Durante una conferencia de prensa junto al presidente electo del Senado, Basilio Núñez, y Natalicio Chase, líder de la bancada Honor Colorado, se presentó la edición 2024 del "Balance del Financiamiento de la CIDH y la Corte IDH. Opacidades e influencias de una financiación condicionada", de Global Center for Human Rights (GCHR).

La presentación se da en el marco del inicio de la 54° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se desarrolla en Asunción del 26 al 28 de junio. El informe da claros ejemplos de cómo grandes ONG y países externos al continente manipulan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana, encargadas de garantizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estuvieron presentes también los senadores Lizarella Valiente, Gustavo Leite, Javier Vera, Antonio Barrios y Nano Galaverna.

María Anne Quiroga, directora de Investigación de GCHR explicó: “Si uno de ustedes es acusado de un delito y descubren que quien los denuncia y el juez están financiados por la misma persona… ¿qué harían? Algo muy parecido está pasando con el Sistema Interamericano que juzga a nuestros países”. Explicó que, basados en información pública, “se puede afirmar que Open Society Foundation, Ford Foundation y gobiernos como Canadá e incluso externos al Sistema, como España y Suecia, financian al SIDH y condicionan sus agendas y prioridades, especialmente en cuestiones de aborto e ideología de género”.

Sebastián Schuff, presidente de GCHR, explicó que esto pone en serio riesgo las leyes del Paraguay y recordó el caso de Mainumbí: “En 2015 estas ONG muy bien financiadas se aprovecharon del sistema y la CIDH trató de doblegar al Paraguay para legalizar el aborto, pero fracasó”. El informe muestra cómo todas las organizaciones peticionarias del caso Manuela contra El Salvador, que fracasó; de Beatriz contra el Salvador, que aguarda la sentencia y de un posible caso contra República Dominicana, son financiadas por grandes ONG que financian a la vez al SIDH. “Esto en varios de nuestros países podría considerarse un grave conflicto de intereses”, afirmó.

Según María Anne Quiroga, “este tipo de ONG enuncian para qué quieren que los fondos estén dedicados y es a eso que llamamos un financiamiento condicionado, porque impactan directamente en su agenda”. Impulsan temas “del feminismo radical y la ideología de género, como la liberalización del aborto y el transexualismo en la niñez y políticas contra el discurso de odio que amenazan la libertad de expresión de quienes disienten con estas medidas”.

Para Schuff estas iniciativas amenazan los tres poderes del Estado y explicó: “buscan, por ejemplo, convertir al aborto en un derecho humano internacional que va a ser obligatorio para todos los países, inclusive para el Paraguay, porque es firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Para terminar, el presidente de GCHR expresó que la CIDH y la Corte, que ya son conscientes de estas debilidades del Sistema, y que en lugar de hacer los cambios necesarios para garantizar mayor transparencia, “profundizaron este camino de opacidad al insistir con los fondos condicionados”. Este informe, justamente busca “devolverle el control político a sus legítimos representantes que son el pueblo y los senadores y diputados”.

La senadora Lizarella Valiente, destacó que el Balance viene a confirmar un proyecto de ley presentado para transparentar el financiamiento de las ONG en el país e instó a las autoridades de la OEA “a recuperar la confianza” volviendo a ser “objetivos, ecuánimes e imparciales”.

GCHR es una ONG independiente sin fines de lucro con sede en Washington DC dedicada a defender los derechos humanos fundamentales como la vida, la familia, la libertad y la soberanía de los países, en los organismos internacionales.