En medio del escenario electoral y mientras el foco político está puesto en el balotaje y en las internas dentro de JxC, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por Carlos Heller (FdT), se reunió este miércoles para iniciar el tratamiento de la separata del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto.

Solo dos de los cuatro funcionarios invitados asistieron a disertar desde el Anexo “C” Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía; y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. En tanto Carlos Castagneto, administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Guillermo Michel, director general de Aduana de la AFIP, no pudieron presentarse.

El motivo de la reunión fue para debatir la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Presupuesto, donde consta una serie de beneficios impositivos y fiscales que podrían ser eliminados para contribuir a lograr el superávit fiscal.

Entre esos beneficios figuran por ejemplo la exención del pago de Ganancias por parte de jueces, asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA, e incluso el sistema de Promoción Industrial para Tierra del Fuego.

Ganancias de magistrados de los poderes judiciales nacional y provinciales equivale a un 0,16% del PBI; Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas es un 0,11%; en tanto que las alícuotas reducidas de IVA son un 0,62%; y el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego 0,33%.

La palabra de los funcionarios

Al comenzar la reunión Heller expresó que la intención del anexo es la de “mejorar el resultado fiscal para apuntar a un Presupuesto que dé superávit del 1% del PBI en 2024”. “Se pone a disposición de la Cámara de Diputados todos los elementos para analizar las cuestiones de la separata y el objetivo es posibilitar que los funcionarios puedan dar la más amplia definición posible”, agregó.

El primer expositor fue el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Raúl Rigo, quien presentó al anexo del proyecto: “Esta separata, cuyo subtitulo es impacto del gasto tributario en las cuentas públicas, acompaña al Presupuesto 2024”.

“Formó parte del primer proyecto de este año fiscal y es el segundo año en que el Poder Ejecutivo insiste en la conveniencia de reparar el impacto del gasto tributario”, indicó Rigo, y siguió: “Para el 2024, cuyo resultado es compatible con este déficit fiscal primario de 0,9% del PIB (Producto Interno Bruto), está en línea con los objetivos de política del Gobierno y es un valor que en un trienio significa un esfuerzo para consolidar el resultado fiscal”.

En esa línea, agregó: “Si miran los resultados de los últimos años, hay una curva descendente porque en 2023 fue de -1,9% y está previsto el 0,9 para el 2024. Es un sendero plurianual descendente”. También, sostuvo que “el gasto primario de la administración tiene una fuerte incidencia de ciertos gastos que resultan prioritarios en función de la situación económica que atraviesa nuestro país”.

Así las cosas, Rigo explicó que “el peso de los servicios sociales toma un 80% del gasto primario para 2024, que es lo que financia la asistencia social (Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar y créditos que financian salud y educación)”.

De ese modo, añadió: “Si incorporáramos subsidios a la energía y el transporte ese gasto llega al 85% porque una porción significativa está asociado a aquellas políticas activas y a todas aquellas partidas destinadas a la seguridad social”.

En relación a ese gasto del 85% el secretario de Hacienda señaló que se busca “fortalecer el ingreso de los sectores más desfavorecidos”, y amplió: “Si matizamos que el 85% está destinado a estas partidas prioritarias, podemos lograr en 2024 un resultado fiscal equilibrado y un superávit robusto del 1% del PIB”.

Por otro lado, dilucidó que “tenemos que revisar algún capítulo a la asignación de recursos porque el Poder Ejecutivo viene siendo cuidadosamente activo en la reducción de gastos”. “Con cautela y análisis se ha avanzado en la reducción de los subsidios económicos, trasladando a sectores en capacidad de quienes pueden protegerlos”, consideró Rigo.

Luego, destacó que “el peso de los subsidios económicos en 2023 ha venido disminuyendo porque lo necesitamos para llegar al resultado del 1% en 2024 y debemos revisar el análisis de los gastos tributarios para fortalecer la recaudación impositiva”.

“El gasto tributario es la cantidad de recursos a los que renuncia el Estado nacional a los efectos de beneficiar en cargas impositiva y esto significa que en algún momento este Congreso ha dictado normas para reducciones permanentes a los efectos de eliminarlas, limitarlas o suavizarlas para que el erario público pueda hacerse de más recursos y lograr el 1% de superávit para 2024”, remarcó.

