A dos días del primer debate virtual, la Cámara alta realizó un simulacro de sesión e incorporó “con éxito” el sistema de validación de identidad del RENAPER. Cristina Kirchner y el resto de las autoridades estuvieron presentes en el recinto.
Con la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el recinto y la participación de 70 senadores, la Cámara alta realizó este lunes sus últimas pruebas antes de la sesión remota del miércoles, cuando se tratarán veinte Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández por la pandemia del Covid-19.
En esta oportunidad, se incorporó “con éxito” al proceso de votación el sistema de validación de identidad del RENAPER, según se informó en un comunicado oficial, luego de que Cristina suscribiera un convenio con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, para concretar el proceso que permitirá darle validez al quórum y a la votación.
De todos modos, el simulacro registró algunos inconvenientes, fundamentalmente debido a las demoras de varios senadores para ingresar al sistema, y además por un corte de luz en el Anexo de la Cámara, donde algunos de ellos ocuparon sus oficinas.
Los legisladores realizaron varias pruebas de votación simulada y pudieron evacuar sus dudas sobre el funcionamiento técnico del sistema.
Además de Cristina, estuvieron presentes en el recinto la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora; el vicepresidente, Martín Lousteau (UCR-Evolución); y los vicepresidentes primero y segunda, Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro), respectivamente.
Los dos senadores que no participaron fueron Pedro Braillard Poccard (Pro-Corrientes) y el tucumano José Alperovich (Frente de Todos), cuya licencia vence a fin de mes, por lo cual el miércoles no será de la partida.
En la previa del simulacro, cada senador recibió un instructivo para la validación de acceso al recinto remoto, el paso posterior a la identificación biométrica, que será realizada por personal del RENAPER que acompañará a cada legislador.
Una vez realizada la identificación, los senadores deberán a ingresar a un “link seguro” -aun no proporcionado- y allí deberán completar los campos con su DNI y el código de validación que les otorgue el agente del RENAPER.
De esta forma, los legisladores accederán a una pantalla donde se verá su foto y los datos de la sesión, y allí deberán pulsar el botón “Dar quórum”, tras lo cual habrá una segunda identificación de identidad, similar a la primera.
Superada esa instancia, y habiéndose conformado el quórum, los senadores podrán acceder a la videoconferencia, y una vez finalizado el debate, deberán accionar otro botón para dar quórum para la votación, tal como sucede en las sesiones presenciales, donde deben apoyar su huella para identificarse.
Esa será la última verificación antes de la votación, donde por supuesto, las opciones serán afirmativo, negativo o abstención, y en caso de que se produzca algún error o sea necesaria una rectificación, los senadores podrán manifestarlo “a viva voz”.
Tal como sucedió el viernes pasado, los senadores compartieron sus experiencias con el simulacro a través de las redes sociales, donde se mostraron frente a la computadora, la mayoría en dependencias oficiales de sus provincias o en sus despachos del Congreso Nacional.
Por la tarde, la Cámara alta volverá a realizar pruebas del sistema remoto. El viernes pasado salieron con éxito, según confirmaron desde el oficialismo y la oposición.
El Senado tendrá este lunes el último ensayo general previo a la sesión virtual del próximo miércoles. Será la primera vez que se reúna bajo la modalidad remota y así se retomará la actividad del pleno, que sesionó por última vez el pasado 12 de marzo.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunirá a partir de las 14.30 con los legisladores por videoconferencia, para ajustar detalles y realizar un nuevo simulacro.
En las pruebas que se llevaron a cabo el viernes pasado, se practicaron los métodos de validación de identidad para la obtención del quórum y la forma de votación electrónica y el resultado fue exitoso, coincidieron fuentes oficiales y de la oposición.
Los senadores valoraron que los ensayos se hayan realizado sin dificultades, en contraste con lo que ocurrió en Diputados, donde no se pudo avanzar por los contratiempos técnicos. Sin embargo, durante el fin de semana la Cámara baja avanzó con nuevas pruebas que resultaron positivas.
En el recinto, durante la sesión del miércoles, sólo podrán estar CFK junto con el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, y el prosecretario parlamentario, Juan Tunessi.
Las demás autoridades -presidenta provisional y vicepresidentes- solo ingresarán al hemiciclo en caso de que sea necesario reemplazar a la vicepresidenta durante el debate.
El temario incluye una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia que el presidente Alberto Fernández firmó en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.
El acuerdo, suscripto por Cristina Kirchner y “Wado” De Pedro, establece que agentes del RENAPER deben comprobar la identidad de los senadores a través de sus huellas digitales o comparación de rostro.
Tras asistir al recinto del Senado esta tarde para visualizar el dispositivo de las sesiones remotas, la vicepresidenta Cristina Kirchner firmó un convenio con el Ministerio del Interior para la verificación de identidad de los legisladores en las sesiones remotas.
El acuerdo fue sellado entre Cristina y el ministro Eduardo “Wado” de Pedro, quien también se hizo presente en la Cámara alta, luego de que se realizara un simulacro de votación con 70 de los 72 senadores, que arrojó un resultado satisfactorio.
De acuerdo al convenio firmado, los senadores se presentarán, según dispongan, en las Legislaturas provinciales, oficinas públicas o bien en sus domicilios, dependiendo el caso, y estarán acompañados por un técnico del RENAPER (Registro Nacional de las Personas) o del Registro Civil de la provincia, que validará la identidad con dos tecnologías disponibles de identificación biométrica: toma de huella dactilar o comparación de rostro.
Respecto del proceso de verificación que se llevará a cabo en oficinas públicas o Legislaturas provinciales, los senadores deberán presentarse con su DNI diez minutos antes del inicio de las actividades para realizar la validación con el agente del RENAPER o del Registro Civil de la jurisdicción.
El trámite por comparación de rostro demora cinco segundos, y puede efectuarse, en caso de ser necesario, la verificación por huella dactilar, lo que demora cinco minutos.
El sistema que se utilizará es “un software de alto rendimiento, posicionado entre el primer y segundo mejor sistema según atributos en los rankings mundiales, como el del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos”, informó la Cámara alta en un comunicado.
Participaron 70 legisladores. Algunos mostraron la experiencia desde las redes. El lunes habrá un nuevo ensayo.
Con la participación de 70 senadores nacionales y en ausencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, se realizó “con éxito” este viernes la primera prueba audiovisual y de votación por videoconferencia en la Cámara alta, de cara a la sesión virtual del próximo miércoles 13.
Según se informó en un comunicado oficial, el director de Infraestructura Tecnológica del Senado, Luciano Minuchin, llevó adelante este mediodía la prueba de la plataforma CISCO Webex, y el lunes a las 14.30 se realizará un nuevo testeo de la misma.
Los dos senadores que no participaron de los ensayos fueron Pedro Braillard Poccard (Pro-Corrientes), quien realizará su prueba técnica posteriormente; y José Alperovich (Frente de Todos-Tucumán), que se encuentra de licencia.
A diferencia del sistema utilizado para realizar las reuniones de comisión por videoconferencia (Zoom), para que el pleno sesione en forma remota se utilizará la plataforma CISCO Webex, la misma que la Cámara de Diputados planea utilizar para el debate -no para la votación-. En el Senado también se cuenta con una plataforma Microsoft para el acceso al sistema.
Para las sesiones, los legisladores deberán ingresar a una plataforma en la cual cada uno tendrá acceso individual. La validación de los senadores y senadoras será otorgada a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien a su vez proporcionará un código de acceso a cada uno de ellos.
El Senado informó que “se están aplicando las mayores prácticas de seguridad informática para garantizar la seguridad de los legisladores nacionales”.
Al momento de la votación, cada uno recibirá en su dispositivo una pregunta para seleccionar su respuesta, mientras que en una pantalla se podrán ir visualizando los votos. En caso de que el sistema no registrara algún voto, el mismo se tomará a viva voz.
Un puñado de senadores publicaron en las redes sociales su experiencia sobre la prueba para ingresar al sistema de sesión remota. Uno de ellos fue el oficialista Dalmacio Mera, quien mostró cómo se conectó desde la Cámara de Senadores de Catamarca.
También por Twitter se expresó la radical Silvia Elías de Pérez, quien aseguró que “todo marcha sobre ruedas”. La tucumana estuvo en la Legislatura de su provincia, al igual que los senadores Julio Cobos y Pamela Verasay, en Mendoza.
Como autoridad del Senado, el vicepresidente del cuerpo, Martín Lousteau, participó de las pruebas dentro del recinto y difundió un breve vídeo donde se ve en pantalla gigante a los legisladores conectados.
El rionegrino Alberto Weretilneck -quien pasa la cuarentena en su domicilio, en Cipolletti-, se conectó desde las oficinas de la Secretaría de Energía de Río Negro en esa ciudad.
A diferencia de la Cámara de Diputados, en la Cámara alta no habrá legisladores en sus bancas; solo asistirán al recinto Cristina Kirchner y los secretarios parlamentario, Marcelo Fuentes, y administrativa, María Luz Alonso. Las restantes autoridades -la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, y los vicepresidentes- estarán en el edificio en caso que les toque reemplazar a Cristina en la moderación de la sesión.
El temario del miércoles consistirá en una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia que el presidente Alberto Fernández firmó en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Todos tienen el aval previo de la Bicameral de Trámite Legislativo, con lo cual se espera su aprobación sin incovenientes.
Con el objetivo de ajustar todos detalles de cara a la sesión prevista para el próximo miércoles, la Cámara alta realizará pruebas este viernes en doble turno. En tanto, el lunes 11 será el ensayo general.
El Senado realizará este viernes las pruebas técnicas del sistema que debutará el próximo miércoles 13, en el marco de la primera sesión virtual de la Cámara alta, donde se tratarán veinte Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculados a la pandemia del coronavirus.
Será una jornada de doble turno en la que tomarán parte fuera del recinto todos los senadores nacionales, y de la que participará también, pero de manera presencial, la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner.
En ese marco se evaluará el funcionamiento del sistema y los legisladores probarán, asistidos por empleados del área técnica, el ingreso de sus usuarios y contraseñas. Según fuentes parlamentarias, el ensayo general será el próximo lunes.
La primera prueba será al mediodía y, luego, todos volverán a conectarse a las 16, momento en el que participará Cristina Kirchner desde el recinto.
A diferencia de lo que se hizo el miércoles en la Cámara baja, aquí los ensayos serán cerrados al público. Según pudo saberse, ya hubo pruebas el martes pasado en las que no se registraron inconvenientes.
A través del decreto 8/20, la vicepresidenta Cristina Kirchner reguló los principales aspectos de la sesión, recogiendo aportes de la oposición en cuanto a los presentes en el recinto y la duración del debate.
Además de Cristina, también podrán estar presentes en el recinto los secretarios Marcelo Fuentes (parlamentario) y María Luz Alonso (administrativa), como así también los prosecretarios Mariano Ramiro Cabral (administrativo), Juan Pedro Tunessi (parlamentario) y Diego Bermúdez Bringue (Coordinación Operativa). También están autorizados la presidenta provisional, Claudia Ledesma de Zamora y el vicepresidente Martín Lousteau, pero cualquiera de ellos solo podrá hacerlo cuando la vicepresidenta de la Nación se ausente.
La realización de las sesiones virtuales tendrá vigencia por 60 días, plazo que podrá ser prorrogado en tanto continúe el estado de emergencia sanitaria.
La sesión propiamente dicha está prevista para el próximo miércoles 13, con un temario que incluirá solo los 20 Decretos de Necesidad y Urgencia que la semana pasada fueron convalidados por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, con acompañamiento mayoritario de Juntos por el Cambio, que solo rechazó dos de esos decretos.
Los senadores deberán participar de la sesión “desde un organismo oficial”, tal cual se acordó y figura en el artículo 3° del decreto, por lo que el senador que quiera seguir el desarrollo de la sesión desde su propio despacho en el Congreso de la Nación así podrá hacerlo. Sea donde sea, el requisito indispensable será que haya una buena conexión a Internet, desde una PC o Notebook con cámara y micrófono. En cada lugar donde haya un senador habrá oficiales del RENAPER que acreditarán su identidad al momento de dar quórum -debe haber 37 legisladores conectados-. Este sistema difiere del que implementará Diputados, ya que allí se firmó un convenio para realizar un reconocimiento facial en la misma app donde se desarrollará la sesión.
Conectados a la videoconferencia, los senadores procederán al debate según una lista de oradores prestablecida, para luego dar lugar a la votación, mediante un sistema electrónico. Originalmente, Cristina había propuesto que la sesión no se extendiera más allá de cuatro horas, pero a pedido de la oposición aceptó flexibilizar los tiempos.
Mientras que “el gremialismo fue el tutor de la salud de los trabajadores”, el empresariado aceptó enfrentar los “conflictos de rentabilidad”, destacó el ministro de Agricultura y Ganadería en una reunión informativa del Senado.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, destacó este jueves que existió “la mejor predisposición” por parte de gremios y del sector empresario para ajustarse a los “lineamientos” sanitarios por la pandemia del Covid-19 y, a la vez, no frenar la actividad.
Basterra formuló esos conceptos durante un informe brindado en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, que preside el senador Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos).
Por videoconferencia, y acompañado por numerosos funcionarios de su cartera, el ministro señaló que “nuestros productores entienden lo que significa tener que tomar decisiones” en este contexto, por experiencias de epidemias surgidas de animales, como la fiebre aftosa.
Por eso, consideró que “el abordaje en tres etapas -contención, mitigación y salida- fue de fácil comprensión” para el sector agropecuario.
Según el funcionario, una de las premisas fundamentales fue la de “garantizar el alimento para cada uno de los ciudadanos”, como así también “que no cese el flujo de comercio exterior, atento a la difícil situación del país en términos de la deuda”.
Sin embargo, subrayó que “la premisa por encima de estas dos” es “que todas las actividades se lleven adelante con la dimensión del riesgo y con el principio de preservar la vida ante todo”.
“Nada puede ser más importante que preservar la vida. Si no se preserva la vida no hay posibilidades de producir”, enfatizó Basterra.
En ese sentido, señaló que “esta situación nos exige a todos alcanzar consensos y acuerdos para poder llevar adelante este tremendo desafío que es luchar contra un enemigo invisible”.
Al referirse a los protocolos sanitarios, aclaró: “Desde nuestro Ministerio no quisimos definirlos como tales porque un protocolo conlleva una obligación de cumplimiento; por lo tanto, definimos lineamientos para llevar adelante las actividades, con atenuación extrema de los riesgos de contagio de los actores que participan en la actividad”.
Así, se acordó “que estos lineamientos sirvieran de base para la discusión de los gremios con las patronales, y el resultado fue más que óptimo: hemos visto la mejor predisposición de los gremios para que no se pare la actividad, y la mejor predisposición de los empresarios a ajustar sus procesos de producción, en muchos casos con conflictos de rentabilidad”.
Basterra puso como ejemplo que “se gasta dos o tres veces más en el traslado de personal para la cosecha, que demanda evitar el hacinamiento”, y sin embargo “esta situación fue claramente comprendida porque entendemos que sostener la producción no es un privilegio, sino una responsabilidad para garantizar el alimento y el flujo de bienes”.
Del mismo modo, dijo que “el gremialismo cumplió un rol muy importante: ser el tutor de la salud de los trabajadores”.
En tanto, mencionó el caso particular de la pesca, donde “el confinamiento es absoluto porque una vez que los trabajadores se suben al barco”, éste comienza a navegar y se torna imposible la atención médica.
Por esa razón, “fue necesario agudizar las medidas de control para que en el personal de la pesca la probabilidad de riesgo sea la mínima”, indicó.
En otro tramo de su exposición, Basterra admitió que “es probable que no se cumpla este año” la Cuota Hilton, el cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes.
“Veníamos cumpliendo, pero el ‘parate’ que generó la pandemia en Europa nos pone a todos en una situación muy difícil al bajar la demanda”, dijo, aunque por otra parte destacó que se empieza a ver una “reactivación” en China con “nuevo interés comercial por carnes argentinas”, en el marco de la reapertura gradual de la actividad.
El ministro aludió también a los aumentos de los precios internos de los alimentos, particularmente la carne, y afirmó que actualmente se ve una “tendencia a la baja”.
“El precio de la carne tiene distintos componentes. La producción de nuestros animales y la incumbencia que tiene nuestro Ministerio llega hasta el frigorífico”, explicó, y recordó que “el paro de comercialización adoptado por tres de las cuatro entidades agropecuarias a principios de marzo hizo que el mercado se anticipara con las ventas”.
Basterra afirmó que la medida de fuerza tuvo que “un impacto sobre el Mercado de Liniers que hizo que los días posteriores, ante la ausencia de hacienda, hubiera un incremento de precios importante que impactó inmediatamente al consumidor”.
“Hoy quedó la inercia de estos precios. Los representantes de los frigoríficos y los productores nos dijeron que esta tendencia iba a tender a normalizarse. En estos momentos estamos a valores iguales o debajo de los previos existentes al inicio de cese de la comercialización”, afirmó.
El vicepresidente primero de la Cámara alta opinó que hay “presión” y “especulación política” para que se retome la actividad del pleno. Aspiró a que haya sesión presencial “lo más pronto posible”.
El senador oficialista Maurice Closs opinó que “no es una cosa urgente” tener que sesionar para refrendar el paquete de DNU’s emitidos por el Poder Ejecutivo durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, temario con el que la Cámara alta encarará su primera sesión virtual.
El vicepresidente primero del cuerpo consideró que hay “presión”, “especulación política” y “ruidos” para que se vuelva a retomar la actividad del pleno y, por eso, “estamos hoy planteando estas sesiones virtuales”.
“Entiendo que no es una cosa urgente que haya la semana que viene, o la otra, sesiones en el Congreso”, sostuvo en diálogo con radio Rivadavia el misionero, quien pese a ser autoridad del Senado no viajará a Buenos Aires para estar entre quienes puedan reemplazar a Cristina Kirchner en algún momento de la sesión remota.
El legislador deseó que “salga bien en Diputados” la primera sesión telemática, luego de las fallas técnicas que se generaron en el primer simulacro, y analizó que “como el número de miembros del Senado y el estilo del Senado son muy distintos (a la Cámara baja), es altamente probable que la sesión virtual sea más fácil de desarrollar”.
Respecto al tema que tratará la Cámara alta la próxima semana, Closs señaló que los DNU están reglamentados por la Constitución, que “prevé justamente que ante esta situación de necesidad y urgencia el Poder Ejecutivo asuma un rol legislativo”.
“Lo más probable es que en ambas cámaras sean aprobados. No hay duda alguna que están justificados porque hoy hay mucha necesidad y urgencia”, agregó y recordó que “ya han tenido el visto bueno” de la Bicameral de Trámite Legislativo.
El senador dijo: “¿Sería ideal que funcione el Congreso? Sí, sería ideal, como también sería ideal que funcionen los comercios, los restaurantes, como sería ideal que no estemos en una pandemia”.
“Ojalá podamos sesionar y de manera presencial lo más pronto posible, y ojalá podamos tocar muchos otros temas que nos interesan y son importantes para el país”, finalizó.
La jujeña Silvia Giacoppo fue elegida presidenta y la santacruceña Ana María Ianni, vice. Los legisladores expresaron su preocupación por la crisis de la actividad, que será una de las últimas en reactivarse. Citarán en la brevedad al ministro Matías Lammens.
A través de videoconferencia, se conformó este jueves la Comisión de Turismo del Senado, donde los legisladores abordaron la preocupación por el presente y futuro del sector, uno de los más castigados por la pandemia de coronavirus y que será de los últimos en reactivarse. También acordaron citar a la brevedad al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.
En la reunión virtual fue elegida presidenta la jujeña Silvia Giacoppo (UCR), mientras que la santacruceña Ana María Ianni (FdT) quedó como vicepresidenta. Ambas ya habían estado al frente de la conducción de la comisión en los últimos dos años. En tanto, Magdalena Solari Quintana (Misiones) asumió como secretaria.
Giacoppo agradeció por la designación y sostuvo: “En estos difíciles momentos que la actividad atraviesa en las provincias a las cuales representamos, nos espera un año con muchísima tarea para estar a la altura de las circunstancias”. En ese sentido, la legisladora dijo que se necesitarán “medidas para poder recuperar a las pequeñas empresas y a toda esta actividad que es generadora de tanto trabajo en nuestro país”.
Por su parte, Ianni afirmó que “la gente de las ciudades turísticas está golpeada” y recordó que ya la temporada de verano se vio afectada en el sur por las cancelaciones de turistas europeos, donde el Covid-19 ya había llegado.
Al mencionar que hubo varios proyectos presentados para declarar la emergencia en este sector, la oficialista expresó: “El producto del consenso se va a construir acá en la comisión, porque creo que todos tenemos la misma preocupación”. Asimismo, alentó a crear las herramientas para “ayudar al Gobierno nacional y a nuestros destinos turísticos a ponerse de pie”.
En tanto, la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) contó que se encuentra “acompañando al sector gastronómico y hotelero con gestiones ante el Gobierno nacional” pero hoy “nada alcanza”. La senadora coincidió en que hay que “llegar con las herramientas” que “el sector está requiriendo” para “afrontar estos meses que seguramente serán muy dolorosos”.
A su turno, la monobloquista Magdalena Solari Quintana manifestó que “lo que está sucediendo” en la provincia de Misiones “es tremendo”, dado que “el turismo mueve muchísimo, y hay tantos involucrados que hoy estan sin trabajo y sin ver cómo vamos a hacer para sobrevivir en estos tiempos y volver a tener turismo”. “Es muy difícil pensar en cómo reestructurar esto”, opinó.
Al tomar la palabra, su comprovinciano Maurice Closs (FdT) señaló que el trabajo de la comisión “debe ser un trabajo de anticipación hacia el día después, que no sabemos cuándo será”. “Esta actividad claramente va a ser una de las últimas en volver a una normalidad, y esa normalidad no va a ser igual a la que existía antes de la pandemia”, agregó, además de pedir trabajo articulado entre las provincias y Nación para “abordar el problema con la mayor justicia posible”.
El puntano Claudio Poggi (Juntos por el Cambio) llamó a “poner nuestro granito de arena” para atender “fundamentalmente a lo que viene”, mientras que el cordobés Carlos Caserio (FdT) subrayó que “el impacto económico es tremendo” y se requerirá de “un plan adecuado a las distintas realidades y localidades” para reactivar el turismo.
Desde Tierra del Fiego, la oficialista María Eugenia Duré alentó “poder ser ese nexo con el Gobienro nacional y las provincias para generar esas herramientas” y resaltó que en su provincia el aislamiento “nos afecta mucho teniendo en cuenta que somos una provincia aerocomercial”. En tanto, el radical Pablo Blanco destacó que el turismo en “la segunda fuente de ingreso” en el último distrito del país y habló del desafío que será “romper la barrera de aquellos que tengan temor en comenzar a viajar”.
La comisión quedó integrada por Ana María Ianni, Silvina García Larraburu, Carlos Caserio, María Eugenia Duré, Gerardo Montenegro, Maurice Closs, Carlos Espínola, Edgardo Kueider, Nora del Valle Giménez, Cristina López Valverde (Frente de Todos); Silvia Giacoppo, Eduardo Costa, Pablo Blanco, Claudio Poggi, Laura Rodríguez Machado, Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio); y Magdalena Solari Quintana (Misiones).
José Mayans informó que ese día se evaluará el funcionamiento del sistema virtual de cara a la sesión del miércoles 13.
El Senado realizará este viernes las pruebas técnicas del sistema que debutará el próximo miércoles 13, en el marco de la primera sesión virtual de la Cámara alta, donde se tratarán veinte Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculados a la pandemia del coronavirus.
El jefe del bloque oficialista, José Mayans, anunció durante la reunión constitutiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería que el viernes se evaluará el funcionamiento del sistema, para comprobar que no haya inconvenientes en cuanto al acceso, el quórum, el debate y la votación.
A través del decreto 8/20, la vicepresidenta Cristina Kirchner reguló los principales aspectos de la sesión, recogiendo aportes de la oposición en cuanto a los presentes en el recinto y la duración del debate.
Además de Cristina, también podrán estar presentes en el recinto las restantes autoridades de la Cámara: la presidenta provisional, Claudia Ledesma de Zamora; el vicepresidente, Martín Lousteau, y los vices primero y segundo, Maurice Closs y Laura Rodríguez Machado, así como los secretarios Marcelo Fuentes (parlamentario) y María Luz Alonso (administrativa).
La realización de las sesiones virtuales tendrá vigencia por 60 días, plazo que podrá ser prorrogado en tanto continúe el estado de emergencia sanitaria.
El ministro del área expondrá este jueves. El miércoles a las 15 se realizará la reunión constitutiva y Adolfo Rodríguez Saá asumirá la presidencia.
Mientras avanzan los preparativos para la primera sesión remota, que será el próximo miércoles 13, el Senado retomará esta semana las rondas virtuales de ministros, con la presentación del responsable de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.
Basterra -quien expuso el pasado 13 de abril en la Cámara de Diputados- encabezará este jueves una videoconferencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, para explicar las medidas llevadas adelante en el marco de la pandemia del Covid-19.
Previamente, este miércoles a las 15, la comisión realizará su reunión constitutiva, en la cual el entrerriano Alfredo De Angeli (UCR) le cederá la presidencia al puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos).
En su presentación ante la Cámara baja, Basterra defendió las políticas del Ministerio para que “ninguna actividad se interrumpa” por la pandemia.
La vicepresidenta Cristina Kirchner firmará en las próximas horas la convocatoria a la sesión remota. Los senadores deberán participar desde sus provincias.
Por Carolina Ramos
Cristina Kirchner convocó este lunes a la primera sesión virtual del Senado, que se llevará a cabo el próximo miércoles 13, en el contexto de la pandemia del Covid-19. La vicepresidenta aceptó algunas propuestas de la oposición para el desarrollo del debate, pero denegó la posibilidad de que un puñado de senadores pueda asistir al recinto, como sí sucederá en la Cámara de Diputados.
El temario de la sesión a distancia consistirá en los 20 Decretos de Necesidad y Urgencia que la semana pasada fueron convalidados por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, con acompañamiento mayoritario de Juntos por el Cambio, que solo rechazó dos de esos decretos.
Según el esquema propuesto por Cristina, solo ella y las autoridades restantes de la Cámara se harán presentes en el recinto. La oposición había propuesto que algunos senadores también pudieran apersonarse, pero el oficialismo consideró “discriminatorio” este criterio, en un comunicado difundido la semana pasada.
Así es que, finalmente, solo tendrán permiso para acompañar a Cristina los secretarios Marcelo Fuentes (parlamentario) y María Luz Alonso (administrativa). La presidenta provisional, Claudia Lesdesma Abdala de Zamora, y el vicepresidente, Martín Lousteau, seguirían la sesión desde sus despachos y solo acudirían al recinto en caso de tener que reemplazar a la vicepresidenta.
Con esta decisión oficial, quedaron afuera el vicepresidente primero, Maurice Closs -quien, de todos modos, no tenía previsto viajar a Buenos Aires-, y la vice segunda, Laura Rodríguez Machado (Pro), que sí había advertido que le corresponde estar presente.
En tanto, los senadores deberán participar de la sesión “desde un organismo oficial”, tal cual se acordó y figura en el artículo 3° del decreto, por lo que el senador que quiera seguir el desarrollo de la sesión desde su propio despacho en el Congreso de la Nación así podrá hacerlo. Sea donde sea, el requisito indispensable será que haya una buena conexión a Internet, desde una PC o Notebook con cámara y micrófono.
