Previsiblemente, las designaciones para completar la Corte Suprema de Justicia no quedaron fuera del informe brindado este miércoles por el jefe de Gabinete en la Cámara alta. Consultado puntualmente sobre el tema, Guillermo Francos no descartó que una mujer pueda ser propuesta por el presidente para el Tribunal Superior, pero insistió en que el Ejecutivo ya mandó dos pliegos que están puestos a consideración, los de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos y tiene que resolver. Entendemos el reclamo por la presencia de una jueza mujer en la Corte. Seguramente, será un tema que el presidente va a considerar, en el caso de que estos pliegos no avancen”, planteó el funcionario.

Fue la rionegrina Mónica Silva la primera en consultar si desde el Gobierno han pensado en que las bancas deben ser ocupadas por una jueza mujer. En el mismo sentido, el formoseño y ex libertario Francisco Paoltroni sumó: “El pliego de Lijo hace 7 meses está en el Senado y si lo sacan por DNU se estaría burlando la autoridad de la Cámara cuando se resiste a tener dictamen. Es una de las peores señales de autoritarismo y un gravísimo error para la institucionalidad y división de poderes y atenta contra los intereses de todos los argentinos”.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos –Lijo y García Mansilla- y tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de mujer en la Corte”, afirmó Francos.

Sobre la designación de jueces por DNU, el funcionario resaltó que “el bloque de La Libertad Avanza es un bloque muy reducido que no tiene la posibilidad de poder. Le resulta muy dificultosa la negociación para obtener acuerdos de esta envergadura”.

“Así como el presidente Mauricio Macri, en una situación diferente al actual, había efectuado una designación en comisión que rápidamente fue ratificada, yo no descarto y no es que el presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía el presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución de designar de manera absolutamente transitoria ministros de la Corte. Vi hay muchísimos antecedentes tanto en la historia argentina”, explicó.

Así, ejemplificó: “En la Argentina hubo varios presidentes que designaron ministro de la Corte en comisión. Incluso hubo presidentes que tomaron juramento porque la Constitución establece que los presidentes pueden tomar juramento”.

Paralelamente crecen las versiones en Gobierno respecto de la decisión oficial de avanzar con ambos jueces en comisión, para el caso de que el Senado no preste los acuerdos correspondientes. Ante ello, los senadores de Unión por la Patria se pusieron en guardia, y el presidente del bloque Unión por la Patria, José Mayans, le entregó a Francos un documento firmado por una veintena de senadores de su bancada, donde asumen “el compromiso público de impulsar el inmediato rechazo de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ bajo el supuesto amparo de los términos del artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional”.

El citado artículo reza que el presidente “puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.

Para los senadores de UP está bastante claro en la redacción constitucional e interpretación pacífica de la doctrina que el término “empleos” hace referencia “al personal militar y diplomático que depende directamente del PEN, pero que requiere acuerdo del Senado de la Nación”.

Así las cosas, los senadores plantean que el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte, en tanto cabeza del Poder Judicial, “es único y está previsto en el inciso 4 del artículo 99, que, además, establece el proceso de designación de todos los miembros del Poder Judicial. Resulta, por lo tanto, inaplicable para estos casos, lo dispuesto por el inciso 19 del mismo artículo”.

El citado inciso 4 dice textualmente que el presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

Es por eso que los senadores de UP consideran que la designación “en comisión” de un juez o jueza en la Corte “resulta manifiestamente inconstitucional y constituye una afrenta irreparable al sistema republicano, democrático y federal de nuestro país”.

“Atendiendo la gravedad institucional que podría provocar semejante ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo nacional, quienes suscriben la presente acta se comprometen además a iniciar las acciones constitucional y legalmente necesarias para restablecer el Estado de Derecho”, concluye el texto que lleva también las firmas de José Mayans, Mariano Recalde, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, José Neder, Sergio Uñac, Mariano Lewandowski, Lucía Corpacci y María Inés Pilatti Vergara, entre muchos otros.

