Ya trabajan en comisión la declaración de internet como servicio público

El proyecto está siendo analizado por los asesores, que volverán a reunirse la próxima semana para trabajar sobre la iniciativa.

El titular de Sistema, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, Alfredo Luenzo, afirmó que “estamos avanzando con los acuerdos para tener una ley que declare a internet como servicio público”.

El senador nacional por Chubut realizó estas declaraciones luego de que la comisión que él preside comenzara con el trabajo legislativo para declarar a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como servicio público, esencial, estratégico en competencia. Este martes se realizó la primera reunión de asesores de la comisión donde se desarrollaron los lineamientos de la propuesta de Luenzo y también se retomaron iniciativas similares de Daniel Lovera, Silvia Sapag, Antonio Rodas, Gladys González y Juan Carlos Marino. Además se planteó la agenda de trabajo y se acordó un nuevo plenario de equipos técnicos la próxima semana.

Luenzo remarcó que desde la comisión se está promoviendo “un espacio de diálogo, de debate y de puesta en común de los distintos proyectos, que algunos de ellos fueron presentados en la cámara incluso antes de la publicación del DNU 690 del año pasado donde se estableció a la conectividad como un servicio público en competencia” al tiempo que destacó que “en general, vemos una gran coincidencia en el espíritu de todos los proyectos”.

En ese sentido, el legislador nacional resaltó “la mirada compartida en el corazón del proyecto para restaurar el artículo 15 de la Ley ‘Argentina Digital’ de 2014” y explicó a continuación que “vemos una mirada común reconociendo la necesidad de categorizar por ley a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como servicio público, esencial, estratégico en competencia”.

Luenzo, además, recordó que “Argentina Digital fue una norma impulsada por Cristina Fernández de Kirchner con amplio acuerdo en el Congreso, que fue intervenida y derogada parcialmente por Macri en forma unilateral con un DNU en diciembre de 2015 y que ahora el presidente Alberto Fernández ha intentado restituir en parte con su decreto del año pasado, el DNU 690/20 que lamentablemente se ha puesto en jaque desde la sede judicial con cautelares a medida”.

Asimismo, Luenzo destacó que también vemos coincidencias en otros dos puntos. En la necesidad de que generemos políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo entre provincias y entre regiones. Y en la promoción de la conectividad para la salud y la educación. Allí nuestra propuesta es generar las políticas necesarias para que en estos dos aspectos sea gratuito”.

Política pública de conectividad

El presidente de la Comisión de Sistema Medios y Libertad de Expresión manifestó también que “queremos garantizar que todos los argentinos y argentinas puedan acceder a los servicios TIC, cosa que hoy no está sucediendo”. “Y esto es fundamentalmente por falta de cobertura, por la pésima calidad del servicio en la mayor parte de pueblos y comunas del interior y a lo que se le suma una tarifa exorbitante y desproporcionada al servicio entregado. En concreto, el mercado no está resolviendo los problemas allí donde no hay rentabilidad. Y tampoco lo va a resolver. Por eso necesitamos una política pública”, subrayó al respecto.

Por otro lado, Luenzo manifestó que “queremos escuchar los aportes y opiniones de todos y establecer un proceso sano de ida y vuelta, de diálogo y de escucha” y por ello informó que “se ha dejado en claro desde la comisión la necesidad de establecer un ámbito de escucha con el sector privado tanto a los representantes de las cámaras como al sector de cooperativas y pymes, especialistas, académicos, periodistas junto a las asociaciones de usuarios y consumidores que representan el sujeto de esta iniciativa”.

Asimismo, el legislador nacional también recordó que “este Senado de la Nación ha ratificado expresamente el DNU de Alberto Fernández en materia de conectividad” y remarcó que la intención de su proyecto es el de “consolidar ese camino, agregando nuevas herramientas legislativas orientadas a plasmar el ideal igualitario en materia de comunicaciones”. “Queremos que el Congreso ratifique esta política pública de conectividad que ha recuperado el gobierno nacional y avanzar aún más reconociendo nuevos derechos para los argentinos, que tienda a reducir la brecha digital”, concluyó.

Internet como servicio público: Luenzo presentó un proyecto de ley

El presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión avaló el mensaje del presidente Alberto Fernández y presentó un proyecto en ese sentido.