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En cada lugar donde haya un senador habrá oficiales del RENAPER que acreditarán su identidad al momento de dar quórum -debe haber 37 legisladores conectados-. Este sistema difiere del que implementará Diputados, ya que allí se firmó un convenio para realizar un reconocimiento facial en la misma app donde se desarrollará la sesión.
Conectados a la videoconferencia, los senadores procederán al debate según una lista de oradores prestablecida, para luego dar lugar a la votación, mediante un sistema electrónico. Originalmente, Cristina había propuesto que la sesión no se extendiera más allá de cuatro horas, pero a pedido de la oposición aceptó flexibilizar los tiempos.
Los preparativos para este evento inédito ya comenzaron esta semana, con la colocación de pantallas rodeando el hemiciclo de la Cámara alta.
El día de la sesión, se deberá aprobar en primer lugar el nuevo mecanismo, para luego tratar los decretos firmados por el presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia. Será la primera vez en mucho tiempo que un DNU llega a votarse en el recinto, ya que la aprobación del pleno no es un requerimiento para que el decreto siga vigente.
DNU 260/20, del 12 de marzo de 2020, sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.
DNU 274/20, del 16 de marzo de 2020, por el cual se establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.
DNU 287/20, del 17 de marzo de 2020, por el cual se modifica el Decreto 260/20 sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.
DNU 297/20, del 19 de marzo de 2020, mediante el cual, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.
DNU 311/20, del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se establece que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión.
DNU 312/20, del 24 de marzo del 2020, mediante el cual se suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730, como así también la aplicación de las multas previstas en dicha norma.
DNU 313/20, del 26 de marzo de 2020, por medio del cual se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso dispuesto por el decreto 274 del 16 de marzo de 2020, esta ampliación estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.
DNU 316/20, del 28 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse el Régimen de Regularización establecido en el Título IV de esa ley.
DNU 319/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino.
DNU 320/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9 y el congelamiento de precios de alquileres.
DNU 325/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20 con las modificaciones previstas en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.
DNU 326/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se instruye a la autoridad de aplicación y al Comité Administrador del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), creado por el artículo 8 de la Ley Nº 25.300, constituir un Fondo de Afectación Específica, con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMES.
DNU 329/20, del 31 de marzo de 2020, mediante el cual se prohíbe por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo.
DNU 331/20, del 1º de abril de 2020, mediante el cual se prorroga el plazo establecido por el artículo 1º del decreto 274/20 (prohibición de ingreso al territorio nacional), hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.
DNU 332/20, del 1º de abril de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la emergencia sanitaria.
DNU 347/20, del 5 de abril del 2020, por el cual se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
DNU 355/20, del 11 de abril del 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20, prorrogado a su vez por el decreto 325/20 sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.
DNU 365/20, del 11 de abril de 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 274/20, prorrogado a su vez por el decreto 331/20, sobre el cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.
DNU 367/20, del 13 de abril de 2020, sobre considerar la enfermedad Covid-19 producida por el coronavirus SARS-COV-2, presuntivamente, una enfermedad de carácter profesional (no listada) en los términos del apartado 2 Inciso B) del artículo 6 de la Ley Nº 24.557.
DNU 376/20, del 19 de abril de 2020, sobre la ampliación del decreto 332/20, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.
La presidencia de la Cámara alta armó un esquema que colisiona con el de la oposición y esa situación impide determinar cuándo habrá cuerdo para sesionar.
Mientras en Diputados se alcanzó un acuerdo unánime para sesionar, en la Cámara alta persiste la controversia respecto de cuál será la metodología a utilizar. En la Cámara baja se acordó finalmente utilizar un sistema mixto, que permita la presencia de algunos diputados en el recinto y ya esta semana se hará un simulacro, como paso previo a la sesión que sería al día siguiente.
En el Senado, en cambio, no hubo acuerdo y todo indica que al menos la posición de la Presidencia del Cuerpo -avalada por el bloque mayoritario- será irreductible en cuanto a que la sesión sea enteramente virtual, con la presencia en el recinto solamente de las autoridades de la Cámara.
Contrapunto mediante, habrá que esperar que la sesión en cuestión no se empantane por este tema y habrá que determinar si esta semana o la próxima el Senado puede reunirse.
Recordemos entonces cómo es la propuesta elaborada por la presidencia de la Cámara alta que Cristina Fernández de Kirchner entregó el martes de la semana pasada a los presidentes de los bloques principales, José Mayans (Frente de Todos) y Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio).
Según la propuesta, en Labor Parlamentaria, cuando se prepare la sesión remota, se confeccionará en principio una lista de oradores y fijarán el tiempo para el uso de la palabra, que deberá ser de “cumplimiento estricto”, según lo establecido por reglamento del Senado. Asimismo se tratará de evitar los homenajes y cuestiones de privilegio.
Para la sesión remota, y a fin de garantizar una conexión a internet del tipo simétrica con un mínimo de 10 Mbs de ancho de banda y personal informático para dar soporte, los senadores deberán conectarse vía videoconferencia en organismos oficiales tales como la Legislatura de su provincia, concejos deliberantes, municipios o bien la gobernación.
Para la conexión deberán estar munidos de PC o notebook con micrófono y cámara web, como así también el soporte de un teléfono celular del tipo smartphone ante posibles inconvenientes en la conexión.
Si el senador o senadora se encuentra imposibilitado de concurrir a los sitios oficiales señalados en sus provincias, deberá certificar dicho impedimento en forma fehaciente y, en ese caso, podrá conectarse desde su domicilio.
En el recinto solo estarán presentes las autoridades de la Cámara. Su presidenta, Cristina Kirchner, y los secretarios Administrativo y Parlamentario, como así también los prosecretarios.
La identificación de cada legislador será validada a través de oficiales de Renaper que estarán presentes en el lugar donde estén los senadores, tras lo cual se procederá a contabilizar su presencia en el tablero del recinto del Senado, tal cual se hace durante las sesiones.
Una vez obtenido el quórum, se dará inicio al debate en base a una lista preestablecida de oradores, que estarán conectados en videoconferencia y serán habilitados cuando les corresponda.
La propuesta elaborada por las autoridades del Senado recomienda reducir al mínimo la cantidad de oradores y el tiempo de uso de la palabra. Las inserciones podrán hacerse vía correo electrónico dirigido a la Dirección General de Taquígrafos.
Llegado el momento de cada votación, las mismas se harán a través de un sistema electrónico que utilizarán los senadores desde sus computadoras, y una vez finalizada la misma se les entregará a las autoridades de la Cámara el acta de votación con la emisión de cada uno de los votos, para que las autoridades informen verbalmente nombre, sentido del voto y resultado de la votación.
Las correcciones podrán hacerse de manera verbal, lo que también constará en el acta. En caso de ser necesario, la votación podrá realizarse a viva voz, previa identificación del senador.
El control de la votación será llevado a cabo en el sistema parlamentario utilizado en las sesiones tradicionales y se emitirán las actas correspondientes una vez finalizada.
En cuanto a la duración de la sesión, para evitar inconvenientes en la calidad técnica del desarrollo de la misma, se recomienda que no exceda las cuatro horas, votación incluida.
La contrapropuesta opositora
Al día siguiente, el interbloque Juntos por el Cambio presentó una propuesta propia, que establece la presencia de algunos senadores en el recinto y el resto conectados por videoconferencia.
Según la nota enviada a la presidenta del Senado, ponen énfasis en lo “imprescindible” de alcanzar “un acuerdo político que viabilice el funcionamiento del Senado en el referido contexto de pandemia”.
Por eso proponen que a los efectos de “garantizar la transparencia y seguridad de la sesión”, se habilite un sistema mixto que combine la participación remota de una mayoría de miembros, con la presencia en el recinto de las autoridades de Cámara y un máximo de 15 senadores, respetando la proporcionalidad política, o autoridades de Cámara y presidentes de bloque, o quien ellos designen en su reemplazo.
En todos los casos se deberán respetar las medidas de distanciamiento social y demás recomendaciones sanitarias.
La propuesta sugiere que los legisladores que se conecten de forma remota puedan hacerlo desde organismos oficiales en sus provincias, como por ejemplo una Legislatura provincial, desde su despacho en la Cámara de Senadores o desde su domicilio particular, si las condiciones de conectividad lo permiten. La lista de oradores y tiempos de uso de la palabra debe ajustarse a lo establecido en el reglamento, salvo acuerdo en contrario alcanzado en Labor Parlamentaria.
La nota está suscripta por Luis Naidenoff, presidente del interbloque JxC; Humberto Schiavoni, presidente del bloque Pro, y Juan Carlos Romero, titular del interbloque Parlamentario Federal, y concluye pidiendo acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento se limite exclusivamente a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia y por un plazo máximo de 60 días, prorrogable en caso de continuar las actuales circunstancias sanitarias, previo acuerdo político de los bloques.
Rechazo del oficialismo
La contrapropuesta de la oposición cosechó el rechazo del Frente de Todos, que preanuncia cómo terminará la cuestión. El bloque conducido por José Mayans no aceptó el sistema mixto y en cambio respaldó -previsiblemente- la intención de la vicepresidenta Cristina Kirchner de que el debate sea netamente virtual.
En un comunicado firmado por el presidente de la bancada, José Mayans, y la vice, Anabel Fernández Sagasti, el Frente de Todos consideró “discriminatorio” que un grupo reducido de senadores pueda asistir al recinto, mientras que el resto debería participar de forma remota. Para el oficialismo, con el sistema mixto “se estaría propiciando un trato desigual y, en cierta forma, discriminatorio entre los senadores”. “Nos parece inaceptable que los senadores tengan distintas posibilidades de participación. El trato debe ser igual para todos”, insistieron.
El bloque presidido por Mayans advirtió que “indudablemente los senadores que residen en provincias alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tendrían las mismas posibilidades de participación, y para participar de forma presencial, deberían exponerse a riesgos mayores que sus pares, por lo que seguramente tendríamos un recinto con participación mayoritaria de las provincias centrales y escasa o nula representación del interior profundo de nuestro país”.
Otro punto objetado de la propuesta de la oposición fue que “establece que el número de senadores presentes en el recinto deberá respetar la proporcionalidad política”.
“Cabe reflexionar sobre una hipotética situación en la que, sentados los 15 senadores en el recinto, concurren al mismo otros senadores con la voluntad de ocupar sus bancas para no sentirse discriminados. ¿Cómo se procedería en tales circunstancias? ¿Se cercenaría la voluntad de los senadores cuya participación en el recinto no estaba acordada? ¿O se les permitiría participar vulnerando la proporcionalidad?”, se preguntaron desde el Frente de Todos.
También interrogaron “de qué manera se garantizaría la representación proporcional de los monobloques en el recinto sin afectar la proporcionalidad”. “Lejos de garantizar el principio de participación, lo vulnera”, sentenciaron.
Por otra parte, indicaron que “la presencia en el recinto de un número considerable de senadores generaría la necesidad de convocar a una gran cantidad de trabajadores del Senado a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del mismo, lo que pondría en riesgo, innecesariamente, a un mayor número de personas”.
Con todo, el oficialismo coincidió con la oposición en que “los legisladores que se conecten de forma remota puedan hacerlo desde organismos oficiales en sus provincias o desde sus domicilios particulares si las condiciones de conectividad lo permiten”.
También consideraron que “se debe flexibilizar al máximo la lista de oradores y los tiempos de uso de la palabra, siempre que las posibilidades técnicas así lo permitan”.
Por último, marcaron la necesidad de “acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia dentro del período que las circunstancias sanitarias así lo exijan”.
El Frente de Todos consideró “discriminatorio” que algunos senadores puedan participar desde el recinto y otros deban hacerlo desde sus hogares. Respaldan que la sesión sea netamente virtual, como quiere CFK.
El bloque de senadores del Frente de Todos rechazó este jueves la propuesta de la oposición para que la sesión venidera en la Cámara alta sea de carácter “mixto”, y en cambio respaldó la intención de la vicepresidenta Cristina Kirchner de que el debate sea netamente virtual, luego del fallo favorable de la Corte Suprema.
En un comunicado firmado por el presidente de la bancada, José Mayans, y la vice, Anabel Fernández Sagasti, el Frente de Todos consideró “discriminatorio” que un grupo reducido de senadores pueda asistir al recinto, mientras que el resto debería participar de forma remota.
La propuesta de la oposición, encabezada por Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni (Juntos por el Cambio) y Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal), consistía en que “a efectos de garantizar la transparencia y seguridad de la sesión, se habilite un sistema mixto que combine la participación remota de una mayoría de miembros, con la presencia en el recinto de la autoridades de Cámara y un máximo de 15 senadores respetando la proporcionalidad política”, o bien los jefes de bloque.
Sin embargo, el Frente de Todos consideró, en primer lugar, que “no surge fundamento alguno que exprese los motivos por los cuales la propuesta opositora garantice ‘la transparencia y seguridad’ de la sesión”.
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Para el oficialismo, con el sistema mixto “se estaría propiciando un trato desigual y, en cierta forma, discriminatorio entre los senadores”. “Nos parece inaceptable que los senadores tengan distintas posibilidades de participación. El trato debe ser igual para todos”, insistieron.
El bloque presidido por Mayans advirtió que “indudablemente los senadores que residen en provincias alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tendrían las mismas posibilidades de participación, y para participar de forma presencial, deberían exponerse a riesgos mayores que sus pares, por lo que seguramente tendríamos un recinto con participación mayoritaria de las provincias centrales y escasa o nula representación del interior profundo de nuestro país”.
Otro punto objetado de la propuesta de la oposición fue que “establece que el número de senadores presentes en el recinto deberá respetar la proporcionalidad política”.
“Cabe reflexionar sobre una hipotética situación en la que, sentados los 15 senadores en el recinto, concurren al mismo otros senadores con la voluntad de ocupar sus bancas para no sentirse discriminados. ¿Cómo se procedería en tales circunstancias? ¿Se cercenaría la voluntad de los senadores cuya participación en el recinto no estaba acordada? ¿O se les permitiría participar vulnerando la proporcionalidad?”, se preguntaron desde el Frente de Todos.
También interrogaron “de qué manera se garantizaría la representación proporcional de los monobloques en el recinto sin afectar la proporcionalidad”. “Lejos de garantizar el principio de participación, lo vulnera”, sentenciaron.
Por otra parte, indicaron que “la presencia en el recinto de un número considerable de senadores generaría la necesidad de convocar a una gran cantidad de trabajadores del Senado a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del mismo, lo que pondría en riesgo, innecesariamente, a un mayor número de personas”.
No todo fueron críticas: el oficialismo coincidió con la oposición en que “los legisladores que se conecten de forma remota puedan hacerlo desde organismos oficiales en sus provincias o desde sus domicilios particulares si las condiciones de conectividad lo permiten”.
También consideraron que “se debe flexibilizar al máximo la lista de oradores y los tiempos de uso de la palabra, siempre que las posibilidades técnicas así lo permitan”.
Por último, marcaron la necesidad de “acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia dentro del período que las circunstancias sanitarias así lo exijan”.
Luego del plan elaborado por las autoridades de la Cámara alta entregado por Cristina Kirchner para su análisis, Juntos por el Cambio apuesta al esquema “mixto”.
La propuesta presentada por Cristina Fernández de Kirchner este martes a los senadores José Mayans y Luis Naidenoff establece que todos los senadores participen de las sesiones futuras, en este tiempo de pandemia, por videoconferencia. Este miércoles el interbloque Juntos por el Cambio presentó una propuesta propia, que establece la presencia de algunos senadores en el recinto y el resto conectados por videoconferencia.
Según la nota enviada a la presidenta del Senado, ponen énfasis en lo “imprescindible” de alcanzar “un acuerdo político que viabilice el funcionamiento del Senado en el referido contexto de pandemia”.
Por eso proponen que a los efectos de “garantizar la transparencia y seguridad de la sesión”, se habilite un sistema mixto que combine la participación remota de una mayoría de miembros, con la presencia en el recinto de las autoridades de Cámara y un máximo de 15 senadores, respetando la proporcionalidad política, o autoridades de Cámara y presidentes de bloque, o quien ellos designen en su reemplazo.
En todos los casos se deberán respetar las medidas de distanciamiento social y demás recomendaciones sanitarias.
La propuesta sugiere que los legisladores que se conecten de forma remota puedan hacerlo desde organismos oficiales en sus provincias, como por ejemplo una Legislatura provincial, desde su despacho en la Cámara de Senadores o desde su domicilio particular, si las condiciones de conectividad lo permiten. La lista de oradores y tiempos de uso de la palabra debe ajustarse a lo establecido en el reglamento, salvo acuerdo en contrario alcanzado en Labor Parlamentaria.
La nota está suscripta por Luis Naidenoff, presidente del interbloque JxC; Humberto Schiavoni, presidente del bloque Pro, y Juan Carlos Romero, titular del interbloque Parlamentario Federal, y concluye pidiendo acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento se limite exclusivamente a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia y por un plazo máximo de 60 días, prorrogable en caso de continuar las actuales circunstancias sanitarias, previo acuerdo político de los bloques.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio consideró que en el Senado también deberían estar presentes los jefes de bloques en el recinto.
Tras la reunión que mantuvo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien propuso sesiones virtuales con su sola presencia en el recinto, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, consideró que el Senado también tiene que “avanzar en un sistema virtual pero mixto” y adelantó que esa será la contrapropuesta que le transmitirá a la titular del cuerpo.
“Si la Cámara de Diputados está avanzando en sesiones mixtas, creo que en el mismo sentido deberíamos avanzar en el Senado para que los presidentes de bloque o quienes residan en lugares próximos puedan asistir de manera presencial a la sesión”, señaló.
El legislador sostuvo que, “con el acuerdo de la política, las nuevas tecnologías pueden adaptarse en el marco de un contexto de crisis pero con temas acotados a la pandemia porque esto pasará y, cuando esto pase, tenemos que retomar la normalidad presencial”.
El formoseño calificó como “positiva” la reunión que mantuvo la vicepresidenta y su par José Mayans -jefe del Frente de Todos- y aclaró que Juntos por el Cambio va a “intentar un acuerdo que permita evitar la litigiosidad porque la litigiosidad no conduce a nada”.
“Tenemos que hacer un gran esfuerzo y establecer acuerdos para lograr el funcionamiento del Senado y, lógicamente, con posiciones irreductibles tampoco se puede avanzar así que, ante la propuesta (de la vicepresidenta), vamos a llevar una contrapropuesta”, adelantó en diálogo con radio Continental.
Naidenoff consideró que el Congreso debe tener “su reglamento de interpretación interna pero tienen que existir denominadores comunes” y se pronunció a favor de “establecer criterios que tengan que ver con un acuerdo político básico”.
“Esto se destraba con acuerdos, el Senado tiene sus propias atribuciones para interpretar su reglamento, ahora eso en la medida que un acuerdo contemple parámetros mínimos”, añadió.
Para el jefe del interbloque opositor, “nada impide que como otros países uno pueda tener un esquema mixto con la presidenta o quien la reemplace presidiendo, los presidentes de los bloques y legisladores que puedan participar”.
Finalmente admitió que, en el contexto de aislamiento obligatorio, “muchos legisladores no van a poder asistir, hay que ser honestos, algunos por salud y otros porque se les dificulta circular desde sus provincias”.
El ministro de Defensa expuso, por videoconferencia, ante la comisión homónima del Senado. Informó que se han realizado más de dos mil tareas de asistencia humanitaria en todo el país y que hay más de tres mil médicos y enfermeros militares.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que a raíz de la pandemia del coronavirus, las Fuerzas Armadas están realizando “el despliegue operativo más importante en democracia o, si se quiere, desde la Guerra de Malvinas”.
Al exponer ante la comisión homónima del Senado, que se constituyó minutos antes y fue ungida presidenta la chubutense Nancy González (Frente de Todos), el funcionario informó que las FF.AA. ya han realizado en todo el país 2.008 tareas de asistencia humanitaria.
En su exposición, el titular de la cartera de Defensa señaló que las operaciones se realizaron en el marco de las normas preexistentes -Ley de Defensa Nacional y Ley de Seguridad Interior- y del DNU que estableció la emergencia sanitaria por el Covid-19. En ese sentido, agregó que el Ministerio dictó diferentes resoluciones, incluso desde antes que se diera el primer caso de la enfermedad en el país.
Entre las medidas adoptadas, Rossi enumeró que en febrero se aplicaron medidas de prevención en las bases antárticas argentinas ante el desembarco de buques de China; en marzo se crearon un comité de riesgo sanitario y otro de emergencia; y en abril se creó una “comisión de seguimiento de donaciones, contrataciones y adquisiciones en emergencia”.
Sobre esto último, ponderó que se trata de una comisión “innovadora” dentro del Ministerio, conformada por “las áreas que tienen que comprar y también las áreas de transparencia”, que ya ha elaborado “un protocolo de cómo se trabaja en las donaciones que hemos estado recibiendo y una norma de buenas prácticas”.
El ministro detalló que en todo el territorio nacional hay 14 comandos de emergencia, que articulan “con las autoridades, gobernadores o intendentes, cuáles son las demandas y se ve qué capacidad tenemos para resolverla”. “Nosotros no decidimos qué operación hacemos ni dónde la hacemos, nosotros actuamos a requerimiento”, aclaró.
El funcionario indicó que las más de dos mil acciones que se llevaron a cabo “implican movimiento de tropas y de medios que trasladen a ese personal militar” y las tareas son “fundamentalmente humanitarias, de reparto de alimentos”. También precisó que en lugares como el partido de La Matanza se cocinan las viandas, mientras que en Quilmes se distribuyen raciones ya elaboradas previamente en otro lugar, y en algunas provincias el trabajo consiste en embolsar y repartir alimentos secos. “El personal militar que participa de cada una estas acciones lo hace sin armas, va desarmado”, remarcó.
En otro tramo de la reunión virtual, que se extendió por dos horas, Rossi informó que dentro de las FF.AA. “solamente hubo 19 infectados” por coronavirus, y 18 de ellos fueron en Tierra del Fuego; además de “13 casos de recuperados y 3 sospechosos”. “La tranquilidad que nos genera es que ninguno de los casos han sido producto de personal en territorio, en operaciones”, dijo.
Por otra parte, mencionó la labor realizada en cuanto al “fortalecimiento de los establecimientos hospitalarios, hemos aportado camas, tiendas de campaña; hemos participado de operativos de vacunación, toma de temperatura. Hemos puesto a disposición todo lo que podíamos hacer en materia de ampliar la capacidad hospitalaria”.
“Tenemos 17 hospitales militares, en todos ellos hicimos una tarea de reingeniería: aumentamos espacio, recuperamos camas, instalamos mayor cantidad de camas críticas; también instalamos dos hospitales reubicables, uno en Campo de Mayo y otro en el barrio de Pompeya, al lado del Hospital Aeronáutico”, destacó y reveló que “estamos montando en el Apostadero Naval, cerca de Tandanor, un centro de aislamiento y atención médica” que esperan “el 25 de mayo ya lo podamos tener funcionando”.
Asimismo, el titular de la cartera de Defensa informó que dentro de las FF.AA. hay “1.354 médicos y 2.274 enfermeros militares” y dijo que entre los 17 hospitales hay “124 camas críticas de terapia intensiva, 372 intermedias y 364 camas generales”.
El ministro apuntó que se han realizado 14 vuelos humanitarios, en los cuales “volvieron 1.041 argentinos“. Al hacerse con el Hércules, “un avión de carga, no es un vuelo cómodo, no tiene butacas, hemos preferido ir a lugares de más corta distancia, en América Latina”. Y aclaró que “los vuelos de repatriación lo decide Cancillería” y agregó que también se han usado aviones de las FF.AA. para “traslado de insumos médicos a Córdoba, Chaco, Santa Fe, Misiones, Salta y Tucumán”.
En cuanto a las donaciones, el funcionario contó que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha donado elementos de salud; mientras que empresas han colaborado con el Ministerio con agua, contenedores, camas, carpas, entre otros.
Sobre las relaciones con naciones vecinas, Rossi aseguró que “hay coincidencias en el trabajo de las FF.AA.” de países hermanos como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil que también “participan en tareas de ayuda humanitaria y fortalecen el sistema hospitalario” en sus territorios.
“Lamentablemente desde que se cayó la Unasur el multilateralismo se vio afectado”, expresó al responder una consulta del neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos), pero resaltó que tiene “una muy buena relación bilateral y un muy buen nivel de diálogo” con sus pares de estos países, excepto Bolivia porque el gobierno argentino no reconoce a Jeanine Áñez.
De la videoconferencia participaron también los jefes del Estado Mayor Conjunto, el Ejército Argentino, la Fuerza Aérea y la Armada; y funcionarios del Ministerio de Defensa.
En la previa de la reunión informativa del ministro Agustín Rossi, la legisladora chubutense fue electa por sus pares.
La senadora nacional Nancy González (Frente de Todos-Chubut), asumió este lunes como presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara alta, en una breve reunión por videoconferencia.
González fue electa por sus pares a propuesta de Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista, en la previa de la reunión informativa del ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Como vicepresidente de la comisión fue electo el senador cordobés Ernesto Martínez (Pro), mientras que como secretario fue designado el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
La senadora del Pro enfatizó que “hay voluntad” para sesionar de manera virtual, pero primero los dos tercios de los miembros del cuerpo tienen que aceptar los cambios.
La senadora nacional Laura Rodríguez Machado (Pro) se mostró a favor de sesionar de manera virtual, pero advirtió que antes hay que modificar el reglamento de la Cámara alta, con el voto de los dos tercios de los legisladores en una sesión presencial.
“La mayoría de los senadores están dispuestos a sesionar, pero para hacerlo, en el reglamento que tenemos, no está contemplada la sesión virtual”, señaló y recordó: “Al no estar contemplado, Cristina Fernández de Kirchner envía a la Corte Suprema un pedido de declaración de certeza para ver si puede funcionar, y le contestan que cada cámara tiene la facultad suficiente para definir cómo va a sesionar”.
En ese sentido, la legisladora enfatizó que “lo que hay que hacer para sesionar es modificar el reglamento, para validar la sesión virtual, y para eso requiere una sesión presencial, que va a ser válida con dos tercios de los miembros de la cámara”.
La cordobesa mencionó que este martes la vicepresidenta se reunirá de manera presencial con José Mayans, jefe del bloque Frente de Todos; y Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio; para evaluar “quiénes estarían en condiciones de viajar”.
La macrista admitió que los traslados de muchos senadores son complicados, por las distancias de algunas provincias hacia Buenos Aires y la falta de vuelos, además de que muchos “tienen edad en relación a los grupos de riesgo”.
“Nosotros vamos a sesionar de manera virtual si el reglamento lo establece”, reiteró y sostuvo: “Creemos que el Congreso tiene que funcionar, pero tiene que funcionar correctamente, que las normas que se sancionen tengan validez, sino estamos entrando en otro problema”.
En diálogo con FM La Patriada, la senadora agregó que “ya hace más de un mes que no se están sancionando leyes, se están decretando cuestiones muy importantes”.
El proyecto es encabezado por el sanjuanino Basualdo y permite al contribuyente que invierta el importe para contribuir a la reactivación económica.
Mientras se retrasa la presentación del proyecto del Frente de Todos para crear un impuesto sobre las grandes fortunas, sorprendió este viernes una iniciativa de senadores de Juntos por el Cambio para crear una “contribución extraordinaria” sobre los bienes que superen los 200 millones de pesos, orientada a la inversión.
