Durante un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda del Senado, obtuvo dictamen favorable este miércoles un proyecto de ley sobre promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores, que fue consensuado entre la puntana María Eugenia Catalfamo (UF) y el rionegrino Martín Doñate (UC-FdT). 

Al exponer, Catalfamo explicó que se trata de “una ley de orden público” dirigida a “todas las personas mayores de 60 años”, a quienes “se garantizan sus derechos”, los cuales “lamentablemente millones de veces se ven vulnerados”. “Es una ley similar a la Ley de Protección de Mujeres”, señaló y enumeró las distintas modalidades de violencias que contempla, entre ellas la patrimonial, porque “hay personas dentro del seno familiar que se abusan de la situación de las personas mayores”; y la violencia en residencias gerontológicas, entre otras. 

Al enumerar algunos aspectos de la iniciativa, la senadora repasó que incluye “el fortalecimiento técnico de las distintas jurisdicciones”, campañas de difusión y capacitaciones y recomendaciones a los medios de “cómo deben dirigirse a este sector”. 

Cuando tomó la palabra, Doñate destacó la tarea del PAMI y la voluntad de su directora, Luana Volnovich, quien puso a disposición “los equipos técnicos que trabajan en ese organismo y nos dieron una perspectiva muy completa”. El senador subrayó que los derechos de las personas mayores muchas veces se ven afectados por “el propio desconocimiento, la falta de empatía, la falta de conciencia” de parte de organismos públicos y empresas.

El oficialista indicó que esta ley contempla los principios que “establecen los marcos normativos internacionales” y, entre otros puntos, ponderó la “creación de la Defensoría de las Personas Mayores, similar a la de Niñas, Niños y Adolescentes”, que “va a gozar de plena autonomía”, así como también un observatorio en el ámbito del INADI. 

Sobre esto último, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) recordó que “dentro de la Defensoría del Pueblo hay áreas específicas a adultos mayores”, por lo que preguntó “el impacto presupuestario de lo que eso significa” la creación de un nuevo organismo. 

“El impacto es muy menor”, dijo Doñate, que igualmente se mostró a favor en todo caso de pedir un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso, mientras que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (FNyP-FdT) coincidió: “La incidencia presupuestaria de este proyecto es ínfima”. 

Las personas mayores y la campaña electoral 

Durante el encuentro, Catalfamo, quien culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aseveró que “en estos tiempos políticos que estamos atravesando, en donde escuchamos a un candidato presidencial (en alusión a Javier Milei) que dice que la igualdad de oportunidades es una aberración, creo que todos vamos a coincidir en poder garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales, incluidos -y con más razón- el de los adultos mayores. Es algo en lo que estamos completamente todos de acuerdos, al menos los que estamos sentados acá”.

“Tenemos que tratarlos con más respeto, hablan con un vocabulario que es vergonzoso”, cuestionó e insistió: “Creo que son los tiempos correctos para poder tratar una iniciativa en estos términos y marcar la clase de país que queremos”. 

En el debate, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC), una de las macristas a favor de Milei, remarcó que “la mayoría de los jubilados hoy están bajo la línea de la pobreza, no hay mayor violencia que esa, inclusive la ejerce el Estado Nacional, que hoy le damos un rol de cuidador”. “Este proyecto es fantástico para Disney, para la Argentina de hoy nosotros nos estamos resignando a vivir en una condición que roza lo infrahumano”, lanzó, aunque coincidió en que “los adultos mayores merecen todo nuestro respeto”.

Recogió el guante el senador Guerra, quien opinó: “Hablar de violencia de esa manera, desde el Estado, me parece un poco fuerte. Yo creo que sí es necesario recomponer los ingresos, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo cuando estamos cercanos a una definición electoral sumamente importante. Y hay un sector que claramente lo está proponiendo, mientras que del otro lado directamente se está proponiendo la desaparición de las cuestiones sociales”. 

El resto del temario 

Entre los temas que se despacharon favorablemente, uno fue el proyecto de ley que propone la creación del Programa “Argentina Inclusiva”, con media sanción de Diputados, que establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Otra iniciativa que tuvo aval fue una impulsada por la chubutense Edith Terenzi (CF-JxC), sobre la creación del programa “La hora silenciosa”, con la finalidad de generar un espacio inclusivo aislado de estímulos visuales y sonoros que puedan resultar nocivos para las personas con dificultad para la comprensión y procesamiento sensorial.

“No solamente tiene que ver con la condición del espectro autista sino también con otras patologías”, aclaró la senadora, que dijo que se trata de “generar un espacio amigable, que tenga toda la ausencia de contaminación sonora y ambiental, para que las familias que tienen en su seno niños o adultos” con estas patologías puedan “ir al supermercado, a la juguetería y a un patio de comidas a comer una hamburguesa” sin que “las personas se desregulen en ambientes que le son nocivos”. 

Luego, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, la santacruceña María Belén Tapia (UCR-JxC), lamentó que “para el común de la sociedad es más fácil señalar y no ponerse en el lugar del otro en estas situaciones”. 

Finalmente, se dictaminó un proyecto sobre campaña de concientización del cumplimiento de la cuota alimentaria, promovido por Catalfamo, quien reclamó que prontamente se trate en el recinto el proyecto de Registro Nacional de Deudores Morosos.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen este miércoles a cuatro proyectos de comunicación, a través de los cuales se le solicita al Poder Ejecutivo tener en cuenta una serie de pedidos de la región patagónica para se contemplen en el Presupuesto 2024, cuyo proyecto ya fue enviado a la Cámara baja, pero todavía no se ha debatido por el proceso electoral.

Todas las iniciativas fueron presentadas por la santacruceña Ana María Ianni (UC-FdT), quien explicó cada una de ellas. El primer proyecto solicita una partida destinada a un plan de mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos, específicamente los de Dorotea y  Río Don Guillermo, cercanos a Río Turbio, donde se produce un fluido tránsito entre nuestro país y Chile.

Se trata de “poder seguir instalando y fortaleciendo los servicios que prestamos en la región patagónica”, dijo la oficialista y señaló que “muchas veces nuestros pasos fronterizos no cuentan con toda la infraestructura necesaria para que los organismos como Aduana, Migraciones, Gendarmería presten su labor como deben hacerlo, y ahí es donde llegan los reclamos”. 

“Es para que se pueda cumplimentar con brindar el servicio básico, que a veces se trata de conexión de luz e internet para que ellos puedan trabajar y garantizar la atención al público que está migrando permanentemente entre nuestras comunidades”, agregó. 

En segundo lugar, se despachó una iniciativa para incluir en el próximo Presupuesto la instalación de un depósito fiscal en la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz. “Es para mejorar la infraestructura y fomentar y propiciar un mayor desarrollo económico de la zona”, expresó el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT). 

En tanto, Ianni detalló que “la actividad minera es la actividad mayormente económica, junto también a la agro-ganadera” en esa zona y “es necesario poder contar con este requerimiento que nos hace llegar la comunidad”. 

Luego se refirió a un proyecto de comunicación sobre la complementación económica a transportadores nacionales aéreos, con el objetivo de garantizar la conectividad de la región patagónica. Ianni recordó que en 1994 se puso en marcha un fondo “para fomentar que las líneas aéreas puedan puedan garantizar la conectividad, inclusive en aquellas rutas que no son rentables económicamente”. 

Al destacar la importancia que tiene actualmente LADE (Líneas Aéreas del Estado) para esta zona, la senadora pidió que se pueda “compensar con una partida los costos que tienen cuando toman la decisión de llevar adelante rutas que quizás no son tan rentables económicamente, pero a nivel social son fundamentales”. 

Al respecto, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) sostuvo que “cuando hablamos de más obras y recursos, nosotros los del Norte también queremos ser considerados”. “En el tema de déficit de los vuelos, las provincias del Norte tenemos también muy poca periodicidad”, resaltó y pidió “trabajar en una ampliación de esos servicios, no solamente de LADE sino también de Aerolíneas Argentinas”. Como ejemplo, mencionó que en su provincia el aeropuerto en Sáenz Peña “está ocioso y no lo estamos aprovechando”. 

El cuarto proyecto que se pasó a la firma fue el que solicita que se prorrogue la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, por el término de diez años, que vence en enero de 2025. 

Durante la reunión, el fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC) planteó que debe agilizarse “el trámite de esas cuatro fronteras que debemos atravesar para salir de nuestra provincia y viajar al norte”. “Es una necesidad contar con un corredor seguro entre Santa Cruz y Tierra del Fuego”, afirmó. 

En el final, Zimmermann, vicepresidente de la comisión, pidió al oficialismo poder tratar el proyecto de ley sobre reconversión de los planes sociales, “sobre todo a partir de que ahora salió un decreto que es muy parecido al proyecto de ley que tenemos presentado”; y también la cuestión de los créditos UVA. “Yo sé que a usted (a Guerra), como a mí y muchos senadores es un tema que le interesa, que se sacó un dictamen con disidencias del oficialismo. Hagamos un esfuerzo para que en la próxima sesión sea un tema que se pueda tratar”, manifestó. 

Un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda del Senado debatieron este martes sobre un proyecto unificado que busca crear un marco regulatorio para la gestión de riesgos de sustancias químicas y decidieron realizar un próximo encuentro para invitar a miembros de la Secretaría de Ambiente y la de Producción para que expongan su opinión sobre la iniciativa a fin de elaborar “un dictamen superador”.

La iniciativa fue el resultado de la unificación de dos proyectos, el S-2846/22, de la senadora del Pro Gladys González y el S-34/23 de los senadores oficialistas Antonio Rodas y María Inés Pilatti Vergara.

La titular de la Comisión de Ambiente, González explicó: “Trabajamos un dictamen conjunto y se trata de establecer un marco regulatorio para la gestión de riesgos de sustancias químicas. Si hay algo que falta es sistematizar la información y tener la información para poder tener una política ambiental integral y, en este caso, la ley procura un mapeo para conocer las sustancias químicas que se fabrican y se importan en la Argentina”.

“Establece la obligación de los productores e importadores de registrarse y un inventario de estas sustancias y no provoca ningún tipo de duplicación de registros. Hay más de 30 mil sustancias que se usan en diferentes procesos productivos y esto es un primer paso para poder tener información”, explayó y cerró: “Aquel que no cumpla con el registro y el inventario se lo sanciona, pero no genera ningún tipo de costo extra del productor e importador”.

Al hacer uso de la palabra, el senador salteño Juan Carlos Romero (UCR) destacó: “Creo que la idea del proyecto es buena para tener un listado o un registro de la peligrosidad del producto”, pero aclaró: “En Argentina ya hay varios listados como sustancias químicas en la resolución 504 de Ambiente y tiene un anexo gigante. Después está el registro de la ANMAT de sustancias químicas controladas”, y planteó: “Quizás algún día tendríamos que tener un solo sistema único de registro de estas sustancias”.

“Este proyecto habla de control, evaluación y gestión de riesgos de las sustancias y tiene una parte que es registrarse, pero también es cierto que ya existe el sistema global armonizado ya tiene un trabajo por parte del Estado. No solo nos preocupamos de la importación, sino también de la producción y eso me hace preguntar si se tuvo en cuenta producciones regionales altamente peligrosas como el tabaco, pero también lo involucra al productor y nosotros sabemos desde el interior la cantidad de dificultades que hay para lograr registros para importar, se tienen que hacer trámites en capital en un país donde tenemos un Estado que se entromete en la actividad privada, hay un sesgo anti productivista entre impuestos, cargas y trámites, se la hacen tan difícil y le estamos incluyendo obligaciones al productor”, observó.

El salteño, planteó: “Tenemos que analizar más este tema en comisión porque el artículo 20 habla de restringir la producción y eso solo lo puede decidir la autoridad de aplicación. Habría que tener las consultas necesarias para la numeración no afecte las producciones nacionales como el tabaco y el vino porque acá se tiene la tendencia de limitar y trabar y restringir las producciones”.

A su turno, el senador oficialista Oscar Parrilli (Neuquén) planteó que, antes de emitir dictamen, “lo enviemos a la secretaría de ambiente y de producción para que den su opinión y los invitemos a una reunión para que expongan acá sobre el tema y si ellos tienen un proyecto alternativo conocerlo”.

Durante el plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda del Senado, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, defendió el proyecto que propone la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la Plataforma Continental Argentina, el cual avanzó favorablemente.

Del mismo modo, el ministro expresó que “estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por el ministro (Juan) Cabandié”, y recordó al programa Pampa Azul, el cual es una iniciativa interministerial del Gobierno nacional que articula acciones de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para proporcionar bases científicas a las políticas oceánicas nacionales y funciona desde hace 10 años.

“Es una política de Estado iniciada en 2009 que continuó ininterrumpidamente y permitió que Naciones Unidas diga que tengamos plataforma continental porque las riquezas que hay allí y la soberanía que Argentina debe ejercer es fundamental”,destacó.

A su vez, aclaró que “las Naciones Unidas no se expidieron sobre la zona en la que hay litigio de soberanía y en nuestra ley lo definimos porque Argentina considera propia a las Islas Malvinas y a la Antártida”.

En tal sentido, pronunció que “Pampa Azul cumple 10 años, es política de Estado y está siendo financiado”, y relató que “Argentina, con su derecho a la soberanía, hizo una expedición sobre pesa en las Islas Georgias generando un hecho histórico”.

Con relación al proyecto en cuestión, el ministro indicó que “hay más de 1.100 científicos del Conicet que este martes y miércoles empiezan a trabajar sobre este tema”.

Finalmente, leyó una síntesis del informe que Pampa Azul propició al órgano legislativo para mencionar los beneficios de la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la Plataforma Continental Argentina: “Primero fortalecerá la presencia argentina en el área y dará control y vigilancia de la zona para los intereses de la Argentina respecto a la explotación”.

También, recordó que “está la cuestión simbólica porque en la zona comprendida yacen los restos del ARA San Juan”. “Cuando algunos plantean privatizar los océanos, nosotros buscamos regularlo y este mecanismo es la única forma que tiene Argentina de regular”, concluyó Daniel Filmus.

Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Gladys González (Pro), y la de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra (FdT), se reunieron en un plenario este martes para avanzar con el dictamen del proyecto de ley que propone la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la Plataforma Continental Argentina, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación.

La iniciativa cuenta con media sanción desde el 6 de julio de 2022 en la Cámara de Diputados, en un debate recordado porque la mayoría de Juntos por el Cambio intentó dejar sin quórum aquella sesión, pero los legisladores del bloque Encuentro Federal -comandados por Margarita Stolbizer– permanecieron en sus bancas.

De tal modo, debe ser llevada al recinto de la Cámara alta antes del 30 de noviembre o perderá estado parlamentario por lo que deberá volver a ser tratada y aprobada en la Cámara baja.

Una de las impulsoras de este proyecto fue la diputada nacional Graciela Camaño, quien estuvo presente en el Salón Illia junto a los senadores que integran ambas comisiones y brindó detalles sobre la iniciativa en cuestión.

También, expusieron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el presidente de Parques Nacionales, Federico Granoto; y la bióloga marina y directora del Observatorio Costero WCS Argentina, Valeria Falabella.

Las exposiciones

La titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, expresó: “Lo que hacemos es crear una Reserva Marina estricta y un Área de máxima protección permanente o temporal y conservar la biodiversidad marina para la investigación científica y monitoreo”.

Además, señaló que “quedan prohibidas según lo establezca el plan de manejo, los deportes y la caza para conservar el valor de la zona y los ecosistemas marinos”.

En su intervención el presidente de Parques Nacionales, Federico Granoto, destacó que en los últimos tiempos hubo una ampliación y creación de áreas protegidas “récord”. Así, indicó que “todos los parques que se han ido creando son terrestres, pero estamos con este proyecto que ya lleva bastante tiempo de discusión y debate y un poco lo que nos pasa es que no terminamos de entender cuál es la duda sobre este proyecto”.

En esa línea, resaltó que es una iniciativa que fue “debatida, trabajado largamente, que ha sido discutido y analizado por todas las instancias técnicas y políticas desde el Poder Ejecutivo”. Asimismo, remarcó que es un proyecto de la diputada opositora Graciela Camaño que “el oficialismo ha acompañado en ambas cámaras”.

“Es un proyecto que no solo es beneficioso desde el punto de vista de conservación ambiental, sino que también nos permite avanzar en el cumplimiento de uno de los compromisos que ha firmado la Argentina con más de 190 países que es poder alcanzar el objetivo del 30% de áreas protegidas para el 2030”, señaló Granoto.

Además, indicó que el proyecto: “Nos permitiría avanzar en el actual 8% del territorio protegido que tenemos de nuestro Mar Argentino y estamos sumando una superficie más importante de más de 148 mil kilómetros cuadrados en un área protegida bentónica que sería la primera de ese tipo. Sería muy importante para nosotros avanzar con este proyecto el día de hoy”.

El titular de Parques Nacionales señaló que la construcción de aparques y áreas protegidas no solo protegen la naturaleza, sino también ayuda a reforzar la soberanía. “Argentina siempre tuvo esa mirada de que conservar la naturaleza siempre es una forma de ejercer soberanía sobre el territorio”, reiteró.

“La historia argentina va en esa sintonía de crear áreas protegidas, de manejos concretos y que integren la mirada de desarrollo que necesita nuestro país. Es un área bentónica por lo cual las restricciones tienen que ver con la pesca de arrastre que es una pesca que produce un impacto muy fuerte en el ambiente y sobre el fondo del mar, pero no se está legislando sobre la columna de agua”, manifestó y aclaró que el proyecto tiene una modificación respecto del que se presentó años anteriores en cuanto al área que abarca para “evitar conflictos”.

En primer lugar, Valeria Falabella, bióloga marina y directora del Observatorio Costero WCS Argentina, señaló que “es un área con características geográficas, biológicas y antrópicas”, y amplió: “Agujero Azul son 148.000 kilómetros cuadrados más allá de las 200 millas náuticas dentro de la plataforma continental en los términos de la Ley 25.557”.

“Dentro de Agujero Azul hay un área con menos de 200 metros de profundidad y esa zona está atravesada por un foco productivo, y es parte de la plataforma continental fuera de una jurisdicción internacional”, agregó. “Es una oportunidad de gobernanza a través de esta área porque la zona frontal más energética es clave para la estructura del Mar Argentino”, indicó.

A su vez, explicó que en la zona en cuestión hay “nutrientes que están en el fondo -del mar- que pueden ascender y en estas zonas se identifican ecosistemas marinos vulnerables, en este caso, son de agua fría y profundidad”.

También, añadió que “son especies que construyen ecosistemas en tres dimensiones”, y advirtió respecto al cambio climático y la emisión de carbono: “Son valiosas las macroalgas -del fondo del mar- porque el carbono queda capturado en zonas de alta concentración y es una urgencia liberar carbono a la atmósfera”.

Con relación a las características antrópicas, sostuvo que la “zona de presión pesquera que captura calamar en la columna de agua es llevada a cabo por la segunda flota en importancia opera en la zona y el esfuerzo pesquero medido supera las 200.000 horas”. “Esa extracción de recursos destruye ecosistemas”, aseveró Falabella.

Por otro lado, afirmó que “Argentina no pesca en esa área”, pero sí “operan la flota china y española”. “Agujero Azul es famosa por la pesca oscura porque los barcos apagan equipos de transmisión (obligatorios) y realizan operaciones ilegales y es una de las cuatro áreas donde sucede a nivel mundial”, dilucidó la bióloga.

El ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandié, destacó la importancia del proyecto porque “Agujero Azul nos permite duplicar la cantidad de áreas marinas protegidas del país”. Además, resaltó la agenda ambiental geopolítica y apuntó contra el espacio de la Libertad Avanza: “Nosotros no creemos en aquellos que minimizan la agenda climática porque la ciencia es la que afirma respecto de la realidad del cambio climático y tampoco somos negacionistas del cambio climático y por suerte solo hay un sector que piensa que no es bueno tener parques nacionales ni áreas protegidas”.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, defendió el proyecto de ley y  explicó que “fortalecerá la presencia argentina en el área; habrá control y vigilancia de la zona para los intereses respecto a la explotación; y está la cuestión simbólica porque yacen los restos del ARA San Juan”.

La titular de la Comisión de Ambiente destacó el “compromiso que hemos asumido en esta comisión, la responsabilidad que tenemos frente a la urgencia porque este proyecto se cae si no lo tratamos rápidamente, aunque el próximo paso es lograr los consensos para que el proyecto entre en la sesión y se apruebe. Es un primer paso de acuerdo”, y propuso pasar a la firma la iniciativa, pese a que la reunión era de carácter informativa.

A continuación, el radical Víctor Zimmermann en su rol de vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hizo hincapié en la pesca ilegal y preguntó si hay información con respecto a la actividad económica de la zona y sobre el artículo 3 que habla de cláusulas transitorias. Por último, consultó por los beneficios económicos hacia adelante que generaría el área protegida.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) agradeció la invitación por ser quien impulsó el proyecto y consideró que “no nos olvidemos que hablamos de una zona más de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)”.

Asimismo, señaló que “lo que sabemos es por la información de la Prefectura o a través de la ciencia sobre el abuso que se hace de la zona”. “Cuando tuvimos la reunión con la Cámara Empresaria de la Pesca, nos dicen que es una zona peligrosa y es una zona salvaje, esa es la realidad”, aseveró.

“Esto está fuera de nuestra zona de ZEE, pero está dentro de nuestra zona de responsabilidad con los organismos. Entonces tenemos responsabilidad, pero no autoridad para poner orden pesquero y Argentina es un país que puede decir que tiene una administración pesquera de excelencia, pero nos sucede que la altamar hay pocos lugares con riqueza biológica”, agregó.

Finalmente, consideró a Agujero Azul como una zona de riqueza biológica, y cerró: “La plataforma tiene una profundidad que permite que el sol entre y tenemos riqueza natural. Lo que estamos protegiendo es lo nuestro, nuestra administración pesquera y nos honra como argentinos esto”.

De forma breve, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) preguntó si la zona fue elegida porque allí yacen los restos del submarino ARA San Juan o es “casualidad” y se tuvo en cuenta que “esta ley sea como un homenaje a las víctimas del ARA San Juan porque no se mencionó el tema”.

“Explícitamente la ley hace mención del tema y yo lo mencioné como uno de los aspectos centrales, sin lugar a dudas”, respondió Filmus. En tanto, Camaño agregó: “Es un proyecto que pensamos para el ARA San Juan y para la zona, nada es casual”.

A su turno, el riojano Ricardo Guerra expresó que es un tema “de mucha relevancia y muy importante y hay aspectos que están fuera de discusión”, pero señaló que “hay breves aspectos que desde nuestro bloque se quiere terminar de dilucidar y es nuestro compromiso a que en el transcurso de la semana se salde esa evacuación de dudas para proceder a la firma del dictamen. Sabemos de la premura porque es un proyecto que tiene poca vida útil, pero hay que saldar las dudas”.

El ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandié, participó este martes de la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Presupuesto y Hacienda del Senado donde respaldó el proyecto de ley que propone la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la Plataforma Continental Argentina, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación.

Al comienzo de su presentación, resaltó: “Este diálogo tiene que redundar en mayor conocimiento para la toma de decisiones e intentar eliminar prejuicios que pueden existir en relación a la agenda ambiental, a lo que es o no productivo y entender que las áreas marinas protegidas puntualmente vienen a saldar esa discusión en términos de que no hay una pretensión respecto a limitar o eliminar cuestiones productivas, sino simplemente a abonar a la idea de la ampliación de las áreas marinas protegidas”.

“Al liderazgo de Argentina en términos de la plataforma continental extendida y ser de las primeras naciones que logra tener regulación respecto a esto que fue determinado recientemente y que al país le corresponde y tiene derechos más allá de la milla 200 y que está ratificado en la Ley 27.557 que el Congreso sancionó”, agregó.

Cabandié señaló la importancia de “entender que, de alguna manera, la agenda ambiental es una agenda muy geopolítica. Existe la geopolítica del clima en los ámbitos internacionales los líderes de los países la agenda del cambio climático y ambiental están en primer lugar. El paradigma de producción del siglo XX ha quedado atrás”.

“Creo que en pensar en la duplicación de áreas marinas protegidas por parte de nuestro país es muy importante y Agujero Azul nos permite duplicar la cantidad de áreas marinas protegidas”, destacó.

Así, el funcionario recordó que es un proyecto de ley que lo presentó Daniel Filmus -ministro de Ciencia y Tecnología- “hace bastante y perdió estado parlamentario y ahora lo presentó Graciela Camaño”.

“Es sumamente importante el tratamiento porque, como todos saben, ya tiene media sanción, pero también entender el valor del servicio ecosistémico que nos permitiría la sanción de esta ley por las características del servicio ecosistémico bentónica, pero también sobre la cadena trófica, es decir, la cadena de alimentación de distintas especies que son pescadas en otras áreas y ahí nos damos cuenta que no tiene nada que ver con contradecir lo productivo, sino lo contrario”, resaltó.

Además, el ministro indicó que “el área de pesca de Estado Nacional está a favor porque esto permitiría seguir aumentando la fauna ictícola y eso aumentaría el ingreso de divisas. Es sumamente importante resguardar la zona”.

“Uno de los temas que tenemos que resguardar es lo que hoy existe y muchas veces muchos sectores ven por los medios de comunicación y parece que se rasgan las vestiduras y a veces se miente respecto de a qué sucede de la milla 200 para el continente y se muestran imágenes donde no se muestra claramente dónde se están realizando esas pescas de buques españoles y chinos mayoritariamente y esto es el inicio de una regulación que nos permite tener respecto de los Tratados Internacionales derechos sobre áreas extendidas. Es virtuoso desde distintos puntos de vista que se puede producir desde la sanción de la ley”, criticó Cabandié.

Por otro lado, recordó que “la creación de Pampa Azul ha sido un hito en la gestión de aguas y la verdad que dotar a las distintas agencias del conocimiento científico es virtuoso para resguardar ese ecosistema que, no solo mejora la actividad ictícola porque aumenta la fauna, sino también permite la cooptación de carbono que es importante en términos de los objetivos que tiene el país de cara al 2030 en geopolítica del clima para estar dentro de los niveles que propone Naciones Unidas y no tener problemas de comercio”.

“La agenda climática es de mucha responsabilidad y geopolítica y por eso protestamos en ámbitos internacionales por las barreras arancelarias que nos quiere poner Europa para productos manufacturados y productos primarios”, planteó.

Por último, apuntó contra el espacio de La Libertad Avanza que lidera el diputado y candidato presidencial Javier Milei: “Nosotros no creemos en aquellos que minimizan la agenda climática porque la ciencia es la que afirma respecto de la realidad del cambio climático y tampoco somos negacionistas del cambio climático y por suerte solo hay un sector que piensa que no es bueno tener parques nacionales ni áreas protegidas”.

“Es necesario la creación de más parques nacionales y áreas protegidas y es tonto no pensar en las próximas generaciones. Es tonto agotar los recursos y torpe, lo que nosotros queremos producir con este proyecto es pensar con ese criterio, es un área energética del Estado Nacional potencial de explotación hidrocarburífera”, cerró.

Las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda del Senado tratarán este miércoles, desde las 13, el proyecto de ley que propone la creación del Programa “Argentina Inclusiva”.

La iniciativa, impulsada por la diputada cordobesa Natalia de la Sota, tuvo media sanción de la Cámara baja por unanimidad el pasado 10 de octubre. Establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

El temario incluye un proyecto de la senadora Edith Terenzi (CF-JxC), que propone la creación del programa “La hora silenciosa”, con la finalidad de generar un espacio inclusivo aislado de estímulos visuales y sonoros que puedan resultar nocivos para las personas con dificultad para la comprensión y procesamiento sensorial.

Y, finalmente, un proyecto del senador Martín Doñate (UC-FdT) sobre promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores.

Previo al plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tratará cuatro proyectos de comunicación, mientras que después del plenario, la Comisión de Población y Desarrollo Humano continuará con un temario propio. Entre las iniciativas se encuentra la ley para crear protocolos contra el abuso sexual infantil en ámbitos donde concurran niñas, niños y adolescentes, que la Cámara baja devolvió con cambios al Senado.

A poco de que pierda estado parlamentario, el próximo 10 de diciembre, se realizará este martes en el Senado un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda para debatir sobre el proyecto de ley que propone la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la Plataforma Continental Argentina, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación. El encuentro será desde las 16 en el Salón Illia.

La iniciativa, impulsada por Graciela Camaño (Interbloque Federal) y Máximo Kirchner (Frente de Todos), tuvo media sanción el 6 de julio de 2022 en la Cámara de Diputados. Ya de madrugada, la mayoría de Juntos por el Cambio intentó dejar sin quórum aquella sesión, pero los legisladores del bloque Encuentro Federal -comandados por Margarita Stolbizer– permanecieron en sus bancas.

El proyecto recibió 127 votos afirmativos, dos negativos, de Claudio Vidal (SER) -actual gobernador electo de Santa Cruz- y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza); y una abstención, de Emiliano Yacobitti (Evolución Radical).

Hace exactamente un año atrás, la Comisión de Ambiente presidida por la senadora Gladys González (Pro), quien incluso tiene un proyecto similar, convocó a un plenario con Presupuesto, que luego se suspendió.

El pasado 27 de septiembre, a pedido del senador Antonio Rodas (FNyP-FdT), se acordó citar a una reunión informativa con invitados de distintos sectores.

De acuerdo a la convocatoria para este martes, asistirán funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Administración de Parques Nacionales, la Subsecretaría de Pesca; y representantes del Foro del Mar Patagónico, entre otros.

Por otra parte, se tratarán dos proyectos -uno del oficialismo y otro de la oposición- sobre gestión de riesgos de sustancias químicas.

La Comisión de Economía Nacional e Inversión del Senado convocó a una reunión para este miércoles 1ero. de noviembre de las 15.00 para designar a sus autoridades.

El pasado 29 de agosto, la reunión que buscaba establecer al senador nacional Pablo Blanco como presidente; a José Neder como vicepresidente; y a Sandra Mendoza como secretaria de la misma no reunió el quórum y fue levantada.

A su vez, la ultima vez que pudo llevar a cabo una reunión con todos los integrantes fue el 14 de diciembre del 2022, cuando se analizó la modificación de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales, y el proyecto relacionado con la Carta Orgánica del Banco Central.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, a cargo de la oficialista Silvina García Larraburu (Río Negro), se reunirá el próximo miércoles 1ero. de noviembre a las 16.00 para avanzar con una batería de proyectos, entre los que se destaca el repudio a Javier Milei por su intención de privatizar el Conicet y cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

También integra el temario los proyectos para declarar de interés el reciente estudio de la Fundación Instituto Leloir Iibba (Conicet) con el apoyo del Estado nacional, que logro un promisorio avance en el trasplante de neuronas con células madre contra el Parkinson, de Nora del Valle Giménez, y el de declarar actividad esencial al desarrollo de la ciencia y la tecnología, de la titular de la comisión.

Expresar beneplácito por el segundo lugar obtenido por los estudiantes de la escuela mendocina Tomas Alva Edison, en el Campeonato Mundial de Robótica en Singapur, en octubre del 2023, presentado por Mariana Juri; y el beneplácito por el desarrollo y creación de la aplicación “Transcribeme”, llevado por Sergio Leavy.

Completan el temario: el beneplácito por la mención de honor al joven santacruceño Ignacio Naguil, en olimpíada internacional de matemática, Chiba-Japón; declarar de interés la convocatoria incubanano, proyectos que incluyan a la nanotecnología; la entrega de premios a los ganadores del desafío “inteligencia artificial por la identidad”; y el beneplácito por el trabajo de jóvenes físicos egresados del Instituto Balseiro de Bariloche, aplicación que utiliza Inteligencia Artificial (IA), en la generación de voces humanas sintéticas.

Siguen, la declaración de interés la labor de la doctora Verónica Lutri, Universidad de Río Cuarto, seleccionada como corresponsal de la Unesco para divulgar su investigación sobre el impacto de herbicidas en aguas subterráneas; el beneplácito por el desempeño de los jóvenes argentinos, en la 64° olimpíada internacional matemática, Chiba, Japón; declarar de interés la jornada “New space en Argentina”; y el reconocimiento a la Argentina como país con mejores políticas públicas que fomentan el uso conveniente de inteligencia artificial en américa latina.

Se agregan: Declarar de interés la presentación de los 23 proyectos ganadores de la convocatoria de redes federales de alto impacto; la inauguración de la Compañía Argentina Galtec; el proyecto de investigación, para generar bioetanol a partir de un maíz de características genéticas mejoradas; y la “Semana nano”, en la provincia del Chaco.

También, están comprendidos en el temario: Declarar de interés las jornadas de trabajo de los consejos asesores de Pampa Azul y la presentación oficial de la red de Observación Marina Argentina, Tierra del Fuego; el simposio “Fronteras en biociencias 4”; el beneplácito por la concesión del doctorado honoris causa por parte de la UBA, a mary-claire King; y el beneplácito por el premio Ig Nobel al neurolingüística Adolfo García.

Finalmente, el temario se compone por: el beneplácito por el reconocimiento internacional otorgado al Conicet, como la mejor institución científica de América Latina; la distinción del premio César Milstein 2023, al equipo de investigadores dirigidos por el doctor Emilio Malchiodi; el proyecto para personas con discapacidad visual y/o motriz, de la escuela provincial de educación técnica EPET n°6, La Pampa, en el concurso nacional de innovaciones “Innovar 2023”; el desarrollo, por parte del Conicet y la fundación sales, de una vacuna terapéutica revolucionaria contra el melanoma el cáncer de la piel más grave; y el beneplácito por el premio Konex de platino en física y astronomía, otorgado a la doctora Gloria Dubner.

Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por Gladys González (Pro), y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Ricardo Guerra (FDT), del Senado convocaron a un plenario informativo para este martes 31 de octubre a las 16.00 para volver a tratar la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la plataforma continental argentina.

El proyecto obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de julio del 2022, cuando Juntos por el Cambio buscó dejar sin quórum a la sesión, pero de todos modos, el bloque que preside Margarita Stolbizer permaneció en el recinto y norma se aprobó con 127 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención.

La iniciativa, de cuatro artículos, establece también que “ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes”. Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva -pero por fuera de ella-, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su heroica tripulación.

Esta reunión quedó acordada el pasado 27 de septiembre, cuando oficialismo y oposición se comprometieron a tratarlo por el pedido de varias organizaciones interesadas en la creación del área marina protegida. En caso de no avanzar en este período (antes del 30 de noviembre), la iniciativa perderá estado parlamentario.

Así las cosas, también será tratado un proyecto impulsado por la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, para establecer el marco regulatorio para la gestión de riesgos de sustancias químicas; y otro del oficialismo, del mismo tema, presentado por Antonio Rodas y María Pilatti Vergara.

Algunos legisladores con muchos años de mandato y reconocida trayectoria decidieron no presentarse en los comicios de este año y, a partir del próximo 10 de diciembre, ya no serán parte del Congreso. Otros, no compitieron en ninguna lista. Y hubo un tercer grupo, tanto de diputados como senadores, que sí fue a las urnas, pero los resultados no les permitieron renovar sus bancas y también se despedirán con el recambio. 

Entre los históricos que no fueron candidatos y dejarán el Poder Legislativo este año se encuentra el cordobés Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, quien cumplirá en diciembre 24 años como diputado nacional, cargo que desempeñó de 1993 a 2001, de 2003 a 2007 y de 2011 a la actualidad. 

Otra referente que se irá el 10 de diciembre será Graciela Camaño, actualmente diputada por el bloque Identidad Bonaerense, quien ocupa una banca en la Cámara baja de forma ininterrumpida desde hace 20 años, es decir, ha ejercido cinco mandatos desde 2003. En total, fue legisladora por 28 años, ya que antes de 2003 tuvo dos mandatos de 1989 a 1993 y de 1997 a 2001.

Con tres mandatos completos y uno que ejerció por la mitad, una de las bajas será el macrista Pablo Tonelli. Fue diputado de 2005 a 2007 y ocupa una banca desde 2011 hasta ahora.

Por el lado del oficialismo, se retirará el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja. Este año compitió por la gobernación de su provincia, pero perdió. El paso del dirigente peronista por el Congreso fue como diputado nacional de 1991 a 1995; senador nacional de 1995 a 2003 -siendo presidente provisional de la Cámara alta de diciembre de 2002 a mayo de 2003-; y nuevamente diputado nacional desde 2015 a la actualidad. 

Sin chances de ser reelectos

El aluvión de La Libertad Avanza, fuerza que irrumpió en el escenario político cosechando notables resultados en varias provincias del país, dejó sin posibilidad de reelección a varios diputados que compitieron por la renovación de su banca en las últimas elecciones. Sobre todo, afectó a Juntos por el Cambio. 

En Formosa, donde se eligieron tres escaños, se impuso el oficialismo llevándose dos, pero en segundo lugar se colocó LLA, arrebatándole ese lugar a JxC. Así, quedó afuera el radical Ricardo Buryaile. Otro caso fue San Luis, donde se ponían en juego dos bancas: LLA salió primera, obteniendo una, y Unión por la Patria segundo, asegurándose la otra. Relegado al tercer lugar, quedó sin chance de un segundo mandato el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace. 

Respecto a las PASO, UP revirtió su performance en Tierra del Fuego y LLA se ubicó segundo, dejando tercero sin ningún legislador a JxC. Por la lista de este espacio encabezaba el macrista Federico Frigerio. 

En Neuquén, LLA se impuso y UP también mejoró en comparación con las primarias, quedando en el reparto una banca para cada espacio. Descartado resultó JxC, que llevaba como primer candidato al diputado del Pro Francisco Sánchez. 

Ubicada en el 12do. puesto de la lista en la provincia de Buenos Aires, la cívica Mariana Stilman también quedó alejada de la reelección. En este distrito, JxC cosechó nueve bancas. 

En La Rioja, UP cambió los resultados respecto a las PASO, mientras que LLA pasó a segundo lugar. De esta manera, por el oficialismo fueron reelectos Sergio Casas e Hilda Aguirre, mientras que Martín Menem ganó por la fuerza liberal. Al salir tercero JxC, no logró un nuevo mandato Felipe Álvarez.

Las tres bancas que se ponían en juego en Río Negro quedaron una para cada uno entre UP, LLA y JxC, desplazando al cuarto lugar al oficialismo provincial, por el cual quedó afuera el diputado Luis Di Giacomo. En tanto, al llevarse solo una banca UP, la segunda de la lista que encabezó Martín Soria -electo- fue Susana Landriscini, que no consiguió un nuevo período en la Cámara baja. 

Juan Carlos Alderete, del actual Frente de Todos, fue en el puesto 17mo. de la lista de UP en la provincia de Buenos Aires, pero lograron ingresar 16. 

Otros diputados que no fueron candidatos 

De los diputados a los que se les vence el mandato el próximo 10 de diciembre y no fueron candidatos, se encuentran por el oficialismo: el entrerriano Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Industria y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; el pampeano Hernán Pérez Araujo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; el bonaerense massista Carlos Selva; la porteña Mara Brawer; el bonaerense Federico Fagioli, referenciado en Juan Grabois; y los camporistas Cristina Britez, de Misiones, y Marcos Cleri, de Santa Fe, entre otros. 

También la fueguina Rosana Bertone, quien se desempeñó como diputada nacional de 2001 a 2013, como senadora nacional de 2013 a 2015, y nuevamente en la Cámara baja desde 2019. 

Por el lado de JxC también se irán el radical Miguel Bazze, quien juró por primera vez como diputado nacional en 2011 y desde entonces no se movió de ese ámbito; el legislador del Pro Omar de Marchi, vicepresidente primero de la Cámara baja; María Luján Rey, parte del bloque macrista y quien atravesó una dura enfermedad este año; el porteño Álvaro González; el santafesino Federico Angelini -fue candidato a vicegobernador de Carolina Losada-; y la mendocina Jimena Latorre.

La lista incluye, entre otros, al misionero Diego Sartori, integrante del interbloque Provincias Unidas; y al socialista Enrique Estévez, dentro del interbloque Federal.

Los que se van del Senado

La marcada derrota electoral de JxC le hizo también perder nueve bancas en el Senado. Así como Buryaile se quedó afuera, en Formosa la banca por la minoría para la Cámara alta se la llevó LLA. De esta manera, no pudo lograr la reelección Luis Naidenoff, jefe de la bancada UCR y quien es senador desde el año 2005. Iba por un cuarto período.

Un duro revés en manos de LLA también tuvo JxC en Jujuy, donde se quedaron sin renovación los radicales Mario Fiad y Silvia Giacoppo. En esta provincia, la coalición opositora directamente se quedó sin bancas para la Cámara alta. La de la minoría fue para UP, por lo que el segundo candidato de esa lista, Guillermo Snopek, tampoco consiguió otro mandato. 

