar la defensa y contención de las víctimas de violencia de género ante el notable y contínuo incremento de casos de femicidios y otros delitos relacionados con esta problemática.
En ese sentido, apunta a generar un espacio de trabajo mancomunado entre distintos organismos públicos, haciéndolo extensivo a todo el territorio nacional, debido a que la violencia de género se percibe como un fenómeno que trasciende el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, las estrategias para erradicar dicho flagelo deben ser comunes para lograr mejores resultados.
A partir de este convenio, tanto el Senado bonaerense como la FAM son conscientes de la necesidad de fortalecer el sistema de justicia a los fines de mejorar el acceso a la misma, permitiendo el goce total de los derechos de la ciudadanía y de la importancia de proseguir con el diseño de acciones tendientes a facilitar el acceso de las personas a los sistemas implementados para la efectiva protección de los derechos, abordandolo con perspectiva de género.
Entre los fines estatutarios de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, se encuentra el de promover el constante mejoramiento de la Administración de Justicia y el progreso de la legislación en todo el país, cooperando con cualquier iniciativa tendiente a obtener esos objetivos.
Promueve, además, la relación con instituciones afines con la actividad judicial -nacionales o extranjeras- cooperar a la constitución de organismos internacionales, e incorporarse a los similares existentes.
Otro de sus fines es organizar y participar, por medio de delegados, en reuniones, conferencias o congresos relacionados con los fines que persigue.
El oficialismo y la oposición encontraron el equilibrio para avanzar en una modificación de la ley 14836, y se habilitan re reelecciones de intendentes y legisladores en las próximas elecciones del 2023.
En votación dividida, los legisladores de la provincia de Buenos Aires sancionaron el proyecto de ley que modifica la ley que limita las reelecciones de representantes, pero ahora se volverá efectiva a partir de 2023 para los intendentes y desde el 2025 para legisladores provinciales y locales.
En términos generales, en ambas Cámaras los legisladores massista, de la CC-ARI y los vidalistas se opusieron a la modificación de la ley 14836. En tanto que en el Senado se abstuvo el senador del FdT Francisco Durañona al igual que uno de las bancadas rotativas del FIT-U. Los tres diputados de Avanza Libertad votaron negativamente.
Hubo 24 votos negativos para el tratamiento en Diputados sobre 92 presentes; y en el Senado se contaron apenas unos 8 negativos; 4 massistas, 2 CC-ARI y 2 vidalistas.
Según la normativa anterior, la ley ahora modificada, las re reelecciones no podían producirse en el caso de los intendentes en 2023, y en el caso de los legisladores ya se había cumplido en 2021.
Dos proyectos de ley, uno presentado por el senador de Juntos Juan Pablo Allan y, otro de la senadora del FdT Gabriela Demaría, fueron la materia prima del proyecto que finalmente se sancionó en la legislatura luego del correspondiente debate.
Como se sabe, en el año 2016 la legislatura bonaerense decidió avanzar sobre uno de “los asuntos más emblemáticos de la política argentina, las reelecciones indefinidas adoptando el criterio más reciente del constitucionalismo moderno”, según se detalla en la fundamentación de la iniciativa sancionada ahora.
Para los autores de la iniciativa el objetivo de aquella propuesta fue “claro y la sociedad lo apoyo contundentemente, sin embargo, una ley clara terminó desdibujándose por las interpretaciones que desvirtúan claramente el espíritu de la ley”.
Según Allan y Demaría “muchos dirigentes, amparándose en el decreto reglamentario de la ley, Decreto 265/19, pensado para situaciones puntuales y excepcionales, utilizaron como herramienta generalizada la renuncia o licencia a sus cargos antes de cumplirse los 2 años de mandato para burlar la voluntad del legislador, ampliamente explicada en los debates parlamentarios, y así poder presentarse nuevamente a elecciones para el cargo al que habían renunciado”.
Este acto es visto como “una clara violación al principio de igualdad ante la ley ya que algunos podrán volver a presentarse a una tercera elección, mientras que los que cumplieron con el mandato popular no lo podrán hacer, increíblemente cumplir con el compromiso ante una sociedad que los voto y respetar la ley termina siendo un perjuicio político de cara a las próximas elecciones”, consignan.
Por ello, en el artículo 3 de la norma sancionada se detalla que “el intendente y los concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período”.
Y se agrega “quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente”.
También el proyecto modifica el artículo 7° de la ley 14836 que quedara redactado de la siguiente manera: “Los mandatos de intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley”.
En el caso de los mandatos que se hubieren iniciado como resultado de las elecciones del 2021, se computará “como primer período sólo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior”.
Con esta nueva redacción la ley se entiende que quedará con “mayor claridad” que debe pasar “un periodo de 4 años si una persona quiere postularse por tercera vez para un cargo, independientemente del tiempo que haya ejercido efectivamente su segundo mandato una vez reelegido”, se afirma entre los argumentos. Pero al mismo tiempo, como efecto inmediato se habita la re reelección de intendentes, concejales, senadores y diputados, que fueron electos en 2015 y que por la ley original estaban impedidos de poder presentarse a una nueva reelección en las elecciones de 2023.
La oposición ratificaría su predominio en la Cámara alta provincial, según las proyecciones que desde primarias se disparan respecto del reparto de bancas.
En cuatro secciones electorales de las ocho que componen la provincial se eligen 23 de los 46 senadores que integran el alto Cuerpo provincial que comanda la vicegobernadora Verónica Magario. La oposición se impuso en las cuatro.
En la primera sección electoral, en lo que constituye el oeste y el norte del conurbano bonaerense, Juntos se estaría quedando según los resultados de las primarias con 5 banca y 3 serían del FdT.
En la cuarta, el noroeste de la provincia el resultado provisorio de las primarias estaría indicando un reparto de 4 banca para Juntos y 3 para el FdT.
En la quinta sección, el centro este de la provincia, con ciudades como Mar del Plata, Tandil y Necochea, allí Junto se quedaría con 3 de los cinco senadores y el FdT obtiene dos escaños.
Por último, en el centro de la provincia, en la pequeña sección séptima, donde se reparten tres bancas, las tres irían para la principal fuerza opositora Juntos.
Es decir, que de los 23 senadores en juego en la provincia, 15 banca estaría correspondiendo a la Juntos, mientras que 8 se llevaría el FdT. Del bloque opositor 16 terminan su mandato y por el lado del oficialismo son 7 los que se van; es decir que la oposición pierde una banca y el oficialismo suma una. El Cuerpo queda integrado por 25 senadores de Juntos y 21 del FdT.