El bloque de senadores de Unión por la Patria llevará a cabo este martes una mesa de diálogo para presentar el proyecto de ley de emergencia de las Pequeñas y Medianas Empresas de autoría de las legisladoras Nora del Valle Giménez (Salta) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

El evento se realizará a partir de las 16 en la Sala de reuniones del bloque UP en el 2° piso del la Honorable Cámara de Senadores en el que participarán representantes de entidades empresariales, industriales y gremiales Pymes del país.

Entre los invitadores estarán dirigentes de Confederación Federal de Pequeñas y Medianas Empresas, Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), Industriales Pymes Argentinos IPA, Movimiento Nacional Pyme - MONAPY, ProTejer, UIA- PyMI, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino – ENAC, entre otras entidades.

El bloque de senadores de Unión por la Patria emitió un comunicado reclamando el esclarecimiento del asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de un militante de la agrupación H.I.J.O.S de la provincia de Córdoba, y expresaron su solidaridad con sus familiares.

Además, exigieron a las autoridades provinciales y nacionales que se “garantice” la seguridad y protección de Fernando Albareda, hijo de la mujer asesinada el sábado y militante de la referida agrupación de derechos humanos, y de sus familiares, ante “las macabras y cobardes amenazas contra su persona”.

“Es fundamental que todas las fuerzas democráticas y la población expresen su repudio ante tan lamentable hecho y reclamen en forma contundente su pronto esclarecimiento”, solicitaron.

En ese sentido, plantearon que “a 41 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, es imperioso refrendar el compromiso efectivo de los tres poderes del Estado con el cumplimiento de las garantías constitucionales y democráticas, el Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos”.

En el texto informaron que Fernando Albareda es hijo de un policía que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, causa que llegó a juicio en el año 2009, y alertaron que “viene siendo blanco de una serie de hechos intimidatorios en forma de amenaza que se agravaron en el último fin de semana con el asesinato de su madre”.

“Desde nuestro interbloque reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la defensa de los derechos humanos y las garantías democráticas. Decimos no a la impunidad, juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado y nunca más”, cerraron.

El interbloque de senadores de Unión por la Patria repudió este jueves lo que calificó como una “burda maniobra de la Unión Cívica Radical de impedir el tratamiento de la nueva fórmula de movilidad previsional”.

“Existiendo un proyecto con media sanción y respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados, nuestro interbloque solicitó el tratamiento del proyecto sobre tablas, pero en cambio recibió el rechazo de la UCR, aliada a La Libertad Avanza y al Pro”, expresó el bloque que conduce José Mayans.

El enojo de los senadores de UP pasa por lo sucedido en la sesión de este jueves en la Cámara alta, donde el bloque radical presentó una moción para tratar el tema jubilatorio en la próxima sesión y no este jueves como pretendía la oposición más dura, que no pudo lograr hacer votar el tratamiento del tema sobre tablas, ni siquiera llegar a esa votación.

El interbloque de Mayans señaló a través de un comunicado que “aunque el oficialismo y sus aliados jueguen con los tiempos de una sesión sin fecha prevista y no se responsabilicen de la situación actual de las cajas provinciales de jubilaciones, golpeadas desde que asumió (Javier) Milei, nuestro interbloque continuará exigiendo el tratamiento hasta obtener la ley que mejore la situación de los jubilados y jubiladas den la Argentina”.

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria impulsó este miércoles un pedido de interpelación a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, con el objeto de conocer las razones por las que retuvo sin causa alguna la distribución de varias toneladas de alimentos destinados a sectores vulnerables de la sociedad. Por este tema, la bancada solicitará la convocatoria a una sesión especial.

La iniciativa lleva la firma de los 33 integrantes del grupo parlamentario opositor.

Asimismo, se quiere conocer en voz de la propia ministra las explicaciones sobre el escándalo desatado días atrás tras conocerse la existencia de maniobras ilegales para el cobro de sobresueldos en funcionarios del área a su cargo.

El interbloque de Unión por la Patria presentó este miércoles un proyecto de resolución por el cual se plantea: “Citar para su interpelación a la Ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 214 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación”.

En los argumentos esgrimidos por los senadores del interbloque conducido por José Mayans, se señala que desde el 10 de diciembre pasado, la cartera a cargo de Pettovello “ha retenido, con un sinnúmero de falsas excusas, más de cinco millones de kilogramos de alimentos en los depósitos de Villa Martelli (provincia de Buenos Aires, y de Tafí Viejo (provincia Tucumán), que debieron ser destinados a merenderos y comedores comunitarios para atender las necesidades alimentarias de cientos de argentinas y argentinos”.

“Este alimento fue adquirido durante la gestión anterior, no fue repartido en más de cinco meses de gobierno y está en riesgo de pudrirse”, detallaron mientras afirmaron “es indignante que tengan guardada esa cantidad de alimentos cuando un 50% de la población es pobre y un 18% indigente”.

Asimismo -según consignaron- desde el Ejecutivo nacional aseguraron que dichos alimentos estaban destinados a situaciones de emergencias y catástrofes.

“No obstante (más allá de que esto no es así ya que dichos alimentos fueron conveniados para los comedores), no fueron distribuidos en ninguno de los temporales que azotaron nuestro país”, expusieron.

Y recordaron “el caso, por ejemplo, del temporal acontecido en Bahía Blanca que dejó 13 muertos en donde el presidente de la Nación no asistió a los bahienses de ninguna forma y en donde las respuestas vinieron únicamente de nuestro gobierno provincial”.

Los senadores que conduce Teresa García, acto seguido, afirmaron que “esta situación de desamparo debe indignarnos a todos por igual, más allá de toda bandera partidaria, es una cuestión de humanidad, así como sostuvo el presidente del Episcopado Argentino, el monseñor Oscar Ojea, quien pidió que los alimentos sean rápidamente entregados”.

En este punto los senadores recordaron las expresiones del eclesiástico, que expresó: “nos preocupa que se vaya perdiendo la sensibilidad”, al compartir su reflexión para la solemnidad de la Santísima Trinidad.

“Es por esto que instamos a que el gobierno nacional presente de manera inmediata el plan de distribución de los alimentos tal como lo indica el fallo del juez Sebastián Casanello, impulsado a través de la denuncia penal del dirigente Juan Grabois”, agregaron los senadores.

Y para terminar afirmaron que “poder comer es un derecho básico fundamental, nada puede estar por encima del bienestar de los niños y niñas de nuestra Patria. El brutal avasallamiento del gobierno nacional sobre el pueblo argentino es inaceptable”.

“Señor presidente: no deje para mañana lo que puede hacer hoy”, le dijeron a Javier Milei desde el bloque de senadores de Unión por la Patria, que conduce José Mayans, a través de un comunicado.

Allí le indicaron que lo escucharon tanto en el acto de este sábado como en la campaña “prometer lo que ya no cumplió: reducir impuestos”.

Le recordaron al presidente los legisladores que “desde que asumió el gobierno usted eliminó la devolución del IVA de la canasta básica; aumentó el impuesto a las Ganancias; subió el impuesto País a más del doble, y lo amplió a giro de utilidades”.

“También subió el impuesto a los combustibles y quiso hacer lo mismo con las retenciones”, agregaron.

Ante ello, los senadores de UP advirtieron: “Entonces, señor presidente, el momento de la reducción de impuestos es hoy en el tratamiento de la ley Bases”. Por eso le propusieron: “1) Que se abstenga de reponer el impuesto a las Ganancias a la clase media trabajadora; y 2) Baje ahora el impuesto País a 7 5 por ciento, que es la alícuota que tenía hasta diciembre pasado. Además en tanto esté vigente, coparticípelo con las provincias”.

Por último, remarcaron que “hasta ahora, señor presidente, solo subió impuestos. La única verdad es la realidad”.