El senador nacional del Frente de Todos Alfredo Luenzo presentó este miércoles un proyecto de ley para declarar a internet como servicio público, luego del mensaje que dio desde Tecnópolis el presidente Alberto Fernández.

“Quería desde la presidencia de la comisión acompañar y apoyar públicamente la decisión que ha tomado el presidente de avanzar en declarar a Internet como un servicio esencial público”, anunció durante una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión el presidente de la misma.

El legislador oficialista consideró que este es “un tema central” y que el DNU 690/21 -frenado en la Justicia- fue “un gran paso” pero “lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema”.

“La conectividad es el eje central de nuestras vidas”, expresó, y señaló: “Tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su realidad con internet, pero esta no es la realidad que tiene el interior, donde el mercado no lo puede resolver”.

En esa línea, el chubutense enfatizó que “la brecha digital que tenemos en Argentina es alarmante. Hay provincias como el caso de Formosa, que apenas el 30% tiene acceso a la conectividad. Provincias como las nuestras, en la Patagonia argentina, donde rondamos el 40% y 50%. Y esto significa lisa y llanamente, en un marco de pandemia como estamos viviendo, ser excluidos del sistema educativo, de salud, del trabajo y economía del conocimiento”.

Por eso, el senador aseguró que este “acompañamiento firme” a la intención del presidente “se va a ver traducido en el día de hoy con la presentación de un proyecto de ley. Esto implica un insumo más que vamos a aportar desde el ámbito legislativo para sumarnos a la decisión que ha tomado el presidente de ir por un marco normativo legal, firme, robusto, y que realmente el acceso a internet sea una realidad, no solamente en Capital, sino en todos los rincones de la Argentina“.

Qué busca el proyecto

El proyecto ingresó este miércoles al Senado y ratifica la declaración de “de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes”. Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desarrollo relativo de provincias y regiones.

Así lo expresa el texto, que recuerda que “ssí como el gas, la electricidad y el agua fueron los servicios públicos tradicionales, los servicios de tecnologías de la información y la comunicación son los nuevos servicios públicos del siglo XXI”.

“El Poder Ejecutivo Nacional ha tomado las medidas urgentes y necesarias que la situación exige. Le corresponde ahora al Parlamento asumir su rol y sancionar la legislación de fondo que materialice políticas públicas en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación diferenciadas, que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. El ideal igualitario es el elemento sustantivo de este proyecto de ley, que trata de plasmar legalmente el mandato constitucional expresado en el artículo 75, inciso 19 de nuestro texto fundamental”, destaca Luenzo.

Al respecto, el legislador sostuvo que “tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su relación con internet pero esta no es la realidad que tiene el interior del país donde el mercado no lo puede resolver” y remarcó que “la brecha digital que tenemos en la Argentina es alarmante”.

En ese orden de ideas, el proyecto modifica el programa de Servicio Universal que tiene como objetivo “asegurar el acceso de los habitantes de la Nación a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias económicas, localización geográfica o limitaciones físicas”. Este servicio universal será actualizado con periodicidad y en un plazo no mayor a 2 años en función de “las necesidades y requerimientos sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño de la política de las TIC, las que promoverán medidas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

Por otro lado, declara a la telefonía móvil un servicio público, esencial, estratégico en competencia.

En relación al esquema tarifario, el proyecto de ley ratifica el criterio establecido en el DNU 690/20.

En síntesis, el proyecto de ley se propone “continuar y fortalecer el camino iniciado por el Gobierno Nacional a través de los DNU 297/20, 311/20 y especialmente el DNU 690/20. En este contexto, la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia a los Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 permitirán reducir la brecha digital; el desafío central de estos tiempos”.

Rige la aplicación de “Tarifa Cero” para las asociaciones civiles

El Ejecutivo bonaerense resolvió avanzar sobre la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley 15.192 de Emergencia para Asociaciones Civiles Provinciales que establece Tarifa Cero y Consumo Real para estas instituciones.

El Gobierno bonaerense resolvió que los prestadores de servicio público de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial y municipal, así como los prestadores del servicio de agua potable y desagües cloacales bajo jurisdicción provincial, deberán aplicar la Tarifa Cero a los consumos registrados por las Asociaciones Civiles de primer grado del territorio provincial.