La normativa busca garantizar de manera gratuita, informal, confidencial, responsable la búsqueda de los datos biológicos, filiatorios y familiares que hacen a la identidad de la persona humana.
La ley de Derecho a la Identidad, que se aprobó en el Senado bonaerense, surgió como resultado de una unificación de proyectos del bloque del FdT y de JxC y fue aprobada por unanimidad.
Se estipula que las instituciones públicas de salud que cuenten con la infraestructura apropiada deberán prestar colaboración y asistencia para la realización gratuita de pruebas genéticas en el caso que el peticionante no cuente con los recursos económicos necesarios.
También se establecerá que tanto el Instituto de Obra Médica Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA) y las Obras Sociales Provinciales colaboren con la cobertura total o parcial de la prueba genética.
De esta forma, los funcionarios públicos están obligados a intervenir en el procedimiento administrativo especial para asegurar su cumplimiento y, asimismo, se establecen responsabilidades ante el incumplimiento injustificado por parte del órgano requerido.
El senador oficialista José Luis Pallares hizo uso de la palabra para destacar: “Las apropiaciones de niños no solo se produjeron en el marco de la dictadura y del terrorismo de Estado. También hay muchísimos casos que son el resultado de la trata de niños”.
A la vez, el legislador aclaró que se “podrán pedir la búsqueda quienes habitan en la provincia de Buenos Aires, así como también, quienes nacieron aquí, aunque vivan actualmente en otra provincia. Y no implica sólo a los hijos que buscan a sus padres sino también a los padres que buscan a sus hijos”.
Para Pallares: “el procedimiento debe ser con mayor contención, acompañamiento de manera interdisciplinaria para que las personas no sean revictimizadas”.
El proyecto de ley fue presentado por la senadora Flavia Delmonte y ahora debería ser tratado por la Cámara de Diputados.
El Senado bonaerense aprobó la creación del programa “Buenos Aires emprende”, que impulsó a través de un proyecto de la senadora de Juntos por el Cambio Flavia Delmonte.
La iniciativa tiene por finalidad promover, generar y propiciar la actividad emprendedora, cuya implementación y desarrollo se financiará en articulación con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mediante líneas de créditos y programas de subsidios que fomenten la inversión y el financiamiento de proyectos y/o emprendimientos en curso.
El proyecto de la legisladora de la quinta sección electoral, contempla la creación de la “Escuela de Emprendedores Bonaerenses” que tendrá la responsabilidad de brindar, de manera gratuita, capacitación y asistencia técnica para todos aquellos que quieran crecer profesionalmente, comenzar un emprendimiento o expandir un proyecto ya existente.
La Senadora Flavia Delmonte defendió el proyecto durante la sesión y expresó, “mediante este proyecto se está apostando a desarrollar la industria del conocimiento en la provincia de Buenos Aires”.
En el mismo sentido, Delmonte resaltó que, “se está promoviendo el desafío de los emprendedores y emprendedoras bonaerenses, para que innoven y crezcan en nuestra provincia”. Finalmente afirmo, “este proyecto de ley busca como objetivo principal fomentar y promover la actividad emprendedora que generará más puestos de trabajo.”
Todo listo en la Cámara alta para sancionar, con mayoría de votos opositores, la ley reclamada por el gobernador para adquirir vacunas contra el Covid desde la provincia.
Este martes, en una sesión especial en la que solamente se estaría tratando el expediente PE-03, los senadores de la provincia -sin distinción de colores políticos- sancionarían la iniciativa del gobernador, a pesar que la oposición tiene amplia mayoría en este cuerpo.
El proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo bonaerense a iniciar negociaciones y celebrar los contratos necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19.
Según la normativa, a través de los ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete de Ministros, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, el gobierno podrá adoptar una serie de medidas de excepción entre la que se encuentra la de comprar vacunas contra el coronavirus.
La propuesta oficial específicamente autoriza a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos -incluso en moneda extranjera- previo informe fundado de la autoridad sanitaria provincial, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19, pudiéndose omitir la exigencia de garantías, fianzas y/o cauciones”, conforme el procedimiento previsto por la legislación vigente.
También se posibilita al Poder Ejecutivo “disponer que, en el ejercicio de las funciones encomendadas, con el objeto de efectuar la adquisición de las vacunas, podrán incluirse en los contratos respectivos cláusulas o acuerdos de confidencialidad y prescripciones que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.
En la negociación con las distintas fuerzas opositoras, el oficialismo concedió en tres cuestiones que el presidente de la bancada de diputados de JxC Maximiliano Abad sintetizó en tres ejes: “transparencia, confidencialidad e información y seguimiento”.
En materia de transparencia, se detalló que las modificaciones “permiten la Intervención de los organismos de control, en todas las etapas del proceso”.
Es decir, que los organismos de control no sólo van a tener capacidad de fiscalización en la previa de la firma, como preveía el proyecto original del oficialismo, sino durante toda la ejecución y el cumplimiento del contrato. Los organismos de control serán: Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Gobernación y Fiscalía de Estado.
Por otro lado, la cláusula de confidencialidad, que en rigor es exigida por los laboratorios, se extiende del Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral de seguimiento de la Pandemia que funciona en la provincia.
Esta Comisión podrá votar y exigir al Ejecutivo que abra las cláusulas de confidencialidad en caso de necesitarlo, haciéndose la comisión, responsable de cualquier filtración posterior.
Por último, desde JxC propusieron y el FdT incorporó al proyecto la exigencia de que, cada 60 días, el Ejecutivo deba informar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Pandemia: cuántas vacunas adquirió, cuántas vacunas recibió y cómo fueron distribuidas esas vacunas.
Este último punto, según deslizaron los legisladores, tuvo el acompañamiento de los intendentes, de todos los espacios políticos, que están interesados en conocer cómo se distribuyen las vacunas entre los distintos distritos y cuáles son los criterios que se esgrimen.
Sancionaron las moratorias impositiva y el régimen simplificado de ingresos brutos que solicitó el Ejecutivo como parte de su Programa de Recuperación Productiva.
El Senado de la provincia de Buenos Aires que preside Verónica Magario sancionó las moratorias impositiva y el régimen simplificado de ingresos brutos que solicitó el Ejecutivo como parte de su Programa de Recuperación Productiva.