El proyecto fue presentado por el sanjuanino Roberto Basualdo, del bloque Producción y Trabajo, y fue acompañado por sus pares Humberto Schiavoni, Alfredo De Angeli, Claudio Poggi, Gladys González, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Pedro Braillard Poccard, y también por Juan Carlos Romero, del Interbloque Federal.
La iniciativa le da a los contribuyentes alcanzados por este impuesto la opción de destinar ese importe a inversiones en construcción, mejora o adquisición de bienes inmuebles, de automotores nuevos y de bienes de uso, entre otros rubros, para ayudar a atender las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del Covid-19.
Si el contribuyente decide tomar ese camino, el monto de la inversión efectivamente realizada no será computado al momento de determinar la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales por el término de un período fiscal.
El nuevo impuesto sería creado “con carácter de emergencia y por única vez” y recaería sobre las personas humanas en función de aquellos bienes radicados en el país y en el exterior que superen los 200 millones de pesos, sobre los cuales se aplicaría una alícuota del 2,5%.
Asimismo, se propone modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias, eliminando el límite dispuesto para la deducción de donaciones cuando las mismas tengan como destino la Cruz Roja, hospitales públicos y comedores escolares.
“El proyecto procura que los grandes contribuyentes aporten a la recuperación económica con inversión, requisito esencial para poner en marcha nuevamente a nuestro país”, explicó Basualdo, y agregó: “Se pretende que esas inversiones impulsen la reactivación de la economía argentina, la producción y nuevos puestos de trabajo, al tiempo que el consumo aumente”.
La directora de Asuntos Jurídicos del Senado consideró que “no es la lógica” que la Corte Suprema “no diga nada” sobre el pedido de acción declarativa de certeza que pidió la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, insistió este jueves con la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la acción declarativa de certeza que pidió la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la validez de sesiones virtuales.
“Supongamos que la Corte no hace lugar al pedido y por algún motivo se decide que (los senadores) vengan y se muere un senador por coronavirus. ¿Quién es responsable?”, se preguntó en diálogo con radio La Red.
Para la abogada, “hay una responsabilidad por las vidas” y “si no se considera constitucional que se sesione virtualmente, la primera consecuencia es que se pone en riesgo gente”.
Peñafort consideró que “no es la lógica” que el máximo tribunal “no diga nada” porque “estamos en una situación excepcional”.
En ese sentido, explicó: “En el caso de Diputados, la fuerza mayor se puede demostrar, porque un legislador puede acreditar que no puede viajar; pero la gravedad institucional, el requisito que pone el (reglamento del) Senado, es un concepto jurídico, y por eso pedimos que lo resuelva la Corte”.
Y aseguró que, de alguna manera, “el Senado va a sesionar porque no puede no sesionar”.
El ministro de Educación sostuvo, al exponer virtualmente ante senadores, que “no necesariamente la modificación del calendario escolar resuelve el desafío que tenemos por delante”. Anticipó que evalúan un programa especial para los alumnos del último año de secundaria.
Por Melisa Jofré
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró este miércoles que no está definida la fecha en la que se reanudarán las clases y enfatizó que será “cuando no haya riesgo para nadie”. “No tenemos escenario posible”, dijo el funcionario y mencionó que se han analizado los meses de “junio, julio, agosto” e incluso “septiembre”.
Al exponer por videoconferencia ante la Comisión de Educación del Senado -que preside la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT)-, el titular de la cartera educativa sostuvo que no se tiene “certeza” sobre el regreso a la escuela, así como “no la tiene el mundo”. En ese sentido, puso el ejemplo de Francia, donde se anunció para el 11 de mayo y “no fue una decisión bien recibida”.
Trotta aseguró que la definición requerirá de “mucho compromiso y trabajo articulado entre toda la dirigencia política, social y sindical”, además del “consenso” entre Nación y todas las provincias. Agregó que así como la suspensión de las clases fue una “decisión epidemiológica”, la vuelta a las aulas “también debe ser una respuesta epidemiológica”.
Durante una participación de tres horas, en las que trató de responder la mayoría de las 150 preguntas que le hicieron llegar por escrito los legisladores -además de las consultas en el encuentro virtual-, el ministro destacó que desde el Estado la “principal responsabilidad es lograr detener los procesos de profundización de la desigualdad educativa en el marco de la pandemia”.
Sobre esto, señaló que “la realidad de cada hogar es muy diferente”, sea por el acompañamiento de los padres o su formación educativa y el acceso a las herramientas necesarias por parte del alumno, con lo cual “sabemos que al momento de regresar a las aulas vamos a encontrar aulas más heterogéneas”, admitió.
“Nuestro sistema educativo está sufriendo una realidad de mucho estrés, como lo está sufriendo la sociedad”, expresó el funcionario, que calificó como “un desafío impensado y único” poner en marcha la enseñanza a distancia en el marco de desigualdades.
También resaltó: “La pandemia nos sorprende con la Argentina inmersa en un proceso de desinversión educativa”. Y remarcó entonces que los últimos cuatro años fueron “muy complejos en términos económicos y sociales para Argentina” donde el presupuesto en educación “cayó del 6,1% al 4,8% del PBI”.
Además, Trotta anticipó que en 2021 la “obligación primaria” por parte del Ministerio serán los estudiantes que, en este 2020, estén en el último año de la secundaria. En esta línea, informó que está en análisis un “programa específico” para “convocarlos, retenerlos y darles las herramientas necesarias” con el objetivo de quitar el “estigma” que muchas veces pesa sobre los jóvenes a la hora de pasar a la educación terciaria o universitaria.
“Podríamos llegar a trabajar un módulo específico: enero, febrero, marzo y abril, para que se puedan intensificar los contenidos”, explicó y añadió que se coordinaría “con las universidades que las clases comiencen excepcionalmente en el mes de mayo” el año que viene, pero aclaró este es “un elemento en estudio”.
A lo largo de su exposición, el funcionario destacó las medidas puestas en marcha como la plataforma “Seguimos educando”, de acceso gratuito; las horas de programas en televisión y radio donde “se intenta recrear el trabajo del aula”; y la distribución de cuadernillos con material pedagógico en los lugares con mayor vulnerabilidad.
Por otro lado, habló sobre el “desafío” de alcanzar conectividad al 100% en el sistema educativo en estos cuatro años y detalló que se han readecuado “casi 150 mil computadoras, algunas que son del año 2015, abandonadas en los hangares del Correo”. Y agregó que a partir de este viernes se comenzará con la distribución de 135 mil computadoras y tablets “en diez provincias del norte grande y los distritos del conurbano bonaerense”.
Aunque aclaró que no se tiene certeza sobre la fecha en que se reanudarán las clases, el ministro subrayó que “no necesariamente la modificación del calendario escolar es lo que resuelve el desafío que tenemos por delante”, por eso manifestó que “cuando Argentina logre pasar este momento de estrés que genera la incertidumbre, se va a necesitar un respiro”.
En este sentido, el titular de la cartera educativa apuntó que “no estamos de vacaciones” por lo que “no hay que imaginar que hay que eliminar las vacaciones de invierno o verano”. Tras una consulta de la mendocina Pamela Verasay (UCR), sobre “qué tipo de diagnóstico habilita” esta decisión, Trotta aseveró que no es una definición que hará el Ministerio, sino un acuerdo entre todas las jurisdicciones.
En tanto, amplió que “a partir de discusiones con especialistas, con muchos ministros de provincias e incluso de otros países, todos creemos que transitar este momento de enorme trauma va a implicar un respiro para la sociedad”. “Nuestros maestros, profesores, familias y estudiantes, en esta Argentina profundamente desigual, están haciendo un enorme esfuerzo para transitar esta continuidad pedagógica. Es contradictorio con nuestros docentes, a quienes tenemos palabras de tanto reconocimiento, decirles que cuando vengan las vacaciones van a tener que trabajar”, continuó.
En cuanto a la educación de gestión privada, el ministro destacó que se estableció “diferir los pagos de aquellas familias que no están en condiciones” de pagar las cuotas, sin que esto “tenga ningún impacto” en la continuidad de la enseñanza. Además mencionó la decisión de “retrotraer los aumentos de marzo” y “la eliminación de gastos extraescolares”, porque “no vamos a tolerar ningún tipo de abuso”.
Sin embargo, el funcionario reconoció que varias instituciones privadas reclamaron que “a partir de la mora no están pudiendo hacer frente al pago de salarios” del personal, con lo cual este tema se abordó en una reunión con el equipo económico, de modo que este sector pueda recurrir al programa de salario complementario lanzado por el Gobierno mediante DNU.
Ante la consulta de la santacruceña María Belén Tapia (UCR), que planteó el tema de capacitación a los padres, el ministro enfatizó: “No pueden asumir los padres el rol del docente, no es lo que corresponde”. “En el marco del Consejo Federal de Educación se están trabajando en recomendaciones para que desde los establecimientos educativos no haya una sobrecarga de tareas, muchas veces frenética, en las familias sobre todo de gestión privada”, sostuvo.
En el encuentro, Trotta habló también de una reunión que mantuvo con la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, en torno a la “preocupación que existe sobre la merma en denuncias de violencia contra niños y adolescentes”, y que esto se debe a “la mediación tan presente y necesaria de nuestros maestros” en estos casos. Por eso buscarán “sumar distintas herramientas que permitan las denuncias” en este marco.
Hacia el final, el ministro de Educación dijo que “la pandemia todavía no ha llegado al hemisferio sur y tenemos que estar preparados” en el sistema educativo, al tiempo que, una vez que pase esta situación, “tendremos que ir a buscar desesperados a cada niño o adolescente que haya abandonado la escuela”.
El rionegrino Alberto Weretilneck también impulsó una acción declarativa de certeza del máximo tribunal. En su caso, pidió que se expida sobre la constitucionalidad de la sanción de leyes online.
En una dirección similar a la de la vicepresidenta Cristina Kirchner, un senador realizó una segunda presentación ante la Corte Suprema de Justicia en torno a la posibilidad de sesionar de manera virtual. Se trata del exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien impulsó en las últimas horas una acción declarativa de certeza del máximo tribunal.
A través de sus abogados, Damián Torres y Silvina Moyano, Weretilneck pidió que la Corte “despeje el estado de incertidumbre constitucional respecto a la validez del proceso de formación y sanción de leyes” a través de sesiones virtuales.
Según explicaron a parlamentario.com fuentes consultadas, el pedido del rionegrino cambia el eje del planteo de Cristina, ya que no se funda en la interpretación del reglamento del Senado, sino en la propia letra de la Constitución, para determinar si la formación y sanción de una ley es válida si se lleva a cabo por medios remotos.
“Nuestro país y el mundo se encuentran ante una situación excepcionalísima, que altera absolutamente la vida de las personas y el normal desarrollo y funcionamiento de las instituciones. La actividad legislativa también se ve afectada por esta realidad extraordinaria, lo que constituye una situación de extrema gravedad institucional”, indicó Weretilneck en el escrito.
Cabe recordar que, ante el pedido de Cristina, el procurador interino Eduardo Casal, dictaminó que no es competencia de la Corte Suprema expedirse sobre el pedido de la titular del Senado, y ahora resta que el máximo tribunal se pronuncie al respecto.
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El senador nacional Pablo Blanco responsabilizó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la paralización de la Cámara alta.
El senador nacional Pablo Daniel Blanco responsabilizó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la paralización de la Cámara alta, luego de conocerse el rechazo del procurador Eduardo Casal para que el Senado sesione por videoconferencia.
“Hemos solicitado una convocatoria a reunión de labor Parlamentaria para tratar todos los proyectos que se han ido presentando en este tiempo, pero si no hay una decisión de la presidenta de la Cámara, no podemos sesionar”, manifestó el senador por Tierra del Fuego.
En este sentido, advirtió que “luego de varios pedidos y reclamos, se constituyó la Comisión de Salud y la de Educación, pero cada paso que se da, es una pelea permanente con las autoridades de la Cámara. Su voluntad es que el Congreso esté cerrado y no sesione ni trabaje”.
“No vemos impedimento para que el Senado sesione, tenemos gente trabajando en salud, atendiendo supermercados, recogiendo la basura, y nosotros, servidores públicos, tenemos el deber de ejercer nuestras funciones. El país no funciona con un solo poder. La Justicia está semi paralizada y el Congreso también por la voluntad y el capricho de una sola persona”, manifestó.
Finalmente, el legislador de Juntos por el Cambio sostuvo que la consulta que se realizó en la Corte “es una medida dilatoria para que siga la parálisis en el Congreso. El reglamento de la Cámara lo hacen los senadores, no hay que consultar a ningún juez para poder modificarlo. El Senado está cerrado por decisión de su presidenta y es por eso que, solicitamos de forma urgente la reapertura”.
Así lo consideró el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, quien llamó a que se reúna Labor Parlamentaria para resolver la situación.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, denunció que se encuentran “obstáculos permanentes” para el trabajo en la Cámara alta, por eso llegó “a la conclusión de que no existe la voluntad del oficialismo de que el Congreso sesione”.
El radical volvió a manifestarse en rechazo al pedido que la vicepresidenta Cristina Kirchner le realizó a la Corte Suprema, y señaló que, aunque desde su bancada no se niegan rotundamente a la utilización de los métodos virtuales, tampoco “existe decisión ni vocación política para avanzar”.
Puso como ejemplo en ese sentido la Bicameral de Trámite Legislativo, de la cual él es vicepresidente, y no se ha reunido para analizar la veintena de DNU que el presidente Alberto Fernández firmó en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
El formoseño señaló que en una comisión conformada por 16 miembros “tranquilamente se puede cumplir con el distanciamiento social de uno o dos metros para poder dar el debate, independienmente de que uno puede coincidir con la mayoría de los instrumentos que fueron dictados por el Ejecutivo”.
Sobre ello, Naidenoff dijo que “no están en discusión los elementos, lo que está en discusión es la necesidad de control que requiere todo sistema republicano. Y cuando en un sistema republicano la democracia se limita únicamente al ejercicio de gobernar bajo decisiones de un solo poder, obviamente que en este caso lo que existe prácticamente es una manera silenciosa de gobernar con una especie de suma del poder público”.
En diálogo con La Once Diez, el legislador consideró que los presidentes de las cámaras deben convocar a Labor Parlamentaria, “y en ese marco se resuelva esta situación”.
El procurador interino consideró que no le compete al máximo tribunal intervenir sobre el modo de sesionar del Congreso.
El procurador interino Eduardo Casal solicitó este martes desestimar el planteo realizado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien pidió a la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza para que se expida sobre la validez de las sesiones virtuales.
En su dictamen -no vinculante-, el fiscal ante el máximo tribunal consideró que el planteo de la presidenta del Senado se trata de una consulta y no de una demanda en la que tenga que intervenir el Poder Judicial.
“La aplicación de los básicos conceptos referidos conduce a rechazar el planteo de la actora, en tanto ella se limita a requerir, sin que exista una causa judicial en los términos exigidos por la legislación y doctrina reseñadas, que se despeje el estado de incertidumbre con respecto a la validez de sesionar por medios virtuales o remotos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento de la H. Cámara de Senadores, teniendo en cuenta la situación de gravedad institucional generada por el COVID-19, hipótesis que excede el marco de actuación del Poder Judicial”, sostuvo Casal.
Además, el procurador recordó que desde 1865 la Corte ha sostenido “que si de la formulación de la petición no surge el agravio no se trata de una demanda, sino de una consulta”. “En consecuencia, ante la falta de un agravio discernible respecto de una cuestión justiciable, estimo que corresponde desestimar la solicitud”, remarcó.
Casal también señaló que “la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional y de ahí que un avance en desmedro de otras facultades revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público”.
La comisión se pondrá en marcha este martes, a las 16, cuando se realice la reunión constitutiva a través de videoconferencia. Un día después, el ministro expondrá ante los legisladores.
A través de videoconferencia, la modalidad adoptada por los legisladores desde la declaración de la cuarentena obligatoria, se constituirá este martes a las 16 la Comisión de Educación y Cultura del Senado, que quedará en manos del oficialismo y sería presidida por la sanjuanina Cristina López Valverde.
En tanto, un día después, este miércoles a las 17, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se presentará ante sus miembros para informar sobre el programa “Seguimos Educando”, que se trata del plan de enseñanza a distancia implementado a causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Fue el mismo funcionario quien anunció, a través de su Twitter, que participará de una reunión con los senadores. “Mañana desde las 17 hs participaré, vía videoconferencia, de la reunión de Comisión de Educación del @SenadoArgentina. Informaremos sobre el Programa #SeguimosEducando, sobre las distintas acciones de @EducacionAR y todo consulta que realicen las senadoras y senadores”, escribió.
Mediante el decreto 35/20, la vicepresidenta Cristina Kirchner oficializó a los integrantes de la comisión. Por el Frente de Todos serán parte Cristina López Valverde, María Eugenia Duré, Inés Pilatti Vergara, Ana María Ianni, Inés Blas, Teresa González, Alfredo Luenzo, Norma Durango, Nancy González y Eugenia Catalfamo.
En tanto, los integrantes de Juntos por el Cambio serán Esteban Bullrich, Stella Olalla, Julio Cobos, María Belén Tapia y Pamela Verasay. Completan la nómina la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari, cada una con su propio bloque.
Los senadores opositores pretenden realizar una sesión la semana que viene y eventualmente modificar el reglamento para poder hacer sesiones virtuales.
El bloque de senadores de Juntos por el Cambio mantuvo una reunión de trabajo por videoconferencia con el objetivo de avanzar hacia la realización de una sesión que permita brindar herramientas para hacer frente al Coronavirus en la provincia de Buenos Aires.
A lo largo de la reunión que fue convocada por Roberto Costa, titular del bloque, se detalló el avance que se está dando para la conformación de las comisiones, situación que servirá para “poder avanzar con iniciativas importantes y necesarias frente al contexto de pandemia que estamos atravesando”
En ese sentido, los legisladores sostuvieron la necesidad de avanzar hacia “la realización de una sesión que permita dar tratamiento y llevar alivio a muchos bonaerenses y también a los 135 municipios que conforman la provincia”.
“Es necesario que sean evaluadas todas las variantes para poder realizar la convocatoria. Podrá ser mediante el uso de las nuevas tecnologías o de manera presencial y respetando todos los protocolos sanitarios establecidos”, manifestaron.
“Hay un enorme trabajo que cada uno viene realizando con el gobierno provincial, con los municipios y hacia adentro de cada sección electoral. Hay muchos proyectos que estamos presentando en el Senado Provincial que reflejan muchas necesidades y representan propuestas concretas para llevar soluciones”, sostuvieron los senadores y concluyeron: “Estamos dialogando con las autoridades de la Cámara en este sentido, porque creemos que es necesario que se arbitren todos los mecanismos posibles para poder contar con estas herramientas”.
El jefe del bloque Frente de Todos en el Senado dijo que en la situción de emergencia “los que más tienen posibilidad de contribuir tienen que hacerlo”. Reiteró su rechazo a sesionar de forma presencial.
El jefe del bloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, sostuvo este viernes que cree que desde la oposición “va a haber acompañamiento” al proyecto de ley para gravar a las grandes riquezas, “por la situación que se está atravesando”.
“En una situación de emergencia nacional como estamos viviendo, por supuesto que los que más tienen posibilidad de contribuir, tienen que hacerlo”, señaló, al referirse a la iniciativa que impulsa Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados.
No obstante, en cuanto al tratamiento del proyecto, el legislador volvió a rechazar la posibilidad de una sesión presencial, en línea con la intención de la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner.
Para el formoseño, los senadores que lleguen a Buenos Aires y vengan de provincias “donde hay circulación del virus” tendrían que “entrar en cuarentena”.
“Hay algunos que están exagerando”, expresó sobre algunos de sus pares que piden salir del parate parlamentario. En ese sentido, defendió que hubo varias sesiones extraordinarias desde que asumió el Gobierno y las reuniones virtuales de comisiones con los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Ginés González García (Salud).
Por otro lado, Mayans opinó sobre la oferta de reestructuración de deuda anunciada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y dijo que “es absolutamente razonable” y “obviamente está dentro de las posibilidades que tiene Argentina”.
En medio de la pandemia del coronavirus, el presidente de la bancada oficialista consideró que “no estamos en condiciones de pagar un solo peso, ni de intereses, ni de capital, ni de nada”. “Tenemos intenciones de pagar, pero se tiene que hacer una quita razonable y que nos den tiempo para ver de recuperar la economía”, agregó en diálogo con FM La Patriada.
Y le pegó a la gestión anterior: “El problema es el endeudamiento que ha dejado el gobierno de (Mauricio) Macri. Argentina está en default a partir de que Macri le pide al FMI 57 mil millones de dólares”.
Para la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, desde la Corte Suprema “hay un claro intento de obstaculizar” el tratamiento del proyecto de impuesto a las riquezas. También cuestionó a Juntos por el Cambio, que reclamó una sesión presencial.
La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, cuestionó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, por no tratar el pedido que realizó Cristina Fernández de Kirchner para que el máximo tribunal brinde una declaración de certeza sobre las sesiones virtuales. Además, la abogada apuntó contra la oposición de Juntos por el Cambio que solicitó una sesión presencial.
“La Corte había dictado una acordada en la cual se habilitaba a tratar de hacer reuniones de sus miembros virtualmente, porque muchos de ellos son grupo de riesgo, y se había fijado un acuerdo para el jueves de modo virtual”, explicó Peñafort.
En ese sentido, recordó que cuando los magistrados fijaron ese acuerdo “no sabían lo que íbamos a presentar”, en referencia a la solicitud sobre la constitucionalidad o no de sesiones parlamentarias no presenciales. “Pero el miércoles a última hora, para no tener que tratar la declarativa de certezas que había presentado el Senado de la Nación, Rosenkratz suspendió este acuerdo”, señaló.
La directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta consideró que esa decisión es “un claro intento de obstaculizar la posibilidad de sesionar lo importante”, en alusión al proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.
“Rosenkrantz suspende el acuerdo porque es un poquito más lúcido que la oposición. No se anima a decir que no, pero no quiere decir que sí. No solo Rosenkrantz suspendió todo. No hubo un escándalo en la Corte Suprema, así que no parece ser el único que no quiere que se trate”, agregó y reclamó “una respuesta de Rosenkrantz. Si dice que no, hay que decirle a los senadores que arriesguen sus vidas”.
Sobre esto, Peñafort resaltó que muchos senadores son “grupo de riesgo” y planteó también las dificultades de sus traslados. “¿En qué aviones se suben si no hay vuelos de cabotaje? Si fue complejo traer a todos los gobernadores (a la reunión con Alberto Fernández), imagínense traer a todos los senadores”, enfatizó.
En referencia a la carta enviada por los referentes de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, dijo: “La oposición quería sesionar de manera virtual, pero cuando supieron que era para discutir el impuesto a la riqueza ahora ya no quieren la sesión virtual; ellos creen que hay que sesionar presencialmente para modificar el reglamento y no creen que haya gravedad institucional”.
“La verdad es que no podemos hacer funcionar uno de los órganos del Estado, el Poder Legislativo no tiene cómo sesionar hoy”, opinó en declaraciones a radio El Destape.
Para la abogada, “esto sólo da cuenta de qué es lo que está pasando del otro lado” y manifestó: “A mí me impresiona; no he visto el proyecto (de Máximo Kirchner), pero todo el mundo está diciendo que esto alcanza a 12 mil grandes fortunas”.
“¿Cómo puede ser que todo un sector político, que han sido gobierno, estén embanderando la defensa del dinero de 12 mil personas? ¿Están dispuestos a comprometer la vida de sus colegas?”, se preguntó, y finalizó: “Es inaudito, me genera desconcierto, porque están poniendo en riesgo incluso sus propias vidas”.
El ministro de Salud expuso ante la comisión homónima del Senado. “No digo que vamos bien, pero vamos menos mal que otros países”, dijo sobre el trabajo para prevenir el avance del coronavirus.
Por Carolina Ramos
El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo este miércoles que “el sistema hoy tiene una capacidad de respuesta mucho mejor que hace dos meses” para afrontar el avance del Covid-19, aunque advirtió que “si esto se acelera más allá de lo que podemos controlar, va a haber que volver a frenar” la actividad y continuar con las medidas de distanciamiento social.
“No digo que vamos bien, pero vamos menos mal que otros países, porque tomamos todas las medidas juntas y no escalonadamente”, consideró el funcionario en una reunión virtual de la Comisión de Salud del Senado, que se constituyó previamente y ratificó como presidente al senador Mario Fiad (UCR-Jujuy).
González García destacó que la mitad de las camas de cuidados intensivos se encuentran vacías para atender a los pacientes infectados; pronosticó que la cantidad de respiradores distribuidos podría llegar a 10.000; e informó que ya se compraron medio millón de reactivos que llegarán en aproximadamente diez días.
De todos modos, ante una consulta del senador Julio Cobos (UCR), consideró que la vacuna contra el coronavirus va a demorar más de un año, y tras destacar el “aplanamiento” de la curva de contagios en Argentina, observó que el pico podría registrarse más allá de mediados de mayo.
“Aprovechamos errores ajenos, cuestiones que otros países no hicieron en su momento, para trabajar fuertemente con medidas de salud pública que fueron pioneras”, resaltó el ministro en una extensa videoconferencia de la que participaron alrededor de 50 senadores, según indicó Fiad.
Al inicio de su presentación, González García repasó que hay 2.443 casos confirmados de Covid-19 y 110 personas fallecidas. Además, 596 pacientes ya fueron dados de alta.
El titular de la cartera de Salud mencionó que el porcentaje de positividad registrado este martes fue de alrededor del 11%, y razonó: “Cuando de cada 10 exámenes uno es positivo, eso implica que se está haciendo bien la cantidad de muestreos”.
En tanto, recordó que al inicio de la emergencia sanitaria había 8.500 camas de cuidados intensivos, y hoy “la mitad de esas camas está vacía, porque se pidió que no se hicieran cirugías programadas, evitar cirugías plásticas y postergar lo que fuera postergable”. Además, mencionó que como consecuencia de la cuarentena, hay menos internaciones por accidentes de tránsito y por afecciones respiratorias, lo cual contribuye a la liberación de camas.
En cuanto a los respiradores, dijo que hay 9.000 distribuidos y se podría llegar a los 10.000, “una tasa que nos pone en una situación mejor que en Europa”, comparó, y añadió: “Vamos a tener una tasa muy alta de respiradores por habitante”.
Por otra parte, señaló que el reparto de recursos a las provincias para atender la pandemia, si bien es difícil de proyectar, “está en 25.000 millones de pesos en lo que va de este año”, y agregó que en abril se transfirieron casi 3.000 millones “solo con algunos programas del Ministerio de Salud”.
Consultado por la senadora Ana Almirón (Frente de Todos) sobre la distribución de los reactivos en las provincias, González García negó un faltante y dijo que hay alrededor de 160 laboratorios autorizados y este martes el Instituto Malbrán “hizo menos del 10% del total”. “Tenemos comprados medio millón de reactivos que van a llegar en aproximadamente diez días”, aseguró.
En tanto, observó que “no se puede prolongar una cuarentena indefinidamente” y afirmó que en el marco de la nueva fase “administrada” se está trabajando con las provincias “con un criterio epidemiológico, geográfico y de tipo de actividad” para liberar actividades y movimiento social cuando pase el 26 de abril.
Según el ministro, “el gran problema son los grandes núcleos urbanos y ahí es donde más difícil va a ser” la salida del aislamiento. “Si esto se acelera más allá de lo que podemos llevar controlado, va a haber que volver a frenar”, opinó.