Situación similar a la de Formosa, al salir tercer JxC, no lograron la reelección la puntana Gabriela González Riollo, el riojano Julio Martínez y la santacruceña María Belén Tapia. En el caso de ésta última, LLA no compitió en su provincia, pero la fuerza del gobernador electo Claudio Vidal se impuso en primer lugar y UP salió segunda. En las PASO, al competir por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, ya había quedado afuera el radical Eduardo Costa. 

Entre los que no figuraron en ninguna lista este año se encuentra el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que ocupa un lugar en la Cámara alta hace 18 años, desde 2005. Anteriormente había sido diputado de 2003 a 2005. 

Tampoco fueron por otro mandato los bonaerenses del Pro Gladys González y José Torello; la riojana aliada del oficialismo Clara Vega; los misioneros Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana -ambos que habían ingresado en 2017 por el oficialismo provincial, aunque el primero forma parte hoy del FdT- y Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro; los sanjuaninos Cristina López Valverde y Rubén Uñac, y el riojano Ricardo Guerra, todos del oficialismo; la puntana María Eugenia Catalfamo, de Unidad Federal y el sanjuanino Roberto Basualdo, dentro del interbloque JxC. 

En medio de la coyuntura post-electoral y mientras Patricia Bullrich anunciaba su apoyo a Javier Milei en el balotaje durante una conferencia de prensa, en el Salón Illia del Senado se llevó a cabo una audiencia pública para analizar los pliegos de 16 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial.

En la previa, la oposición había advertido por dos designaciones, que cuestionaba por tratarse de nombres vinculados a Axel Kicillof y Eduardo “Wado” de Pedro, al tiempo que los postulantes formaban parte originalmente de listas complementarias. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio solamente asistieron la macrista Guadalupe Tagliaferri y el radical Pablo Blanco. Más allá de que la porteña planteó críticas sobre la propuesta mandada desde el Ejecutivo, los candidatos pasaron la audiencia sin sobresaltos.

Durante la reunión, a todos los aspirantes -a jueces, fiscales y defensores- se les consultó por el pago del impuesto a las Ganancias; si hicieron cursos o tuvieron capacitación en el exterior; y sobre su apego a la Constitución y el respeto al debido proceso.

Una de las candidatas que había sido observada desde la oposición, y que actualmente es funcionaria del Ministerio del Interior, es María Laura Manín, propuesta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, que todavía no está habilitada y debe constituirse.

En su presentación, la abogada destacó que “hace 100 años que Argentina cuenta con legislación anti-monopólica; en 1923 se dictó la primera ley”. Sobre la Sala que podría integrar, señaló que “tiene por objeto analizar los recursos que se presenten contra decisiones del órgano administrativo”. En este sentido, dijo que “los actos que pueden ser recurribles ante esta sala especializada mediante apelación” son “aplicación de multas, impugnaciones de actos que tengan que ver con el dictado de medidas cautelares, sanciones ante conductas anti-monopólicas”, entre otros.

En su intervención, el senador kirchnerista Oscar Parrilli apuntó que “defensa de la competencia no es un tema menor, además donde existen intereses económicos muy poderosos, muy grandes”. “Lamentablemente no ha existido hasta ahora por parte de ningún gobierno una efectiva defensa de la competencia, en todo caso lo único que ha ocurrido, a lo largo de los últimos años, es una concentración más grande”, expresó.

Por eso, el neuquino consideró que “la tarea no es poca cosa, es un tema que tiene que ver directamente con el bolsillo de la gente”. “Ya la están atacando, obviamente. Yo me alegro que quienes la critiquen sean representantes de precisamente quiénes defienden los oligopolios y monopolios”, lanzó.

Tagliaferri planteó que más allá de la idoneidad de la candidata, quería hacer foco en “la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”, ya que Manín “se encontraba en lista complementaria y en la tercera terna para cubrir esa vocalía no estaba designado ninguno, con lo cual saltamos de las ternas a las listas complementarias en infracción”.

Recogió el guante la presidenta de la comisión, la camporista Anabel Fernández Sagasti, quien explicó que Manín estaba “segunda de la lista complementaria”, pero “el segundo de la primera terna ya fue designado juez en 2021, entonces subió el primero de la lista complementaria. Y el tercero de la primera terna renunció al concurso (Juan Rafael Stinco), por lo tanto la doctora Laura Manín integra la primera terna”.

“Es una discrecional del Poder Ejecutivo, es interpretativa la ley. En anteriores gestiones también hay antecedentes de que esto ha sucedido, y la ley no es clara. Se puede complementar las ternas con las listas complementarias”, cerró.

Justamente Stinco, otro de los cuestionados desde JxC por tratarse de un exasesor de Kicillof y también formar parte de una lista complementaria, pasó también por la audiencia de este miércoles. Propuesto como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal, sólo recibió una pregunta de la senadora oficialista Teresa González sobre el desarrollo en su CV del “principio de tarifa justa y razonable”.

Entre quienes defendieron sus pliegos, Lucas Alberto Colla, candidato a fiscal ante el juzgado federal de primera instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, respondió sobre Ganancias: “Entiendo que la situación se encuentra completamente zanjada a partir de la sanción de la ley (de 2016); cualquier ciudadano puede litigar y hacer valer sus derechos a través de las acciones pertinentes. La fiscalía tiene siete empleados, dos de los cuales ya pagan impuesto a las Ganancias, por haber ingresado después de 2017. Con mi nombramiento tendré que pagar impuesto a las Ganancias. Al ser un hombre de derecho, me exige en esos términos cumplir con la ley”. Aunque agregó que desde su ingreso al Ministerio Público Fiscal en 2007 hasta la actualidad no tributa Ganancias.

Otro de los postulantes, en este caso para el cargo de fiscal ante el juzgado federal de primera instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, provincia de Misiones, Arlindo Otto Kurtz, detalló que “la provincia de Misiones tiene más del 80% de límites internacionales” y “la República Argentina tiene una realidad que es el ingreso de sustancias estupefacientes”.

Según datos del Ministerio de Seguridad, Misiones “es una de las provincias en las que se ha llevado mayor cantidad de decomisos de marihuana”. Tras trabajar en Eldorado, y actualmente en Oberá, contó que investiga todo lo que es “narcotráfico, trata de personas, contrabando, falsificación de documentos y demás delitos de índole federal”. “La particularidad de la fiscalía a la cual aspiro es similar”, dijo.

Durante la exposición de Gabriel Rey, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N°14, la senadora Tagliaferri le preguntó si estaría de acuerdo, “en ocasión de haber un acuerdo, convenio, que esté avalado tanto por la Legislatura de la Ciudad como por el Congreso, del traspaso de competencias que vienen siendo paulatinas, pero sostenidas desde hace muchos años, de su juzgado al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”. “No tengo ningún inconveniente”, afirmó Rey.

De los 16 postulantes que se presentaron, al defender su pliego, Sebastián Rodrigo Ghersi, candidato a juez del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, sostuvo que buscará “brindar un buen servicio de justicia para los usuarios del sistema, que son las víctimas y los imputados, y también para el público en general; con el norte en entender que las personas que figuran en los expedientes judiciales no son nombres, números, sino personas de carne y hueso, con problemas graves, con conflictos de mucha intensidad, que nosotros tenemos que tratar de resolver”.

Al final de la audiencia, se pasaron a la firma dos pliegos que habían vuelto a la comisión en la sesión del 22 de septiembre de 2022, y no habían recibido impugnación, mientras que Fernández Sagasti anunció a los presentes que los demás se analizarían para su respectivo dictamen.

En la única actividad programada en el Senado para esta semana, luego de las elecciones generales, se realizará este miércoles una audiencia pública con una veintena de candidatos al Poder Judicial propuestos por el Ejecutivo.

Más precisamente serán 18 los pliegos que se tratarán en la reunión de la Comisión de Acuerdos, presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), que fue citada para las 10 en el Salón Illia.

Los expedientes tomaron estado parlamentario en la sesión del pasado 28 de septiembre, la segunda sesión que hubo en el año en la Cámara alta para tratar un temario, fecha en la que también el oficialismo avanzó con la designación de Ana María Figueroa.

De la nueva tanda de candidatos, los cargos a cubrir son en las jurisdicciones de Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

Desde la oposición ya advirtieron su rechazo a algunos de los pliegos, entre ellos el de Juan Rafael Stinco, quien fue asesor de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía. También fue funcionario de la Procuración General hasta 2015 y exdirector de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Hace dos años atrás, en medio de la pandemia, asistió de manera remota a una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por su postulación como juez civil y comercial en CABA. Ahora está propuesto como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 de la Capital Federal.

Otro de los nombres cuestionados desde la oposición es el de María Laura Manín, actual subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior, postulada como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Su rol sería clave en la resolución de causas que involucren reclamos entre el Estado y las empresas por conductas monopólicas.

Ambos fueron cuestionados desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) porque integraban listas complementarias tras los respectivos concursos.

Los pliegos

Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Lucas Alberto Colla

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, María Laura Manín

Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, provincia de Misiones, Arlindo Otto Kurtz

Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Julio César Lucas Zárate

Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, Mariano Romero

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, Tomás Puppio Zubiría

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, Humberto Carlos Guardia Mendonca

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 14, Gabriel Gonzalo Rey

Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, Sebastián Rodrigo Ghersi

Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal, Ana Valeria Amaya

Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Juan Tomás Rodríguez Ponte

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal, Juan Rafael Stinco

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Fernández

Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 85 de la Capital Federal, Marcela Patricia Somer

Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6 de la Capital Federal, María Stupenengo

Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, Ana María Cristina Juan

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, Carlos Fabián Cuesta

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata, provincia de Buenos Aires, Jesica Yael Sircovich

Muy pareja resultó la elección en la categoría de senadores nacionales en la provincia de San Juan, donde se revirtió la ecuación de las PASO, quedando en las elecciones generales en primer lugar La Libertad Avanza y Unión por la Patria, segundo.

La diferencia, de acuerdo al escrutinio provisorio, es de 762 votos entre una fuerza y otra (ambas lograron 36%). Además, el recuento se congeló en 95% de mesas. De esta manera, habrá que esperar al conteo que realice la justicia electoral para saber quién se queda con un escaño.

Por la mínima ventaja, ingresarían por la mayoría Bruno Olivera Lucero y Mariana Coria, mientras que por la minoría lo haría Sergio Uñac, el mandatario que dejará la gobernación en diciembre. Si se diera vuelta el resultado, quien secunda a Uñac es María Celeste Giménez.

Según la Cámara Nacional Electoral, el único departamento sanjuanino donde se contabilizó en el escrutinio provisorio el 100% de las mesas es San Martín, mientras quedan mesas pendientes en otros 18 departamentos.

Los números podrían moverse a partir de los votos los cinco departamentos más poblados, que son la Capital, Rawson, Chimbas, Pocito y Rivadavia.

Por Melisa Jofré

A partir de los resultados de las elecciones generales de este domingo, quedó definida la nueva conformación que tendrá el Senado de la Nación a partir del 10 de diciembre. Con 33 miembros, esto es, a cuatro del quórum, quedará como primera minoría Unión por la Patria. El actual oficialismo logró las bancas por la mayoría en cuatro provincias y el escaño por la minoría en tres. De esta manera, estará dos senadores más arriba que actualmente, ya que el interbloque posee 31 integrantes. 

Respecto de 2017, el peronismo volvió a tener los dos senadores por la mayoría en Buenos Aires. En tanto, respecto a las PASO de agosto, dio vuelta La Rioja frente a La Libertad Avanza, pero se revirtió la ecuación en Santa Cruz. Con una elección muy pareja, pasó de la mayoría a la minoría -en comparación con las primarias- en San Juan, según el escrutinio provisorio, pero finalmente en el recuento definitivo se confirmó que UP se impuso. Exponía un total de 9 bancas y logró 11. 

Muy golpeado, Juntos por el Cambio bajó su performance respecto a las primarias y quedará con un interbloque de 24 senadores -hoy día tiene 33-. En las PASO se proyectaba que podía sacar los senadores por la minoría en Jujuy, San Luis y Santa Cruz, pero en las generales de este domingo no lo logró. La principal oposición arriesgaba 11 bancas y sólo ganó 2, es decir, perdió 9. 

Por su parte, La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei, pasará de 0 a un bloque de 7 senadores. Consiguió los escaños por la mayoría en Jujuy y San Luis; y por la minoría en Formosa, La Rioja y San Juan. 

En Misiones, los dos senadores que ingresarán por la mayoría serán los del oficialismo provincial; mientras que en Santa Cruz dio la sorpresa la coalición Por Santa Cruz, referenciada en el gobernador electo Claudio Vidal, que pasó del tercer lugar al primero, desplazando al segundo a Unión por la Patria.

Así las cosas, la nueva composición del Senado será: Unión por la Patria 33; Juntos por el Cambio 24; La Libertad Avanza 7; Unidad Federal 3; Frente de la Concordia Misionero 2; Por Hacer Santa Cruz 2; Juntos Somos Río Negro 1.

BUENOS AIRES

Al igual que en las PASO, Unión por la Patria se impuso en los comicios generales en la provincia de Buenos Aires y la dupla encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro y Juliana Di Tullio ingresará por la mayoría al Senado. En el caso de Di Tullio, comenzará un nuevo mandato. De esta manera, el oficialismo recuperó una banca por este distrito, que había perdido en manos de la oposición en 2017. El escaño por la minoría será para el actual legislador provincial de la UCR Maximiliano Abad, por Juntos por el Cambio. 

FORMOSA

Volvió a consagrarse Unión por la Patria en la provincia de Formosa y resultaron reelectos por la mayoría José Mayans y Teresa González. En el caso del actual presidente del bloque oficialista, comenzará su quinto mandato -ocupa una banca desde 2001-. La Libertad Avanza pudo retener la sorpresa que había dado en agosto y se ubicó en segundo lugar en esta categoría, logrando que resulte electo como senador por la minoría Francisco Paoltroni. Tras 18 años como senador, se quedó afuera el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff, que competía en la lista de Juntos por el Cambio. 

JUJUY

En Jujuy, La Libertad Avanza mantuvo la buena performance de las PASO y logró meter los dos senadores por la mayoría: Ezequiel Atauche y Vilma Bedia. El segundo puesto fue para Unión por la Patria, por lo cual ingresará a la Cámara alta Carolina Moisés. Esto significa una dura derrota para Juntos por el Cambio, que hasta el 10 de diciembre tiene dos senadores por este distrito, Mario Fiad y Silvia Giacoppo. Ambos quedaron sin chances de renovar. 

LA RIOJA

Dio vuelta Unión por la Patria la elección para senadores nacionales en la provincia de La Rioja, quedándose con dos escaños para Florencia López, actual vicegobernadora, y Jesús Fernando Rejal. La banca restante será para La Libertad Avanza, que llevó como primer candidato a Juan Carlos Pagotto. El radical Julio Martínez, de Juntos por el Cambio, se quedó sin reelección. 

MISIONES

Sin candidatos a senadores Javier Milei en esta provincia, en Misiones el oficialismo provincial (Frente Renovador de la Concordia) mantuvo ventaja en esta categoría y obtuvo los dos escaños por la mayoría, que serán para Carlos Arce, actual vicegobernador, y Sonia Rojas Decut. En segundo lugar salió Juntos por el Cambio, consagrando a Martín Göerling por la minoría. 

SAN JUAN

Si bien en principio se había establecido el triunfo de La Libertad Avanza en San Juan, aunque con una escasa diferencia de votos, la definición final que estableció el escrutinio realizado por la justicia le dio la victoria a UP. Con ello, al gobernador Sergio Uñac lo acompañará al Senado María Celeste Giménez Navarro. Por los libertarios, asumirá en nombre de la minoría Bruno Olivera Lucero.

SAN LUIS

Mantuvo La Libertad Avanza su triunfo en San Luis y se quedará con los dos senadores por la mayoría, que serán Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta. A diferencia de las PASO, Unión por la Patria se recuperó y mantendrá una banca por este distrito, que será para Fernando Salino. De salir segundo, pasó al tercer lugar Juntos por el Cambio y se queda sin reelección Gabriela González Riollo. 

SANTA CRUZ

Otro mal trago tuvo en Santa Cruz el espacio de Juntos por el Cambio, quedándose sin ningún senador, ante la sorpresiva primera posición de “Por Santa Cruz”, referenciado en el gobernador electo Claudio Vidal, que se llevará los escaños por la mayoría para José María Carambia y Natalia Gadano. En tanto, Unión por la Patria pasó del primer lugar al segundo, y la banca por la minoría será para la gobernadora Alicia Kirchner.

El peronismo en San Luis ya perdió la gobernación de la provincia y podría quedarse sin representantes en el Senado si los resultados de las elecciones PASO se replican en las elecciones generales de este domingo.

Los puntanos deberán elegir candidatos a senadores y diputados nacionales. Por la Cámara alta son tres las bancas en juego, dos corresponden al oficialismo y otra a JxC, mientras que por la Cámara baja son dos los escaños a renovar, uno de UP y otro de la principal coalición opositora.

Senado

En la Cámara alta se les vence el mandato a Adolfo Rodríguez Saá, quien ingresó en 2017 por el Frente Justicialista; y María Eugenia Catalfamo que, tras la ruptura con el FdT, pasó a integrar el bloque Unidad Federal, pero está alineada a la fórmula de UP. Ambos senadores no renovarán. La restante banca corresponde a la macrista Gabriela González Riollo quien busca la renovación de su mandato.

Si los resultados de las PASO se repiten, el oficialismo perdería las dos bancas que pone en juego en manos de los liberales que sacaron un 49% de votos. La lista de La Libertad Avanza será encabezada por Bartolomé Abdala, fundador del Pro puntano y ex diputado provincial por esa fuerza, e Ivana Arrascaeta.

En segundo lugar, Juntos por el Cambio había cosechado un 23,57% de votos con la lista que encabeza Riollo y, de esta manera, retendría su banca, secundada por Federico Trombotto.

Unión por San Luis había quedado en tercer lugar con casi 17% y postula a Fernando Salino (vocero gubernamental) y a Cintia Ramírez (secretaria de Deportes) como precandidatos a senadores.

Por último, la nómina del Frente de Izquierda y de los Trabajadores postula como precandidatos a Johana Gómez y a Nahuel Arias.

Diputados

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el oficialismo también perdería su banca a manos de los liberales con Carlos D’Alessandro encabezando la boleta, secundado de Verónica Jordán.

La lista de Juntos por el Cambio tiene como precandidato al economista radical Alejandro Cacace, que busca retener su banca, acompañado por Andrea Luz Echenique.

El oficialismo postuló a Ernesto “Pipi” Alí, intendente de La Toma, y a María Silvia Rapisarda. Mientras que el FIT-Upropone a Eleonora de Panis y Mario Jaime para la Cámara baja. Por último, el Partido Unión y Libertad (PUL) llevará a Eduardo Gomina y Pamela Pardo como candidatos a senadores, a Marcos Cuello y Marta Orozco para la Cámara baja.

En la Cámara de Diputados, son dos las bancas en juego. Un corresponde al oficialismo de Carlos Ybrhain Ponce que no irá por la reelección y la otra es de JxC perteneciente al radical Cacace. De reiterarse el resultado de las PASO en las generales, el oficialismo perdería el escaño que arriesga en Diputados y se lo quedarían los liberales, en tanto la principal coalición opositora las retendría.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner recibió este jueves a Ian Moche, un niño de diez años con autismo, quien además, relata las vivencias que transita a través de las redes sociales.

En su despacho del Senado, CFK recibió un pedido particular por parte del joven Ian: Poner en la agenda de todos los políticos y sancionar una ley de capacitación docente en discapacidad.

El nió le había enviado un mensaje a la presidenta del Senado a través de Tik Tok que decía: “Soy activista de esta condición y ando por todo el país para poder hablar de esta neurodivergencia. Me encantaría conocerte porque me gustaría hacer con vos una sociedad más amigable y un mundo mejor”.  

El encuentro fue difundido por en la cuenta de Tik Tok de Cristina, donde mostró la reunión que mantuvo con el niño, con su mamá Marlene y con su papá, Rodrigo, en el despacho que ocupa en el primer piso del Senado de la Nación.

Allí, pasó a mostrarle algunos de los recuerdos que guarda en su despacho, como una foto suya con su esposo y expresidente Néstor Kirchner y otra con Diego Armando Maradona, así como una con la monja Ana María Donato, luego del atentado que sufrió la vicepresidenta en septiembre del año pasado.

“Estamos en una campaña que es la Ley de Discapacidad en agenda. Que todos los políticos tengan a la discapacidad como tema principal. Esto es para poder hacer una sociedad más amigable y un mundo mejor”, expresó Ian sentando juntado a la vicepresidenta.

En el final, Ian también remarcó su pedido por la Ley de Capacitación Docente: “Hay muchos maestros que no saben, que tienen poca información y que tampoco saben qué hacer cuando tienen un alumno que tiene una discapacidad”. “Es súper importante saber cómo actuar con la condición, y lo mismo, también la medicina porque hay muchas personas autistas que son hiposensibles que a veces hasta ni siquiera sienten el dolor”, cerró.

Tras haber despachado la creación de cuatro universidades en un plenario, la Comisión de Educación y Cultura, presidida por la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT), se mantuvo reunida este miércoles -sin la presencia de la oposición- para pasar a la firma un proyecto unificado que busca incorporar a la educación vial en los niveles educativos y tratar una batería de iniciativas para la institución de días nacionales, declaración de monumentos, bienes y lugares históricos.

La fueguina Eugenia Duré se refirió a su proyecto que busca instituir el día 11 de marzo de cada año como “Día Nacional del Docente Continental Argentino”, y explicó: “En la Antártida hay temperaturas de 5 o 10 grados bajo cero y ahí viven nuestros docentes de la escuela de la Base Esperanza”.

“Me da alegría seguir mostrando a la provincia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y poner en valor a los docentes porque tenemos que comprender que la actividad científica y 4educativa que allí se realiza es muy importante para nuestro continente”, enfatizó Duré.

Asimismo, agregó que la Base en cuestión se encuentra “a 3.600 kilómetros de CABA y a más de 1.000 de Ushuaia”. Luego, relató que los docentes que allí trabajan “van por un año y les dan clases a los hijos de los miembros de la Base Esperanza”.

Antes de finalizar, mostró en el mapa la ubicación de la base y cuestionó a los candidatos de la oposición: “Escuchamos cuestiones que ponen en duda nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, por eso hacemos mención sobre la soberanía de la Antártida”.

A continuación, la vicejefa del bloque oficialista, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, explicó el proyecto de Promoción de la Educación Vial -fruto de la unificación de tres proyectos, uno de su autoría y otros dos del salteño Sergio Leavy-: “Esto fue consensuado con el senador Leavy. Luego de tratar la ley de Alcohol Cero que salió por amplio consenso, insistimos en que había que tratar este tema de una forma integral, por eso realizamos este proyecto para que se incorpore a la currícula común el respeto a la seguridad vial como forma de prevención de accidentes fatales”.

“Es un paso más que damos porque la educación es una de las herramientas necesarias como también los controles que deben hacer municipios y provincias y que sea mancomunadamente. En el 2022 se registraron en el país 3838 víctimas fatales siendo un promedio de 9,4 accidentes fatales por día y 10,5 víctimas fatales por día a causa de accidentes de tránsito.  Casi 11 personas mueren en Argentina por accidentes viales que pueden ser evitables. Debemos seguir colaborando con leyes para conservar vidas y evitar muertes porque es la principal causa de muerte de adolescentes”, precisó.

Al respecto, López Valverde señaló que los proyectos “apuntan a un mismo objetivo. Se trabajó en asesores y se acordó a llegar a un dictamen unificado. La propuesta busca que se incorpore en el inciso h del artículo 92 de la Ley de Educación el siguiente texto ‘el conocimiento de las normas de tránsito y de las prácticas y hábitos que fomenten el respeto por la seguridad vial en concordancia con los principios de la educación vial contemplados en el artículo 3 de la Ley 27.214 de Promoción de Educación Vial’”.

Al tratar el proyecto que instituye como “Día Nacional de la Lucha Contra el Cambio Climático y el Calentamiento Global” el 4 de noviembre de cada año, la autora de la iniciativa la riojana Clara Vega recordó que fue presentado en 2022 pero “hoy más que nunca nos interpela más que nunca ante tanto negacionismo de lo que impacta el cambio climático y lo que genera en el mundo. Es un día para tomar conciencia y visibilizar la lucha contra el calentamiento global, aunque los especialistas dicen que pasamos a la etapa de derretimiento global a raíz del mal uso o falta de control de acciones diarias en contra del medio ambiente”.

A fin de apurar los trámites antes de que concluya el periodo ordinario, un plenario de comisiones se reunió este miércoles para emitir despacho favorable a la creación de cuatro universidades nacionales de las cuales, tres de ellas vienen con media sanción de Diputados votadas en la última sesión de la semana pasada.

Desde el Salón Arturo Illia las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) y el riojano Ricardo Guerra (FdT) respectivamente, dictaminaron los proyectos que crean la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires; la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede en Paraná, provincia de Entre Ríos, y la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de los senadores oficialistas convertirlas en ley en la primera semana de noviembre, a más tardar.

No fueron los únicos temas de la agenda. En el trascurso del día, agregaron al temario un proyecto de la senadora Clara Vega para crear la Universidad Nacional de Aimogasta con sede central en la ciudad de Aimogasta, departamento de Arauco de la provincia de La Rioja, que tuvo dictamen favorable.

También se le dio tratamiento y despacho al proyecto de resolución de la senadora Cristina del Carmen López Valverde, para crear el Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA).

Universidades en Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja

Al inicio del encuentro, López Valverde informó dos cambios en la composición de las comisiones. Así los senadores Marcelo Lewandowski (FdT- Santa Fe) y Anabel Fernández Sagasti (FdT – Mendoza) se incorporaron a la Comisión de Educación y Cultura en reemplazo de María Teresa Margarita González y Ana María Ianni.

Hecha la aclaración, la sanjuanina se refirió a la Universidad del Salado y remarcó que el proyecto se viene presentando desde 2015 en cuatro oportunidades hasta que “al final tuvo dictamen favorable y cuanta con el proyecto de factibilidad y del CIN”.

“Esto tiene que ver con una estrategia de políticas universitarias y superiores para hacer la oferta a los jóvenes del lugar, evitando el desarraigo y potenciando a los jóvenes en aquellas disciplinas que tienen que ver con la producción regional”, señaló y agregó: “Esta universidad responde a problemáticas y necesidades de estrategias para el desarrollo regional y la propuesta curricular contempla en su desarrollo la enseñanza en aula presencial y virtual”.

Respecto de la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz explicó que “se constituye sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER y desde el 2021 es la que cuenta con mayor matrícula de estudiantes. Su campo de enseñanza abarca lo que es la formación docente necesaria porque hay pocos docentes y hay que aumentar el número y que estén bien formados. La educación, las ciencias sociales, humanidades, artes y el campo de la salud pública y mental, este último aspecto es importante porque se pretende trabajar desde una perspectiva de derechos y se está estimulando y motivando a que todas las universidades contemplen los problemas de salud mental y que sean atravesados y profundizados más aún post Covid-19”.

Al hacer referencia a la creación de la Universidad del Saladillo, López Valverde indicó que cuenta con el estudio de factibilidad y el acuerdo favorable del CIN. “Básicamente se va a centrar en las ciencias agropecuarias, ciencias básicas, aplicadas y tecnológicas, ciencias sociales que incluyen títulos de grado, posgrado, tecnicaturas y diplomaturas. Las propuestas se orientan al turismo rural, la cultura, la formación docente, el desarrollo humano, ambiente, producción y la empresa con acento en tecnología y biotecnología”, detalló y sumó que apunta “a la realidad circundante y a la necesidad de diversificar la oferta académica y de contar con profesionales en ciertas disciplinas que tienen que ver con la realidad económica y que, a veces, no tenemos la cantidad suficiente de egresados”.

La senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina) defendió el proyecto que presentó respecto a la creación de la Universidad Nacional de Aimogasta (UNA) con sede en el departamento de Arauco y expresó que “venimos presentándolo desde el 2021 y es muy importante por la trayectoria de La Rioja en educación”.

“Esta es la mejor forma de homenajear a Joaquín v. González porque también, en 1918 varios riojanos fueron parte de la reforma universitaria”, señaló Vega. Además, sostuvo que “la gestión de varios ministros como Joaquín Santos Salinas acompañó a la transformación de la creación de escuelas”.

Respecto a los beneficios en la localidad respecto a la creación de la casa de altos estudios, la senadora explicó: “Es un departamento con mucha producción olivícola y desarrollos termales”. “Parque Arauco tiene la posibilidad de ser un parque hídrico para mayor regularidad de ingreso y producción de energía y está al norte de La Rioja”, indicó.

Así las cosas, Vega reiteró que “si hoy podemos darle dictamen –al proyecto- pondríamos una semilla en el norte argentino para jerarquizar e igualar y Arauco está interrelacionado con Catamarca y muy cerca de Chile”. También, manifestó que “busca generar la llegada de la mayor cantidad de alumnos para las carreras”.

“Creemos que podemos avanzar en igualar y mejorar para ser generadores de esta transformación porque la universidad forma para generar trabajo”, expresó, y concluyó: “Todos nosotros podemos acompañar para que muchos estudiantes que no pueden irse a otro lugar a estudiar tengan ese polo de desarrollo científico y tecnológico para generar autonomía energética. Vamos por ese sueño”.

Creación del Instituto Nacional del Libro Argentino

En carácter de autora, López Valverde sostuvo que el motivo para presentar la iniciativa fue “la deuda que tenemos con la industria del libro y pensar en una política estratégica a largo plazo con respecto al tema”.

“Tenemos una visión sistémica en la que tratamos de incorporar a toda la cadena que tiene que ver con la producción del libro porque cuando una de ellas se afecta, se ven todas afectadas. Podemos decir que, hasta ahora, hemos tenido una visión centralista y todos los esfuerzos los vemos acá con las envergaduras de las librerías, basta con recorrer las calles, y cuando necesitamos algunos títulos especiales quienes vivimos en el interior, cosa que se nos facilita con las nuevas tecnologías siempre tenemos que solicitar de la bibliografía al centro del país”, consideró.

La sanjuanina recordó que el Instituto Nacional del Libro tuvo un antecedente en Diputados al ser presentado en el 2020 por quien fuera en ese momento diputado Daniel Filmus -actual ministro de Ciencia y Tecnología- pero “basándonos en eso y asesorándonos con gente del ministerio de Cultura y con la Unión de Escritores, ayudaron a redactar el proyecto para hacer del INLA un instituto no burocrático, donde el dinero vaya a donde tenga que ir y no se gaste en funciones burocráticas”.

“El primer proyecto de mi autoría fue en el 2021 y luego fue representado con todo el enriquecimiento tanto de Cultura y la Unión de Escritores”, reiteró y precisó que el INLA es un organismo de promoción y fortalecimiento del libro y dependería de la órbita del Ministerio de Cultura.

Entre las funciones, detalló: “Fomentar la diversidad editorial priorizando la participación de las editoriales pequeñas, fomentar la lectura, promover la distribución, circulación y comercialización del libro, favorecer un acceso democrático e igualitario- Se trabajaría todo esto con el Ministerio de Educación y la CONADI”.

En lo que respecta a la composición, la sanjuanina explicó que estará a cargo de un directorio constituido por un director ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo por cuatro 4 años y renovado por un solo periodo más, tiene que ser una persona que conozca del tema. También se designará un director administrativo y un director artístico.  Además, destacó que estará representado por 6 representantes del quehacer editorial, con la siguiente composición: 2 representantes de las cámaras editoriales, 1 representante de los libreros, 2 representantes de los escritores, 1 representante de los traductores autorales; 1 representante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); 6 representantes elegidos por la Asamblea Federal, uno (1) por cada región cultural.

“Tendrán una duración de dos años en sus cargos y no va a implicar un costo porque las funciones serán cumplidas ad-honores”, destacó y añadió que se va a constituir una Asamblea Federal con 1 representante del Ministerio de Cultura de la Nación; 1 representante del Ministerio de Educación de la Nación; 1 representante del Ministerio o secretaria de Desarrollo productivo; la máxima autoridad en materia cultural de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 1 representante de la CONABI”.

López Valverde remarcó que “no solo se hace hincapié en que el libro llegue a todos lados y tener en cuenta editoriales pequeñas, y autores que no se mueven en la órbita de la gran urbe porque buscamos un criterio federal y es por eso que se contempla la Asamblea Representativa conformada por regiones culturales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán dividas en las siguientes regiones culturales: Centro (Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Centro Litoral (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos); NEA (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes); NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero); Cuyo (La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza) y Patagonia (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur)”.

Por otro lado, aclaró que la manera de financiamiento es a través de la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Libro Argentino: “Se plantea una partida específica que anualmente se establece en el presupuesto general, que no puede ser inferior al 2% del presupuesto total para el Ministerio de Cultura de la Nación establecido en el Presupuesto General de la Nación”.

“Se agrega u porcentaje, a determinar por la Autoridad de Aplicación, de lo recaudado en la asignación del número del Sistema Internacional Normalizado para Libros”, indicó y sumó que el Fondo será destinado a “concursos, traducción de libros nacionales y extranjeros”.

“Adoptará la función como órgano promotor del libro y la actividad cultural y tiene la figura autárquica y autónoma. Vale la pena pensar en la industria del libro porque ha pasado por situaciones críticas como otras tantas áreas por los costos de insumos, la merma del consumo del libro y la transformación tecnológica. Es una deuda que tenemos con la cultura”, cerró.

Como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra adhirió a “todo porque es importante incentivar la escritura y la lectura, ya que debemos esforzarnos para mantener nuestras culturales regionales y es necesario que se complemente con las lecturas en las escuelas”.

Los inicios de la municipalización de Fontana

El senador nacional Antonio Rodas (FdT – Chaco), impulsor del proyecto para declarar de interés a “Los inicios de la municipalización de Fontana”, obra de Ricardo Sosa y Giselle Monzón sostuvo que “hay un gran esfuerzo de muchos escritores para defender la localía, pero no tienen financiamiento adecuado”.

 “En Fontana, perdimos 15 años de vida institucional que recuperamos en 1973 por los únicos que se le suspendió su caracterización municipal y es justo mostrar que sepan los inicios de esta ciudad pujante y progresista”, señaló el chaqueño.

Por otro lado, remarcó –varias veces- que “esta es la reparación histórica que tuvimos con Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y con este gobierno”, y aseveró que “a quien le toque gobernar le pedimos que lo haga con la misma sintonía porque después –de Néstor y Cristina- nadie más hizo nada”.

Por último, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su coterráneo Víctor Zimmermann (UCR), lo felicitó por la iniciativa porque “esta obra es trascendental para nosotros porque nos ayuda a difundir nuestra historia y para que se conozca la evolución del pueblo y se sepa del esfuerzo que se tuvo que hacer en la localidad para tener lo que tenemos ahora”.

En una semana corta marcada por un feriado y a cuatro días de las elecciones generales, el Senado tuvo este miércoles actividad en comisiones, donde se trataron varios proyectos que recientemente tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo avanzó con el dictamen del proyecto impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa para transformar en ley el Programa “Compra sin IVA”.

En el comienzo, el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT), resaltó que actualmente ya hay “12 millones de personas que están recibiendo este beneficio, que involucra una cifra cercana a los 19 mil millones de pesos”.

“Claramente es un refuerzo de poder adquisitivo a los salarios de las personas y, normalmente, estos grupos lo vuelcan al consumo, por lo tanto se está generando un círculo virtuoso de mayor consumo”, afirmó.

Al destacar que el universo alcanzado sería de 20 millones de personas, el riojano defendió que se trata de un “paliativo” en medio de “las situaciones que todos sabemos y vivimos, de alta inflación, que deteriora el poder adquisitivo de los salarios”.

Desde Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR), aseguró: “Conceptualmente nosotros estamos de acuerdo con el programa, pero todos sabemos de la inestabilidad económica que estamos teniendo en Argentina”. En esa línea, consideró que la iniciativa “suma un grado más de incertidumbre”.

El chaqueño recordó que “el IVA es coparticipable” y de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal es del “1,01% del PBI, de los cuales, por la distribución que tiene el impuesto, el 0,52% del mismo sería una disminución de este impuesto a las provincias”. “Chaco el año que viene estaría perdiendo alrededor de 96 mil millones de pesos de coparticipación”, detalló.

Para el radical, en el proyecto se debería incorporar “una fuente clara de financiamiento” o “estudiar la posibilidad de un fondo compensador”.

A su turno, el senador Guillermo Andrada (FNyP-FdT) señaló que “todos sabemos que el IVA es un impuesto injusto, indirecto, regresivo, que carga en forma igualitaria a sectores que tienen distintos ingresos”. “Estamos actuando con un criterio que es primo de lo que es la justicia social, porque estamos tratando de llevar justicia tributaria”, remarcó el catamarqueño y agregó que “tendremos que hacer las maniobras suficientes para que las provincias se adecuen, pero la prioridad es que el consumo se enriquezca”.

“Cuánto cuesta beneficiar a millones y millones de personas en términos impositivos y qué poco cuesta beneficiar a pocas empresas con beneficios impositivos”, comenzó en su intervención la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (UC-FdT). Sobre esto, apuntó que los beneficios fiscales para ciertos sectores es “de más de 4 puntos del PBI”.

Para la kirchnerista, esta es “una medida de estricta justicia”. “Yo entiendo como senadora de la provincia de Buenos Aires que votando esta ley beneficio a mi propio pueblo”, sostuvo y desafió a la oposición que “si hay preocupación sobre el impacto que tiene de un punto del PBI” el proyecto, se “animen” a discutir “la separata (al Presupuesto) que manda por segundo año el ministro de Economía”. “A ver si se atreven a tocarle el bolsillo a los que más tienen”, dijo.

Por su parte, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), resaltó que “hubo una devaluación del 22% impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que pedía una devaluación del 100%”. Y a partir de eso, “el Ejecutivo Nacional ha tomado una serie de medidas innumerables para compensar esa devaluación”, ponderó, comparando lo sucedido tras las PASO de 2019.

Respecto a la devolución del IVA por la compra de productos de la canasta básica, “no se pensó en una medida temporal de tres meses, sino que estamos buscando constituirla como política de Estado”, expresó.

En un enfático discurso, al referirse al financiamiento, la mendocina se quejó de que la ley de blanqueo “duerme en la Cámara de Diputados”. “Esa es una forma de compensar, ir por quienes no declaran las ganancias que se producen en suelo argentino, con trabajo argentino, con los recursos naturales argentinos y que están fugados, evadiendo impuestos en Estados Unidos”, aseveró.

“¿Sacándole a los que menos tienen vamos a compensar a las provincias por la coparticipación? ¿No les parece que ya es hora de que nos pongamos los pantalones largos y le cobremos impuestos a los quienes evaden? Los principales evasores en Argentina y el mundo son las multinacionales”, subrayó.

Pero también se quejó de que “para colmo, para ponerle la vela a la torta, ayer nos enteramos que Pablo Cayssials, integrante del comando de Lago Escondido, juez contencioso administrativo número 9, declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las Ganancias a los jueces. ¡Una barbaridad! Y nadie sale a decir nada”.

“Si hay que hacer una compensación desde el Senado de la Nación y trabajar juntos, hagámosla, estamos dispuestos”, aseguró, pero le pidió a la oposición que “si ustedes se animan a votar la ley para que se exterioricen los más de 100 mil millones de dólares que existen fugados de argentinos residentes en Estados Unidos”.

Recogió el guante Zimmermann, uno de los dos senadores presentes de Juntos por el Cambio -la otra fue Guadalupe Tagliaferri– y le contestó: “Voy a mirar el proyecto, con mucho gusto. No estoy a favor de los evasores, así que en ese aspecto cuente conmigo”.

Finalmente, el senador Edgardo Kueider (UF) se mostró a favor de la iniciativa y explicó que “el IVA para el Estado Nacional y las provincias hoy por hoy no es un problema, porque debido justamente a la inflación la recaudación interanual del IVA ha superado el 150%”. Además, señaló que para hacer efectivo este beneficio “hay que pagar con medios electrónicos, eso es blanqueo y evita la economía informal”.

De acuerdo al proyecto votado en Diputados el pasado 10 de octubre, se crea el Programa “Compra sin IVA”, del cual serán beneficiarios jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; y trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.

También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.

En tanto, estarán excluidos excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

El reintegro del IVA, contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.

Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.

En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.

A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.

Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.

Promoción de la industria del calzado

En la reunión de este miércoles el oficialismo también avanzó con el despacho del proyecto que propone un régimen de promoción de la industria del calzado.

