A través de un comunicado, el interbloque celebró la decisión del máximo tribunal y acusaron al kirchnerismo de “paralizar el Senado” y de “perjudicar el tratamiento de leyes que respondían a las demandas ciudadanas”.
El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar el cese de las funciones de la exjueza Ana María Figueroa y lo consideraron como “un freno a la impunidad para un país ordenado”.
Se trata de la funcionaria judicial debía votar en causas en las que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, está involucrada: Los Sauces y Hotesur. Había cumplido los 75 años de edad el pasado 8 de agosto y la Constitución nacional establece que cuando eso sucede un magistrado debe dejar el cargo, por eso el oficialismo en el Senado intentó en varias ocasiones prorrogar su pliego a través de un pedido del Poder Ejecutivo, pero nunca logró el quórum.
“Conforme venimos sosteniendo desde el 9 de agosto, el pliego de la ahora exjueza Figueroa no podía ser tratado ni aprobado por haber cumplido el límite máximo de edad previsto por la Constitución Nacional”, resaltaron en el comunicado desde JxC.
Además, consideraron que la Corte Suprema “no hizo más que ratificar la vigencia de la Constitución, sin privilegios para ningún magistrado ni beneficios para ningún político”, y remarcaron que desde el interbloque “siempre estuvimos firmes en la postura de no validar un espacio de impunidad para la vicepresidenta de la Nación”.
“Durante estos meses el kirchnerismo se empecinó con el pliego de Figueroa y paralizó el funcionamiento del Senado. Eso perjudicó el tratamiento de leyes que efectivamente respondían a las demandas ciudadanas”, apuntaron y pidieron al oficialismo que “dejen de lado las pretensiones particulares y se anime a debatir medidas que aporten soluciones”.
El proyecto fue presentado por la senadora tucumana Beatriz Ávila ante el incremento en los costos de los artículos de librería e indumentaria, con el fin de “garantizar el acceso a la canasta de bienes para el ciclo electivo y evitar la deserción escolar de sectores vulnerables”.
En la apertura de un nuevo ciclo lectivo en todo el país y con un incremento de más del 100% en los costos de los útiles escolares, la senadora nacional Beatriz Ávila (Partido Justicia Social -Tucumán) presentó un proyecto para aplicar una reducción transitoria de las alícuotas del IVA a la venta de productos de la canasta básica escolar.
La iniciativa es acompañada con las firmas del chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), del sanjuanino Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), del fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR) y la puntana Gabriela González Riollo (Pro).
En su artículo primero, el texto propone una reducción del IVA del 0% en productos de la canasta básica escolar como lápiz, bolígrafo, goma de borrar, pegamento cola, cuaderno tapa flexible y dura, repuesto de hojas, lápices de colores, marcadores, tijeras, saca puntas, carpetas, mochila, entre otros productos.
También plantea una alícuota del 10,5% en indumentaria como guardapolvo, zapatillas de lona o Guillermina, medias, remeras, equipo de gimnasia, pollera.
Entre los fundamentos, planteó que “el incremento de la canasta básica tiene lugar en un escenario de aumento generalizado de precios, en donde los consumidores tienen que resignar cada vez más calidad de bienes ara mantener el consumo”.
“Es muy importante garantizar el acceso a la canasta de bienes para el ciclo lectivo, ya que una canasta de precios elevada puede influir en la deserción escolar de sectores económicos en situación de vulnerabilidad”, manifestó.
Y compararon: “Respecto de las subas, en el caso de los artículos de librería, se detectó entre 2018 y 2019 un aumento de entre el 20% y el 50%. Guardapolvos y prendas de vestir colegiales también sufrieron incrementos respecto del año anterior, que oscilan entre el 20% y el 35% en promedio; y el valor de los calzados aumentó entre un 40% y un 45%”.
Alicuota-canasta-basica-escolarA través de un comunicado, el interbloque opositor en la Cámara alta aclaró que “ningún acuerdo será posible en el Congreso, si antes no se respeta la plena vigencia de la Constitución Nacional”.
Mientras el presidente de la Nación, Alberto Fernández, avanza con el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, los senadores de Juntos por el Cambio calificaron la medida de “infame”, y adelantaron que “ningún acuerdo será posible en el Congreso” si el Ejecutivo no respeta la constitución.
“Sobre los ataques del presidente a la Constitución Nacional”, titularon el comunicado que difundieron este jueves en el que rechazan el infame pedido de juicio político a los miembros del máximo tribunal de justicia, suscripto por el presidente de la Nación y 11 gobernadores”.
En ese sentido, denunciaron que “se trata de un nuevo hecho destinado a intentar horadar la independencia del Poder Judicial de la Nación presionando a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás funcionarios y magistrados”.
“Esta conducta del presidente, se suma a su anterior anuncio público de que no cumpliría el fallo de la CSJN en materia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, de hecho, continúa sin cumplir y, en consecuencia, no ha tomado ni él ni ninguno de los funcionarios responsables del cumplimiento, medida alguna en tal sentido”, señalaron en el documento.
También cuestionaron en el texto las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, quien deslizó que “el Poder Ejecutivo podría reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación por medio de un improcedente DNU, sin valorar que la Constitución Nacional requiere una ley especial de mayoría agravada, para lo que se hace imprescindible el consenso político”.
“En esa misma línea -de dejar sin efecto otros fallos de la CSJN-, el ministro de Justicia ha manifestado públicamente que el Poder Ejecutivo podría reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación por medio de un improcedente DNU, sin valorar que la Constitución Nacional requiere de una ley especial de mayoría agravada, para lo que se hace imprescindible el consenso político”, denunciaron.
Por otro lado, se refirieron a la utilización de “supuestos chats robados por medio de espionaje ilegal” que “distintos funcionarios del oficialismo, encabezados una vez más por el presidente de la Nación pretenden utilizarlos como ciertos y válidos para atacar periodistas y dirigentes de la oposición”, y sumaron: “En este contexto institucional, el flamante jefe de asesores del presidente, ha manifestado públicamente que trabajará en conformar una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición por fuera del Congreso de la Nación”.
“Ante la gravedad institucional del accionar del presidente y sus funcionarios, los senadores de Juntos por el Cambio reafirmamos que el Congreso Nacional es el ámbito institucional del diálogo y búsqueda de consensos políticos”, plantearon.
Sin embargo, adelantaron que “ello no será posible en la medida en que el Poder Ejecutivo de la Nación continúe atacando las normas más básicas de convivencia establecidas en la Constitución Nacional como la INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN”.
“Ningún acuerdo será posible en el Congreso de la nación, si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional”, finalizaron el comunicado.
El Gobierno confirmó este jueves que convocará a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de este mes con el objetivo de que se trate el pedido de juicio político a los jueces del máximo tribunal.
“Efectivamente va a ser para la segunda quincena de enero, la semana que viene va a estar saliendo la convocatoria [a sesiones extraordinarias]”, precisó la portavoz Gabriela Cerruti.