A su vez, Rigo explicó que “este conjunto de beneficios impositivos, alícuotas y regímenes de promoción conjuntamente con otros subsidios presupuestarios implican una pérdida de recaudación de 4,8% del PIB”, pero aclaró que “hay dos vertientes de explicación de esta pérdida de recaudación, en muchos casos de grandes firmas de grandes compañías y otros sectores”.

En tal sentido, agregó: “El 2,34% del PIB es la porción del 4,8 que corresponde al gasto tributario propiamente dicho, y ese 2,34 lo podemos clasificar en dos grupos que están presentes que se representará en 1,74 del PIB y el 0,64 que son de regímenes de promoción económica”.

Finalmente, Rigo afirmó que “desde el Poder Ejecutivo estimamos que esta discusión es imprescindible. En primer lugar, necesitamos una consolidación más fuerte porque el capítulo de gastos lo revisamos año a año”, y cerró: “En el contexto de la necesidad coyuntural proponemos que nos demos este espacio de revisión amplia y profunda para llegar al 1% del PIB”.

Luego fue el turno de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Fabiana Balestrini, quien remarcó que cuando se habla de gastos tributarios “hablamos de una pérdida de recaudación, se resignan recursos fiscales y se transfieren recursos públicos hacia políticas públicas definidas”, y subrayó que “todo gasto tributario tiene que estar ligado básicamente y fundamentado a una política pública”.

La funcionaria los clasificó en dos partes, por un lado, los que están contenidos en la Ley del Gravamen como impuestos a las ganancias, al valor agregado, “impuestos internos que también hay que revisar” y, por el otro lado, los que están contenidos en regímenes promocionales. “En ambos casos siempre tienen una característica en común su fundamento en una política pública”, indicó y explicó que las políticas públicas van cambiando porque las necesidades van cambiando con el tiempo y “ante la detección de un problema es lo que origina la necesidad de evaluar alternativas de políticas públicas”.

“Es lógico que las políticas públicas vayan acompañando ese movimiento porque de ninguna manera se puede permitir que se resignen o transfieran recursos públicos concentrados en ciertos sectores definidos y que la política pública dejo de ser necesaria o necesita una readecuación de alternativas”, explayó Balestrini e indicó: “Para qué seguir con un gasto tributario si no se analiza la base del mismo”.

La funcionaria señaló que el gasto tributario es 2.34 del PIB más un 2.38 de “aquellos otros beneficios que pueden tener impacto presupuestario en distintos ejercicios. Algunos vinculados con algunas medidas de diferimiento impositivo”.

Al explicar los diferentes regímenes y su composición, comenzó por aquellos cuyas exenciones o dispensas están contenidos dentro de la ley de origen. Así, arrancó con el impuesto a las ganancias del que explicó: “Es un 0.30 del PIB, si lo desmenuzamos tenemos exenciones que están incluidas en la Ley del Gravamen desde el momento de su creación, pero con el tiempo se fueron acotando y fiscalizando. Pero si vamos a otro tipo de ganancias o dispensas contenidos en ese mismo capítulo tenemos uno que habla de derechos de autor y hoy tienen un límite bajo de 10 mil pesos, pero lo más importante es que esta exención aplica a residentes argentinos y no para beneficiaros del exterior. Argentina acá no esta resignando recursos fiscales porque sobre esos beneficiarios del exterior si se retiene el impuesto”.

“Si vamos a lo que representa más de la mitad el gasto tributario originado por dispensas del impuesto a las ganancias es el caso de los salarios de los magistrados”, señaló y explicó que “esta exención estaba contemplada hasta 1996 y ahí se elimina, pero en ese mismo año el Poder Judicial sacó una acordada donde dice que esa exención sigue vigente. En 2016 para aplicar a las designaciones ahí comenzarían a tener un tratamiento de gravabilidad o sujeto al impuesto a las ganancias los salarios del Poder Judicial de quienes ingresaban a partir de 2017”.

Al respecto, consideró que “hay una situación inequitativa, pero más allá de eso, hay que analizar cuál es la política pública asociada a esta dispensa que representa más de la mitad del impacto”. Así, resaltó que “hay gastos tributarios que están vinculados a políticas públicas son políticas del Estado o del Gobierno”.

“Es importante destacar cómo operan las alícuotas reducidas en el impuesto al valor agregado porque este gasto tributario origina más de la mitad de lo que implica el impacto de los gastos originados en IVA como porcentaje del PIB son las alícuotas reducidas”, planteó Balestrini y analizó a “qué productos se aplican y sectores, vemos una que es la construcción de viviendas y se entiende que es una política pública sustentable que sigue vigente. Si lo vinculamos a productos de primera necesidad como carnes, panadería, verduras, frutas, luego de todo les digo que la misma alícuota reducida se aplica a las obras de arte, entendemos que no hay un tratamiento simétrico en este razonamiento”.

“Ese tratamiento de alícuotas reducidas sobre las obras de arte data desde el 97’ y no se revisan lo vigente y se agregan otras. Es necesaria la revisión y que nos llame la atención de que un tratamiento de alícuota reducida en un impuesto que se considera regresivo tenga tan simétrico tratamiento y se indique una alícuota del 10,5% para una comercialización de una obra de arte en relación a un producto de primera necesidad”, planteó.

La subsecretaria sostuvo que se están “enfocando en analizar las políticas públicas detrás de cada gasto tributario”, y aclaró que “no se trata de eliminar absolutamente todos los gastos porque hay que ver la política pública de atrás y ver cómo se instrumenta una reducción, pero tiene que tener un análisis con la política pública de fundamento”.

Por otro lado, recordó que en 2017 se modificó el Régimen de Imposición a los Combustibles Líquidos por un impuesto fijo actualizable y “se considera que pude ser mucho más impositivo, procedente y de impacto positivo y que se vuelva a un sistema de alícuota variable, es decir, un sistema de cuota valor a comparación de un impuesto fijo”.

Sobre las contribuciones a la seguridad social “tiene que ver con todos los beneficios que se han otorgado en materia de seguridad social en cuanto a reducción”. Además, consideró que “una manera de promoción del empleo vinculado a esta política pública de promoción del empleo puede ser una reducción de las contribuciones patronales, pero siempre planteada por un tiempo determinada, un control efectivo, de resultados e impacto y una reducción decreciente a lo largo del tiempo. Ningún beneficio debe ser para siempre, porque sino no es un beneficio que pueda lograrse evaluar en cuanto al resultado y el impacto que genera”.

En cuanto a las dispensas contenidas en la normativa, se refirió al impuesto a los bienes personales y a impuestos internos que tiene impuestos diferenciales, pero hay que revisarlo con profundidad porque hay asimetrías donde el agua mineral aún tributa impuestos internos a diferencia de otros tipos de bebidas como las alcohólicas que están exentos de impuestos”.

“Hay que hacer un análisis de todas las alícuotas diferenciales que comprenden este impuesto. Sobre bienes personales hay ciertas exenciones que tienen que ver con inversiones financieras y que fueron mutando a lo largo del tiempo con diferentes análisis, pero sigue rigiendo por el régimen de promoción de esas inversiones. SI lo comparamos con la exención de inmuebles rurales hay una dicotomía importante hasta el 2018 estaban gravados, luego pasaron a estar exentos y se genera una asimetría más”, detalló Balestrini.

Al cierre de su disertación habló de los Regímenes Promocionales que “hay 3 o 4 que representan la mayoría de lo que son gastos tributarios relacionados a los regímenes promocionales que datan de años o algunos son más recientes que se van renovando y aggiornando a las nuevas realidades. Se puede ver que hay una política pública atrás que tiene que ver con la exportación de servicios”.

También señaló que “hay Regímenes Promocionales que tienen que ver con las PyMEs que se han redefinido tratando de mejorar la trazabilidad. El Régimen de Promoción de Tierra del Fuego también tuvo su política pública ligada a la población de la isla, hay que analizar la redefinición de las políticas vinculadas a cada régimen promocional porque no tienen que ser permanentes, tampoco eliminarse como acción disruptiva, hay que analizar a qué política pública responde y a qué necesidades para aplicar un tratamiento tributario que sea gradualmente decreciente y por tiempo limitado, es la única forma”.

En tanto, indicó que hay que analizar otros conceptos impositivos que tienen impacto presupuestario por ejemplo las plataformas digitales porque “uno de los problemas que preocupa es la gravabilidad de las plataformas y de servicios digitales que significa establecer un régimen de retención dentro del impuesto a las ganancias para los beneficiarios del exterior y no a los consumidores finales, porque son corporaciones internacionales que no tributan en el país”.

Las inquietudes de los diputados

El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, fue el primer legislador en realizar consultas y se refirió a tres temas. En primer lugar, sobre un estudio de asistencia efectiva para saber qué sectores están asistidos por encima del valor de la economía y que sectores no son asistidos; luego, sobre un proyecto de Marcelo Casaretto sobre OSDE y el 15% de grabación sobre la renta; y respecto de los magistrados, sobre la Ley de 2017 fue declarada inconstitucional por dos jueces, a la que consideró que “creemos que esa ley es constitucional”.

En su intervención, el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) cuestionó: “Nosotros no sabemos cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo”, pero sí coincidió en “avanzar en un proceso integral de evaluación de impacto de cada política pública, eso es positivo. Se la puede dotar a la oficina de Presupuesto del Congreso para que lleve adelante ese estudio, es algo que hemos reclamado en cada oportunidad. Es algo que me parece perfecto y brillante”.

“Quisiéramos saber cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo respecto de cuáles son los gastos tributarios que planean eliminar”, planteó.

El diputado nacional y economista Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) expresó: “Compartimos en JxC cierto desconcierto con este tema, pero valoramos la explicación”, y agregó: “Lo que nos produce desconcierto es que terminamos gastando más de lo que tenemos”.

Sin embargo, aclaró que “la información y la exposición es clara”. Del mismo modo parafraseó a Cristina Kirchner y relató que “la sigo a la vicepresidenta de la Nación cuando se refirió a esto con mucha contundencia como ‘planeros ricos’ y eso no se traduce en una decisión política de eliminar esto y esto”.

En tal sentido, refirió que “si me preguntan todo lo que implique una desigualdad ante el impuesto hay que quitarlo. Por mí, las eliminarías todas”, y cerró: “Si hemos comenzado una devolución del IVA, no le encuentro sentido a tener alícuotas vigentes”.

Luego, la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero) manifestó: “Venimos marcando que cada tratamiento presupuestario no trae beneficios en las mayorías populares y los fondos fiduciarios que son incontrolables no están en la separata”.

También, advirtió que “en la exención de ganancias de fundaciones, bajo este régimen, hay bancos y aseguradoras. Queremos saber cuáles bancos no pagan cargas tributarias”. “No hay justificación para que las empresas sigan beneficiándose con bajas”, aseveró.

Finalmente, agregó que “este es un presupuesto de ajuste y creo que debemos avanzar en una modificación tributaria integral”, y concluyó: “Hay medidas muy parciales dentro del régimen tributario que es regresivo en su conjunto”.

A su turno, el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, destacó la concepción que “está detrás de nuestro ministro de Economía que es este camino progresivo para poder lograr un resultado fiscal equilibrado. Me parece que eso es importante en este tiempo”.

“El superávit fiscal y comercial es una columna que nos gustaría recuperar y se los piensa como recortes de gastos y acá nos están proponiendo cómo podemos contribuir a un mayor equilibrio para los resultados de las cuentas públicas argentinas”, señaló y valoró la decisión política de “visibilizar” el tema y consideró que es “muy valioso” poner la separata del proyecto porque “se puede tratar mejor esos conceptos”.

También, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), consideró que “es necesario discutir sobre estos gastos no tributarios que ascienden al casi 5% del PBI, pero en un proceso electoral, sería un buen gesto tener la opinión del presidente electo sobre el Presupuesto porque es legítimo que el presidente electo lo que el necesita para gobernar el primer año”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizará este miércoles 25 de octubre una reunión informativa para comenzar a considerar una parte del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto.

Concurrirán a la comisión Carlos Castagneto, administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía; Guillermo Michel, director general de Aduana de la AFIP y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía.

Puntualmente comenzarán a analizar la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Presupuesto, donde consta una serie de beneficios impositivos y fiscales que podrían ser eliminados para contribuir a lograr el superávit fiscal.

Entre esos beneficios figuran por ejemplo la exención del pago de Ganancias por parte de jueces, asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA, e incluso el sistema de Promoción Industrial para Tierra del Fuego.

Ganancias de magistrados de los poderes judiciales nacional y provinciales equivale a un 0,16% del PBI; Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas es un 0,11%; en tanto que las  alícuotas reducidas de IVA son un 0,62%; y el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego 0,33%.