Al respecto, el senador Marcelo Lewandowski (FNyP-FdT) precisó que “en nuestro país hay unas 1.200 fábricas, entre PyMEs y MicroPyMEs, que ocupan más de 56 mil personas en forma directa o indirecta”.
Con la iniciativa se buscar “generar la sustitución de importaciones”, subrayó y afirmó que brindándole a este sector “una previsibilidad en el desarrollo, vamos a lograr no solamente no tener que importar, sino establecer un mercado exportador a lo largo de los años”.

“Este rubro tuvo a partir de 2002 un gran crecimiento, y lamentablemente entre 2016 a 2019 de 111 millones de pares se bajó a 81 millones”, apuntó sobre el período del gobierno de Cambiemos. Y añadió: “Cuando todos hablan de achicar y recortar, nosotros creemos que es creciendo, produciendo, ampliando”.

El proyecto propone la creación de un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor, que tendrá como objetivos la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor; la generación de puestos de trabajo de calidad; y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador.

También, el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad; el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos; la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación; y el cuidado del medioambiente.

Por medio de la iniciativa se crea un “Programa de fomento de la industria local”; un “Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores”; y un “Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado”.

Además, se propone ajustar el sistema de etiquetado “Nomenclatura AR” para el calzado argentino; y la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

En la iniciativa se establecen parámetros progresivos para la composición proporcional del origen de la oferta nacional de calzado según su condición de calzados terminados y calzados desmontados y partes.

Entre los beneficios impositivos, se contemplan créditos fiscales, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias por bienes de capital, y retenciones 0 por exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. También, para la promoción del empleo, una reducción de las contribuciones patronales.

En las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el Frente Renovador de la Concordia obtuvo el triunfo por más de cuatro puntos en Misiones. Sin embargo, esto le alcanzaría para mantener las dos bancas en el Senado y sumar una en Diputados, ante la ausencia de candidatos de Unión por la Patria.

Con el 99,4% de las mesas escrutadas, los resultados arrojaron que el Frente Renovador de la Concordia fue el espacio más votado con el 23,84% (143.978) de los votos, mientras que Juntos por el Cambio alcanzó el 19,29% (116.517). Cabe recordar que la lista de Patricia Bullrich se impuso ante la de Horacio Rodríguez Larreta.

El oficialismo misionero propone para la Cámara alta al vicegobernador misionero, Carlos Arce, junto a Sonia Rojas Decut, quienes se encaminan para ocupar las dos bancas de Misiones por la primera mayoría.

Por el lado de JxC, la boleta está integrada por Martin Goerling Lara, en primer lugar, y por Carolina Gross. A su vez, las tres bancas salientes son de Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana, por el FR de la Concordia, y de Humberto Schiavoni, por la oposición, quienes desistieron de renovar en este período.

Las cuatro bancas para Diputados

Respecto a las cuatro bancas para la Cámara de Diputados, en caso de repetirse los resultados de las PASO, el FR de la Concordia sumaría una banca (tenía una sola) ya que Unión por la Patria no postuló candidatos en Misiones. Por eso, con estos números, JxC obtendría dos.

La lista de candidatos del FR de la Concordia se compone por Daniel Vancsik, Yamila Ruíz (quienes estarían ingresando a la Cámara baja), Alberto Arrúa y Adriana Bezus. Mientras que la JxC quedó compuesta por Emmanuel Bianchetti, Nancy Heck, Joaquín Barreto Bonetti y Beatriz Niederberger.

No es para nada frecuente que las comisiones del Congreso se activen en vísperas de una elección nacional. Es sin embargo lo que sucederá este miércoles, para cuando ha sido convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el riojano Ricardo Guerra para tratar uno de los proyectos “estrella” que impulsó personalmente el ministro de Economía y -sobre todo- candidato presidencial Sergio Massa.

Hablamos del proyecto que crea el Programa “Compra sin IVA”, que tuvo media sanción el martes de la semana pasada en la Cámara baja, con 134 votos a favor, ninguno en contra 107 abstenciones.

Para su tratamiento en comisión, los senadores han sido convocados para las 16 en el Salón Illía del Palacio Legislativo, y la intención es darle dictamen con el fin de darle un rápido tratamiento en el recinto y convertirlo en ley.

¿La semana que viene? Resultaría más que sorpresiva semejante premura, pero seguramente será para la semana siguiente, el primero o segundo día del mes de noviembre.

Mediante la iniciativa se crea un sistema de devolución del IVA, destinado a reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria.

Los alcanzados serán jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.

También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.

Asmismo estarán excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

Contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, el reintegro del IVA se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.

Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.

En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.

A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.

Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.

Con la participación de destacadas personalidades especializadas en cuestiones sanitarias, se realizó este viernes por la mañana una jornada académica sobre “Los desafíos de los sistemas de salud de las Américas”.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Arturo Illia donde se abordó la situación actual, los desafíos reinantes y las innovaciones en materia de salud en Argentina y en todo el continente americano.

La organización de la reunión estuvo a cargo del senador tucumano Pablo Yedlin (Tucumán-Frente de Todos), presidente de la Comisión de Salud, y la Asociación Latinoamericana de los Sistemas Privados de Salud (ALAMI).

Entre los asistentes estuvieron los ex ministros de Salud de la Nación Alberto Mazza y Héctor Lombardo.

El presidente de ALAMI, Cristian Mazza, fue el primer orador del cónclave y contó que la entidad que conduce tiene como fin “respaldar e impulsar las mejores prácticas en el servicio de salud”

Detalló que “la salud no puede existir sin un financiamiento adecuado” y que “se debe abordar la salud desde una perspectiva integral y garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades para una vida saludable”.

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado, resaltó las leyes sancionadas durante la actual gestión en temas de salud y como ejemplo mencionó las “de los mil días, la de oncopediatría, la de las vacunas que se reglamentó, la de VIH que se actualizó, la de enfermería, la de etiquetado frontal y la de prevención de resistencia antimicrobiana”-

“El Ministerio de Salud de la Nación tiene que seguir existiendo y tenemos que continuar con las políticas exitosas y mejorar las que hay que mejorar”, concluyó la funcionaria nacional.

Luego el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, remarcó que “Argentina es un país que tiene un enorme talento humano, que es reconocido” pero lamentó el hecho de que “se está perdiendo el concepto de lo nuestro por el propio”.

“Los desafíos son enormes y lo primero que aparece en los desafíos es una controversia. Hay que transformar esa controversia en un consenso, acá se transforma la controversia en conflicto. Me encantaría que pasemos a una búsqueda de instituciones que nos permita conseguir consensos. Si ponemos un poco de todos, no tengo duda que el próximo gobierno, sea del color que sea, va a tener que acompañar un sistema de transformación profunda que el sistema de salud argentino se merece”, redondeó Quirós.

De inmediato, el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brasileño Jarbas Barbosa Da Silva Jr, puntualizó que “se deben garantizar las condiciones para el acceso universal a la salud” y enfatizó que “el sector público y los gobiernos no pueden hacerlo todo”.

Tras consignar que “un 40 por ciento del gasto en salud en América Latina se financia con fuentes privadas de recursos”, el directivo de la OPS añadió que “vemos un sinfín de oportunidades entre el sector público y el sector privado en la salud” y finalizó subrayando: “queremos salud para todos y en todas las partes”.

Posteriormente se abordó el tema de “la innovación en política de salud” en la que participaron los senadores Pablo Yedlin y Mario Fiad (Jujuy-Juntos por el Cambio), la diputada Paula Oliveto (CC-CABA) y la secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Carmen Polledo.

El senador Yedlin centró su alocución en “la inteligencia artificial”, su par Fiad se refirió al trabajo que se está realizando en ambas cámaras legislativa respecto a la “ley de la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud”, Oliveto aludió a “los dilemas” que tienen los legisladores a la hora de tratar una ley y Polledo puso énfasis en hablar de la pandemia de COVID 19.

“Hay consenso en que las pandemias surgirán en el futuro con más frecuencia y se propagarán más rápidamente pudiendo causar más muertes que las producidas por el Covid 19”, alertó Polledo.

Seguidamente el titular de la Administrador Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Manuel Limeres, y la subadministradora de ese mismo organismo, Valeria Garay, hablaron de “los fundamentos, evolución y desarrollo de las agencias regulatorias”.

Este viernes por la mañana se llevó a cabo en el Senado de la Nación una jornada académica sobre “Los desafíos de los sistemas de salud de las américas” la cual estuvo organizada por el senador tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos) en su carácter de presidente de la Comisión de Salud y de la Asociación Latinoamericana de los Sistemas Privados de Salud (ALAMI).

El encuentro tuvo lugar en el Salón Arturo Illia y contó con l participación de destacadas personalidades especializadas en cuestiones sanitarias quienes abordaron la situación actual, los desafíos reinantes y las innovaciones en materia de salud en Argentina y en todo el continente americano. Entre los asistentes estuvieron los ex ministros de Salud de la Nación Alberto Mazza y Héctor Lombardo.

El presidente de ALAMI, Cristian Mazza, fue el primer orador del cónclave y contó que la entidad que conduce tiene como fin “respaldar e impulsar las mejores prácticas en el servicio de salud”. Así, detalló que “la salud no puede existir sin un financiamiento adecuado”, y que “se la debe abordar desde una perspectiva integral y garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades para una vida saludable”.

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado, resaltó las leyes sancionadas durante la actual gestión en temas de salud y como ejemplo mencionó las “de los mil días, la de Oncopediatría, la de las vacunas que se reglamentó, la de VIH que se actualizó, la de enfermería, la de etiquetado frontal y la de prevención de resistencia antimicrobiana”.

“El ministerio de Salud de la Nación tiene que seguir existiendo y tenemos que continuar con las políticas exitosas y mejorar las que hay que mejorar”, concluyó la funcionaria nacional.

Luego el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, remarcó que “Argentina es un país que tiene un enorme talento humano, que es reconocido” pero lamentó el hecho de que “se está perdiendo el concepto de lo nuestro por el propio”.

“Los desafíos son enormes y lo primero que aparece en los desafíos es una controversia. Hay que transformar esa controversia en un consenso, acá se transforma la controversia en conflicto. Me encantaría que pasemos a una búsqueda de instituciones que nos permita conseguir consensos. Si ponemos un poco de todos, no tengo duda que el próximo gobierno, sea del color que sea, va a tener que acompañar un sistema de transformación profunda que el sistema de salud argentino se merece”, redondeó Quirós.

A continuación, el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brasileño Jarbas Barbosa Da Silva Jr, puntualizó que “se deben garantizar las condiciones para el acceso universal a la salud” y enfatizó que “el sector público y los gobiernos no pueden hacerlo todo”.

Tras consignar que “un 40% del gasto en salud en América Latina se financia con fuentes privadas de recursos”, el directivo de la OPS añadió que “vemos un sinfín de oportunidades entre el sector público y el sector privado en la salud”, y finalizó: “Queremos salud para todos y en todas las partes”.

Posteriormente se abordó el tema de “la innovación en política de salud” en la que participaron los senadores Pablo Yedlin y Mario Fiad (JxC – Jujuy), la diputada nacional Paula Oliveto (JCC-ARI) y la secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Carmen Polledo.

Yedlin centró su alocución en “la inteligencia artificial”, mientras que su par Fiad se refirió al trabajo que se está realizando en ambas cámaras legislativa respecto a la “ley de la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud”. En tanto, Oliveto aludió a “los dilemas” que tienen los legisladores a la hora de tratar una ley y Polledo puso énfasis en hablar de la pandemia de COVID-19.

“Hay consenso en que las pandemias surgirán en el futuro con más frecuencia y se propagarán más rápidamente pudiendo causar más muertes que las producidas por el Covid 19”, alertó Polledo.

Seguidamente el titular de la Administrador Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Manuel Limeres, y la subadministradora de ese mismo organismo, Valeria Garay, hablaron de “los fundamentos, evolución y desarrollo de las agencias regulatorias”.

Tras las elecciones generales, la Comisión de Acuerdos del Senado realizará una audiencia pública a 16 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial, entre ellos algunos nombres cercanos al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al ministro del Interior -y candidato a senador-, Eduardo “Wado” de Pedro.

Se trata de un conjunto de pliegos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo en mayo pasado, pero recién tomaron estado parlamentario en la sesión del 28 de septiembre, cuando el oficialismo logró avalar 75 nombramientos de jueces, fiscales y defensores, destacándose el de Ana María Figueroa.

La audiencia se llevará a cabo el próximo 25 de octubre, a partir de las 10 en el Salón Illia, según se oficializó este jueves en el Boletín Oficial.

Los cargos a cubrir son en las jurisdicciones de Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

Desde la oposición, que se muestra en contra de avalar designaciones judiciales a las puertas de un recambio de gobierno, advirtieron por algunos nombres de la nueva tanda de candidatos enviados por el Poder Ejecutivo.

Uno de ellos es Juan Rafael Stinco, quien fue asesor de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía. También fue funcionario de la Procuración General hasta 2015 y exdirector de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Hace dos años atrás, en medio de la pandemia, asistió de manera remota a una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos por su postulación como juez civil y comercial en CABA. Ahora está propuesto como juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°7 de la Capital Federal.

Otro de los nombres cuestionados desde la oposición es el de María Laura Manín, actual subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior, postulada como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia. Su rol sería clave en la resolución de causas que involucren reclamos entre el Estado y las empresas por conductas monopólicas.

Ambos fueron cuestionados desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) porque integraban listas complementarias tras los respectivos concursos.

La lista completa de los pliegos

• Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Lucas Alberto Colla.
• Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, María Laura Manín.
• Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, provincia de Misiones, Arlindo Otto Kurtz.
• Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Julio César Lucas Zárate.
• Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, Mariano Romero.
• Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, Tomás Puppio Zubiría.
• Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala Especializada en Defensa de la Competencia, Humberto Carlos Guardia Mendonca.
• Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 14, Gabriel Gonzalo Rey.
• Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, Sebastián Rodrigo Ghersi.
• Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal, Ana Valeria Amaya.
• Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Juan Tomás Rodríguez Ponte.
• Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal, Juan Rafael Stinco.
• Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Fernández.
• Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 85 de la Capital Federal, Marcela Patricia Somer.
• Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6 de la Capital Federal, María Stupenengo.
• Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, Ana María Cristina Juan.

El próximo lunes, desde las 19, se llevará a cabo el último encuentro del ciclo “Poesía en el Senado” en el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo (Hipólito Yrigoyen 1849), con entrada libre y gratuita.

Los poetas Cecilia Pavón y Rodrigo Barcos serán quienes leerán en este espacio creado con el objetivo de acercar a autores de diferentes generaciones en un intercambio que muestre las distintas cosmovisiones con respecto a la democracia, al cumplirse 40 años de vida democrática en nuestro país.

Cecilia Pavón, mendocina de nacimiento, se recibió de Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Escritora, editora, y traductora, en 1999 fundó junto a Fernanda Laguna la galería de arte y editorial Belleza y Felicidad. Publicó los libros de relatos Los sueños no tienen copyright, Once Sur, Pequeño recuento sobre mis faltas y Todos los cuadros que tiré; y los libros de poemas: Diario de una persona inventada, 27 poemas con nombre de persona, Un hotel con mi nombre, Querido libro y La libertad de los bares, entre otros. Su obra ha sido traducida al portugués, francés e inglés. En 2020 fundó Microcentro, un espacio dedicado a la experimentación poética a través de talleres y lecturas.

Rodrigo Barcos es artista y curador. Se formó en el Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y en Gestión Cultural (Universidad Tres de Febrero). Trabajó como docente en el Centro Cultural Ricardo Rojas y en Belleza y Felicidad Fiorito. Como curador trabajó en las exhibiciones Ideas en mente de Dani Umpi (Fundación El Gran Vidrio, Córdoba) Color Local en el Centro Cultural España en Buenos Aires y La piedad de Ucayali de Francisco Casas (Pasto Galería, Buenos Aires). Entre algunas de sus publicaciones se encuentran 1949 por Imprenta Rescate y Santiago por Cariño Ediciones. Actualmente trabaja como asistente curatorial del departamento de Patrimonio del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

El ciclo organizado por la Dirección de Cultura del Senado está coordinado por el escritor Carlos Godoy.

El encuentro se podrá seguir además en vivo por el canal de YouTube del Senado.

Este martes se llevó a cabo en el Senado un seminario internacional sobre áreas metropolitanas, que estuvo organizado por la senadora tucumana Beatriz Ávila (JxC), en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, el cual se celebró en el Salón Auditorio Emar Acosta del edificio Alfredo Palacios, durante más de cuatro horas.

La jornada contó con la participación en forma virtual de reconocidos especialistas del exterior, tuvo lugar este martes por la mañana el seminario internacional “hacia la institucionalización de las áreas metropolitanas en argentina”.

En la apertura del seminario, la senadora Ávila puso de relieve que el cónclave se organizó coincidiendo en que este mes “se celebra octubre urbano” y que el próximo sábado 7 “es el Día Mundial Metropolitano”.

La tucumana enfatizó que “es fundamental que podamos visibilizar esta temática, para ver cómo esas áreas metropolitanas sean lo mejor para todos” y recordó que este seminario es el tercero que se organiza sobre la cuestión ya que anteriormente se concretaron encuentros similares sobre “ciudades inteligentes y autonomía municipal”.

Para remarcar la importancia que tiene el debate sobre este tema, la legisladora puntualizó que “se estima que para el año 2050, siete de cada diez ciudadanos vivirán en ciudades”.

Asimismo, destacó que “ya se dejó de lado el concepto de municipio antiguo que se dedicaba al Alumbrado, Barrido y Limpieza, y ahora el concepto es mucho más amplio porque ahora el municipio se tiene que involucrar en cuestiones de trabajo y sociales, que antes eran exclusividad de la nación y las provincias”.

“La idea de este seminario es que podamos visibilizar esta problemática que tiene muchos desafíos e inconvenientes, pero tiene muchas oportunidades”, concluyó.

El seminario, que incluyó distintos paneles, recibió un mensaje del director general para América Latina de ONU Hábitat, el colombiano Elkin Velásquez, y escuchó de manera virtual a varios especialistas de Colombia, España y Bolivia.

Además, tomaron parte varios expertos argentinos en forma presencial como Claudio Augugliaro, en representación del Comité Ejecutivo del Instituto para la Ciudadanía Metropolitana.

Algunos de los que participaron del evento internacional fueron Jordi Vaquer, secretario general de Metrópolis; Rafael Forero, responsable Gobernanza Metropolitana de ONU Hábitat; Pedro Ortiz, del Instituto Metropolitano Internacional y Mariona Tomas de la Universidad de Barcelona.

También brindaron sus puntos de vista en la materia los diputados nacionales Daniel Arroyo (Buenos Aires-Frente de Todos) y Juan Martín (UCR-Santa Fe).

La senadora nacional Beatriz Luisa Ávila (Tucumán) mediante la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales de la Cámara alta, llevará a cabo un seminario internacional a pensar el camino hacia la institucionalización de las áreas metropolitanas en Argentina.

El evento se llevará a cabo el martes 3 de octubre a las 9.30 en el Salón Auditorio Emar Acosta del Senado y contará con la presencia de los diputados nacionales Daniel Arroyo (FdT) y Juan Martín (UCR) y demás especialistas que expondrán sobre el tema.

El programa tentativo del seminario es el siguiente:

• La apertura será entre las 9.30 y 9.45 a cargo de la senadora Ávila, de Elkin Velázquez (director regional para América Latina y el Caribe ONU-Hábitat) y de Claudio Augugliaro (Representante de OSC – presidente de Ciudadanía Metropolitana).

• El primer tema será “Gobernanza metropolitana. El desafío de gestionar estas nuevas ciudades” que se desarrollará entre las 9.45 a 10.45. Los panelistas confirmados son: Rafaél Forero (responsable de Gobernanza Metropolitana de ONU-Hábitat), Jordi Vaquer (secretario general de Metrópolis), Mariona Tomás (Universidad de Barcelona), Pedro Ortíz (Instituto Metropolitano Internacional), Gabriel Lanfranchi (Posgrado de Urbanismo Metropolitano – FADU/UBA). Modera: Diego Rusticucci (Sociedad Central de Arquitectos).

• El segundo tópico será “Las experiencias iberoamericanas de construcción de una gobernanza metropolitana (panel de experiencias internacionales)” entre las 10.45 a 11.30. Experiencias confirmadas: Patricia González Ávila (secretaria de Integración Regional – Bogotá Cundinamarca) Xavier Tiana Casablancas (Encargado de Relaciones Internacionales del Área Metropolitana de Barcelona), Jorge Pérez Jaramillo (Medellín-Valle de Aburrá), Jorge Alonzo (Santa Cruz de la Sierra). Modera: Adriana Rofman (ICO-UNGS).

• Como tercer tema “Los avances en materia de coordinación y cooperación en áreas metropolitanas de Argentina” desde las 11.35 a 12.30. Los panelistas confirmados: Daniel Cravacuore (presidente FINDEL/UNQ), Graciela Marty (Coordinadora Provincial de Unicipio-Mendoza), Martín Atencio (secretario ejecutivo del ECOM-Rosario), Bruno Jerez (Coordinador del Gran Jujuy), Gabriel Bermúdez (secretario de Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Córdoba), Myriam Prunotto (presidente del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana. Modera: María Victoria Boix (CIPPEC).

• En cuarto lugar, se desarrollará el tema “Hacia la construcción de una agenda parlamentaria nacional vinculada a las problemáticas metropolitanas” desde las 12.30 a 13.15. Los legisladores confirmados son el diputado bonaerense Daniel Arroyo y el santafecino Juan Martín. Modera: Gastón Urquiza (Fundación Metropolitana).

• Por último, se explicará sobre “El desafío de impulsar una alianza para la gobernanza metropolitana en Argentina” entre las 13.15 a 13.25. Instituciones de la sociedad civil convocantes.

En la sesión del Senado de este jueves, el kirchnerismo logró que se apruebe el pliego de la jueza Ana María Figuero,a quien cumplió 75 años el 8 de agosto pasado, por lo que la Corte Suprema de Justicia dispuso el 6 de septiembre que deje el cargo.

Pese a ello, el oficialismo decidió insistir con la prórroga de su mandato en el Senado y la votación resultó empatada, por lo que tuvo que ser definida con el voto de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, tras el 35-35 que registró la votación inicial. El tema es que a ese número llegó la principal oposición porque en JxC se ausentó la senadora nacional Carmen Crexell (Cambio Federal – Neuquén), que de haber estado presente hubiese significado que no se aprobara el pliego (aunque algunos especulan que en ese caso sí hubiera estado Magdalena Solari Quintana, misionera habitualmente aliada del oficialismo, que se ausentó en la votación. Pero esa es otra cuestión).

Este viernes, desde la Coalición Cívica – ARI, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic criticaron a la senadora neuquina y señalaron que “esa ausencia es efectivamente una falta a los valores institucionales que nuestro espacio representa y defiende”.

Del mismo modo, manifestaron que “la ausencia de la senadora Crexell en la sesión de este jueves 28 de septiembre significó la ausencia de la representación de miles de argentinos que la votaron para defender sus intereses y los del país”.

“Este acto de irresponsabilidad política permitió que el kirchnerismo vulnere una vez más las instituciones y debe ser juzgado con el máximo rigor”, manifestaron, y añadieron que “la lucha contra la corrupción y la impunidad no es un slogan de campaña”.

También, enfatizaron que “es una causa, una misión y un compromiso irrenunciable para quienes hemos dedicado nuestra vida a terminar, no sólo con el Kirchnerismo, sino con cualquier concepción de poder que pretenda profundizar el inconmensurable daño cultural hecho al país”.

Para cerrar el comunicado, los diputados nacionales del espacio liderado por Elisa Carrió indicaron que “la corrupción mata, y es la contra cara de la pobreza. Entender esto como un imperativo ético y moral nos demanda ser implacables. No hay excusa que pueda justificar su irresponsabilidad”.

Con entrada libre y gratuita, se realizará este lunes 2 de octubre, desde las 19, un nuevo encuentro del ciclo “Poesía en el Senado” en el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo.

En esta oportunidad se presentarán los poetas Cecilia Romana y Luciano Lamberti, quienes leerán en este espacio, creado con el objetivo de acercar a autores de diferentes generaciones en un intercambio que muestre las distintas cosmovisiones con respecto a la democracia, al cumplirse 40 años de vida democrática en nuestro país.

Cecilia Romana nació en Buenos Aires. Es escritora y licenciada en Artes y Ciencias del Teatro. Publicó ocho libros de poesía, entre ellos Aviso de obra, con el que obtuvo el Premio de Poesía Iberoamericana Sor Juana Inés de la Cruz 2006 (México, 2008) y No lo conozcas, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2006 (México, 2007), El libro de los celos, Segundo Premio Poesía Fondo Nacional de las Artes 2009 (Buenos Aires, 2010) y Los que fueron, Segundo Premio Poesía Fondo Nacional de las Artes 2011 (Buenos Aires, 2013).

Asimismo es autora de cuatro volúmenes de relatos infanto-juveniles (Norma) y varios libros escolares para nivel inicial, primario y secundario de las editoriales Kapelusz y Santillana. Sus poemas han sido traducidos al francés en Canadá (Exit) y Bélgica (Maison de la poésie), al italiano, inglés, portugués y polaco y forman parte de antologías argentinas, latinoamericanas y estadounidenses.

Luciano Lamberti es licenciado en Letras. Nació en San Francisco, Córdoba. Ha publicado varias novelas, colecciones de cuentos y el libro de poemas San Francisco, Córdoba, que acumula su poesía completa. Actualmente escribe guiones y dicta talleres de escritura.

La última fecha de este ciclo, coordinado por el escritor Carlos Godoy, será el 9 de octubre a la misma hora.

La Dirección de Cultura del Senado organiza este evento abierto al público, al que se podrá ingresar a partir de las 18 hasta cubrir la capacidad del salón. Además, se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube del Senado.

En el tramo final de la sesión del Senado, el proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado por 52 votos afirmativos, pero recibió modificaciones en su redacción por lo que vuelve a Diputados.

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

Ante el acuerdo de que ningún senador expusiera, la puntana María Eugenia Catalfamo (UF) cuestionó que “cuando se trata de violencia hacia las mujeres empezamos a callar las voces”. “Hay una chica, Olimpia Coral Melo, que viajó desde México para ver cómo se aprobaba esta ley”, señaló e informó que “Argentina es el segundo país que va a sancionar esto. No me parece callar cuando se va a tratar esta ley”.

“No me parece censurar voces cuando vamos a incorporar modificaciones a la ley de erradicación de violencia digital contra las mujeres y si bien es una media sanción, vamos a devolverlo a la Cámara de Diputados porque se omitió el término ‘participación política’”, concluyó.

#LeyOlimpia viajó miles de kilómetros para llegar a nuestro país y defender su causa.

Logramos incorporar la violencia digital a la Ley de Protección Integral de las Mujeres y aunque no pudimos expresarnos cómo hubiéramos deseado, hoy nos sentimos más protegidas y seguras! pic.twitter.com/StfcObgtRB

— Eugenia Catalfamo (@eugecatalfamo) September 29, 2023

Los ejes centrales del proyecto

Mediante el proyecto se incorpora una serie de modificaciones a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, se establece como objetivo garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

“En especial conductas que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el ámbito digital o que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, íntimo o de desnudez, que se le atribuya a la mujer, o la reproducción en el ámbito digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas o situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea, robo y difusión no consentida de datos personales”, agrega.

Además, se dispone que se deberá “implementar un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible” destinado “a dar contención, información y brindar asesoramiento” sobre la violencia digital.

Otra de las modificaciones establece que se tendrán que “promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las TIC’s y la comunicación y de identificación de las violencias digitales, en las clases de Educación Sexual Integral como en el resto de los contenidos en el ámbito educativo y en la formación docente”.

Sobre los derechos que se les deberán garantizar a las mujeres en procedimientos judiciales, se incorpora el “resguardo diligente y expeditivo de la evidencia en soportes digitales por cuerpos de investigación especializados u organismos públicos correspondientes”.

Respecto a las medidas preventivas urgentes, el juez podrá “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.

También, “ordenar la prohibición de contacto del presunto agresor hacia la mujer que padece violencia por intermedio de cualquier tecnología de la información y la comunicación, aplicación de mensajería instantánea o canal de comunicación digital”.

Y tendrá la competencia para “ordenar por auto fundado, a las empresas de plataformas digitales, redes sociales, o páginas electrónicas, de manera escrita o electrónica la supresión de contenidos que constituyan un ejercicio de la violencia de género digital”.

Tras una larga espera, la Cámara de Senadores aprobó este jueves un proyecto que tiene por objetivo establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento. La votación resultó con 54 votos afirmativos 1 negativo -de Carmen Álvarez Rivero-.  

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.  

El proyecto tenía media sanción de Diputados desde el 24 de noviembre del año pasado. 

A través de esta iniciativa se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.   

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.  

La Cámara alta aprobó en la madrugada del viernes y sin oradores, con 54 votos a favor 1 en contra -de la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero- un proyecto que busca crear el Programa Pubertad Precoz, para garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central (PPC) en niñas y niños.  

El proyecto tenía media sanción de Diputados desde el pasado 19 de abril.  La pubertad precoz es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce sólo a cambios físicos, también conduce a otros emocionales y psicológicos.   

Este proyecto, que fue impulsado por los diputados Rubén Manzi y Carla Carrizo, tiene como funciones entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos y sociales.  

También promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la PPC, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.  

Prevé realizar estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.  

La Cámara de Senadores dio media sanción en la madrugada del viernes al proyecto que propone establecer por ley el Programa Nacional Remediar que buscar garantizar el derecho al acceso y a la cobertura gratuita de medicamentos esenciales y productos sanitarios de uso ambulatorio a través de la distribución directa en el primer nivel de atención de la salud.

La iniciativa, cuya autoría es de la puntana Eugenia Catalfamo (UF) y del tucumano Pablo Yedlin (FdT), fue aprobado con 54 votos afirmativos y 1 negativo (Carmen Álvarez Rivero -Pro) y giró a la Cámara baja.

El Programa Nacional Remediar cumplió 20 años de proveer botiquines con medicamentos esenciales (gratuitamente) a más de 8.100 centros de salud distribuidos en todo el país que dan respuesta al 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención. De este modo, el Estado le garantiza la cobertura de medicamentos a 16 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

Los objetivos del Programa son asegurar la accesibilidad y cobertura de los medicamentos esenciales y productos sanitarios por parte de la población con cobertura pública exclusiva.  También fortalecer el modelo de atención primaria de la salud y promover políticas de salud con gestión participativa.

Además, fomenta el uso racional de medicamentos; desarrollar estrategias para promover la prescripción de medicamentos por su nombre genérico; consolidar un sistema centralizado de abastecimiento, almacenamiento y distribución federal de medicamentos esenciales y productos sanitarios para las instituciones del primer nivel de atención de la red de salud pública; e impulsar la producción nacional de medicamentos y productos sanitarios.

Para acceder a los beneficios, plantea como requisitos hacer una consulta en alguna de las instituciones del primer nivel de atención de la salud habilitadas por el Programa; presentar la prescripción del o los medicamentos esenciales; retirar el medicamento y/o producto sanitario de manera gratuita e inmediata en las instituciones.

La Cámara alta aprobó con 54 votos a favor y 1 en contra (de la senadora Carmen Álvarez Rivero) y giró a Diputados un proyecto que autoriza en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor, para colaborar en la prevención de las caries dentales y mejorar la salud bucal de la población.  

Esta iniciativa corresponde al senador nacional Pablo Yedlin y tenía dictamen desde el 9 de noviembre del año pasado.   

Esta iniciativa autoriza en todo el territorio nacional la elaboración, comercialización y consumo de sal de mesa enriquecida con flúor en una concentración de 200 ppm a 250 ppm de flúor en la sal. Las sales sin contenido de sodio o con bajo contenido del mismo, podrán ser enriquecidas con flúor en la misma concentración citada.  

Según estudios realizados en nuestro país, las caries dentales afectan al 90% de la población nacional, siendo la zona norte y especialmente noroeste, donde se encuentran los promedios más altos en personas con caries dentales y es donde las limitaciones al acceso de servicios de salud agravan la prevalencia y severidad de la enfermedad y las consecuencias de las mismas.  

A fin de apurar los trámites de la sesión y ya en horas de la madrugada del viernes, la Cámara alta convirtió en ley la creación de cinco nuevas universidades nacionales, al igual que el programa Becas Progresar creado por Cristina Kirchner. Además, recibió la media sanción el proyecto que busca instaurar por ley el programa creado en 2010, Conectar Igualdad.

Universidades Nacionales

El oficialismo junto a sus aliados habituales, y con un JxC dividido a la hora de la votación, convirtió en ley la aprobación de cinco nuevas, de las cuales tres universidades son en la provincia de Buenos Aires (Delta, Pilar, Ezeiza), una en CABA (Madres de Plaza de Mayo) y una en el interior (Rio Tercero, Córdoba). Los proyectos se debatieron en el marco de un único debate, pero cada uno tuvo su propia votación. Estos fueron los resultados de cada universidad:

• Delta: 58 votos afirmativos, 2 negativos (Carmen Álvarez Rivero y José Torello, ambos del Pro).
• Pilar: 59 votos afirmativos, 1 negativo (Carmen Álvarez Rivero).
• Ezeiza: 41 votos afirmativos, 19 negativos.
• Madres de Plaza de Mayo: 40 votos afirmativos, 20 negativos.
• Río Tercero: 59 votos afirmativos, 1 negativos (José Torello).

Al respecto, la titular de la Comisión de Educación y Cultura, la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT), expresó: “No hay hecho más igualador que la expansión de la creación de universidades públicas”. Sin embargo, aseveró: “He estado muy atenta a este tema y he notado que en estos últimos tiempos hay ciertas ganas de dar desprestigio a las universidades de acceso públicas”.

“En 2001 había 1.400.000 estudiantes universitarios, en 2013 había 1.900.000 y en 2021 ya había 2.550.000. El 80 por ciento de los alumnos asiste a la universidad estatal y el 20 a la privada”, detalló. Del mismo modo, agregó que “las investigaciones emanan de la universidad estatal”.

Con relación a diferentes posturas de senadores de otros bloques, López Valverde manifestó: “Comprendo que estamos en campaña y los ánimos se elevan, pero a veces somos exagerados en lo que decimos”. “Hay muchos estudiantes con ganas de acceder a estos estudios y alguien por ahí decía ‘quieren la universidad en la puerta de la casa’, pero ¿qué tiene de malo?”, señaló.

Además, cuestionó que la oposición “diga que hablar de universidades que incorporen a más sectores de distintos orígenes son actos políticos electorales”, y agregó: “Quien propone esas argumentaciones no quiere reconocer la creatividad de la comunidad académica”.

“La universidad pública de gestión estatal es una construcción histórica y estatal. Siempre se ha pensado en la universidad pública y nunca se dejó de pensar en la creación de universidades públicas, incluso en los 90 con las privatizaciones”, indicó la senadora.

A su turno, el senador cordobés Luis Juez (Pro) recordó que en el año 95 en su provincia estalló una fábrica militar causando estragos que “hasta el día de hoy el pueblo lamenta, heridas que no van a cerrar con esta universidad porque hubo siete vecinos que vieron cómo arriba de su casa estallaba una bomba por culpa de la corrupción del Estado. Eso pasó en Argentina y nos avergüenza a todos”.

“De forma inteligente encontró en la construcción de una universidad nacional la posibilidad de y un motivo para afianzarnos porque es un lugar pujante en materia de producción y desarrollo tecnológico. Las fuerzas y las dirigencias políticas con mucho esmero sorteando y trabajando de forma transversal intentaron que ese reclamo y herida tuviera un nivel de cicatrización y logró que la acompañaran y llegamos con media sanción de esta universidad de Río Tercero. Estamos reparando de a poco el daño que el Estado le creó a mi provincia. Esta universidad fue profundamente estudiada y pensada”, explayó y solicitó el acompañamiento y adelantó su voto positivo.

En el mismo sentido se expresó la senadora nacional Alejandra Vigo (UF) que, al igual que el senador preopinante, se mostró a favor de la creación de las universidades, puntualmente a la de Rio Tercero. De la misma manera, el senador nacional Martín Lousteau (Evolución Radical) anticipó su voto a favor de la creación de las universidades y recordó que “el 3 de noviembre de 1995 hubo una explosión en Rio Tercero y la ciudad quedó devastada, generó caída y desarraigo, pero fue un atentado del Estado nacional”.

“En esa época de corrupción se llegó al desprecio de la ciudad que generó muertes y heridos y la Universidad de Rio Tercero es una reparación a eso”, destacó. Del mismo modo, felicitó al intendente de la ciudad Marcos Ferrer y a la diputada nacional Gabriela Brouwer De Koning por el proyecto.

Además, explicó que esta universidad “pretende reparar el pasado, construyendo un futuro distinto para retener a los jóvenes que se van”. Así también citó a Danya Tavela y mencionó: “El 64% de los estudiantes son primeros universitarios de su familia y Argentina tiene una universidad cada 350.000 habitantes”.

Por otro lado, advirtió que “tenemos que mejorar la retención y la permanencia de los estudiantes porque eso va a mejorar la productividad y el desarrollo regional”. Por último, expresó: “Le pido a los senadores de mi bancada que no están convencidos que se convenzan de votar a favor”.

La puntana María Eugenia Catalfamo (UF) sostuvo que la creación de universidades públicas “más que electoralistas, estamos defendiendo derechos”. “Miremos a todos estos pibes que están acá, me da esperanza”, afirmó. “Para el peronismo esto es seguir conquistando derechos. Discutir estas políticas públicas son parte de nuestra identidad”, señaló, y cuestionó a la gestión de Mauricio Macri por “haber bajado la población que cobraba los beneficios del Progresar”.

Para cerrar, expresó que “la educación es publica, pero hay factores como barreras culturales que generan desigualdad”. “Celebramos el trabajo en conjunto porque cuando discutíamos estos proyectos hoy llegamos a este consenso”, señaló.

Características de las universidades en marcha

• Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. El proyecto había sido presentado por Sergio Massa y Alicia Aparicio (FdT). El proyecto establece que las carreras que se dicten estarán orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión, entre otras.

• Universidad Nacional de Pilar, a partir de proyectos presentados por María Rosa Martínez (FdT) y Ramiro Gutiérrez (FdT). Establece, en un artículo similar al que plantean todos los proyectos que van en este sentido, que la universidad “planificará la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con las de universidades ya instaladas en la región”.

• Universidad Nacional de Ezeiza. El proyecto fue presentado por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz (FdT). En este caso se trata de cambiar el estatus de la institución ya existente. “Formará parte de la Universidad Nacional de Ezeiza la actual Universidad Provincial de Ezeiza. A tal fin, se faculta al Poder Ejecutivo nacional para celebrar convenio, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para la transferencia a la nueva universidad de los bienes muebles e inmuebles de la universidad provincial, los servicios educativos que se acuerden, el personal docente y no docente, y sus alumnos/as”, indica.

• Universidad Nacional de Río Tercero, a partir de proyectos presentados por las diputadas Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (FdT). Establece que las carreras que dictarán estarán relacionadas “a las áreas vinculadas a los sectores productivos de bienes y servicios de la economía regional, a la actividad desarrollada en el Parque Industrial Río Tercero y zonas de influencia y las demandas de la comunidad universitaria”.

• Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesta por Hugo Yasky (FdT). La iniciativa establece que los contenidos de los planes de estudio “estarán orientados en la defensa, promoción y protección para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos”.

Programa Conectar Igualdad

A un año de tener despacho de comisión, el Senado le dio la media sanción al proyecto que busca establecer por ley el Programa Conectar Igualdad creado en 2010 que apunta a proveer de una computadora a los estudiantes y docentes de escuelas secundarias estatales y especiales.

El texto recibió 58 votos a favor y 1 voto en contra (de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero). El mismo busca garantizar el acceso y dominio de las tecnologías de la información en condiciones de igualdad e inclusión. También, promover el acceso a la conectividad necesaria para el trabajo pedagógico y administrativo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

Además, plantea la capacitación a docentes en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, fomentar trayectorias escolares orientadas a disciplinas vinculadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

La senadora López Valverde manifestó brevemente: “Sabemos los resultados que lograron la conectividad. Este un proyecto de Bensusán y espero que todos los acompañemos”, y sumó: “Quiero apelar a los senadores que seguramente muchos serán hijos de la universidad pública y que recuerden esa formación”, y cerró: “Seamos coherente con nuestra historia y con nuestros principios constitucionales”.

“Conectar Igualdad fue creado en el 2010 y ha tenido un éxito rotundo, es una herramienta de justicia social que achica la brecha digital que puede haber entre alumnos de diferente nivel socioeconómico. De esta manera equiparamos algo tan necesario para la educación”, expresó el pampeano Daniel Bensusán (FdT), quien explicó que se trata de la entrega de material tecnológico y educativo como notebook de forma gratuita.

