El Gobierno nacional autorizó este lunes la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI en las cárceles federales, con el objetivo de impedir el uso indebido de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida fue dispuesta a través de la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Alejandra Monteoliva.

La resolución faculta al Servicio Penitenciario Federal a implementar esta tecnología para evitar que personas privadas de la libertad utilicen equipos de comunicación móvil para planificar o coordinar actividades delictivas desde el interior de las prisiones. También instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a realizar los trámites necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de los sistemas, con el fin de garantizar que no se vean afectadas las áreas externas a los penales.

En los considerandos, el Ministerio recordó que la Ley 24.660 reconoce el derecho de los internos a comunicarse con familiares y abogados, pero prohíbe expresamente las comunicaciones telefónicas a través de dispositivos móviles y ordena la instalación de mecanismos tecnológicos para impedirlas. En ese marco, la cartera de Seguridad señaló la necesidad de reforzar las estrategias institucionales para prevenir el accionar de organizaciones criminales que operan desde las cárceles y ponen en riesgo la seguridad pública.

Tras conocerse la publicación en el Boletín Oficial, la diputada nacional Silvana Giudici celebró la decisión a través de sus redes sociales. “Celebramos la implementación del Sistema de Detección y Bloqueo de Señales en cárceles federales”, escribió, y felicitó a la ministra Monteoliva y al presidente Javier Milei por avanzar con una política que consideró clave para combatir el delito complejo desde los penales. Giudici recordó además que la medida tiene como antecedente la Resolución Conjunta 3/2019, que firmó junto a Patricia Bullrich cuando ambas integraban el Ministerio de Seguridad.

En su mensaje, la diputada del oficialismo cuestionó a las gestiones anteriores al afirmar que “se perdieron tantos años por la negativa de los gobiernos kirchneristas en aplicar esta medida”, y sostuvo que esa demora evidenció prioridades alejadas de la seguridad ciudadana.

La resolución del Ejecutivo se conoce pocas semanas después de que Giudici presentara en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para prohibir la tenencia de dispositivos móviles de comunicación en las cárceles. La iniciativa, acompañada por todo el bloque oficialista, propone modificar la Ley 24.660 para tipificar como infracción disciplinaria la posesión, ocultamiento o tráfico de celulares y otros dispositivos electrónicos no autorizados, así como el acceso a internet por fuera de los sistemas controlados por la autoridad penitenciaria.

En los fundamentos de ese proyecto, la diputada advirtió que el uso de celulares en prisión “se ha transformado en una fuente delictiva”, al permitir extorsiones, estafas virtuales, amenazas y el manejo de organizaciones criminales desde el interior de los penales. También cuestionó la habilitación del uso de teléfonos durante la pandemia de COVID-19 y citó casos concretos de delitos cometidos desde cárceles argentinas.

Con la resolución publicada, el Gobierno avanzó por vía administrativa en una política que el oficialismo busca consolidar también en el plano legislativo, en un contexto marcado por el aumento de las denuncias sobre delitos organizados que se planifican desde establecimientos penitenciarios.

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) solicitó al Poder Ejecutivo un pedido informes sobre la situación del Servicio Penitenciario Federal.

Puntualmente, la radical pidió que se informe sobre cuáles son las acciones y medidas de prevención para atender el “despliegue del fenómeno narcocriminal desde el interior de establecimientos penitenciarios” y las actividades delictivas desarrolladas con la participación de internos alojados en cárceles federales del país.

Además, la cordobesa solicitó en el proyecto de resolución que se explique si se han implementado acciones de trabajo conjuntas o colaborativas entre la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) para la implementación de medidas de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de análisis institucional sobre el fenómeno de la Narcocriminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios.

El pedido incluye preguntas sobre si existe un relevamiento oficial de datos e información elaborado por el Servicio Penitenciario Federal sobre actividad delictiva desarrollada desde el interior de establecimientos penitenciarios federales y el detalle sobre cuáles han sido los objetivos estratégicos y medidas de acción para la prevención de esas actividades delictivas desde el inicio de la interventora María Laura Garrigós de Rébori.

Carrizo explicó que su pedido está basado en las conclusiones del Encuentro Nacional de la Justicia Federal, "El juzgamiento del narcotráfico", en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), tras el cual también desde la Coalición Cívica reclamaron interpelar a Garrigós de Rébori.

“Los expositores, y en particular los miembros del máximo tribunal de nuestro país, refirieron a la preocupante situación que atraviesa nuestro país por el incremento de la actividad delictiva vinculada al narcotráfico”, señaló la secretaria parlamentaria del bloque radical.

En ese sentido, consideró que "la interventora debe informar qué ha hecho durante su gestión y que hará frente a la gravedad de esta situación”. “Pareciera que todo lo que toca el kirchnerismo se destruye, hoy es el Servicio Penitenciario, ayer fue el INDEC”, criticó.

El pedido de informes fue acompañado por sus pares Mario Negri, Lidia Ascárate, Juan Martín, Pedro Galimberti, Gabriela Lena, Francisco Monti, Gerardo Milman, Mario Barletta, Carlos Raúl Zapata, Fernando Carbajal, Marcos Carasso, Sebastián Salvador, Ximena García y Víctor Hugo Romero.