En el proyecto el senador correntino solicita saber por qué el costo de la dosis de vacuna anti aftosa en Argentina es más elevado que en los países limítrofes y qué medidas están estudiando para revertir la situación.
El senador nacional y titular del bloque UCR, Eduardo “Peteco” Vischi (Corrientes), presentó una iniciativa solicitando informes al ministerio de Economía y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en relación a la vacuna contra la fiebre aftosa.
“Queremos respuestas acerca de este tema que preocupa mucho a los productores ganaderos y que podría tener efectos muy graves para las exportaciones y la economía de nuestro país”, planteó el correntino.
Vischi señaló que “la Argentina es reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal como libre de aftosa con vacunación y debemos velar por su estatus sanitario. Hoy los ganaderos argentinos pagan hasta unos 2 dólares por cada dosis de vacuna anti aftosa con aplicación, lo que supone un costo elevado que impacta en su actividad. Por el mismo insumo, un ganadero paraguayo paga 0,24 dólares y un brasilero 0,50. Queremos saber las razones y qué medidas se estudian o aplican para revertir la situación”.
En dicho proyecto, se indaga, además, sobre la posibilidad de ampliar o diversificar la producción de la vacuna, las razones detrás de la diferencia de precio entre países vecinos, los operativos de vacunación y la circulación de la enfermedad en nuestro país.
Senador Vischi - PC Informes Vacuna Antiaftosa“La producción ganadera es uno de los pilares de la economía correntina y de nuestro país. El precio que los productores deben pagar para sostener su calidad sanitaria no sólo supone un problema para su esquema de costos, sino que nos pone en desventaja frente a países competidores”, planteó.
Entre los fundamentos, el senador radical manifestó: “Que un país sea ‘libre de aftosa’ permite a la carne de esos países acceder a más y mejores mercados, mientras que, un brote de la enfermedad, lógicamente, los cierra. Recobrar esos destinos y la confianza en la sanidad alimentaria no es fácil de lograr y lleva tiempo. Para producir más, debemos quitar los obstáculos que impiden desarrollar todo su potencial a quienes invierten. La Argentina produce las mejores, o de las mejores, carnes del mundo, debemos acompañar el esfuerzo de quienes trabajan para llevarlas a la mesa de los argentinos y de todo el planeta”.
📝 Presentamos un proyecto mediante el cual pedimos informes al Ministerio de Economía y, por su intermedio, al SENASA acerca de la vacuna contra la aftosa. Los productores argentinos pagan por cada dosis un valor de hasta 8 veces mayor que los ganaderos de países vecinos. pic.twitter.com/xGeWIkTCk1
— Peteco Vischi (@PeteCoVischi) April 4, 2024
La diputada correntina destacó la acción de la política para evitar el cierre de la empresa y perservar más de un centenar de puestos de trabajo.
Tras la disputa y polémica, que incluso tuvo un capítulo judicial, entre la Avícola Santa Ana y el SENASA, la diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) visitó la granja. “Después de tantas injusticias que vivió la empresa y tantos trabajadores en situación de estrés, me pareció importante visitarlos, en un contexto totalmente distinto”, expresó.
La correntina señaló: “Me parece de suma importancia que hagamos de la política un instrumento para cambiar la vida de la gente. La política debe contemplar estar cerca, acompañar y defender a quienes generan trabajo genuino, más en situaciones de injusticia como estaba atravesando toda la familia Santa Ana. Los funcionarios públicos debemos estar a la orden del día con los temas importantes, usar las herramientas que tenemos para mejorar la vida de la gente”.
En medio del conflicto, la legisladora de Juntos por el Cambio había presentado un proyecto de resolución para que el SENASA revea la orden que provocaría un prejuicio en la empresa dejando sin empleo a 150 personas, y además planteó una cuestión de privilegio contra la directora del SENASA, por el manejo irresponsable de los procedimientos de parte del organismo nacional para el control de la gripe aviar.
Días atrás, en la reunión de Comisión de Agricultura y Ganadería, Brambilla repitió frente a los funcionarios su apoyo a la avícola y, fundamentalmente, su exposición giró en torno al perjuicio que podría haber afectado a la granja y a la defensa de la fuente de trabajo de 150 familias.
La macrista recordó que “el gran problema fue que, primeramente no se tomaron las muestras en los animales, el personal de SENASA sólo dejó el material para luego retirarlo, pero al no tomarse las muestras por parte de la Avícola ni SENASA, los materiales fueron devueltos sin utilizar. Curiosamente, el resultado de este análisis sobre muestras no tomadas fue positivo para gripe aviar, y luego el organismo no aceptó tomar una segunda muestra para resolver el conflicto”.
“Si no fuera porque la empresa acudió a la justicia que ordenó el segundo muestreo, la empresa hubiera tenido que aplicar rifle sanitario, de una población avícola sana, causándole un enorme daño y seguramente la quiebra y cierre de la empresa con las consecuencias que eso implica para la economía provincial y de las familias afectadas”, agregó.
Se trata de la avícola Santa Ana, bloqueada por orden del organismo de control sanitario.