En otro orden, confesó que “le preocupa” que gobernadores ordenen la obligatoriedad del uso de los barbijos, lo que podría ocasionar perjuicios en el abastecimiento para los médicos, y en ese sentido pidió “racionalidad”. “El equipamiento más crítico es el barbijo quirúrgico, el N95. Si una provincia decide que se use barbijo en la vía pública está bien, pero por favor que el N95 se resguarde para el trabajador específico que lo requiere”, imploró.
González García destacó que “está toda la ciencia del mundo y todo el aparato industrial detrás de esto”, y “hay 80 centros que están estudiando con mucha seriedad la vacuna” contra el Covid-19, pero apuntó: “Acá la vacuna va a demorar, no creo que llegue antes de un año, con suerte. Quizá por el lado de los medicamentos haya más posibilidades”.
“Como viene hoy, hemos aplanado la curva de una manera bastante razonable. No está chata, pero viene creciendo muy despacito, mientras en otros casos tuvo una estampida”, explicó, y avizoró que el pico podría llegar “más tarde que mediados de mayo, por cómo evoluciona”.
La nequina Lucila Crexell dijo que le “preocupa” que “el funcionamiento del Senado esté paralizado”. Y opinó que el proyecto para gravar a las grandes fortunas afectaría “la seguridad jurídica”.
Luego que el Interbloque Federal reclamara la puesta en marcha del Senado, la neuquina Lucila Crexell se quejó que “no puede ser que 72 senadores estemos en nuestras casas mirando desde afuera, cuando tenemos que ser parte de las decisiones” que se toman en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
“Tenemos que estar colaborando en las decisiones del presidente”, enfatizó este miércoles la legisladora, que opinó que en la Cámara alta se podría “llevar adelante un protocolo especial por las circunstancias; no hace falta reintegrar todo el plantel de trabajadores, podemos tener equipos mínimos de asesores”.
Para la senadora, “hay que buscarle la vuelta, y aquel senador que se sienta vulnerable en su salud, que se quede en su casa y lo justifique”. Incluso, dijo que el cuerpo podría sesionar “en el Salón Azul” o consideró como “buena alternativa” el recinto de la Cámara de Diputados, que es más amplio. “Si hay voluntad, las cosas se resuelven”, añadió.
Crexell remarcó la importancia de que el Congreso controle los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por Alberto Fernández, y también habló de medidas que habría que debatir para socorrer a sectores como el turismo o la actividad frutícola.
“No nos podemos dar el lujo de perder empleo en el sector privado. La única forma que tenemos de salir adelante es generar empleo privado”, subrayó en declaraciones a radio Concepto.
Consultada sobre el proyecto de ley que impulsa Máximo Kirchner, jefe del Frente de Todos en Diputados, para gravar a las grandes fortunas, la neuquina expresó que no tiene “posición tomada” porque no conoce el texto, pero opinó: “Sí creo que no la respuesta a todos los problemas que está viviendo hoy la Argentina”.
“Hay que tener una mirada más integral si vamos a hacer una reforma tributaria”, señaló e insistió que, por eso, “el Congreso tiene que volver a funcionar para poder trabajar y tratar este tema”. Además, estimó que el oficialismo podrá “llevar adelante la sanción sin ningún tipo de obstáculo en cuanto a la cantidad de votos”, sin embargo lo que le “preocupa” es “que esté paralizado el funcionamiento del Senado”.
Crexell evaluó que cuando se suben impuestos o “se aumenta la presión tributaria” lo que se logra es “mayor evasión y mayor informalidad de la economía”. “Si cambias las reglas todo el tiempo y afectas la seguridad jurídica, ¿quién va a venir a invertir?”, se preguntó.
Tal como se había anunciado, la vicepresidenta y titular del Senado promovió una declaración de certeza ante el máximo tribunal.
En momentos donde se analiza la posibilidad de que el Congreso sesione de manera virtual, la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió a la Corte Suprema de Justicia -que se encuentra en feria extraordinaria- que se expida sobre la validez de realizar un debate parlamentario de manera remota.
Tal como había anunciado, la titular del Senado promovió, a través de los abogados Graciana Peñafort y Esteban Lopardo, una acción declarativa de certeza ante el máximo tribunal, en virtud de la intención del oficialismo de sancionar una ley que grave las grandes fortunas para afrontar la pandemia.
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En el texto presentado, Cristina pidió que “en el marco excepcionalísimo” de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, la Corte Suprema “despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos”.
La vicepresidenta citó el artículo 30 del reglamento de la Cámara alta, que establece que “los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional”.
“¿Es constitucionalmente posible que, tal como lo establece el artículo 30 del reglamento, la Cámara de Senadores sesione mediante medios digitales debido a la situación de gravedad institucional generada objetivamente por el Covid-19?”, preguntó Cristina en el escrito.
En este sentido, la vicepresidenta se refirió a “la acuciante necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas que esta pandemia tiene sobre el mundo en general y sobre la Argentina en particular”.
“La situación de crisis económica y social que se desató hace un par de años en nuestro país no ha parado de profundizarse y la pandemia la agravará a límites aún desconocidos”, advirtió, por lo que consideró que “en estas circunstancias, la necesidad de sesionar por parte del Congreso de la Nación es, a todas luces, impostergable”.
En otro pasaje, dijo que a pesar de estar convencida de la validez de una sesión remota -siempre y cuando se respeten las reglas-, existen “maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”, que podrían resultar afectados con el proyecto de ley en cuestión.
Tras describir los DNU dictados por el presidente Alberto Fernández y defender su “necesidad” y “urgencia” por la propia imposibilidad del Congreso de reunirse físicamente, recordó que “los senadores se encuentran en su gran mayoría en sus provincias de origen”, por lo que más allá de las “dificultades logísticas” de su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, una reunión física significaría “la ruptura de las premisas de distanciamiento social obligatorio”.
“El funcionamiento del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados es imprescindible. Resulta inviable su funcionamiento ordinario, porque ello podría resultar en el compromiso de las vidas de los propios legisladores, del personal legislativo y todo su entorno familiar y comunitario”, insistió Cristina.
Pero a su vez, opinó que “también resulta imposible el ejercicio de competencias legislativas en materia tributaria o penal por parte del Poder Ejecutivo Nacional porque este las tiene expresamente vedadas”.
“Las actuales circunstancias requieren que el Congreso de la Nación ejerza, ineludiblemente, sus facultades exclusivas”, concluyó la titular del Senado.
Senadores de fuerzas provinciales pidieron que la Cámara alta se reúna para “tratar todos los temas que preocupan a la sociedad” y “no solo en iniciativas que acrecientan la grieta”, como consideraron al proyecto para establecer un impuesto a las riquezas.
Los senadores del Interbloque Federal Juan Carlos Romero (Salta), Clara Vega (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Reutemann (Santa Fe) pidieron que se convoque al Senado para “trabajar en todos los temas que preocupan a la sociedad” y “no solo en iniciativas que acrecientan la grieta”.
Luego que se conociera la noticia de que la vicepresidenta Cristina Kirchner pedirá a la Corte Suprema, a través de Graciana Peñafort, un aval para garantizar la legalidad de una eventual norma sobre un impuesto extraordinario a las riquezas que se sancione virtualmente, los legisladores que representan fuerzas provinciales cuestionaron el parate en la Cámara alta.
Al respecto, manifestaron su preocupación porque, en medio de la emergencia que vive el país, “resulta poco serio que el Senado esté paralizado y las comisiones no se reúnan para tratar estos y otros proyectos presentados”. Y remarcaron que “en la Cámara alta la mayoría de las comisiones no se habían terminado de conformar previo al aislamiento”.
“Muy por el contrario, Diputados viene utilizando esta modalidad virtual para la realización de reuniones de comisiones y de bloques; incluso (Sergio) Massa convocó a una reunión de jefes de bloques, por lo que continúan en actividad pese a la cuarentena”, compararon los senadores.
Sobre la intención de la vicepresidenta, sostuvieron: “Repentinamente quieren forzar una sesión por teleconferencia solo para evitar presentaciones futuras en contra del impuesto a los grandes capitales ideado por Máximo Kirchner. Una iniciativa que solo agranda la grieta y no ayuda en nada a respaldar el camino tomado por el presidente para combatir esta pandemia”.
“Estos sectores, lejos de ser atacados, tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones y contribuir a poner al país de pie nuevamente, luego de una crisis que ya existía y se terminó de profundizar por esta emergencia global”, consideraron.
Además, enfatizaron que “desde el inicio venimos apoyando al presidente Alberto Fernández en las medidas extraordinarias que tuvo que tomar por decreto para contener la crisis sanitaria y económica, pero también le pedimos al oficialismo que no se extralimiten y comiencen a convocar al Congreso para debatir las políticas que implementaremos a futuro”.
“En países mucho más complicados que nosotros con respecto al avance del Covid 19, como Estados Unidos o España, el Parlamento continuó en sus funciones para acompañar la contingencia”, señalaron.
Para finalizar, los senadores concluyeron: “El Congreso se debe abrir para tratar los temas que le interesan a la ciudadanía y dar respuestas en esta situación completamente sensible para el país. Son momentos para estar todos unidos y evitar que la democracia y la institucionalidad queden sumidas a una eterna cuarentena”.
Por primera vez, se designarán las autoridades por videoconferencia. Luego, el ministro Ginés González García expondrá ante los legisladores. Juntos por el Cambio había reclamado la urgencia de poner en marcha esta comisión.
Por primera vez, la Comisión de Salud del Senado se constituirá de forma virtual. Este miércoles, a las 15, a través de una videoconferencia, se designarán las autoridades de ese cuerpo y, posteriormente, a las 16 expondrá ante sus miembros el ministro de Salud, Ginés González García.
A diferencia de la Cámara de Diputados, donde Sergio Massa avanzó con la conformación de las comisiones permanentes que quedaban pendientes a través de una resolución, en el Senado, la mayoría de estos grupos de trabajo no eligieron a sus autoridades ni se pusieron en marcha.
Días atrás, en el marco de la situación sanitaria que atraviesa el país por la llegada del coronavirus, legisladores de Juntos por el Cambio le habían reclamado a la vicepresidenta Cristina Kirchner que convoque de “manera urgente” a la constitución de la comisión.
Ahora, en plena cuarentena, el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, citó a los integrantes para avanzar con la conformación a través de un encuentro virtual. Además, en la invitación se aclaró que para la exposición del ministro podrán sumarse todos los senadores que así lo deseen.
Al frente de la comisión quedaría nuevamente el radical jujeño Mario Fiad, de profesión médico, quien presidió ese cuerpo en el último período del gobierno de Mauricio Macri.
Por el oficialismo forman parte Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón, Nancy González, Ana María Ianni, Alfredo Luenzo, Antonio Rodas, María Eugenia Duré, Daniel Lovera, José Neder y Eugenia Catalfamo.
En tanto, los representantes de Juntos por el Cambio serán Mario Fiad, Silvia Elías de Pérez, Belén Tapia, Pedro Braillard Poccard, Guadalupe Tagliaferri y Gladys González. Completa la lista el rionegrino Alberto Weretilneck.
A través de Twitter, la vicepresidenta envío un saludo a la organización, que calificó como “una generación que se hizo cargo del legado de Madres y Abuelas”.
En silencio desde que volvió de Cuba con su hija Florencia Kirchner, en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se manifestó este martes a través de Twitter con motivo del aniversario de la agrupación H.I.J.O.S.
A través de dos tuits, la presidenta del Senado saludó a “H.I.J.O.S…. Una generación que se hizo cargo del legado de Madres y Abuelas. Por muchos más años de militancia y compromiso”.
“Hace 25 años nacía H.I.J.O.S…. aquel grupo de jóvenes que irrumpió en las calles para reclamar Verdad y Justicia por sus padres y madres… Indetenible marea de Memoria contra la impunidad”, agregó.
Aunque ya había utilizado su Twitter para manifestarse sobre el fallecimiento de Héctor “Cacho” Otheguy y por un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, Cristina no se expresó en sus redes sobre la situación que atraviesa el país por la llegada del Covid-19.
La semana pasada el presidente Alberto Fernández reveló que se reunió con la vicepresidenta y juntos analizaron el contexto actual y las medidas tomadas.
En tanto, este lunes la titular del Senado le encomendó a Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, que solicite ante la Corte Suprema de Justicia un aval legal para que se pueda sesionar de manera virtual.
Así lo aseguró el ministro de Trabajo al exponer virtualmente ante la comisión homónima del Senado. No descartó que el Ingreso Familiar de Emergencia pueda pagarse más de una vez y anunció un DNU para que las ART cubran los costos de casos por coronavirus.
Por Melisa Jofré
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó este lunes que, en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, desde el Gobierno no están “viendo que haya en este momento una pérdida de empleo extraordinaria”. En ese sentido, detalló que se registraron “45 mil desvinculaciones” desde mediados de marzo hasta los primeros días de abril, un número “similar a lo que pasó en el mismo período en 2019”.
Al exponer, de forma virtual, ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social -que preside el pampeano Daniel Lovera-, el funcionario subrayó que el nivel de desempleo que pueda provocar el parate de la actividad económica, producto del aislamiento obligatorio, “no es fácil de proyectar”. Pero resaltó que todas las medidas tomadas apuntan a “evitar” un aumento de despidos.
El titular de la cartera laboral defendió, al comienzo de su intervención, que todas las acciones implementadas por el Gobierno “tienen como principal objetivo mantener la salud de la población”, además de “proteger el nivel de empleo y el ingreso de los trabajadores”.
Entre los aspectos que repasó, Moroni destacó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -para atender a sectores informales-, el impulso del teletrabajo y el decreto que prohibió por 60 días los despidos y suspensiones, un tema que “ante la prolongación (de la cuarentena) nos pareció prudente”.
“Estamos tratando de impedir la disolución de vínculos”, enfatizó y precisó que hay 200 casos de suspensiones con compensación monetaria y acordadas con los sindicatos, de acuerdo al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al ser consultado en varias oportunidades por el alcance del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el ministro remarcó que “no hay cupo” y “no hay límites”, sino que “toda empresa que cumpla con los requisitos podrá acceder” a los beneficios de postergación y/o reducción del pago de contribuciones patronales y asistencia para el pago de salarios. Hasta el momento, informó, hubo “más de 400 mil inscriptos”.
Además, el funcionario resaltó la habilitación de líneas de crédito y apuntó que el Fondo de Garantías Argentino ya otorgó “garantías por más de 34 mil millones de pesos” y “ha desembolsado ya casi 30 mil millones de pesos en el sector PyME”.
En otro tramo de su exposición, Moroni anunció un DNU por el cual se establecerá que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo no podrán rechazar la cobertura de los casos de coronavirus de aquellos trabajadores exceptuados que durante el aislamiento contraigan la enfermedad.
También, el ministro se refirió al IFE y no descartó que se pague más de un mes. “Si los hechos ameritan que tengamos que mantener este beneficio más tiempo, lo haremos”, dijo y aunque aclaró que no está previsto que “alcance a categorías más altas del monotributo”, eso es algo “que estamos analizando”.
Al momento de las preguntas, la macrista Laura Rodríguez Machado consultó si hay “reuniones entre los gremios y las empresas para ver qué medidas se pueden tomar después de la salida de la cuarentena para evitar la pérdida del empleo”. “Nos reunimos permanentemente con los sindicatos y están haciendo todo lo necesario”, aseguró el funcionario, que agregó: “Si todo esto no llega a ser suficiente probaremos otras medidas”.
Por su parte, la senadora Gladys González (Pro) preguntó sobre la regulación del teletrabajo, ante la eventual extensión de esta modalidad, y Moroni sostuvo que es algo “que requiere de una regulación bastante más detallada de lo que hicimos hasta ahora”. “A esta modalidad la vamos a tener que reglamentar mejor”, indicó.
En tanto, sobre los trabajadores de plataformas de envíos a domicilio -exceptuados del aislamiento-, el ministro reveló que había una iniciativa en carpeta y consideró: “Deberíamos mandar el proyecto y que el Congreso ya empiece a discutirlo, porque es un proyecto muy razonable, en donde los incorporamos como trabajadores dependientes, pero con un estatuto específico que respeta determinadas condiciones y da derechos básicos que hoy no están teniendo”.
Consultado por varios temas, el titular de la cartera laboral confirmó que “la obra pública claramente está entre los sectores que se van a ir habilitando paulatinamente”. Además, reconoció que todavía no se pensaron respuestas para los trabajadores de temporada de invierno -ante una pregunta de la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT)-; y se comprometió a conversar con los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Sabina Frederic (Seguridad) sobre el regreso a sus hogares de trabajadores itinerantes, ante un planteo de la oficialista Anabel Fernández Sagasti.
Al momento de los cierres, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, pidió ejecutar medidas “en un plazo de 90 o 180 días” para dar “certidumbre” a todos los sectores, al tiempo que esos en esos planes “el Estado esté presente de una forma mucho más integrada”. El radical consideró que “para garantizar el empleo”, el Gobierno deberá sí o sí “pensar de acá hasta junio, julio”.
A su turno, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, destacó el “trabajo incansable del presidente y su equipo” y cada una de las medidas que se tomaron. “Estamos yendo por un buen camino en comparación con otros países que han perdido el control”, agregó y afirmó que desde el Congreso van a “garantizar el acompañamiento” de los DNU que se dictaron durante la emergencia.
El presidente de la comisión, Daniel Lovera, ponderó los esfuerzos para sostener los empleos y reflexionó que pos cuarentena “se va a liberar una renovada pelea con las corporaciones mundiales”, con lo cual el Estado, los empresarios, los trabjadores y las PyMEs “deberemos estar todos juntos” para la lograr reactivación económica.
Para finalizar, Moroni expresó: “Es muy difícil pensar cómo queda el futuro después de esta pandemia, cómo queda la economía del mundo y la economía de Argentina, pero creo que vamos a encontrar el rumbo para tener una economía más justa que la que estuvimos teniendo en todos estos años”.
El jefe de Gabinete tomó contacto con senadores del Frente de Todos y les manifestó su intención de exponer sobre las medidas que se están tomando contra la pandemia.
Santiago Cafiero se puso a disposición de los senadores para brindar en los próximos días su primer informe de gestión ante la Cámara alta. El jefe de Gabinete tomó contacto con legisladores del Frente de Todos y, aunque no hay aun una fecha definida, manifestó su intención de exponer y responder preguntas sobre las medidas tomadas en el marco de la pandemia.
En rigor, el reclamo por la presencia de Cafiero surgió desde el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, presidido por Mario Negri, quien desde hace días exige que el ministro coordinador brinde explicaciones, ya sea de manera presencial -ante jefes de bloque, para evitar una congregación de personas- o en formato virtual.
De hecho, varios diputados de la principal bancada de la oposición unificaron este lunes un mensaje que fue difundido a través de Twitter. “Así como los diputados estamos trabajando de forma digital, seguimos elevando proyectos y en reuniones permanentes, pedimos a Santiago Cafiero que cumpla con su obligación y rinda cuentas al Congreso. Es su obligación como Jefe de Gabinete”, expresaron, con el hashtag #CafieroAlCongreso.
Lo cierto es que, mientras en la Cámara de Diputados encontró en la modalidad virtual la posibilidad de seguir funcionando casi diariamente, el Senado marcha a un ritmo más lento y recién la semana pasada tuvo su primera actividad desde el comienzo del aislamiento social obligatorio, con la presencia de la ministra de Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, ante la Banca de la Mujer.
En este contexto, Cafiero manifestó su intención de dar su primer informe ante la Cámara que preside Cristina Kirchner. Desde Jefatura de Gabinete argumentan que último informe -presencial y escrito- del anterior jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue ante la Cámara de Diputados, por lo que ahora “correspondería que vaya al Senado” para respetar la alternancia.
Fuentes consultadas por este medio señalaron que, probablemente, la sesión informativa sea también por videoconferencia, con el fin de no alterar la cuarentena y evitar que los senadores se trasladen a Capital Federal. Días atrás, el propio jefe del bloque oficialista, José Mayans, le bajó el pulgar a la posibilidad de sesionar de manera tradicional, al advertir que “es la mejor forma de propagar el virus”.
Tras sucesivas postergaciones, el ministro de Trabajo expondrá ante la Comisión de Trabajo y Previsión social el día 13 a las 16.
La Cámara de Senadores va algunos escalones detrás de Diputados en cuanto a la actividad en las comisiones, pues mientras allí se han presentado ya cinco ministros, en la Cámara alta recién lo hizo este miércoles Elizabeth Gómez Alcorta, ante la Comisión Banca de la Mujer.
Ahora será el turno de Claudio Moroni, programado para el lunes 13, después de Semana Santa. Es la tercera vez que ha sido programado el titular del Ministerio de Trabajo, pues había sido anunciado primero para el 1 de abril, y luego para dos días después, pero se postergó nuevamente por una reunión con dirigentes cegetistas en Olivos. Ahora fue reprogramada para este jueves.
La cita es con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que encabeza el pampeano Daniel Lovera, que convocó a sus pares para este lunes a las 16. Escucharán la exposición, que estará cruzada por las implicancias de esta crisis sanitaria en el mercado laboral, y luego será el turno de las preguntas de los senadores que integran esa comisión.
La ministra de Mujeres expuso de manera virtual ante senadoras y mencionó también que en el mes de marzo, de acuerdo a registros realizados por organizaciones de la sociedad civil, hubo 34 femicidios.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó este miércoles que durante los primeros 10 días del aislamiento social preventivo y obligatorio se incrementaron en un 39% las llamadas a la línea 144, que asiste a mujeres en situaciones de violencia.
Además, la funcionaria precisó que durante marzo se registraron -de acuerdo a informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil- 34 femidicios, y resaltó que dentro de ese mes hubo 12 días de cuarentena.
En una larga exposición, que fue la primera reunión virtual realizada por una comisión del Senado, la ministra abordó distintos temas relacionados a las acciones de su cartera y respondió preguntas de las legisladoras. El único varón que participó fue el oficialista Jorge Taiana.
Al comienzo del encuentro, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango (FdT), señaló que “la situación de aislamiento afecta especialmente a las mujeres y niñas porque suelen estar a merced del agresor”.
Además, la pampeana hizo referencia a un informe del secretario general de la ONU, donde se sostiene que “en todo el mundo existe una amenaza contra mujeres y niñas que se hace más severa en los tiempos de confinamiento” y se afirma que “desde el inicio de la pandemia se han duplicado las llamadas a las líneas de ayuda”.
“Es una preocupación en el marco de esta emergencia sanitaria la situación en general que tienen las mujeres”, comenzó Gómez Alcorta, que no solo se refirió a la violencia, sino también a un “agravamiento” de las inequidades salariales.
Destacó que con la llegada más tardía del coronavirus a la Argentina, “pudimos contar con la información de cómo había sido el aumento (de la violencia contra las mujeres) en China, Italia y España”.
Respecto a la línea 144, la ministra recordó que se la declaró un “servicio indispensable” en el marco del aislamiento y relató el trabajo articulado realizado con la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y destacó la puesta en marcha de dos nuevos canales de atención, a través de WhatsApp.
En ese sentido, detalló que de todas las consultas que ingresaron a partir del 20 de marzo, un 25% se realizaron a través de esa vía, por lo cual consideró “ha sido una buena herramienta”.
A pesar del incremento del 39% de los llamados, la funcionaria aclaró que “el 60% son llamadas que no están vinculadas a violencia”, por eso “no se puede afirmar que implique un aumento de la violencia por motivo de género”. Sobre esto, dijo que “para ser precisos con la información”, había distintas causas en las consultas y, en algunos casos, se recurría telefónicamente por encontrarse cerrados distintos organismos de atención pública.
La titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad ponderó el paquete de medidas lanzado desde el Gobierno nacional, sobre ayuda a los sectores más vulnerables, y se refirió puntualmente al caso del Ingreso Familiar de Emergencia, que tiene distintos requisitos para poder obtenerlo.
Sobre esto, planteó que había “muchas mujeres que seguían con vínculo marital, pero ya estaban separadas, e incluso algunas habían vivido situación de violencia” por lo que se realizó una mesa de trabajo con la ANSeS para evaluar la forma de facilitarles el acceso al IFE.
Gómez Alcorta también se refirió a la campaña de los barbijos rojos -para que mujeres víctimas de violencia pidan ayuda en farmacias- y descartó que se amplíe a otro tipo de negocios. Dijo que está funcionando muy bien en las provincias de Río Negro -donde surgió-, Chubut, Catamarca, La Pampa y Neuquén.
Durante una larga exposición, en la que respondió todas las preguntas que recibió por escrito, la ministra reveló que comenzada la cuarentena se enviaron cartas a los órganos de Justicia de todas las provincias, expresando la preocupación por lo que iba a suceder con las medidas cautelares relacionadas con causas de violencia que vencieren durante la feria judicial y los canales que se iban a habilitar para hacer nuevas peticiones. “Muchas nos contestaron rápidamente”, celebró.
En relación a los femicidios, la funcionaria dijo que es “un grave y constante problema que tenemos” y que por estos días hay “diez números” sobre la cantidad de femicidios durante el aislamiento. Enfatizó que el registro con mayor “nivel de precisión” y que es “muy bueno y muy fiable” lo realiza la Corte Suprema de Justicia, pero “siempre llega al año siguiente; todavía no tenemos el informe 2019, se va a presentar para junio de este año”.
Por eso, citó informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil, hechos en base a “fuentes indirectas” como son los medios de comunicación, los cuales indican que en el primer trimestre de 2019 “los femicidios rondaron entre 87 y 89”, mientras que en el mismo período de 2020 fueron “entre 89 y 92”. En tanto, en marzo de 2019 registraron 33 casos y en marzo de 2020, 34.
Avanzada la reunión, la ministra reconoció que en la resolución que habilita a mujeres o personas lgbt a romper la cuarentena para ir a realizar una denuncia sobre violencia “debería haberse exceptuado” al acompañante, más allá de que se contempla a los hijos, y expresó que “eventualmente” podría dictarse una aclaración. En esa línea, remarcó que “varias provincias están adhiriendo a esta resolución” e incluso San Luis aclaró que se puede exceptuar al acompañante.
Entre otros temas, Gómez Alcorta se refirió a la implementación de la Ley Brisa, a la situación habitacional de personas trans y travestis , y a “las dificultades para el acceso a la ILE -Interrupción Legal del Embarazo- en el marco de la emergencia.
A través de un decreto, la vicepresidenta nombró a los senadores que formarán parte del cuerpo. Resta elegir a las autoridades.
Luego de que Juntos por el Cambio enviara una nota con el reclamo, la vicepresidenta Cristina Kirchner designó este martes a los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, en el contexto de la pandemia por el coronavirus, y la semana próxima podría realizarse una reunión virtual con el ministro del área, Ginés González García.
El jefe del principal interbloque de la oposición, Luis Naidenoff, había advertido este lunes que “resulta inadmisible que en el marco de la pandemia mundial que también afecta a nuestro país, el Senado no haya constituido la Comisión de Salud”, que hasta al año pasado fue presidida por el jujeño Mario Fiad (UCR).
Tras ese pedido, Cristina firmó un Decreto Presidencial, que lleva el número 34/20, para nombrar a los integrantes del cuerpo, por lo que ahora resta elegir a sus autoridades. De los 17 senadores, 10 son del Frente de Todos, 7 de Juntos por el Cambio, y el restante es Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
Por el oficialismo, formarán parte de la comisión Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón, Nancy González, Ana María Ianni, Alfredo Luenzo, Antonio Rodas, María Eugenia Duré, Daniel Lovera, José Neder, Eugenia Catalfamo,
Los representantes de Juntos por el Cambio serán Mario Fiad, Silvia Elías de Pérez, Belén Tapia, Pedro Braillard Poccard, Guadalupe Tagliaferri y Gladys González; y cierra la lista el mencionado Weretilneck.
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado reclamó que se avance con el trabajo en comisiones. Además, sostuvo que “todas las medidas” establecidas por DNU “merecen tratamiento” parlamentario.
Luego del pedido a la vicepresidenta Cristina Kirchner para que se constituya de forma urgente la Comisión de Salud en el Senado, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, enfatizó que en medio de la cuarentena por el coronavirus el Congreso debe funcionar porque “no solo está para controlar, sino también para proponer”.
El radical sostuvo este martes que es necesario que en la Cámara alta se avance con “el trabajo de comisiones o sesiones presenciales” y, si así no se pudiera, “a través de teleconferencias”, una modalidad que la Cámara de Diputados viene realizando de manera frecuente.
“Lo que está faltando es el rol fundamental que tiene el Congreso, no solamente para controlar, sino también para proponer”, señaló y agregó que el Poder Legislativo “es mucho más” que una foto, como la que se sacaron los líderes parlamentarios con el presidente Alberto Fernández antes que se decretara el aislamiento obligatorio.
En diálogo con radio Futurock, el formoseño aseguró que “hay mucho para aportar, seguir discutiendo y analizar” por lo que “el Congreso tiene que estar presente”.
En ese sentido, el vicepresidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del análisis de los decretos del Ejecutivo, solicitó al titular de la comisión, el diputado K Marcos Cleri, que la semana que viene se realice una reunión.
“Es verdad que los decretos fueron dictados en un marco de excepcionalidad; pero merecen un tratamiento. Todas estas medidas deben ser discutidas en la bicameral”, subrayó.
Consultado sobre un eventual proyecto del jefe del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para que los legisladores con mayor patrimonio brinden un aporte extraordinario que contribuya a paliar la crisis, Naidenoff remarcó: “La sociedad espera gestos, no evaluación patrimonial, o un porcentaje de ingresos extra que tenga un legislador. Nosotros ejercemos una función pública”.
En ese sentido, el senador afirmó que “la política es vocación de servicio” por lo que él es “más partidrio de medidas integrales y no de medidas o estigmatizaciones puntuales”. Y recordó que los legisladores de Juntos por el Cambio cada uno colabora con un porcentaje de su dieta como lo desea.
“Si el día de mañana tiene que haber algún impuesto extraordinario de todos los sectores, estoy de acuerdo, lo que nada justifica es que la política esté fuera”, agregó.
El jefe del interbloque, Luis Naidenoff, le envió una nota a la vicepresidenta. “Resulta inadmisible que en el marco de la pandemia el Senado no haya constituido esta comisión”, advirtió.
A través de una nota enviada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio reclamó que se constituya “de manera urgente” la Comisión de Salud, y advirtió que “el marco de la pandemia no debe ser razón para pasar por alto nuestras instituciones”.
En la misiva, el jefe de la bancada, Luis Naidenoff, reiteró un pedido formulado el pasado 30 de marzo para conformar la comisión -que hasta el año pasado presidió el radical Mario Fiad- con el fin de abordar los temas relativos al Covid-19 y las políticas llevadas adelante por el Gobierno para frenar su expansión.
“Resulta inadmisible que en el marco de la pandemia mundial que también afecta a nuestro país, el Senado no haya constituido la comisión, incluso habiendo mediado los pedidos correspondientes para su conformación”, alertó Naidenoff.
A su vez, solicitó “que se tomen las medidas necesarias para la constitución y actuación de las demás comisiones de la Cámara, entendiendo que en el contexto de emergencia y gravedad en que nos encontramos, el Senado es un actor fundamental para cooperar en la toma de decisiones”.
“A lo largo de estos días, el Poder Ejecutivo Nacional dictó numerosos decretos y normas de carácter legislativo que requieren su pronto tratamiento en las comisiones correspondientes para garantizar la continuidad de la institucionalidad en nuestro país”, explicó el radical Naidenoff.
En ese sentido, sostuvo que “el marco de la pandemia no debe ser razón para pasar por alto nuestras instituciones”, ya que “somos un país democrático y las herramientas para que las mismas funcionen se encuentran disponibles”.
“Una cosa es reconocer el rol del presidente y el Poder Ejecutivo en este contexto de emergencia, y otra muy diferente es avalar el avasallamiento institucional y desconocer que es mediante el esfuerzo conjunto y la solidaridad que podremos salir airosos de esta compleja situación”, insistió.
El titular del interbloque Juntos por el Cambio remarcó que “las decisiones deben ser informadas, explicadas, y fundamentalmente controladas. Este es rol que cumple el Poder Legislativo en nuestro sistema republicano. Por lo tanto, el Congreso debe participar activamente en la toma de decisiones, visibilizar su tratamiento y consideración”.
“Las actuales circunstancias exigen responsabilidad. Un Congreso que funcione, controle, interpele, aporte ideas, como poder del Estado. Por eso elevamos esta solicitud exigiendo su urgente funcionamiento”, concluyó el senador.
El titular de la cartera de trabajo iba a participar de una reunión virtual de comisión a las 15, que se suspendió por los problemas que desató la apertura de los bancos en el medio de la cuarentena.
En medio del caos generalizado que se produjo por la apertura de los bancos en el medio del aislamiento social obligatorio por el coronavirus, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, debió suspender su presentación virtual ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
El funcionario iba a exponer por videoconferencia ante la comisión presidida por Daniel Lovera (Frente de Todos) a partir de las 15, pero finalmente canceló su participación por “razones de gestión ante la emergencia bancaria”, y la reunión se suspendió sin nueva fecha de convocatoria.
El presidente Alberto Fernández mantuvo una reunión en la quinta de Olivos con la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y también tenía previsto escuchar a la cúpula de la CGT por el impacto de la cuarentena en el trabajo; de ahí el motivo de la ausencia de Moroni.
La apertura de los bancos por única vez para garantizar a cobro a jubilados sin tarjeta y a beneficiarios de programas sociales provocó largas filas, amontonamientos y desbordes en numerosas localidades, a contramano de las medidas de prevención ordenadas por el propio Gobierno contra la expansión del virus.
Por eso, el Banco Central emitió una resolución en horas de la mañana en la que dispuso la apertura de los bancos este sábado y domingo, en un arreglo con el sindicato La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo.
En un comunicado, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio salió a cuestionar la ausencia de Moroni. “De manera inexplicable el ministro suspendió la reunión por ‘razones impostergables de agenda’. Bastaban unas horas para que respondiera preguntas. Se trataba de una reunión virtual en la que ni siquiera debía desplazarse”, advirtió la bancada presidida por Luis Naidenoff.
Para los senadores, “hoy no había excusas”, ya que “ante el Senado de la Nación su deber era explicar y aclarar especialmente la decisión del cobro de jubilados y beneficiarios de la AUH en un solo día, sin tomar recaudos o escalonando días de pago, rompiendo por impericia la cuarentena que la sociedad acompañó estos días”.
“El Gobierno deberá tomar medidas con los que por acción u omisión generaron este desborde de alto riesgo”, lanzaron los legisladores de la oposición, y concluyeron: “El país requiere que los funcionarios del gobierno colaboren y respondan ante el Congreso y los ciudadanos”.
Mediante sendas resoluciones, la Cámara de Diputados y el Senado prorrogaron las disposiciones para garantizar el aislamiento social obligatorio.
Luego de que el Gobierno resolviera extender la cuarentena obligatoria hasta después de Semana Santa, el Senado y la Cámara de Diputados también oficializaron la prórroga de las medidas de distanciamiento social preventivo hasta el 12 de abril.
En el caso del Senado, la Resolución Administrativa 550/2020 mantiene la dispensa al personal legislativo de asistir a los edificios donde funciona la Cámara alta entre el 1 y el 12 de abril, aunque continuarán las guardias mínimas y el funcionamiento de la modalidad de trabajo remoto.
La Cámara baja emitió una Resolución Presidencial en el mismo sentido (661/2020), firmada por Sergio Massa, en la que adhiere a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y además ordena la continuidad de la modalidad de “Trabajo Conectado Remoto” (TCR) para el trabajo domiciliario.
Cabe aclarar que ambas resoluciones alcanzan a los trabajadores de las Cámaras, pero no así a los legisladores ni a las autoridades superiores, que continúan exceptuados.
Al igual que lo dispuesto por la Cámara baja, el dinero que debía ser derivado a los legisladores en concepto de boletos y viáticos, será derivado a enfrentar el coronavirus.
La Cámara alta anunció la suspensión de la emisión de los tramos innominados aéreos y terrestres de pasajes para los senadores nacionales. La medida rige hasta el 31 de marzo próximo, fecha prevista para la finalización del aislamiento obligatorio dispuesto, pero será extendida conforme lo haga el Gobierno Nacional.
Paralelamente se dispuso que el monto derivado de la partida presupuestaria de pasajes y viáticos será transferido al Ministerio de Salud de la Nación para ser utilizado en medidas de prevención y mitigación de la pandemia de coronavirus.
La medida suscripta por la secretaria administrativa de la Cámara de Senadores, María Luz Alonso, replica lo adoptado por Diputados, que también dispuso derivar ese “ahorro” al Ministerio de Salud, para utilizar en el marco del desafío que plantea el Covid-19.
En su artículo 3°, la resolución anunciada por el Senado establece que la medida será “automáticamente prorrogada” en caso de que el Poder Ejecutivo dispusiera -como todo indica que lo hará- la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio previsto por el DNU 297 suscripto el pasado 19 de marzo.
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Se trata de una nueva medida para evitar que corran los tiempos reglamentarios, en el marco de la parálisis legislativa.
La vicepresidenta Cristina Kirchner firmó este miércoles un decreto para interrumpir los plazos parlamentarios, en el marco de la parálisis del Congreso como consecuencia de las medidas para prevenir el avance del coronavirus.
El decreto firmado por la titular del Senado dispone “la interrupción de los plazos parlamentarios hasta el 31 de marzo de 2020, ad referéndum de su aprobación de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación”.
Esto significa que, hasta la fecha fijada -que coincide, hasta el momento, con el fin del aislamiento social obligatorio- no correrán los plazos previstos en el reglamento para la vigencia de proyectos o dictámenes, e impugnaciones de pliegos o de giros a comisión.
Según consta en el decreto, esta medida “fue solicitada también por otras fuerzas políticas” a la vicepresidenta.
Cierran dependencias educativas de ambas cámaras, justifican inasistencias de padres de hijos en edad escolar y restringen ingreso al Parlamento.
Atento a las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno Nacional en relación con la pandemia Covid-19, la Secretaría Administrativa del Senado dispuso nuevas medidas a adoptar en la Cámara alta, tales como la suspensión temporal de todas las actividades de la guardería y el jardín materno infantil dependiente de ese cuerpo legislativo.
Poco después se conoció una resolución de la Cámara baja determinando suspender también el jardín materno infantil que pertenece a ese cuerpo.
La secretaria administrativa de la Cámara, María Luz Alonso, determinó la justificación de las inasistencias de los padres, madres o tutores que trabajen en el Senado y se encuentren a cargo de menores de edad que concurran a dicho establecimiento, por “razones de fuerza mayor”. En el caso de que ambos padres trabajen en el Senado, la justificación alcanzará a solo uno de ellos.
En cuanto a los trabajadores del Senado que estén a cargo de menores de edad que concurran a guarderías o jardines maternales externos al Senado y a establecimientos educativos de nivel primario y secundario, también tendrán justificada su inasistencia.
Similar disposición alcanza a los trabajadores de la Cámara baja, que tendrán justificadas las inasistencias cuanto tengan a cargo menores de edad que concurran a guarderías, jardines maternales y establecimientos educativos de nivel inicial.
En otro orden, sendas resoluciones de ambas cámaras disponen restricciones temporales al ingreso de público o invitados ajenos a la nómina de personal de todas las dependencias del Congreso.
Todas estas disposiciones tendrán vigencia hasta el 31 de marzo, prorrogables en caso de ser necesarios.
Resolución del Senado by Jose Di Mauro on Scribd
El Senado sancionó la iniciativa con 41 votos a favor, del Frente de Todos, y 21 en contra, de Juntos por el Cambio y otros bloques.
En una sesión atravesada por la preocupación mundial por el coronavirus -que provocó el auto-acuartelamiento de dos senadores y obligó a extremar las medidas-, el Frente de Todos logró convertir en ley en la Cámara alta el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y el Servicio Exterior, con 41 votos afirmativos y 21 negativos.
Juntos por el Cambio presentó en las horas previas su propio dictamen y decidió votar en contra del proyecto oficial, tras una reunión de interbloque donde primó la postura del radical Martín Lousteau, autor de una propuesta más agresiva para que jueces y diplomáticos pasen a integrar el régimen previsional general.
La neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann también votaron en contra, en tanto que el oficialismo contó con el apoyo del rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana.
Hubo en total 10 ausentes: además de los auto-aislados Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo, no estuvieron para votar Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Ernesto Martínez, Julio Martínez, Carlos Menem, Laura Rodríguez Machado, Belén Tapia y José Alperovich -de licencia-.
La necesidad de no prolongar demasiado la sesión llevó a los bloques a acotar la cantidad de oradores -solo hubo 16 anotados-, aunque el debate se demoró por cuestiones de privilegio sobre temas ajenos -la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la disputa por Portezuelo del Viento, además de algunos homenajes-.
Con la sanción de la ley, el oficialismo buscó saldar la discusión que se abrió en diciembre pasado con la Ley de Emergencia Pública, donde se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria exceptuando los regímenes especiales como los de jueces y diplomáticos, lo que generó críticas de la oposición.
Tras ese episodio, el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto aprobado este jueves, que establece que el cálculo del haber debe realizarse sobre el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, según el valor vigente al momento del cese.
Además, la iniciativa eleva la edad jubilatoria de los magistrados de manera gradual hasta llegar a los 65 años en 2025; y modifica la Ley 24.018 para impedir que jueces ya jubilados puedan ser llamados a subrogar, entre otros cambios.
Según cifras aportadas por el Poder Ejecutivo tanto en el proyecto como a través de sus funcionarios, en el caso del Poder Judicial el universo es de aproximadamente 7.000 beneficiarios, que perciben un haber medio jubilatorio de 289.000 pesos.
En la actualidad, la jubilación ordinaria de mayor valor abonada es de 770.100 pesos, “lo que representa 55 veces el haber mínimo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), establecido en 14.068 pesos; y más de siete veces el haber máximo de dicho sistema, que asciende a 103.064 pesos”.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (Frente de Todos) consideró que los regímenes afectados “se han transformado en un sistema tremendamente injusto, por eso debemos corregirlo”.
El miembro informante del oficialismo en la sesión de este jueves señaló que “hay una enorme asimetría” entre las jubilaciones del sistema general y aquellas que son llamadas de privilegio.
“No existe ningún fundamento jurídico para seguir sosteniendo en el tiempo una inequidad de tal magnitud”, enfatizó y aclaró que con esta norma no se elimina “el carácter diferencial del régimen”, sino que se intenta “que sea razonable” como expuso en comisión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Según Lovera, el déficit estimado para este año para el régimen de jueces es de “alrededor de 9.200 millones de pesos”, mientras que en lo que refiere al de Servicio Exterior asciende a “1.700 millones”, por lo que llamó a atacar este tema.
Del lado de la oposición, Lousteau advirtió que el proyecto oficial “no es para eliminar privilegios” y propuso que las jubilaciones de estos dos sectores se calculen “como la de cualquier hijo de vecino”.
El miembro informante del dictamen alternativo propuso que los jueces y diplomáticos pasen a formar parte del régimen previsional general, “si es que realmente queremos ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad que tiene el sistema”.
Además, el legislador sugirió que a ambas poblaciones se les aplique “la misma movilidad que al resto de los jubilados” hasta que se expida la comisión que debe elaborar una nueva fórmula, ya que la anterior fue suspendida por seis meses.
Otra de las propuestas que formuló Lousteau fue que las personas que ya están jubiladas por estos regímenes especiales realicen una “contribución solidaria mínima” para ayudar a resolver el déficit del sistema, “con el mismo criterio de la Ley de Solidaridad”.
El economista precisó que los beneficiarios de todos los regímenes especiales representan “el 3,5% del total” pero “se llevan el 10% de los recursos y les pagamos tres veces más que al resto de los jubilados”.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, defendió la iniciativa al sostener que “a todos los jubilados del país se les hace el cálculo de jubilación con los últimos 10 años de aportes, mientras que a estas jubilaciones se les hace sobre el último año. Cobrar el 82% del último salario es un privilegio que no todos los argentinos tienen”.
“No es justo que todos los argentinos estemos financiando a los personas que tienen los salarios más altos del país”, dijo el cordobés, y consideró que esta ley es “un acto de justicia enorme” porque “cuando estamos en un país donde los recursos escasean, los que tienen que poner el hombro son los que más tienen”.
Caserio detalló que el déficit total del sistema previsional es de “13 mil millones de pesos”, cifra que con esta ley “se está bajando en 4.800 millones”.
Desde el Pro, Esteban Bullrich alertó que “lo que busca realmente este proyecto es una maniobra para remover jueces” y denunció que en el Senado “se censuró el debate” porque el oficialismo no permitió realizar modificaciones al texto.
En tanto, la camporista Anabel Fernández Sagasti apuntó a la oposición: “Cuando tratamos la Ley de Solidaridad Social nos señalaban que no incluíamos a las jubilaciones de privilegio y Alberto Fernández se comprometió a tratarlas en una ley aparte. Eso es lo que estamos haciendo”.
“Estamos dando un paso importante, siempre postergado, sobre dos sectores que aportan un 1% más que el resto en el régimen general, pero que perciben jubilaciones en promedio 13 veces más altas que el resto de los argentinos”, aseveró la mendocina.
El rionegrino Alberto Weretilneck acompañó al oficialismo en la votación, pero admitió que le hubiese gustado “un proyecto más audaz, más profundo, para empezar de nuevo, con una nueva Justicia en la Argentina”.
“Creo que el Poder Ejecutivo Nacional se quedó corto con este proyecto, deberíamos directamente eliminar el régimen. No quiero utilizar frases tristes de la Argentina, pero ‘que se vayan todos’”, pidió, aludiendo a la consigna social de la crisis de 2001.
Hacia el final del debate se produjo un breve cruce entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien en su discurso habló de la supuesta ofensiva del Gobierno contra la Justicia, refiriéndose a la amenaza de intervención del Poder Judicial de Jujuy.
Cristina interrumpió al senador para pedirle que no desvíe el debate a otro proyecto de ley, pero Naidenoff insistió y consideró que el proyecto sobre regímenes especiales “es una excusa, porque el fin es otro”.
“Nos convocaron a debatir sobre los regímenes de privilegio y mantienen los privilegios. ¡Lo de terminar con los privilegios es un verso! Cómprenlo ustedes, nosotros no. Esto es cambiar para que nada cambie”, se quejó el radical, que cuestionó que no se toquen las jubilaciones del presidente, vice y jueces de la Corte.
Al momento del cierre, María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) disparó contra los jueces: “Quizás en una suerte de actuación corporativa entiendan que este proyecto no es legal. Puede que encuentren algún resquicio de legalidad en su reclamo, pero no van a encontrar legitimidad porque hoy el pueblo está muy mal y no los va a acompañar”.
“Los integrantes del Poder Judicial hasta tienen el atrevimiento de que, cuando alguna vez el Congreso decidió que pagaran el impuesto a las Ganancias, por una simple acordada a los tres días se exceptuaron de pagar ese impuesto”, recordó.
El senador defendió el dictamen alternativo de Juntos por el Cambio para que los dos sectores afectados pasen a formar parte del régimen general.
El senador nacional Martín Lousteau (UCR) advirtió este jueves que el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar los regímenes previsionales de jueces y diplomáticos “no es para eliminar privilegios” y propuso que las jubilaciones de estos dos sectores se calculen “como la de cualquier hijo de vecino”.
Lousteau fue el encargado de defender el dictamen alternativo presentado en las últimas horas por Juntos por el Cambio, donde se propone que los jueces y el Servicio Exterior pasen a formar parte del régimen previsional general, “si es que realmente queremos ser solidarios y atacar el problema de sustentabilidad que tiene el sistema”.
Además, el legislador sugirió que a ambas poblaciones se les aplique “la misma movilidad que al resto de los jubilados” hasta que se expida la comisión que debe elaborar una nueva fórmula, ya que la anterior fue suspendida por seis meses.
Otra de las propuestas que formuló Lousteau fue que las personas que ya están jubiladas por estos regímenes especiales realicen una “contribución solidaria mínima” para ayudar a resolver el déficit del sistema, “con el mismo criterio de la Ley de Solidaridad”.
El economista precisó que los beneficiarios de todos los regímenes especiales representan “el 3,5% del total” pero “se llevan el 10% de los recursos y les pagamos tres veces más que al resto de los jubilados”.
Reconoció que “algunos regímenes especiales pueden estar justificados y otros tienen que ver con incentivos”, pero consideró que “en virtud de la enorme diferencia que hay en el tratamiento con respecto a los jubilados de a pie, vale la pena evaluar lo que pasa en nuestro sistema”.
Por eso, Lousteau consideró que el proyecto en debate “no es para eliminar privilegios, sino para esconder la barbaridad que se hizo en Diputados de tratar de preservar” a jueces y diplomáticos de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria.
Calificó la iniciativa como “improvisada” y “apurada”, y criticó entre otras cosas que con esta ley no se pueda convocar a jueces jubilados para cubrir vacantes, además de la falta de una cláusula transitoria que les asegure la jubilación bajo el régimen actual a quienes ya cumplieron los requisitos.
Se dispuso en una resolución de la Secretaría Administrativa que no habrá actividades de interés general durante todo marzo. Además, en las sesiones solo podrá haber un colaborador por legislador.
A través de una resolución, el Senado suspendió durante todo marzo la realización de eventos y restringió la presencia de asesores en reuniones y sesiones, con motivo de la decretada pandemia del coronavirus.
Mientras transcurría la sesión de este jueves, se conoció una medida firmada por la secretaria administrativa, María Luz Alonso, en la que se cancelan “provisoriamente” todas las actividades de interés general que estaban programadas para este mes en la Cámara alta.
Además, se establece que “solo los señores senadores y señoras senadoras de la Nación podrán asistir a las reuniones de comisión, en tanto los colaboradores y/o asesores de los mismos podrán realizar el seguimiento a través del canal interno o vía web”.
En lo que respecta a las sesiones, en la resolución 451/20 se indica que “solo se permitirá un asesor por senador o senadora con presencia en el hemiciclo”.
En los considerandos de la resolución, se argumentó que “observando las recomendaciones de los organismos internacionales y las medidas preventivas recomendadas por las Autoridades Sanitarias, corresponde reducir al máximo la aglomeración de personas”.
“Por la labor propia de este Honorable Cuerpo, existe un contacto directo entre los señores senadores y señoras senadoras y sus asesores con las distintas provincias”, se remarcó, con lo cual se consideró “pertinente tomar recaudos en relación con la labor legislativa”.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social resaltó que hay “una enorme asimetría” entre los regímenes especiales y el general.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera (Frente de Todos), consideró que los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos “se han transformado en un sistema tremendamente injusto, por eso debemos corregirlo”.
El miembro informante del oficialismo en la sesión de este jueves señaló que “hay una enorme asimetría” entre las jubilaciones del sistema general y aquellas que son llamadas de privilegio.
Al comienzo de su discurso, el pampeano sostuvo que el proyecto del Poder Ejecutivo “no representa una iniciativa aislada, sino que forma parte de un programa de gobierno”. “Necesitamos que deje de ser siempre la clase trabajadora la que haga los mayores esfuerzos”, continuó.
Lovera destacó las medidas tomadas por el presidente en materia económica y, en ese sentido, insistió en que la reforma de las jubilaciones de privilegio debe analizarse “de manera integral y teniendo en cuenta que el gobierno de Alberto Fernández ha hecho de la solidaridad un concepto transversal”.
Para el legislador, las “correcciones” que propone la ley se hacen de “manera prudente, sin intenciones de acabar con los regímenes especiales, pero tratando de establecer mayor coherencia entre el beneficio previsional y el esfuerzo contributivo; y, asimismo, ir eliminando de forma progresiva el déficit que generan”.
Sobre ello, detalló que el déficit estimado para este año para el régimen de jueces es de “alrededor de 9.200 millones de pesos”, mientras que en lo que refiere al de Servicio Exterior asciende a “1.700 millones”.
El senador remarcó que ese déficit debe “ser cubierto con recursos del régimen general, que financiamos todos”.
“No existe ningún fundamento jurídico para seguir sosteniendo en el tiempo una inequidad de tal magnitud”, enfatizó y aclaró que con esta norma “no” se elimina “el carácter diferencial del régimen”, sino que se intenta “que sea razonable” como expuso en comisión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Para el oficialista, “de no hacer una reforma, se deberán destinar cada vez más recursos para atender este financiamiento”. “Es una ley que no está pensando para que unos ganen y otros pierdan, sino para constituir un sistema que muestre un equilibro”, expresó.
Finalmente, Lovera afirmó que “resulta imperiosa la adecuación de estos regímenes” en pos de la “sustentabilidad y racionalidad” de todo el sistema previsional.
Fue al comienzo de la primera sesión del período ordinario realizada en el Senado. El propuesto por el presidente para la Procuración General todavía no reúne los dos tercios de los votos.
Al comienzo de la primera sesión del período ordinario, el Senado dio ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández para el cargo de procurador general de la Nación.
Previo a ser convocado a una audiencia pública ante los senadores, la Comisión de Acuerdos -presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti- abrirá un plazo de 15 días para recibir apoyos e impugnaciones a la postulación del juez federal.
Para la aprobación del pliego, el candidato necesita contar con los votos de los dos tercios de los senadores presentes, tal cual establece el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación; es decir 48 senadores, si hay asistencia perfecta.
El Frente de Todos, presidido por José Mayans, cuenta con 40 integrantes -más uno de licencia, José Alperovich-, con lo cual necesita el respaldo de la oposición para poder avanzar.
Sin embargo, aunque llegara a tener el aval de bloques minoritarios que representan fuerzas provinciales, la llave para destrabar la designación está en manos del interbloque Juntos por el Cambio.
Así lo transmitió el jefe del bloque del Frente de Todos, quien sostuvo que es “ante la emergencia que estamos viviendo”. Comisiones despobladas.
En un Salón Illia que albergó solamente a senadores y sus asesores -como dispuso la Secretaría Administrativa-, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, confirmó este jueves que la semana próxima no habrá agenda de actividades programadas en la Cámara alta a causa de la pandemia del coronavirus.
El formoseño informó que “ante la emergencia que estamos viviendo” los presidentes de los bloques del Senado le pidieron “suspender las actividades la semana que viene, hasta tanto tengamos un registro completo de la que gente que ha viajado” y trabaja dentro del Palacio Legislativo.
Este miércoles se conoció que, en lo que respecta a la Cámara de Diputados, hay 28 empleados que se encuentran en cuarentena, mientras que un diputado y dos senadores también se aislaron.
Durante la reunión constitutiva de la Bicameral de Deuda, Mayans dijo que la decisión se tomaba en el marco de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional y el Gobierno porteño, con el fin de “evitar actividades públicas” y concentración de personas. “El momento por el que estamos pasando lo reclama”, señaló.
El proyecto que ya tiene aprobación de Diputados será tratado en la Cámara alta desde el mediodía. También se le dará ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General.
El oficialismo buscará sancionar este jueves en el Senado el proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de los jueces y del Servicio Exterior, en una sesión especial convocada para las 12 en la que también se le dará ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General.
El Frente de Todos intentará imponer su mayoría para convertir en ley la iniciativa que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en medio de un escándalo por la presencia de Daniel Scioli al momento del quórum, días después de que el Senado avalara su designación como embajador en Brasil.
La decisión de Juntos por el Cambio de abandonar el recinto en aquella sesión puso en una posición incómoda a los senadores de ese interbloque, que este miércoles se reunieron y decidieron presentar y defender en el recinto su propio dictamen sobre el tema, con Martín Lousteau (UCR) a la cabeza.
La bancada presidida por Luis Naidenoff votará en contra del proyecto del oficialismo, según pudo saber parlamentario.com, pero más allá de esa decisión, el Frente de Todos cuenta con número suficiente para avanzar sobre su objetivo, y podría sumar aliados por fuera de Juntos por el Cambio.
El proyecto del Poder Ejecutivo -que Diputados aprobó con 128 votos a favor y dos abstenciones- eleva de manera gradual la edad jubilatoria de los jueces hasta llegar a los 65 años, y establece que el haber debe calcularse sobre el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.
En la sesión también tomará estado parlamentario el pliego de Rafecas, que fue enviado al Senado este martes; se iniciará así el período para presentar adhesiones e impugnaciones, y luego el candidato a jefe de los fiscales deberá presentarse ante la Comisión de Acuerdos en una audiencia pública.
Uno de los aspectos salientes de la jornada será la ausencia de dos senadores que decidieron auto-acuartelarse preventivamente por el coronavirus: el sanjuanino Roberto Basualdo -por haber estado días pasados en Estados Unidos- y el puntano Adolfo Rodríguez Saá -por ser población de riesgo a raíz de una operación del corazón-.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador oficialista fundamentó su iniciativa. La radical Silvia Giacoppo encabezó el rechazo.
Por Carolina Ramos
La grieta política de la provincia de Jujuy, que tiene como piedra fundamental la prisión de la dirigente Milagro Sala, se trasladó este martes al Senado, donde comenzó a tratarse el proyecto para intervenir el Poder Judicial de la provincia. La Comisión de Asuntos Constitucionales inició el tratamiento de la iniciativa de Guillermo Snopek, aunque la mayoría oficialista decidió estirar el debate.
A propuesta de María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión, se decidió poner plazo hasta el miércoles 25 para recopilar y analizar pruebas documentales e informativas sobre el tema, para luego realizar una nueva reunión el martes 31, donde se escucharán alrededor de 40 testimonios en torno a la situación de la Justicia jujeña.
En el Salón Illia del Senado quedaron expuestas las dos posturas antagónicas sobre el tema: Snopek defendió su proyecto y la radical Silvia Giacoppo se cargó al hombro el rechazo, con el respaldo de Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, que horas antes se recibió al gobernador Gerardo Morales para darle apoyo político.
Naidenoff denunció una “intromisión al Poder Judicial de Jujuy” y sostuvo que la intervención es “insustentable desde lo jurídico y desde lo político”. “Está en juego el Estado de Derecho de una provincia que se acogió a los parámetros legales”, afirmó, y aprovechó para advertir que Sala “extorsionó, apretó y construyó un poder paralelo cuando gobernó (Eduardo) Fellner”.
El bloque del Frente de Todos no se encolumnó detrás del proyecto de Snopek, sino que dejó transcurrir la reunión y resolvió no firmar dictamen. La propia Sacnun reconoció que no tiene posición tomada sobre el tema. “Lo que se abre es una discusión en la que debemos llevar luz en torno a los hechos”, se limitó a decir, y en el mismo sentido se expresó su par Anabel Fernández Sagasti.
“Todos sabemos de los difíciles problemas que tiene la Justicia nacional, pero la situación en Jujuy es muchísimo más grave: el gobernador tiene la suma del poder público”, lanzó Snopek, quien consideró que es necesario “restablecer la independencia y el equilibrio de los poderes a través de una intervención quirúrgica y limitada del Poder Judicial”.
El senador recordó que “desde 2015 a la fecha se fueron acumulando hechos de inusitada gravedad”. “Fue difícil presentar este proyecto, pero ha sido un último recurso. Los actores políticos de Jujuy no han corregido estas transgresiones a las normas y a las instituciones jujeñas”, argumentó.
En primer lugar, el legislador mencionó el aumento del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve, en 2015. Recordó que “los cuatro nuevos cargos los cubrieron con militantes del partido oficialista” que prestaron juramento “horas después” de votar la ley. El objetivo, denunció, fue generar una “mayoría automática”.
“No se puede tener un país con 44.000.000 de argentinos y una Corte de cinco miembros, y un Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, que tiene 770.000 habitantes, con nueve miembros. En términos republicanos, esto es un verdadero escándalo”, alertó Snopek.
El segundo hecho mencionado por el senador fue la creación del Ministerio Público de la Acusación, un “órgano para-constitucional” donde se colocó “a un hombre de confianza del gobierno (Sergio Lello Sánchez) consiguiendo el manejo de las causas penales y de los fiscales”.
Por esta razón, Snopek habló de un “direccionamiento de la Justicia con fines políticos”, y en ese sentido señaló que “se les arman causas penales a los legisladores de la oposición o a todo aquel que disienta”, y asimismo “se viola el principio del juez natural y el debido proceso mediante arbitrariedades en los concursos”.
El legislador también se refirió a las audios filtrados del juez de la Corte jujeña Pablo Baca, donde entre otras cosas dijo que el nuevo Ministerio Público de la Acusación es “una ley hecha a la medida del Gobierno”, y donde además “reconoce que cajoneaba las denuncias” contra Lello Sánchez “por considerarlo uno de los suyos”.
Según Snopek, Baca “también manifestó que en Jujuy hay detenidos que no pueden ser liberados para no volver al caos de tránsito y las marchas”.
En este contexto, opinó que “hay que normalizar el sistema de Justicia” porque ocurren “hechos gravísimos” en materia delictiva en la provincia. “Terminemos con la Justicia hecha a medida del gobierno y tengamos una Justicia a medida de la sociedad”, dijo el autor del proyecto, y concluyó: “Para restablecer la independencia de poderes es necesaria la intervención del Congreso Nacional”.
La senadora de la UCR propuso el rechazo “in limine” del proyecto y consideró que la intervención del Poder Judicial jujeño “es un remedio drástico y excepcional puede comprometer la autonomía provincial”.
“El proyecto propone revisar las leyes fundado solo en la disconformidad con las leyes que un Estado autónomo ha dictado en una Legislatura dentro de lo que establece la Carta Magna y la Constitución de nuestra provincia”, dijo, y añadió que “el Congreso Nacional no tiene facultades para revisar las leyes provinciales”.
Para Giacoppo, la iniciativa de Snopek contiene “meros cuestionamientos políticos y no constitucionales”, “diagnósticos superficiales, interesados y subjetivos”, “afirmaciones imprecisas” y “carentes de detalles”.
Ante la crítica de Snopek sobre la afinidad partidaria de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, admitió que “todos tienen pertenencia política, como lo tienen todas las Cortes de nuestra República Argentina”, y ese sentido nombró uno a uno a los jueces jujeños y su “legítima” pertenencia política.
A modo de ejemplo, recordó que Clara Langhe de Falcone, quien fue presidenta del Superior Tribunal de Justicia pero luego dio un paso al costado, “fue designada por el entonces gobernador de Jujuy, el exsenador (Walter) Barrionuevo” a pesar del rechazo de la UCR.
Por otra parte, la radical denunció que Baca “sufrió una operación de Inteligencia” ya que “fue grabado en la intimidad” y “está probado con la pericia técnica que los audios se grabaron durante dos años y están totalmente adulterados”. Además, recordó que el juicio político contra Baca está iniciado en la Legislatura local.
“Corramos el velo de esto, que es una pantalla. Acá se persigue una sola cosa: la libertad de Milagro Angélica Sala”, sentenció, y explicó que la dirigente tiene “cuatro condenas, dos de ellas ratificadas por la Corte, y que fueron en alzada a Casación, al Superior Tribunal, y los supuestos jueces radicales se excusaron en absolutamente todas las causas donde Sala tuvo participación”.
Giacoppo observó que “la única forma de que Milagro Sala es por un indulto”, que ya fue descartado por Morales, “o tiene la instancia de llevar esto a la Corte, si consideran que la Justicia jujeña actuó como se dice”. Por último, denunció que la dirigente es “una presa privilegiada porque está con prisión domiciliaria cuando tendría que estar en cárcel común”.
La iniciativa del Poder Ejecutivo fue defendida por funcionarios en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto.
El proyecto del Poder Ejecutivo para descentralizar la administración nacional declarando 24 capitales alternas comenzó a ser analizado este martes en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto del Senado, donde la oposición propuso cambios y pidió precisiones sobre el impacto presupuestario de la ley.
Al plenario, presidido por la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) asistieron el secretario de Interior, José Lepere, y el asesor ministerial Marcelo Leiras, quienes defendieron la iniciativa y explicaron sus detalles.
Lepere remarcó que el proyecto busca “fortalecer el federalismo” y recordó que tiene como antecedente una ley provincial de 1999 que declaró como capital alterna a la ciudad cordobesa de Río Cuarto, que ahora también forma parte del listado.
El funcionario indicó que las ciudades “se definieron en consenso con los gobiernos provinciales” y puntualizó que uno de los criterios fue el de tomar “la segunda ciudad de mayor densidad poblacional”, aunque en otros casos se sostuvo a la capital provincial como capital alterna.
El senador Esteban Bullrich (Pro) destacó los objetivos del proyecto, pero advirtió sobre la falta de precisiones sobre su impacto presupuestario. En ese sentido, comentó que se le pidió un informe a la Oficina Presupuesto, que “respondió que no se puede calcular el costo de la ley por la falta de detalles”.
Ante este planteo, Leiras aclaró que las reuniones del Gabinete en las capitales alternas “no van a tener un impacto presupuestario significativo”, como sí podría tenerlo el traslado de organismos de la administración nacional al interior del país. “El objetivo es que la desconcentración tenga un impacto positivo en las ciudades que reciban a esos organismos”, se limitó a decir Leiras.
Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, pidió que “esta idea de frenar” el tema de los costos por la decisión de supeditar el Presupuesto Nacional a las negociaciones de la deuda externa, “no transforme un objetivo sano en un desembarco burocrático o militante”.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR) propuso definir con mayor claridad el proceso de descentralización. “Estamos todos de acuerdo en las reuniones del Gabinete y las capitales alternas, pero no en que se haga una delegación sin que haya parámetros objetivos. Es casi como darles una carta blanca para hacer una transformación administrativa del Estado”, advirtió.
La radical sugirió además crear una comisión bicameral que controle cada seis meses el cumplimiento de la ley.
En tanto, Julio Cobos señaló que a futuro se podría pensar en “trasladar alguno de los ministerios” al interior, y puso como ejemplos los de Educación a la provincia de Córdoba, Producción a Santa Fe y Salud a Mendoza.
En nombre del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti sostuvo que el proyecto “no solucionará todos los problemas, pero es un mensaje de voluntad política muy grande”. “Vamos a poder tener un Gobierno nacional que conozca la realidad que se vive en las diferentes regiones del país”, destacó.
En tanto, el catamarqueño Dalmacio Mera, también del Frente de Todos, intentó dimensionar el nivel de concentración que hay al señalar que “el INTA tiene más trabajadores en la Capital Federal que en toda la Argentina”.
El proyecto crea el programa “Gabinete Federal”, que realizará reuniones de trabajo en las provincias, de las cuales participarán ministros, secretarios y funcionarios del Gobierno nacional, además de autoridades locales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, “con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias”.
Según el texto, el jefe de Gabinete tendrá que convocar a los encuentros “con una periodicidad no mayor a los 30 días”, mientras que el Ministerio del Interior “coordinará con las autoridades provinciales y las organizaciones de la sociedad civil la elaboración del plan de trabajo de las reuniones”.
Asimismo, se establece que los ministros y funcionarios que asistan “deberán llevar un registro de los temas abordados y cada uno en su competencia elevará un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, el que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior”.
El artículo 6 de la iniciativa se refiere a la descentralización de los organismos del Estado nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.
De acuerdo con el proyecto, “la coordinación del proceso de evaluación y selección de las dependencias quedará a cargo del Ministerio del Interior”. Una vez finalizado el proceso, la cartera deberá elaborar “juntamente con los titulares de los organismos a trasladar o a instalar, y las autoridades provinciales, una propuesta integral, con plazos tentativos de ejecución, que elevará para su evaluación” a la Jefatura de Gabinete y luego se someterá para su aprobación al Poder Ejecutivo.
Las 24 capitales alternas serán La Matanza y Mar del Plata (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).
Durante el plenario, Lepere aclaró que en el caso de Buenos Aires, “La Matanza debe ser leída como capital alterna del Área Metropolitana”, mientras que Mar del Plata correspondería a la provincia.
La reunión será este martes a las 15 en el Salón Illia. Al frente quedaría el kirchnerista Oscar Parrilli.
A diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado avanza con la constitución de comisiones clave en el arranque del nuevo período ordinario. Este martes se conformará la de Justicia y Asuntos Penales, que quedaría en manos del oficialista Oscar Parrilli, hombre de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Además de Parrilli, por el oficialismo integrarán la comisión Anabel Fernández Sagasti -otra leal a la exmandataria-, María de los Ángeles Sacnun, Ana Almirón, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Mario Pais, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Edgardo Kueider y Antonio Rodas.
En tanto, Juntos por el Cambio designó a los senadores Ernesto Martínez, Silvia Elías de Pérez, Silvia Giacoppo, Oscar Castillo, Guadalupe Tagliaferri y Néstor Braillard Poccard. Completa la lista la monobloquista Magdalena Solari Quintana (Misiones).
La reunión constitutiva se realizará a las 15 en el Salón Illia.
Será en un plenario de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, que se reunirá desde las 17.30 en el Salón Illia.
Previo a la discusión sobre el proyecto de intervención del Poder Judicial de Jujuy, el oficialismo en el Senado pondrá en marcha el debate de la iniciativa enviada por el presidente Alberto Fernández para declarar 24 capitales alternas.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que se realizará desde las 17.30 en el Salón Illia, contará con la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y representantes de esa cartera.
El proyecto dispone la creación del programa “Gabinete Federal”, el cual estará destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias, de las cuales participarán ministros, secretarios y funcionarios del Gobierno nacional, además de autoridades locales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, “con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias”.
Según el texto, el jefe de Gabinete tendrá que convocar a los encuentros “con una periodicidad no mayor a los 30 días”. En tanto, el Ministerio del Interior “coordinará con las autoridades provinciales y las organizaciones de la sociedad civil la elaboración del plan de trabajo de las reuniones”.
Asimismo, se establece que los ministros y funcionarios que asistan “deberán llevar un registro de los temas abordados y cada uno en su competencia elevará un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, el que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior”.
El artículo 6 de la iniciativa se refiere a la descentralización de los organismos del Estado nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.
De acuerdo al proyecto, “la coordinación del proceso de evaluación y selección de las dependencias quedará a cargo del Ministerio del Interior”. Una vez finalizado el proceso, la cartera deberá elaborar “juntamente con los titulares de los organismos a trasladar o a instalar, y las autoridades provinciales, una propuesta integral, con plazos tentativos de ejecución, que elevará para su evaluación” a la Jefatura de Gabinete y luego se someterá para su aprobación al Poder Ejecutivo.
Las 24 ciudades elegidas son: La Matanza y Mar del Plata (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), San Ramón de la Nueva Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).
El Senado ya designó a sus integrantes, entre los que se encuentran José Mayans, Oscar Parrilli y Martín Lousteau. Resta nombrar a los diputados.
Tras el reclamo de la oposición, comienza a tomar forma la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa. El Senado ya designó a sus integrantes y resta definir a los representantes de la Cámara de Diputados, para luego realizar la reunión constitutiva y nombrar a las autoridades.
Uno de los integrantes de la bicameral por la Cámara alta será José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos y último presidente de esa comisión. Lo acompañarán, por el oficialismo, Oscar Parrilli, Matías Rodríguez, Adolfo Rodríguez Saá, María de los Ángeles Sacnun y Maurice Closs. En nombre de la oposición fueron designados Ernesto Martínez (Pro), Pamela Verasay, Martín Lousteau (UCR) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, y ante los reiterados planteos de la oposición, el ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que había un “compromiso” de parte de Sergio Massa y Cristina Kirchner para conformar la bicameral una vez iniciado el período ordinario de sesiones.
“Es absolutamente fundamental para el desarrollo de la Argentina que el Congreso se involucre en las cuestiones de deuda. No solo decisiones como tomar un préstamo, sino también tener un programa de préstamos con un organismo multinacional, son cuestiones que deberían pasar por este recinto. Por ejemplo, decisiones de endeudarse bajo ley extranjera deberían pasar por este recinto, como ocurrió con la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”, subrayó Guzmán en la sesión informativa.
El proyecto de Guillermo Snopek será debatido este martes en Asuntos Constitucionales. El gobernador Morales se reunirá con senadores y diputados de Juntos por el Cambio.
Tras la masiva marcha de la semana pasada en rechazo a la intervención del Poder Judicial de Jujuy, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tratará este martes el proyecto presentado por el senador peronista Guillermo Snopek, aunque el oficialismo no buscaría firmar dictamen sino abrir la discusión.
En primer lugar, la comisión que preside María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) se reunirá a las 17.30 conjuntamente con la de Presupuesto y Hacienda para debatir otro proyecto, el de capitales alternas, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
Luego se tratará en Asuntos Constitucionales el proyecto de Snopek, que busca declarar la intervención federal del Poder Judicial jujeño a raíz de una serie de hechos que, según el autor de la iniciativa, denotan una “discrecionalidad” en la Justicia y una “falta de división de poderes”.
El condimento extra del debate será la presencia en el Congreso del propio gobernador de la provincia, Gerardo Morales, quien se reunirá en la previa con senadores y diputados de Juntos por el Cambio para repudiar la intervención. Paralelamente, habrá una concentración convocada por el Pro y la UCR.
En la sesión del pasado 20 de febrero, el senador del Frente de Todos reveló que recibió una carta documento de parte de Pablo Baca, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy que pidió licencia como presidente del mismo en medio de un escándalo.
En la carta documento, Baca le pidió a Snopek que “se retracte” de una serie de opiniones formuladas sobre el tema en el recinto de la Cámara alta durante 2017 y 2018, pero el senador consideró inadmisible el planteo del juez por encontrarse amparado en los fueros.
Snopek advirtió en primer lugar sobre lo sucedido a fines de 2015, cuando la Legislatura provincial aprobó la ampliación de los miembros del Superior Tribunal de cinco a nueve. De los cuatro nuevos integrantes, tres eran de la UCR, entre ellos Baca, quien había votado la ley en calidad de diputado provincial.
Asimismo, Snopek cuestionó la legitimidad del Ministerio Público de la Acusación, un “órgano para-constitucional creado por ley” también a fines de 2015, “sacándole facultades constitucionales al fiscal general del Poder Judicial”.
En este contexto, el legislador realizó una presentación ante la Legislatura local, dirigida a la presidenta del Superior Tribunal, Clara Langhe de Falcone, pero “ni siquiera se le dio estado parlamentario, por esa injerencia que tiene la provincia en los poderes del Estado”.
Según Snopek, “esto parecía un problema local” hasta que en diciembre del año pasado, Langhe de Falcone tuvo que dar un paso al costado del cargo debido a declaraciones periodísticas donde sugirió la conveniencia de mantener presa a la dirigente Milagro Sala.
“Me animo a adelantarme, no vamos a permitir que quede libre la persona esperando que quede firme su sentencia. Creo que la sociedad no va a permitir, porque no quiere volver a lo que se ha vivido…”, fue una de las afirmaciones de la jueza, que según Snopek “debió haberse expresado a través de fallos judiciales”.
En reemplazo de Langhe de Falcone en la presidencia asumió Baca, pero este año se tomó licencia en el cargo como consecuencia de la filtración de audios donde aseguraba que Sala “no está presa por sus delitos” sino porque “es un problema para el gobierno” de Morales.
La iniciativa del senador del Frente de Todos propone que la intervención del Poder Judicial de Jujuy dure un año y que el interventor sea designado por el Poder Ejecutivo una vez promulgada la ley.
“El interventor no puede ejercer por sí la función judicial, pero tiene la facultad de suspender en sus funciones o de remover a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy, y designar a sus reemplazantes en comisión hasta la normalización institucional del Poder Judicial”, dice el proyecto.
También debería el interventor “adoptar las medidas que estime necesarias a fin de que el Poder Judicial provincial garantice la plena observancia de los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, así como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
A su vez, se declara “en comisión” a los miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Público y a los magistrados de los tribunales inferiores de la provincia.
La presentación la realizó a través de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. Es por contratos millonarios para obras que afirman se encuentran inconclusas.
A través de la abogada Graciana Peñafort, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció a su antecesora Gabriela Michetti por los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles, a raíz de contratos millonarios por obras que se encuentran inconclusas.
Según se afirma en la presentación, la extitular del Senado habría pagado alrededor de 180 millones de pesos “a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación”.
“(Michetti) hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances”, aseguraron en la denuncia radicada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado.
A través de un comunicado difundido desde el entorno de CFK, se señaló que la empresa a cargo de las obras “no era proveedora del Senado y nunca pidió la habilitación”. También, se indicó que durante la gestión anterior “se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares” y esos adelantos “no coinciden” con los avances de obra.
Además de Michetti, Peñafort denunció a Helio Rebot, entonces secretario administrativo; y German De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A..
Gabriela Michetti respondió a través de Twitter. “Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia, por lo que pondremos a disposición de la justicia, toda la información necesaria para demostrar que la denuncia es infundada”, replicó la exvicepresidenta.
En la presentación judicial, puntualmente se denuncia la “concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Senado de la Nación” y el “posible sobreprecio de obra; ya que los precios determinados por la administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente”.
La directora de Asuntos Jurídicos afirmó que “se han verificado otorgamientos excepcionales de anticipos de obra por fuera de la normativa, sin motivación alguna. Dichos anticipos no sólo no se encuentran habilitados normativamente, sino que una vez otorgados, no fueron descontados conforme los avances de obra certificados ante la administración, la que continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada”.
“No se ha podido certificar que dichos anticipos -en todos los casos de un 5 y un 20% del monto total de la obra sin haberse siquiera dado comienzo efectivo a las tareas- hayan sido utilizados para los fines declarados”, agregó y remarcó que se pagaron certificados de obra “por tareas que no han sido ejecutadas”.
Peñafort detalló que el 20 de mayo de 2019 se adjudicó a DINALE S.A. la “readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios del HSN”, por un monto de $249.600.000, cuyo plazo de ejecución fue asignado en 9 meses, venciendo el 20 de febrero pasado.
“La empresa solicitó el anticipo financiero correspondiente al 5% del monto total, luego un anticipo financiero extraordinario del 30% -del cual se aprobó un 25% y se otorgó un 20%- y lleva presentados ocho certificados de obra, sumando todo ello un porcentaje total de 84% del total de la obra, de los cuales se abonó un monto total de $181.156.741, correspondiente a un 72,6% del monto de la licitación. La obra se encuentra incumplida y su plazo vencido”, apuntó.
Hace referencia también a otra obra, de “reestructuración de vías de escape, contra incendio, pleno de escalera y nuevo ascensor”, por la cual también se pagaron adelantos, pero a través de “un acto administrativo que no cuenta con fecha y cuya firma (de Michetti) siquiera contiene la aclaración correspondiente”.
Por este último caso, la abogada señaló que, en octubre de 2019, “la empresa presenta una propuesta de readecuación de la obra original, cuya consecuencia directa era la ampliación de los montos de contratación”.
“Se han pagado adelantos porcentualmente importantes respecto del monto total de la obra, y los primeros cuatro certificados de obra, siendo que, a la fecha, conforme los informes de obras incorporados al expediente, la obra se encuentra recién avanzada en un 12,17%”, indicó.
En la denuncia se argumentó además la irregularidad de que “a fecha y pese a los adelantos brindados, la empresa no presentó representante técnico habilitado ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco gestionó en consecuencia los correspondientes permisos de obra, no se presentaron los planos aprobados por el organismo competente en la materia, ni se han colocado los carteles con los permisos correspondientes”.
Por un amparo de Poder Ciudadano, la Cámara alta deberá brindar datos sobre ingreso y egreso de visitantes.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Senado Nacional que entregue a la fundación Poder Ciudadano los registros que posea sobre ingresos y egresos de visitantes a su sede y sus anexos.
Ante una acción de amparo promovida por la fundación, la Sala IV de la Cámara fijó un plazo de cinco días para que se brinde esa información a partir del año 2011, indicando “el destino, la fecha y la hora de la visita”, informó la agencia Télam.
Poder Ciudadano acudió a los tribunales porque el Senado le negó esa información, argumentando que no contaba con ella ni estaba obligado a producirla, aunque luego admitió que los registros se hacían y eliminaban al final de cada día.
La Cámara alta agregó que no se trata de información “pública” en la medida que revestiría carácter de dato personal de los ingresantes, cuya divulgación se encontraría exceptuada por ley, y obtuvo fallo favorable en primera instancia.
La Sala IV de la Cámara Contencioso, en cambio, recordó que la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública define como “datos personales” y “sensibles” aquellos sobre personas físicas o de existencia ideal, a los que revelan “origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual”.
El tribunal evaluó que los datos reclamados sobre quienes ingresan al Senado no requieren de su consentimiento para su suministro a la fundación, en la medida en que exceden la esfera privada y se vinculan con la actividad pública.
“Descartado el carácter privado de la información pretendida, cabe recordar que la Ley 27.275 establece la presunción de que toda la información en poder del Estado resulta pública, razón por la que su acceso sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esa norma”, agregó el tribunal.
El fallo que revocó la sentencia de primera instancia fue firmado por los camaristas Marcelo Duffy, Rogelio Vincenti y Jorge Morán.
La vicepresidenta Cristina Kirchner oficializó la convocatoria para tratar la iniciativa que ya cuenta con dictamen de comisiones.
El recinto del Senado volverá a abrirse la semana próxima. En la que será la primera sesión del período ordinario, la Cámara alta tratará el proyecto de modificación de los regímenes jubilatorios de privilegio, que el Frente de Todos buscará convertir en ley.
La vicepresidenta Cristina Kirchner oficializó la convocatoria a sesión especial para el jueves 12 a las 12. El temario también incluye el ingreso formal de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa que reforma los regímenes previsionales de jueces y diplomáticos obtuvo dictamen favorable este miércoles en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y Presupuesto, donde asistieron funcionarios e invitados.
Si bien Juntos por el Cambio decidió no acompañar al oficialismo y firmar su propio dictamen, el interbloque presidido por Luis Naidenoff adelantó que votará a favor del proyecto en general, y hará objeciones en particular.
También respaldará la iniciativa en el recinto el senador y exgobernador rionegrino Alberto Weretilneck, entre otros.
En la Cámara de Diputados, la iniciativa recibió 128 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones -del Frente de Izquierda-, luego de un escándalo por el aporte de Daniel Scioli al quórum, que hizo abandonar el recinto a Juntos por el Cambio.
