El jefe de Gobierno, Jorge Macri, promulgó este viernes las leyes que crean el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS) de la Ciudad de Buenos Aires y la norma que regula la Ejecución de Penas. Ambas habían sido sancionadas por la Legislatura en noviembre y buscan dotar al distrito de un marco regulatorio propio para la gestión penitenciaria. En paralelo, continúan las obras en Marcos Paz para trasladar a detenidos de Devoto y aliviar la situación en comisarías.

Las leyes 6.923 y 6.924 fueron publicadas en el Boletín Oficial con las firmas de Macri, del jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny y de los ministros Gabino Tapia y Gustavo Arengo. Su aprobación contó con 55 votos afirmativos y tres negativos en la última sesión ordinaria del año, tras un extenso debate en comisiones.

El nuevo Servicio Penitenciario y de Reintegración Social será un organismo civil, especializado y desconcentrado, dependiente del Ministerio de Justicia. Tendrá a su cargo la custodia y el tratamiento de personas privadas de la libertad, así como de quienes cumplan penas no privativas, actuando como auxiliar del Poder Judicial.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el Plan de Vida, un esquema de objetivos y compromisos acordados con cada persona detenida para favorecer su reinserción social. El proyecto prevé acceso a educación, salud, capacitación laboral y acompañamiento interdisciplinario durante todo el proceso.

Además de garantizar el cumplimiento de la pena, el servicio buscará promover procesos formativos que permitan alcanzar las metas del Plan de Vida, con el fin de reducir la reincidencia y fortalecer los vínculos sociales. La normativa subraya la importancia de la educación, el trabajo y la salud como pilares del tratamiento penitenciario.

La conducción del organismo y de los establecimientos penitenciarios estará a cargo de personal civil. La ley establece que su funcionamiento deberá basarse en el respeto a los derechos humanos y en la promoción de actividades educativas, deportivas y culturales.

El SPRS fue declarado un servicio esencial del Estado, lo que implica asegurar la continuidad de sus funciones, el orden institucional y la protección integral tanto de las personas alojadas como del personal y de la sociedad.

La estructura orgánica incluirá una Dirección General con mandato de cinco años, una Subdirección General y tres direcciones específicas: Seguridad Penitenciaria; Diagnóstico, Tratamiento y Plan de Vida; y Recursos Humanos y Bienestar Laboral.

La formación del personal se dividirá en dos cuerpos: el de Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada orientada a la custodia y prevención, y el de Agentes de Reintegración Social, integrado por profesionales y técnicos dedicados al tratamiento progresivo, la educación, la salud mental y el acompañamiento familiar.

También se publicó la Ley de Ejecución de la Pena, que permitirá a la Ciudad asumir por primera vez esa competencia. Desde el Gobierno porteño destacaron que su objetivo es que el condenado comprenda la gravedad del delito, respete la ley y logre su reintegración social. La normativa incorpora además mecanismos que reconocen a las víctimas el derecho a la reparación por parte de los responsables.

Tal y cómo lo anticipó semanas atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio inicio al debate sobre la creación del Servicio Penitenciario del distrito capitalino y la Ley de Ejecución Penal, por lo que recibió al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y su equipo para que dieran detalles de ambas iniciativas.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de un plenario de las comisiones de Justicia –a cargo de Inés Parry (UCR-Ev), Asuntos Constitucionales –presidida por Hernán Reyes (VxM)- y Seguridad –dirigida por Gimena Villafruela (VxM)-. También formó parte de la reunión el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín.

En su intervención, Tapia subrayó que uno de los pilares de la gestión es consolidar la autonomía porteña y destacó que “hoy presentamos el proyecto de creación del Servicio Penitenciario local, junto a una propuesta de Ley de Ejecución Penal” con el objetivo de “contar con un sistema autónomo, que por ahora estará enfocado en los delitos cuya competencia ya fue transferida a la justicia porteña”. Además, anticipó que se trabaja en articulación con el Gobierno Nacional para descomprimir la situación actual en las comisarías de la Ciudad.

Por su parte, Halperín destacó la oportunidad institucional que representa este proceso: “La Ciudad está en condiciones de afrontar este desafío, con un cuerpo legislativo comprometido. Todos los bloques han presentado iniciativas, lo que permite construir una legislación a partir del diálogo y el consenso”.

También remarcó la necesidad de repensar el sistema penitenciario más allá del enfoque punitivo tradicional. “No podemos seguir limitándonos al castigo. El sistema debe ofrecer herramientas reales para que las personas condenadas puedan reinsertarse en la sociedad. El objetivo es que quienes cumplan una pena no regresen en peores condiciones de las que ingresaron”, argumentó.

Asimismo, propuso fortalecer la participación de las víctimas en el proceso de ejecución penal, garantizando su derecho a ser informadas, participar y expresar su opinión ante el juez de ejecución, especialmente en relación con eventuales beneficios otorgados a la persona condenada.

Según la información que compartieron los funcionarios, actualmente, más de 400 personas se encuentran privadas de libertad por decisiones de la justicia de la Ciudad, una nueva realidad, según sostuvieron, que exige decidir cómo intervenir frente a quienes han sido declarados culpables por delitos y deben cumplir una pena.

Además, los representantes del Poder Ejecutivo plantearon el desafío es transformar el tiempo de encierro en un tiempo con sentido, dotando al sistema de herramientas para la resocialización, facilitar el acceso a educación, trabajo, salud mental, vínculos sociales y familiares. También afirmaron que “la sociedad ya no espera solamente que alguien sea castigado, espera que no vuelva a delinquir”.