Mediante un proyecto, la diputada nacional por Corrientes Sofía Brambilla repudió las “medidas arbitrarias” tomadas por el organismo nacional contra una pyme correntina.
El conflicto entre la empresa avícola Santa Ana y SENASA lleva casi dos semanas, mientras tanto la empresa tiene bloqueada la comercialización de todos sus productos, inclusive los que no se producen dentro del predio de la misma.
“Es muy triste ver cómo se afecta a una empresa correntina por manejos imprudentes de un organismo que aprovecha sus facultades de manera autoritaria olvidando que detrás de la pyme hay una familia con 40 años de trabajo y sacrificio y más de 150 familias que dependen del trabajo que genera Santa Ana”, expresó Brambilla.
“Por eso presenté este martes en el Congreso de la Nación un proyecto de repudio por el desmanejo y la imprudencia de SENASA para controlar los efectos de la gripe aviar. Todos estamos de acuerdo que el organismo debe velar por la salud de nuestros ciudadanos, el problema es cuando ese accionar se lleva de manera irresponsable, improvisada y poco transparente”, sostuvo Brambilla.
La empresa Avícola Santa Ana cuenta con otra unidad de negocios que es la comercialización de productos congelados que se compran a otras empresas. Los propietarios explicaron que el SENASA ordenó no comercializar estos productos y detallaron que el almacenamiento de los congelados se encuentra a 200 metros de los galpones de aves.
“Financieramente nos están matando”, comentó uno de los directores de la pyme.
Vale recordar que un testeo efectuado por ese organismo detectó gripe aviar, pero una segunda muestra tomada a aves de la granja Santa Ana, dispuesta por orden de la Justicia Federal, dio resultado negativo, según diagnosticó el Laboratorio Nacional del Senasa.
Ricardo Buryaile alertó sobre una disposición de ese organismo que obligaba a sacrificar a 200.000 gallinas. Un segundo testeo dio negativo. Advierten sobre repercusiones internacionales.
El diputado nacional Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria, se expresó frente al conflicto que se vivió en la avícola correntina Santa Ana, la cual tuvo que recurrir a la Justicia para frenar un operativo sanitario contra la Influenza Aviar, que implicaba el sacrificio de sus 200 mil gallinas ponedoras. “Exigiremos las explicaciones de los funcionarios del Senasa y del secretario de Agricultura, ganadería y pesca”, señaló Buryaile, titular de la Comisión de Agricultura de Diputados.
La avícola había sido informada por parte del Senasa de la presencia de un brote de Gripe Aviar en sus galpones de ponedoras, y fue intimada a sacrificar 200.000 gallinas. Pero se resistieron, asegurando que el testeo nunca había sido realizado y que era evidente que el estado de salud en los galpones no arrojaba ningún signo de la enfermedad. A través de la Justicia se ordenó un segundo testeo, el cual dio como resultado negativo. Ahora se investigan las irregularidades del proceso.
“Lo que ha acontecido en la avícola de Santa Ana, de la provincia de Corrientes, es un hecho confuso, muy grave desde el punto de vista sanitario”, apuntó Buryaile. Y, agregó: “Lamentablemente tengo que decir que el Senasa no estuvo a la altura que uno espera de un organismo sanitario, que debe dar seguridad a los consumidores y a los productores”.
Buryaile señaló que, “como presidente de la Comisión de Agricultura, vamos a esperar las explicaciones. Vamos a pedir que comparezcan las autoridades del Senasa, su presidente y vicepresidente, la directora a cargo del operativo, para que expliquen lo que pasó”.
Para el legislador formoseño, se trata de “reestablecer la confianza del organismo sanitario”. Además, aseguró que “las autoridades deben dar todos los pasos necesario. El ministro Massa como responsable del área, el secretario Bahillo tienen que responder, contestar qué paso y explicar los pasos que se van a dar”.
“Nosotros sugerimos que, para evitar estas cuestiones, debemos darle presupuesto al Senasa. Los ajustes no deben ir por el lado de los organismos sanitarios ni de investigación. Uno debe reestructurar, y pensar que mundo confía en Argentina y en la certificación de Argentina”, apuntó.
Finalmente, concluyó: “Este hecho en Corrientes es una alerta. Es un hecho muy grave desde el punto de vista sanitario, por las repercusiones nacionales e internacionales que va a tener”.
La entidad se puso a disposición de la familia de la víctima quien se desempeñó como agente del organismo hasta 2019.
Las máximas autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) demandaron el esclarecimiento del atentado que sufrió el jueves el diputado provincial de Corrientes Miguel Arias, quien se desempeñó como agente del organismo estatal nacional hasta 2019.
La entidad que encabezan el presidente Carlos Paz y el vicepresidente Carlos Milicevic, demandaron una urgente investigación que permita dar con el o los culpables de este hecho -que ensucia el espíritu democrático que anima a todo el pueblo argentino- y reciban su merecida condena por vía de la justicia.