El proyecto eleva la edad jubilatoria de los hombres del Poder Judicial hasta llegar a los 65 años en 2025, mientras que para las mujeres se mantiene en 60 años.
El beneficio que recibirán será del 82% sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese.
En Diputados se incorporó un cambio a último momento para que jefes de despacho y prosecretarios administrativos se mantengan dentro del régimen especial, ya que el proyecto del Ejecutivo los excluía.
Por otra parte, se impedirá que los jueces jubilados sean llamados a ocupar nuevamente sus puestos en casos de suspensión, licencia o vacancia.
Las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto dieron dictamen a la iniciativa que modifica los regímenes especiales de jueces y diplomáticos.
Por Carolina Ramos
El proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos quedó a un paso de ser convertido en ley, luego de que el Frente de Todos se alzara con el dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto del Senado. El oficialismo buscará tratar la iniciativa el próximo jueves en el recinto, cerrando así una discusión teñida de polémica en la Cámara de Diputados.
Juntos por el Cambio no solo se mostró de acuerdo con el rumbo del proyecto, sino que adelantó que acompañará la votación en general. Sin embargo, el interbloque de Luis Naidenoff presentó su propio dictamen con modificaciones, y sembró sospechas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno sobre el Poder Judicial.
Los mismos funcionarios que habían defendido el proyecto en la Cámara baja, lo hicieron este miércoles en el Senado: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli.
El proyecto del Poder Ejecutivo -que Diputados aprobó con 128 votos a favor y dos abstenciones- eleva de manera gradual la edad jubilatoria de los jueces hasta llegar a los 65 años, y establece que el haber debe calcularse sobre el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aclaró que no se elimina el régimen especial porque “la Constitución establece un principio de diferencia” para garantizar la independencia de los jueces. Por esa razón, puntualizó que no se busca una “reforma agresiva” sino que “el haber tenga relación con el esfuerzo contributivo”.
En el mismo sentido, Bulit Goñi describió el proyecto oficial como “modesto y prudente”, y precisó, al igual que Moroni, que “las reformas que se introducen dejan vigentes las garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces”.
Los primeros cuestionamientos llegaron de la mano de Martín Lousteau (UCR), quien opinó que el proyecto deja “sabor a poco” porque “no termina de resolver algunas cuestiones solidarias, ni de peinar más lo redistributivo, ni de reducir el déficit hoy y la tendencia del déficit a futuro”.
Lousteau cuestionó la “prudencia” y llamó a discutir todos los regímenes especiales, al sostener que el haber promedio en estos casos es “tres veces mayor que el que recibe cualquier hijo de vecino”. El porteño agregó que los dos regímenes que se buscan modificar “son solo el 7% del déficit generado por los regímenes especiales” y puso como ejemplo el de los trabajadores de Luz y Fuerza.
“No encuentro justificativo de por qué esta modificación llega hasta ahí y no va más hacia adelante”, insistió Lousteau, pero Moroni retrucó: “Fuimos prudentes porque es un régimen que tiene una tradición histórica muy fuerte. Hay regímenes diferenciales que tienen justificaciones históricas. Podemos discutir si son acertadas o no, pero son históricas”.
Los radicales Víctor Zimmermann (Chaco) y Julio Martínez (La Rioja) advirtieron sobre las consecuencias que podría traer la ley. El primero le preguntó al ministro si “se verá afectado el servicio de Justicia” con el proyecto, y vinculó el tema al anuncio de la reforma judicial formulado por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa.
Pero Moroni consideró que hay que “separar absolutamente el tema previsional del tema administración de Justicia”. “Esta ley no tiene como objeto desguarnecer la administración de Justicia o expulsar a los jueces. No hay nada de eso”, aclaró el ministro, y agregó que “esta ley no impide que los jueces jubilados puedan seguir trabajando”.
Asimismo, sostuvo: “La realidad es que los jueces son funcionarios públicos y su renuncia solo tiene efectos el día que es aceptada, de modo tal que si hay problemas de administración de Justicia, tendrán que regularse las aceptaciones” de esas renuncias. Y señaló que hay personas que “durante años han concursado para ser jueces” y que, llegado el caso, “pueden cubrir esos cargos”.
Martínez no quedó conforme con la respuesta del ministro. “Nos cuesta separar. No es casual ni una cuestión menor las vacancias que se van a producir”, dijo, al referirse al impedimento de convocar a jueces jubilados para cubrir vacantes. El riojano también vinculó este tema a la ofensiva para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, y al decreto que eliminó la Agencia de Protección de Testigos.
Sin embargo, Moroni insistió en su argumento. “Descarto que este régimen tenga la vocación de expulsar jueces. Si esto expulsa un montón de jueces, es un exceso de sensibilidad. ¿Qué hubiera pasado si derogábamos el régimen, como proponían algunos de sus compañeros? ¿Nos quedábamos sin justicia?”, se preguntó, y remató: “Si esto provoca un éxodo, la verdad que me preocupa”.
Al inicio de su presentación ante los senadores, Moroni sostuvo que el objetivo que persigue el Gobierno es el de “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional”, ya que “el 5% de los beneficiarios de los haberes más altos consumen casi el 24% de los recursos”. En ese marco, observó que existen “dos regímenes especiales que sobresalen en cuanto a su nivel de prestaciones”, que son los de los jueces y del Servicio Exterior.
Lo que busca el Poder Ejecutivo, explicó, es que estos regímenes “se vayan acercando un poco más hacia el régimen general”, ya que sus beneficiarios “no solo no redistribuyen sus aportes, sino que requieren del resto de los beneficiarios mayores recursos”. En el caso de los jueces, precisó que el haber promedio es de aproximadamente 280.000 pesos, lo que genera un déficit anual de 9.200 millones de pesos, esto es, 102.000 pesos mensuales por beneficiario.
Por su parte, Bulit Goñi informó que con la ley se reducirá el déficit del sistema en un 40% en el primer año, y de aquí al año 2040 bajará un 72% en el caso de los jueces y un 35% en el caso de los diplomáticos.
“Este es el primer paso para empezar a descomprimir una situación en la que el sistema de reparto, basado en los principios de solidaridad y redistribución, está en una absoluta falta de solidaridad cuando vemos que el 5% de los jubilados se lleva el 24% de los fondos disponibles”, reforzó Bulit Goñi.
En tanto, Vanoli coincidió: “Cuesta justificar estos enormes diferenciales que se han producido a lo largo de muchos años entre prestaciones del régimen general y las de los regímenes especiales. Es saludable que luego de varias décadas sin discutir estos temas hoy estén en la agenda”.
Tal como había hecho en Diputados, el titular de la ANSES detalló que ese organismo registraba un superávit de 11.800 millones de pesos en 2016, cuando asumió Cambiemos, para luego terminar con un déficit de 137.900 millones en 2019.
En el plenario también expuso el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, que entre otras cosas criticó la falta de una cláusula que asegure que los jueces que reúnen los requisitos para jubilarse, puedan hacerlo con el régimen actual.
El ministro de Trabajo buscó despejar sospechas de la oposición sobre los efectos de la ley de jubilaciones de privilegio y la futura reforma judicial.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, descartó que el Gobierno intente “desguarnecer la administración de Justicia” con la modificación de los regímenes previsionales de privilegio y con la futura reforma de la Justicia federal.
Durante el plenario de comisiones de Trabajo y previsión Social y de Presupuesto del Senado, Víctor Zimmermann (UCR-Chaco) le preguntó al ministro si “se verá afectado el servicio de Justicia” con el proyecto para reformar el régimen jubilatorio de jueces.
Zimmermann también vinculó el tema al anuncio formulado por el presidente Alberto Fernández acerca de una reforma judicial para descentralizar la tarea de los tribunales de Comodoro Py.
Ante la consulta, Moroni dijo que hay que “separar absolutamente el tema previsional del tema administración de Justicia”.
“Esta ley no tiene como objeto desguarnecer la administración de Justicia o expulsar a los jueces. No hay nada de eso”, aclaró el ministro, y agregó además que “esta ley no impide que los jueces jubilados puedan seguir trabajando”, algo que “ha sucedido en los últimos 30 años”.
Asimismo, sostuvo: “La realidad es que los jueces son funcionarios públicos y su renuncia solo tiene efectos el día que es aceptada, de modo tal que si hay problemas de administración de Justicia, tendrán que regularse las aceptaciones” de esas renuncias.
Moroni añadió que hay personas que “durante años han concursado para ser jueces” y que, llegado el caso, “pueden cubrir esos cargos”.
Las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto tratan la iniciativa que ya cuenta con la aprobación de Diputados. Exponen funcionarios e invitados.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, abrió este miércoles el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto del Senado para defender el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados.
Acompañado por el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli, Moroni sostuvo que el objetivo que persigue el Gobierno es el de “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional”, ya que “el 5% de los beneficiarios de los haberes más altos consumen casi el 24% de los recursos”.
En ese marco, observó que existen “dos regímenes especiales que sobresalen en cuanto a su nivel de prestaciones”, que son los de los jueces y magistrados, y del Servicio Exterior.
Lo que busca el Poder Ejecutivo, explicó, es que estos regímenes “se vayan acercando un poco más hacia el régimen general”, ya que sus beneficiarios “no solo no redistribuyen sus aportes, sino que requieren del resto de los beneficiarios mayores recursos”.
En el caso de los jueces, precisó que el haber promedio es de aproximadamente 280.000 pesos, lo que genera un déficit anual de 9.200 millones de pesos, esto es, 102.000 pesos mensuales por beneficiario.
Moroni aclaró que no se busca terminar con el régimen especial porque “la Constitución establece un principio de diferencia” para garantizar la independencia de los jueces, pero se preguntó “cuánta desigualdad es necesaria para que un juez actúe en forma independiente”.
Por eso, puntualizó que no se busca una “reforma agresiva” sino que “el haber tenga relación con el esfuerzo contributivo”.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sube de manera gradual la edad jubilatoria hasta llegar a los 65 años y establece que el haber debe calcularse sobre el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.
Bulit Goñi describió el proyecto oficial como “modesto y prudente”, y precisó, al igual que Moroni, que “las reformas que se introducen dejan vigentes las garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces”.
En el caso del Servicio Exterior, explicó que a los funcionarios actuales se los mantiene en el régimen actual, y aquellos que ingresen a la carrera una vez sancionada la ley ingresarán al régimen general, y además “se reduce la tasa de sustitución del 85% al 82%”.
Según el secretario de Seguridad Social, con la ley se reducirá el déficit del sistema en un 40% en el primer año, y de aquí al año 2040 bajará un 72% en el caso de los jueces y un 35% en el caso de los diplomáticos.
“Este es el primer paso para empezar a descomprimir una situación en la que el sistema de reparto, basado en los principios de solidaridad y redistribución, está en una absoluta falta de solidaridad cuando vemos que el 5% de los jubilados se lleva el 24% de los fondos disponibles”, reforzó Bulit Goñi.
NOTA EN DESARROLLO
En el Salón Azul, legisladores del oficialismo y la oposición participaron del primer encuentro sobre formación en género y violencia contra las mujeres.
Senadores tanto del oficialismo como de la oposición, junto a autoridades de la Cámara alta, participaron este miércoles de la primera etapa de capacitación sobre la Ley Micaela, que dispone la formación en género y violencia contra las mujeres para todos miembros de los tres poderes del Estado.
La reunión, que comenzó pasado el mediodía en el Salón Azul, estuvo a cargo de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; y de la socióloga e investigadora Dora Barrancos.
Tras el encuentro -realizado a puertas cerradas-, la oficialista María de los Ángeles Sacnun destacó el formato con el que se desarrolló la actividad.
“Dora Barrancos realizó un racconto histórico del patriarcado como construcción social y cultural. Mientras que Elizabeth Gómez Alcorta hizo eje en todo lo que ha significado la situación jurídica, es decir, cómo el derecho ha ido acompañando la construcción del patriarcado y, también, esta etapa de deconstrucción, que mucho tiene que ver con el movimiento de mujeres, con el feminismo y con un cambio realmente notable a partir del advenimiento del Ni Una Menos”, explicó.
En declaraciones a la prensa acreditada, la santafesina consideró que se dio “un gran paso” ya que “necesitamos legisladoras y legisladores, gobernantes y gobernantas, jueces y juezas, que tomen la necesidad de la perspectiva de género y de la diversidad a la hora de ejecutar acciones de gobierno, de sancionar o redactar leyes, y a través de sentencias y procedimientos que sean inclusivos hacerlas más justas”.
“A nuestros compañeros varones los vi con una muy buena predisposición de poder participar”, celebró y reflexionó que la sociedad “está mostrando que claramente hay un cambio”. “El siglo XXI, sin lugar a dudas, va a tener a las mujeres y a las diversidades como grandes actores políticos y hay que estar a la altura de las circunstancias”, concluyó.
Por su parte, la radical Pamela Verasay resaltó que este fue “el puntapié, ojalá sea la primera (reunión) de varias”. “Estuvo bueno el análisis histórico de los conceptos que han generado la Ley Micaela; la explicación de Dora sobre el patriarcado, de dónde el origen de las conductas machistas, un poco lo que está naturalizado y cuesta decodificar”, señaló.
La mendocina puso énfasis en que lo “imprescindible” es “ver el seguimiento de la aplicación de la ley”. “Con la realidad que nos atraviesa habría que monitorear efectivamente la parte práctica de nuestra legislación”, indicó en diálogo con la prensa.
Y completó: “Espero que el próximo encuentro sea más dinámico, con ejemplos concretos de cuestiones que vivimos en la coyuntura, y dejar un poquito la cuestión teórica. Porque me parece que no hay mejor aprendizaje para todos nosotros que mostrar el ejemplo práctico”.
A través de un comunicado, la ministra Gómez Alcorta remarcó que “esta actividad en el Senado de la Nación es un paso más hacia el cumplimiento efectivo de la ley, pero también prueba del compromiso que ha asumido el presidente de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de promover un Estado con perspectiva de género, como dijimos en otras ocasiones, empezando por la formación de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado como manifestación de ese compromiso”.
“En los próximos días estaremos implementando la Ley Micaela en la Cámara de Diputados de la Nación. Entendemos que esta formación para todas las funcionarias y funcionarios y trabajadores y trabajadoras de la administración pública es clave en nuestro objetivo de reducir las brechas de desigualdad entre los géneros y así promover una vida libre de violencias por motivos de género”, añadió.
La ley 27.499, sancionada en 2018, adoptó el nombre de Micaela García en homenaje a la joven de 21 años asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.
La noticia del crimen generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita.
Entre los senadores presentes estuvieron José Mayans, Jorge Taiana, Carlos Caserio, María De los Ángeles Sacnun, María Inés Pilatti Vergara, Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Rubén Uñac (Frente de Todos); Luis Naidenoff, Esteban Bullrich, Martín Lousteau, Gladys González, Pamela Verasay, Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio), entre otros. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no participó.
También formaron parte el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, y la secretaria administrativa, María Luz Alonso, entre otras autoridades.
Un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto se reunirá este miércoles a las 17, en el Salón Azul, con la presencia de funcionarios.
Un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsional Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Daniel Lovera y Carlos Caserio -respectivamente-, tratará el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos.
La reunión será este miércoles a las 17, en el Salón Azul, con la presencia de invitados. Al igual que sucedió en Diputados, asistirán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli.
En caso de obtener dictamen, el Frente de Todos tiene previsto llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles.
De esta manera, el oficialismo en el Senado buscará avanzar con la iniciativa que tuvo un trámite exprés en Diputados. El jueves pasado, en una sesión de tres horas, la Cámara baja dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno.
El Frente de Todos contó con el respaldo de aliados, pero Juntos por el Cambio -la principal bancada opositora- rechazó de plano la iniciativa denunciando una intención de “vaciar” la Justicia y, además, estalló contra la presencia de Daniel Scioli durante la sesión.
Con un recinto semivacío, el oficialismo avanzó rápidamente en la aprobación del texto que establece que el 82% móvil para el cálculo del haber inicial se tomará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones “actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”.
Además, eleva gradualmente la edad jubilatoria para hombres, que será de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025. En cambio, se decidió que la edad de las mujeres se mantendrá en 60, a pedido de legisladoras tanto del oficialismo como de la oposición.
De acuerdo al proyecto, el trámite jubilatorio de los magistrados deberá iniciarse “como en cualquier otro régimen general” y no en el Poder Judicial, entre otros aspectos.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, al abrir el 138° período de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández destacó la iniciativa al sostener que “la crítica situación del sistema jubilatorio nos obliga a evitar mayores inequidades. En la Argentina ya no hay lugar para los privilegios”.
“Por eso enviamos el proyecto de ley de modificación de los regímenes jubilatorios especiales del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y del Servicio Exterior de la Nación. Nos proponemos, y más aún en el contexto de la emergencia en el que estamos, fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema previsional, considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando la sustentabilidad en el largo plazo”, dijo.
El encuentro se llevará a cabo este miércoles a las 12, en el Salón Azul. Estará a cargo de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y la investigadora Dora Barrancos.
Los senadores nacionales participarán este miércoles, a partir de las 12, de una capacitación en género y violencia contra las mujeres, tal cual lo dispone la Ley Micaela (27.499).
El encuentro, que se llevará a cabo en el Salón Azul a partir de las 12, estará a cargo de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; y la investigadora y socióloga Dora Barrancos.
La formación incluye a los legisladores y las autoridades de la Cámara, que preside la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Ley Micaela abarca a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Asimismo, indica que “las máximas autoridades de los organismos, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género si estuvieren en funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones”.
La ley adoptó el nombre de Micaela García en homenaje a la joven de 21 años asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.
La noticia de este crimen generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita.
Este martes, por escasa presencia de diputados en Buenos Aires, se suspendió la capacitación que se iba a realizar en el recinto de la Cámara baja.
El plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunirá este miércoles a las 17. La iniciativa tuvo un trámite exprés en Diputados.
Un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsional Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Daniel Lovera y Carlos Caserio -respectivamente-, tratará el proyecto de ley que modifica los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos. La reunión será este miércoles a las 17 en el Salón Illia.
De esta manera, el oficialismo en el Senado buscará avanzar con la iniciativa que tuvo un trámite exprés en Diputados. El jueves pasado, en una sesión de tres horas, la Cámara baja dio media sanción al proyecto impulsado por el Gobierno.
El Frente de Todos contó con el respaldo de aliados, pero Juntos por el Cambio -la principal bancada opositora- rechazó de plano la iniciativa denunciando una intención de “vaciar” la Justicia y, además, estalló contra la presencia de Daniel Scioli durante la sesión.
Con un recinto semivacío, el oficialismo avanzó rápidamente en la aprobación del texto que establece que el 82% móvil para el cálculo del haber inicial se tomará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones “actualizadas al valor del salario correspondiente a cada categoría o cargo vigente al momento del cese”.
Además, eleva gradualmente la edad jubilatoria para hombres, que será de 60 años en 2020; 61 años en 2021; 62 años en 2022; 63 años en 2023; 64 años en 2024; y 65 años en 2025. En cambio, se decidió que la edad de las mujeres se mantendrá en 60, a pedido de legisladoras tanto del oficialismo como de la oposición.
De acuerdo al proyecto, el trámite jubilatorio de los magistrados deberá iniciarse “como en cualquier otro régimen general” y no en el Poder Judicial, entre otros aspectos.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, al abrir el 138° período de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández destacó la iniciativa al sostener que “la crítica situación del sistema jubilatorio nos obliga a evitar mayores inequidades. En la Argentina ya no hay lugar para los privilegios”.
“Por eso enviamos el proyecto de ley de modificación de los regímenes jubilatorios especiales del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y del Servicio Exterior de la Nación. Nos proponemos, y más aún en el contexto de la emergencia en el que estamos, fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema previsional, considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, asegurando la sustentabilidad en el largo plazo”, dijo.
El proyecto recibió 56 votos a favor y ninguno en contra. Con la nueva norma, una misma marca no podrá exceder el 30% del espacio que comparte con productos del mismo rubro.
Con 56 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, el Senado sancionó este viernes la denominada “ley de góndolas”, que busca frenar conductas monopólicas de las grandes marcas en las cadenas de supermercados. El proyecto fue aprobado al cabo de un debate de tres horas, a tan solo dos días de la apertura del período ordinario.
Si bien Juntos por el Cambio acompañó la votación, senadores del interbloque advirtieron que a pesar de sus buenas intenciones, la ley será de difícil aplicación, y aclararon que ya existen herramientas legales para fomentar la competencia y evitar abusos de posición dominante.
Las abstenciones fueron de los radicales Martín Lousteau y Eduardo Costa; el macrista Esteban Bullrich; y la neuquina Lucila Crexell.
De acuerdo con la flamante norma, una misma marca no podrá superar el 30% del espacio que comparte en la góndola con productos del mismo rubro. Además hay una segunda condición, que fue muy cuestionada por la oposición: en la góndola deberán tener presencia al menos cinco proveedores distintos.
También deberá garantizarse un 25% de la góndola para la exhibición de productos producidos por micro y pequeñas empresas nacionales; y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina o indígena, y los sectores de la economía popular.
Por otra parte, en las islas de exhibición y exhibidores contiguos a las cajas -los sectores más codiciados- se deberán presentar en un 50% del espacio productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.
La presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón (Frente de Todos) sostuvo que este es “un momento muy complejo del país” en el que el precio de los alimentos tiene un impacto muy fuerte en la economía familiar, y así es que “esta norma hoy nos conecta con una demanda real de usuarios, consumidores, las pymes y la gran mayoría del pueblo argentino”.
“En el caso de la compra de alimentos, siempre es muy preocupante la gran concentración que existe en muy pocas manos”, advirtió la correntina, quien por eso resaltó que la norma busca evitar “el ejercicio abusivo de las posiciones dominantes del mercado”.
En este sentido, Almirón señaló que entre un 74% y un 78% de los productos que se comercializan en Argentina “están en manos de las seis cadenas grandes de supermercados”, y consideró necesario regular el sistema estableciendo “reglas claras y justas”, para que “más productores puedan crecer y producir, y permitir acceder a productos más justos y más baratos”.
Por Juntos por el Cambio, el cordobés Ernesto Martínez sentenció que la ley “no servirá absolutamente para nada”. “En nuestro país muchas veces nos ponemos a inventar la rueda, y encima cuadrada”, ironizó, al señalar que “no existen antecedentes internacionales” sobre el tema; por el contrario, dijo, existen “las leyes de Defensa de la Competencia y de Defensa de los Consumidores, los principios constitucionales y todas las normas dictadas en consecuencia”.
Martínez apuntó a “la falta de entidad de esto de andar midiendo góndolas con un centímetro para hacerlo ley de la Nación”, y consideró que esto “pasa a un ridículo legislativo del cual es difícil volver, como de cualquier ridículo”.
El cordobés consideró que “asignar el espacio de una góndola de un supermercado no implica estar en capacidad de llenarlo, ni mucho menos de reponerlo, ni dejar un porcentaje para productos de economía locales y cooperativas, que hasta puede significar la consagración de espacios vacíos o muertos. Esto transforma a la norma en un declaracionismo”.
Por otra parte, consideró “inatendible” la exigencia de cinco proveedores para cada producto. “¿Y si no hay cinco proveedores? ¿O si las condiciones de compra y venta de cada producto no convencen ni al que vende ni al que compra?”, se preguntó.
El rionegrino Alberto Weretilneck apoyó la ley, pero aseveró que “no va a garantizar una transparencia y una mejora en los precios de los productos. Es una ley que se queda por la mitad, que abunda a lo que ya tenemos y que va a generar una innumerable cantidad de conflictos en su aplicación”.
“Esta semana en Viedma fui a hacer las compras a un reconocido supermercado alcanzado por esta ley, y recorrí cada uno de los sectores, fundamentalmente donde están los productos de las grandes empresas que decimos vamos a combatir con esta ley. Y llegué a la conclusión que lo que se propone es impracticable. Es imposible cumplir lo que dice el proyecto, en el sentido de que el 70% de la góndola tiene que estar destinado a cinco empresas distintas con sus productos. Imposible, los responsables de la reposición no lo podrán hacer”, enfatizó.
Weretilneck indicó que “se están generando muchas expectativas” cuando los únicos que podrán controlar el cumplimiento de la norma “son los inspectores municipales de comercio y bromatología”. “Nadie más tiene estructura ni personal para concretarlo. Además debe ser un control diario o semanal… ¿los intendentes dejarán de controlar la venta clandestina de bebidas alcohólicas y destinarán su escaso personal para controlar esta ley?”, se preguntó.
También Martín Lousteau (UCR) consideró que hoy ya existen herramientas para abordar el tema. Puntualizó que nunca se conformó “un tribunal de defensa de la competencia independiente” porque “en general el poder político no quiere tener un órgano independiente que pueda realizar investigaciones sobre los mercados y establecer sanciones”.
“Coincido con que las pymes y los productores regionales no tienen a nadie que los defienda frente a las grandes cadenas comerciales. Eso ocurre porque los instrumentos que ya tenemos no los usamos con la voluntad y seriedad con la que deberíamos”, aseveró Lousteau.
En nombre del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti respondió a las críticas y pidió “no banalizar esta ley” pensando que “el Poder Ejecutivo Nacional va a ir con la reglita por las góndolas”. “Estamos votando mucho más que eso. Estamos votando un ‘basta’ de financiarse con el trabajo de pequeños productores’; un ‘basta’ a que paguemos por los alimentos que nosotros mismos producimos precios que nada tienen que ver con el valor real; un ‘basta’ a manipular los stock para subir los precios de los productos básicos; un ‘basta’ a que los grandes oligopolios se queden con la tajada más grande del salario de los argentinos”, explicó.
El proyecto aprobado contempla los alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar. Los sujetos alcanzados son los supermercados, autoservicios de productos alimenticios o no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos, tipificadores-empacadores de productos perecederos y centros de compras.
Los productos de menor precio conforme la unidad de medida deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y último estante. En locaciones virtuales, deberá garantizarse que estos productos se publiquen en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión.
El proyecto establece que “queda prohibido generar una exclusión anti-competitiva de proveedores por el alquiler de espacios en góndolas o locaciones virtuales, o espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales”.
Los supermercados no podrán exigirle a los proveedores aportes o adelantos financieros por ningún motivo. Asimismo, en la negociación contractual entre supermercados y proveedores no podrá oponerse como condición la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión, ni ninguna otra práctica contraria a la competencia.
La ley también crea un “Código de Buenas Prácticas Comerciales de Distribución Mayorista y Minorista”, que deberá incluir las prácticas consideradas “abusivas” según esta norma y las leyes ya vigentes en la materia.
Con 47 votos a favor y 21 en contra, la Cámara alta aprobó la designación de la Defensora del Niño. El detalle.
La división entre “verdes” y “celestes” volvió a hacerse presente este viernes en el recinto del Senado. Fue durante el debate sobre Marisa Graham, la nueva Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, quien está a favor del aborto legal, lo que despertó el rechazo de los senadores que en 2018 votaron en contra de la ley.
El nombramiento fue aprobado con 47 votos a favor y 21 en contra. El dato saliente es que trece senadores que se opusieron a la interrupción voluntaria del embarazo, este viernes apoyaron la nominación de Graham, dejando a un lado sus posturas sobre esta ley.