En ese marco, celebró: “Estamos creando universidades, estamos transformando en ley el Programa Progresar y Conectar Igualdad”, y contó: “Me tocó acompañar la entrega de estas notebook en muchas escuelas de mi provincia y los chicos y padres me contaban su situación y me pedían que no se corte esto como pasó en un periodo de 4 años y eso nos llevó a presentar este proyecto que fue trabajado en un plenario de comisiones y por el propio Ministerio de Educación por lo que es un dictamen enriquecido”.

“Revalorizamos la escuela secundaria pública, está aún el compromiso de decir quién será la Autoridad de Aplicación y otorgar este beneficio a escuelas de gestión privada que necesiten estas herramientas porque en localidades de provincias que pasan a la gestión estatal y requieren estas herramientas”, precisó Bensusán.

Y cerró planteando que el objetivo es que “este tipo de programas como el Conectar Igualdad, el Progresar, no puedan ser interrumpidas por la decisión políticas de gestiones neoliberales que entienden a la educación pública como un gasto”.

Becas Progresar: el programa educativo creado por CFK

La iniciativa le brinda una continuidad y jerarquización al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina que se lanzó en 2014, con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles.

Por 58 votos a favor y 1 en contra (Carmen Álvarez Rivero -Pro) la Cámara alta aprobó el proyecto que busca establecer por ley el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), que brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, actual titular del Senado.

El proyecto propone crear el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico profesional de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad inclusive, residentes en la Argentina.

El Ministerio de Educación de la Nación será la autoridad de aplicación y podrá ampliar la edad hasta 35 años en los grupos prioritarios que defina. Asimismo, paulatinamente incorporará a estudiantes de 15 años.

Los requisitos para acceder a Progresar serán: tener entre 16 y 30 años de edad, inclusive; ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o extranjera/o, con residencia legal de 2 años y 5 en el país y contar con DNI; acreditar la regularidad en una institución educativa o la asistencia a cursos o centros de formación acreditados por el programa.

También que los ingresos de la/el joven y de su grupo familiar no deberán ser superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Aclara que no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad. Y la realización de un control anual de salud.

Quienes posean Progresar tendrán derecho a percibir una transferencia monetaria en los plazos estipulados por el Ministerio de Educación de la Nación; ser titular de una tarjeta de débito sin costo donde se acredite la transferencia monetaria; y postularse a becas internacionales y programas del Estado.

Se propone la creación de “Espacios Progresar”, entendidos como espacios de tutorías y acompañamiento para aspirantes y titulares del programa que funcionarán en las instituciones educativas.

“Será prioridad del Ministerio de Educación de la Nación la implementación de acciones con el fin de fortalecer el acceso a dispositivos tecnológicos y de conectividad”, indica el texto y, asimismo, la cartera educativa deberá realizar evaluaciones anuales del programa orientadas a conocer su implementación y funcionamiento.

Sobre este tema, López Valverde sostuvo que “son becas que se dan a estudiantes que sus ingresos no superan los tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles para jóvenes de 16 hasta 36 años”. También, aclaró que “está destinado a aquellos que cursan en escuelas y universidades estatales, y que no es incompatible con la AUH y AUE o las pensiones por discapacidad”.

En su intervención, Catalfamo propuso que las modificaciones al proyecto de Becas Progresar “se realicen sin que la iniciativa vuelva a la Cámara baja, sino que sean incluidas por el Poder Ejecutivo con la reglamentación”.

“Hoy estamos concretando la creación por ley del programa Conectar Igualdad y del programa Progresar. Estamos fortaleciendo la igualdad para acceder a las mismas oportunidades para todas y todos los pibes de nuestra patria, sea donde sea que vivan”, destacó la santacruceña Ana María Ianni (FdT).

Por último, la senadora nacional Juliana Di Tullio (FdT) indicó que “en los últimos dos años de la segunda gestión de Cristina Kirchner jóvenes de hasta 24 años accedieron al programa, y llegaban casi a un millón”. Sin embargo, cuestionó que “de 2015 a 2019 bajó a medio millón. Ahora vamos a alcanzar a poco menos de dos millones con una beca de 18.000 pesos por mes”.

Del mismo modo, explicó que “en 2020 se convirtió en ley el Impuesto a las Grandes Fortunas y el 7,3 de lo recaudado va al programa Progresar”. “Cuando creamos esos impuestos era para que vaya a estos programas y es una gran noticia”.

Respecto a Conectar Igualdad, sostuvo que “es importante convertirlo en ley porque achicar la brecha digital nos compromete”. “En 2009 había una computadora cada 12 pibes y del 2010 a 2015 todos tenían computadoras”, enfatizó.

Finalmente, celebró la creación las cinco universidades e ironizó: “Di Tullio está feliz”. Asimismo, remarcó los datos que brindo el senador Lousteau sobre que en Argentina “hay una universidad cada 350.000 habitantes”.

Inquilinos, propietarios e inmobiliarias seguirán esperando por una nueva Ley de Alquileres, ya que -tal como se preveía- el oficialismo en el Senado impuso su dictamen de mayoría con modificaciones en la sesión de este jueves, por lo que el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados.

El texto fue aprobado con 37 votos afirmativos y 29 negativos. El Frente de Todos construyó una mayoría a partir del acuerdo, que se dio previamente en la discusión en comisión, con sus excompañeros de bancada y sus habituales aliados. 

Así, además del oficialismo, votaron a favor de los cambios Guillermo Snopek, Eugenia Catalfamo, Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola, de Unidad Federal; la riojana Clara Vega y el rionegrino Alberto Weretilneck, cada uno desde su monobloque.

En el caso de éste último, los diputados rionegrinos que responden a su espacio habían votado en la Cámara baja con Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición. Pero, a partir de esta nueva versión del proyecto, su postura podría cambiar.

Además de los votos negativos de Juntos por el Cambio -que tuvo cinco ausentes-, se opuso la cordobesa Alejandra Vigo. Al igual que en la votación de los pliegos judiciales, la misionera Magdalena Solari Quintana, presente este jueves, se ausentó en ese momento.

En sus puntos centrales, las modificaciones a la media sanción que vino de Diputados consisten en: mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establecer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Lo que se mantuvo sin cambios fue la parte que prevé beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.

Por su parte, Juntos por el Cambio defendió la media sanción que salió de Diputados, que preveía que los contratos vuelvan a dos años, actualizaciones cada cuatro meses y un menú de tres índices para establecer los aumentos, a acordar entre las partes.  

Miembro informante del oficialismo, el pampeano Daniel Bensusán aseguró que en las comisiones quedó claro que el proyecto que vino de la Cámara de Diputados “no era del agrado de las partes” y hasta senadores de la bancada opositora reconocieron que “no era un dictamen que solucionaba el problema”. “Nuestra obligación es mejorar el proyecto de ley”, defendió y enumeró que “obviamente que la escasez de inmuebles destinados al alquiler tiene múltiples causales: la especulación financiera, la dolarización de los alquileres y la inflación, que hace difícil mantener un equilibrio en esta relación contractual”. 

“Este problema no se resuelve con una sola ley, es integral, y seguramente el Estado tendrá que intervenir controlando”, consideró y detalló los cambios. Además de los contratos y el plazo de actualización, resaltó que se eliminó que “se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino”, y se estableció que “los contratos sean redactados y acordados en moneda nacional”. 

Sobre el nuevo índice, el presidente de la Comisión de Legislación General explicó que se determinará “por la menor variación que surja de comparar el 0,9 del coeficiente de variación salarial, publicado por el INDEC, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el Banco Central”. 

“Entendemos que permitirá mejorar la situación de esa gran masa de inquilinos que hoy no pueden acceder a una vivienda”, dijo sobre la nueva redacción y afirmó que se busca que el cambio en “los plazos para la duración del contrato y eventuales ajustes le dan una previsibilidad y estabilidad”.

Al manifestarse a favor de la media sanción de Diputados, el radical Víctor Zimmermann observó que la Ley de Alquileres actual “que afecta tanto a propietarios como a inquilinos, se ve básicamente afectada por el tema de la inflación, del cepo al dólar, por el problema del déficit habitacional y por la falta de inversión”. “Con una Ley de Alquileres no se puede resolver el problema económico de un país”, agregó.

Recordó que los expositores que asistieron a las comisiones desde Córdoba comentaron que “el 47% de los inmuebles que se ponen normalmente dentro del mercado de los alquileres fueron retirados para alquiler temporal” -cuestión pendiente de abordar, admitió-. “(Los propietarios) prefieren ponerlo en alquiler temporal y cobrar los alquileres en dólares o euros”, señaló.

El chaqueño expresó que todos los invitados que vinieron “nos pidieron que le demos celeridad y certidumbre al tratamiento, y yo creo que lo hemos logrado, más allá de las diferencias”, pero cuestionó que se dilate la resolución regresando el proyecto a Diputados, mientras “hay muchos contratos pendientes que están parados, esperando a ver qué pasa”. 

A su turno, el porteño Martín Lousteau recordó que él estaba en Diputados cuando se aprobó la primera norma y advirtió que por entonces había los mismos temores que en la actualidad. En su discurso se preguntó si “lo que viene con media sanción de Diputados resuelve el problema… La verdad que no los resuelve, en un contexto con una mente dolarizada en materia de propiedades. Claramente que no es la panacea la media sanción, pero el dictamen de mayoría va a agravar el vicio de querer proteger al más débil y terminar haciéndole peor la situación”.

El legislador de Evolución Radical advirtió también que “hay 15 mil personas que cuando intervenimos mal, se les va a ir el precio de los alquileres a las nubes, o no se los van a renovar”.

Lousteau sostuvo que “estamos generando una incertidumbre respecto del flujo de fondos que va a hacer que hoy con un proyecto así suban el alquiler”. A su juicio, el propietario dirá: “Me voy a cubrir porque para adelante voy a recibir menos”.

Cerró el debate la vicejefa del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, que cuestionó la actitud de Juntos por el Cambio, a cuyos miembros acusó de no querer acordar nada con el oficialismo “aunque estén de acuerdo”. Puso como ejemplo el tema de alquileres temporarios, donde habían acordado un dictamen con la UCR, pero después “les tiraron la oreja a dos o tres y ahora lo quieren cambiar”.

La mendocina aseguró que desde el Frente de Todos tenían la voluntad de mejorar la media sanción que venía de Diputados, pero sostuvo que “se nos hace imposible porque hay una decisión política (en la oposición) de no acordar, porque estamos en medio de la campaña. Esa mezquindad nos lleva a tener dos dictámenes”.

Reconoció el trabajo en comisión y en ese sentido valoró la actitud del vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann, de quien elogió “la amplitud con la que se trabajó”, y al respecto aseguró que “el resultado de nuestra máxima síntesis es este dictamen”.

“El problema afecta a 10 millones de personas; la inquilinización de la vivienda hay que trabajarla desde un lado político, pero ante la irresponsabilidad de la parte minoritaria de Juntos por el Cambio de enviar una media sanción que lo único que produjo fue incertidumbre, paralización de contratos y una desfachatez… Porque algunos diputados y senadores no habían leído la media sanción”, afirmó. Al respecto, la camporista sostuvo que en lo que llegó de la otra Cámara “ya no había alquileres para comercios de tres años; volvían a incluir que se tuvieran que pagar meses por adelantado, y que libremente el inquilino y el locador se tenían que poner de acuerdo en cómo se tenían que actualizar los alquileres”.

Fernández Sagasti diferenció que “este dictamen lo que tiene que hacer al legislar entre dos puntos o intereses contrapuestos es tratar de equilibrar un sistema, porque ese mundo de fantasía que muchos senadores nos quieren vender no existe”.

Agregó que el contrato de alquiler “funciona en los hechos como un contrato de adhesión, donde no pueden discutir las cláusulas porque hay una relación de asimetría con el propietario”. En referencia a la actual Ley 27.551, apuntó que en su momento vino a corregir una serie de abusos que existían por entonces. “No solucionó el problema, pero seamos sinceros: una ley no va a resolver la situación económica y social que existe en la Argentina. Hay que debatir una ley que tiene que ver con volver a convertir la vivienda en la Argentina en un derecho y no en un activo financiero, como está  pasando ahora”, analizó y completó que “retroceder a contratos de dos años es incrementar la incertidumbre que viven diez millones de personas”.

Puntos centrales del proyecto

• Un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años.
• Para los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis meses.
• En cuanto al índice de actualización, en vez de aplicar por partes iguales el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), dispone que se aplicará el coeficiente Casa Propia, publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
• Las publicidades, a través de cualquier medio o plataforma, que incluya precios de locaciones de inmuebles deben realizarse en moneda nacional.
• Para el cálculo de las indemnizaciones deberá tomarse como base el valor del mes de alquiler en el momento en que se entrega el inmueble. También, en la parte que expresa que no corresponde indemnización si la notificación al locador se hace con un mínimo de tres meses de anticipación, añade que el preaviso debe operar sus efectos luego de haberse cumplido seis meses de contrato.
• La Secretaría de la Vivienda para garantizar el “Programa Nacional de Alquiler Social” deberá relevar y difundir información estadística sobre la situación de las locaciones con fin habitacional en la Argentina, identificando demanda locativa y cantidad de hogares inquilinos, y, sobre la demanda habitacional de alquiler social, beneficiarios alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento.
• Sobre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes sostiene que la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados se considera una sola unidad de explotación. También agrega que los ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo.
• Establece las exenciones del gravamen sobre los créditos y los débitos en cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para operaciones relacionadas con locaciones de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos estén debidamente registrados.
• Dispone que las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10 % del monto anual del contrato de locación.

A dos semanas de que ingresara el proyecto al Congreso, el Senado transformó en ley este jueves la modificación en el impuesto a las Ganancias promovida por el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, quien obtiene así un triunfo legislativo a menos de un mes de las elecciones generales. 

La iniciativa, aprobada la semana pasada en Diputados, obtuvo en la Cámara alta 38 votos positivos, de los 31 senadores del interbloque oficialista; los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina); y los legisladores de Unidad Federal Guillermo Snopek, Edgardo Kueider, Carlos “Camau” Espínola y María Eugenia Catalfamo, exmiembros del Frente de Todos. 

En tanto, los 27 votos negativos correspondieron a Juntos por el Cambio y la schiarettista Alejandra Vigo. Hubo seis ausentes.

Durante el debate, la oposición reiteró sus argumentos en contra de la medida por considerarla de corte “electoralista”, además de enfatizar en la pérdida que significará para las provincias la recaudación por este tributo coparticipable. También advirtieron que generará más inflación.  

A partir de la nueva norma, se modifica la cuarta categoría de Ganancias y sólo pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, actualmente equivalente a $1.770.000 -nuevo mínimo imponible-, que se irá actualizando.

De esta manera, se prevé que el tributo alcanzará a 90 mil contribuyentes (actualmente lo pagan 700 mil), que representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Entre quienes seguirán pagando se encuentran CEO’s, puestos calificados, cargos políticos y jubilaciones de privilegio.

Además de mantener el beneficio de deducción del 22% para zona desfavorable, la ley crea el denominado “impuesto cedular” para los mayores ingresos, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024, y tendrá una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27% y 35%.

Para este viernes, la CGT convocó a una movilización para festejar ésta y otras medidas que están en discusión en el Congreso, como los programas de “Compra sin IVA” y “Empleo MiPyME”. En tanto, referentes sindicales como Pablo Moyano, Omar Plaini, Mario “Paco” Manrique y Sergio Palazzo -diputado nacional-, entre otros, estuvieron presentes en el recinto y estallaron cantando la marcha peronista tras la sanción.

La discusión demandó cuatro horas

Como miembro informante del oficialismo, el riojano Ricardo Guerra, afirmó que el proyecto “parte de un concepto que es el de no considerar al salario como una ganancia, sino como lo que es: una remuneración, una retribución al trabajo”. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicó que “van a continuar sujetos al impuesto tal cual está vigente en este momento” los secretarios de Estado, legisladores nacionales, directores, síndicos y quienes detentan cargos ejecutivos en las empresas públicas.

En su explicación de la iniciativa, el legislador apuntó que el mínimo no imponible se medirá a partir de los “15 salarios mínimos, vitales y móviles, en términos mensuales; y en términos anuales es de 180 SMVM”. “Quienes perciban salarios brutos por debajo de este nivel no estarán considerados en el impuesto”, señaló y tras recordar que se aplicará para los mayores ingresos alícuotas que van del 27% al 35%, con referencia en la cifra del SMVM, resaltó que esto derivará en “una actualización continua, porque los SMVM se actualizan dos veces al año”. 

A continuación, el radical Víctor Zimmermann alertó por la pérdida para las provincias, dado que Ganancias es coparticipable y recordó que pidieron que el ministro Massa asista al Senado para poder conversar sobre el tema. En esa línea, cuestionó que “eso no fue posible” y aclaró que lo hicieron “tomando como base el reclamo que hacen los trabajadores argentinos de no pagar un impuesto al salario, pero con la enorme preocupación de un impuesto que es coparticipable”. 

Al mencionar el informe técnico realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, el chaqueño indicó que “esa cuantificación ratificó nuestra preocupación porque dice que la pérdida de recaudación que van a tener las provincias va a ser de $1.000.700.000.000, a lo que hay que sumar la pérdida de recaudación del decreto que rige desde octubre”. Volviendo a cuestionar que no asistió nadie de la cartera de Economía, el opositor también reclamó que no se invitó a los gobernadores para ver “qué opinión tenían de la aplicación del proyecto y la reducción de los recursos”.

Zimmermann insistió que “el impacto y la reducción de recursos a las provincias es tremendo”, y planteó: “Es preocupante esta medida de carácter unilateral y es una enorme inequidad”. “Tenemos que defender los intereses de las provincias ante el gobierno federal. ¿Cómo hacemos para ir hacia adelante con una medida unilateral, del ministro de Economía y candidato a presidente, de darle un beneficio a los trabajadores que puede ser atendible? Porque es una lucha que compartimos, pero en mi provincia significa un enorme costo fiscal porque es plata que nos va a faltar para ser utilizada para comedores barriales, equipamiento en policía, y para solventar una lucha contra la pobreza que son números que avergüenzan”, manifestó y solicitó que se “instrumente de forma inmediata” un fondo compensador. 

Al igual que lo hicieran los diputados schiarettistas en la Cámara baja, la senadora de Unidad Federal Alejandra Vigo pidió que se incorpore un artículo para que el 30% de lo recaudado por el impuesto al cheque se distribuya entre las provincias, con el objetivo de compensar la pérdida. Afectada en su voz, la cordobesa habló poco, pero durante su intervención sostuvo: “Hace mucho tiempo que los cordobeses no le creemos a Massa. Son más de 50 mil millones de pesos los que impactarán en pérdida y en muchos servicios de los trabajadores de mi provincia, como es el boleto obrero”. La esposa del gobernador cordobés y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País consideró que su propuesta ayudaría a “equiparar esta gran falencia, esta nueva inequidad que va a surgir”. 

Durante el debate, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó que “algunos se arrogan la voz de los trabajadores, pero los docentes, empleados de salud y policías de las provincias, ¿no son trabajadores?”. Al afirmar que no iba a “levantar la mano” por un proyecto que no le “garantiza” una compensación por la pérdida del impuesto que es coparticipable, el senador de Juntos por el Cambio aseveró: “Nos quitan una masa salarial equivalente a ocho hospitales, porque a la Patagonia se la ningunea y a nosotros, no nos preguntó nadie”.

“Una escuela de mi provincia, en los últimos cinco años tuvo un solo año de clase y no vamos a permitir que ese problema vuelva a pasar en Chubut”, advirtió Torres, al sostener que “la emisión la pagan los más vulnerables y ésta medida también”. “Termina jodiendo a docentes, jubilados y policías de las provincias que ganan una décima parte”, añadió al comparar esos sueldos con los de CABA y se quejó además de que “las provincias aportan el 50% de las exportaciones que se están dilapidando”. 

A su turno, el porteño Martín Lousteau planteó: “¿Cómo hacemos para bajar Ganancias y que no genere efectos adversos a las provincias o en materia inflacionaria?”. El senador de Evolución Radical criticó que se trata de una cuestión electoralista porque “el mínimo exento se ajustó tres días antes de las PASO y 34 días después se aumentó, siempre con efecto paralelo al mes de las elecciones. Si no es un tema electoralista, ¿por qué no se hizo un análisis riguroso cuando se hizo el primer decreto? -se preguntó-”. 

Además, observó que “en el Presupuesto no se contempla un rediseño tributario al impuesto a las Ganancias, ni una caída en la recaudación, el impacto en el déficit, en la emisión y en la inflación”. “Se pierde 0,83% del PBI, eso es duplicar el déficit que está estimado en el Presupuesto. Se pierde el 3,5% de los recursos presupuestarios que lleva a mayor emisión e inflación. El 59% de eso sale de las provincias porque es un impuesto coparticipable”, detalló. 

El legislador de Juntos por el Cambio indicó que este impuesto progresivo “antes lo pagaban el 17% de los trabajadores formales, y ahora el 3% de los trabajadores, que es el 1% del total de trabajadores en el país, es decir, los que están arriba de la pirámide salarial van a recibir beneficios”. “Argentina va a tener el porcentaje más bajo de toda la muestra del mundo de las personas que pagan impuesto a las Ganancias, a excepción de Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes; y vamos a ser menos progresistas que Paraguay, Colombia, Perú y Chile”, explicó. 

Tras cuestionar que este proyecto además “no beneficia a los autónomos” y “perjudica a las provincias más pobres”, el economista opinó que “hay que indexar el mínimo imponible, los topes y tablas; es un impuesto que está mal y lo van a hacer peor, necesita un tratamiento equitativo a los trabajadores, alícuotas graduales”.

Desde el oficialismo, el misionero Maurice Closs opinó que “Cambiemos tiene que ser coherente” en este tema, al recordar que “el 21 de agosto de 2019 cuando perdió -por lejos- el candidato a presidente (Mauricio) Macri las PASO contra Alberto Fernández” dictó dos DNU “pasando por arriba nuestro”, uno de ellos “moviendo las escalas de Ganancias”; y en ese momento “no escuché decirlos que estaba mal, todo el mundo acompañó esa decisión desde esa bancada”, señaló. 

Tras los reclamos de las provincias, “el 2 de octubre (de ese año) la Corte falló en contra de eso”, remarcó. Por eso, el oficialista aseguró que “el ministro/candidato nuestro tiene que compensar sí o sí. Y se va a compensar en este caso, porque si no se compensa la Corte va a fallar”. “Yo no votaría si no tuviera la certeza de que está absolutamente comprometido y jurídicamente obligado el ministro Massa a compensar esto”, confesó y admitió que “seguramente va a tener que ajustar, porque la plata de algún lado va a tener que salir”. 

En su discurso, el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, manifestó su preocupación por “el nivel de violencia de los discursos y los tonos” durante el debate por el pliego de Ana María Figueroa. Yendo al tema Ganancias, destacó que con este proyecto se busca “terminar con 87 años del impuesto que gravó el salario de los hombres y mujeres trabajadores en Argentina”. 

“Se pueden poner muchos argumentos, descalificar la medida del ministro Massa de distintas maneras, pero no se puede soslayar y minimizar que el ministro, con el presidente, la Cámara de Diputados y este Senado estamos terminando con un tema que fue motivo de permanentes idas y venidas”, afirmó el senador de Juntos Somos Río Negro y, también al recordar a Macri, lanzó: “No hay un solo candidato de un partido político que alguna vez no haya prometido eliminar el impuesto a las Ganancias”. 

“Estoy absolutamente orgulloso de que mi amigo el ministro haya tomado esta decisión”, elogió a Massa y consideró que “no cualquiera toma esta decisión en el momento y las circunstancias que estamos viviendo”. “Obviamente hay una tarea por delante de cómo compensamos a nuestras provincias”, dijo, pero confió en el compromiso de que “en el Presupuesto se las va a compensar a través de la coparticipación del impuesto al cheque y el impuesto PAIS”. 

En el cierre, el jefe de la UCR, Luis Naidenoff, argumentó que “en un país marcado por un proceso inflacionario, con brecha cambiaria de más del 100%, con 40% de pobreza, donde dos de cada tres chicos son pobres, un ministro tiene que buscar un antídoto a una economía enferma, pero si le inyectas más virus estamos en el peor de los mundos. Es lo que pasa hoy, en la Argentina de tercios, para un Gobierno en la búsqueda de un voto se impone la regla del ‘vale todo’, porque quedaron terceros en las elecciones y pierden de vista el rol de administrar con racionalidad la economía”.

“Podemos decir que el Gobierno nunca ha adoptado ninguna medida sana para la economía, todas las medidas que se han adoptado son de tinte electoralista que nos conduce a un camino a una inflación que puede terminar en una hiperinflación y son tan descaradas que tienen fecha de vencimiento al 31 de octubre”, enfatizó el radical. 

Muy crítico, el formoseño enumeró las medidas tomadas tras las PASO y preguntó: “¿Cuáles son las buenas decisiones? ¿Inyectar platita en la economía en excedente para que explote todo? Tenemos la inflación más alta en 32 años y este tipo de medidas es echar más leña al fuego. Es una medida que beneficia en un 10% a los sectores con ingresos más ricos del país, en desmedro de más de 46 millones de argentinos y estamos resignando fondos en concepto de coparticipación para las provincias”. “Aplauden la baja del impuesto y estamos en el reino del revés, desfinanciando las provincias. Formosa resigna 60 mil millones de pesos y el 90% de los recursos es de coparticipación. Se está cometiendo un gran error”, sumó. 

Al cerrar el debate, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, reivindicó que “trabajar por la justicia social es trabajar por la dignidad humana”. “Ratificamos este principio y otro, aquel que decía Perón, de que gobernar es dar trabajo”, manifestó, y cargó contra la gestión de Cambiemos. Recordó que en diciembre de 2015, “el Estado populista que presidía la compañera Cristina Fernández de Kirchner deja al país con 640 mil millones de dólares del PBI, con una tasa de desocupación de 5,9 y con una relación de deuda-PBI inferior al 40%”. “El gobierno liberal de Macri, en cuatro años de gobierno, pierde más de 200 mil millones de dólares del PBI. Y nos entregan un país en default y con un endeudamiento brutal”, apuntó y reflexionó que allí “está el enorme problema que tenemos”. 

Al chicanear si con “Macri que era ingeniero” se contrajo la deuda con el FMI, “con Patricia (Bullrich) que no entiende nada de economía imagínense a donde vamos”. Pero también disparó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei: “Y con el otro que es un chamuyero porteño. Hay algunos que le creen que va a dolarizar y vamos a ganar todos en dólares”. “Este muchacho dice que va a eliminar la Ley de Coparticipación. No leyó nunca la Constitución. Es una ley convenio. No entiende nada”, agregó. 

Al afirmar que “estamos a tiempo”, Mayans sostuvo que “la diferencia con Massa es que fue al Fondo a discutir a ver cómo pagamos este desastre”. “Nosotros ratificamos que el salario no es ganancia y que queremos mejorar el poder adquisitivo. Este proyecto va a ayudar, como decía Perón, a que los trabajadores sean un poquito más felices”, completó.

A continuación, detallamos los nombres de los pliegos que obtuvieron luz verde este jueves en la Cámara alta: 

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, al doctor Enrique Nicolás Baronetto;  

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a la doctora Alfonsina Bava; 

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 2, al doctor Agustín Carrique; 

Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a la doctora Verónica Raquel Escribano; 

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta, al doctor Luis Francisco Valencia; 

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, a la doctora María José Bonifacino; 

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, Defensoría N° 4, al doctor Alejandro Marcelo Arguilea; 

Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero a la doctora Ana Carina Farías; 

Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes a la doctora Rosana Leonor Marini; 

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Román Pablo Lanzón; 

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº 1, a la doctora Lucía Romina Orsetti; 

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja al doctor José Nicolás Celestino Chumbita; 

Defensor Público Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Manuel Maximiliano Baillieau;  

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía N°2, al doctor Matías Felipe Scilabra; 

Defensora Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones y los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la doctora Rosario Muñoz; 

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a la doctora Marcela Silvina Lamas; 

Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 3, al doctor Ramiro Dillon Villamayor; 

Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero a la doctora Silvina Soledad Leal Castaño; 

Defensora Pública de Víctima con asiento en la provincia de Corrientes a la doctora Patricia Isabel Kenny; 

Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a la doctora Paula Susana Muniagurria; 

Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe al doctor Pablo Andrés Vacani; 

Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Salvador de Jujuy a la doctora María Victoria Nager; 

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy al doctor Diego Martín Matteucci; 

Defensor Público de Víctima con asiento en la Provincia de Jujuy al doctor Gonzalo Stordeur; 

Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, al doctor Marcelo Alejandro Cardozo;  

Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Jujuy a la doctora Carina Inés Gregoraschuk; 

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Roberto Fernando Minguillón; 

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Martín Luciano Poderti; 

Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán al doctor Fernando Luis Rodolfo Poviña; 

Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa; 

Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, al doctor Mauricio Gabriel Zambiazzo; 

Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza, al doctor Omar Abdón Bittar; 

Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Jujuy, Fiscalía Nº2, al doctor Sebastián Gabriel Jure.

Tras un empate, definido a favor por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, el oficialismo en el Senado consiguió este jueves aprobar una serie de pliegos judiciales, entre los que se destaca el de la jueza Ana María Figueroa, quien cumplió 75 años de edad el 9 de agosto pasado, por lo que la Corte Suprema de Justicia dispuso el 6 de septiembre que deje el cargo.

La designación propuesta por el Poder Ejecutivo -que extiende por cinco años su magistratura- resultó con 35 votos a favor y 35 en contra. Durante la votación, la vicepresidenta Cristina Kirchner no estuvo presente en el recinto, por eso definió a favor con su voto la santiagueña Ledesma Abdala de Zamora.

Además de los 31 senadores del Frente de Todos, votaron a favor la riojana Clara Vega -habitual aliada- y sus excompañeros de bancada Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider. No lo hizo así Carlos “Camau” Espínola.

Además de JxC, votaron en contra el rionegrino Alberto Weretilneck y la cordobesa Alejandra Vigo. Mientras que las ausentes fueron la misionera Magdalena Solari Quintana -que también siempre vota con el oficialismo- y la neuquina Lucila Crexell, de JxC. Solari Quintana había estado presente a la hora del quórum, pero no bajó para la aprobación del pliego.

Figueroa era una magistrada considerada clave para el cristinismo, habida cuenta de su presencia en la Cámara Federal de Casación Penal -la cual presidió hasta agosto-, que debía resolver si las causas de Hotesur-Los Sauces y la del Memorándum con Irán, que involucran a la vicepresidenta, se volvían a reabrir o no. Luego de que el máximo tribunal resolviera finalmente apartarla, los restantes camaristas de la Sala I ordenaron que ambas causas fueran a juicio. 

Ahora, la decisión del Senado de aprobar el pliego de Figueroa planteará seguramente una polémica en torno a la validez o no de su continuidad. El paso que sigue es que el presidente Alberto Fernández firme el decreto de designación. La situación, sin dudas, abrirá una situación de conflicto de poderes. 

En sus discursos, los senadores de JxC cargaron duro contra el oficialismo por la insistencia de aprobar la continuidad de Figueroa, pese a la decisión de la Corte, y cuestionaron a CFK. 

Además de ese pliego se avanzó con otros 32 nombramientos -votados por unanimidad con 70 votos positivos- de jueces, fiscales y defensores, pero previamente al tratamiento de éstos, se dio ingreso a casi una veintena de pliegos judiciales y militares.

El debate

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, valoró el trámite que los pliegos tuvieron y destacó la necesidad de que se cubran vacantes, algunas de las cuales en algunas jurisdicciones “llevan años esperando”.

“Si hoy se aprueban estos pliegos, se van a ver beneficiados en un afianzamiento de la justicia”, dijo y reconoció que “mucho se ha escrito y dicho respecto de estos pliego”, pero explicó: “La designación de jueces federales es un acto constitucional complejo que se inicia en el Consejo de la Magistratura, donde los aspirantes a los distintos cargos pasan por un concurso; luego un examen escrito; luego una audiencia oral; necesitan los dos tercios para el orden de prelación y luego se forma una terna que va al Ejecutivo, que elige y vuelve al Senado”.

En esa línea, la vicejefa del interbloque oficialista afirmó que en el caso de estos 33 pliegos “han seguido tanto la manda constitucional, como el reglamento de esta Cámara; se han recibido los antecedentes, todos han venido a la audiencia, han recibido preguntas de los senadores y, por supuesto, la Comisión de Acuerdos ha generado el dictamen favorable para estos 33 pliegos”.

Recordó que el Ministerio Público de la Defensa había sacado un comunicado este miércoles diciendo que era falso lo que se publicaba y lo que repetían los senadores “por falta de información, quiero creer”, apuntó Fernández Sagasti, agregando la referencia a que “el kirchnerismo quiere copar la justicia”.

La camporista negó la versión de que estos 33 pliegos hubieran sido elegidos de listas complementarias. “El Ministerio Público hizo un comunicado en el que expresó su preocupación por la falta a la verdad de esos dichos periodísticos; recomiendo que cada vez que analicen los pliegos lean completo el envío, porque en algunas ocasiones pasa que los jueces, fiscales, defensores, rinden en diferentes concursos, incluso de diferentes provincias, entonces lo que pasa es que cuando por ejemplo un fiscal es designado en Rosario, renuncia en las otras ternas. Entonces la lista complementaria sube, porque se generan vacantes”, relató.

La legisladora mendocina aseguró que eso era lo que había pasado en estos casos y aseguró que lo tenía documentado. “Lamento que los senadores que se acoplaron a estas publicaciones no han tenido la delicadeza de estudiar esta situación que es normal en todos los concursos”, señaló.

Luego se refirió puntualmente al caso de Ana María Figueroa, cuya renovación por cinco años más fue pedida por el Poder Ejecutivo. Remarcó que la magistrada siguió todo el trámite reglamentario en el Senado y “no existió ni una sola oposición a su postulación ni a sus antecedentes”. Apuntó también que al presentarse en la comisión “opinó y contestó con holgura”, para luego remitirse a la Corte Suprema, a la que acusó de “entrometerse con prerrogativas que son exclusivas del Senado. Pero no es la primera vez que en el Senado se aprueba un dictamen luego de que el postulante haya cumplido los 75 años de edad”. 

Sobre ello, indicó que eso ha sucedido tanto durante esta gestión, como en la de Mauricio Macri. “Entendemos que los trámites legislativos no son los mismos que los del Ejecutivo”, y puso dos ejemplos: Silvia Mora y Luis Imas, aprobados ocho meses después.

“Pour la galerie”

Desde la oposición, la senadora Guadalupe Tagliaferri acusó al oficialismo porque “el tema que les desvela es avanzar con la agenda judicial de la vicepresidenta. A pocos meses de terminar este gobierno, saben muy bien que les queda muy poco tiempo, y no sólo entonces están dejando una bomba económica que le va a explotar al próximo gobierno, a todos los argentinos, sino también haciendo los últimos ajustes para su impunidad”.

“Incumplimos los fallos de la Corte Suprema: coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y ahora con el fallo de la exjueza Ana María Figueroa”. La legisladora del Pro recordó que el intérprete máximo y último de la Constitución es la Corte, y chicaneó que “la única verdad es la realidad, ustedes debieran saberlo, y la única realidad es que en la Argentina hay millones de argentinos bajo la línea de pobreza, una inflación galopante de la mano de Sergio Massa, y que la señora Figueroa no es más jueza… Así que no le podemos dar ningún acuerdo. Este relato que quieren armar no es gratuito, nos afecta a todos”.

“Van a avanzar con algo ridículo, que no va a prosperar: no es más jueza, ya lo saben. Es pour la gallerie, es un mensaje. Están siendo extremadamente miopes al desafiar un fallo de la Corte Suprema”, enfatizó la macrista. 

Por su parte, el senador Luis Juez, expresó que “cuando se rompen las reglas de juego es difícil porque hacen que todo sea dudoso y la falta de reglas de juego hizo que otros jueces sean designados en tiempo y forma, y es cierto que acompañamos en el pasado, pero nunca la Corte Suprema de Justicia se había expresado”.

Al aseverar que iba a votar  “decididamente en contra”, el cordobés se quejó de que “estamos discutiendo un absurdo” y continuó: “Entiendo que para ustedes sea más importante el relato que la realidad, pero después de la sentencia y la acordada, el pliego de Figueroa no tiene sentido”.

Finalmente, consideró que “perdemos tiempo porque discutimos un abstracto”, y agregó que “necesitamos respetar las reglas de juego; no la conozco a Figueroa, pero así seguimos creyendo que pelearnos con otros poderes nos enaltece y la Corte ya dijo que perdió su status jurídico”.

Desde el oficialismo, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, rechazó las expresiones de algunos discursos: “No me gusta cuando nos llaman mentirosos, farsante. Es inaceptable en un recinto como éste”. Sobre la designación de la jueza, aclaró que “es a nosotros a quien nos confiere la Constitución Nacional la prerrogativa de aprobar o no a un miembro del Poder Judicial”, además de que “nada indica en este artículo (el 99 de la CN, inciso 4) que el día que cumple 75 años se convierte en calabaza”. 

“Hay como una especie de rendición ante un poder, el Poder Judicial, de parte del poder político, del Poder Legislativo”, observó y subrayó que lo dispuesto por la Corte sobre Figueroa “no es un fallo, es una decisión administrativa”. 

En su discurso, la senadora kirchnerista exclamó: “No sé por qué se la agarraron con la jueza Figueroa. Las dos causas de las que tanto hablan ya están abiertas y fueron a juicio oral. ¿Ahora cuál es la excusa? ¿Por qué no votan a Ana María Figueroa?”. “Ustedes quisieron meter por la ventana a dos jueces de la Corte”, le recordó a la oposición y les dijo que “se han rendido frente al Poder Judicial”. 

En el tramo final, antes de referirse a la cuestión Figueroa, el jefe del bloque UCR, Luis Naidenoff, pidió que se retire del temario el pliego de Diego Martín Matteucci, propuesto para  juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, sobre quien “pesan dos cuestiones muy fuertes”. 

El formoseño informó que el postulante “fue parte de una causa” sobre incautación de cocaína, y aunque tuvo sobreseimiento, fue algo que “omitió”. Pero resaltó que lo más “grave” es que tiene una denuncia de acoso laboral y sexual. Por eso, pidió “tiempo al oficialismo, no cometer un apresuramiento”. “Este pliego no merece ser aprobado en función de la solicitud del fiscal en el día de la fecha”, manifestó sobre quien investiga esa causa. 

Su pedido no tuvo éxito, ya que no se retiró, y antes de la votación, el jefe de Unidad Federal, el jujeño Guillermo Snopek, cuestionó que se haya leído el pedido de un fiscal sin decir quién era y afirmó que, tras consultar, “la Fiscalía dijo que no encontró elementos para imputar” al candidato propuesto.

El fuerte cierre de los jefes

Flamante gobernador electo de Mendoza, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, criticó a sus pares del oficialismo porque “los argumentos técnicos no se han querido escuchar”. “Me encantaría que estuviese acá la vicepresidenta de este Cuerpo para poner la cara. Ella es la que ha forzado esta situación vergonzosa, de someter a este Cuerpo y a las instituciones a una cosa abstracta, a una pelea inútil”, arrancó contra CFK, y hablándole directamente le dijo: “Cristina tenés que estar aquí, aquí dando la cara, porque esto es una tozudez tuya. Cristina termina de someter a los argentinos a tus problemas”. 

Sobre el caso, el radical enfatizó que “el caso ‘Schiffrin’ fue categórico y la jueza Ana María Figueroa nunca lo cuestionó. Ese fallo dijo 75 años, si no tiene aprobación, a su casa, jubilada”.  

“¿Por qué la apoyan a Cristina en esta salvajada, no les da cosita, no les hace ruido en la cabeza dar una pelea por una mujer que tiene 75 años y debería estar jubilada?”, le preguntó a los senadores del Frente de Todos y analizó que “mucho más aún cuando están perdiendo las elecciones en todas las provincias, con porcentajes muy bajos, y así y todo ni siquiera los hace reflexionar”. “Parece que les encanta este proceso de antipolítica, en vez de buscar consensos y designaciones que sean armónicas”, agregó.

Tras hacerle leer al secretario parlamentario el el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, el jefe de la bancada oficialista José Mayans subrayó que la designación de los magistrados “es un acto complejo”, al igual que su destitución y, por ende, “no se puede echar a nadie por una resolución administrativa”.

“El grupo Lago Escondido maneja la Justicia en la República Argentina”, denunció, en alusión al encuentro en el sur entre jueces, empresarios y funcionarios del Gobierno porteño y también recordó a “la mesa judicial para perseguir en el gobierno de Macri a los que pensaban distinto”.