Uno de los proyectos de ley apunta a la creación de un régimen simplificado de Ingresos Brutos para monotributistas bonaerenses, que permitirá reducir la informalidad a partir de la inclusión tributaria y financiera”.
“El otro prevé dos moratorias que posibilitarán, tanto a contribuyentes afectados por la pandemia como a empresas que actúan como agentes de recaudación, regularizar deudas impositivas con quitas que pueden llegar al 100% de las multas e intereses”.
Los proyectos de ley configuran un conjunto de beneficios fiscales para casi 4 millones de contribuyentes. Son medidas extraordinarias, en un contexto de crisis potenciado por la pandemia, que buscan sentar las bases para retomar el crecimiento, generar empleo y mejorar los ingresos de las y los bonaerenses, según se informó desde el oficialismo.
Este paquete tributario forma parte del Programa de Recuperación Productiva impulsado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que incluye a la par de los beneficios fiscales, líneas crediticias y otras medidas tendientes a fomentar la producción, reactivar la economía y generar nuevas fuentes de trabajo.
Respecto de la simplificación de Ingresos Brutos, que beneficiará a cerca de 1 millón de monotributistas bonaerenses, el proyecto prevé agilizar el cumplimiento tributario, reduciendo trámites y restando carga administrativa a las y los contribuyentes.
Cuando el nuevo sistema esté vigente, las personas alcanzadas solo deberán pagar una cuota fija mensual, según su categoría de monotributo. Es decir que al abonar la obligación también estarán pagando, en ese mismo acto, la cuota correspondiente de Ingresos Brutos.
En consonancia con esa simplificación, las y los contribuyentes ya no tendrán que realizar declaraciones juradas mensuales y ARBA los excluirá de los regímenes de recaudación, por lo que ya no se les aplicarán retenciones de ningún tipo.
“El nuevo régimen simplificado de Ingresos Brutos es central para la Provincia y va en línea con nuestro objetivo de lograr reducir la evasión con progresividad, para consolidar una estructura tributaria más justa”, se sostuvo al ser presentado el proyecto.
En cuanto a las moratorias, la primera apunta a contribuyentes afectados por la pandemia y comprenderá deudas prejudiciales de impuestos patrimoniales vencidas durante 2020. Es decir que abarcará al Inmobiliario, Automotores y Embarcaciones Deportivas.
Con este programa, más de 3 millones de contribuyentes podrán ponerse al día con ARBA. La financiación incluirá como principal beneficio la condonación de multas, intereses y recargos, que estará segmentada en función de la capacidad de pago.
De esta forma, recibirán mayores beneficios quienes fueron más afectados (micro y pequeñas empresas, cooperativas, personas de bajo patrimonio y quienes realizan actividades en rubros particularmente perjudicados por la pandemia).
La segunda moratoria se enfocará en los agentes de recaudación. Abarcará deudas provenientes de retenciones y percepciones no efectuadas con relación a Ingresos Brutos y Sellos, así como también aquellas efectuadas y no ingresadas o ingresadas fuera de término, vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2020, tanto en instancia judicial como prejudicial.
Estos planes incluirán la condonación de multas, intereses y recargos, que estará segmentada según el tamaño del contribuyente, de manera que los mayores beneficios se destinarán a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Las dos moratorias se complementarán con la posibilidad de rehabilitar regímenes de regularización caducos. Esta situación comprenderá a contribuyentes con planes caídos provenientes de los Impuestos Inmobiliario –en sus componentes básico y complementario-, Automotores, Embarcaciones Deportivas, Ingresos Brutos y Sellos que dejaron de abonarse durante la pandemia, en el año 2020.
También se podrán regularizar los regímenes de deudas de los agentes de recaudación provenientes de retenciones y percepciones no efectuadas con relación a los impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos. Estas rehabilitaciones serán posibles cuando la caducidad de los planes hubiese operado durante el año 2020.
El jefe de Gabinete repasó lo realizado por el Gobierno provincial en 2020 y expuso las principales iniciativas implementadas desde el Ejecutivo bonaerense.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, presentó este lunes ante los legisladores el sexto informe del Poder Ejecutivo para la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia.
En su exposición en el recinto del Senado bonaerense, acompañado por el ministro de Salud, Daniel Gollan, Bianco repasó los problemas recibidos de la gestión anterior y trazó un balance de lo realizado por el Gobierno provincial durante el año 2020, con hincapié en las medidas adoptadas para dar soluciones estructurales a los problemas de la provincia. Asimismo, detalló las iniciativas puestas en marcha para enfrentar la irrupción de la pandemia y la batería de iniciativas implementadas para impulsar la salida de la crisis generada por el Covid-19.
En este marco, Bianco afirmó: “Por instrucción explícita del gobernador Kicillof, cada vez que hay un problema estructural no lo escondemos debajo de la alfombra ni lo tapamos con marketing o publicidad, sino que trabajamos para solucionarlo”.
A lo largo de más de cuatro horas, el jefe de Gabinete respondió las preguntas de legisladoras y legisladores de la oposición y enumeró las medidas adoptadas por el Gobierno provincial, incluyendo, entre otras, la puesta a punto del sistema sanitario para enfrentar la pandemia, los programas “Escuelas a la Obra” (para mejorar la infraestructura educativa) y “Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación” (para asegurar la continuidad pedagógica de las y los estudiantes bonaerenses), las políticas de seguridad, las acciones en materia de género, la entrega de alimentos y asistencia social, las políticas para el sostenimiento de la producción y la reactivación económica, la puesta en marcha de numerosas obras públicas, la asistencia financiera a municipios y el desarrollo del plan de vacunación más grande de la historia de la provincia.
Como resumen, el jefe de Gabinete indicó: “Se hizo un grandísimo esfuerzo para contener la situación planteada por la pandemia y trabajar para solucionar los problemas de la provincia. Tenemos que estar orgullosos como bonaerenses del trabajo hecho por el Poder Legislativo, las y los 135 intendentes municipales, el propio Gobierno y todo el pueblo bonaerense”.
Gollan, por su parte, explicó en detalle la situación planteada por la pandemia y explicó el alcance del plan Buenos Aires Vacunate: “La Provincia está desarrollando un vasto plan de vacunación en los 135 municipios. Con un trabajo enorme capacitamos a 30.000 vacunadores, todos ellos con alguna formación previa, que permitieron avanzar rápidamente con la inmunización de los y las bonaerenses”.