Estos trece senadores fueron Roberto Basualdo (San Juan), Inés Blas (Catamarca), Maurice Closs (Misiones), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes), Silvina García Larraburu (Río Negro), Cristina López Valverde (San Juan), Carlos Menem (La Rioja), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Guillermo Snopek (Jujuy), Magdalena Solari Quintana (Misiones), Rubén Uñac (San Juan), Sergio “Oso” Leavy (Salta) y Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero).
Cabe aclarar que tanto Leavy como Ledesma Abdala votaron en contra del aborto legal en calidad de diputados, mientras que el resto lo hizo como senador.
Por el contrario, el radical Eduardo Costa, quien acompañó la ley hace dos años, este jueves votó en contra del pliego de Graham, y no fundamentó su posición en el recinto.
Los restantes senadores que rechazaron a la nueva Defensora del Niño fueron Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Pedro Braillard Poccard (Corrientes), Esteban Bullrich (CABA), Julio Cobos (Mendoza), Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Mario Fiad (Jujuy), Silvia Giacoppo (Jujuy), Teresa González (Formosa), Julio Martínez (La Rioja), José Mayans (Formosa), Dalmacio Mera (Catamarca), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Reutemann (Santa Fe), Antonio Rodas (Chaco), Juan Carlos Romero (Salta), Belén Tapia (Santa Cruz), Clara vega (La Rioja) y Víctor Zimmermann (Chaco).
Además, en la votación hubo cuatro ausentes: Juan Carlos Marino (La Pampa), Roberto Mirabella (Santa Fe), Gerardo Montenegro (Santiago del Estero) y el tucumano José Alperovich, de licencia.
En una votación histórica, la Cámara alta aprobó el nombramiento de la abogada por 47 votos a favor y21 en contra. Senadoras de distintos bloques hablaron de un proceso inédito y ejemplar. Fuerte rechazo del sector “celeste”.
Por Carolina Ramos
En una votación histórica tras 15 años de mora, el Senado aprobó la designación de Marisa Graham como Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estaba vacante desde su creación. La abogada, que prestó juramento este mismo viernes, fue avalada por 47 votos a favor y 21 en contra, tras un debate donde se coló su posición a favor de la legalización del aborto.
Graham durará en funciones cinco años -con posibilidad de ser reelecta una vez-, y tendrá la misión de “velar por la promoción y protección de los derechos de los niños”.
“Esta era una deuda social que hoy estamos empezando a saldar. Los niños no pueden seguir esperando más por la garantía de sus derechos y su defensa ante las instituciones”, resaltó la senadora Norma Durango, expresidenta de la comisión bicameral que seleccionó a Graham.
La pampeana destacó que el proceso se selección fue “histórico, inédito, transparente y ejemplar más allá de los partidismos, con un único y claro objetivo: terminar con esta espera y que las niñas y niños cuentan con una figura que resguarde el cabal cumplimiento de sus derechos”.
Además, subrayó que la candidata “reúne los requisitos necesarios e indispensables en materia de experiencia, idoneidad y compromiso para ocupar el lugar de la primera Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes”.
La discusión sobre el aborto legal no tardó en reaparecer en el recinto. “Oh casualidad, en 2018, todas aquellas que se embanderaron en la designación del Defensor del Niño son las mismas que se embanderaron en el pañuelo verde, que después de pasar una votación tan conflictiva en el Senado se acordaron de tratar el Defensor del Niño”, alertó la riojana Clara Vega.
En la misma línea, el jujeño Mario Fiad (UCR) consideró que “no hay duda de que no encajan las manifestaciones de la doctora Graham como activa militante del aborto invocando el derecho de las mujeres”. “Si hay un conflicto entre la voluntad de la madre y los derechos del niño por nacer, genera dudas si efectivamente garantizará los derechos del niño por nacer”, dijo.
La kirchnerista Nancy González, defensora del aborto legal, rebatió las críticas y aclaró que Graham “pasó por todas las circunstancias para tener las cualidades de ser nombrada”. “No podemos, por sus pensamientos, por sus posicionamientos, dejar de nombrar a una persona o juzgarla”, retrucó.
Hubo un caso particular, el de la misionera Magdalena Solari Quintana, quien a pesar de haber votado en contra del aborto legal en 2018, apoyó la figura de Graham y consideró que “va a honrar el cargo”. “Esta no es una cuestión de verdes o celestes. Hay seres humanos que la votamos y que confiamos en ella, que seguramente va a dar lo mejor como ser humano. Tengo las mejores referencias de ella como persona, que creo que es la mejor carta de presentación”, expresó.
En su discurso, Durango recordó cómo fue el proceso de selección, en el marco de la Ley 26.061, que creó el cargo en el año 2005. El trabajo se realizó en una comisión bicameral de la que participaron cinco senadores y cinco diputados, en su mayoría mujeres. Pasaron por la presidencia la senadora Durango y las diputadas Carla Carrizo (UCR) y Samanta Acerenza (Pro).
En ese marco, con la participación de 90 organizaciones de la sociedad civil, se realizó un concurso de oposición y antecedentes. Los postulantes se sometieron a un examen escrito y luego tuvieron que presentar un plan de trabajo y defenderlo ante los integrantes de la bicameral en una audiencia pública. “Pocas comisiones han hecho un trabajo tan exhaustivo”, acotó Durango.
En total hubo 68 postulantes, la mayoría mujeres, y se presentaron más de 6.000 adhesiones y solo nueve impugnaciones a las distintas candidaturas. El examen fue aprobado solo por 15 de ellos, y fueron 14 los que expusieron sus planes de trabajo y respondieron preguntas de los legisladores.
Graham fue nominada por unanimidad el 25 de abril del año pasado, y el 26 de junio recibió el aval de la Cámara de Diputados, en una votación a mano alzada. También se dio luz verde a Facundo Hernández y Fabián Repetto como defensores adjuntos.
Al inicio de la sesión en el Senado se desató un debate técnico en torno a la vigencia del dictamen de Graham. Fue cuando la radical antiabortista Silvia Elías de Pérez intentó frenar el tratamiento del dictamen, advirtiendo que “está vencido” y por lo tanto no se podía votar.
La tucumana se basó en el artículo 106 del reglamento del Senado, que en su tercer párrafo señala que los dictámenes “se mantienen en vigor hasta la próxima renovación del Cuerpo”. Es decir que, según esta interpretación habría caído el 10 de diciembre último.
Sin embargo, la vicepresidenta Cristina Kirchner intervino para defender la vigencia del dictamen, al entender que se rige por la Ley 13.840, denominada “Ley Olmedo”, que regula el trámite de los proyectos de ley. Según esta norma, la vigencia es de dos años, con uno más si es que obtienen aprobación de alguna de las Cámaras.
Elías de Pérez advirtió en que “esto no es un proyecto de ley, es un concurso que se envía a ambas Cámaras en forma conjunta”, por lo que insistió en aplicar el reglamento de la Cámara alta. Pero la senadora Durango aseveró: “No estamos frente a una ley, pero sí ante un acto que requiere tratamiento y aprobación por ambas Cámaras”.
Finalmente, Cristina sometió el tema a votación, y a mano alzada la mayoría de los senadores avaló la interpretación de la Presidencia, que avalaba la vigencia del dictamen.
Fue por unanimidad, luego de que el postulante expusiera ante la Comisión de Acuerdos. También se le dio ingreso formal a los pliegos de Ricardo Alfonsín y Alicia Castro.
El Senado aprobó este viernes por unanimidad el pliego de Rafael Bielsa como embajador en Chile, luego de que el postulante se presentara horas antes ante la Comisión de Acuerdos, donde recibió dictamen favorable.
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El nombramiento de Bielsa recibió 68 votos afirmativos y ninguno negativo, al inicio de la sesión convocada para tratar la ley de góndolas y la designación de la Defensora del Niño.
Por otra parte, la Cámara alta dio ingreso formal a los pliegos de Ricardo Alfonsín para ocupar la Embajada de España; y de Alicia Castro para la Embajada en Rusia.
Integrantes del interbloque presentaron una nota en la previa de la sesión donde se votará la designación.
En la previa de la sesión donde se votará el nombramiento de Marisa Graham como Defensora del Niño, siete senadores -en su mayoría, de Juntos por el Cambio- presentaron una nota ante las autoridades advirtiendo que el pliego de la abogada “caducó” por la renovación parlamentaria, y por lo tanto no podría tratarse en el recinto.
La misiva fue firmada por los senadores Belén Tapia, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard y Silvia Giacoppo, quienes en 2018 votaron en contra de la ley de aborto, la cual Graham apoya.
También acompañaron la nota Pablo Blanco -incorporado en diciembre-, Clara Vega -quien integra el Interbloque Federal- y Eduardo Costa -que votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo-.
Los senadores citan el artículo 106 del reglamento del Senado, que indica que “los dictámenes de las comisiones permanentes, de que se haya dado cuenta al Senado o que se encuentren en el Orden del Día pendiente, se mantienen en vigor hasta la próxima renovación del cuerpo, siempre que antes no se produzca la caducidad en virtud de la Ley 13.640 y sus modificatorias”.
El reglamento también indica en dicho artículo que “los dictámenes de las comisiones especiales caducan de acuerdo con las disposiciones de la ley mencionada”.
“El tratamiento de este tema en estas condiciones no solo podría sentar un peligroso precedente para el tratamiento de otros asuntos, sino que además no estaría teniendo el tratamiento apropiado, con el proceso correspondiente para la designación de un cargo tan sensible y relevante”, argumentaron los legisladores.
Sin embargo, en noviembre del año pasado, la comisión bicameral que propuso a Graham firmó una resolución aclaratoria en la que especificó que para la vigencia del concurso se contabilizan 180 días hábiles legislativos, con lo cual el pliego caducaría en abril próximo.
En la Cámara de Diputados, el pliego de Graham fue aprobado a mano alzada en junio de 2019, y este mes fue incluido por el presidente Alberto Fernández en el temario de sesiones extraordinarias para completar su tratamiento en el Senado.
El Senado fue convocado formalmente para el 28 de febrero, en la antesala de la primera apertura de sesiones de Alberto Fernández. También se tratará la designación de Marisa Graham como Defensora del Niño.
El Frente de Todos buscará sancionar la ley de góndolas el próximo viernes 28 de febrero, en la previa de la primera apertura de sesiones que encabezará Alberto Fernández. En la sesión también se tratará la designación de Marisa Graham como defensora de Niñas, Niños y Adolescentes.
El miércoles pasado el oficialismo firmó en soledad el dictamen en la Comisión de Legislación General, donde senadores de Juntos por el Cambio expresaron su intención de abocarse una semana más al tema e incluso incorporar modificaciones al texto.
Finalizado ese encuentro, el presidente del FdT, José Mayans, había admitido que la iniciativa quedaría para debatir en el recinto después del 1ro. de marzo. Pero durante la reunión de este jueves, donde se aprobaron 12 pliegos de embajadores, se conoció que el oficialismo -que tiene mayoría en la Cámara alta- avanzará con la sanción durante extraordinarias.
El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre pasado, apunta a evitar conductas monopólicas y anticompetitivas en supermercados, y propone como eje central que una misma marca no pueda ocupar más del 30% de la góndola.
Finalizado ese encuentro, el presidente del FdT, José Mayans, había admitido que la iniciativa quedaría para debatir en el recinto después del 1ro. de marzo. Pero durante la reunión de este jueves, donde se aprobaron 12 pliegos de embajadores, se conoció que el oficialismo -que tiene mayoría en la Cámara alta- avanzará con la sanción durante extraordinarias.
Por la noche, la Presidencia del Senado convocó formalmente a la sesión extraordinaria especial para el próximo viernes, la cuarta y última, para tratar no solo la ley de góndolas, sino también un tema pendiente como es la designación de la abogada Marisa Graham como defensora de Niñas, Niños y Adolescentes.
La Cámara alta votó las designaciones durante la sesión extraordinaria de este jueves. Reparos de la oposición a Carlos Raimundi, que irá a la OEA; y Sergio Urribarri, con destino a Israel.
El Senado aprobó este jueves los pliegos de 12 embajadores políticos propuestos por el presidente Alberto Fernández. En la sesión extraordinaria, la oposición no acompañó la designación de Carlos Raimundi, quien irá a la OEA; mientras que Sergio Urribarri, con destino a Israel, obtuvo el rechazo de los entrerrianos Alfredo De Angeli (Pro) y Stella Maris Olalla (UCR) y las abstenciones del resto del interbloque Juntos por el Cambio.
En tanto, con 65 votos positivos, fueron aprobados por unanimidad los pliegos de Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Tomada (México), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Fernando “Pino” Solanas (Unesco) y Mariano Kestelboim (Asociación Latinoamericana de Integración).
El primer pliego en votarse por separado fue el de Raimundi, designado como representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos, quien cosechó 44 votos a favor y 20 en contra . El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, destacó que la OEA “no es una organización menor para nosotros” y señaló que tiene entre sus objetivos “el pleno cumplimiento y la estricta defensa de los derechos humanos”.
“Nos preocupa la situación de Venezuela”, ratificó el formoseño y dijo que cuando el candidato fue consultado por el tema, mostró “cierta improvisación” y “la falta de respuestas sobre si considera que la Corte Interamericana tiene competencia para actuar ante las graves violaciones que están ocurriendo en Venezuela”.
Para Naidenoff, quien repasó la crisis que se vive en ese país, “el funcionario prácticamente asimiló la situación de Venezuela a lo que está ocurriendo en Chile”. “Nosotros tenemos una posición muy clara desde nuestro interbloque, no hay grises ni términos medios con las vulneraciones contantes y permanentes en materia de derechos humanos. Y no vemos contundencia ni en el Gobierno, ni en el presidente, ni en su candidato propuesto”, cerró.
Por el oficialismo defendió la postulación el senador Jorge Taiana, quien afirmó que el exlegislador “conoce la región, conoce los distintos países, y no hay duda que conoce la situación de Venezuela”.
“Sabemos que en Venezuela hay una profunda crisis institucional. Y el principal objetivo del gobierno argentino y muchos otros gobiernos de distintos países es lograr que se encuentre una solución que se base en el diálogo y en el principio de solución pacífica de las controversias. Raimundi está perfectamente capacitado para desarrollar bien esa tarea”, sostuvo.
Pese a no contar con impugnaciones legales, Juntos por el Cambio pidió el tratamiento apartado de la postulación del exgobernador Domingo Peppo, con destino a la embajada de Paraguay. La votación resultó con 63 votos positivos y una sola abstención del radical Víctor Zimmermann.
En diálogo con parlamentario.com, el senador explicó que se abstuvo por un pedido de la Unión Cívica Radical de Chacho, que planteó “objeciones de tipo políticas” respecto de “las funciones que ha cumplido como gobernador en nuestra provincia”.
La polémica volvió a levantarse con el nombramiento de Sergio Urribarri como embajador en Israel. El expediente recibió 43 votos afirmativos, dos negativos y 16 abstenciones.
La radical entrerriana Stella Maris Olalla recordó que en su provincia “es de público conocimiento la existencia de varios procesos judiciales pendientes de resolución en los que está comprometido” el exgobernador.
A pesar de mencionar “la validez del principio de inocencia”, la legisladora consideró que “no contamos con toda la información necesaria respecto de su situación judicial” y aseguró que está involucrado en once causas, acusado por los delitos de “enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y peculado”.
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Además de recordar que comenzará un juicio en su contra en abril, Olalla dijo que no podía “desconocer el reclamo de mis comprovincianos” y “el pedido expreso de que no acompañe con mi voto esta designación”. Por su parte, Alfredo De Angeli recordó que en la audiencia pública, al ser consultado sobre “si la justicia lo hallara culpable iba a renunciar a su cargo”, Urribarri “no fue claro y me contestó con evasivas”.
Desde el Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli ironizó: “Estoy asombrado, asolado, por algunas expresiones que yo no sé si reírme, llorar o ponerle seriedad”. “Que haya senadores que hoy estén cuestionando al candidato porque tiene denuncias de dirigentes políticos de Cambiemos en la provincia, y que apoyaron a embajadores que tenían condenas como el caso de (Miguel) Del Sel o (Ramón) Puerta, llama poderosamente la atención esta contradicción manifiesta”, apuntó contra Juntos por el Cambio.
“Este ataque no es nuevo, es el mismo que utilizaron durante muchos años contra dirigentes políticos opositores”, continuó el kirchnerista, y señaló además que “algunos senadores que están en esas bancas me difamaron, me denunciaron, me desprestigiaron como una herramienta de acción política”.
Para Parrilli, “les duele que Urribarri haya recibido el apoyo de todas las organizaciones judías para ser embajador en la República de Israel”. Y enfatizó que el exgobernador “no está condenado, no tiene ninguna sentencia” y “concurrió a todas las audiencias que lo convocaron” desde la Justicia.
También dijo que la investigación realizada por la AFIP “demostró un patrimonio coherente y consecuente con todos los ingresos que él tenía”, mientras que las demás causas “son por decretos, por leyes, por resoluciones administrativas, por gobernar la provincia de Entre Ríos. Lo mismo que le hicieron a la actual vicepresidente de la Nación y a muchos de nosotros. Querían condenarnos por haber gobernado la Argentina”.
A su turno, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, recordó que en el caso de Del Sel “al momento de ser votado su pliego tenía una denuncia, pero no tenía condena. La condena vino un año y medio después que dejó de ser embajador”, mientras que Puerta “tenía una denuncia que al día de hoy está sobreseído”.
Finalmente, el presidente del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo: “No existe impedimento alguno para que le podamos dar acuerdo a la propuesta. Nadie puede ser condenado sin la actuación de los tribunales correspondientes. Si no tiene condena esa persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, eso rige para todos los ciudadanos”.
En la sesión de este jueves se aprobó además el retiro de 198 pliegos del Poder Judicial enviados por la gestión anterior, y se dio ingreso formal a la postulación de Rafael Bielsa como embajador en Chile.
El pleno confirmó a Claudia Ledesma de Zamora como presidenta provisional, a los vicepresidentes y secretarios, elegidos en noviembre pasado.
En una breve sesión preparatoria, a fin de cumplir con lo dispuesto por el reglamento de la Cámara, el Senado ratificó este jueves a sus autoridades, que habían sido elegidas en noviembre pasado durante la jura de los nuevos legisladores.
De esta manera, fue confirmada como presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala de Zamora. La santiagueña ya debutó al frente de toda una sesión entera días atrás, cuando Cristina Kirchner se encontraba en Cuba. Incluso, el pasado 6 de febrero, estuvo a cargo de la Presidencia de la Nación por la superposición de los viajes de Alberto Fernández y la vicepresidenta.
En la reunión también fueron ratificados el radical Martín Lousteau (vicepresidente), el oficialista Maurice Closs (vicepresidente primero) y la macrista Laura Rodríguez Machado (vicepresidenta segunda).
También confirmaron a Marcelo Fuentes como secretario parlamentario; María Luz Alonso como secretaria administrativa; Juan Pedro Tunessi como prosecretario administrativo; Mariano Cabral como prosecretario parlamentario; y Diego Bermúdez Bringue como prosecretario de coordinación operativa.
Además, los senadores fijaron los días miércoles y jueves, a las 14, para la realización de las sesiones.
Doce postulantes se presentaron en audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos. A la única designación que se opuso Juntos por el Cambio fue a la de Carlos Raimundi, quien irá a la OEA.
En una extensa audiencia pública realizada en el Salón Illia del Senado, doce candidatos a embajadores propuestos por el Gobierno obtuvieron el aval a sus pliegos en la Comisión de Acuerdos que preside la mendocina Anabel Fernández Sagasti. El paquete de nombramientos se votará este jueves, a partir de las 12, en una sesión extraordinaria.
La única designación que rechazó Juntos por el Cambio fue la de Carlos Raimundi, quien irá a la OEA. El jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, confirmó ante la prensa acreditada que no están de acuerdo debido a las “improvisaciones” que mostró el postulante en torno al tema Venezuela. “Hay un acompañamiento expreso del Gobierno a la dictadura de (Nicolás) Maduro”, consideró el formoseño.
Al finalizar la reunión, Ernesto Martínez (Pro) confirmó a este medio que pese a la polémica por Sergio Urribarri -con cuestionamientos por parte de los senadores entrerrianos de JxC-, el exgobernador entrerriano tendrá respaldo de la oposición.
El primero en realizar su presentación este martes fue Alberto Iribarne, quien tendrá destino a la embajada de Uruguay. El exministro de Justicia aseguró que existe un “desafío de seguir trabajando para que la historia en común -de ambos países- se transforme en un proyecto en común”.
El candidato hizo hincapié en la necesidad de la integración regional para lograr la inserción en el mundo, ya que “somos conscientes, y el presidente también, que es un mundo difícil, un mundo complejo. Es muy difícil la salida individual como país”.
Iribarne señaló que hay un reclamo de las autoridades argentinas por vuelos británicos que se realizaron desde Uruguay a Malvinas, pero destacó que el país vecino “siempre ha apoyado en todos los foros internacionales” el reclamo argentino sobre Malvinas y que desde su lugar buscará “reactivar los grupos” de personalidades, políticos y académicos “que son amigos de la soberanía argentina en Malvinas”.
Luego fue el turno de Carlos Raimundi, postulado como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien fue acorralado por la oposición por el tema de Venezuela. El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, lo consultó por su posición sobre la decisión de la Asamblea Nacional de designar un embajador en la OEA, “mientras que el régimen de Nicolás Maduro ha optado por no ser parte”.
Además, el radical le preguntó si “Venezuela es miembro de la OEA” y qué pensaba respecto de que “la Corte Interamericana retomó competencia para juzgar las violaciones de derechos humanos en Venezuela”.
Raimundi sostuvo: “No negamos en absoluto una situación crítica en Venezuela, pero sí hay que plantear la multicausalidad de esta situación, que no responde únicamente a falencias en el actual gobierno, sino a un contexto mucho más amplio que tiene que ver con la defensa de los recursos naturales y sus riquezas”.
“Hay una situación humanitaria delicada, pero que la solución no va a venir de la mano de la intervención externa”, aseguró y enfatizó que apoya “la no injerencia externa, sino que los países hermanos tenemos que favorecer todos los canales de diálogo entre las partes” y “preservar a la región como zona de paz”.
El exlegislador ratificó que, a partir del nuevo gobierno, “Argentina no está entre los países que reconocen a (Juan) Guaidó como presidente”, ya que al presidente “lo tiene que designar legítimamente el pueblo” de ese país.
Por el oficialismo, recogió el guante el chubutense Mario Pais, que aclaró que “no todos los países que integran la OEA han aceptado la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana, uno es Estados Unidos y otro es Venezuela, desde antes, no de ahora”. Y subrayó que no conoce “el caso de algún Parlamento que pueda designar embajadores. Es una buena pregunta que se le podría hacer a Cancillería, no al doctor Raimundi”.
Con apoyo tanto del oficialismo como de la oposición, Jorge Argüello, que será enviado a Washington, ponderó que ya ha tenido reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y ha encontrado “una buena disposición para los intereses argentinos que me va a tocar representar”.
“Me fui con una sensación epidérmica de que es buena la predisposición que encuentro para escuchar cuál es la posición de Argentina y una solución a nuestros problemas”, expresó en relación a la situación económica.
Además, Argüello recordó que este año será “particularmente movido” por las elecciones en Estados Unidos, y que estará trabajando en todo lo que tenga que ver “con las repercusiones en la relación bilateral”. También destacó como “bueno” el breve contacto que mantuvo en el despacho del presidente Donald Trump durante la presentación de sus cartas credenciales el pasado 6 de febrero.
En la audiencia, que se extendió por más de cuatro horas, el más elogiado por todo el arco político fue Daniel Scioli, propuesto como embajador en Brasil. El todavía diputado nacional manifestó que tiene “mucha confianza de poder llevar adelante un gran trabajo, a partir del sentido común y de la profunda relación histórica” entre ambas naciones.
El exgobernador bonaerense expresó que tiene expectativa de que la situación tensa entre ambos gobiernos se irá “descomprimiendo”, y dijo que durante los recientes intercambios con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro y sus funcionarios vio “buena disposición” para “dejar atrás la pirotecnia verbal”.
Scioli remarcó que recibió por parte de Alberto Fernández “una instrucción muy clara de volver a encauzar el vínculo en el cual volvamos a recuperar niveles de intercambio comercial”. En ese sentido sostuvo que buscará “conectar las economías regionales con las oportunidades que se dan en cada uno de los estados brasileños”.
Varios senadores hicieron uso de la palabra luego para destacar la candidatura de Scioli. El catamarqueño Oscar Castillo, aliado de Juntos por el Cambio, resaltó que “de su trayectoria no hay nada que hablar: amplia, larga, fructífera y con conocimiento de Estado”.
Y agregó que es “muy acertada la decisión” del presidente de “tener un hombre que es de la política, pero que siempre ha tenido relaciones y responsabilidad con el sector privado y las empresas, lo que hace que las relaciones seguramente sean las mejores”.
También lo ponderó el radical Martín Lousteau, que apuntó a sus “cualidades personales de moderación, de diálogo y siempre acercar a las partes”, las cuales “son sumamente importantes” para “distender la tensión” entre ambos gobiernos.
Expusieron además ante los senadores Domingo Peppo (Paraguay), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú) y Carlos Tomada (México); Fernando “Pino” Solanas, que irá a la Unesco y Mariano Kestelboim, a la Asociación Latinoamericana de Integración.
En un polémico proyecto, las legisladoras incluyen como un supuesto para anular la detención la difusión de investigaciones periodísticas contra el involucrado.
Un grupo de senadoras del Frente de Todos presentó un polémico proyecto de ley en el que propone límites a las prisiones preventivas de acusados por delitos de corrupción.
La iniciativa, que pretende modificar el Código Procesal Penal, plantea una serie de supuestos para la anulación de la detención, entre ellos la difusión de investigaciones periodísticas contra el involucrado y la “inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”.
El texto establece que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas” cuando “no se hubiera realizado control de convencionalidad de oficio a fin de constatar la pertinencia de esta bajo los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos”.
También incluye, para la suspensión de la medida judicial, la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.
Otro de los supuestos son el “incumplimiento grave de plazos procesales” y la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”.
Además, se pide que no haya prisión preventiva en caso de “direccionamiento en los sorteos de los jueces”. Y, la iniciativa va más allá, al pedir la anulación cuando la prisión se haya dado con “la intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo” o de “representantes de corporaciones profesionales” que mediante conductas o expresiones públicas afecten a “la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”.
El pedido de nulidad podrá ser planteado “por el interesado, el Ministerio Público Fiscal de oficio o por solicitud de cualquier tercero con interés legítimo, salvo oposición expresa del imputado”.
El artículo 4 del proyecto indica que una vez solicitada la nulidad el juez o tribunal de la causa deberá “remitir en forma inmediata y como máximo en un plazo 24 horas el expediente a otro juez de primera instancia competente en la misma jurisdicción, designado por sorteo, a los fines que proceda a declarar la nulidad de los actos procesales cuestionados, y debiendo ordenarse la inmediata libertad del imputado en caso de corresponder”.
“En caso de rechazo, el imputado o el solicitante en su caso podrá apelarlo por ante el órgano correspondiente. Se procederá conforme los plazos de la acción de habeas corpus”, se establece en caso que el pedido resulte rechazado.
En los argumentos de la iniciativa, que fue presentada el pasado 20 de diciembre pero se conoce recién ahora, las legisladoras argumentaron que “en los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos”.
El proyecto es encabezado por la puntana Eugenia Catalfamo, y acompañado por la correntina Ana Almirón, la chubutense Nancy González, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y la santacruceña Ana María Ianni.