El formoseño insistió con que “en ninguna parte de la Constitución dice que la Corte puede dejar sin efecto el nombramiento de un juez, puede destituir a un juez o puede nombrar a un juez. Es gravísimo lo que pasó acá”. “No lo puede hacer, son prerrogativas del presidente y el Senado de la Nación. ¿No tienen vergüenza ustedes de entregar esa prerrogativa?”, interrogó a sus pares opositores y sumó: “¿No les da vergüenza que tengamos el Consejo de la Magistratura basado en una ley que está muerta?”. 

Enfático, y discutiendo con Luis Juez, Mayans habló de “un Poder Judicial corrupto” y la defensa de la oposición a determinados magistrados. “Los que responden a Lago Escondido son jueces independientes, y cualquier fallo que falle en contra de sus intereses son kirchneristas”, manifestó. 

En vísperas del inicio de la sesión especial del Senado de este jueves donde se trató la prolongación de las actividades de la jueza Ana María Figueroa, un tribunal en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó una acción de amparo que perseguía la suspensión del debate en el recinto.

El tema está contemplado en el temario de la sesión, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el cargo de Figueroa cesó el día que cumplió los 75 años, el 9 de agosto pasado.

El abogado Pedro Andereggen fue quien presentó la acción de amparo, que fue rechazada por la jueza Macarena Marra Giménez que, a través de un fallo de doce páginas, sostuvo que “la acción deducida no puede prosperar, por cuanto no se advierte la presencia de un caso contencioso, ya que las condiciones que invoca el actor (“ciudadano” y “abogado”) no resultan aptas para autorizar la intervención de quien ejerce la magistratura”.

“Expedirse sobre la convocatoria a sesión especial formulada por la presidenta de la Cámara de Senadores importaría avanzar en torno a una cuestión privativa de otro Poder del Estado, en un evidente exceso de la función jurisdiccional”, siguió.

También, el fallo desconoció la facultad del abogado amparista para accionar en este caso: “La reacción impugnatoria no pueda ser promovida por quien no se encuentra personal y directamente perjudicado”. “No basta cualquier interés, concretamente no alcanza el interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”, agregó la jueza.

A su vez, el fallo remarcó que “la cuestión resulta ajena a la esencia de la jurisdicción que el Poder Judicial se encuentra facultado a ejercer, que es la de resolver colisiones efectivas de derechos, y no emitir opinión en abstracto acerca de la validez como en caso- de actos llevados a cabo por otros Poderes del Estado”.

Finalmente, la jueza Marra Giménez concluyó: “Mediante la pretensión intentada se estaría decidiendo sobre una cuestión privativa de otros poderes del Estado, encaminada a ordenarle como obrar y decidir, o no, en una determinada materia en lo que pueda corresponder a aquellos en lo pertinente de competencia propia, de acuerdo con el principio Republicano de División de Poderes”.

Durante la sesión especial del Senado, Mario Fiad (UCR – Jujuy) le rindió homenaje al doctor Aldo Neri, médico y exministro de Salud y Acción Social en el período 1983-1985, quien falleció el pasado 21 de septiembre.

“Él fue médico rural de profesión que luchó contra la desigualdad y estaba comprometido como militante radical y de la democracia”, expresó el jujeño. Además, remarcó que fue “el primer ministro de Salud del regreso a la democracia”.

Entre sus medidas más destacadas, Fiad recordó “al Plan Alimentario Nacional, al Fondo de Asistencia en Medicamentos y al Seguro Nacional de Salud para el acceso de la salud a los más vulnerables”. “Vamos a extrañar al prestigioso sanitarista por su ética profesional y alta sensibilidad social”, concluyó.

En el inicio de la sesión especial de la Cámara alta de este jueves, el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá (FdT), le rindió homenaje al exsenador Oraldo Britos, quien falleció a los 90 años el pasado 7 de septiembre.

“Britos fue una gran personalidad de la política argentina, dirigente gremial y excelente persona, de pura convicción peronista y que se casó con Margarita Muñoz, con quien tuvieron a su hija María Eva Britos que lo acompañaron con amor hasta el final de sus días”, lo homenajeó su comprovinciano Rodríguez Saá.

Al repasar su trayectoria gremial y política, el senador sanluiseño recordó el día que Britos conoció al General Juan Domingo Perón y a María Eva Duarte: “Evita les pidió silencio para que el General descansara y se retiraron, pero al otro día le pidió trabajo a través de una carta y luego le llegó la designación al correo de Villa Mercedes”.

Britos se inició como empleado ferroviario y luego fue delegado regional de la Confederación General del Trabajo (CGT). También, fue senador nacional por San Luis del 1973 al 1974 y diputado nacional del 1995 al 2003.

Por su parte, la senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina) agregó: “En el marco de los 40 años de democracia, así como reconocimos a Saúl Ubaldini y al Momo Venegas, queremos reconocer a Oraldo Britos”. “Él era un agradecido y dejó huellas profundas en el sindicalismo y en el peronismo”, señaló.

“Este Senado lo homenajeó en vida y Britos ha sido un gran hombre. Lo despedimos por los servicios prestados a la patria”, cerró Vega. Del mismo modo, el senador opositor Juan Carlos Romero (Cambio Federal) adhirió al homenaje.

Tras acusaciones cruzadas entre Paraguay y Argentina por las deudas de la represa binacional Yacyretá y ante la apertura unilateral de uno de los dos brazos del dique, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, afirmó ante la comisión homónima del Senado que el país “tiene una deuda con Paraguay por Yacyretá de 36 millones de dólares”.

El funcionario relató que “hubo un episodio no esclarecido donde, por el brazo de Aña Cuá, se utilizó unilateral un vertedero que es un recurso del agua que está en el dique, si se produce unilateral de verter esa agua es un recurso compartido porque la mitad de la generación de Yacyretá es Argentina y la otra paraguaya, pero la utilización es compartida por lo tanto las decisiones son compartidas”.

“Todo quedó empañado, hubo declaraciones muy malintencionadas que ya han sido aclaradas, pero avanzamos en generar un nuevo entendimiento a partir de lo que ocurrió. Empezó como una reacción de lo que pasaba en la Hidrovía o muchos dirigentes de paraguayos lo vinculaban a eso, en sí nunca hubo una relación entre ambas cosas, pero siendo un ámbito político era lo que surgía como información, vimos una micro escalada absurda de parte de dirigentes políticos de Paraguay que no han encontrado eco en nuestros dirigentes y eso habla de que tenemos un país vecino, hermano con el que queremos desarrollarnos en conjunto. No hay hipótesis de conflicto que nos vaya a cambiar nuestro punto de vista”, explayó.

Y cerró: “Lo que acordamos hoy fue avanzar en el pago, porque había una deuda de parte del Gobierno argentino por la energía que le habíamos comprado el año pasado a Yacyretá son 36 millones de dólares, hay un plan de pago en 3 partes de 12 millones. Es el excedente que el país le compra y restaba pagarle. Fue parte de una confusión generalizada y se logró des escalar la cuestión mediática”.

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, durante su presentación ante la comisión homónima del Senado que hizo este miércoles se refirió a los reclamos en torno al cobro del peaje de la Hidrovía Paraná-Paraguay y aclaró que “es la tasa de un servicio que hay que pagar para hacer obras y poder garantizar la navegabilidad”, que no impide la navegabilidad de los ríos y que no viola ningún tratado internacional.

En ese tramo de su presentación, Cafiero informó que la Hidrovía pasó, desde el año pasado, a la gestión de la Administración General de Puertos (AGP) en la que se pusieron de relieve obras que “se venían haciendo desde Santa Fe hacia el norte” para garantizar “una navegabilidad las 24 horas para que el flujo comercial se incrementara de forma competitiva la logística de la zona”, y agregó: “Bragados y balizamiento son las obras que se hacen en la zona”.

“¿Qué sucedió durante las concesiones anteriores?”, preguntó el canciller y explicó: “Se planteaba que el peaje únicamente se cobrara en Santa Fe para aguas abajo. Sin embargo, desde el 2010 estaba establecido que iba a haber un peaje para obras que debían hacer para quienes usaban la hidrovía, pero que quedaba momentáneamente en un monto cero y lo que se hizo es ponerle un monto acorde para que los argentinos no tengan que pagar el transporte fluvial de empresas privadas que viajan por la hidrovía”.

“Los valores no son tan significativos para el Estado, pero son aproximadamente 26 millones de dólares anuales que ese tramo representa, pero no era justo que lo paguen todos, sino que lo paguen quienes lo usan. Se puso un valor que no excede ese monto”, detalló y aclaró que “no se impide la navegabilidad en los ríos, es solamente una tasa para pagar un servicio. No tiene nada que ver con la idea que Paraguay quiso instalar de que se estaban incumpliendo tratados internacionales”.

En ese punto, profundizó que “con esa tasa retributiva se están haciendo las obras”, pero clarificó que “no es una tasa que tenga como perspectiva amortizar los recursos que ya puso el país, sino que es para adelante y no tiene discriminación de bandera”. “Para garantizar la navegabilidad 24 horas esas obras se tiene que hacer y ese servicio hay que pagarlo, esa es la tasa retributiva”, remarcó Cafiero.

“No nos define un peaje, una relación con Paraguay. Nos estamos poniendo de acuerdo. El día de hoy hubo una reunión en las comisiones técnicas donde hay un principio de acuerdo donde estas tasas retributivas son necesarias. Estamos en un proceso de negociación. Hoy hubo un acta de acuerdo, es un tema que seguimos de cerca y se mezcló con lo de Yacyretá”, resumió.

El canciller Santiago Cafiero se refirió ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado sobre la situación de tensión desatada con Paraguay a partir del accionar de prefectos de ese país con pescadores argentinos en inmediaciones de las islas Apipé, en la zona de Punta Ñaro, y expresó que “es una zona que tiene un grado de complejidad que debemos atender”, al tiempo que instó a los senadores a que esa discusión se puede resolver con un proyecto de ley.

En ese sentido, Cafiero explicó que también tiene que ver con la Comisión de Limitación Nacional que surgió a la luz “a partir de un episodio de seguridad”, y relató que se trató de pescadores argentinos que entraron “aparentemente” en aguas paraguayas en la zona de Apipé en Corrientes y cuando la Prefectura Paraguaya los quiso aprehender, se fueron a territorio nacional, produciéndose una situación que está bajo investigación.

Así, destacó que el gobernador correntino Gustavo Valdés tomó contacto con Cancillería. “Estuvimos con él y fuimos a sobrevolar la zona. Vimos cómo hay dificultades que tienen que ser resueltas a partir de protocolos y tratados que ya existen entre Argentina y Paraguay, pero hay que poner en funcionamiento y a respetarse”, completó.

“Más allá de la seguridad, hay que trabajar la cuestión de límites. Le ofrecimos a Valdés la vocación de la Cancillería, de la Comisión de Límites para hacer un trabajo pormenorizado de la situación”, afirmó y precisó que desde el año 1876 en adelante existe la delimitación entre Argentina y Paraguay y agregó que “con la construcción de Yacyretá y la soberanía de las islas de Apipé, que queda para territorio nacional, es una zona muy sinuosa donde el río ahí es como una serpiente y es complejo seguir el límite. Esto trajo acuerdos, pero muchos desencuentros con el gobierno paraguayo”.

El funcionario informó que, luego de la visita a la provincia de Corrientes, se hizo una convocatoria a una reunión que era en julio, pero “producto del cambio de gobierno en Paraguay no están definiendo las autoridades. La reunión tiene sentido en dos direcciones. La primera es que estén las Comisiones de Límites de ambos países, y lo segundo, que estén las autoridades de seguridad en nuestro caso que esté presente Prefectura porque ellos tienen un acuerdo para velar por la situación de pesca que se hace”, y reiteró que están a la espera de la designación de autoridades paraguayas para “avanzar con la reunión”.

Para Cafiero, la cuestión de límites “está atravesada por una historia, específicamente en esa zona, a partir de la construcción de Yacyretá. El gobierno militar determinó un límite específico que es el que está hoy, pero que fue revalidado en 1987 a partir de cartas reversales entre ambos cancilleres. En el 96’ se hizo un convenio de cooperación que tiene que ver con el uso ictícola de esa zona”.

“Hay una discusión, que hablé en profundidad con Valdés, que hay que tomarlas y se puede tomar desde aquí porque esa potestad y área de límites solo debería ser a partir de un proyecto de ley, no tenemos otra solución para avanzar. Si podemos desde el Ejecutivo dar todo el apoyo”, propuso para clarificar la posición de Argentina. “Hay una sedimentación de tratados y acuerdos que la única forma de poner a discusión es con un proyecto de ley. Es una discusión que hay que darla porque es una zona que tiene un grado de complejidad que debemos atender”, alertó.

El canciller Santiago Cafiero asistió este miércoles a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, a cargo del puntano Adolfo Rodríguez Saá (FNyP), ante la que ratificó el rechazo y el reclamo realizado desde Cancillería a Chile por la publicación del gráfico ilustrativo de los espacios marítimos de jurisdicción chilena, elaborado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de ese país, incorporando como propios espacios marítimos que pertenecen a Argentina.

El funcionario, que estuvo acompañado de Gabriel Fuks, subsecretario para América Latina, y Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlético Sur, invitó al país vecino a advenirse al Tratado de Amistad de 1984. Así, precisó que recién en 2021 Chile hizo la presentación de su reclamo, luego de que el Congreso sancionara el mapa bicontinental que Argentina tiene actualmente y que está aprobado y avalado por tratados internacionales. También señaló que el reclamo chileno “viola el Tratado Antártico”.

Al inicio del encuentro, que tuvo lugar en el Salón Arturo Illia, el titular de la comisión agradeció al “receptividad” del funcionario ante la invitación que le realizaron y recordó que asistió en “una oportunidad anterior” en la que brindó un informe general de la política de la Cancillería.

“Tenemos algunos puntos que la comisión consideró muy importantes para tener la opinión de la Cancillería que están referidos a dos temas limítrofes trascendentes. Uno sobre la delimitación de los límites en la zona de Apipé en la provincia de Corrientes. El otro es la publicación de un mapa por la Armada de Chile que incluye como territorio chileno a espacios marítimos argentinos”, explicó Rodríguez Saá y sumó: “Como consecuencia del problema de Apipe tal vez tenemos problemas con la política de la hidrovía y de Yacyretá que nos parecieron temas importantes para escuchar, antes de tomar decisiones de nosotros, la posición de la Cancillería Argentina en estos temas”.

A continuación, Cafiero precisó que “la agenda abierta” es la “vocación que tenemos de dialogar entre los poderes y diálogo político que es lo que nos va a enriquecer en nuestra función pública y en la función política que tenemos”.

Rechazo al mapa publicado por la Armada de la Chile

Respecto de los proyectos puestos a consideración sobre este tema, el funcionario explicó que en el 27 de agosto 2021 “ya se hizo esta primera aproximación, este primer reclamo de parte de Chile”. Remontándose en el tiempo, planteó que “tiene que ver con un trabajo que inició Argentina y que esto es un reflejo de eso”.

En esa línea, contó: “La Argentina en su relación bilateral con Chile, la piedra angular de esa relación, es el Tratado de Paz de 1984 que fija y establece mecanismos para resoluciones limítrofes, para resolución de conflictos entre los países, para delimitaciones, ese Tratado por sobre todo es lo que la comunidad internacional y el derecho internacional asume como bagaje teórico y normativo para esta relación entre los dos países”.

“Teniendo en cuenta este Tratado, la Argentina avanzó en 2009 en Naciones Unidas en la Comisión de Límites. Allí avanzó con la limitación y nuestro país, al no tener objeciones de parte de Chile, las presentaciones de Argentina fueron aprobadas y es el mapa bicontinental hoy como está y son las delimitaciones que tiene todo nuestro territorio y están aprobadas por ley y registrado en la Comisión de Limitación de Naciones Unidas, es decir, está avalado internacionalmente”, afirmó.

En ese sentido, el titular de la cartera de Relaciones Exteriores planteó que al pasar de la aprobación a nivel internacional al tratamiento de la ley que se votó en ese momento, ahí fue cuando el Gobierno de Chile empieza a generar una reacción a partir del mapa que Argentina estaba presentando”.

“La reacción que tuvieron, a priori, fue tardía porque el mecanismo de Naciones Unidas implica que haya consensos o acuerdo, es decir, que si Chile cuando estábamos trabajando sobre la delimitación del año 2009, si Chile hubiera presentado una queja o una observación el proceso se hubiese detenido, pero nada de esto sucedió. Llegamos a la ley, se votó en el Congreso y es el mapa bicontinental que tenemos”, planteó y reiteró que “recién ahí nació el reclamo de Chile y la presentación sobre su plataforma marítima y continental y recién en el 2021 hace una presentación”.

En tanto, Cafiero opinó que “es una reacción al trabajo que hizo Argentina que se inició en 2009, atravesó colores políticos, la ley fue aprobada por el Congreso con la cual no admite discusión política ni mucho menos ideológica”.

A su vez, contó que en ese momento el Gobierno de Sebastián Piñera “trató de generar una instancia de arbitraje que era obsoleta porque los tiempos y plazos habían pasado. Se hicieron notas periodísticas para generar sentido en la prensa chilena sobre el tema y eso derivó en un decreto supremo 95 donde se hace la presentación del Gobierno de Chile sobre su mapa y se extiende sobre Tierra del Fuego”.

“Inmediatamente Argentina hizo utilización de esto y rechazamos categóricamente lo que había sucedido. En ese momento y con la última visibilización del mapa porque hicieron la puesta en escena del mapa que seguimos rechazándolo”, expresó Cafiero y señaló que Argentina busca “el arbitraje correspondiente en el Tratado de Amistad de 1984”.

Respecto de los pasos que hizo el país ante dicha situación, enumeró que lo primero fue expresar rechazo sobre el mapa, luego se avanzó en presentaciones en Naciones Unidas para que no quede como una cuestión “declamativa, sino avanzar en la Comisión de Limitación para que, donde hay un país que presenta un recurso se detiene el proceso de limitación”. Asimismo, contó que, ante la situación, designaron al abogado Marcelo Cohen como representante del país en la comisión que tiene el Tratado de 1984 y “desde hace un año le estamos solicitando al gobierno chileno que designe a la contraparte del representante argentino y aún no lo hizo”.

“La Argentina se movió rápido y bien y en el marco del derecho internacional y sobre todo en el Tratado de 1984”, afirmó Cafiero y procedió, con mapa en mano, a explicar los límites reconocidos de Argentina, lo que reclama Chile y “una parte más que está sobre la península antártica que está por debajo del paralelo 60 que está todo previsto en el Tratado Antártico por lo cual no solo tiene una dificultad, desde el punto de vista territorial argentina, sino que también es violatorio al Tratado Antártico. Es toda la documentación que estamos presentando no solo al gobierno de Chile, sino también a Naciones Unidas para detener este proceso y así lo hemos logrado hasta aquí”.

En esa línea, manifestó que desde Cancillería buscan que “los hermanos chilenos se advengan al Tratado de Amistad porque ahí hay mecanismos para resolver este tipo de conflictos. Ese tratado se generó para eso”.

“La última acción que se hizo fue el 8 de agosto que se remitió una nota de la Subsecretaría a la Embajada reiterando la necesidad de que se nombre a la contraparte y al miembro de conciliación chilena porque entendemos que el marco para resolver esto es el Tratado de 1984”, aseguró.

La defensa desde Corrientes

Al hacer uso de la palabra, el senador de JxC Eduardo Vischi (Corrientes) planteó que “hay un problema sistémico con Paraguay. El conflicto con Yacyretá es más grave porque surgió de un reclamo laboral y se actuó con la Armada paraguaya y se llevó a la acción de liberar el recurso que es el agua por el brazo Aña Cuá que está en construcción en este momento. No es menor el dato de tomar esta situación porque se nota el avance por parte de una decisión, no digo del Estado paraguayo, pero cuando hay una actividad de esta naturaleza de la armada hay un avance y nos ha generado un conflicto bastante seguido en la isla Apipe y el agua que lo rodea”

“Necesitamos realmente avanzar en la discusión de esos límites nuevamente”, planteó y destacó la propuesta de Cafiero de sentarse a trabajar en un proyecto de ley que permita “rechazar lo que fue esos límites que se establecieron que no están de acuerdo al Tratado original ni al Tratado de Yacyretá”, y planteó que el canal artificial que se construyó no puede cambiar el canal original que “generó el conflicto porque dejó a la isla argentina rodeada de agua paraguaya”.

en representación del Gobierno correntino habló el senador provincial Noel Breard quien agradeció al canciller haber sobrevolado la zona y planteó que “históricamente siempre hemos tenido conflictos de baja intensidad”

Recordó que el 1876 se firmó el tratado tras la finalización de la Guerra de la Triple Alianza y señaló que “ese tratado se firmó desde el triunfo cuando se dijo que la Isla Apipe iba a determinar la cercanía de las islas argentinas en la medida de la distancia y Yacyretá iba a ser la nave insignia de Paraguay y la cercanía iba a determinar la soberanía de las otras islas, se establece el concepto del canal principal que define el límite”.

“Durante 120 años el canal principal estaba al norte de Apipe y era el canal jesuítico por donde pasaban los barcos, donde se hacía la navegación normal y ahora hay que diferenciar los conceptos. El Parlamento Argentino no puede renunciar a tener la última palabra para ver si es o no nulo, si se respetó el título original del Tratado”, indicó Breard.

Así, destacó: “Lo de usted es un avance revolucionario a favor de la posición argentina y de Corrientes”, y contó que “desde Paraguay enviaron una carta en plena pandemia el 2 de septiembre diciendo que estaba el Tratado de 1876, que había sido ratificado por ley y que estaba el Tratado de Yacyretá que también había sido ratificado por ley y que la Comisión de Límite es un tema administrativo y con eso se agota la instancia”, por lo que insistió: “La última palabra es el Parlamento y puede cancelar esa posibilidad”.

Por último, alertó que hay 2.500 argentinos que viven ahí y que “están abandonados recién en 1995 se le puso luz”, hay una política de abandono. Se hace un esfuerzo moral y legítimo para perder la isla Apipe. No tenemos conectividad, no tenemos barcos permanentes, es un esfuerzo de la intendencia, si no fuera por la mano del gobierno provincial eso no es la argentina”.

“Tenemos que tomar los temas de forma simultánea de Hidrovía Yacyretá y el tema de Apipe como un tema integral y visibilizar. El tema de la tarifa es bueno porque permite visibilizar lo que estamos haciendo mal en la Hidrovía y la Argentina boba no sabe por qué hace más de 30 años da un aventaja competitiva y parece demencial que quieren que les paguemos el bragado. Es un problema de la Argentina, el Parlamento es el único que puede dar una respuesta nacional, inteligente y mandar a hacer una nueva Comisión de Límite que respete el tratado”, cerró.

A su turno, el jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, manifestó: “Hay que tener en cuenta que somos países hermanos, democráticos y respetuosos de los tratados y derechos internacionales, lo que hace falta es actuar. Tener la documentación, escuchar. Tenemos que profundizar las relaciones entre los países del Mercosur”.

Se oficializó finalmente la convocatoria a sesión especial en el Senado para este jueves, a partir de las 14, con un temario abultado y varios “platos fuertes”. Además de proyectos de interés del ministro/candidato Sergio Massa, la lista de iniciativas a tratar incluye cuestiones largamente pendientes y un paquete de pliegos judiciales, entre ellos el de Ana María Figueroa. 

Para llegar a los 37 senadores para el quórum, el interbloque Frente de Todos aspira a contar con sus habituales aliados y cuatro de sus excompañeros que hoy forman parte del bloque Unidad Federal. 

La de este jueves será la segunda sesión del año para tratar proyectos: en lo que va de 2023, sólo se aprobaron iniciativas el día 13 de abril, hace más de cinco meses. En mayo hubo una sesión informativa, con la visita del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y dos convocatorias que fracasaron. 

La última de ellas fue el 12 de julio, cuando el oficialismo no pudo avanzar con la extensión por cinco años del cargo de la camarista Figueroa -clave hasta ese momento en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, antes de que cumpliera los 75 años de edad. Sin embargo, ahora, la Corte Suprema ya ha dispuesto que la magistrada cese en sus funciones. 

Tras cumplir años, Figueroa pretendía permanecer en su cargo, aunque retirándose de la presidencia de la Cámara de Casación y sin firmar sentencias, a la espera de que el trámite parlamentario se complete, amparada -bajo su criterio- en una resolución del Consejo de la Magistratura. Pero el máximo tribunal ordenó por unanimidad que deje su cargo el pasado 6 de septiembre y, días después, la Sala I de Casación avanzó con la reapertura de las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

De esta manera, si el oficialismo logra aprobar el pliego -hasta días atrás el rionegrino Alberto Weretilneck no se mostraba a favor de votar y los números no estaban-, el Senado, presidido por CFK, irá a contramano de lo dicho por la Corte. El trámite se completará si, en caso de recibir acuerdo, el presidente Alberto Fernández firma el decreto de designación. Lo que abriría un nuevo conflicto de poderes.

Por otra parte, la Cámara alta debatirá la iniciativa impulsada por el candidato Massa sobre eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, a la que se le dio un tratamiento veloz en ambas cámaras. Para este viernes, la CGT convocó a una movilización para festejar ésta y otras medidas que están en discusión en el Congreso -los programas de “Compra sin IVA” y “Empleo MiPyME”-.

El otro gran tema será la Ley de Alquileres: a partir de un acuerdo alcanzado con aliados y sus excompañeros que ahora están en el bloque Unidad Federal, el oficialismo incorporó modificaciones a la media sanción que la oposición había logrado en la Cámara de Diputados. Los principales cambios prevén mantener en tres años el plazo de los contratos, que la actualización sea semestral y que el índice a utilizar sea el de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. 

Afuera del temario quedó un proyecto sobre regulación de los alquileres temporarios, que la UCR había acordado con el FdT, pero que desde el Pro salieron a cuestionar y generó ruido interno en la bancada opositora; y la iniciativa sobre créditos UVA, que recibió dictamen con modificaciones, pero incluso había disidencias dentro del propio oficialismo. 

La lista de proyectos a tratar incluye varios temas que ya cuentan con media sanción de Diputados y, de ser aprobados, serán ley: la creación de cinco universidades nacionales; la creación de un programa de prevención y tratamiento de la pubertad precoz; la ley sobre atención a mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal; el régimen de promoción de la producción orgánica; y un proyecto para establecer por ley el Programa de Becas Progresar. Además, volverá con cambios a Diputados la iniciativa sobre incorporar la violencia digital contra las mujeres a la Ley 26.485. 

En un gesto al entrerriano Edgardo Kueider (UF), quien en la última sesión no dio quórum molesto por el no tratamiento de su iniciativa, se tratará el proyecto sobre disminución de las tarifas eléctricas. También, de autoría de la puntana Eugenia Catalfamo (UF), se incorporó un proyecto para establecer el Programa “Remediar” por ley. 

El temario se completa con una iniciativa de Daniel Bensusán (FNyP-FdT) para establecer por ley el Programa “Conectar Igualdad” y otra de Pablo Yedlin (FNyP-FdT) sobre fluoración de la sal para consumo humano, con el objetivo de prevenir las caries. 

El oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT), avanzó este miércoles con otra de las leyes promovidas en medio de la campaña electoral por el ministro/candidato Sergio Massa. Se trata de la iniciativa que contiene una serie de beneficios impositivos para aquellos que contraten nuevos empleados -sobre todo jóvenes-, al tiempo que plantea un capítulo sobre blanqueo laboral. 

Al igual que sucedió en la Cámara baja, Juntos por el Cambio no firmó el dictamen, pero tampoco la rechazó. Es más, los legisladores recordaron proyectos similares que presentaron anteriormente sobre el tema y cuestionaron que el FdT nunca los puso en debate. 

En el arranque, Guerra señaló que “sin dudas es un proyecto de ley importante” con el objeto de “fomentar con un criterio federal el empleo, la inclusión de los jóvenes y la transformación de programas sociales”. “Es lógico y natural que cuando se atraviesan crisis, en las cuales las economías empiezan a despedir empleo, un Estado activo participe a través de programas para sostener el empleo y los ingresos de las familias. Ahora, cuando la economía vuelve a crecer, es necesario que esas personas que han sido sostenidas de alguna manera comiencen a volver al empleo formal”, dijo sobre la reconversión de los planes sociales que se prevé. 

A su turno, el salteño Juan Carlos Romero (CF-JxC) cuestionó que él tenía un proyecto sobre fomento del empleo que “nunca lo trató el oficialismo”. “La idea no es mala”, afirmó sobre la iniciativa con media sanción, pero observó que “hay muchísimas obligaciones para el empleador”. 

Además, consideró que debería incluirse que “aquel que haya rechazado o no haya durado en el trabajo más de un período, seis meses o un año, pierda el beneficio” del plan, “porque quiere decir que tiene algún comportamiento endémico de no querer trabajar, que es una costumbre que se ha hecho carne en nuestro país, con 20 años de planes y planes”, apuntó. Para Romero, “va a ser muy difícil la aplicación porque no hay atractivo para las empresas de tomar más gente, por la inflación y la recesión”. “Si bien es buena, es bastante incompleta”, agregó. 

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC), resaltó que “las empresas chicas, un panadero, un carnicero, son los que tienen el mayor nivel de endeudamiento y marginalidad, y creo que podrían flexibilizarse algunas cuestiones” en la iniciativa. “El blanqueo es el principal problema de este proyecto”, advirtió y consideró que se debería “tener algún tipo de información para saber cómo se distribuye en Argentina el mapa de las deudas previsionales y las sanciones laborales, porque ese es un requisito muy exigente”. “Mucha gente no va a poder blanquear su personal, porque ese requisito es una traba muy importante para las pequeñas y medianas empresas”, explicó el radical.

A favor del proyecto, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) recordó que a los peronistas “nos enseñaron que gobernar es crear trabajo”, y esta iniciativa “tiende a crear trabajo, principalmente para los jóvenes y las PyMEs que son un motor esencial”. “Está orientado correctamente”, insistió y valoró que “es suficientemente abarcativo y justifica tratarlo con la premura que se propone”. También dijo que “gobernar es poblar” y, en ese sentido, “esta ley puede ser muy interesante a que ese hecho triste y lamentable, que es que muchos chicos se vayan del país, los atraiga y los podamos tener en el seno de nuestras familias y nuestra economía”. 

Otro de los que habló en el debate fue el rionegrino Martín Doñate (UC-FdT), quien opinó que ante “lo demorado de este tipo de normativas, la necesidad en el contexto de crisis que tenemos y lo amplio que es el proyecto, es un primer y gran paso el que estamos dando en la comisión”. Para el legislador, servirá a “muchos trabajadores que tienen un plan social y ya están trabajando, y no se animan a terminar de registrarse por el temor de perder el plan y perder también poder adquisitivo familiar”.

“Este proyecto, junto a la devolución del IVA y la baja en el impuesto a las Ganancias, son tres grandes medidas que incluyen esta idea de motorizar la economía, de la movilidad social ascendente, de propuestas progresistas”, expresó el camporista. 

Doñate detalló que “en las empresas de hasta cinco trabajadores, hay algo menos de 75% de informalidad; en las empresas entre seis y 40 trabajadores, hay un promedio de un 35%; en las empresas entre 41 y 100 trabajadores, un 15% de informalidad; y en las de más de 100 trabajadores, un 12%”. “El impacto de este proyecto de ley apunta a las MiPyMEs, que están tratando de salir adelante, que son generadoras de trabajo y que muchas veces por los costos laborales les cuesta formalizar a sus trabajadores”, completó.

Desde la vereda de enfrente, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) manifestó: “Me encanta que los senadores del bloque oficialista hablen de los pesados costos laborales, yo creo que eso es hablar de los problemas que tiene la generación de trabajo hoy”. “Nosotros tenemos como Estado nacional un comportamiento raro, porque decimos que queremos que crezca el empleo formal, pero tenemos pesadas cargas impositivas”, cuestionó. 

La opositora aseveró que “los planes han constituido no una solución, sino una traba importante, que no nos permite resolver el problema. Y en vez de ser un piso, de alguna manera se han constituido en un techo”. “Nuestros jóvenes ni siquiera desean un trabajo formal, porque no saben los beneficios que tiene. Tenemos que comunicar los beneficios que significa”, enfatizó.

Puntos principales del proyecto 

El proyecto del Poder Ejecutivo, con media sanción de Diputados, plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años. También para el caso de emplear a personas que no reciben planes sociales y a las que sí. 

Para el resto de las empresas (grandes) el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.

El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

Acuerdo para la Promoción y Desarrollo de Tierra del Fuego

En la reunión también se dictaminó a favor de un proyecto de ley, con media sanción de la Cámara baja desde julio de 2022, por el cual se aprueba el “Nuevo Acuerdo para promover la Inversión y el Desarrollo de Tierra del Fuego”, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia. 

Guerra señaló que se trata de la conformación de un nuevo fideicomiso para financiar obras de infraestructura y defendió que “fijar políticas promocionales” es necesario “en un país donde existen marcadas asimetrías”. “Este tema de promoción hacia una provincia austral tiene una larga historia”, afirmó luego de enumerar distintos convenios y acuerdos firmados desde 2001.

La senadora fueguina María Eugenia Duré (UC-FdT) explicó que este fideicomiso será para “financiar obras viales, que son sumamente necesarias tanto para la ciudad de Ushuaia, Río Grande y también Tolhuin”. Entre ellas, mencionó la ampliación de la central termoeléctrica de Ushuaia y Tolhuin; el Hospital Regional de Ushuaia; y un nuevo acueducto y cisterna en Río Grande.

En tanto, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC) agradeció que el tema se ponga en tratamiento. “Este fideicomiso es la continuación de un viejo anhelo de la provincia de Tierra del Fuego. Siempre se trató de que la Nación, independientemente de cual fuera el gobierno, le reconociera a la provincia parte de las regalías de la explotación costa afuera”, sostuvo. 

El radical comentó que “es una manera interesante de poder llevar adelante una serie de obras que son esenciales para el desarrollo de la provincia más joven del país, y la más grande, más allá del tamaño”. “Muchas veces se la critica a la provincia de Tierra del Fuego teniendo en cuenta la matemática, porque para muchos parece ser que la soberanía tiene un costo, pero para nosotros, los que habitamos en Tierra del Fuego, los beneficios que reciba nuestra provincia no hace más que garantizar la soberanía”, remarcó. 

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presidida por la bonaerense Gladys González (Pro-JxC), dio dictamen favorable este miércoles a un proyecto de ley -con media sanción de Diputados-  que busca actualizar las multas y sanciones por el desecho de residuos peligrosos.

La iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo, propone la modificación del artículo 49 de la Ley 24.051. El principal cambio tiene que ver con los montos de las multas ya que actualmente la ley habla de “australes convertibles”.

La media sanción, aprobada en noviembre de 2022, establece Unidades Fijas, para las cuales se tomará como referencia el valor de la unidad retributiva del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

De esta manera, las multas irán de las 900 a 900.000 UF, lo que significa 305.892 pesos a 305.892.000 millones de pesos, de acuerdo a la actualización del 1ro. de septiembre de 2023.

Además, se dispone que la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

Asimismo, indica que las sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora.

Por otra parte, se dio despacho a un proyecto -también con media sanción- que modifica el nombre del Parque Nacional Traslasierra por Parque Nacional Pinas. González recordó que ese era el nombre que llevaba la estancia que se cedió para crear el parque. “La verdadera voluntad popular era que se llame como originalmente se llamaba a la zona”, dijo. 

En tanto, se dictaminó a favor de una iniciativa para declarar monumento natural a la especie águila harpía, pero volverá a la Cámara baja. La presidenta de la comisión reveló que el autor del proyecto, el diputado Diego Sartori, ya está al tanto y explicó: “Se refiere, tanto en su plan de protección como en sus sanciones, a la Ley de Fauna y eso es erróneo, porque para los monumentos hay que referirlo a la Ley de Parques Nacionales”. 

Dentro del temario se avanzó con más propuestas -de senadores- para declarar monumentos naturales: al tapir, impulsado por el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT); al gato andino, presentado por la neuquina Lucila Crexell (CF-JxC); al ciervo pampeano, promovido por la pampeana Victoria Huala (Pro-JxC); y a la chinchilla de cola corta, impulsada por el salteño Sergio Leavy (UC-FdT).

El otro proyecto que pasó a la firma fue uno que busca declarar “Capital Nacional Austral de Aves Playeras Migratorias” a la ciudad de Río Gallegos. Su autora, la santacruceña María Belén Tapia (UCR-JxC), mencionó que “año tras año desde Alaska emigran las aves hasta Río Gallegos, donde encuentran alimento” y resaltó que esta declaración servirá para “promover el ecoturismo”. Asimismo, advirtió que en los proyectos que hay relacionados a la producción de hidrógeno verde y montar parques eólicos, “esto sería un peligro para las aves migratorias”.

Luego que el secretario de la comisión leyera una batería de proyectos de comunicación y declaración, la chubutense Edith Terenzi (CF-JxC) agradeció que se incluya el proyecto para declarar “la emergencia costera en el ejido de Rawson, la capital de Chubut” donde “ha habido marejadas muy grandes y hay un proceso de erosión de las costas que está poniendo en peligro infraestructura de los balnearios” y también de algunas viviendas. Con esto se busca “desburocratizar y hacer más rápida la búsqueda de soluciones” porque se trata de “una cuestión muy seria, el mar está avanzando”. 

Durante la reunión, los senadores pusieron sobre la mesa la intención de abordar proyectos sobre la promoción de empresas de triple impacto, la prohibición de basurales a cielo abierto y un proyecto sobre evaluación ambiental enviado por el Poder Ejecutivo. 

Reclamo para que se debata la creación del área protegida marina “Agujero Azul”

En el encuentro, el vicepresidente de la comisión, el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT), expresó que hay un pedido de ser escuchadas por parte de organizaciones interesadas en la creación del área marina protegida “Agujero Azul”, iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara baja desde julio de 2022.

El oficialista pidió entonces “que vengan y expongan todos los que están interesados en el tema”, dentro de los que hay funcionarios de distintos ministerios. “Todos los que necesitamos que vengan y nos nutran con la información adecuada”, insistió y señaló que “no podemos dejar de tratarlo, en noviembre va a perder estado parlamentario”. 

González admitió que el tema “tiene su complejidad respecto de los actores que deben dar opinión fundada de la viabilidad o no del área” ya que “debemos invitar a diferentes funcionarios”. También indicó que tiene giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo cual se acordó programar un plenario para la reunión informativa. “Es verdad que está por perder estado parlamentario y por eso tenemos una responsabilidad mayor que en otras leyes”, cerró la legisladora. 

La Cámara alta empezará a tratar otro de los proyectos enviados al Congreso por el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la creación del programa de generación y fortalecimiento del empleo argentino “Empleo Mipyme”.

La iniciativa, que propone una reducción del 100% de las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo y beneficios para las empresas que blanqueen a sus empleados, viene con media sanción de Diputados con 130 votos afirmativos, 3 negativos y 63 abstenciones.

El texto se pondrá sobre la mesa en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FNyP), este miércoles 27 a las 13 en el Salón Arturo Illia.

El proyecto del Poder Ejecutivo plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años.

El programa contempla dos beneficios. El primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador.

Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los jóvenes que ingresen por primera vez.

Se contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.

El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

Tal como se acordó días atrás, el canciller Santiago Cafiero fue convocado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por Adolfo Rodríguez Saá, donde se presentará este miércoles. El encuentro será desde las 15 en el Salón Illia.

Entre los temas que se abordarán se encuentra la inquietud de varios senadores -con los correntinos radicales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela a la cabeza- sobre la situación de tensión desatada con Paraguay a partir del accionar de prefectos de ese país con pescadores argentinos en inmediaciones de las islas Apipé, en la zona de Punta Ñaro.

Pero además del conflicto sobre las aguas fronterizas, se suman los reclamos en torno al cobro del peaje de la Hidrovía Paraná-Paraguay y las acusaciones entre ambos países por las deudas de la represa binacional Yacyretá.

Recientemente, Rubén Rubín, diputado de Paraguay por el partido Hagamos, dijo que él iría a la guerra por su país, mientras en el discurso se encontraba hablando de Argentina. Sin embargo, luego aclaró que no promovería un conflicto bélico con nuestro país.

Otro de los temas de consulta al canciller será el reclamo realizado desde Cancillería a Chile por la publicación del gráfico ilustrativo de los espacio marítimos de jurisdicción chilena, elaborado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de ese país, incorporando como propios espacios marítimos que pertenecen a Argentina. Al respecto hay proyectos presentados por senadores tanto del oficialismo como de la oposición.

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, presidida por Gladys González (Pro-JxC), se reunirá este miércoles desde las 11. El temario incluye un proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre pasado y tiene que ver con actualizar las multas y sanciones por el desecho de residuos peligrosos.

La iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo, propone la modificación del artículo 49 de la Ley 24.051. El principal cambio tiene que ver con los montos de las multas ya que actualmente la ley habla de “australes convertibles”.