Así lo estableció en el Boletín oficial este jueves, tras la sanción en octubre del 2020 de la Ley 15.192 de Emergencia para Asociaciones Civiles provinciales luego de su paso por el Senado y la Cámara de Diputados de Buenos Aires. Inicialmente, el Proyecto de Ley fue impulsado por el diputado Facundo Tignanelli, presidente del bloque del Frente de Todos.

En ocasión de su aprobación, el propio Tignanelli señaló que se trató de “poner sobre la mesa una deuda histórica del estado provincial con estas instituciones”.

Se trata de beneficios para instituciones como Clubes de Barrio, Centro de Jubilados, Centros Culturales, Sociedades de Fomento, Jardines Comunitarios u Organizaciones de Comunidades Migrantes, cualesquiera sean sus ingresos, y a las Mutuales de Organizaciones de Comunidades Migrantes que tengan ingresos anuales totales hasta el monto equivalente de la categoría G del monotributo, mientras se mantenga la emergencia sanitaria.

En tanto, la norma establece “que las asociaciones civiles de primer grado constituidas en la Provincia de Buenos Aires, que tengan ingresos anuales totales mayores al monto equivalente de la categoría G de monotributo, deberán efectuar el pago por Consumo Real de Servicios Públicos de agua potable y desagües cloacales, en los casos en que el sistema de facturación se efectivice por servicio medido”.

Al respecto, la directora de Asociaciones Civiles y Mutuales, Maite Alvado, manifestó que “es de suma importancia el avance sobre este artículo de la Ley, que permitirá a las instituciones acceder a estos beneficios en un contexto muy difícil para todos y todas, y que también significa un acto de repararación respecto del gran tarifazo aplicado durante el gobierno de Vidal y que pone, por primera vez, al Estado del lado de las Asociaciones”.

El Gobierno avanza así sobre los beneficios de la Ley de Emergencia para Asociaciones Civiles Provinciales y aplica la Tarifa Cero y Tarifa por Consumo Real de Servicios Públicos durante la emergencia sanitaria, dispuesta por el Decreto Nº 132/2020 ratificado por la Ley N° 15.174 y su prórroga aprobada por el Decreto Nº 771/2020.

La resolución, rubricada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires, Agustín Pablo Simone, prevé que para acceder al beneficio las Asociaciones Civiles y Mutuales deben estar registradas en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

Diputados escucharon a asociaciones de consumidores en una nueva reunión informativa

El comercio electrónico, los “abusos” de las prepagas, el sobreendeudamiento de las familias y la declaración de nuevos servicios públicos fueron algunos de los temas planteados.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, que preside Diego Mestre (UCR), escuchó este jueves a representantes de asociaciones de consumidores que plantearon distintas problemáticas derivadas de la pandemia del Covid-19.

El primero en exponer en la videoconferencia fue Diego Fontela, del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC), quien hizo diversas propuestas, como declarar “servicio público” a la garrafa de gas licuado de petróleo, así como los servicios de Internet, cable y telefonía celular.

También llamó a “revalorizar lo que queda del teléfono fijo, que es servicio público pero la tarifa está un poco desregulada”.

Fontela además pidió “mayores regulaciones en la Ley de Medicina Prepaga” y “reforzar los mecanismos de precios claros” transparentando los costos de la cadena de valor.

Por otra parte, apuntó a la “falta de entrega” de los productos adquiridos mediante el comercio electrónico, y denunció “abusos” por parte de las tarjetas de crédito no bancarias.

Asimismo, el referente de CESYAC manifestó “interés” por integrar el futuro Consejo Económico y Social, un organismo que el Gobierno tiene intenciones de crear por ley.

Adriana Malek, de la UCA (Universidad Católica Argentina) expresó: “Lo que nos preocupa y mucho en este contexto de pandemia son los consumidores hiper-vulnerables. Después de que pase la pandemia, muchos van a quedar en esta situación de hiper-vulnerabilidad”.

En ese sentido, Malek sostuvo que “muchas familias están sufriendo un sobreendeudamiento, sobre todo con las entidades financieras que no están dentro de la resolución del Banco Central y que están cobrando intereses que son usura pura”, y que además “dejan de lado el trato digno hacia el deudor”.

Desde la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), Ana María Godoy llamó a revisar el sistema de medicina prepaga por los “abusos continuos”, y también se preguntó “qué va a pasar con el PMO (Programa Médico Obligatorio), que está sumamente atrasado”.