Para el interbloque de Unión por la Patria quedó evidenciado para el Gobierno nacional que conduce Javier Milei que “la libertad significa que ‘pocos ganen mucho’ y ‘muchos ganen poco’”. Prueba de ello es, dicen, “la pérdida cotidiana del poder adquisitivo de las jubilaciones y los salarios de los trabajadores argentinos, mientras todo lo demás aumenta”, y ponen como ejemplo a los alimentos, alquileres, impuestos, prepagas, transporte, combustible y tarifas.

“Crece el desempleo”, enfatizaron los miembros del interbloque conducido por José Mayans, que agregó que “las provincias están ahogadas y las PyMEs sufren hasta bajar sus persianas”. En ese marco, sostienen, “Javier Milei y la ‘casta’ que lo rodea solo se preocupan por la especulación financiera, nunca por la producción”.

Respecto del Pacto de Mayo propuesto por el presidente ante la Asamblea Legislativa, los senadores de UP consideran que se trata de un acuerdo “a libro cerrado para legalizar lo inaceptable”.

“Generan ‘show’ con peleas e insultos, para evitar discutir lo único importante: se vive peor por su política económica. Impiden que el Congreso funcione, imponen decretos absurdos y dan vía libre para que la verdadera casta se beneficie”, agrega el comunicado.

Los senadores de Unión por la Patria les piden a sus gobernadores que tengan “mucha fuerza, convicción y firmeza para defender los intereses de nuestra patria porque está en grave peligro”.

Concluyen con una cita de Perón: “Queremos ayudar a sacar el país adelante, por eso el Gobierno tiene que dejar de lado la soberbia y aceptar que necesita que lo ayuden. Esto lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie”.

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria -encabezado por su presidente, José Mayans- recibió este miércoles a la conducción de la Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas, en el Palacio Legislativo. Durante el encuentro, los sindicalistas solicitaron el compromiso de la principal bancada opositora para “rechazar” el mega decreto de necesidad y urgencia 70/23, con el que el Gobierno busca imponer varias reformas y, entre ellas, pretende eliminar una serie de derechos laborales y sindicales.

Al respecto, el senador riojano Fernando Rejal explicó que, en la reunión, los gremialistas solicitaron que “el interbloque rechace el decreto de necesidad y urgencia 70/23, por considerar, como también lo ha hecho la justicia en primera instancia, que vulnera los derechos laborales en su totalidad, tanto individuales como colectivos, así como los derechos vinculados a la seguridad social y a las organizaciones sindicales”.

“Nos han pedido expresamente que nuestros legisladores no acompañen el DNU, algo que ya hemos manifestado de manera pública, y también nos han adelantado que van a participar del plan de lucha que el día 24 de este mes se va a manifestar, con el resto de las organizaciones sindicales, para pedirle al Poder Ejecutivo que retire estas normas que perjudican a la sociedad en su integridad”, añadió.

Además, contó que “el presidente de nuestro interbloque, José Mayans, y también la compañera Juliana di Tullio, así como el resto de los legisladores, nos hemos comprometido a no sólo a escuchar, sino a dar también una respuesta en ese sentido”.

Detalló, también, que, durante la jornada de hoy, hubo similares pedidos de parte de diferentes entidades, como cámaras empresarias, la Corporación Vitivinícola Argentina o la Cámara Yerbatera. “Todas las instituciones nos comentaron lo mismo, que el DNU los perjudica y, por lo tanto, nos pidieron que rechacemos los términos de este decreto”.

La delegación sindical estuvo integrada, entre otros, por José Ibarra (secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis), Rubén Grimaldi (secretario general de UTERA), Juan “Cacho” García (secretario de  la Federación de Trabajadores de Estaciones de Servicio), Julio Estévez, hijo, (secretario general de la Unión del Personal Jerárquico de AFIP) y los letrados Carlos Pereira y Marcelo Pecorelli.

Junto a los mencionados, también participaron del encuentro los senadores Daniel Bensusán, Lucía Corpacci, Martín Doñate, María Eugenia Duré, María Teresa González, Alicia Kirchner, Sergio Leavy, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cristina López, Florencia López, Carolina Moisés, Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara y Silvia Sapag. Se sumó la diputada nacional de UP Natalia Zaracho.