La media sanción establece Unidades Fijas, para las cuales se tomará como referencia el valor de la unidad retributiva del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

De esta manera, las multas irán de las 900 a 900.000 UF, lo que significa 305.892 pesos a 305.892.000 millones de pesos, de acuerdo a la actualización del 1ro. de septiembre de 2023.

Además, se dispone que la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.

Asimismo, indica que las sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor o a la infractora.

Por otra parte, se tratarán otros dos proyectos con media sanción de Diputados: uno que modifica el nombre del Parque Nacional Traslasierra por Parque Nacional Pinas; y otro para declarar monumento natural a la especie águila harpía.

Pero además se debatirán más propuestas -de senadores- para declarar monumentos naturales: al tapir, impulsado por el chaqueño Antonio Rodas (FNyP-FdT); al gato andino, presentado por la neuquina Lucila Crexell (CF-JxC); al ciervo pampeano, promovido por la pampeana Victoria Huala (Pro-JxC); y a la chinchilla de cola corta, impulsada por el salteño Sergio Leavy (UC-FdT).

El otro proyecto que completa el temario es uno presentado por la santacruceña María Belén Tapia (UCR-JxC), que propone declarar “Capital Nacional Austral de Aves Playeras Migratorias” a la ciudad de Río Gallegos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ricardo Guerra (FNyP), criticó a la oposición por no acompañar la modificación del Impuesto a las Ganancias en el recinto de la Cámara baja, ni tampoco en la reunión del jueves en el Senado: “Ellos demuestran la falta de lógica y coherencia”.

“En un momento lo propiciaban, Mauricio Macri lo usó de campaña y cuando nuestro ministro/candidato Sergio Massa habló de suprimir la cuarta categoría hubo una suerte de desafío, pero presentó el proyecto y no lo acompañaron. Son la antítesis de toda lógica”, expresó.

En declaraciones a AM 990, el senador Guerra habló de la próxima sesión en el Senado: “Tengo la información que sería el próximo jueves para que este proyecto finalmente sea ley”. Además, se mostró optimista y agregó que “vamos a tener la mayoría suficiente para que se sancione la ley”.

Del mismo modo, planteó que “es una norma importante que le otorga una gran progresividad a este Impuesto y normaliza un desvío y el salario no es ganancia, es una remuneración al trabajo”.

Consultado por la situación del PBI y la coparticipación respecto a esta normativa, explicó que “habrá una reducción en la reducción”, y amplió: “Hay que tener en cuenta que todo lo que pueden ahorrarse los trabajadores se vuelca al consumo, pero no creo que se recupere el 100 por ciento”.

A su vez señaló que “esta carga tributaria es una política pública superadora que habla de un porcentual de 0,30 del PBI”. “No es una marcada caída y es un tema demandado por años de parte de los trabajadores”, indicó.

Por otro lado, opinó sobre la relación entre oficialismo y oposición en el Congreso: “Tenemos la responsabilidad institucional de no ser mezquinos como en esta situación de grieta. No estamos para eso”. “Deberíamos levantar la mirada y discutir las cuestiones de fondo”.

Por último, Guerra expresó: “Debemos hacer para el desarrollo de nuestra nación con las economías regionales y la cuestión tributaria, pero hay una gran asimetría en nuestro país”, y cerró: “Debemos trabajar en políticas de Estado que duren 20 años”.

El jefe del bloque oficialista en el Senado, el formoseño José Mayans, afirmó que el oficialismo baraja la posibilidad de sesionar el próximo jueves para sancionar Ganancias, aprobar las modificaciones de la Ley de Alquileres que “vuelve a Diputados”. Pero eso no es todo, también sumarán en el temario los 75 pliegos judiciales, incluyendo la controvertida designación de Ana María Figueroa, la exjueza cesanteada por la Corte Suprema al llegar a la edad jubilatoria.

Se trata de la funcionaria judicial debía votar en causas en las que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, está involucrada: Los Sauces y Hotesur. Había cumplido los 75 años de edad el pasado 8 de agosto y la Constitución nacional establece que cuando eso sucede un magistrado debe dejar el cargo, por eso el oficialismo en el Senado intentó en varias ocasiones prorrogar su pliego a través de un pedido del Poder Ejecutivo, pero nunca logró el quórum. Desde el bloque oficialista insisten que el pliego de Figueroa debe ser tratado en el recinto porque tiene dictamen de la Comisión de Acuerdos.

En diálogo por CNN Radio, Mayans comentó: “La idea es tratar Ganancias la semana que viene, porque hay varios temas que están ahí pendientes y nosotros podemos tener el quórum estricto porque, así como están los números en el Senado la oposición tiene como estrategia no dar quórum. Ya vienen así desde las PASO y ahora están esperando que pasen las generales que es una mala estrategia porque el Parlamento se tiene que pronunciar en los temas que la sociedad necesita”.

 “Esa estrategia de paralizar todo…porque el grupo Cambiemos creían que van a ser gobierno entonces les correspondía las decisiones el tiempo que viene. Así no les va tan bien con esa estrategia porque la gente siente que no tiene respuesta de Cambiemos. Esa es la visión que se tiene de acuerdo al consenso que están teniendo”, arremetió el senador.

A su vez, enumeró: “El Senado tiene pendiente el tratamiento de pliegos que son 75 pliegos que ya tienen despacho, el tema de la Ley de Alquileres. Hasta acá podemos tener los números si no se enferma nadie. Ganancias saldría sin problemas”.

“El primer tema que se trata en cualquier sesión es el tema de los acuerdos, aparte de eso si nosotros decimos que la justicia tiene que actuar en la lucha contra el crimen organizado, contra la trata de personas, estos son pliegos que tiene un tramite de 5 años. Son pliegos que sacó el Consejo de la Magistratura en el tiempo de Macri por dos tercios”, expresó el formoseño.

En tanto, remarcó que “hay un pedido de ratificación del Ejecutivo que fue a Audiencia Pública y no recibió objeciones ni impugnaciones. No sé cómo objetan las personas que cumplen con los requisitos constitucionales”, y denunció: “En cambio, hay dos jueces en la Cámara Federal que son Bertuzzi y Bulgia que se negaron a venir a la Cámara del Senado y la Corte los sigue sosteniendo de forma irregular y siguen haciendo fallos. Esa gente está en falta constitucional”.

“Son temas que nosotros consideramos importante, si tenemos los números lo tratamos sino no los incluimos porque representa herramientas para que el Poder Judicial actúa en la lucha del narcotráfico, no podemos dejarlo supeditado a que a un senador no le guste. Si no tememos los números se cae”, planteó.

Ley de Alquileres

Por otro lado, consultado por Alquileres aseguró: “Las modificaciones están confirmadas y vuelve a Diputados y hay que ver qué tratamiento le dan. Mientras tanto hay una ley vigente”.

“Estos cambios van de acuerdo a la situación que se está viviendo. Nosotros hicimos audiencias donde estuvieron inquilinos y propietarios. Hay una propuesta de la Comisión de Turismo para los alquileres temporarios, son las visiones que se traen y el resultado es el despacho de comisión. Vamos a ir al recinto y vemos los números”, explicó.

Además, señaló que “en la Ley de Alquileres hay una lucha de intereses y hay que poner mucha racionalidad teniendo en cuenta lo que dijeron los inquilinos, para que no sean afectados tanto propietarios como inquilinos. El tema de la racionalidad es el ajuste por salario, los contratos en pesos y cada 6 meses y contratos de 3 años. Va a salir eso y va a ir a Diputados de nuevo”.

“Esta semana tuvimos una senadora con problemas de salud y cuando tenes un quórum muy estricto no se puede enfermar nadie. Dios quiera que podamos cumplir con el objetivo”, bregó.

En clave electoral

Por último, se refirió al panorama electoral: “Acá hay dos modelos, un modelo liberal y el del Estado presente”, y diferenció: “El modelo liberal perdió 200 mil millones de dólares de PBI y endeudó a la Argentina. Claramente el problema es la brutal deuda que dejó Mauricio Macri”.

En tanto, el senador también habló sobre Javier Milei: “Él dice que va a ser peor que Macri y tiene los datos incorrectos de cuánto vale y gasta la política”. Y estableció que a Patricia Bullrich le falta información: “Cada vez que habla pierde un punto porque no entiende dónde está metida”.

Al cierre de la entrevista, el dirigente peronista calificó como “un cuento chino” el gasto del Estado en la política. Y fundamentó: “El 50% del gasto del Estado está en el sistema previsional y ayuda social, hay 9 millones de personas metidas en el sistema previsional y unos 12 millones en ayuda social”.

“Milei dice que va a dolarizar, pero va a terminar con la salud, la seguridad y la justicia. Y después de él va a venir otra frustración porque no tienen un dólar para dolarizar”, finalizó Mayans.

A menos de 48 horas de haber recibido media sanción de Diputados, el Senado le dio luz verde este jueves de forma exprés a la creación de cinco universidades nacionales en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura, a cargo de los oficialistas Ricardo Guerra (La Rioja) y de Cristina López Valverde (San Juan) -quien no pudo asistir- respectivamente.

Al comienzo de la convocatoria, que tuvo lugar en el Salón Illia y que comenzó a las 17.35, la fueguina y secretaria de la Comisión de Educación, María Eugenia Duré, anunció un reemplazo dentro de la misma: la senadora Juliana Di Tullio en reemplazo de la mendocina y vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti.

Duré destacó la importancia del debate para la creación de las cinco universidades en el “día de los estudiantes, pero también es importante en términos de accesibilidad a la educación pública”. “Saber y decir que estamos en un momento donde la educación pública está siendo un poco vapuleada, puesta sobre la mesa en una manera en la cual es indispensable defenderla en cada uno de los derechos adquiridos por los estudiantes”, señaló la oficialista.

“Son 5 universidades que también vienen a traer más derechos para nuestros jóvenes y, sobre todo, aquellos jóvenes que no tienen la posibilidad o no han tenido la posibilidad de tener cerca de sus ciudades o en su provincia alguna universidad pública”, destacó Duré y añadió que “aspiran a reconvertir universidades provinciales en universidades nacionales”.

También comentó que los proyectos están recomendados por el Consejo Interuniversitario Nacional y planteó: “Ahí tenemos un desafío sobre todo para que aquellos que no tuvieron aún la posibilidad de estudiar puedan hacerlo de ingresar a la universidad pública y gratuita”.

La senadora destacó que “la Universidad Nacional del Delta va a abarcar diferentes zonas y va a traer cerca de 70 mil nuevos estudiantes”, y señaló que pone “énfasis en el conocimiento local, con desarrollo productivo sustentable y la incorporación de energías renovables”. “La propuesta académica tiene que ver con el mercado laboral. Estamos hablando de tecnología, biotecnología, biomecánica, mecánica, robótica, inteligencia, seguridad informática, ciencias del comportamiento, marketing digital, entre otras que va a otorgar a tener en su currícula académica”, contó.

Sobre la Universidad Nacional del Pilar, remarcó que “se juntaron más de 25 mil firmas para que se pueda crear esta universidad”, y que “no hay una universidad pública en la región que cubra las necesidades de educación superior de la población”. Mientras que “la propuesta académica es para los cinco parques industriales que hay cerca y viene a estar relacionada y a favorecer no solo al que va a estudiar sino de inserción laboral calificados”.

“Todo lo que tiene que ver con tecnología lo vemos insertado en la educación y en el mercado laboral. Es importante capacitar y formar a los jóvenes”, manifestó Duré.

En la Universidad Nacional de Ezeiza, explicó que “pasa de provincial a nacional” y que “el 55% de los estudiantes se encuentran insertos en el empleo formal”, destacándose en el desarrollo social y productivo de la región. “Esta universidad ha posibilitado que en el 2012 cerca de 2 mil estudiantes iniciaran sus estudios que, por razones de pobreza, distancia, u otras condiciones de desigualdad social no lo habían podido realizar. Ahí está presente el Estado y la universidad”, precisó.

Para la Universidad Nacional de Río Tercero, Córdoba, afirmó que “esto se trata de una reparación histórica que tiene que ver con el atentado a fabricaciones militares y también tiene que ver con esa demanda social que nos demanda el pueblo y aquellos, no solo jóvenes sino también personas que no tuvieron en su momento la posibilidad de estudiar. Algunos hablarán de váuchers nosotros hablamos de universidades públicas y gratuitas en todo el país”.

Finalmente, en lo que refiere a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, aseguró: “Queremos que aquellos que han elegido lo que refiere a la formación universitaria en DDHH, también puedan asistir a una universidad nacional. Estamos acercando a la población a las universidades”.

A su turno, Di Tullio expresó: “Me pone feliz poder firmar la creación de universidades. Hoy tenemos 2 millones y medio de estudiantes en el país de 47 millones de habitantes y el 81% va a 57 universidades públicas”.

“En 1983 con 28 millones de habitantes teníamos 350 mil estudiantes universitarios, lo que hemos crecido. En el país tenemos una universidad cada 350 mil habitantes”, detalló la bonaerense y lo comparó con los países de Latinoamérica y apuntó: “Esto es para los que dicen que tenemos demasiadas universidades. Tenemos pocas universidades en comparación con los países de la región”.

Y cerró: “Tener una universidad con especificidad en derechos humanos es una de las mejores formas de celebrar estos 40 años de democracia ininterrumpida. Estamos dándole mejor calidad a la universidad pública en todo el país”.

“El Consejo Interuniversitario Nacional ha evaluado y aprobado estos proyectos de ley para la creación de nuevas universidades. Estamos trabajando con la garantía que da el paraguas federal más importante que tiene la educación universitaria argentina”, analizó el rionegrino Martín Doñate.

La santacruceña Ana María Ianni Con este tipo de proyectos renace la esperanza. Quiero transmitirles la alegría y las gracias de parte de más de 800 santacruceños. Hoy es un día de mucho acompañamiento a la comunidad”.

Una por una las universidades

Uno de los proyectos, aprobado en Diputados por 139 votos afirmativos, 74 negativos y una abstención, propone la creación de la Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Fue propuesta por Sergio Massa cuando era presidente de la Cámara baja y la diputada de su espacio Alicia Aparicio (FdT).

La iniciativa establece que las carreras que se dicten estarán orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión, entre otras.

El otro, aprobado con 139 votos afirmativos, 75 negativos y una abstención, impulsa la Universidad Nacional de Pilar, a partir de proyectos presentados por los diputados María Rosa Martínez (FdT) y Ramiro Gutiérrez (FdT).

Establece, en un artículo similar al que plantean todos los proyectos que van en este sentido, que la universidad “planificará la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con las de universidades ya instaladas en la región”.

La tercera iniciativa, originalmente promovida por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz (FdT), es la que propone cambiar el estatus de la Universidad Provincial de Ezeiza a Universidad Nacional. Fue la que menos votos afirmativos cosechó en la Cámara baja, al obtener 126 votos afirmativos, 89 negativos y ninguna abstención.

Impulsada por las diputadas cordobesas Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (FdT), la Universidad Nacional de Río Tercero obtuvo en Diputados el respaldo más holgado dentro de los cinco proyectos que se trataron en este sentido: 155 votos afirmativos, 58 negativos y ninguna abstención.

La iniciativa establece que las carreras que dictarán estarán relacionadas “a las áreas vinculadas a los sectores productivos de bienes y servicios de la economía regional, a la actividad desarrollada en el Parque Industrial Río Tercero y zonas de influencia y las demandas de la comunidad universitaria”.

Por último, el paquete incluye a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesta por Hugo Yasky (FdT). Se establece que los contenidos de los planes de estudio “estarán orientados en la defensa, promoción y protección para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos”. Fue aprobada con 132 votos afirmativos, 82 negativos y ninguna abstención.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP), se reunió este jueves para avanzar con el proyecto del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, para modificar la ley de Impuesto a las Ganancias que obtuvo media sanción este martes en Diputados.

Desde el oficialismo avanzaron con la firma, llevada adelante por ellos y el senador Edgardo Kueider (UF) en disidencia, y buscarán que la semana próxima pueda llevarse una sesión en la Cámara alta para convertirlo en ley. Juntos por el Cambio no firmó el dictamen y anunció que no lo va a votar.

La iniciativa fue aprobada este martes con 135 votos a favor del oficialismo, los libertarios, la izquierda y bloques federales; y 103 en contra, de Juntos por el Cambio y los legisladores del interbloque Federal que responden a Juan Schiaretti.

El debate

Una vez comenzado el tratamiento de la modificación del Impuesto a las Ganancias, el titular de la comisión, Ricardo Guerra, resumió los puntos principales del proyecto en revisión: “Corrige un desvío que tenía la ley en la cuarta categoría y establece la fijación de un mínimo no imponible valuado en términos del Salario Mínimo, Vital y Móvil y lo fija en un valor de 1.770.000 pesos”.

En tal sentido, afirmó que “el salario no es ganancia, es una remuneración al trabajo”, y agregó: “Los salarios brutos que se encuentren en 15 mensuales o 180 anuales, hacia abajo dejarán de tributar y quienes perciban un salario por encima de los 1.770.000 pesos abonarán una alícuota entre el 27 y el 35 por ciento”.

Para cerrar su intervención, Guerra manifestó que la ley regirá a partir del 1 de enero del 2024. “Es un avance en la progresividad de un impuesto a los trabajadores en relación de dependencia”, concluyó.

En contraposición, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR), planteó interrogantes y preocupaciones, y aseveró: “Desde el anuncio del ministro de Economía lo invitamos a que nos diga a los senadores que debemos defender los intereses de nuestras provincias con el Gobierno federal y como se van a saldar estos fondos que son coparticipables”.

“La pérdida de la recaudación tributaria será de un billón de pesos y si sumamos la quita del IVA, Chaco pierde más de 75 mil millones de pesos”, señaló. “En mi provincia vamos a tener déficit y acá se debió invitar a los gobernadores e intendentes”, indicó.

Del mismo modo, acusó a algunos gobernadores -oficialistas- por apoyar la medida cuando en 2019 “se opusieron y se presentaron en la Justicia”. También, remarcó que “no están comprendidos los monotributistas y los autónomos”.

Por último, aclaró que “el salario no debería pagar Ganancias, pero deben explicar cómo lo van a hacer”, y cerró: “Antes de avanzar sería muy importante invitar a los gobernadores en funciones y electos con el ministro de Economía”.

Luego, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR) se sumó al reclamo de Zimmermann y sostuvo que en su provincia “la caída sería de 20 mil millones de pesos”. “El Ejecutivo emitió un decreto de necesidad y urgencia y creemos que era suficiente porque no sabemos si este ministro/candidato va a seguir en gestión el año que viene”, agregó.

Al igual que el vicepresidente de la comisión, cargó contra los gobernadores provinciales oficialistas: “Tenían una actitud en 2019 y ahora tienen otra. Muchos de los que fueron a la Justicia, ahora van a decir que está bien”, y consideró que “se debe tratar con más tiempo y fuera del marco electoral porque no es el momento oportuno para tratar este proyecto”.

A su turno, la secretaria de la comisión y jefa del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, contratacó: “Cuando Massa, quien es mi candidato a presidente y lo será después del 10 de diciembre, presentó el DNU fue su propio espacio el que dijo ‘mándalo ahora que lo votamos’ y ahora, quiero saber ¿están de acuerdo o no?”.

“Cuando Massa, quien es mi candidato a presidente y lo será después del 10 de diciembre, presentó el DNU fue su propio espacio el que dijo ‘mándalo ahora que lo votamos’ y ahora, quiero saber ¿están de acuerdo o no?”

“Igualmente no importa quien gobierne porque simplemente va a ser una política pública y cuando se envió a la Cámara de Diputados dejo de ser electoralistas”, aseveró Di Tullio. “Hay que tener pudor porque en 2015 ustedes hicieron campaña con que los trabajadores iban a dejar de pagar ganancias y se fueron del gobierno con el doble de los trabajadores pagando”, fustigó contra Blanco y Zimmermann.

En una breve intervención, el senador nacional Juan Carlos Romero (Cambio Federal) anticipó que “votaré en contra porque esto le hace daño a mi provincia”. Además, en línea con JxC sostuvo que Salta “perderá 32.000 millones anuales”.

¿Sesión de la Cámara alta?

El jefe del bloque del Frente Nacional y Popular, José Mayans, dejó abierta la posibilidad de que la modificación de la ley del Impuesto a las Ganancias sea tratada en una sesión convocada para el próximo jueves 28 de septiembre.

Del mismo modo, Mayans expresó: “El problema es la inflación que es tremenda y ustedes hablan como si fueran marcianos porque cuando Cristina Kirchner se fue, el PBI era de 640 mil millones de dólares y cuando se fue Mauricio Macri era de 400 mil millones de dólares”.

Además, añadió: “La relación deuda PBI creció al 99 por ciento, ese esquema fracasó, llegaron a un nivel de endeudamiento brutal y fueron al Fondo Monetario Internacional (FMI), sin pasar por el Congreso, a pedir una plata que Argentina no podía pagar”.

“Venimos a acompañar a los trabajadores, pero ustedes le buscan ‘la quinta pata al gato’”, expresó Mayans, y concluyó: “Firmamos como llegó y queremos llevarlo al recinto la semana que viene. Queremos tratarlo el jueves si es posible”.

La modificación al Impuesto a las Ganancias

La propuesta busca que se elimine la cuarta categoría de Ganancias y sólo pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, actualmente equivalente a $1.770.000 -nuevo mínimo imponible-, que se irá actualizando.

De este modo, se prevé que el tributo alcanzará a 90 mil contribuyentes (actualmente lo pagan 700 mil), que representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Entre quienes seguirán pagando se encuentran CEO’s, puestos calificados, cargos políticos y jubilaciones de privilegio.

Además de mantener el beneficio de deducción del 22% para zona desfavorable, la iniciativa crea el denominado “impuesto cedular” para los mayores ingresos, que va a entrar en vigencia a partir de enero de 2024, y tendrá una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27% y 35%.

Dictamen-CD-21-23-Imp-a-las-Ganancias

A pedido de damnificados, abogados y entidades bancarias la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FNyP), emitió dictamen con modificaciones al proyecto que viene con media sanción de Diputados el cual pretende solucionar la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.

De esta manera, de aprobarse en el recinto en la próxima sesión de la Cámara alta, el proyecto debe volver a Diputados. Senadores del FdT, como la bonaerense Juliana Di Tullio, expresaron disidencias en la redacción de las modificaciones introducidas que serán debatidas en el transcurso de los próximos días. Desde el bloque Unidad Federal, el entrerriano Edgardo Kueider adelantó el acompañamiento, pero también con disidencias.

Por el lado de JxC, solicitaron un tiempo para “analizar” las modificaciones y en el camino al recinto harán los “aportes correspondientes a ese dictamen para darle un paliativo importante a la cantidad de deudores hipotecarios”. “Hay que mirarlo muy bien porque es una modificación importante. Lo serio es que quieren dejar sin efecto el crédito UVA”, señalaron.

Al inicio del encuentro, que tuvo lugar en el Salón Illia, Guerra procedió a leer decreto por el cual se han reemplazado senadores en la comisión para dicha reunión. Así, informó que Antonio José Rodas (Chaco) y Juan Carlos Romero (Salta) reemplazaran a Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y a Julio Cesar Martínez (UCR).

Guerra comunicó que el oficialismo irá con un dictamen que modifica “íntegramente” la media sanción de Diputados. “Consideramos que el sistema de préstamos ajustados por unidad de valor de adquisición o de vivienda es un sistema que ha traído muchos problemas y lo consideramos como una política fracasada”, argumentó e informó que cambiarán “el sistema de ajustes en la premura de encontrar un equilibrio razonable en esta relación contractual entre tomadores de crédito y entidades financieras en las cuales al ser fallos de hechos puntuales que nos dan una base para poder haber trabajado nuestro proyecto de dictamen en la cual había coincidencias en esos criterios, pero el hecho de que hayan sido o estén plasmados en fallos judiciales da una base importante para proponer el dictamen”.

Entre los criterios, planteó la “teoría de la imprevisión” y la “doctrina del esfuerzo compartido”. Respecto del primero, explicó: “Hace 5 años atrás que son las fechas de orígenes de estos créditos que evidentemente nadie podía prever que un gobierno endeude de tal magnitud a nuestro país. Que luego de ello tuviésemos una crisis sanitaria global y humanitaria grave, el mundo reciba las consecuencias de una guerra que se plantea en una zona remota, pero sus efectos fueron globales al ser una zona importante de provisión de energía y alimentos por lo tanto modificó los precios relativos y, luego de ello, en nuestro país tenemos una sequía como hace muchos a los no teníamos, lo que nos hizo perder, en una economía que conceptualmente es una práctica bimonetaria, 20 mil millones de dólares”.

“Todos esos indicadores son generadores de inflación alta. Por nuestra historia no se puede argumentar como imprevisión un proceso inflacionario, pero si es imprevisible cuando esos niveles de inflación son exagerados como lo estamos sufriendo frutos de todos estos hechos”, señaló el riojano.

En tanto, relacionó: “Si tenemos un sistema de créditos ajustables por la inflación como es el sistema UVA, claramente el ajuste que están sufriendo los capitales se hace de manera desmesurada. Sobre ese capital ajustado hay una tasa de interés que, si bien es fija, hay un interés. Si a eso le sumamos que hay una tasa de amortización por el método francés que tiene la característica que la composición de las cuotas al principio es de poco capital y mucho interés, esa mezcla va cambiando al final para llegar con mucho capital y poco interés, la reducción del saldo de deuda, o sea, del capital adeudado no se percibe en absoluto en los primeros años que es la situación que se observa”.

“Se hacen esfuerzos ingentes para pagar una cuota en la cual también ha crecido al ritmo de los ajustes, pero un saldo de capital cada vez mayor. El ajuste que lleva es justamente por la inflación y la reducción por el pago de cuota es mínimo por el sistema de amortización que tiene”, precisó.

Guerra aclaró que “no es un tema simple de resolverlo y encontrar un bendito equilibrio que todos queremos lograrlo, pero tenemos la responsabilidad de buscarlo. Si hoy tenemos un nivel de problema en la medida en que pase el tiempo el problema va a ser superior, incluso para las entidades financieras” y explayó: “Porque si hoy tenemos un porcentual de incobrabilidad del 5% es chico estadísticamente, peor disimula el esfuerzo enorme que se está haciendo para cubrir las deudas porque estamos hablando de las cuotas de las casas. A medida que pasa el tiempo por este sistema de ajuste cada vez esa morosidad va a ser mayor porque va a llegar el momento donde los salarios de las personas tomadoras van a ser difícil que lo puedan sostener”.

Los puntos del dictamen oficialista

Al respecto, Guerra explicó que a través del artículo 1 “estamos proponiendo dejar sin efecto las cláusulas del ajuste UVA para todos los préstamos o todas las relaciones crediticias vigentes y futuras que tengan por destino la adquisición, ampliación o refacción de la vivienda única o cualquier otra adquisición de otro bien”.

También se sustituye el mecanismo de indexación o de ajuste del capital por el Índice de Salario que publica el Instituto de Estadísticas y Censos de la Argentina (INDEC). Además, proponen la realización de nuevos mutuos, es decir, que “estamos proponiendo una novación lisa y llana en la cual el capital debe retrotraerse al 31 de agosto de 2019 sobre el que hay que restarle las porciones de capital que están contenidas en las cuotas que se hayan abonado desde esa fecha hasta la fecha del mutuo nuevo, y a partir de allí se ajusta por el índice de salario con un más de interés del 3,5% nominal anual”.

“El recalculo que deben hacer para la novación las instituciones de entidades financieras debe ser con fecha 1ro de septiembre de 2023”, agregó y explicó que no establecieron que la fecha sea “hasta que entre en vigencia la norma quedaría un bache en la cual se está sabiendo lo que se está propiciando, pero no entra en vigencia porque no tiene fuerza de ley”. “Que se entienda que todos los cálculos para la novación para el nuevo crédito tienen que ser con fecha de 1ro de septiembre de 2023”, reiteró Guerra.

El texto también establece que la relación cuota-ingreso no tiene que absorber más del 30% de los ingresos que declaren el o aquellos nuevos tomadores. “Al ser una novación es un nuevo crédito que puede dar lugar a replanteos de dar nuevos plazos o agregar un codeudor. Lo que estamos proponiendo es un capital inicial, un nuevo sistema de ajuste y una tasa de interés”, precisó.

El titular de la comisión indicó que “se pueden plantear nuevos plazos y, si surge la necesidad de incorporar un codeudor para darle flexibilidad a la novación que se propone”. En suma, señaló que se suspenden los juicios, desalojos por 365 días, por igual periodo los términos procesales en curso.

En tanto, establece como autoridad de aplicación al Banco Central de la República Argentina y se insta a la autoridad de aplicación que, a través de las entidades financieras, se practique un programa de capacitación o difusión en materia financiera para los clientes actuales y futuros poniendo especial énfasis en “los riesgos que se toman ante determinados productos que ofrece el banco. Evitar las publicidades confusas, tiene que ser claro lo que el banco ofrezca y que el cliente esté sabiendo lo que están firmando y los riesgos”, añadió Guerra.

“En los casos en los que la relación cuota-ingreso no alcance en ese 30% las entidades financieras tendrán que poner a disposición sistemas o métodos o nuevas conversaciones para llegar a un acuerdo. Siempre teniendo en cuenta el concepto de defensa al consumidor que está legislado en numerosas leyes”, concluyó.

La postura de la oposición

Al hacer uso de la palabra, el vicepresidente de la comisión, el radical Víctor Zimmermann (Chaco), solicitó a Guerra las modificaciones propuestas al dictamen de media sanción para “poder mirarlo en detalle”. Destacó que haya aspectos que tienen origen en los fallos judiciales como la teoría de la improvisación y la doctrina del esfuerzo compartido.

“Entiendo que muchos de los fallos judiciales que están saliendo son más benévolos que los cobros que se están haciendo en las distintas cuotas”, manifestó, pero no compartió algunas expresiones de Guerra: “Cuando usted dijo que había un gobierno que endeudó, yo creo que el sistema de cuotas UVA es bueno para el acceso al préstamo, pero el gran problema es la inflación y ese es nuestro gran desafío en el marco de alguna emergencia que se está haciendo y que tenemos hacia adelante, porque recibimos hace semanas, a deudores no solo hipotecarios sino también de bienes registrables y otros tipos de acceso al financiamiento”.

En esa línea, consultó: “S i nosotros vamos a dejar sin efecto el sistema de financiamiento UVA. ¿Qué significa cambiar el sistema? ¿Los créditos personales también están incluidos? El sistema de plazo fijo en relación a esta cuestión ¿también están incluidos? Porque dijo que se amplia la base para los créditos hipotecarios y bienes”.

A su turno, el salteño Juan Carlos Romero cuestionó que la “única buena noticia de esta reunión es que están modificando este dictamen y vuelve a Diputados. Eso puede ser una salvación para el sistema jurídico argentino y con el tiempo se pueda pensar algo mejor que esta ley”.

Coincidió en que “indexar por salarios es correcto”, pero creció que “hace meses lo que estamos haciendo en el Congreso, y lo está haciendo desaforadamente el ministro/candidato, es poner parches porque el Gobierno creó la situación inflacionaria que estamos viviendo y la está agravando”.

“Son todos parches como Ganancias, IVA, bonos ante la situación macroeconómica que nunca se pudo resolver. Si tenemos una inflación interanual hoy de 120%, la pobreza más del 40%, que tenemos la inflación más alta del mundo. Ningún país en el mundo subió una inflación al 150%. Fueron 20 años de errores del kirchnerismo en Argentina, porque 4 años estuvieron saboteando al gobierno de otro partido. Ahora estamos queriendo resolverle los problemas a la gente a través de leyes parches cuando el problema de fondo argentino es la situación macroeconómica, inflación, emisión monetaria, gasto público galopante y descontrolado y el ministro de Papa Noel todos los días sacando algo del trineo para tirarle a la gente a ver si puede mejorar su performance electoral”, disparó el salteño.

“Esta ley altera el orden y la seguridad jurídica, altera el concepto de la hipoteca. ¿Quién va a querer construir en el futuro sabiendo que cada vez que hay un problema le hacemos una ley específica?”, denunció Romero y chicaneó: “Dentro de poco vamos a hacer una ley para los que compraron tractores, autos, los que deben en el almacén, los que deben al vecino. Ponen una ley para cada problema. ¿Cuándo fuimos capaces de resolver el problema de fondo? El problema central es el estado del país”.

El senador de JxC señaló que el artículo 20 del dictamen de Diputados que propone la creación de un Fondo para “compensar un aporte solidario donde se va a fondear esta cuenta de los saldos de depósitos de todos los argentinos que tengan cuenta, además es no reintegrable. Acá estamos creándoles un impuesto a todos los depósitos en pesos y moneda extranjera en todas las entidades financieras, incluso aquellas que nunca dieron un UVA. Estamos sacándole plata a la gente humilde para subsidiar una cuota no reembolsable. Es una ley que altera todas las reglas de convivencia, económicas jurídicas, el Código Civil. Espero que esto se salve por la morosidad de los diputados”.

La macrista Guadalupe Tagliaferri consultó: “No entendí cuál es la situación. Si eliminamos los créditos UVA, si se eliminó la deuda, quién va a absorber la deuda de quienes tienen créditos. Me parece muy relevante que se pueda entender bien porque este es un momento de enorme incertidumbre para los argentinos”.

“En este contexto de incertidumbre si vamos a modificar, no solo las personas que son tenedoras de créditos UVA sino las bancas públicas que son más del 80% que hacen frente, estamos frente a una situación de 100 mil personas que les afecta su propiedad más la banca pública en un contexto de enorme complejidad. Este dictamen debe quedar bien en claro qué se está modificando y qué se enviará a Diputados. No queda claro cuál es la situación, si hay o no Fondo Fiduciario, si hay compensación. Saben que no estaba de acuerdo tampoco con la media sanción de Diputados”.

Guerra les aclaró que “es un tema complejo. Es un problema es quién pone el dinero. Coincido en que estamos en un proceso inflacionario distorsivo, pero a los problemas hay que darles una solución lo más equilibrado posible. La deuda no desaparece, estamos planteando un crédito nuevo con un capital inicial que será el que estaba vigente al 31 de agosto del 2019 restándole las partes de cuotas pagadas hasta la fecha en que se firme el nuevo mutuo”, y adhirió: “Se cambia el índice de ajuste al índice de salarios y se establece una tasa fija del 3,5% nominal anual”.

En su intervención, el fueguino Pablo Blanco (UCR) manifestó que “el sistema de créditos UVA no es un fracaso, el fracaso es la inflación”, y cuestionó: “Me alegra que ante la inminencia de los hechos electorales algunos se empiecen a preocupar por temas que están planteados hace mucho tiempo ya”.

“Debo decir que no es que los créditos UVA fueron peligrosos. Porque si de 120.000 deudores hipotecarios hay una mora de 1,8%, es decir de 2.160 morosos, eso quiere decir que hay 118.000 personas que hoy son propietarios gracias los créditos UVA”, destacó el porteño Martín Lousteau (Evolución Radical).

Por el bloque Unidad Federal, se expresó el entrerriano Edgardo Kueider quien señaló que “la refinanciación y el nuevo índice tienen que ir acompañados del Estado”, y adelantó: “Vamos a acompañar el dictamen en disidencia para realizar en el recinto los cambios correspondientes y que no se siga dilatando este tema tan importante”.

La postura del oficialismo

De la vereda de enfrente, la secretaria de la comisión, la oficialista Juliana Di Tullio, expresó: “Este sistema UVA que creó el gobierno de Macri en el 2017 como una medida buena de campaña porque darle crédito a la gente está bien, pero cuando ese crédito no iba a funcionar y era peligroso. En el 2018 empezó a haber una mora inmensa”.

“Los bancos públicos dieron el 75% de los créditos hipotecarios con sistema UVA”, detalló la bonaerense y destacó: “Es una gran noticia que terminé el sistema UVA. Esto no es un parche, son soluciones definitivas. Lamento que se tome como parche cuando es algo que trabajamos con seriedad escuchando a las partes. Lo que tratamos de hacer como cámara revisora es que la visión no fue satisfactoria, por lo menos de una mayoría”.

Di Tullio le pidió a Guerra que explique: “¿Qué es lo que se está terminando? ¿Se está terminando el sistema crediticio UVA o la posibilidad de tomar nuevos créditos con sistema UVA para vivienda? Y el tema de los plazos fijos con sistema UVA”, y precisó que “eso sería importante dar una respuesta clara”.

“Esto no rompe con ningún marco jurídico. Es seguir el espíritu que los últimos fallos han tenido”, contradijo al senador preopinante. En tanto, sugirió “terminar de acordar redacciones porque no estoy de acuerdo con el artículo 1 en su redacción porque es confuso y algún otro punto. Igualmente, me gustaría seguir trabajando este dictamen antes de que llegue al recinto”.

En el mismo sentido, el rionegrino Martín Doñate afirmó: “Vamos a firmar el dictamen con alguna observación y a seguir puliéndolo para poder llegar a la mejor ley posible. Además, quiero decir que tenemos que descartar la idea de que se pone en riesgo la seguridad jurídica”.

Tras la reunión prevista en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para tratar el tema de los créditos UVA y la reciente media sanción sobre reforma del impuesto a las Ganancias, el Senado avanzará también rápidamente con la creación de cinco universidades nacionales.

Los proyectos que tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados esta semana se debatirán durante un plenario de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda, citado para las 17 en el Salón Illia.

Uno de los proyectos, aprobado en Diputados por 139 votos afirmativos, 74 negativos y una abstención, propone la creación de la Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Fue propuesta por Sergio Massa cuando era presidente de la Cámara baja y la diputada de su espacio Alicia Aparicio (FdT).

La iniciativa establece que las carreras que se dicten estarán orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión, entre otras.

El otro, aprobado con 139 votos afirmativos, 75 negativos y una abstención, impulsa la Universidad Nacional de Pilar, a partir de proyectos presentados por los diputados María Rosa Martínez (FdT) y Ramiro Gutiérrez (FdT).

Establece, en un artículo similar al que plantean todos los proyectos que van en este sentido, que la universidad “planificará la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con las de universidades ya instaladas en la región”.

La tercera iniciativa, originalmente promovida por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz (FdT), es la que propone cambiar el estatus de la Universidad Provincial de Ezeiza a Universidad Nacional. Fue la que menos votos afirmativos cosechó en la Cámara baja, al obtener 126 votos afirmativos, 89 negativos y ninguna abstención.

Impulsada por las diputadas cordobesas Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (FdT), la Universidad Nacional de Río Tercero obtuvo en Diputados el respaldo más holgado dentro de los cinco proyectos que se trataron en este sentido: 155 votos afirmativos, 58 negativos y ninguna abstención.

La iniciativa establece que las carreras que dictarán estarán relacionadas “a las áreas vinculadas a los sectores productivos de bienes y servicios de la economía regional, a la actividad desarrollada en el Parque Industrial Río Tercero y zonas de influencia y las demandas de la comunidad universitaria”.

Por último, el paquete incluye a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesta por Hugo Yasky (FdT). Se establece que los contenidos de los planes de estudio “estarán orientados en la defensa, promoción y protección para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos”. Fue aprobada con 132 votos afirmativos, 82 negativos y ninguna abstención.

Luego de otra semana sin chances de sesión, la única reunión prevista en la agenda del Senado es de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, convocada para este jueves a las 15. El objetivo es retomar el cuarto intermedio en el debate sobre el proyecto de ley que pretende solucionar la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.

Sin embargo, tras la media sanción este martes en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias, impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa, el oficialismo en la Cámara alta buscará darle un tratamiento veloz y citó para un segundo turno, a las 16, a la misma comisión. Según supo parlamentario.com, la iniciativa ya está a la vista de los asesores y buscarán sacar dictamen.

El proyecto fue aprobado este martes con 135 votos a favor, del oficialismo, los libertarios, la izquierda y bloques federales; y 103 en contra, de Juntos por el Cambio y los legisladores que responden a Juan Schiaretti.

De acuerdo a la propuesta, se elimina la cuarta categoría de Ganancias y sólo pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, actualmente equivalente a $1.770.000 -nuevo mínimo imponible-, que se irá actualizando.

De esta manera, se prevé que el tributo alcanzará a 90 mil contribuyentes (actualmente lo pagan 700 mil), que representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Entre quienes seguirán pagando se encuentran CEO’s, puestos calificados, cargos políticos y jubilaciones de privilegio.

Además de mantener el beneficio de deducción del 22% para zona desfavorable, la iniciativa crea el denominado “impuesto cedular” para los mayores ingresos, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024, y tendrá una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27% y 35%.

En cuanto a créditos UVA, la reunión será ya sin expositores y se trabaja en consensuar modificaciones al texto venido en revisión de Diputados. La semana pasada, el presidente de la comisión, el riojano Ricardo Guerra, había planteado que buscarían un despacho acordado. No obstante, fuentes de la oposición afirmaron ante parlamentario.com que todavía desconocen qué propuesta de cambios a la redacción plantean desde el Frente de Todos.