La presentación del informe del Poder Ejecutivo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia de la Legislatura se realiza de manera periódica según lo dispuesto por la Ley 15.165 de emergencia social, económica, productiva y energética. La sesión fue encabezada por el senador Francisco Durañona (presidente de la comisión), acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario (presidenta del Senado).
El Cuerpo que preside la vicegobernadora Verónica Magario realizó una sesión especial por el día de la memoria por la verdad y la justicia.
Así se recordó a las víctimas de la última dictadura cívico militar y reivindicó la lucha de los organismos de derechos humanos, a horas de que se cumplan 45 años del Golpe de 1976.
De forma presencial y virtual, los senadores y senadores de la Cámara Alta provincial rindieron homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y reivindicaron la lucha de los organismos de derechos humanos, en vísperas del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En su intervención, la senadora María Reigada indicó que el 24 de marzo “es la fecha donde tenemos que reforzar la democracia, valorar la posibilidad de estar debatiendo, del intercambio, y además es un momento de lucha para reivindicar lo que la clase trabajadora y los sectores populares ofrecieron como resistencia frente al terrorismo de Estado”.
“A partir del Gobierno de Néstor Kichner – continuó – el 24 de marzo comenzó a tener el voltaje político que tenía que tener. Fue él quien descolgó los cuadros de los dictadores y le dio fuerza a los juicios de lesa humanidad”.
A continuación, el senador Andrés De Leo explicó que la libertad y el sistema democrático “nos permite ilusionarnos y trabajar por una sociedad más justa y equitativa, ese es el mecanismo por el cual los argentinos debemos dirimir diferencias y construir consensos”.
“Trabajemos todos porque nunca más en Argentina podamos volver a la violencia, al exterminio, al autoritarismo, a las dictaduras y al genocidio”, añadió.
A su turno, Francisco Durañona recordó que, durante aquella época trágica, 700 mil trabajadores y trabajadoras perdieron sus puestos de trabajo y el 66% de los fusilados y asesinados pertenecían al movimiento obrero.
“Vivimos en un clima de alternancia, de democracia, de respeto, con tensiones. En estos ámbitos, en estas casas del pueblo, es fundamental que reivindiquemos la lucha de quienes han puesto a esta temática en la superficie”, esgrimió el senador del Frente de Todos.
Sobre el final, el jefe de la banca opositora, Roberto Costa, destacó el rol de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), las Madres, Abuelas y la agrupación Hijos.
“Tenemos que recordar con tristeza, con amargura, pero con mucha vocación de justicia ese 24 de marzo. No deben existir privilegios, acomodos, sino el consenso y la necesidad de salir entre todos”, planteó.
Por último, la senadora Ayelén Durán pidió mantener viva la memoria hasta que cada víctima de la dictadura tenga justicia.
“Solicitamos al poder judicial de la Nación celeridad en los juicios de lesa humanidad, y cárcel común, perpetua y efectiva a los genocidas”, subrayó.
Los senadores ratificaron sus actuales autoridades en la correspondiente sesión preparatoria de inicio del 149 período ordinario.
La vicegobernadora Verónica Magario condujo este miércoles la sesión preparatoria donde el Senado bonaerense ratificó sus actuales autoridades en la correspondiente sesión preparatoria de inicio del 149 período ordinario que comienza a partir del próximo 1 de marzo.
Las sesiones preparatorias en el Senado no erran años, pues todos los años se realizan, a diferencia de la Cámara de Diputados que la hace año por medio, sólo cuando opera una renovación parcial del Cuerpo.
Las sesiones preparatorias en el Senado, que se realizan bajo la presidencia de la vicegobernadora o de un presidente provisional, tienen por objeto la incorporación de senadores electos; que en este caso no se produce; la elección de vicepresidentes y la fijación de días y horas de sesiones ordinarias.
Efectivamente, el alto Cuerpo legislativo tiene estipulado en su reglamento interno que, en los últimos diez días del mes de febrero de cada año, a efectos de proceder a la elección de vicepresidentes y fijar días y horas de sesión, debe realizar la sesión preparatoria.
Por lo cual, este miércoles, tal como está estipulado, realizó su sesión preparatoria, con metodología mixta, con 28 senadores de forma remota y 8 presencias físicas en el recinto.
En dicha reunión legislativa se ratificaron en sus cargos al vicepresidente I, el senador del FdT Alfredo Fisher; vicepresidente II, senador de JxC Alejandro Cellillo; vicepresidente III, senador del FdT Luis Vivona; vicepresidente IV, senador de JxC Andrés De Leo y vicepresidente V la senadora de JxC Claudia Rucci.
También fueron ratificadas todas las autoridades de las comisiones legislativas permanentes y especiales que actualmente están constituida. Y además fueron aprobadas las licencias de la senadora Teresa García y Dalton Jáuregui.
Asimismo, los senadores fijaron como días estimativos de sesión los martes, miércoles y jueves, a las 14 horas, de cada semana durante el periodo ordinario de sesiones, que culmina el 30 de noviembre.
Por último, los senadores de la provincia de Buenos Aires se apartaron del reglamento interno para rendir un breve homenaje al senador provincial de la UCR mandato cumplido Horacio López.
Los senadores Roberto Costa, Alfredo Fisher y David Hirtz estuvieron a cargo de las palabras que recordaron la figura del ex intendente Puán y de dirigente político del sur provincial; mientras que la titular del Senado, Verónica Magario, cerró el homenaje institucional que el Cuerpo ofreció al dirigente muerto.
Por otra parte, se adelantó que la vicegobernadora Verónica Magario formalizó la citación a la Asamblea Legislativa para el próximo lunes 1 de marzo, a las 18 horas, donde el gobernador Axel Kicillof dará inicio al 149 período ordinario de sesiones en la legislatura bonaerense.
Los senadores de la provincia de Buenos Aires sancionaron dos proyectos de ley por lo que se podrá avanzar en la construcción de nuevos establecimientos del SPB y para que los niños y niñas a cargo del Estado tengan IOMA.
Los senadores bonaerenses lograron sancionar un proyecto de ley que expropia inmuebles para luego construir unidades penitenciarias y alcaidías en el conurbano.
El Poder Ejecutivo remitió el proyecto de ley sancionado a través del cual se pretende expropiar 7 inmuebles que serán destinado para la construcción de nuevas Unidades o Alcaidías penitenciarias.
Los inmuebles que serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación se encuentran ubicados en cinco distritos del conurbano; dos en cada uno de los distritos de Quilmes y Moreno, y uno en los distritos de Merlo, La Matanza y Tigre.
La iniciativa tuvo su resistencia parcial de la que se hizo eco en parte sectores de la oposición. Los senadores que integrantes del bloque JxC, si bien dieron su voto en general, plantearon su abstención en particular y no acompañaron la idea de expropiar “humedales” y autorizar “sin estudios técnicos” dos de los emprendimientos contemplados en la iniciativa que ahora tienen “luz verde” para avanzar.
Se trata de los emprendimientos que se desarrollarán en el distrito de Quilmes y el de Tigre, aunque los funcionarios se comprometieron a realizar las obras una vez que sean estas autorizadas por los organismos pertinentes y luego de realizar los estudios que corresponden.
Para los impulsores del proyecto, en el marco de la actual emergencia en que se encuentra la provincia, “sobresale la crisis en materia de infraestructura penitenciaria”, en razón de “la sobrepoblación existente” en los establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de su libertad.
Si bien no se especifica en el proyecto de ley cuáles serán las obras puntuales que finalmente se realizaran en los inmuebles expropiados, sí se detalla que el Estado tendrá diez años para la construcción de Unidades y Alcaidías penitenciarias y departamentales, dispuesta en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria.
No obstante, sectores sociales de los distritos de Quilmes y Tigre se encuentran movilizados y, según aseguraron desde organizaciones civiles, continuarán expresando su resistencia, en distintos ámbitos, a los planes del Estado provincial.
Por otra parte, el senado bonaerense sancionó una ley que incluye a niños y niñas que se encuentran alojados en hogares de abrigo o en estado de adoptabilidad bajo tutela del Estado como beneficiarios del IOMA.
Sin la presencia de la vicegobernadora y presidenta del Senado Verónica Mágario, que cumple con un aislamiento preventivo por contacto estrecho, y bajo la conducción del vicepresidente I del Cuerpo el senador del FdT Alfredo Fisher, se dio el paso definitivo para la sanción de la reclamada normativa.
Los senadores lograron así modificar la Ley de la Obra Social de los trabajadores de la provincia, para incluir a niños y niñas que se encuentran alojados en hogares de abrigo o en estado de adoptabilidad bajo tutela del Estado.
El universo que apunta a cobijar la iniciativa, que obtuvo apoyo unánime en ambos recintos es un sector sumamente vulnerable que el contexto de pandemia extremó su situación.
Se estima que ahora, con la inclusión como beneficiarios del IOMA, se agilizaría el acceso a una atención integral y eficaz, médica y psicológica a unos 2.500 niños y niñas vulnerados, que bajo tutela del Estado permanecen en hogares o institucionalizados, y a la espera de su adopción.
Al proyecto de ley se lo denomina Ángel Azul, pues se trata de una iniciativa que fue impulsada por la Asociación Civil “Ángel Azul”, un hogar que desde hace 20 años alberga un promedio de 25 niños en la ciudad de La Plata.
El coordinador del Hogar Ángel Azul y propulsor de esta iniciativa, Hernán Améndola, dijo que el “objetivo, por sobre todas las cosas, es garantizar la restitución de derechos de los chicos” y sostuvo que esta ley significa “aportar una herramienta a estos pibes y pibas para fortalecer su futuro; los chicos no son el futuro, son el presente: la niñez es ahora”.
El trámite legislativo fue impulsado por la diputada del FdT Susana González, autora de la iniciativa, que consideró “es precisamente a los niños vulnerados a quienes debemos garantizar que puedan acceder al derecho a la salud integral y de manera eficaz, ante un sistema de salud pública que se encuentra colapsado”, en el contexto de pandemia.
También fue aprobado un proyecto de ley que comisión bicameral para “la redacción de una nueva y moderna” de Ley Orgánica de las Municipalidades, que asegure la autonomía municipal y unifique todas las modificaciones que se le han venido haciendo a lo largo de los años.
Además, se aprobó y se giró a la Cámara de diputados una Ley de Acceso a la Información Pública donde se busca “garantizar que todos los bonaerenses puedan acceder a los datos completos de los actos de Gobierno”, la iniciativa contó con el voto negativo del bloque del FdT.
Al finalizar la sesión fue rechaza una moción de preferencia y desagravio sobre violencia de género hacia la senadora del FdT Agustina Propato por parte del senador de JxC Walter Lanaro.
Tras una serie de entrevistas, la Cámara alta provincial comenzó a cubrir esos puestos de trabajo.
La primera empleada trans del Senado de la provincia de Buenos Aires, Alma Fernández, afirmó que “para muchos puede ser antipático pero es muy positivo” la implementación del cupo.
Fernández, que se ha destacado como una activista de derechos humanos especialmente defendiendo los derechos travestis, trabaja en el despacho del senador Emanuel González Santalla.
En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une, Alma Fernández dijo que “es la primera vez que tengo la oportunidad de un trabajo en blanco y una entrevista laboral. Pero, también me parece un logro importante, porque aprendí a leer a los 30 años” y explicó que “soy oriunda de la provincia de Tucumán, soy pobre, y como la mayoría de las travestis del norte viajamos desde el interior a la capital, para prostituirnos porque mi colectivo no tiene otras posibilidades en su universo”.
Además, Fernández señaló que viene de una familia “llena de amor y comprensión” pero con muchos problemas económicos y recordó que en las provincias del norte argentino hasta el 2012 existían los edictos policiales. “Si salías a la calle, te llevaban presa y te aplicaban el artículo de vestimenta inapropiada”, recordó.
Al respecto, enfatizó que “tuve que escapar a ese destino de calabozos, golpes, maltratos y prostitución. Llegué en octubre de 2001. Luego explotó el país y yo estaba parada en una esquina prostituyéndome. Las señoras miraban por la ventana y se horrorizaban pero no se preguntaban cómo una niña había llegado a eso y quiénes son los que pagan”.
Alma Fernández sostuvo que “hoy, si no hubiera pandemia, las niñas de 13 años estarían haciendo dedo para venir a prostituirse a la ciudad. Esa es una realidad. Así que estoy feliz de haber podido escapar de eso. Pero no alcanza con ser la primera, porque necesitamos ser la primera en todos los ámbitos”.
Representantes gremiales le presentaron a senadores del FdT un proyecto de Ley de equiparación y movilidad de las asignaciones familiares en el Estado bonaerense.
Referentes de la Agrupación Verde y Blanca de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE provincia de Buenos Aires, se reunieron a través de la plataforma zoom con los senadores del FdT con el objetivo de presentarles el proyecto de equiparación y movilidad de las asignaciones familiares en el Estado bonaerense.
El objetivo es contar con una herramienta legal que imposibilite que en el futuro se vuelvan a generar las desigualdades e injusticias que se produjeron en los valores de las asignaciones familiares como en los topes durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Entre los conectados a la plataforma estuvieron los senadores de extracción gremial como María Reigada, Ana Devalle y Omar Plaini, del FdT. Y en representación de la Agrupación Verde y Blanca de ATE dieron el presente Rubén Schaposnik, Pamela Ortiz y varios dirigentes de Seccionales y Juntas Internas.
El texto del proyecto busca que la provincia equipare sus asignaciones familiares a los valores y topes nacionales que se actualizan según los porcentajes de movilidad jubilatoria que fija el Anses.
En la actualidad el primer tope en la provincia es para las familias con ingresos de hasta $27.401 que cobran una asignación por hijo de $2030, mientras que un trabajador estatal nacional cobra $3540 en el caso de familias con ingresos de hasta $54.865. Gran parte de la masa de trabajadores estatales cobran el escalón inferior que es de $366.
Además, el proyecto prevé que en el caso de la asignación para cuidados de primera infancia (jardines) el monto sea de un 25% de una categoría 5 de la Ley 10.430 para que el valor que se pague en este concepto cubra con un criterio de realidad teniendo en cuenta que en la actualidad se pagan montos que van entre los $1500 y $2500 según el salario básico de los trabajadores.
“Se busca terminar con el marco de desigualdad que planteo el gobierno de Vidal por el cual el Estado provincial paga mucho menos de asignaciones familiares que en Nación cuando eso venía siendo equiparado hasta 2015”, expresó Rubén Schaposnik.
“El modelo de Vidal era sin duda un modelo de ajuste similar al implementado por Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, donde se busca reducir lo más posible el valor de las asignaciones familiares y pagar apenas $270 pesos por hijo”.
Los senadores del Frente de Todos valoraron positivamente la propuesta y se pusieron a disposición para trabajar en este sentido como en el resto de las iniciativas que busquen mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto del senador Leandro Blanco se aprobó en la última sesión ordinaria y pasará a ser tratado en la Cámara de Diputados.
Tras ser aprobado en la comisión de salud, pasó al recinto del senado bonaerense donde los senadores en la última sesión ordinaria del pasado jueves aprobaron el proyecto del senador Blanco que propone adoptar como Política de Estado el Uso Racional de Medicamentos en la Provincia de Buenos Aires colaborando en la protección de la salud humana, garantizando que los medicamentos y dispositivos médicos tecnológicos a disposición de los ciudadanos posean eficacia terapéutica, seguridad y calidad para que puedan ser adquiridos al menor costo posible tanto para los pacientes como para el Sistema Provincial de Salud.
Para poder llevar a cabo esta política, se creará la Agencia Evaluadora de Tecnología Médica Sanitaria como órgano colegiado ad-honorem, con la finalidad apoyar a la toma de decisiones por parte de la Administración Sanitaria del Estado Provincial, efectuando recomendaciones sobre la introducción, selección y uso racional de los medicamentos, como así también, la modificación o exclusión de los mismos en la atención de la salud de las instituciones del Servicio de Salud Provincial.
Para ello, se realizarán evaluaciones de tecnología, dispositivos, técnicas y procedimientos para su incorporación o exclusión, en los que se tendrá en cuenta determinados criterios, tales como, medioambientales, bioéticos y de seguridad para usuarios y profesionales.
Sin embargo, también se aprobaron dos proyectos de declaración del senador radical oriundo de Chivilcoy, los cuales solicitan por un lado, la actualización inmediata del valor de la cobertura de hasta el 70 % promedio de todos los medicamentos ambulatorios comprendidos en el vademécum de la Obra Social, para todos los afiliados de IOMA.
El aumento de la cobertura de los medicamentos en sus diversas presentaciones se torna imprescindible en los tiempos que corren, para atenuar el impacto económico que les produce a los afiliados la suba desmedida en sus precios. Si se logra un incremento en la cobertura, los afiliados atenuarán la incidencia del costo de los medicamentos en su economía, con la posibilidad además de que la cobertura de IOMA, al ser de monto fijo, les permita elegir un producto comercial de menor valor y de esa forma, aumentar la misma a un 100 % del valor del medicamento en algunos casos.
Por otra parte, también se aprobó el proyecto que exige la inmediata y necesaria provisión de vacuna antineumocócica con cobertura del 100 % a todos los afiliados de IOMA de acuerdo a lo prescripto por el calendario nacional de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación.
Luego que se conociera la voluntad del Poder Ejecutivo de retirar los pliegos, los senadores opositores reaccionaron.
Malestar legislativo generó la solicitud del gobernador Axel Kicillof, incluida hoy en el Boletín Oficial, que busca alterar el destino de los pliegos para la designación de jueces en la Provincia.
“El Senado se expedirá sobre el tema y nuestro Bloque desestima la solicitud del gobernador”, sostuvieron los senadores de Juntos por el Cambio.
“El artículo 204 inciso g del Reglamento Interno del Senado es muy claro y refiere que la Vicegobernadora debe representar al Cuerpo y hablar en nombre de él, no pudiendo sin su acuerdo contestar ni dirigir por escrito comunicaciones que no sean de trámite”, remarcaron los senadores.
En ese sentido, los legisladores detallaron que “los pliegos fueron repuestos al orden del día en la última sesión del Senado porque las autoridades de este Cuerpo los habían retirado equivocadamente ya que los mismos tenían despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos”.
Por su parte, Roberto Costa, titular de la bancada de JxC en el Senado manifestó que “la solicitud del gobernador es improcedente, inconstitucional y desconoce el trabajo que se viene llevando adelante por cuatro senadores, dos del oficialismo y dos de la oposición”, y agregó: “desconoce también las conversaciones con el presidente del bloque oficialista, con distintos ministros de su gabinete y con la propia vicegobernadora”.
“Kicillof no entiende la división de poderes. Hemos perdido capacidad de asombro, no es la primera vez que el gobernador desconoce el funcionamiento y las normas de la Provincia. Su actitud es temeraria”, remarcó Costa y argumentó: “el Poder Legislativo tiene la facultad en este momento de aprobar o no dichos pliegos”.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires solicitó al Senado provincial la devolución de 42 pliegos para cubrir cargos judiciales.
El envío de los pliegos para la “prestación de acuerdo” había sido realizado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal entre junio y agosto de 2019.
El ministro de Justicia y DD.HH., Julio Alak, explicó que “dado el tiempo transcurrido y la existencia de numerosos hechos sobrevinientes desde su envío —algunos de notoria gravedad–, corresponde que el Senado devuelva los pliegos para que el Ejecutivo reevalúe pormenorizadamente cada uno”.
Alak sostuvo que el art. 175 de la Constitución Provincial habilita la devolución de los pliegos requeridos, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a designar a los jueces y miembros del Ministerio Público de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura.
Subrayó, asimismo, que la posibilidad del Ejecutivo de reexaminar los pliegos enviados al Senado ante hechos sobrevinientes ha sido expresamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia en el fallo “Decastelli”.
En la misma línea, el ministro de Justicia recordó que “existen numerosos antecedentes de devoluciones de pliegos del Senado al Ejecutivo”; el más reciente, según recordó, “es el pedido efectuado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal a poco de asumir, a través del responsable de la cartera de Justicia, Carlos Mahiques”. Como consecuencia de ese requerimiento, el 18 de marzo de 2016, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida entonces por la senadora de JxC Nidia Moirano, y el vicegobernador Daniel Salvador remitieron en devolución al Poder Ejecutivo los 126 pliegos de jueces y miembros del Ministerio Público que el ex gobernador Daniel Scioli había girado en agosto de 2015.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo, según informó Alak, “se comprometió a realizar la tarea de reevaluación” de los pliegos, en el marco de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, “en un plazo perentorio de sesenta días corridos desde el momento en que el Senado proceda a su devolución”.
En el Senado provincial se sigue trabajando en la posibilidad de sancionar una ley de emergencia para las Asociaciones Civiles, pero el acuerdo no se logra y deambulan acusaciones cruzadas.
Ahora, desde Juntos por el Cambio en la Cámara alta bonaerense se refirieron a la iniciativa de asociaciones civiles al sostener que “desde el primer día estamos trabajando junto a los centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes de barrio y centros culturales, entre otros espacios, dada la importancia que representan”.
En ese sentido, manifestaron que “debemos contar con una Ley lo más abarcativa posible y que represente alivio para el sector. Ese debe ser el objetivo de nuestra Cámara y no el de tener un título en algún medio periodístico”.
“No es momento de mezquindades. Tenemos que trabajar juntos para fortalecer estas actividades. No se trata de un logro de un gobierno u otro, se trata de dotar de herramientas al sector y de ponerlo por encima de cualquier interés partidario”, manifestaron los legisladores.
“Nos parece importante avanzar en el acompañamiento de una iniciativa que lleve alivio a un sector muy afectado y por el que venimos reclamando desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, remarcaron los legisladores.
Y para concluir advirtieron que “hay que contemplar la ampliación de los plazos para que las asociaciones puedan regularizar su situación; la Creación de un Fondo Especial de Emergencia para que puedan, entre otras cosas, adecuar sus instalaciones; y fomentar el trabajo coordinado con los municipios”.
La denominada Ley Micaela estipula la capacitación obligatoria en los tres poderes del Estado para la prevención y erradicación de las violencias por razones de género.
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, encabezó con la titular del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, una sesión especial de carácter virtual con centro en la sensibilización y prevención de la violencia de género en el marco de la adhesión de la Provincia a la norma nacional.
Por el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio sólo estuvieron en el recinto Magario, autoridades de ambas Cámaras, la ministra Estela Díaz y los titulares de los bloques parlamentarios, en tanto que participaron en plataforma digital el Director de Formación de la cartera y padre de Micaela, Néstor García, conjuntamente con senadores y senadoras.
En primera instancia, en una introducción previa a la exposición de la ministra Díaz y del director García, Magario sostuvo que la ocasión ameritaba un aplauso del pleno del Cuerpo en carácter reivindicatorio por la puesta en marcha de Ley Micaela.
La vicegobernadora sostuvo que esta ley permitirá una visibilización manifiesta, en el ámbito de los podes del Estado y en distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, “de la cuestión de género, violencia, acoso y abuso del poder en los distintos órdenes de la sociedad”.
Magario reiteró el compromiso de continuar el trabajo coordinado con la ministra Estela Díaz para profundizar la implementación de las capacitaciones sobre violencia de género dentro de la Legislatura, pero también insistió en apuntalar la construcción de leyes que promuevan la integración.
“Es hora -dijo- de que las mujeres empiecen a sentir que en la provincia de Buenos Aires no son discriminadas”.
“Vamos a incrementar nuestros esfuerzos desde el Gobierno Provincial y la Legislatura para que las mujeres no sientan que la violencia las lleva por delante. Hoy comenzamos un camino que no debe parar”, sostuvo la Vicegobernadora.
Estela Díaz, en tanto, puso de relieve “el enorme desafío” que significa para su cartera implementar esta normativa.
Precisó que las capacitaciones apuntan a la generación de un cambio de conductas y prácticas institucionales.
Explicó que hay un Estado presente que está acompañando a la población en el impacto que está teniendo la pandemia en la sociedad, pero que no pierde el foco en la continuidad de la capacitación en políticas de género.
“La formación debe ser permanente, con proyectos de evaluación de este impacto”, pidió la ministra, que pidió a los legisladores a comenzar la discusión sobre una Ley Integral sobre la Violencia.
También pidió la concreción de un presupuesto transversal de género.
“Vivimos en una situación desigual en políticas de género que estructuran los vínculos personales”, aseguró Díaz.
Por su parte, el Director de Formación de la cartera y padre de Micaela, Néstor García, puso de manifiesto la importancia de la implementación de esta ley: “Nos permitirá junto con otras herramientas empezar revertir esta desigualdad estructural que afecta los derechos de las mujeres y las identidades de género no binaria”, indicó.
García explicó que cada poder del Estado tiene la facultad de determinar una autoridad de aplicación, que en el caso del Senado se viabiliza mediante el Observatorio de Políticas de Género, dependiente de la presidencia del Cuerpo a cargo de la vicegobernadora Magario.
La vicegobernadora Verónica Magario está acompañada por la ministra Estela Díaz y el padre de Micaela, el actual funcionario, Néstor García.
La Cámara de Senadores bonaerense realizará una sesión especial a partir de las 15 por la ley Micaela y se espera la presencia de la ministra de la Mujeres, Género y Diversidad, Estela Díaz, que participará de una capacitación sobre violencia de género, de la que será parte el director de Formación de ese Ministerio y padre de Micaela, Néstor García.
La modalidad de la convocatoria es mixta, aunque se espera mucha presencia virtual debido a precauciones de seguridad que se dispondrán a partir de la existencia de casos de Covid-19 en “la casa”.
A principios de este mes, el gobernador Axel Kicillof designó al ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad como órgano de implementación de la Ley Micaela en el Poder Ejecutivo, según se comunicó a través del Decreto 541 publicado en el Boletín Oficial.
La Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género y prevención de las violencias por razones de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías.
La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sesionó por primera vez con un sistema mixto de forma telemática.
Los senadores bonaerenses dieron inicio al período ordinario y aprobaron la modificación del reglamento que legaliza esta nueva metodología de sesiones mientras permanezca el aislamiento por la pandemia.
La sesión fue presidida por la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, que estuvo acompañada por los funcionarios de Ley, cinco vicepresidentes y cuatro autoridades de bloques que conforman la Cámara alta provincial.
De esta forma fueron nueve senadores presentes en el recinto y 35 estuvieron de forma remota, algunos de ellos incluso hicieron uso de la palabra.
Durante la sesión, los senadores aprobaron también una moción de preferencia para realizar, el jueves próximo, a las 14 horas, una nueva sesión con esta modalidad.
En el recinto estuvieron, físicamente 3 senadores del Frente de Todos y 6 de la oposición, de Juntos por el Cambio.
Estuvieron junto a la vicegobernadora el titular de la bancada oficialista, Gervasio Bozzano, el vicepresidente del bloque José Luis Pallares y Luis Vivona, actual vicepresidente del Cuerpo.
De la bancada de Juntos por el Cambio estuvieron sentados, además del titular del bloque, Roberto Costa, los legisladores Emiliano Reparaz, Alejandro Celillo, Claudia Rucci y Lucas Fiorini.
La modificación del reglamento se dio tras la unificación de tres proyectos de resolución y de acuerdo a un despacho previo de la Comisión de Legislación General, en común acuerdo de ambas vacadas.
Al final de la sesión la presidenta Magario pidió a los legisladores “que acompañen al gobierno en esta difícil situación que atraviesan los bonaerenses sin mezquindades políticas ni humanas”.
“No hay diferencias partidarias cuando hay que llevar adelante medidas para el resguardo de la población desde lo sanitario y afrontar las situación económica y social que va a venir”, dijo.
A su turno, el jefe de la bancada de senadores del Frente de Todos, Gervasio Bozzano, aseguró que “estamos en el camino correcto que es cuidar a los bonaerenses”.
“Es importante volver a sesionar, si bien no era la modalidad que pretendíamos, es lo que pudimos acordar”, dijo al término de la reunión el senador opositor Leandro Blanco, dando cuenta de cierto inconformismo de sectores de la oposición.
En el mismo sentido se expresó el titular de la bancada, el senador Costa que consideró “planteamos la necesidad de la sesión y encontramos en el oficialismo toda la comprensión. Nuestro objetivo era sesionar y eso está cumplido”.
No obstante, el jefe opositor reclamó que empiecen a convocarse las 26 comisiones permanentes que ahora también podrán funcionar de forma telemática.
Cabe consignar que las comisiones tienen sus miembros designados y están integradas, aunque deben reunirse para constituirse como tal y designar sus autoridades, algo que forma parte de negociaciones políticas que ahora ingresan en la recta final.
La Comisión de Legislación General emitió un dictamen que habilita la posibilidad de modificar el reglamento para sesionar de manera remota en casos de “fuerza mayor”.
La Comisión de Legislación General del Senado bonaerense emitió un dictamen que propone la modificación del Reglamento de la Cámara con la intención de habilitar que, cuando “razones de fuerza mayor” impidan sesionar de manera presencial, entonces se lo pueda hacer de forma remota.
El dictamen en cuestión surgió del acuerdo entre los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio y fue acompañado por todos los senadores y las senadoras presentes en la Comisión.
Las modificaciones propuestas apuntan a permitir que, en caso de ser necesario, los senadores y las senadoras tengan la posibilidad de integrar la sesión de manera remota a través de los medios tecnológicos que se habiliten a ese fin.
No obstante, se establece que la existencia de “causas extraordinarias” o de fuerza mayor en los términos del artículo 84 de la Constitución Provincial, que impidan sesionar en forma presencial será determinada por decreto de la presidencia del Senado, con el consentimiento de los dos tercios de los senadores.
En igual dirección, otra de las cuestiones que se consensuaron es que, en cada oportunidad, la comisión de labor parlamentaria establecerá la cantidad mínima de senadores y autoridades cuya presencia será obligatoria e indispensable para llevar adelante cada sesión.
En cuanto a las necesarias garantías sobre el cumplimiento de la representación popular, se concertó que los senadores y senadoras que asistan a la sesión de manera remota deberán acreditar su presencia a través de un sistema de validación por datos biométricos o, en ausencia de este sistema, mediante la validación nominal de las presencias al igual que en las votaciones.
En idéntico sentido, aquellos legisladores que sesionen a través de videoconferencia deberán firmar la asistencia a las sesiones virtuales y sus votaciones a través de la firma digital o mediante la manifestación a viva voz, nominal, del sentido de su voto.
Finalmente, los consensos alcanzados también afectan el funcionamiento de las comisiones, que, “en caso de fuerza mayor”, podrán llevarse a cabo sin la necesidad de que los senadores se hagan físicamente presentes.
Cuando esto suceda, las autoridades habilitarán los medios tecnológicos necesarios para operar de manera remota la convocatoria, el orden del día y la firma del dictamen de comisión.
“Queremos una Legislatura al servicio de nuestra gente y de sus necesidades. Por eso, el dictamen al que hemos arribado es un paso más en el compromiso que asumimos con el pueblo de la provincia para construir entre todos una Buenos Aires inclusiva, democrática y justa”, dijeron desde el bloque del FdT tras la resoloción.