Arias, se desempeñó como agente del Senasa entre 2003 y 2019. Fue jefe del área de Inocuidad en el Puente Paso de los Libres-Uruguayana, que une a la Argentina con Uruguay. Renunció para dedicarse a su carrera política.
Por medio de su Centro Regional Corrientes-Misiones, las autoridades del Senasa se pusieron a disposición de la familia del diputado Arias para ayudarla en todo lo que esté a su alcance.
Carlos Paz y Susana Mirassou, respectivos presidentes de esos organismos, expusieron por videoconferencia en la comisión que preside “Pitín” Aragón.
Los titulares del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal), Carlos Paz, y del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Susana Mirassou, expusieron por videoconferencia este jueves ante la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, donde se refirieron a las medidas adoptadas por la pandemia del Covid-19.
Paz señaló que al asumir en el SENASA se encontró con un organismo “con bajo presupuesto, alrededor de 400 personas despedidas -la mayoría en 2019- y un dibujo regional achicado de 14 a 7 regiones” que obligó a hacer una “reconfiguración conversada con las provincias”, ya que “una de las principales preocupaciones del ministro (Luis Basterra) era la división regional tan grande”.
Ante la comisión presidida por José Ruiz “Pitín” Aragón (Frente de Todos), el funcionario explicó que a raíz de la pandemia se elaboraron protocolos para las distintas cadenas productivas, fundamentalmente para “los bolsones de agricultura familiar, los galpones de empaque, los mercados frutihortícolas y empresas frigoríficas”.
Paz indicó que casi todos esos protocolos fueron homologados por el Ministerio de Salud y que también hubo intervención de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
Según el titular del SENASA, se registraron “varias personas con contagios” de coronavirus y “un fallecido en un frigorífico de Quilmes”.
“Eso nos llevó a una segunda etapa, que fue qué hacer con esas cadenas productivas cuando aparecía un caso positivo, en un esquema donde gran parte de la gente queda fuera del sistema, ya sea por edad o por enfermedades preexistentes”, señaló.
Paz también se explayó, ante una pregunta del diputado Javier Campos (Coalición Cívica) sobre la decisión de Brasil de dejar de vacunar contra la aftosa en algunos estados, entre ellos Río Grande do Sul, en una resolución con implicancias para Argentina por tratarse de un estado fronterizo.
“Esta es una situación que conocemos porque tenemos una relación bilateral fuerte y una parte importantísima de comercio agropecuario. La sorpresa fue que se agregara al estado de Río Grande do Sul, algo que no estaba previsto en la comunicación del organismo brasilero”, relató.
Ante esta situación, el SENASA mantuvo una comunicación telefónica con los responsables brasileros, que aclararon que “fue una decisión política originada en un pedido del propio Estado”.
“Nosotros tomamos la decisión de seguir vacunando. Dudamos al principio si nos convenía largar la vacunación en las fechas previstas cuando se introdujo la cuarentena. Pero en acuerdo con el Ministerio tomamos la decisión de no cambiar las fechas de vacunación, y fue una medida acertada en función de que la cuarentena se alargó y si hubiéramos esperado una atenuación, posiblemente hubiéramos tenido una demora muy grande en la vacunación”, detalló Paz, y precisó que gracias a esta decisión, hoy “más del 80% del rodeo vacuno está vacunado”.
Tras el contacto telefónico con Brasil, el SENASA envió una nota oficial solicitando mayor información sobre el tema, pero el pedido aun no fue respondido.
La reunión de comisión siguió con la exposición de Mirassou, que ante una pregunta de Jorge Vara (UCR-Corrientes) sostuvo que “la articulación Nación-provincias-municipios es clave para el INTA” y “es un camino que hay que seguir recorriendo, y más aun ante la situación de pandemia”.
Mirassou habló del trabajo sobre “el aprovechamiento de residuos, descartes y subproductos agropecuarios en busca de tecnologías para la obtención de alimentos y bioproductos para cadenas productivas, en el enfoque de economía circular”.
Además, informó que “se ha constituido un comité de contingencia del INTA para apoyar todas las actividades del programa Argentina contra el Hambre”.
Al inicio de la reunión informativa tuvo lugar el testimonio de Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, quien reclamó por “la restitución de puestos de trabajo de compañeros despedidos por el gobierno anterior”.
Catalano denunció que el Ministerio de Agricultura y Ganadería “fue uno de los más desguazados de los últimos años” y que además sufrió “un nivel de persecución muy alto” durante la gestión de Cambiemos.
El dirigente gremial responsabilizó a Ricardo Buryaile de ejecutar una “política de desguace a nivel federal para debilitar el trabajo que se venía llevando adelante con los pequeños productores”.
Según Catalano, hubo “más de 1.200 despidos en todo el Ministerio, y esa situación de injusticia hasta el día de hoy no la pudimos resolver”.
El titular de ATE Capital consideró que la cartera “necesita de estos puestos de trabajo para poder reactivarse”. “Sabemos que la crisis es cruda, pero la alimentación de nuestro pueblo también está en una situación crítica”, dijo.
Asimismo, propuso que una parte de la recaudación generada con el futuro impuesto a la riqueza sea destinada a pequeños productores.