En las reuniones informativas previas, tanto damnificados y abogados de tomadores de créditos, como representantes de entidades bancarias, propusieron modificaciones a la media sanción que viene de Diputados.

La media sanción de Diputados sobre créditos UVA

El proyecto que propone la creación del “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios” llegó al Senado con media sanción de la Cámara de Diputados, y establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Del mismo modo, la iniciativa anticipa que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al primero de enero de 2023.

Así las cosas, quedará establecido que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.

Se prevé que en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo se llamará “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” y buscará cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

El senador nacional y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmermann (Chaco), se refirió a los dos dictámenes que se emitieron este miércoles sobre la modificación a la Ley de Alquileres y consideró que “el gran problema es la inflación” por lo que “una ley no puede resolver el impacto negativo que están teniendo los índices inflacionarios sobre los alquileres”. En esa línea, bregó para que se convoque en un tiempo “rápido” a labor parlamentaria para poder sesionar. También adelantó su postura sobre los proyectos enviados por el ministro de Economía, Sergio Massa.

En diálogo por la AM 990, el radical repasó: “Nosotros, después de dar el debate con invitados de representantes de propietarios, inquilinos, desarrolladores inmobiliarios, vinieron todos de diferentes lugares del país, se hizo un trabajo muy interesante en las comisiones, al terminar la presencia de los invitados pedimos que se pase a la firma la media sanción de Diputados que modifica la actual ley”.

“Cabe recordar que la actual ley no beneficia ni a propietarios ni a inquilinos, es una ley que perjudica a todo el sector porque lo que hay que saber que el gran problema de los alquileres o la falta de viviendas en Argentina tiene que ver con el gran problema de la inflación, el cepo al dólar y de las cuestiones económicas. No se puede con una ley resolver el impacto negativo que están teniendo los índices inflacionarios que de alguna manera entorpece todo”, señaló Zimmermann.

En esa línea, reiteró: “Nosotros queríamos sacar la ley posible en el corto plazo porque mucha gente está esperando qué va a pasar y es algo que nos pidieron todo de darle la mayor celeridad posible porque hay muchos contratos pendientes de la firma”.

“Esas modificaciones les cuidaban esa certidumbre a tantos inquilinos y a tanta gente en el país, bueno esto no fue posible. El oficialismo me pidió la semana pasada un cuarto intermedio que retomamos en el día de ayer y finalmente ayer sacaron un dictamen de mayoría modificando la ley lo que significa que va a volver a Diputados”, alertó.

Respecto de la indexación, explicó que la ley actual establece un promedio entre el RIPTE y el IPC: “La media sanción de Diputados establece que se tienen que poner de acuerdo entre las partes y tienen la posibilidad de elegir los distintos índices que publica el INDEC”, y comparó: “El dictamen de mayoría del Senado lo que hace es modificar ese índice y toman un promedio teniendo en cuenta la variación de los últimos 12 meses de la inflación y del incremento del salario es un índice combinado que lo llaman Coeficiente de la Casa Propia y actualmente la actualización es una vez al año que eso genera un problema”.

“La actual ley perjudica tanto a propietarios como a los inquilinos, esto pasa en la práctica y nos dijeron todos. Lo que había que encontrar era un equilibrio en la media sanción o de la modificación de la ley y por eso a nosotros nos parecía apropiado que se actualice cada cuatro meses y que se puedan poner de acuerdo entre las partes sobre el índice a utilizar”, planteó el chaqueño.

Sobre los alquileres temporarios contó que “hay un acuerdo que se firmó un dictamen en la Comisión de Turismo se hizo un acuerdo entre un proyecto de la senadora oficialista Ianni y de la radical Juri. Estará para tratamiento en el futuro y espero se pueda reglamentar el tema de alquileres temporarios que no está reglamentado”.

En tanto, lamentó que “en el Senado hace muchísimo tiempo que no estamos tratando temas importantes que la gente necesita, tuvimos pocas sesiones y las últimas dos fueron sesiones especiales que, como el oficialismo tiene la mayoría o creía tener la mayoría las últimas dos veces hicieron una convocatoria en donde ponen solo los temas y convoca porque tienen los números. En la práctica convocaron a las últimas dos sesiones, pero fracasaron porque no tiene los números porque no se ponen temas importantes, sino que los principales temas tenían que ver con la designación de la jueza Ana María Figueroa”.

Así bregó: “Espero que hacia adelante se convoque a la labor parlamentaria como debe ser y se sesione con temas de interés de cada bloque y en el recinto se votará o no. Espero que en el tiempo rápido y prudencial se convoque a la labor parlamentaria y se traten temas importantes para los argentinos que están pendiente de tratamiento en el Senado”.

Por último, al ser consultado sobre su postura respecto del paquete de medidas que envió Sergio Massa afirmó: “Solo tenemos la letra chica y cuando se habla del paquete de medidas tiene que pasar primero por Diputados porque cuestiones impositivas tienen que pasar por ahí. Primero tenemos que ver qué pasa ahí”.

En tanto, informó que “junto a 27 senadores presentamos un proyecto en donde invitamos al ministro de Economía a que venga a contar cómo va a reemplazar estos cientos de millones que pierde de recaudación con el impuesto a las ganancias como también la devolución del IVA y todos esos impuestos son coparticipables y los gobernadores van a perder palta”.

“Yo si estoy de acuerdo en sacar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría porque el salario no es ganancia”, afirmó, pero señaló que “en este contexto en donde se va a sacar dinero a las provincias argentinas de miles de millones de pesos y se dice que se va a reemplazar con el impuesto país o con el aumento al consumo, algo que es difícil que sea, entonces tenemos interrogantes y queremos que nos explique”.

Sin invitados a exponer, el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán (La Pampa) y Ricardo Guerra (La Rioja), respectivamente, retomó este miércoles el debate sobre el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres y, sin acuerdos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -como se esperaba-, se firmaron dos dictámenes.

A partir de un acuerdo con sus excompañeros que hoy forman parte de Unidad Federal, más el apoyo de su aliada Clara Vega, el oficialismo se alzó con el despacho de mayoría que, en sus puntos centrales, plantea el plazo de contratos por 3 años, actualizaciones cada 6 meses y que el índice de actualización sea “Casa Hogar”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Por este último punto, UF firmó en disidencias. Además, el proyecto mantiene los beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades y que los contratos sean en moneda nacional.

Por su parte, Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de minoría que reproduce la media sanción que salió de la Cámara de Diputados -sin cambios en su redacción-, la cual establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, Bensusán anunció dos reemplazos en la comisión que preside: el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá por la misionera Magdalena Solari Quintana y Ricardo Guerra por el salteño Sergio Leavy. En el mismo sentido, Guerra comunicó cambios en su comisión: Rodríguez Saá y Guillermo Andrada en reemplazo de Ana María Ianni y Antonio Rodas. Eso derivó a una serie de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición de “querer dilatar” el tratamiento del tema.

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR – Chaco), solicitó que les “hagan llegar” el dictamen de mayoría para “ver cuáles son las modificaciones introducidas”. En el mismo sentido, la senadora jujeña Silvia Giacoppo le reclamó a Bensusán que es parte de su comisión, pero “no tengo ninguna documentación”, a lo que Bensusán le aclaró que “recién el interbloque me trajo esta propuesta”. También se sumó Martín Lousteau quien pidió que no solo se lean las modificaciones, sino que expliquen en qué sentido se hicieron respecto del dictamen de Diputados.

Retomando el eje del plenario, Bensusán explicó los principales puntos del dictamen del oficialismo que establece un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años (modificación del artículo 2). Sobre el artículo 6 establece que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis (6) meses. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deberán efectuarse utilizando el Coeficiente Casa Propia, el cual es publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat o el que en el futuro lo reemplace”.

También, hubo modificaciones respecto de incorporación de ingresos al monotributo: “Los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos (2) inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”, se incorporó un nuevo artículo en el dictamen de mayoría sobre el impuesto a las ganancias donde “las partes podrán deducir el 10% del monto anual del contrato de locación”, según explicó Bensusán.

Además, precisó que el artículo 1, que brinda proyecciones a los inquilinos, se elimina porque quedará vigente el artículo de la actual norma. También eliminaron el artículo 7. En tanto los artículos 3, 5, 8, 10 y 11 quedarán igual al dictamen de Diputados mientras que fue modificado el artículo 4.

Al respecto, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero pidió conocer qué aspectos tiene en cuenta el indicador, a lo que Bensusán le explicó que “tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo, así se integra el indicador de Casa Propia. Se toman los últimos 12 meses”. También celebró el artículo 10 porque “reconocen que los débitos y créditos bancarios encarecen la vida de los argentinos”.

Un tanto confuso, el radical Lousteau preguntó: “Si yo arranco un contrato hoy ¿el primer ajuste es con un año para atrás?”, el titular de la Comisión de Legislación General le explicó: “Es mensual el indicador que se toma el promedio de los 12 meses anteriores”. Ante una chicana de una legisladora oficialista, Lousteau retrucó: “¿Cómo voy a votar algo que no me explican? por eso estoy pidiendo que lo cuenten bien”, y sumó: “Si va a ser un promedio de los últimos 12 meses y por ejemplo entramos en una etapa de desinflación, vamos a tener un problema porque el monto será mayor”.

Tomó la conducción el economista Guerra quien volvió a explicar: “El índice está compuesto por dos promedios, de salarios y de la inflación de los últimos 12 meses, se estructura de esa manera. Es un índice oficial”. Pero, el porteño insistió: “Si se trata de un promedio de 12 meses y la inflación va cayendo, les vamos a estar ajustando al inquilino por demás de la inflación”. “Este índice atenúa los picos y valles”, precisó Guerra.

Por su parte, Zimmermann se comprometió a seguir mirando el despacho del oficialismo y sostuvo “queremos seguir analizando este proyecto e insistir con la aprobación de la media sanción tal como vino de Diputados en el marco de la celeridad porque una modificación, por más buena voluntad que tenga, eso va a demorar porque tiene que volver a la Cámara baja, esa dilación va a terminar perjudicando cualquier buena intención de modificación que puedan tener. Vamos a presentar un despacho de minoría con esa propuesta para su tratamiento en el recinto”, luego reconoció la labor realizada por el plenario sobre la “celeridad dada al tema” donde hubo “semanas de trabajo intenso con posiciones de inquilinos y propietarios, de aportes tanto del oficialismo como oposición a fin de enriquecer el debate que debe ser una moneda constante cuando tratamos temas importantes para los argentinos”.

A su turno, la macrista Guadalupe Tagliaferri consultó si “consideran que esto va a traer más propiedades al mercado para poder abastecer las necesidades de más de 8 millones de argentinos o va a seguir sucediendo como ahora que no hay propiedades, porque podemos hacer miles de leyes, pero si no hay incentivos que haya propiedades para poder alquilar, los inquilinos que son los más débiles de la cadena no van a encontrar dónde alquilar. Me preocupa y quiero saber si están convencidos si esto va a arrojar más propiedades para satisfacer la demanda”.

Fue Bensusán quien le respondió: “El dictamen que trabajamos lo hicimos a partir de las exposiciones que hubo. Me parece que ninguna reforma normativa puede asegurar nada, pero con esto estamos tratando de solucionar una problemática concreta que tienen un montón de argentinos. Este es el camino y ojalá sirva para empezar a regularizar la situación donde hay una asimetría importante entre una parte y otra en una relación tan particular como es la relación de contrato de locación”.

En suma, Guerra precisó que “se trató de hacer con este proyecto es asignar un equilibrio a la relación contractual que observábamos que la media sanción no lo tenía. Tenía un desequilibrio en favor de una de las partes que consideramos que es la que tiene mayor fuerza en esta relación. Si los propietarios no van a poner sus bienes para su locación ratifica una actitud especulativa porque están teniendo un incentivo impositivo”.

Respecto del índice tomado, señaló que busca dar “mayor estabilidad y previsibilidad a los inquilinos, cuestión que la media sanción no lo tenía y era una redacción un poco dudosa que podía usarse un indicador u otro. Acá se busca dar mayor previsibilidad, incluso los contratos tienen que ser en moneda nacional, pero desde una norma no se puede aceptar un contrato en una moneda que no es de curso legal en el país. Procura establecer un equilibrio”.

Por su parte, Mayans señaló que era “importante” escuchar a las partes y analizar la ley. “Fue interesante las dos visiones opuestas. Nosotros discutimos en el bloque y esta es la propuesta que traemos. Tenemos una visión totalmente distinta y lo que vamos a tratar de hacer, a pesar de que hay una decisión de que el Parlamento no funcione, vamos a tratar de hacer funcionar el Parlamento porque tenemos demasiados temas para tratar y no se está trabajando por excusas porque nosotros estamos todas las semanas acá, estamos tratando de constituir las comisiones”.

“Queremos sesionar si se puede la semana que viene con todos los temas que tenemos pendiente”, lanzó el formoseño.

En su intervención la bonaerense Juliana Di Tullio (FdT) acusó que “si quitaron todas las propiedades del mercado es porque hay una situación de poder de una parte sobre la otra. Esto estamos tratando de enmendar”, y resaltó que el dictamen tiene beneficios fiscales para los pequeños propietarios que son “incentivos muy buenos”.

El bloque de Unidad Federal también acompañó y colaboró con la propuesta presentada por el oficialismo, con una disidencia sobre el tipo del índice aplicado. En representación, primero habló la puntana Eugenia Catalfamo quien resaltó la importancia del tema porque el objetivo común es “defender a los sectores más vulnerables que es el de los inquilinos”.

“La actual ley no funciona por diferentes motivos porque muchas veces en esta relación entre partes de han saltado la ley porque los contratos no estaban registrados, quien tiene mayor poder es el que tiene la propiedad y maneja a su antojo el contrato, esto nos ha llevado a que no funcione la ley. Se propone no quitar derechos por eso no coincidimos con los 2 años, los plazos cada 6 meses es un equilibrio porque sino nos vamos a los extremos defendiendo un sector o el otro”, señaló Catalfamo.

El titular de Unidad Federal, el jujeño Guillermo Snopek, indicó: “Creo que quedó de manifiesta la voluntad de todos los legisladores de llevar tranquilidad y poder tener una norma a la cual regir y que rija los contratos de alquileres”. “Coincidimos en algunos puntos en las modificaciones que hay que hacer a la media sanción que viene de Diputados en cuanto a lo que refiere a los plazos que les da más tranquilidad a las familias. La discusión del punto de equilibrio es en los 6 meses, pero no coincidimos en el índice de actualización, pero es necesario que se dictamine y vamos a acompañar el dictamen, disidencia con ese artículo”, afirmó Snopek.

La vicepresidenta del interbloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, recordó que, durante de las audiencias, hubo “excelentes ponencias” sobre el proceso de “inquilinización” de las viviendas en el mundo y “particularmente en la Argentina”. En esa línea, opinó que este será “un tema recurrente” y analizó que “tenemos que pensar cómo generamos más oferta de viviendas”.

“Eso se hace construyendo viviendas, construyendo hábitat, con una inflación controlada y con acceso al crédito para la vivienda”, concluyó la senadora mendocina. Al mismo tiempo, apuntó que el dictamen mantiene los tres años de duración del contrato de locación, en contrario a los dos años sancionado en
Diputados, porque para el oficialismo “no se puede retroceder en derechos”, y explicó que el plazo de seis meses para la revisión de los alquileres está a mitad de camino entre el año que establece la actual ley y los cuatro meses que establece la media sanción en análisis.

La mendocina volvió a insistir con la necesidad de pensar políticas de estado para resolver la problemática de la vivienda y apuntó que “con la deuda que tenemos con el FMI, la inflación, la restricción externa, más todos los problemas que tenemos en la macroeconomía, se evidencia una crisis más profunda que en otros países”.

El presidente de la comisión de Legislación General manifestó su esperanza de que el proyecto traiga “certeza y solución a una situación de crisis habitacional que tiene la Argentina”, y comentó que “había
que buscar un consenso” y se logró. “Para este dictamen hubo aportes no sólo de los integrantes del Frente de Todos, sino también del bloque Unidad Federal”, cerró la reunión.

El dictamen de mayoría del FdT

DICTAMEN-CD-20-23-13-9-BENSUSAN-1

Previo a abocarse al debate por la modificación a la Ley de Alquileres el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Bensusán (La Pampa) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente, oficialismo y oposición calentaron el ambiente tras anunciarse cuatro reemplazos en las comisiones y se acusaron de querer “dilatar” el tema.

Al inicio del encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Illia, Bensusán anunció dos reemplazos en la comisión que preside: el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá por la misionera Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia) y Ricardo Guerra por el salteño Sergio Leavy (FdT). En el mismo sentido, Guerra comunicó cambios en su comisión: Rodríguez Saá y Guillermo Andrada (FdT – Catamarca) en reemplazo de Ana María Ianni (FdT – Santa Cruz) y Antonio Rodas (FdT – Chaco).

En contraposición, la senadora radical Mariana Juri (Mendoza) cuestionó que “estamos en cuarto intermedio, por lo cual tenemos que constituir la comisión como originalmente se empezó en el momento del inicio del debate. Sebe ser sin reemplazos y con los mismos senadores”.

De la vereda de enfrente, el jefe del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, explicó: “Una vez que se reemplaza se hace en pleno derecho en la comisión. No hay ningún problema, lo importante es que sea del mismo bloque. Es el criterio que se tiene siempre porque si no es dejar sin quórum y sería absurdo”.

Cabe resaltar que los reemplazos, tal como expresó Mayans, deben hacerse por un senador del mismo bloque. Sin embargo, Solari Quintana no pertenece al Frente e Todos porque es monobloquista, pese a que siempre es una rueda de auxilio para el oficialismo en cuanto al quórum y las votaciones.

Lejos de quedarse callada, Juri le retrucó: “Yo le diría que no procedamos a interpretaciones de acuerdo a cómo nos conviene tenerlo o no tenerlo. La verdad es que la comisión está constituida en cuarto intermedio y así lo hemos respetado”, e insistió que “de acuerdo al reglamento y a la práctica lo constituyamos como lo tenemos así evitamos estar toda la comisión interpretando lo que a uno le vaya conviniendo. Deberíamos proceder a los mismos senadores que estuvieron en el inicio y firmar los dictámenes”.

Volvió a recoger el guante Mayans quien planteó: “El criterio siempre es que los bloques, en caso de necesidad, cambien a los senadores porque en el cuarto intermedio puede haber un problema de salud con un senador y eso no quita que el bloque tenga la presencia correspondiente. Además, los que más hacen uso del cambio es la oposición permanentemente para elegir autoridades y nosotros siempre hemos dado la flexibilización de la interpretación porque siempre nos pareció importante tener la presencia del bloque y no esta interpretación que hacen de ‘cuarto intermedio’ como si fuese un esquema sagrado”.

“Acá lo importante es el senador del bloque reemplaza expresa la voluntad del bloque en la firma del proyecto. Expresamos la voluntad del bloque porque si no nos tenemos que levantar y volver a hacer el quórum y no tenemos despacho. Trabar el despacho y venir con este tipo de interpretaciones es otra cosa”, cerró el formoseño.

En respaldo salió la senadora bonaerense y secretaria de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana), quien “refrescó” la memoria del primer plenario donde acordaron entre los bloques “celeridad en el tema” y señaló que “es de usos y costumbres cambiar y ustedes lo hacen y nosotros lo aceptamos y se acepta esta metodología… salvo que quieran dilatar, si quieren dilatar y tener dictamen hoy, entonces exprésenlo porque es absolutamente contrario a lo que dijeron el primer día”.

“Nosotros respetamos lo que pidieron para esta discusión y que ustedes repitieron hasta el hartazgo, igual que nosotros, que hay millones de personas esperando este dictamen. Si van a dilatar con excusas reglamentarias que poco tiene que ver con el buen accionar de esta cámara y tampoco tiene que ver con el origen de estas comisiones y todas las intenciones que se expresaron desde la oposición… hasta el hartazgo le dijimos que nosotros también estamos apurados. Resulta que hoy nosotros estamos apurados y ustedes quieren dilatar con excusas que son poco razonables a la hora de funcionar en esta Casa”, remató y le pidió al titular del plenario “continuar con el debate del tema, salvo que la oposición quiera retrasar el tema”.

En representación del bloque Unidad Federal, su presidente Guillermo Snopek, expresó: “Creo que la voluntad del plenario ha sido reunirse, generar las escuchas necesarias con todos los actores involucrados. Se le ha dado continuidad en el tiempo. Se ha vuelto del cuarto intermedio y si el quórum está con la sustitución de los miembros de los bloques creo que se mantiene la discusión y la voluntad de sacar dictamen y dar el debate final en el recinto. Esa es la voluntad de los legisladores presentes y poder sacar dictamen porque los inquilinos y los propietarios necesitan una respuesta”.

De forma breve, Leavy explicó que “se reemplazó para tener celeridad y tener una norma de convivencia que tuvimos en las comisiones”, y explicó que su par el senador Guerra lo tuvo que reemplazar porque “había tenido un inconveniente en mi provincia”.

Volvió a tomar la palabra la senadora Juri quien planteó: “Me gustaría evitar algunas expresiones porque si desde JxC algo que quedó claro es que queremos celeridad y fueron las expresiones de Zimmermann. Nosotros queríamos dictaminar la semana pasada y ustedes dilataron una semana más el tratamiento. Nosotros considerábamos que a continuación de haber escuchado a todas las personas y después de haber demorado tanto tiempo, nosotros pedimos expresamente para dictaminar la semana pasada, por lo tanto, no nos vengan a correr con esto porque desde JxC viene desde hace tiempo manifestando con claridad que tenemos pedido de celeridad en el tratamiento y si estamos dilatando una semana porque no se quiso dictaminar”.

Y volvió a remarcar que los reemplazos “los hemos hecho siempre y pedido antes de que se inicie la comisión y no cuando estamos en cuarto intermedio. Pido que procedan como han hecho tantas veces y como a ustedes les parezca y pasemos al tratamiento del tema”.

Al cierre del debate de este tema, Bensusán planteó que la “dilación” del tratamiento fue para “tratar de consensuar un dictamen que tenga las firmas necesarias”.

Tras haber escuchado la palabra del sector inmobiliario y la voz de los inquilinos, sin invitados el Senado retomará el debate sobre el proyecto de modificación de la Ley de Alquileres que viene con media sanción de Diputados.

Tal como había propuesto el titular de la Comisión de Legislación General, el pampeano oficialista Daniel Bensusán, el tratamiento de la iniciativa continuará entre senadores este miércoles 13 de septiembre a las 15 en el Salón Illia en conjunto con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del riojano Ricardo Guerra.

En la primera reunión, el sector inmobiliario respaldó el proyecto y pidieron “celeridad y urgencia” para sacar la ley, ya que la media sanción de Diputados generó “incertidumbre” en el mercado. Por el contrario, los inquilinos se mostraron en contra del dictamen, reclamaron “no retroceder” en materia de derechos y apuntaron que “no tiene ningún beneficio” para ellos la nueva redacción.

En ese contexto, Juntos por el Cambio ya dejó acentuada su postura firme de emitir dictamen sin cambios al despacho de la Cámara baja y lo ratificó a través de un comunicado luego de que trascendiera que “negociaba” con el FdT modificaciones al texto. En tanto el oficialismo intentará introducir cambios en la redacción.

El Senado de la Nación convocó a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para ratificar a sus autoridades y tratar el proyecto de ley que aprueba el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, convenio establecido en Santa Fe en el 2019. La cita será este miércoles a las 14.00 en el Salón Arturo Illia.

La iniciativa con media sanción de la Cámara baja propone que los proveedores de telecomunicaciones deberán aplicar a sus usuarios que utilicen servicios de roaming internacional en el territorio de otro estado que integre el Mercosur los mismos precios que cobren por los servicios móviles en su propio país, de acuerdo con la modalidad y plan contratado por cada usuario.

De igual manera, deberá existir razonabilidad en la relación entre los precios cobrados al usuario y los precios de los acuerdos entre proveedores de telecomunicaciones, de forma tal que los acuerdos resulten convenientes tanto para los usuarios, como para todos los proveedores participantes.

Por otro lado, los senadores nacionales, Adolfo Rodríguez Saá, Martín Lousteau y Pablo Yedlin, serán ratificados como presidente, vicepresidente y secretario de esta comisión.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP) retomó este jueves el debate sobre la ampliación del proyecto de ley que pretende solucionar a la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA. Pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 13 de agosto en donde comenzaran el debate, ya sin expositores, para consensuar un dictamen.

En la reunión, que se llevó a cabo en Salón Illia, expusieron representantes bancarios: Mariano Beltrani, subgerente General de Estudios Económicos y Gestión de Riesgos del Banco Provincia; Marcelo Mazzón, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA); Francisco Gismondi gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); el director del Banco Ciudad, Gastón Rossi; el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario yel director del Banco de la Nación Argentina, Martín Di Bella.

En el encuentro que se hizo este miércoles, los miembros del Colectivo Hipotecarios UVA manifestaron ser “víctimas de una estafa nefasta” y responsabilizaron a los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, y a las grandes corporaciones. Los abogados de los damnificados exigieron modificaciones al proyecto que cuenta con media sanción de Diputados.

Los representantes de entidades bancarias

El primer expositor fue Francisco Gismondi gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) mostró preocupación por los créditos presentes y por los futuros porque “con la inflación actual no se pueden dar créditos en pesos, en dólares por la experiencia del 2001 y lo que nos queda es este tipo de créditos indexados que, con la inflación de hoy, es muy poco. Si la inflación baja, esto puede volver a revivir”.

“Nos preocupa mucho que, si el instrumento se toca, después no pueda servir para que otra familia salgan de su situación habitacional. Hay 100 mil créditos UVA, pero más de 3 millones de familias que tienen algún tipo de problema habitacional. tener un instrumento de crédito hipotecario es importante. En el país la relación de crédito y producto es de menos del 1% y en la región es del 8%. Lo que se desea es que el crédito hipotecario sea un instrumento que pueda llegar a muchas familias”, precisó y sumó: “Hay situaciones particulares que hay que atender, pero si por eso se legisla algo general nos preocupa por que se pueda generar en el futuro crédito hipotecario”.

Gismondi señaló que “para que haya un mercado hipotecario necesitamos estabilidad macroeconómica y las reglas de juego también deben ser estables. Debe haber una legislación que sea fácil de entender para todos porque cuando hay demasiados casos particulares es difícil que eso funcione”.

“El centro del proyecto es el Fondo Fiduciario, es un instrumento que puede ser muy válido. Ahí hay formas de hacerlo bien, pero nos preocupan algunas cuestiones técnicas de ese Fondo ej que se financie con los intereses de depósitos, pero cuando hay intereses tan altos parece poca plata, pero quienes van a terminar financiando ese fondo son todos los depositantes o pequeños ahorristas”, remarcó y sugirió buscar un financiamiento del Fondo que tenga más que ver con los propios tomadores de créditos y bancos.

También cuestionó que el Fondo “compensa algunos casos, pero no es simétrico y eso hace que sea mucho más difícil de financiar el fondo. El proyecto plantea titularizar los préstamos para que escalen. Hay una buena intención y está bueno pensar que podamos titularizar el crédito, pero algunas partes del proyecto no ayudan a que eso sea así”.

“Las ejecuciones hipotecarias de los bancos hoy en día es de cero, no hay ejecuciones relevantes y postergar por un año genera esta sensación de que la garantía hipotecaria es mala y así no vamos a tener crédito hipotecario. Necesitamos que sea una buena garantía y el último recurso es la ejecución y ningún banco quiere llegar a eso”, planteó y agregó: “Hay un problema para pagar las cuotas de créditos hipotecarios, pero el problema no es el instrumento, sino la inflación”. El funcionario remarcó que “la deuda en pesos crece todos los días, pero no es comparable con el 2016, 2017 y 2018. En valores reales la deuda del sistema financiero cayó un 20%. Estos créditos se están pagando y tiene baja morosidad y la deuda de a poco se va pagando”. Por último, aclaró que los bancos son “intermediarios financieros” y que “no están en contra de los tomadores de créditos”.

En un breve comentario, Guerra expresó: “Es un problema grande que tenemos y tenemos una gran responsabilidad para encontrarle una salida. Cuando la deuda es grande también es problema de la entidad. Vamos a trabajar para procurar encontrar un equilibrio en esta solución asimétrica”.

A su turno, el director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, planteó que “no es un problema de una magnitud relevante. Obviamente implica un gran esfuerzo para todas las familias que están pagando, pero lo que se está intentando es una solución general para un problema que es de índole particular, no al instrumento”.

“120 mil sacaron sus préstamos y al día de hoy están en situación irregular de un total 8.914 préstamos, tenemos 164 en situación regular es decir el 1,8% regulares de los deudores”, indicó y explicó: “Si uno toma el índice de irregularidad en el total del sistema en los hipotecarios UVA la irregularidad es del 1,5%”.

Además, contó que por normativa del Banco “todos los UVA en la medida de la cual el salario crecía 10 puntos por encima del salario, los bancos estábamos obligados a extender a un 25% la vida del préstamo. En el caso particular del Banco Ciudad uno esperaría que si es un problema generalizado la cantidad de personas que hubieran solicitado esta extensión sería elevada, solo el 6,3% del total de la cartera solicitó esta extensión de plazo que, obviamente lo que genera es una baja en la cuota”.

En esa línea, agregó que en el contexto de pandemia a través de un DNU “se planteó un tratamiento especial para aquellos casos de préstamos hipotecarios UVA donde la cuota excediera el 35% del ingreso. El 0,06% de la cartera se acercó a solicitar y solo el 0,03% es decir 4 casos sobre 10 mil, acreditaron que la cuota excedía el 35% del ingreso”.

“Los préstamos hipotecarios tienen una afectación de la cuota del 40%. El sistema financiero en estos casos lo que hizo fue ser más restrictivos en cuanto a la afectación de cuánto podía representar la cuota del total del ingreso. En nuestro caso fue del 25% esa cuota. Si una persona sacó un préstamo al máximo y su salario evolucionó como la economía hoy esa afectación es del 31%. El problema es más particular que general”, insistió.

Según Rossi “la persona que sacó un préstamo UVA está pagando hoy una cuota que es un 28% inferior al alquiler que hubiera pagado. Subieron las cuotas como subió todo en la economía. Entre el 70 y 75% los créditos fueron dados por la banca pública que siempre tienen disposición para refinanciar, extender el plazo y acompañar al deudor. Se necesita una estructura asimétrica del Fondo compensador, retroactivo al 2019, puede representar o afectar o dañar la única posibilidad la economía inflacionaria de prestar hipotecarios para la vivienda a largo plazo. Debe haber algún mecanismo de indexación”.

En tanto el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario, señaló que “el proyecto debería ser revisado completamente. Por ejemplo, con respecto al aporte, no tiene lógica que un banco que no dio créditos hipotecarios UVA tenga que hacer un aporte del 0,025% sobre los depósitos que recibe”.

Basándose en el último informe del Banco Central, planteó que “en julio de este año se dieron 4.700 millones de pesos en créditos hipotecarios UVA, 12 mil millones de pesos en créditos prendarios UVA y 3.500 millones de pesos en personal UVA. La gente lo sigue viendo como una manera de adquirir un activo y no como algo tan nocivo. La mora en total a mayo era del 1,2 en hipotecarios, 1.2 en crédito, 2.7 en prendarios y 4,6 en personales, la mora es bajísima. La gente siegue tomando hipotecarios UVA, no le tienen el miedo que están diciendo. El 80% de la gente que tomó el crédito sabía lo que tomaba, la mayoría son del sector empresario, compañías de seguro, son perfiles que entienden”.

“Toquetear cuestiones pasadas, puede generar problemas a situaciones futuras”, alertó y explicó que la “banca es tradicional”. Criticó el artículo 6 que habla de una adhesión voluntaria y gratuita: “Existen mecanismos donde las partes pueden acordar algo compensatorio, pero es relación de partes, no debe ser a costa de los depósitos del banco”, y cuestionó el artículo 8 también porque dice “que hasta último momento no pague porque algo va a licuar la deuda. No aclara que se cancela por despido, pero no dice que es despido con causa o sin causa”.

El licenciado Mariano Beltrani, subgerente general de Estudios Económicos y Gestión de Riesgos del Banco Provincia, explicó: “A cualquier banco, incluyendo a los bancos públicos, no le conviene tener clientes morosos. Nosotros entendemos que la política de bonificación y acompañamiento a este segmento específico fue efectivo para reducir la mora”.

Por su parte, el director del Banco de la Nación Argentina, Martín Di Bella, sostuvo: “Nos ha costado mucho volver a tener rentabilidad positiva, por eso cualquier solución tiene que ser consistente desde el punto de vista patrimonial porque es un banco público con alcance nacional que claramente beneficia a muchas familias”. “Hoy en el sistema tenemos el 40% de los créditos UVA vigentes. La mora por parte del Banco es del 0,88%”, indicó y precisó que la cuota máxima es de 180 mil pesos.

“Hoy por hoy tenemos cerrada la línea de créditos UVA, el Banco Nación hoy no da créditos UVA. Cualquier solución tiene que ser consistente desde el punto de vista patrimonial del banco”, expresó y detalló que el banco solo tuvo 3 años con rentabilidad negativa.

En su alocución, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados ABAPPRA, Marcelo Mazzón, aseguró que “siempre vamos a estar disponibles para estudiar todas las situaciones, análisis que propongan y buscar siempre algo que provea el bien común”.

Avanzó este jueves el debate en el Senado sobre la reforma de la Ley de Alquileres con la participación de representantes de inquilinos, quienes reclamaron no retroceder en derechos y cuestionaron el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados. 

Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores criticaron la vuelta a dos años en los contratos, que se “iguale” a las partes de la relación y advirtieron que una modificación a la norma actual no garantiza que se amplíe la oferta de una manera accesible. También denunciaron abusos por parte del sector inmobiliario, ante la falta de control de la ley vigente.

En el Senado, el interbloque de Juntos por el Cambio se muestra a favor de la media sanción que salió de Diputados, mientras que el oficialismo anticipó que presentará modificaciones y, con el objetivo de obtener el dictamen de mayoría, negocia esos cambios con sus excompañeros integrantes hoy del bloque Unidad Federal y con los monobloquistas Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega. 

Al cierre del encuentro, y tras escuchar a los diferentes expositores, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR) propuso: “Tenemos que darle la mayor previsibilidad y celeridad al tratamiento de la media sanción, fundamentalmente porque todos coincidimos en que la presente ley perjudica a propietarios como inquilinos. Por eso, nosotros pedimos que hoy firmemos dictamen“.

En contraposición, la secretaria de la comisión la senadora Juliana Di Tullio (FdT) sostuvo: “La media sanción que viene en revisión perjudica claramente a los inquilinos y lo que pidieron es que se vuelva a la situación anterior. Nosotros tenemos propuestas para mejorar el dictamen y le pido que hagamos un cuarto intermedio hasta el miércoles para poder acercar posiciones tanto en nuestro interbloque como otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto”.

“Vamos a hacer un cuarto intermedio para trabajar hasta el miércoles y poder arribar a un dictamen o dos o los que se presenten para poder, lo más rápido posible, darle un corte al tema”, cerró Daniel Bensusán (FdT) titular de la Comisión de Legislación General.

Las exposiciones

En su disertación, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, recordó que desde el 2016 vienen discutiendo la ley, pero “sabíamos que la pelea no era esa, la pelea era cuando la ley estuviese vigente porque sabemos muy bien el rol del mercado inmobiliario en el país porque el Estado ha delegado en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda”.

“Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar”, cuestionó Muñoz y criticó: “Me sigue sorprendiendo que el ministro de Hábitat no haya venido, ¿no tiene nada para decir? lo único que se dice es que la vivienda es un sueño, nosotros soñamos y hay otros que lo hacen realidad bastante seguido que tienen 10 o 20 viviendas y a nosotros nos dicen que sigamos soñando”.

También enfatizó contra el encuentro de ayer en donde “vinieron todos empresarios, ningún propietario. Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina”. “Ayer dijeron que había millones de rentistas, pero el Estado no sabe cuántos hay”, apuntó y brindó datos oficiales de la situación de la vivienda en el país.

Así detalló que “en 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. 2001 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010 casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena”. También precisó que el nivel de viviendas del mercado privado de 1991-2001 creció un 37%, mientras que la población creció un 18%; del 2001-2010 creció casi un 20% la cantidad de viviendas, del 2010-2022 creció casi un 30% la cantidad de viviendas. “La cantidad de viviendas creció un 108%”, afirmó.

“No faltan viviendas en el país. Cuando se votó la ley empezó la campaña en contra en todos los medios. Si hubiese habido una campaña tan feroz contra la vivienda dolarizada la situación sería otra en un país donde no hay dólares”, cuestionó y agregó: “Nos deberíamos preguntar qué Estado queremos, no que ley si nadie se cree que el problema del alquiler sean los plazos. El problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja”.

Muñoz apuntó: “La Ley de Alquileres plantea la obligación de registrar los contratos en AFIP y según el jefe de Gabinete en 3 años de vigencia de la norma se registraron 140 mil nada más y los que no registran ayer vinieron a pedir no pagar impuestos y a que los incentiven, algo que le dan todos los años, todos los gobiernos”.

“Hay que crear todas las herramientas posibles para que el Estado se encargue de garantizar que se cumplan las leyes. Las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen. Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley”, afirmó.

Y cerró: “Tienen que dar una señal clara y rápida sobre esto porque quien está gobernando y decidiendo es el mercado inmobiliario. La media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos, los contratos, los pagos adelantados, sacaron la obligatoriedad de que los propietarios registren los contratos, es una barbaridad, actualización cuatrimestral es un escándalo, pusieron tres índices y ni en la ley actual se sabe cuál se toma y no hay campañas de difusión porque nadie sabe qué son los precios mayoristas, todo es para confundir y tratar de que no se entienda. La media sanción es una redacción del mercado, intentan ocultar las intenciones reales”.

El siguiente en exponer fue Juan Arrizabalaga, representante de Inquilinos Tandil y concejal de Unión por la Patria en esa ciudad, quien consideró que la reforma de la ley es “un nuevo ataque del lobby inmobiliario, que evidentemente permea a una parte de la clase política argentina”. “Es una reforma pro-mercado, pro-rentistas, que apunta a los tres puntos fundamentales más protectorios de la ley”, señaló. 

En ese sentido, explicó que “achicar el plazo de los contratos de tres a dos años va a generar más inestabilidad habitacional”, además de aumentar los costos inmobiliarios; en lo que respecta a “pasar de un ajuste anual a cuatrimestral, o cualquier otro ajuste menor, va a multiplicar los precios”; y, finalmente, sobre los índices para que las partes acuerden, dijo que “compara dos partes que son incomparables”. 

Tras enumerar situaciones de abusos por parte de inmobiliarias (contratos por un año, comisiones indebidas, etc.), Arrizabalaga alertó que “lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan a dónde ir a vivir, no tengan para pagar un alquiler”. Finalmente, en un mensaje a los legisladores del peronismo, les pidió: “Es momento de defender a los que hay que defender, a los 10 millones de inquilinos que tiene la Patria”.

A su turno, Luna Miguens del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) recomendó “mirar la película un poco más amplia” ya que “vivimos en una Argentina, pero también en un mundo, donde la producción de viviendas tiene cada vez menos que ver con las necesidades de vivienda” sino “que tiene cada vez más que ver con la rentabilidad”. “Hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda”, observó y ejemplificó que “vemos crisis de alquileres en Barcelona, Lisboa, New York”. 

“En el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda”, enfatizó y expresó que se necesita “un Estado que pueda poner límites al uso económico de la vivienda”. “La media sanción va en contra de eso, porque lo que hace es restringir el rol del Estado”, indicó sobre el proyecto aprobado en Diputados y cuestionó: “No entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance”.

Miguens precisó luego datos de una encuesta telefónica realizada por el CELS junto al CONICET y la Universidad Nacional de San Martín, entre otras instituciones, en la cual “el 63% de los inquilinos respondió que tiene deudas y más del 60% respondió que tomó deudas para poder pagar el alquiler”. Sobre el aumento de la incidencia del valor del alquiler sobre los ingresos, en 2021 “el 24% de los hogares destinaban más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler”, mientras que “en 2022 esa proporción aumentó el 32%”. “En todas estas encuestas los hogares sostenidos por mujeres están un poco peor”, subrayó y agregó que “el 35% respondió que alquila una habitación” y no una vivienda entera.

Otro de los expositores de la jornada fue Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, quien arrancó: “Estamos con la esperanza y expectativa de que muchos legisladores realmente nos escuchen. En la Cámara de Diputados estuvimos (el año pasado) tres semanas discutiendo, y las propuestas y planteos, por lo menos en el proyecto con media sanción, no fueron tomados”. 

Sobre la iniciativa, sostuvo que no encuentra “un beneficio para el inquilino”. “Al plantear igualdad de partes entramos en un desconocimiento total de lo que sucede” en la realidad, remarcó y se preguntó que “si el problema es la inflación, ¿por qué hoy discutimos la Ley de Alquileres? ¿O por qué la salida es esta media sanción? No se están discutiendo otras leyes de lo que sucede con otros bienes y servicios”. 

Avanzado el encuentro, Florencia Labiano, socióloga y becaria doctoral del CONICET, aseveró que “en los últimos 20 años en Argentina, y en los grandes centros urbanos, estamos atravesando un proceso de inquilinización, de modo similar a lo que sucede en otras ciudades del mundo. Cada vez más hogares se vuelcan al mercado de alquileres privado para recurrir a una vivienda”. Al hacer hincapié en lo privado, explicó que en otros países hay combinación de sector privado y público, o incluso cooperativas o sindicatos que tienen viviendas propias puestas al alquiler. 

“Que la política de viviendas sea un mercado es una decisión política”, resaltó y criticó que “en materia de alquileres, el Estado delega en privados una responsabilidad pública, a la vez que genera directa o indirectamente las condiciones para que la vivienda se concentre cada vez más”. “La vulnerabilidad aumenta en los grupos etarios más jóvenes, pero también en los más viejos. Hay jubilados entre los inquilinos y eso también es preocupante”, continuó. 

Labiano advirtió que “hoy por hoy la vivienda está afectando al mercado laboral” en lo que respecta a “la cantidad de horas que trabajamos, el patrimonio al que accedemos, el tipo de crédito y el tipo de alquiler”. “El alquiler afecta cada vez más a más personas en situaciones más desiguales, no legislar, no reglamentar o no generar las capacidades estatales para poner en práctica las leyes, no significa no regular, significa entregar el control del mercado a sus agentes más poderosos, es decir los más concentrados”, enfatizó. 

Al hacer referencia a la encuesta de la que habló Miguens, la socióloga indicó que “el 76% de los hogares de inquilinos que se habían mudado en los últimos cinco años habían tenido problemas para acceder porque no cumplían con requisitos que proponía el mercado, esos mismos hogares tienen contratos que no están adecuados a la Ley de Alquileres. Es decir que el mercado define quién accede y quién no accede”. 

“Hay que distinguir entre los propietarios, pero para eso hace falta conocerlos, y esos datos los tiene el Estado”, aseguró y dijo que “no faltan viviendas, falta la voluntad de ponerlas en oferta, y es algo que no creo que vaya a modificarse con esta ley”. “Lo que pido es que no retrocedan en los derechos conquistados para los hogares inquilinos para congraciarse con la supuesta oferta de un supuesto mercado que desconocemos por completo”, sumó y, en ese sentido, recordó que “solo el 10% de los contratos están registrados en AFIP”. 

Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia expuso Pablo Vitale planteó que no se está tomando a la población inquilina en barrios populares y en expansión que “viene creciendo en el país y de los cuales no se tienen datos”, y señaló que “es un mercado que se viene precarizando hace años”.

“La ley da respuestas a una sola parte del problema de acceso a la vivienda que es complejo. El contexto de aplicación de la ley también fue particular porque a lo único que le atribuimos la situación del mercado es a una sola ley. ‘Una ley nos modifica la realidad’, eso ya lo sabemos, pero en este ámbito lo que podemos hacer es sentar las bases y los marcos a partir del cual dar una discusión en términos fácticos y si a eso nos resignamos estamos condenados a que la situación solo dependa de relaciones de fuerza en la que se favorezca a la parte más poderosa”, señaló a modo de llamado de atención.

También indicó que “desde que se sancionó esta ley se está planteando que va a ser modificada, qué expectativa de mercado puede reaccionar de otra manera que no sea retrayéndose si se plantea que es inminente la mejora de la ley para generar rentabilidad. Esto no existe, no se generan mecanismos de control para el mercado extorsivo porque depende de la parte propietaria las condiciones bajo las cuales se alquila”.

“No se ha generado situaciones para que ocurra algo diferente a lo que pasa actualmente con la ley y es atribuible a los recursos estatales destinados para que se cumpla y excede el ámbito legislativo. La ley debe garantizar derechos porque el 50% de los alquileres se hace sin contratos”, remató Vitale y pidió que se legisle en base a datos y “hacer un diagnóstico adecuado respecto de cuáles son las mejores vías de solución posibles. La propuesta de reforma de la ley va en detrimento de los derechos adquiridos en la modificación y de la situación preexistente y deja a la situación inquilina en una situación peor”.

Un contrato de cinco años para los comercios 

Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), habló en representación de los comercios de barrio y manifestó que “el valor inmobiliario y aporte que nosotros reproducimos muchas veces se nos vuelve en contra al momento de renovar el alquiler”. Sobre la actualización del precio, opinó que “es necesario que haya un índice oficial conocido” porque “hoy parece que el índice es el diario, y una economía normal, armónica, desarrollada, no puede bailar al ritmo de las operaciones mediáticas”. 

“El precio del alquiler es determinante para nuestro flujo de gastos y para los costos fijos con los cuales determinamos precios y rentabilidades”, explicó y advirtió que “hoy infinita cantidad de contratos están dolarizados a tipos de cambio caprichosos”. 

Respecto al plazo de los contratos, Bilanski apuntó que hoy es de tres años para los comercios, “cuando recién el recupero de la inversión no tardamos menos de dos años en realizarla, por eso no lo vemos largo (al contrato), lo vemos corto. Habría que pensar algún tipo de extensión hasta cinco años”. 

Sobre ese punto, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri resaltó que tanto la ley anterior, como la vigente, establece que “cualquiera sea el destino, si no está especificado, no inhabilita a que sea mayor”. En ese sentido, aseguró que la norma “no impediría que firmen un contrato por cinco años”. Pero el presidente de ENAC le respondió que eso debe quedar explícitamente escrito, porque “hay muchos que no cumplen la ley”. 

A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, se quejó que en el proyecto aprobado en la Cámara baja “se hizo un recorte, no sabemos si consciente o inconsciente, yo tiendo a pensar mal siempre. La ley anterior, no la vigente, establecía dos años para vivienda y tres para comercio. Pero en la media sanción se le metió también un hachazo a los comerciantes”.

“Nos quieren hacer creer que estamos legislando para un tipo de contrato en donde todos son buenos, amables, donde las partes son iguales y pueden tomarse un café en un lugar hermoso y pactar las condiciones de un contrato de locación”, ironizó la mendocina. 

Y se mostró de acuerdo en “no solamente volver a los tres años (de contrato), sino de extenderlo a cinco años. Que sea de tres años con la posibilidad de extenderlo por dos más” para el caso de los comercios.

También expusieron en la reunión Carla Sánchez, de Juntas por el Derecho a la Ciudad; Diego Fernández, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas; Sebastián Artola, de Inquilinos Agrupados Rosario; Federico Prior, de Inquilinos Neuquén; Matías Solano, de Inquilinos Santa Cruz; Lucía Cavallero, de Ni Una Menos.

Luego del cuarto intermedio, la Cámara de Senadores reanudó este miércoles el debate por la modificación de la Ley de Alquileres en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de los oficialistas Daniel Bensusán y Ricardo Guerra respectivamente.

Al encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, asistieron representantes que engloban a inmobiliarias y propietarios quienes hicieron hincapié en la “celeridad y urgencia” para sacar una ley y cuestionaron que la media sanción de Diputados y la mora en el tratamiento “generó incertidumbre e imprevisibilidad en el mercado”.

“Mañana invitaremos a los correspondientes inquilinos”, anunció el pampeano Bensusán refiriéndose a la reunión agendada para este jueves a las 11 donde retomarán el debate.

Previo a escuchar a los expositores, Guerra procedió a leer notas y emails que les han llegado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, la Comunidad Federal Inquilina y no propietaria, el movimiento ‘La Ciudad es de quienes la habitamos’. “Es para que sepan que son tenidos en cuenta”, aclaró el riojano.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann UCR), agradeció a los expositores y pareció su presencia para “enriquecer el debate” y bregó tener una “buena jornada para sacar la mejor ley”.

Se pusieron sobre la mesa proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.

La modificación de la Ley 27.551 llega con media sanción de la Cámara de Diputados, cuando la oposición se impuso con su proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

La palabra desde el sector inmobiliario

En representación del COFECI (Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios) expuso Virginia Manzotti quien sostuvo que desde el 2016 vienen trabajando “queriendo aportar lo mejor desde el sector para tener leyes justas y que toda la ciudadanía se vea beneficiada por las leyes”.

“Venimos a exponer una situación que ustedes ya la conocen, que es problemática y lo más importante, que creemos desde el Consejo, es llegar a una solución o por lo menos intentar una solución que beneficie a los inquilinos y a los propietarios”, remarcó y sumó: “Sabemos que no es una tarea fácil porque cuando nos ponemos a trabajar surgen inconvenientes o algunos derechos que ambas partes tienen”.

En esa línea, planteó que como corredores inmobiliarios “estamos en el medio de estas circunstancias donde recibimos a inquilinos y propietarios”. “A través de un centro de estadísticas e inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles retirados del mercado. Lo cual ha provocado lo que ocurre con la oferta y demanda”, alertó.

“Como dijeron que la ley se iba a derogar muchos propietarios frenaron los contratos y dijeron que iban a esperar. Eso pasó e hicieron contratos a 36 meses y desde que se puso otra vez en discusión la Ley de Alquileres hemos tenido un retiro muy importante de propietarios que están esperando la resolución del Senado”, manifestó y expresó la preocupación del sector por la situación.

Así, planteó que “todas las provincias quieren que sea una ley justa. Apelamos a la celeridad para que pronto tengamos una solución por sí o por no porque estamos con un vacío que provoca que los propietarios sigan esperando, saquen los inmuebles y esto se sigue agravando aún más. Desde el 2021 el aumento de los alquileres ha sido del 232%, algo ocurrió con la ley. Creemos y nos ponemos a disposición para colaborar para que la ley salga y lleguemos a darle solución a la gente”. “Esta Ley 27.551, tal como lo anticipamos en el 2016, fue caótica”, cerró.

Por la Federación Inmobiliaria de la República Argentina se expresó Emilio Caravaca Pazos quien indicó que “la situación en la que estamos desde que salió la media sanción en Diputados, es importante decir, que generó una situación de total incertidumbre en inquilinos que están en vísperas de firmar un contrato para poder alquilar”.

“Quiero hacer un llamado a la celeridad y a la urgencia que requiere el tema, ya que el Senado y Diputados son la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, interpretar esa necesidad de una resolución de la cuestión”, reclamó y advirtió que “esta paralización que ya se había dado con diferentes trascendidos que hablan de alguna posible suspensión de la ley o derogación o modificación, generan una paralización que realmente no colabora ni con propietarios ni con inquilinos”.

Además, aclaró que el mercado inmobiliario no es un oligopolio porque se compone entre propietarios e inquilinos que buscan acuerdos y necesitan respuestas por parte de la Legislatura y lograr “una ley meridiana, que cubra y contemple las necesidades e las partes y tenga en cuenta lo que generó esta ley actual y si cada 12 meses tenemos que hablar de esta ley es porque evidentemente algo está pasando y que está generando un perjuicio en gran parte de la sociedad. Hay que dar respuestas urgentes en este momento de incertidumbre”.

A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), coincidió en que la media sanción de Diputados trajo mucha incertidumbre y es necesario de forma urgente la ley. Al respecto, le consultó si están de acuerdo con esa media sanción, con cobrar alquileres adelantados a los inquilinos y si el retiro de inmuebles del mercado no tiene que ver con los alquileres temporarios que “no están regulados”.

En respuesta, Caravaca Pazos se refirió a los alquileres temporarios y sostuvo que “según un relevamiento que hicimos representan un porcentaje muy pequeño. Tiene que ver con determinadas zonas y ciudades que pueden tener una receptividad turística diferente. Tienen incidencia en zonas determinadas, acá hablamos de leyes nacionales. No es nuestro expertiz el tema de los alquileres temporarios”.

Respecto al pago adelantado, planteó que “está contemplado como posibilidad y no como exigencia. Si eso es justo o no lo tienen que hacer los legisladores, no es algo de exigencia no es un requisito necesario”. La mendocina le retrucó que en los contratos de alquileres ese pago adelantado “no es algo que el inquilino tenga la fuerza para negociar. ¿Esto les parece justo y equitativo?”.

El expositor, comentó que han presentado dos observaciones, uno sobre la periodicidad de los ajustes “en un contexto de espiral inflacionario donde los 12 meses terminan siendo prejuicios para los valores iniciales y para el desfasaje de los años de contrato”, y también habían planteado el tema de la durabilidad de los contratos. “La ley no lo exige, pero con la modificación sobre esos dos puntos y un debate sobre los demás, podríamos a llegar a tener una mejoría del mercado o un camino hacia el equilibrio en un mercado que está totalmente desequilibrado. Sería un paliativo a corto plazo”, opinó.

“Lo que ocurre es que a medida que hay menor oferta las condiciones para alquilar un inmueble son peores y eso presiona”, completó, pero ante la insistencia de la senadora oficialista el expositor afirmó: “No me parece bien que se pague adelantado, pero no es lo que la ley dice, no lo plantea como requisito de ingreso al alquiler o como exigencia, yo no lo veo así, habla como una facultad y quita una prohibición”.

Pidió la palabra el senador fueguino Matías Rodríguez (FdT) quien cuestionó las “respuestas vacías o ir al tecnicismo no es el camino” porque “intentamos construir una mejor ley”. “Hemos escuchado colegas que hablan de la igualdad y que esté equilibrado el inquilino con el propietario cosa que me parece una zoncera y necesitamos que sean sinceros con las exposiciones”, reclamó y preguntó sobre la posición de la entidad de la cantidad de inmobiliarias en redes con precios en moneda extranjera.

El representante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina le remarcó que en ese sentido la ley “es clara y tiene que ser actualizado por ICL los costos. Ese no es un fenómeno que no se da en todo el país, no es algo que se da en todas las provincias”. También resaltó que los corredores inmobiliarios tienen que trabajar “respetando la ley vigente”.

Pidió la palabra el jefe del bloque radical, el formoseño Luis Naidenoff, cuestionó a Rodríguez y señaló que “las asociaciones fueron invitados para escucharlos y hay que dar un debate en la comisión. Interpelar ante una posición que me puede o no agradar no corresponde, vivimos a escuchar”. “Si estamos tratando una ley que es mala para las partes, es porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó y porque la ley fracasó porque tomaba como proceso de actualización un contrato de 3 años a los procesos inflacionarios”, señaló al pedir calma y que se escuchen a todos.

El riojano Julio Martínez (UCR) ratificó los dichos de Naidenoff e indicó que “el sistema de alquileres es un desastre y 8 millones de personas están en problemas. Las leyes son de acuerdo al momento. Esta ley que hoy tenemos, en un país normal sin inflación sería ideal. No en el país este que ustedes están gobernando y que nos llevan al 150% de inflación, no se puede”.

“Hay que actualizarla en este momento, quizás con un nuevo gobierno se puede volver con esta ley, pero si no ven que estamos haciendo daño a los inquilinos que ustedes dicen defender, pero los dejamos a la deriva porque nadie les hace contratos a 3 años ni actualizaciones cada año, entonces el inquilino termina yendo a uno temporario, en dólares. El 80% de los contratos son en dólares. No le podemos poner ideología y populismo a esto, es sentido común”, cerró.

Fue Fernández Sagasti quien le salió a responderles a ambos senadores de JxC quien pidió “no alarmarse” porque el debate será “largo” y recordó que consensuaron hacer un “debate rápido y expeditivo, pero con toda la responsabilidad que conlleva”. “No pongan opiniones para los medios, sino que hay un problema clave a trabajar y por eso preguntamos para tomar la mejor decisión en el dictamen”, agregó y retrucó: “Preguntar por los alquileres temporarios en la provincia que represento y para la cual trabajo no es interpelar”.

El próximo expositor fue Damián Tabakman en representación de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios a nivel nacional que, según explicó, se “encargan de adquirir terrenos, hacer edificios y vender los departamentos”. “Nosotros al tener demasiada incertidumbre sobre la ley de alquileres, la problemática que tenemos es que no se están comprando departamentos en pozo y no nos compran quienes en algún momento fueron un porcentaje muy significativo de nuestra clientela”, alertó.

“Si no me compran, no voy a fabricar y no construyo. Quizás esto no sea un inconveniente inmediato, pero a mediano y largo plazo, si no se construye, va a haber menos oferta aún”, advirtió Tabakman y sumó que eso “impacta sobre el nivel de actividad de la economía, sobre el nivel de inversión, de empleo, sobre un montón de cosas que hacen a nuestro día a día cotidiano”.

Además, lamentó que “clientes que nos compraban en pozo, buscaron oportunidades afuera, expulsamos un volumen estructural en nuestra industria. Fuimos un espacio para resguardar el ahorro del argentino. Ahora nadie compra un departamento en pozo con semejante incertidumbre, es un problemón para nosotros, pero para la sociedad también porque a futuro no va a haber propiedades y en la actualidad la industria privada esta frenada”.

Ante la consulta de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero sobre qué necesita el sector para recuperar inversores, el expositor contó: “Uno de los históricos reclamos son los incentivos fiscales porque se paga la misma carga impositiva si haces un trabajo o proyecto para el sector alto que para los bajos, no es justo y es un desincentivo y se tendría que trabajar, pero lo prioritario son las normas claras y reglas jurídicas”.

En su presentación, el licenciado Leonardo Rodríguez Nader de la Asociación Empresaria de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de la Argentina resaltó la importancia de que se resuelva el tema de la ley en el marco de “incertidumbre e imprevisibilidad y en un contexto tan difícil” donde “no vemos una relación de fuerzas extremadamente inequitativa. Hay muchos argentinos que refugian sus ahorros y su valor en bienes raíces, y a partir de eso aspiran a tener una renta en una moneda que no se les devalúe”.

“Las cifras con las que contamos nos marcan que hay un déficit habitacional por arriba del millón de viviendas y eso repercute directamente en los sectores medios y bajos. Son viviendas de calidad. En el mercado privado se construyen 100 mil viviendas al año y necesitaríamos duplicar o triplicar para cubrir ese déficit por durante al menos una década. Es necesaria un apolítica de Estado, un plan y una ley que contemple beneficios, un marco jurídico previsible para las partes y que tenga al Estado como principal actor”, señaló.

Puntualmente sobre la Ley de Alquileres, sostuvo que pedían la derogación y propuso: “Más vale una solución rápida a un problema grave que se arrastra de una mala ley que no prosperó, que la mejor solución ideal”.

En tanto, el licenciado Alejandro Hadrowa presidente del Colegio Profesional de inmobiliarios de Córdoba, expresó: “Creemos que quizás esta no sea la mejor ley, pero necesitamos una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado. Si dejamos la actualización cada 4 meses, muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado anual”.

“La situación es realmente problemática. Tenemos un 37% de retiros en Córdoba, es una problemática muy fuerte. Esta ley no funcionó y no fuimos escuchados ni tenidos en cuenta”, cuestionó sumó: “Todo el sector está de acuerdo que la problemática, para solucionar hoy, es la modificación de dos artículos para dar certidumbre a la gente. Desde la media sanción ningún propietario quiere firmar un contrato”.

Así, enumeró: “Tenemos una fuerte problemática de déficit habitacional, de créditos hipotecarios, eso hizo en el tiempo que existan más inquilinos”. Al respecto, precisó que “es necesario volver al plazo de 2 años y buscar un acuerdo entre las partes para las actualizaciones de los contratos”.

Por su parte, Eduardo Awad presidente de la Asociación de Propietarios pidió a “los senadores y senadoras que mejoren lo que viene de Diputados de alguna manera. Si mejorar es modificar, bienvenida la modificación. Si mejorar es derogar la nefasta Ley de Alquileres que está rigiendo hoy en día, bienvenida la derogación”.

Marta Liotto, en representación del Colegio único de Corredores Inmobiliarios de CABA, planteó: “Esta ley que tenemos hoy es la peor que pueden haber tenido los inquilinos porque no hay inmuebles en oferta. El mercado de alquileres funciona cuando hay comunicación entre las partes. Creemos que la media sanción es un buen escenario para volver a empezar”.

“Esta ley fue nefasta y traumática para la ciudadanía por la falta de oferta y propuestas de inmuebles que hay en el mercado. El retiro de oferta alcanzó el 45% se han volcado a la venta, los propietarios decidieron que no les resultaba esta ley por la falta de confianza e incertidumbre y cuestiones que en este escenario no se dan”, criticó y resaltó que los contratos de 3 años es el principal problema porque “a los propietarios se les hace eterno”.

A su turno, Lillian Ledain en representación a la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires subrayó: “Escucho que dicen que ‘hoy se reúne una parte’. Nosotros los inmobiliarios no somos parte, somos intermediarios y acercamos a las partes para que ninguna de las dos se vea afectadas”.

Jorge Pighin secretario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina remarcó que “podemos sacar la mejor ley del mundo, pero con un 140% de inflación no hay ley que soporte este flagelo. La ley actual nos hizo retroceder 123 años porque hoy en día las pensiones están abarrotadas”.

La vicepresidenta de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios, María del Carmen Linkoniene, dijo: “Siento dolor que no puedan resolver este tema: es una cuestión de plazos y actualización, nada más que eso. La anterior Ley de Alquileres era previsible, aunque sé que con esta inflación no podemos hacer mucho”.

Al final, Claudio Vodanovich secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, señaló que “hoy el mercado inmobiliario está paralizado porque no hay una definición. Si me preguntan si esta sanción que viene de Diputados soluciona la situación inmediata de las familias argentinas, les digo que sí. Y no digo que es la mejor ley, se puede perfeccionar”.

Tal como se acordó la semana pasada, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado recibirá a expositores en el marco del debate del proyecto de ley que busca una solución a la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.

La vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dejó entrever en la primera reunión que la iniciativa podría volver con cambios a la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma de la Ley de Alquileres -votada por todo Juntos por el Cambio más allá de quienes buscaban la derogación total-, en la media sanción que tuvo en la Cámara baja el tema de los créditos UVA, el interbloque opositor se mostró muy dividido: solo una parte de la UCR votó junto al oficialismo.

En la primera ronda de expositores, los senadores recibirán este miércoles, a partir de las 17 en el Salón Illia, a un grupo de damnificados. Se presentarán Claudia Pilo, Leonardo Miranda, Paola Gutiérrez, Mara Eddine, Cristian Rubio, Luz D’Angelo, Mariela González y José Bernardo.

En tanto, el jueves a las 14 será el turno de Mariano Beltrani, subgerente General de Estudios Económicos y Gestión de Riesgos del Banco Provincia y Marcelo Mazzón, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA).

La media sanción de Diputados

El proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados crea el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, y establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

Entre otros puntos, se determina que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.
Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”, tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

El Senado convocó a un plenario de las comisiones de Legislación General, presidida por Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Ricardo Guerra, para este miércoles 6 a las 14 para reanudar el debate del proyecto de modificación de la Ley 27.551 de Alquileres. Y continuarán al día siguiente a las 11, en ambos casos con representantes de todos los sectores invitados para exponer ante los miembros de ambas comisiones.

Desde JxC habían remarcado durante el debate la necesidad de darle “celeridad” al tema para resolver el problema que aqueja a millones de argentinos y querían emitir dictamen este mismo martes, pero desde el FdT le frenaron esa chance al dejar de manifiesto su disconformidad con el texto. Por el contrario, propusieron arribar a un texto consensuado e invitar a inquilinos y propietarios a debatir. Así las cosas, se pasó a un cuarto intermedio, que se retomará este miércoles.

Además, estarán a la vista proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.

La modificación de la Ley 27.551 llega con media sanción de la Cámara de Diputados, cuando la oposición se impuso con su proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

El jefe de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans, apuntó este viernes contra el candidato presidencial de La libertad Avanza, Javier Milei: “Es un desastre esa persona, no entiende nada… y tiene posibilidades de ser presidente. Es un (Mauricio) Macri potenciado”.

“Hay una falta de comprensión por parte de Milei de lo que es el Estado. No tiene idea de lo que es el concepto de país federal, del artículo primero de la Constitución Nacional”, expresó en declaraciones a Radio El Destape.

El formoseño explicó que “el sistema provincial representa el 45% del gasto del Estado y la ayuda social, el 5%”. “Habría que preguntarle a estos candidatos a presidente qué van a hacer con esto. ¿Qué van a hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con los programas sociales?”, señaló.

Además, dijo que ese gasto asciende al 65% junto a educación y salud, entre otras partidas sensibles, y se preguntó: “¿Qué van a hacer con las paritarias docentes y con el sistema de salud?”.

El legislador admitió que “hay que recomponer la situación del salario” porque “los trabajadores que no llegan a fin de mes y están enojados con el sistema, y la protesta es Milei”.

“(Sergio) Massa está haciendo un esfuerzo para resolver el problema de la usura en que está metido el país y en ir recomponiendo el sistema salarial”, destacó sobre el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria.

Y volvió al expresidente con el líder de LLA: “Macri y Milei tienen el mismo concepto de Estado, un Estado bobo, sin presencia, sin regulación”.

Por otra parte, al ser consultado por el tratamiento de la Ley de Alquileres, Mayans aseveró que “hay una maniobra del grupo Lago Escondido diciendo que nosotros íbamos a cambiar la sesión” para tratar pliegos judiciales, más puntualmente el de la camarista Ana María Figueroa, por el proyecto de Ley de Alquileres. “Es una barbaridad lo que han hecho. Hicieron un operativo de prensa”, se quejó.

El senador defendió que “la jueza Figueroa estuvo impecable” en la audiencia pública y que “tiene un trabajo en la Justicia que ha sido sumamente importante”. “El pliego no tiene ningún tipo de impugnación”, remarcó.

Acusó entonces que “el grupo Lago Escondido quiere que el Parlamento no funcione”, en alusión al grupo de jueces, funcionarios porteños y empresarios que mantuvieron un encuentro en el sur hace un año atrás.

“El problema de los alquileres es importante, pero tenemos también otros temas, como los pliegos del Poder Judicial”, insistió el oficialista y mencionó también los pliegos militares y de ascenso diplomático, y la entrada y salida de tropas, que “nunca se le negó a un presidente este asunto”. “La oposición se niega a trabajar”, lanzó.

Una vez más JxC acusó al oficialismo de dejar sin quórum una comisión que iba a constituirse en el Senado este jueves. Se trata de la Comisión de Industria y Comercio que debía ratificar a sus autoridades, siendo designado al frente de la misma el senador sanjuanino Roberto Basualdo, pero el encuentro se cayó.

“No teníamos ningún senador oficialista”, afirmaron fuentes cercanas a parlamentario.com. Esta es la tercera comisión en la semana que el Frente de Todos deja sin quórum para su conformación y, casualmente, las tres son presididas por senadores de la oposición.

El martes estaban en agenda dos reuniones de comisiones para la elección de sus autoridades y plan de trabajo. En primer lugar, figuraba la Comisión de Economía Nacional e Inversión en la que iba a ser ratificado como presidente de la misma el radical Pablo Blanco. La otra Comisión que estaba prevista para su constitución era la de Asuntos Administrativos y municipales, a cargo de la tucumana Beatriz Ávila. Ambas también se cayeron porque el oficialismo no dio quórum.

En medio de las diferencias respecto a la reforma de la Ley de Alquileres, oficialismo y oposición en el Senado coincidieron en acordar un proyecto para regular los alquileres temporarios, una modalidad que ha crecido de manera exponencial provocando no sólo menor oferta de viviendas para uso permanente, sino también competencia desigual con el sector hotelero. 

En un plenario de las comisiones de Legislación General y de Turismo, que se realizó este jueves, se firmó favorablemente un dictamen unificado a través de propuestas presentadas por Ana María Ianni (UC-FdT) -en marzo pasado- y Mariana Juri (UCR-JxC) -el 25 de agosto último-.

Al tomar la palabra, Ianni señaló que este es “un problema a nivel mundial” y celebró que “todos identificamos que el problema lo tenemos”. “Voy a poner en valor al Estado como promotor, fiscalizador, habilitante y sobre todo como un socio estratégico de aquellos que invierten y dan trabajo”, ponderó al defender la implementación de un marco regulatorio. 

La santacruceña explicó que “dentro de los servicios turísticos el alojamiento es una de las actividades más fuertes” y “todo esto está regulado, no se hace por qué sí o como cada uno quiera llevarlo adelante, y es lo mismo que propendemos para los alquileres temporarios”. 

“Hace meses venimos conversando y pensando cómo frenamos esta situación en el buen sentido, dándole un marco regulatorio, no es algo prohibitivo. Nosotros no buscamos ni desestimar este tipo de oferta, ni tampoco a las que quizás son hoy las vedette de este mercado, que son las plataformas digitales, que son las que están ofreciendo y comercializando este tipo de alojamientos”, dijo. 

En ese sentido, la oficialista expresó que se trata de “poder dar fin a una competencia desleal que se ocasiona porque no hay normativa” y “proteger a aquel que invierte y da trabajo”, ya que esta modalidad “perjudica mucho” al sector hotelero; a la vez que “no sólo en la competencia de formación de precios, sino sacando del mercado viviendas para el alquiler permanente”.

Por su parte, Juri sostuvo que “el turismo crece y va a seguir creciendo y hoy nuestro desafío no es solamente hacer crecer la cantidad de turistas y empleo, sino que sean sustentables los destinos. Y los destinos no son sustentables solamente cuando cuidamos lo ambiental, sino cuando los convertimos en seguros y haciendo que no empiece a colisionar el interés de los turistas con el de los residentes”. 

La mendocina resaltó que estos contratos “al no estar incluidos en nuestro Código Civil y Comercial” pueden generar que “los turistas se instalen con menores en esos departamentos y no se vayan nunca”, o, en el caso opuesto, que huéspedes vivan situaciones inseguras. Sobre eso ejemplificó: “Se han presentado problemas de seguridad porque nadie controla las cuestiones de gas o electricidad, porque se trata de propiedades privadas”. 

“Este Senado se está poniendo al frente de uno de los grandes problemas que aquejan hoy al turismo. No pretendemos con este proyecto ser tan intervencionistas que dificultemos el mercado, al contrario, creo que con esto estamos dando beneficios a todas las partes”, manifestó la opositora y añadió que “no podemos ser ajenos a que el alquiler temporario está agregándole una dificultad más a lo que es el alquiler tradicional de las viviendas”. 

Como conductor del debate, el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Bensusán (FNyP-FdT), destacó: “Es importante demostrar que podemos trabajar en conjunto y sacar la mejor normativa. Este tema está enmarcado en la problemática que tenemos con la Ley de Alquileres. Esta es la manera en que debemos seguir trabajando para avanzar en una problemática que hoy tienen todos los argentinos”. 

Durante el plenario, la puntana María Eugenia Catalfamo (UF) consideró como “bueno” que “se puedan regular porque hoy vivimos una situación donde siempre se quiere estar por encima del sistema, y quizás tiene que ver con cuestiones económicas que atraviesa nuestro país”. 

Para la senadora, lo que se busca es que “no se castigue al sector turístico, donde más del 90% de quienes tienen hoteles generan puestos de trabajo y se hace fundamental proteger a ese sector”. No obstante, advirtió que “es fundamental la fiscalización que se vaya a hacer al respecto” y opinó que “ las sanciones (previstas) podrían haber sido más duras”.

A su turno, la fueguina María Eugenia Duré (UC-FdT) puso como ejemplo que, según datos oficiales, en Tierra del Fuego, a febrero del 2022, había “391 unidades habitacionales” para alquileres temporarios registradas, pero “si vamos a las páginas web de los alojamientos temporales, por ejemplo Airbnb, para la ciudad de Ushuaia lanza más de 800 unidades habitacionales entre casas y departamentos”. 

La rionegrina Silvina García Larraburu (UC-FdT) remarcó que el sector turístico después de la pandemia se ha vuelto una “industria arrolladora” y “hoy todas las provincias de la Argentina tienen un público”. “Hoy en Bariloche no hay baja temporada, estamos de enero a enero con ocupaciones que superan el 60% casi permanentemente”, destacó la barilochense. Y, sobre casos de alquileres temporarios informales que no cumplen con lo prometido, la legisladora apuntó que “ante un exceso que se comete con alguno de los acuerdos, después es el Estado, casi siempre el municipal primero, pero también el provincial y el nacional, quienes tienen que salir a resolver las situaciones”. 

Otro de los que habló fue el catamarqueño Guillermo Andrada (FNyP-FdT), quien dijo que “en las provincias que hemos tenido una avalancha de turismo pos pandemia no tenemos estructura hotelera formal y se recurre a estas plataformas”. Por eso, “para salvaguardar la generación de empleo es muy importante que tengamos una legislación nacional. Aquellas provincias que estamos con crecimiento de turismo la necesitamos”, afirmó. 

En el cierre, el senador Mariano Recalde (UC-FdT) expresó: “Este es un gran proyecto, que ataca distintas situaciones. Desde el punto de vista del turismo, fundamental regular. Pero fundamentalmente tiene una importancia en lo que respecta en el acceso a la vivienda, en aquellos millones de argentinos que no tienen todavía su casa propia”.

“Este fenómeno ha impactado tremendamente en el mercado inmobiliario, en la oferta y en el precio”, subrayó el porteño y aseguró que “resolver el problema de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades, no se resuelve solamente con una Ley de Alquileres, requiere planes de vivienda, del rol del Estado en el control, y de regular un mercado que está apareciendo, como es este de alquileres temporarios”. 

En su alocución, el camporista recordó que en la Ciudad de Buenos Aires hace cuatro años se sancionó con consenso una ley para regular este sistema, que fue iniciativa del Gobierno porteño. “Lamentablemente dos años después ya se han presentado proyectos de ley de los libertarios pidiendo la derogación del registro que existe en la Ciudad”, cuestionó. 

Y completó: “No basta con tirar una ley y expresar un deseo, sino que hace falta que el Estado tenga un rol activo en el control y en el cumplimiento de esta ley. En la Ciudad de Buenos Aires existe este registro hace cuatro años y hay 26 mil unidades ofrecidas por las plataformas y sólo 583 están registradas”. 

Qué prevé el proyecto consensuado

De acuerdo a la iniciativa, por la ley estarán alcanzados aquellos “propietarios o administradores que cuenten con poder y/o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria, los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico”. 

Se entiende por contrato de alquiler temporario turístico al “servicio de alojamiento en viviendas con fines turísticos utilizadas total o parcialmente por un período mínimo de un día que incluya al menos una pernoctación y un máximo de 90 días”. 

“En el caso en que un inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal se destine más de un 60% de las unidades funcionales con destino habitacional a la actividad objeto de la presente y pertenezcan a un mismo propietario, se encuentren bajo la misma administración o se ofrezcan bajo una misma marca, no será de aplicación la presente ley y deberán contar con la habilitación, registro y categorización que corresponda según la Ley N° 18.828 (Ley Nacional de Hotelería) o la que en el futuro la reemplace”, se establece. 

El proyecto dispone la creación en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación del “Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario” y establece una serie de funciones que tendrá la autoridad de aplicación, entre ellas podrá celebrar convenios de colaboración y coordinación con municipios y provincias.

En cuanto a las plataformas digitales que ofrezcan, intermedien, y/o celebren contratos de locación temporarios con fines turísticos, éstas deberán: habilitar un campo en la plataforma digital para que el propietario informe el número de inscripción ante el registro de cada unidad; proceder a la baja, retiro o suspensión de toda publicación que no posea el número de inscripción en el registro, previa notificación fehaciente al propietario o administrador de la unidad en alquiler; y utilizar la moneda nacional pesos argentinos para los anuncios y/u ofertas de unidades habitacionales que surjan como resultado de las búsquedas realizadas desde el territorio nacional; y para el procesamiento de pagos. 

En cuanto a las obligaciones del propietario o el administrador, éste deberá “entregar la vivienda en condiciones de habitabilidad y en los términos pactados; tener vigente la habilitación, registro y autorización de uso turístico de la vivienda correspondiente; contratar seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros”, entre otras obligaciones. 

Respecto a las sanciones para propietarios y administradores se contempla el apercibimiento, la suspensión del registro y la baja del registro, mientras que en caso de incumplimiento por parte de las plataformas, las mismas serán pasibles de: apercibimiento; multas a determinar por la autoridad competente; suspensión de operar en el país; y cese definitivo de actividades en el país. 

En la antesala al tratamiento de los alquileres temporarios de viviendas para uso turístico en un plenario, la Comisión de Turismo del Senado ratificó a sus autoridades en un encuentro este jueves que se llevó a cabo en el Salón Illia. Luego, avanzaron con el tratamiento de un proyecto que busca darle carácter nacional a la Academia Argentina de Turismo y tres proyectos de declaración.

El senador fueguino Pablo Blanco (UCR) en representación de JxC propuso ratificar al frente de la comisión a la jujeña Silvia Giacoppo. En tanto, la senadora oficialista Eugenia Duré propuso a la santacruceña Ana María Ianni como vicepresidenta y a Guillermo Andrada (Catamarca) como secretario.

Giacoppo agradeció a los senadores de ambos bloques que “propusieron continuar con la presidencia de esta comisión. Vamos a continuar trabajando como siempre lo hicimos en esta comisión donde prima el acuerdo y son temas que nos unen. Realmente es un placer trabajar con estos temas tan amenos”.

Al hacer uso de la palabra, Ianni expresó: “Es un gusto que estemos constituyendo la comisión que siempre tratamos de poner en valor, no solo porque nos gusta ser turistas y recibirlos, sino porque es una actividad económica muy importante para el desarrollo del país y que, post pandemia, nos está demostrando en su recuperación y en su fomento y desarrollo que tenemos mucho futuro para que le país pueda permitir el ingreso de divisas que tanto necesitamos hoy por la visita del turismo extranjero y por el desarrollo de nuestras economías regionales”.

“Desde el Senado de la Nación nos proponemos trabajar en conjunto, con consensos como históricamente lo hemos hecho mostrando que hay posibilidades de trabajar en consenso y que, más allá de las ideas políticas, el turismo nos convoca y nos permite trabajar de esta forma”, resaltó la oficialista.

Ianni recordó que “para el Estado, para todos los que sentimos que el turismo tiene que ser política de Estado necesita el cumplimiento y las garantías de la Ley Nacional de Turismo que ha creado un Fondo Nacional de Turismo que está a poco tiempo de vencerse el plazo de financiación que fue prorrogado. Podemos hacer un llamamiento para que la prórroga de la Ley Nacional de Turismo sea contemplada en el Presupuesto anual”.

A su turno, Andrada sostuvo: “El lugar que me toca estar y por la provincia a la que pertenezco es muy importante porque en Catamarca hemos tomado como política de Estado el desarrollo del turismo y creo que es uno de los mecanismos por los cuales podemos generar empleo genuino que es lo que necesitamos”.

En esa línea, consideró que “es una de las comisiones que podemos hacer mucho beneficio para el país y oposición y oficialismo lo vamos a tomar con mucha responsabilidad”.  

A continuación, pusieron a consideración un proyecto de autoría de la senadora Giacoppo que busca ratifica por la Ley 14.467 a la Academia Argentina de Turismo, denominándola “Academia Nacional de Turismo”.

Al respecto, la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) planteó que hay diferentes miradas sobre el turismo, una mirada económica porque deja recursos y divisas, y otra que la considera como una práctica. Así preguntó si adquiere el rango de ciencia porque “dentro de todo es una disciplina nueva y hay diferenciación en la formación hasta en las licenciaturas. Creo que con estos años ha ido adquiriendo rigor y fuerza científica, pero en ese debate advierto que ha adquiriendo un contexto epistemológico interesante, investigaciones, que son condiciones que hacen a que llamemos a esta práctica como una ciencia joven”.

“Es importante tener una academia que ayuden a enriquecer los institutos de información, va a producir conocimientos, investigaciones y va a enriquecer con una relación interdisciplinaria aún más esa mirada y generar conocimientos que puedan ser llevados a la práctica”, cerró.

También trataron tres proyectos de declaración, uno del senador Mario Fiad que declara de interés el XIV Congreso Internacional de Turismo (CIT) y el XVIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Turismo (ENET), a realizarse en San Salvador de Jujuy, del 5 al 8 de octubre de 2023.

Otro de la senadora Silvina García Larraburu (FdT – Rio Negro) para declarar de interés el Parque Submarino Las grutas, ubicado a 200 KM de la ciudad de Viedma, en la provincia de Rio Negro. También otro de la puntana Gabriela González Riollo que expresa beneplácito por la representación de la Localidad de la Carolina provincia de San Luis en el concurso “Best Tourism Village”, de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas.